← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 34782-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/09/2026
OutcomeResultado
The majority denied the amparo because the matters concerning environmental assessment, arborization, wells, land use, and a construction permit were administrative issues whose alleged delay belonged before the administrative-litigation jurisdiction, and the request had already been addressed; Justice Cruz Castro dissented regarding Article 41, while Justice Rueda Leal would have summarily rejected the application because it concerned a legal entity.La mayoría declaró sin lugar el amparo porque las gestiones sobre valoración ambiental, arborización, pozos, uso de suelo y permiso de construcción eran asuntos administrativos cuya eventual mora debía plantearse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, además de que la gestión ya había sido atendida; Cruz Castro salvó el voto respecto del artículo 41 y Rueda Leal habría rechazado de plano por tratarse de una persona jurídica.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) denied the amparo application filed on behalf of Propiedad La Rivera de Belén S.A. against the Municipalidad de Belén. The company sought an express, reasoned, and duly notified response concerning an extension for an arborization plan, the environmental assessment required to extend a medium-density residential zone into an industrial zone, and technical opinions about sealing an unnumbered well and work near well AB-684. The majority held that these matters were not requests for straightforward information protected by the right of petition under Article 27 of the Constitution. Instead, they were administrative matters involving environmental technical assessments, land use, and a construction-permit application. Any delay could implicate the right to prompt and effective administrative justice under Article 41, but, absent a recognized exception, that issue belongs before the administrative-litigation jurisdiction rather than in amparo. The Chamber also noted that the protected party's request had already been addressed. Justice Cruz Castro dissented regarding Article 41; Justice Rueda Leal would have summarily rejected the application because it was filed for a legal entity.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo presentado a favor de Propiedad La Rivera de Belén S.A. contra la Municipalidad de Belén. La empresa pretendía obtener respuesta expresa, fundamentada y notificada sobre una prórroga del plan de arborización, la valoración ambiental requerida para extender una zona residencial de media densidad hacia una zona industrial y criterios técnicos relativos al sellado de un pozo y a trabajos cerca del pozo AB-684. La mayoría determinó que estas gestiones no constituían solicitudes de información pura y simple protegidas por el derecho de petición del artículo 27 constitucional, sino actuaciones administrativas vinculadas con criterios técnico-ambientales, uso de suelo y un permiso de construcción. Una eventual demora correspondería al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida del artículo 41 y, salvo excepciones no configuradas, debe discutirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, la Sala advirtió que la gestión ya había sido atendida. Cruz Castro salvó el voto sobre el artículo 41; Rueda Leal habría rechazado de plano por tratarse de una persona jurídica.
Key excerptExtracto clave
A comprehensive reading of the various petitions submitted by the amparo applicant shows that they do not request straightforward information. Rather, they are administrative matters presented to the respondent authority in which the applicant requests environmental technical opinions for a land-use change on real property where it intends to undertake a construction development. The applicant also reports actions and progress intended to comply with several requirements imposed by the respondent authority, all strictly connected with a construction-permit application. These matters fall outside the content of the right of petition, and any delay in resolving them could, if applicable, violate Article 41 of the Constitution. They do not, however, fall within the exceptions heard by this Court concerning prompt and effective justice; the amparo is therefore inadmissible for the reasons that follow (see, similarly, judgment no. 2023-011418 at 10:50 on 26 May 2023). In any event, the protected party's request has already been addressed by the respondent authority. Determining whether the public administration complies with the time limits established by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative procedures—whether initiated ex officio or at a party's request—to issue a final administrative act or decide the available administrative remedies is plainly a matter of ordinary legality. It may be litigated and resolved before the administrative-litigation jurisdiction, applying principles that inform constitutional jurisdiction, such as representative standing, the possibility of self-representation—that is, appearing without legal counsel—and proceedings free of charge for the applicant. Consequently, summary rejection is required, and the applicant must be advised that it may resort to the administrative-litigation jurisdiction if it so chooses.Ahora bien, al realizar una lectura integral de los contenidos de las distintas peticiones realizadas por el recurrente, se comprueba que las mismas no solicitan información pura y simple, sino que, por el contrario, se trata de gestiones administrativas que realiza el accionante a la autoridad recurrida, en las cuales, solicita criterios técnicos-ambientales para cambio de uso de suelo en un bien inmueble donde se pretende realizar un desarrollo constructivo de su interés y en donde, además, informa actuaciones y avances a fin de dar cumplimiento con varios apercibimientos realizados por la autoridad accionada, todos estrictamente relacionados a una solicitud de permiso de construcción; extremos que, son ajenos al contenido del derecho de petición y cuya demora en su resolución constituiría, de ser el caso, en una violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política; sin embargo, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción que conoce este Tribunal en lo atinente a una justicia pronta y cumplida, motivo por el cual el amparo resulta improcedente, de conformidad con las siguientes consideraciones (ver en sentido similar la sentencia nro. 2023-011418 de las 10:50 horas del 26 de mayo de 2023). En todo caso, se advierte que la gestión de la tutelada ya fue atendida por la autoridad accionada. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Pull quotesCitas destacadas
"En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."
"In short, the new administrative-litigation jurisdiction is an appropriate avenue because its simplicity, speed, and promptness provide effective protection for individuals' substantive legal interests when evidence must be gathered or issues of ordinary legality must be decided."
Considerando IV
"En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."
Considerando IV
"Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41, constitucional."
"On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is the right to prompt and effective justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution."
Considerando VII — voto salvado del magistrado Cruz Castro
"Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41, constitucional."
Considerando VII — voto salvado del magistrado Cruz Castro
"Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con el artículo 41 constitucional. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso."
"The amparo application is denied. Justice Castillo Víquez files a separate note. Justice Cruz Castro dissents regarding Article 41 of the Constitution. Justice Rueda Leal dissents and would summarily reject the application."
Por tanto
"Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con el artículo 41 constitucional. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review Case: 26-026697-0007-CO Decision No. 2026034782 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE (SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA). San José, at 9:20 a.m. on 10 September 2026.
Amparo proceeding processed under case number 26-026697-0007-CO, filed by Nombre02, identity card CED01, on behalf of PROPIEDAD LA RIVERA DE BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMA, corporate identification number 3101904444, against the MUNICIPALIDAD DE BELEN.
Background:
Justice Hess Herrera drafted the decision; and, Reasons:
– The amparo applicant expressly requests that the respondent authority be ordered to issue an express and reasoned decision, with proper notice, concerning the following matters: (i) the request for an extension of time for the tree-planting plan, proceeding N.° 2857-2026; (ii) the environmental assessment for the zone extension, proceedings N.° 1755-2026 and N.° 2641-2026; (iii) the technical opinion concerning the sealing of the unnumbered well, correspondence N.° 6420-2026; and (iv) the technical opinion concerning the work in the area of well AB-684, correspondence N.° 6408-2026, both of which were forwarded through Official Letter MDU-0037-2026.
The following facts, which are relevant to the decision in this matter, are deemed duly established, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:
III.MERITS.- In the sub lite matter, the amparo applicant expressly requests that the respondent authority be ordered to issue an express and reasoned decision, with proper notice, concerning the following matters: (i) the request for an extension of time for the tree-planting plan, proceeding N.° 2857-2026; (ii) the environmental assessment for the zone extension, proceedings N.° 1755-2026 and N.° 2641-2026; (iii) the technical opinion concerning the sealing of the unnumbered well, correspondence N.° 6420-2026; and (iv) the technical opinion concerning the work in the area of well AB-684, correspondence N.° 6408-2026, both of which were forwarded through Official Letter MDU-0037-2026.
However, a comprehensive reading of the various petitions submitted by the amparo applicant confirms that they do not merely request information. Rather, they are administrative requests made by the petitioner to the respondent authority, through which he seeks technical environmental opinions for a land-use change (cambio de uso del suelo) on real property where he intends to undertake a construction development of interest to him. He also reports actions and progress intended to comply with several directives issued by the respondent authority, all of which are strictly related to an application for a construction permit. These matters fall outside the scope of the right of petition, and any delay in deciding them would constitute, if applicable, a violation of Article 41 of the Political Constitution. Nevertheless, this matter does not fall within the exceptional circumstances heard by this Court in relation to prompt and effective justice. The amparo is therefore inadmissible, in accordance with the following considerations (see, to similar effect, judgment No. 2023-011418 at 10:50 a.m. on 26 May 2023). In any event, it is noted that the request submitted by the person on whose behalf protection was sought has already been addressed by the respondent authority.
A PROMPT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR PROTECTING THE SUBSTANTIVE LEGAL INTERESTS OF PERSONS SUBJECT TO THE ADMINISTRATION. Since its establishment, the Constitutional Chamber has applied broad admissibility standards in view of the absence of expedited and prompt procedural avenues for protecting substantive legal interests grounded in the subconstitutional legal order or standard of legality and indirectly connected to fundamental rights and the Law of the Constitution. In this regard, it must not be overlooked that the Constitution, by virtue of its supremacy, supralegal status, and direct and immediate effect, provides indirect grounds for every conceivable substantive legal interest of individuals. Nevertheless, upon further consideration, and following the enactment of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo) (Law No. 8508 of 24 April 2006) and its entry into force on 1 January 2008, it has become clear that litigants now have access to a plenary and universal administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa) that is exceptionally expeditious and prompt by virtue of the various procedural mechanisms introduced into the legal system by that legislation.
These include shortened time limits for the various procedural acts; broad standing; interim measures; a numerus apertus of permissible claims; oral proceedings—and the related subprinciples of concentration, immediacy, and expedition—a single instance with an appeal available in expressly specified situations; in-proceeding conciliation; unified proceedings; priority proceedings or “legality amparo” (amparo de legalidad); proceedings involving pure questions of law; new enforcement measures, including coercive fines, substitute or commissioner-led enforcement, and attachment of property in the fiscal domain and certain property in the public domain; broad powers vested in enforcement judges; extension and adaptation of the effects of case law to third parties; and flexibility in cassation proceedings. All these novel procedural institutions have the express aim and purpose of achieving procedural economy, expedition, promptness, and the effective or complete protection of the substantive legal interests of persons subject to the administration, while safeguarding basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings.
In short, given its new characteristics of simplicity, expedition, and promptness, the new administrative-litigation jurisdiction is a suitable avenue for the amparo and effective protection of the substantive legal interests of persons subject to the administration in matters requiring evidence to be gathered or certain issues of ordinary legality to be determined.
AN OBVIOUS QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. Determining whether the public administration complies with the time limits established by the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325), or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, for issuing a final administrative act in a proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or for hearing the applicable administrative remedies is plainly a question of ordinary legality. Henceforth, it may be litigated and decided before the administrative-litigation jurisdiction through the application of the principles underlying constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of self-representation—that is, appearing without legal counsel—and free access for the applicant. Consequently, the application must be summarily rejected, and the petitioner must be advised that, if he considers it appropriate, he may proceed before the administrative-litigation jurisdiction.
I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Administrative Litigation Courts rather than by this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right may be judicially protected through the amparo proceeding established in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases where the petitioner considers that the Administration’s material conduct, administrative acts, or response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to modify its case-law approach, since under Article 7 of its Law, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction.
Therefore, except for those constitutional-law disputes recognized by this Chamber itself as exceptional circumstances that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee proceeding of amparo, all other cases fall within the jurisdiction of the judges of the administrative-litigation jurisdiction, for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 at 8:55 a.m. on 22 February 2008). This is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution—including its values, principles, and rules—and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and purposive interpretation of the legal system.
Although I previously adhered to the majority position of the Court, upon further consideration of the fundamental rights asserted, I conclude that administrative delay constitutes an infringement of a fundamental procedural guarantee. I therefore depart from my previously stated position and recognize the possible violation of the right to prompt and effective administrative justice, disagreeing with the majority’s view that—with few exceptions—this type of complaint must be resolved within the administrative-litigation jurisdiction. On the contrary, I consider the right to prompt and effective justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution, to be one of the rights that this jurisdiction is called upon to protect. This follows from the authority assigned to this Court in matters involving the protection of fundamental rights under Articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms to the administrative-litigation jurisdiction following the entry into force of Ley 8508 of 24 April 2006, that circumstance does not justify referring to that jurisdiction matters concerning subjects that fall within the authority of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a prompt and effective means of protecting the fundamental rights of the country’s inhabitants.
I maintain that this matter should be summarily rejected because the petitioner filed the amparo proceeding on behalf of a legal entity. Of relevance to the sub examine matter, in the dissenting opinion I entered in judgment No. 2019-2355 at 9:30 a.m. on 12 February 2019, I stated:
“In Advisory Opinion 22-16 of 26 February 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition of legal entities under special conditions, as in the case of labor unions, political parties, or representatives of Indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact remains that ‘Article 1(2) of the American Convention grants rights only to natural persons, and legal entities are therefore not holders of the rights enshrined in that treaty.’ On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities—for example, through a news outlet, as occurred in the case of Nombre01 et al. v. Venezuela. However, for such a matter to be eligible for protection within the inter-American system, ‘the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a mere connection between the two persons is insufficient to conclude that the rights being protected are in fact those of natural persons rather than legal entities.
Indeed, proof is required beyond the mere participation of the natural person in the legal entity’s activities, so that such participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.’ (emphasis added) (OC. 22/16).” In my view, an interpretation of the Constitutional Jurisdiction Law requires application of the same rationale as the foregoing interpretation of the Convention to every fundamental right. Thus, when constitutional proceedings are filed on behalf of a legal entity, their admission for examination requires an essential and direct relationship between the legal entity claiming to be affected by a violation of the constitutional order and the natural person whose fundamental right is thereby impaired indirectly but directly. For these purposes, merely referring to a connection or relationship between the legal entity and the natural person is insufficient to infer that the constitutional proceeding is specifically intended to safeguard the fundamental rights of the latter rather than merely those of the former.
The foregoing requirement is therefore a sine qua non condition for this jurisdiction to exercise constitutional review. Based on the foregoing, I conclude that this must be the standard governing the interpretation of the Constitutional Jurisdiction Law, with the result that judicial constitutional review is inadmissible in the sub iudice matter because the evidence in the record does not establish the essential relationship between the protected legal entity and any natural person, specifically in connection with the right allegedly infringed.
The applicant is advised that if any paper document, object, or evidence stored on any additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies was submitted, it must be collected from the Chamber within a maximum period of 30 business days following notice of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court at session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as the resolution approved by the Superior Council of the Judiciary at session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The application is denied. Justice Castillo Víquez enters a separate note. Justice Cruz Castro dissents with respect to Article 41 of the Constitution. Justice Rueda Leal dissents and would summarily reject the application.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE N° 26-026697-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de setiembre de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-026697-0007-CO, interpuesto por Nombre02, cédula de identidad CED01, a favor de PROPIEDAD LA RIVERA DE BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3101904444, contra la MUNICIPALIDAD DE BELEN.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
– El recurrente solicita expresamente que se ordene a la autoridad recurrida que resuelva de manera expresa, fundamentada y debidamente notificada, las siguientes gestiones a saber: (i) la solicitud de prórroga del plan de arborización, trámite N.° 2857-2026; (ii) la valoración ambiental para la extensión de zona, trámites N.° 1755-2026 y N.° 2641-2026; (iii) el criterio técnico sobre el sellado del pozo sin número, correspondencia N.° 6420-2026; y (iv) el criterio técnico sobre los trabajos en el área del pozo AB-684, correspondencia N.° 6408-2026, ambos trasladados mediante Oficio MDU-0037-2026.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.SOBRE EL FONDO.- En el sub lite, el recurrente solicita expresamente que se ordene a la autoridad recurrida que resuelva de manera expresa, fundamentada y debidamente notificada, las siguientes gestiones a saber: (i) la solicitud de prórroga del plan de arborización, trámite N.° 2857-2026; (ii) la valoración ambiental para la extensión de zona, trámites N.° 1755-2026 y N.° 2641-2026; (iii) el criterio técnico sobre el sellado del pozo sin número, correspondencia N.° 6420-2026; y (iv) el criterio técnico sobre los trabajos en el área del pozo AB-684, correspondencia N.° 6408-2026, ambos trasladados mediante Oficio MDU-0037-2026.
Ahora bien, al realizar una lectura integral de los contenidos de las distintas peticiones realizadas por el recurrente, se comprueba que las mismas no solicitan información pura y simple, sino que, por el contrario, se trata de gestiones administrativas que realiza el accionante a la autoridad recurrida, en las cuales, solicita criterios técnicos-ambientales para cambio de uso de suelo en un bien inmueble donde se pretende realizar un desarrollo constructivo de su interés y en donde, además, informa actuaciones y avances a fin de dar cumplimiento con varios apercibimientos realizados por la autoridad accionada, todos estrictamente relacionados a una solicitud de permiso de construcción; extremos que, son ajenos al contenido del derecho de petición y cuya demora en su resolución constituiría, de ser el caso, en una violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política; sin embargo, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción que conoce este Tribunal en lo atinente a una justicia pronta y cumplida, motivo por el cual el amparo resulta improcedente, de conformidad con las siguientes consideraciones (ver en sentido similar la sentencia nro. 2023-011418 de las 10:50 horas del 26 de mayo de 2023). En todo caso, se advierte que la gestión de la tutelada ya fue atendida por la autoridad accionada.
IV.NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación.
Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41, constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política.
Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.
Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre01 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción.
A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.
Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con el artículo 41 constitucional. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
EXPEDIENTE N° 26-026697-0007-CO
Document not found. Documento no encontrado.