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Res. 34715-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/09/2026
OutcomeResultado
The majority denied the amparo because it found no infringement of fundamental rights and left technical and ordinary-legality disputes to the competent authorities or ordinary judicial proceedings; two dissenting justices would have granted relief, annulled Resolution no. 1628-2025-SETENA, and remanded the procedure for infringement of public participation rights.La mayoría declaró sin lugar el amparo al no acreditar una lesión de derechos fundamentales y remitió las controversias técnicas y de legalidad ordinaria a las autoridades competentes o a la vía jurisdiccional ordinaria; dos magistrados habrían acogido el recurso, anulado la resolución nro. 1628-2025-SETENA y retrotraído el procedimiento por vulneración de la participación ciudadana.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), by majority, denied the amparo proceeding filed on behalf of Río Cuarto residents and tourists who visit its lagoon against MINAE and the Municipality. It found that the Crucero Pig Farm file was publicly available, that SETENA explained how to submit documents through its official channel, and that a public hearing was not mandatory. It also noted that the project sign had been installed before the respondents were notified of the amparo and that SETENA had explained its decision not to conduct a prior field inspection. The majority declined, in summary amparo proceedings, to decide whether an integrated pig-farming project had been fragmented, whether an EsIA rather than D1+DJCA was required, whether the digital logbook was timely opened, or whether an inspection and socioeconomic analysis were necessary, treating those issues as matters for ordinary proceedings. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissented: they would have granted amparo, annulled the environmental-viability resolution, and remanded the procedure because the community was not heard.La Sala Constitucional, por mayoría, declaró sin lugar el recurso de amparo promovido en favor de vecinos de Río Cuarto y turistas que visitan su laguna contra el MINAE y la Municipalidad. Consideró que el expediente de la Granja Porcina Crucero estuvo disponible para consulta pública, que SETENA informó cómo presentar documentación por el canal oficial y que la audiencia pública no era obligatoria. También estimó que el rótulo fue colocado antes de notificarse el trámite del amparo y que SETENA motivó su decisión de no efectuar una inspección previa. La mayoría rehusó determinar en esta vía sumaria si existió fragmentación de un proyecto porcino integrado, si correspondía exigir un EsIA en vez de un D1+DJCA, si la bitácora se abrió oportunamente o si eran necesarios una inspección y un análisis socioeconómico, por tratarse de cuestiones para la vía ordinaria. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvaron el voto: habrían acogido el amparo, anulado la viabilidad ambiental y retrotraído el procedimiento por falta de participación ciudadana.
Key excerptExtracto clave
Having clarified the foregoing, it should be noted that the amparo proceeding is eminently summary in nature, and its processing is therefore incompatible with the taking of extensive or complex evidence, since that must be resolved through ordinary proceedings. Accordingly, it is not for this Constitutional Court to determine, under the infraconstitutional rules governing the matter and the particular circumstances of this case, whether the Crucero and Santa Rita pig-farm projects constitute a single project as alleged; nor may it determine whether the final Environmental Impact Significance rating assigned to the pig-farm project was appropriate or whether the activity should have been classified as category A rather than the B2 classification granted. Nor is it for this Chamber to determine whether the developer opened the digital environmental logbook at the procedurally appropriate time or whether field inspections were necessary in this case. Likewise, it is not for this Court to establish whether SETENA was required to demand that the project developer submit a socioeconomic-component analysis in the terms claimed. Thus, if the amparo applicant maintains these objections, the applicant may, if deemed appropriate, raise the claims before the respondent authorities themselves or in ordinary judicial proceedings. In view of the foregoing, the Chamber does not find an infringement of the protected persons’ fundamental rights in the terms in which the amparo was presented. The application is denied. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and would grant the application as against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental for infringement of the fundamental right to citizen participation, entailing annulment of Resolution no. 1628-2025-SETENA of 11:41 a.m. on 3 November 2025 and remand of the procedure to the point immediately before that resolution was issued.Aclarado lo anterior, conviene advertir que el recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, motivo por el que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, ya que ello corresponde ser dilucidado en la vía ordinaria, de ahí que no corresponda a este Tribunal Constitucional determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si los proyectos de las granjas porcinas Crucero y Santa Rita corresponden a un solo proyecto en los términos reclamados, tampoco establecer si la calificación final de la Significancia de Impacto Ambiental dada al proyecto de granja bajo estudio es o no adecuada, o si debió considerarse como una actividad categoría A en lugar de la B2 otorgada. Tampoco compete a esta Cámara determinar si la apertura de la bitácora digital ambiental por parte del desarrollador se dio o no en el momento procesal pertinente, ni verificar si era necesario que en el caso bajo estudio se llevaran a cabo o no inspecciones de campo. En igual sentido, no corresponde a este Tribunal establecer si resultaba menester que la Setena le exigiera al desarrollador del proyecto aportar un análisis del componente socioeconómico en los términos reclamados. De ahí que, si la parte recurrente persiste en tales inconformidades, si a bien lo tiene, puede plantear los reclamos ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria. En virtud de lo expuesto, la Sala no acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en los términos en que fue formulado el recurso. Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar el recurso en cuanto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por la vulneración del derecho fundamental a la participación ciudadana, lo que implica la anulación de la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025 y retrotraer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de esta.
Pull quotesCitas destacadas
"En virtud de lo expuesto, la Sala no acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en los términos en que fue formulado el recurso."
"In view of the foregoing, the Chamber does not find an infringement of the protected persons’ fundamental rights in the terms in which the amparo was presented."
Considerando IV
"En virtud de lo expuesto, la Sala no acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en los términos en que fue formulado el recurso."
Considerando IV
"Por otra parte, la parte recurrente acusa que la Setena omitió inspeccionar el sitio de previo a la emisión de la viabilidad ambiental en cuestión; sin embargo, en la propia resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025 se explicó que no se efectuó la inspección de campo, dado que consideró que no había indicios particulares que necesitaran ser profundizados."
"The amparo applicant also alleges that SETENA failed to inspect the site before issuing the environmental viability at issue; however, Resolution no. 1628-2025-SETENA of 11:41 a.m. on 3 November 2025 itself explained that no field inspection was conducted because SETENA considered that there were no particular indications requiring further examination."
Considerando IV
"Por otra parte, la parte recurrente acusa que la Setena omitió inspeccionar el sitio de previo a la emisión de la viabilidad ambiental en cuestión; sin embargo, en la propia resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025 se explicó que no se efectuó la inspección de campo, dado que consideró que no había indicios particulares que necesitaran ser profundizados."
Considerando IV
"De este modo, diferimos del criterio de la Setena en cuanto a que el proyecto en cuestión no configura un alto nivel de conflictividad social o ambiental, por cuanto resulta evidente y manifiesto que la construcción de una granja de ese tipo genera implicaciones tanto ambientales como sociales de importancia, sobre todo observando que estará ubicada muy cerca de la laguna de Río Cuarto, un bien de gran relevancia ambiental y turística para el cantón."
"We therefore disagree with SETENA’s view that the project does not entail a high level of social or environmental conflict, because it is evident that constructing a farm of this kind creates significant environmental and social implications, particularly given its location very near Río Cuarto Lagoon, a site of substantial environmental and tourism importance to the canton."
Voto salvado, Considerando V
"De este modo, diferimos del criterio de la Setena en cuanto a que el proyecto en cuestión no configura un alto nivel de conflictividad social o ambiental, por cuanto resulta evidente y manifiesto que la construcción de una granja de ese tipo genera implicaciones tanto ambientales como sociales de importancia, sobre todo observando que estará ubicada muy cerca de la laguna de Río Cuarto, un bien de gran relevancia ambiental y turística para el cantón."
Voto salvado, Considerando V
"Por tal motivo estimamos que la omisión de la Setena de escuchar a la comunidad de Río Cuarto durante la tramitación del expediente nro. D1-0587-2025 lesionó el derecho fundamental a la participación ciudadana, lo que implica la nulidad de la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025 y retrotraer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de esta."
"For that reason, we consider that SETENA’s failure to hear the Río Cuarto community during the processing of file no. D1-0587-2025 infringed the fundamental right to public participation, which would entail annulment of Resolution no. 1628-2025-SETENA of 11:41 a.m. on 3 November 2025 and remand of the procedure to the point immediately before that resolution was issued."
Voto salvado, Considerando V
"Por tal motivo estimamos que la omisión de la Setena de escuchar a la comunidad de Río Cuarto durante la tramitación del expediente nro. D1-0587-2025 lesionó el derecho fundamental a la participación ciudadana, lo que implica la nulidad de la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025 y retrotraer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de esta."
Voto salvado, Considerando V
Full documentDocumento completo
Document Review Case: 26-019102-0007-CO Decision No. 2026034715 CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 10 September 2026.
Amparo proceeding processed under case number 26-019102-0007-CO, filed by Nombre02, identity card CED02, on behalf of the RESIDENTS OF THE CANTON OF RÍO CUARTO DE ALAJUELA AND TOURISTS VISITING LAGUNA DE RÍO CUARTO, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) and the MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO.
Background:
“FIRST: Legal Considerations Regarding the Nature of the Environmental License and SETENA’s Powers. With respect to the regulatory framework governing this case, the following legally relevant points must be clarified: I. Legal Nature of Environmental Viability. From the standpoint of administrative law, the Environmental License or Environmental Viability must be understood as a prior and preparatory administrative act. Its purpose is not to grant final authorization for execution; rather, it constitutes a necessary and binding prerequisite for obtaining final permits from the corresponding sectoral authorities. Consequently, its issuance does not conclude the authorization phase but instead conditions the pursuit of the project’s implementation on compliance with standards of environmental protection compatible with development. II. Delimitation of Powers and Principle of Legality. By virtue of the Principle of Legality (Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration), the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) is authorized to act only within the scope of its express powers.
Its powers are strictly delimited by the Organic Law of the Environment (No. 7554) and the regulations in force at the time of the assessment. III. Technical and Scientific Function of the Secretaría. Under this regime of legality, SETENA’s prerogatives are restricted to environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA). Its essential function consists of applying technical instruments based on scientific criteria to determine the viability of a proposal. The entire assessment procedure must have been completed and complied with before any project, work, or activity begins and as a prerequisite for final permits; this reflects its intermediate nature or its status as a preparatory act. Therefore, the institution lacks legal authority to issue final construction or operating permits, jurisdiction over which rests exclusively with other State bodies; SETENA is limited to ruling on environmental viability as a prerequisite for those permits.
Accordingly, a detailed technical and legal study of the project is conducted using the assessment instrument applicable to the work or activity before its execution or operation; hence the predictive nature of the Environmental License, whose purpose is to allow the imposition of all preventive, mitigation, or compensation measures necessary to avoid causing irreparable harm to the environment. The ex ante nature of the Environmental Impact Assessment is therefore reiterated, in accordance with Article 17 of the LOA, which provides: Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials shall require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created by this law. Prior approval by that body shall be an indispensable requirement for beginning the activities, works, or projects.
Laws and regulations shall specify which activities, works, or projects require an environmental impact assessment. Once Environmental Viability (License) (VLA) has been granted and the effective commencement of the Activity, Work, or Project (AOP) has been verified, SETENA exercises its permanent inspection and oversight powers. The primary objective of this Environmental Management phase is to ensure strict compliance with the environmental commitments and conditions imposed on the developer. For these purposes, the legal system provides a catalog of Environmental Oversight and Monitoring Instruments, the applicability of which is determined according to the project’s nature and risk. These mandatory compliance mechanisms include: • Environmental Compliance Guarantee: An economic security intended to ensure implementation of the prevention, mitigation, or compensation measures. Appointment of the Environmental Officer: A duly accredited professional who serves as the technical liaison and is responsible for implementing the management plans. • Authorization of the Environmental Logbook: A legal and technical instrument in which incidents and the progress of environmental measures are recorded chronologically. • Environmental Responsibility Reports (IRA): Periodic reports that must be submitted by the developer and its environmental officer to this Secretaría, with the frequency and technical requirements established in the administrative decision granting the license.
It is essential to emphasize that failure to comply with any of these instruments would authorize SETENA to initiate the corresponding administrative sanction proceedings, which could even result in suspension or revocation of the environmental viability granted, in order to safeguard the environmental public interest. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), addressing the powers of this Secretaría, stated in Exp: 05-015450-0007-CO Res. No. 2009002019: (…) SECOND: General Information Regarding the Project: The case before us corresponds to administrative file number D1-0587-2025- SETENA. (…) It was granted by Resolution No. 1628-2025-SETENA at 11:41 a.m. on 3 November 2025, with the following description: Project Description: The project consists of the Construction and commissioning of a Pig Farm located in the District of Río Cuarto, Canton of Río Cuarto, Province of Alajuela.
The farm will have the following infrastructure: One Gestation Barn (Grandparent Stock), One Farrowing Barn (Grandparent Stock), Three Replacement-Stock Barns, One Weaning Barn, Two Dining Halls (Employees), Two Biodigesters, One Sludge Lagoon, One Drying Bed, Two Facultative Lagoons, One Anaerobic Lagoon, and an Internal Road Network. During its Operational Phase, the project will comprise a Pig Farm for the Gestation, Farrowing, Weaning, and Replacement stages, for which the aforementioned barns will be built to house the pigs during each of those stages; it will additionally have common areas for workers, a mechanically drilled well for water extraction, and a Wastewater Treatment System (STAR) to permit the proper treatment and disposal of the farm’s (Special) Wastewater. THIRD: Regarding the matters requested by the Chamber that directly concern SETENA: As evidence to assist its determination, the Constitutional Court asks this Secretaría to address the following matters specifically: (…) In compliance with the order of the Constitutional Chamber issued by the decision rendered at 1:23 p.m. on 19 June 2026, this Secretaría hereby provides the requested information; technical report No. CARTA-SETENA-DT-0050-2026 was issued for purposes of providing the response.
The foregoing is intended to provide the technical and legal elements of judgment required in relation to SETENA’s own powers, as detailed below: I. Response to the Allegations First Allegation: “The applicant alleges that fundamental rights were violated when environmental viability was granted to the ‘Granja Porcina Crucero’ project, consisting of a large-scale pig farm located across from Laguna de Río Cuarto and near Residential and tourist Areas. The applicant contends that the community learned of the project belatedly because of a lack of information and transparency during the environmental assessment procedure. The applicant asserts that rumors concerning the construction of a large pig farm had existed since September 2025, prompting more than 250 people to submit an official letter to the Municipalidad de Río Cuarto and to send a copy to SETENA, expressing concern about the project’s potential environmental, public-health, tourism, and social impacts.
They also requested opportunities for dialogue, citizen participation, and public discussion of the initiative. Nevertheless, they allege that SETENA ignored those statements during its analysis and approval of environmental viability. Although SETENA itself acknowledged that the file was undergoing technical analysis, the institution granted environmental viability without adding the community’s concerns to the file or recognizing the community as an interested party. It never promoted opportunities for consultation or participation, did not allow residents to be heard, did not provide them timely access to the technical information, and did not give them an opportunity to identify alleged inconsistencies, omissions, or instances of noncompliance in the documentation submitted by the developer. According to the allegation, the community was able to access the file only several months after its processing had begun.
One of the principal objections is that SETENA allegedly failed to comply with its own rules concerning citizen participation and public notice of projects undergoing environmental assessment. The application contends that the placement of the informational signs required by the regulations was never verified, either during the assessment phase or after environmental viability was granted, preventing residents and tourists from learning promptly of the project’s existence and scope.” Response: The file at issue is digital and available to the public on SETENA’s Digital Platform, which members of the public may access at any time. This Secretaría makes all submitted files available for public consultation, including both their documentation and the File Viewer, through which a public search may be conducted by geographic location. This is one of the technological tools implemented by the institution to provide transparency in procedures conducted as part of environmental impact assessment processes.
File No. D1-0587-2025 was submitted to this Secretaría on 01 July 2025 and has been visible for public consultation since that date. The instrument determined under the Environmental Impact Significance Matrix (SIA) was a D1 as a Sworn Declaration of Environmental Commitments (D1+Sworn Declaration of Environmental Commitments, D1+DJCA), an instrument for which submission of a Socioeconomic Study is not required, although the channels for entering an appearance in the file, requesting public consultation, and reviewing the documentation submitted by the Developer and Environmental Consultant are always available. As part of the Initial Assessment of the file, two official requests for additional information and clarification were issued, and the documentation was submitted on time and in compliance with the regulations. Furthermore, Environmental Viability Resolution N° 1628- 2025-SETENA was served on 6 November 2025, and throughout the file-analysis process no official acknowledgment was made of any person entering an appearance.
It should be clarified that, among the citizen-participation mechanisms, it was determined that no public hearing would be held, first because such a hearing is discretionary for SETENA and also because, from a technical standpoint, the Environmental Assessment process did not identify a high degree of social or environmental conflict surrounding the project, without overlooking the fact that no interested party connected with the project requested one. With particular regard to the requirement to conduct a Public Hearing, attention must be drawn to Article 65 of Decreto Ejecutivo No. 43898 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, entitled Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, which provides: (…) In view of the foregoing, it is reiterated that, before Environmental Viability was granted, no appearance or opposition to the project was received during the Environmental Assessment process, nor did any third party request that a public hearing be held.
As already explained, under the applicable regulations a public hearing is one citizen-participation mechanism, but it is neither the sole means of achieving that purpose nor mandatory for all projects: the regulations in force contain other citizen-participation mechanisms, which are set forth in section 64 of the same Regulation cited above, namely: (…) For the D1+DJCA Environmental Assessment instrument under which the project at issue was analyzed, the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, does not require the implementation of specific community-participation processes, in accordance with Anexo 4 GUIA D1+DJCA of the aforementioned decree. Nevertheless, by correspondence sequence number 0777-2026 dated 19 January 2026, this Secretaría received official letter No. OF-AL-007-2026, through which the Municipalidad de Río Cuarto requested the following information from SETENA: (…) This request was addressed by official letter No. SETENA-DT-EducA-0025-2026, dated 20 January 2026, which stated as follows: The public and institutions are hereby informed that they have open and effective means of accessing all files, because those files are public and SETENA posts the file layer on its website, which is updated every month or every two months so that users may review the files and search for the information they require.
A public viewer is available for reviewing the file-point layer at the following link: https://tramites.setena.go.cr/Visor . Regarding information concerning documents in a file, you are advised that SETENA’s administrative files are public and may be reviewed by users on the digital platform: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes , or, for physical files predating 2018, by making a prior request to the Institutional Archive at the email address ...02; its personnel will advise you when the requested administrative file is available so that you may appear at the facilities and review it (SETENA does not provide photocopying services), and anyone requiring a copy must arrange and pay for it. The requested information is therefore available on the website: https://tramites.setena.go.cr/Consultapublica/ Second Allegation: “The applicant accuses SETENA of failing to conduct field inspections to verify compliance and of taking no action in response to such noncompliance.
The applicant also alleges that SETENA decided not to conduct any inspection visit to the site before approving the project, a decision that, in the applicant’s view, was arbitrary and unreasonable because the project would be located in the immediate vicinity of Laguna de Río Cuarto, an area of ecological, tourism, scenic, and residential significance. The applicant asserts that an inspection would have permitted assessment of matters such as the proximity of springs (nacientes), forested areas, residential developments, tourism activities, and other environmental and social elements that, in the applicant’s view, were ignored during the assessment. The applicant also contends that the selected location is incompatible with the tourism and residential land use established in the canton’s land-use planning instruments.” Response: One of the requirements for submitting files is that the Developer provide georeferenced shapefiles for purposes of conducting a geospatial analysis using the official layers verified in the SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT).
After reviewing the information contained in administrative file No. D1-0587-2025-SETENA and applying the project-location procedure using coordinates in the Geographic Information System maintained by this Secretaría, thereby complying with Resolution No. 1661- 2011-SETENA, the Department of Environmental Assessment determined that no field inspection would be conducted. The following additional elements support the decision not to conduct a field visit: 1. The nature of the project. 2. The consistency of the proposed project with its surroundings. 3. The environmental impact significance obtained in the D1 Environmental Assessment Document. 4. The conclusions of the technical studies attached to the assessment instrument do not identify particular indications requiring further examination and confirmation through a field inspection. As part of the geospatial analysis, the presence of the lagoon and springs was verified, along with elements such as Forest Cover, and corrections to the site design were requested.
Form SIG DEA-SIG-FORM-VPEIA-0083-2025, with an analysis date of 24 July 2025, states the following among the matters analyzed: (…) It was determined that the distance from the property boundary exceeds 50 m from the protection zone for springs and the lagoon located there, in compliance with the regulations, as follows: The protection areas, as established in Article 33 of the Ley Forestal and opinion C-110-2004 of the Procuraduría General de la República dated 16 April 2004, and Articles 148 and 149 of Ley de Aguas Nº 276 of 27 August 1946, are as follows: Under Article 33, Ley Forestal Nº 7575, they are: i. Areas surrounding permanent springs, defined by a radius of one hundred meters measured horizontally. ii. A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides along the banks of rivers, creeks, or streams if the terrain is flat, and fifty horizontal meters if the terrain is uneven. iii.
An area of fifty meters measured horizontally along the banks of natural lakes and reservoirs and of artificial lakes or reservoirs constructed by the State and its institutions. Privately owned artificial lakes and reservoirs are excluded. Under opinion C-110-2004 of 16 April 2004 of the Procuraduría General de la República, the protection zone referred to in this subsection also applies to lagoons. iv. Recharge areas and the aquifers of springs, the boundaries of which shall be determined by the competent bodies established in the regulations to this law. In light of all the foregoing, all bodies of water present were taken into account, and the protection radius established by law was respected for each one. Likewise, the same resolution granting Environmental Viability states under REASON THREE: The studies conducted identify a series of recommendations that must be followed as stated, as part of the project’s environmental commitments.
If any tree must be removed and a felling permit is required, the corresponding permit must be processed before the SINAC office; if surface water bodies or wells are located within or along the boundaries of the PA, the legislation in force concerning protection zones must be applied; and if works are to be carried out in a watercourse, the corresponding permit must be processed before the Dirección de Aguas. It is also important to mention that the Sworn Declaration Form asks the Developer and Environmental Consultant, “Is the land use consistent with the proposed project?” and they answered Yes. It bears mentioning that the land-use document is not a requirement under Decreto Ejecutivo No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. It is recalled that Environmental Viability is not a permit to begin works; rather, it is a preliminary requirement for obtaining a construction permit for the activity, work, or project, which falls within the authority of the respective municipality.
Thus, if the activity is not permitted by the Municipality, it cannot be carried out, and the municipality is responsible for denying the corresponding permit. Additionally, Articles 16 and 77 of Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-MOPT-MAGMEIC- MS provide that the studies and recommendations included in the Environmental Impact Assessment shall be the specific responsibility of each professional who signs them, while the administration is responsible for reviewing them in accordance with the contents established in the Regulation. The environmental consultant or environmental officer for the activity, work, or project is liable for the truthfulness of the information in the documents that he or she signs, as well as for the suitability of the methods and procedures recommended, jointly and severally with the project Developer. SETENA nevertheless adopts and verifies, against the SNIT, the environmental elements present within the project, which is why it requested the specified corrections.
Allegation 3: “The applicant also challenges the methodology used to assess the project. The applicant argues that SETENA accepted a categorization of moderate or low environmental impact and processed the project using a simplified assessment form when, because of the farm’s size and the projected number of animals, a far more rigorous environmental impact study should have been required. The applicant contends that the environmental assessment relied excessively on information supplied by the developer, without sufficient verification and without adequately considering the social component and the socioenvironmental conflict existing in the community.” Response: In the interest of legal certainty in processing the files submitted to SETENA, the Environmental Assessment instrument was determined according to the Environmental Impact Significance (SIA) result, establishing a clear pathway that defines the environmental assessment instrument for the various proposing sectors.
This analysis is based on technical criteria. Because the SIA Matrix produced a weighted score of 127.125 points, the applicable instrument is D1 with a Sworn Declaration of Environmental Commitments (D1+DJCA). As stated in the response to the First Allegation, for the D1+DJCA environmental assessment instrument under which the project at issue was analyzed, the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, does not require the implementation of specific community-participation processes; this may be verified in Anexo 4 GUIA D1+DJCA of the aforementioned decree. Allegation 4: Another allegation concerns a violation of due process. In this regard, the applicant asserts that the community was left defenseless because it had no prior knowledge of the project, was not timely recognized as an interested party, was unable to submit comments during the procedure, and was not afforded reasonable periods in which to analyze the technical documentation once it obtained access to the file.
The applicant contends that these circumstances prevented effective participation and impaired the right of defense of potentially affected residents and tourists. The applicant also challenges SETENA’s and MINAE’s subsequent handling of the administrative remedies filed by the community. It is stated that the motion for revocation directed against the environmental viability was declared inadmissible because it was untimely, and that the appeal was denied for the same reason. The applicant nevertheless contends that this untimeliness was caused by the Administration’s own conduct, because of the lack of information, the absence of adequate public notice, and the failure to add the community’s submissions to the file in a timely manner. The applicant also criticizes both institutions for deciding those remedies outside the statutory deadlines while strictly requiring citizens to meet the applicable deadlines.
The applicant further alleges that contradictions arose when it was later acknowledged that residents and tourists had standing to challenge the environmental viability, even though they had previously not been treated as participants in the procedure. The applicant adds that relevant documents submitted by the community were omitted from the file and that inaccurate information was provided to MINAE by stating that certain submissions had not been received before the environmental viability was issued. In summary, the application alleges violations of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the right to citizen participation in environmental matters, the right of access to environmental information, the right to due process and the right of defense, and the right to have the Administration act in accordance with legality and its own regulations. It contends that the environmental assessment procedure was marked by a lack of transparency, an absence of effective citizen participation, omissions in oversight, and substantial deficiencies in the environmental assessment of the project, for which reasons it seeks constitutional protection against the actions of SETENA and MINAE.
Response: Resolution No. 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 a.m. on 3 November 2025, was served on 6 November 2025; in turn, the motion for revocation with a subsidiary appeal that SETENA received was filed on 5 February 2026 under correspondence sequence number 1544-2026. As may be seen, the remedy filed was manifestly inadmissible because it was untimely, and it was so decided by Resolution No. 0373-2026-SETENA at 1:19 p.m. on 24 February 2026. That ruling is consistent with and respects the principle of legality established both in section 11 of the Political Constitution and in Article 11 of the General Law of Public Administration, in conjunction with Article 346 of the General Law of Public Administration concerning the period for filing administrative remedies. The appeal was likewise rejected at the threshold as untimely by Resolution No. R-0271-2026-MINAE at 12:30 p.m. on 12 May 2026.
The Administration cannot be held responsible for the untimely filing of the remedy when the file is public and available to anyone wishing to review it and when, it bears repeating, no one had previously entered an appearance in the file for purposes of receiving notice of the acts occurring therein, such as the granting of the Environmental Viability License. The information channels that this Secretaría makes available to the public have been posted as public documents on the website since the analysis of the file began. Thus, the information under which the file was processed was at all times available to any citizen as a tool providing transparency for files under consideration. Allegation 5: “The applicant subsequently reported that newly obtained information revealed that the pig farms known as Crucero and Santa Rita, both located in Río Cuarto, together with an existing pig farm in Venecia de San Carlos, are not independent projects, as they allegedly were processed before the environmental authorities, but instead form part of a single integrated production project.
The applicant asserts that SETENA and MINAE granted separate environmental viability approvals for the Crucero and Santa Rita farms despite the existence of multiple elements demonstrating functional and operational unity between them and the farm located in Venecia. The applicant states that the three projects share the same developer, legal entity, legal representative, and environmental consultant. The applicant also emphasized that the environmental viability applications were submitted only three business days apart; that the farms are located in the same province, canton, and district—except for the Venecia farm, which is located in a neighboring canton—and that all of them allegedly form part of the same pork-production chain. According to the applicant, the characteristics of the projects themselves demonstrate this integration. The applicant stated that the Crucero farm would be devoted to the gestation, farrowing, replacement, and weaning of animals referred to as ‘grandparent stock,’ while the Santa Rita farm would have multiple barns for gestation and weaning of ‘sow’ stock.
The existing farm in Venecia, in turn, would include a full-cycle operation, a sausage factory, a pig slaughterhouse, feed production, and the production of meal derived from blood and bone. Based on these complementary functions, the applicant concluded that the three facilities would operate as parts of a single economic and productive activity. The applicant further states that the three farms would be connected through internal roads located on properties belonging to the same developer, as well as through municipal roads and national highways, forming a common logistics network for transporting animals, inputs, and products. From the applicant’s perspective, this demonstrates that the environmental, social, logistical, and territorial impacts cannot be analyzed separately but must instead be assessed jointly. On the basis of the foregoing, the applicant argued that the environmental authorities erred by processing the projects through separate environmental assessment forms.
In the applicant’s view, because they constitute a single integrated undertaking, a comprehensive environmental impact study should have been required to assess jointly all of the project’s cumulative, synergistic, and regional effects, including transportation routes, operational logistics, the area of influence, and the socioenvironmental impacts resulting from the joint operation of the three farms. The applicant contended that fragmentation of the project allowed an insufficient and less rigorous assessment of its true environmental effects. This new finding reinforces the allegations of violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the right to citizen participation, and administrative due process, because the applicant considers that the Administration approved supposedly independent projects without adequately assessing their functional relationship and cumulative impacts.
The applicant further reiterates that this situation demonstrates deficiencies in the environmental assessment performed by SETENA and MINAE.” Response: The files identified as belonging to the same Developer correspond to the following projects: • D1-0432-2024-SETENA: EXPANSION OF INVERSIONES OSO DE GRECIA PIG FARM AND CONSTRUCTION OF DOG-FOOD FACTORY • D1-0584-2025-SETENA: SANTA RITA PIG FARM • D1-0587-2025-SETENA: CRUCERO PIG FARM All were assessed under the D1+DJCA Instruments and are located on different properties and cadastral plans; therefore, the projects are not adjacent to one another, and it cannot be asserted, as the amparo applicant suggests, that they constitute a single project that should have been processed in a single file. At the time this response was issued, the cadastral information for the area was already available in the SNIT layer database for the canton of Río Cuarto.
It is clarified that none of the files concerns the same cadastral plan or adjoining properties; accordingly, they could not constitute a subdivision (fraccionamiento) of the activities, works, or projects. Allegation 6: As background, the applicant alleges that SETENA acted negligently by failing to verify compliance with its own regulations regarding the placement of informational signs. The applicant contended that the institution never conducted an on-site verification of whether the developer had installed the mandatory signs from the opening of the administrative file or after environmental viability was granted, even though that obligation was expressly established both in the environmental regulations and in the administrative decision approving the project. In the applicant’s view, this omission deprived the community of the information necessary to learn of the project’s existence and scope promptly, from its initial stages.
The applicant also again challenges SETENA’s decision not to conduct field inspections before granting environmental viability. The applicant states that the arguments used to justify that decision were unfounded because the proposed project was a large pig farm across from Laguna de Río Cuarto. The applicant reiterates that the environmental authority ignored relevant elements such as the proximity of the lagoon, its status as a lacustrine wetland recognized by SINAC, the potential environmental impacts arising from pig farming, and comments submitted by the community during the assessment process. If SETENA had listened to civil society and properly analyzed the administrative remedies filed, it would have recognized the need for inspections and more rigorous studies. The lack of proper signage was one of the principal factors that placed the community at a disadvantage and left it defenseless because it prevented residents from learning of the project in a timely manner and from taking steps to oppose or participate within the administrative deadlines.
The applicant therefore again contends that the finding that the administrative remedies were untimely was a direct consequence of SETENA’s and MINAE’s own acts and omissions. Regarding the specific situation of Granja Porcina Crucero, the applicant reports that on 14 June 2026 a resident detected for the first time the placement of a sign related to the project. Based on this, the applicant alleged that the developer installed the notice almost one year after the administrative file was opened and approximately seven months after obtaining environmental viability. The applicant further contended that the sign was placed at a location not readily visible to most residents and tourists, specifically at the entrance to an existing residence on the property and far from the places ordinarily traveled by members of the public going to Laguna de Río Cuarto. In the applicant’s view, this demonstrates an intent to minimize public notice of the project and again evidences SETENA’s lack of oversight (see photographic evidence submitted).
Regarding Granja Porcina Santa Rita, the applicant states that the community learned of its existence only in early June 2026, when it observed a sign referring to the corresponding administrative file. The applicant states that it was through this information that residents learned that, on 30 April 2026, SETENA and MINAE had granted a new environmental viability for another pig farm located near Laguna de Rio Cuarto. The applicant finds it troubling that the community learned of that approval more than one month after the resolution had been issued and almost one year after the environmental proceeding began, a situation again attributed to the developer’s lack of transparency and the environmental authorities’ lack of oversight. The submissions conclude by reiterating that the accumulation of omissions, inconsistencies, and irregularities identified in connection with both pig farms demonstrates the need for constitutional review of the challenged administrative actions.
The community’s representative contended that the stated facts bolster the position that the precautionary principle, or “in dubio pro natura,” should have been applied and that SETENA and MINAE erred by allowing the projects to be processed through D1 forms based on sworn declarations when, in her view, it had already been shown that the farms form part of a single project requiring the preparation of a comprehensive and far more rigorous environmental impact study. For the foregoing reasons, she considers her fundamental rights to have been violated. She requests that the amparo application be granted, with the consequences prescribed by law, and seeks, as an urgent provisional precautionary measure, an order directing the Municipalidad de Río Cuarto and, in particular, the office responsible for urban development oversight to refrain from issuing the construction permit for Granja Porcina Crucero while the amparo proceeding is pending.
Response: The matter concerning the field inspection was addressed more fully supra. The corresponding environmental guarantee has now been provided, the environmental officer has been appointed, and the Environmental Logbook has been opened, which indicates compliance with the submission of the Environmental Oversight Instruments (ICOs). Regarding authorization of the Environmental Logbook, the request was submitted on 16 June 2026 under correspondence sequence number 6344-2026 and was addressed through official letter No. CARTA-SETENA-BD-DT-DEA-0214-2026 on 23 June 2026, as follows: Authorization of the Environmental Logbook and compliance with the Environmental Oversight Instruments (ICOs) mark the beginning of the environmental management stage before SETENA. Nevertheless, final permits must be obtained from the competent Institutions before the construction stage may begin; once those permits have been obtained, notice of the commencement of works must be provided to the Department of Environmental Auditing and Monitoring.
Furthermore, once the logbook has been authorized, Environmental Responsibility Reports (IRA) must be submitted at the intervals established in the resolution granting the Environmental Viability License. With regard to the project’s signage, as stated in Resolution No. 1628- 2025-SETENA at 11:41 a.m. on 3 November 2026 and pursuant to Article 43 of the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the following is established regarding signage for projects with Environmental Viability: Upon obtaining Environmental Viability (License) (VLA) from SETENA, the Developer of the activity, work, or project shall be required to place a sign in a visible location, from commencement and for as long as its activities continue (whether under construction or in operation), displaying the file number, environmental viability resolution number, and project name.
(Boldface is not in the original text.) For the foregoing reasons, it has been technically determined, in accordance with official letter No. CARTASETENA- DT-0050-2026, that the developer has not failed to comply with the resolution because works have not begun and it was not until 23 June that the developer submitted the request to activate the digital logbook. Accordingly, this is the point at which the developer must install the sign required by the Environmental Viability resolution. Consistent with the foregoing, because the projects located in the Río Cuarto area have not yet begun, no information is presented regarding environmental monitoring actions; those actions will be carried out as appropriate according to the commencement and progress of the construction stage. Conclusion Regarding the information requested by the Constitutional Court, the principal conclusions are that the amparo application should not be granted for the following reasons: 1.
There was no failure to ensure transparency and access to information: o Since its submission to SETENA, the file has been available for public consultation by all members of the public through the Digital Platform; therefore, it is incorrect to allege a violation of the right of access to information. 2.
Citizen participation has not been violated: o The environmental assessment instrument used in the assessment of the project at issue (D1+DJCA) does not require specific participatory processes, such as public hearings, as established by the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, unless they are requested and the Plenary Commission, in the exercise of its prerogatives, determines that they are necessary, which did not occur in this case. 3. Field inspection and technical assessment: o The decision not to conduct a field inspection before approving the project has been technically justified, because a geospatial analysis was performed in light of the project’s nature and characteristics, the corresponding corrections were requested, and it was concluded that the project complies with the protection radii for bodies of water and areas of forest, wetlands, in accordance with current legislation. 4.
Determination of the environmental assessment instrument and due process in adjudicating the administrative remedies filed: o The categorization of the project at issue and the assessment instrument used were determined objectively through the Environmental Impact Significance Matrix established by the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. o The remedy filed was decided as legally required under the Ley General de la Administración Pública; this in no way impeded access to the case file from the time it was received by SETENA. The untimeliness was not caused by the Administration, but by the failure to file the remedies in a timely manner. 5. Project fragmentation and cumulative analysis: o The allegation of improper project fragmentation is rejected on technical grounds, since the projects under the same developer pertain to different plans and properties that are not adjacent to one another.
They therefore cannot be treated as a single project, as alleged. 6. Project signage and public notice: o It is clarified that the obligation to post the sign begins upon activation of the Environmental Control and Monitoring Instruments (Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental, ICOS) and issuance of the Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental); accordingly, this obligation has not been breached because construction has not begun and the ICOS were submitted only this month. Evidence - Resolution No. 1628-2025-SETENA, which granted the Environmental Viability License to the project at issue, and the corresponding proof of notice. - Resolution No. 0373-2026-SETENA, which decided the revocation application (revocatoria). - Resolution No. R-0271-2026-MINAE, which decided the appeal. - Official Letter No. SETENA-DT-EducA-0025-2026, responding to a request for information from the Municipalidad de Río Cuarto. - Official Letter No. CARTA-SETENA-DT-0050-2026, issued in response to this amparo proceeding.
Legal Grounds This report is submitted pursuant to Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente; Articles 11, 33, and 50 of the Constitución Política; Articles 29, 30, 43, 44, and 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional; and Articles 59, 60, and related provisions of the Ley General de la General de la Administración Pública. Relief Requested For the reasons stated above, SETENA requests that the present amparo proceeding against it be denied.”
“That, indeed, in September 2025, the Municipalidad de Río Cuarto received an unnumbered written submission in which residents of the canton expressed their views regarding a possible pig-farming project in the district of Río Cuarto, specifically on a property located near Laguna de Río Cuarto. Through that submission, they requested a hearing before the Concejo Municipal de Río Cuarto and the possible establishment of a formal dialogue group to address the situation described, comprising representatives of the Local Government, the community, and the competent institutions. Those requests were addressed by the Concejo Municipal and the Municipal Administration. In response to the foregoing, the honorable Concejo Municipal de Río Cuarto granted the requested hearing at session number 084-2024, held in person on 27 October of that same year. The hearing lasted thirty-six minutes, during which the residents of the canton who appeared expressed what they considered relevant.
As recorded in certification number CERT-SCMRC-0087-2026, which states: ‘At Ordinary Session number eighty-four, held in person on Monday, 27 October 2025, under Article III, Hearings and Swearing-In Ceremonies, the Concejo Municipal de Río Cuarto granted the requested “hearing for residents concerning the possible development of pig-farming activities near Laguna Río Cuarto,” lasting 36 minutes, from minute 03:02 to minute 39:47; this may be verified in the session library on the Municipalidad’s YouTube channel at https://youtu.be/hCxrODC7Xqc.’ For its part, this Municipal Administration, seeking to address comprehensively the matters raised in the written submission filed on 23 September 2025, directed a series of inquiries to various institutions that might have jurisdiction over the situation described, as well as for the purpose of obtaining technical input that could provide support when assessing applications for the various municipal licenses and permits that might be submitted to this Local Government for the operation of the project known as Granja Porcina Crucero.
The inquiries were addressed to SINAC, Dirección de Aguas, SETENA, Ministerio de Salud, and SENASA through official letters numbers OF-AL-005-2026, OF-AL-006-2026, OF-AL-007- 2026, OF-AL-008-2026, and OF-AL-009-2026, respectively. The institutions responded to those inquiries. Their responses may be reviewed by your authority, as they are attached to this report. Once the consulted institutions had submitted their responses to the various inquiries, an interinstitutional meeting was convened to address the development of a pig farm near Laguna de Río Cuarto. The meeting was convened for 26 February 2026 by the Alcaldía Municipal through official letter number OF-AL-060-2026; the invitation was extended to the Dirección de Aguas, SINAC-MINAE, SETENA, Ministerio de Salud, and SENASA, and the members of civil society who had signed the initial written request were also invited. The following persons attended the meeting: José Miguel Jiménez Araya–Municipal Mayor; Stephanie Aguilar Rojas–Municipal Deputy Mayor; Henry Chacón Bolaños–Urban Planning and Control Coordinator; Isamara Vindas Ramírez–Technical Assistant to the Mayor’s Office; Rodrigo Campos Zamora–Head of the Cadastre Office; Aurora Fallas Lara–Legal Coordinator; Mario Jiménez Bogantes–UTGV Coordinator; Sofía González Víquez–Environmental Manager; Denis García Fallas–SETENA; Nancy Quesada Artavia–Dirección de Aguas / Minae; José Manuel Alvarado Arguedas–SINAC Pital; Rebeca Gutiérrez Bermúdez–SENASA Agroambiental; Cindy Brenes Villalta–SENASA Venecia; Kendall Angulo Espinoza–Ministerio de Salud; Wendy Arce Hernández–Ministerio de Salud Ministerio de Salud; Gioconda González Rodríguez–Ministerio de Salud; Fabiola Arce Jiménez–ADI Río Cuarto; Edgar Arce Campos–Concejo Municipal/ASADA Río Cuarto; and Luis Roberto Rodríguez–Community Representative.
During the meeting, the situation was discussed at length, and each institution and the community representatives presented their arguments. The meeting minutes briefly record the matters addressed and discussed and the agreements reached at that time. They are quoted below: ‘Statements and considerations. Community representatives: • The community does not oppose the project as such, but rather its current location across from the lagoon. • It is estimated that the sheds could house approximately 5.000 pigs. • The aim is to anticipate possible impacts before the project is carried out. • A Motion for Reconsideration and Subsidiary Appeal (Recurso de Revocatoria y de Apelación en Subsidio) was filed against the environmental feasibility approval (license) granted to the Granja Porcina Crucero Project, located across from Laguna de Río Cuarto, Alajuela, challenging the environmental feasibility approval granted. • Concern regarding constant truck traffic, environmental impacts, and the right to a healthy environment. • The potential development of the Geoparque and the impact on ecotourism were mentioned. • There is concern regarding a possible future expansion of the project.
Institutions present: SENASA: It indicated that, at present, its actions depend on the project having all permits from the corresponding institutions. SETENA: It stated that the municipality may inquire into the procedural history of the motion for reconsideration filed. It was indicated that the construction permit should not be approved until that motion has been decided, because the decision could have suspensive effect. • Ministerio de Salud: The siting permit was granted based on the wastewater treatment system, in compliance with the established requirements. However, doubt was raised as to whether the proposed system will actually have sufficient capacity for the production volume. • Project capacity: The approved project provides for a capacity of approximately 3.500 pigs, including the gestation, lactation, and production stages. SENASA must verify that production does not exceed this quantity.
SINAC: It indicated that the protected area around the lagoon or spring (naciente) requires a 50-meter setback, a requirement that apparently is met. • Dirección de Aguas: It must be verified whether the springs are officially registered, because AyA is the entity responsible for compiling this information. It was also indicated that the regulations governing groundwater in such cases are limited. SENARA: It could intervene in relation to aquifer recharge areas, although it cannot impose restrictions on private property. Environmental issues identified • Risk of eutrophication or contamination of the lagoon. • Management of runoff and chemicals in the soil. • Impact of nutrients on the ecosystem. • Control of offensive odors; existing regulations exclude livestock activities. Agreements and actions 1. Formally consult each institution so that it may issue its position on the project. 2.Request information regarding the status of the motion for reconsideration filed with SETENA. 3.Suspend further processing of the construction permit until that motion has been decided. 4.Verify the location and registration of the springs through the Dirección de Aguas and AyA. 5.Confirm the actual capacity of the wastewater treatment system proposed in the plans. 6.Analyze the possible environmental impacts, particularly on Laguna de Río Cuarto.
Final observations. The need to address the matter using a preventive approach is emphasized in order to ensure environmental protection and the community’s well-being.’ It is relevant to note that, despite the efforts made to secure the participation of the registered owner at the meeting or, alternatively, to establish other forums for dialogue, as of the date of this report the owner has not agreed to participate in the referenced meeting or in any other dialogue forum involving the institutions, the community, and this Local Government. In view of the foregoing, it is stated that both the Municipalidad de Río Cuarto and the Concejo Municipal have acted to promote communication and listening by addressing the requests made and seeking to provide forums in which the various opinions may be heard and considered. Nevertheless, it is reaffirmed that the Municipalidad de Río Cuarto respects the law and adheres fully to the applicable legal framework, in observance and protection of the Principle of Legality established in provisions 11 of the Constitución Política and 11 of the Ley General de la Administración Pública.
It has acted at all times in accordance with the applicable legal system. In this regard, it is reported that the property owner has submitted the following applications to this Municipalidad through the APC Platform of the Colegio federado de Ingenieros y Arquitectos: application number 1262309 for earthworks (movimiento de tierras), which was denied because, when the application was decided, the environmental feasibility approval granted by SETENA had been challenged and therefore was not final; as well as application number 01261940 for a construction permit for a pig farm, which has not been decided pending a ruling by your authority on the most urgent provisional precautionary measure (medida cautelar provisionalísima) requested by the amparo applicant. This is intended to ensure respect for legal certainty and to obtain the greatest possible clarity when analyzing the requirements submitted by the applicant for the construction permit, the applicable regulatory framework, the general principles of law, and the particular circumstances of the construction.
Regarding the amparo applicant’s allegation that ‘the selected location is incompatible with the tourism and residential purposes established in the canton’s land-use planning instruments,’ it is reported that the Municipalidad de Río Cuarto does not have a land-use plan (Plan Regulador) currently in force, since the Plan Regulador is presently being prepared. It is also indicated that the canton’s only local land-use planning instrument is the Ordenanza Municipal: Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto, approved by the Concejo Municipal at ordinary session number two hundred twenty, held on Monday, 7 August 2023, under Article V, Acuerdo N° 09. That document serves solely as a starting point in the effort to achieve proper urban planning and land-use planning and to enhance the opportunities arising from urban and tourism growth in the canton of Río Cuarto.
Nevertheless (sic), under no circumstances may it replace a Plan Regulador or be applied to the detriment of the provisions of the Ley de Planificación Urbana and the Reglamento de Construcciones, because those legal rules rank hierarchically above the Ordenanza Municipal: Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto; the law must be applied first, followed by the regulation. This is how the municipal entity has applied them at all times. In light of the information provided, it is most respectfully requested that the matter be decided in accordance with law. It is also requested that the most urgent provisional precautionary measure sought by the amparo applicant be decided promptly so that the Municipal Administration may rule on application number 01261940 for a construction permit for a pig farm.”
“CHAPTER I FINDINGS IN THE PROCEEDINGS AND THE APPLICANTS’ CONSIDERATIONS As a frame of reference and before addressing the SETENA report (Chapters II and III), the same verbatim quotations set forth by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in the document sent to MINAE and SETENA will be used, so that they may prepare and submit their report concerning the alleged facts:
1. “… alleges that fundamental rights were violated by granting environmental viability to the ‘Granja Porcina Crucero’ project, consisting of a large-scale pig farm located across from Laguna de Río Cuarto and near residential and tourist areas.” As stated in the amparo application (Recurso de Amparo), the following rights were violated as a consequence of the actions of SETENA and MINAE. However, the official communications subsequently added to the case file further substantiate the violation of these rights, which is why they are included in this Opposition Report:
1.1 The right to a healthy and ecologically balanced environment, regarding which the amparo application alleged the omissions and acts committed during the review process for granting environmental viability to a pig-farm project involving thousands of pigs across from Laguna de Río Cuarto (an investment of more than one billion colones, according to the developer’s sworn statement to SETENA, dated 26 August 2025, as recorded in the administrative file).
In addition, the following four official communications, subsequently added by the applicants to Case File No 26-019102-0007-CO, brought to the Constitutional Chamber’s attention matters that provide even further support for the violation of this right:
1.1.1 Official communication dated 10 June 2026: “Supervening Fact,” which refers to the granting of two environmental viability approvals for separate projects (D1-0587-2025-SETENA and D1-0584-2025-SETENA), even though they are plainly a single project, with the consequences arising from that situation, as discussed in the communication itself and its annex (Section 2, “Unity of the Pig-Farm Projects”) to the official communication addressed to the Planning and Urban Control Department of the Municipality of Río Cuarto, which is responsible for ultimately issuing the so-called construction permit.
The following information provided in the various official communications is noteworthy:
(…)
Furthermore, according to the coordinates stated in the respective SETENA decisions, Figure No 1 shows an aerial view of Granja Porcina Santa Rita and Granja Porcina Crucero (points marked with a red X). Note the potential danger of future expansion (as has occurred with the pig farm located in Venecia, a matter discussed below), because all the properties shown and those extending beyond them belong to the same developer.
Considering only the four highlighted properties (all adjacent and owned by the same developer, Inversiones Oso de Grecia S.A., according to public information from the Registro Nacional), they total 370,69 hectares, as detailed below:
Plano A-0976963-2005 (81,64 ha) Plano A-0756462-2001 (124,45 ha) Plano A-0003519-1965 (66,78 ha) Plano A-0817669-2002 (97,82 ha) Figure No 1 Aerial View of the Pig Farms Finally, note Figure No 2, which includes the existing pig farm located in Venecia (owned by the same developer):
In red, Granja Porcina Inversiones Oso de Grecia S.A., located in the district of Venecia In yellow, the proposed Granja Porcina Santa Rita, located in the district of Río Cuarto In light blue, the proposed Granja Porcina Crucero, located in the district of Río Cuarto Figure No 2 Aerial View of the Three Pig Farms In conclusion, what the Canton of Río Cuarto is definitively unwilling to accept, and will monitor very closely, is what SETENA and MINAE have been authorizing for the megaproject known as Granja Porcina Inversiones Oso de Grecia, located in Venecia (a few kilometers from the projects known as Granjas Porcinas Crucero and Santa Rita), and which is plainly what they are attempting to implement in Río Cuarto, using exactly the same modus operandi (through simple D1 or D2 forms for expansions and/or modifications, even though the matters at issue are pig-farming megaprojects involving thousands of pigs in each instance).
Note the case-file numbers processed for the pig farm located in Venecia, resulting in the image shown in Figure No 3 below:
➢ D1-0558-2020-SETENA ➢ D1-0242-2022-SETENA ➢ D1-14364-2015-SETENA ➢ D1-14498-2015 (the online file could not be accessed) ➢ D2-1010-2020 (the online file could not be accessed) ➢ D1-0432-2024-SETENA: EXPANSION OF INVERSIONES OSO DE GRECIA PIG FARM AND CONSTRUCTION OF DOG-FOOD FACTORY 1.1.2 Official communication dated 17 June 2026: Addressed to the Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). It discusses in much greater detail the “Supervening Fact” cited in the preceding subsection.
1.1.3 Official communication dated 16 June 2026: Addressed to the Constitutional Chamber, in which, in addition to recapitulating Facts 11 and 12 of the amparo application, an update is provided concerning the developer’s recent actions in installing signs at both pig farms, a matter that SETENA regrettably never detected or inspected:
For Granja Porcina Crucero: the sign was not installed until June 2026, slightly less than one year after SETENA opened the administrative file and nearly seven months after environmental viability was granted.
For Granja Porcina Santa Rita: the sign was likewise not installed until June 2026, approximately one year after SETENA opened the administrative file and more than one month after environmental viability was granted.
The community has no evidence, but in view of all the actions undertaken by civil society (from the filing of the motion for reconsideration with subsidiary appeal (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio), which SETENA and MINAE rejected as untimely, according to them, through the present day), it is foreseeable that the developer became aware of its omission and failure to comply with the regulations and SETENA’s own decisions and therefore belatedly installed the signs. This matter is also attributed to SETENA and MINAE because they failed to diligently conduct inspections and site visits.
This matter is addressed in Chapters II and III as part of our opposition to the statements made by SETENA in its report.
Finally, two of SETENA’s many duties and responsibilities (according to information available online) are the following, which it definitively failed to fulfill, quoted verbatim:
Regarding Monitoring and Follow-Up:
“Supervises developers’ compliance with the commitments, mitigation measures, and environmental-management plans approved before, during, and after project implementation.” Emphasis added.
Regarding Field Inspections:
“Conducts technical visits to areas where projects are planned or underway in order to verify actual environmental conditions.” Emphasis added.
1.1.4 Official communication dated 23 June 2026: Addressed to the Constitutional Chamber and identifying two matters that drew the community’s particular attention, namely:
On 22 June 2026, an official communication was sent by email to SETENA’s Environmental Audit and Follow-Up Department, requesting that it provide all entries made by that institution (through official communications, logbooks, emails, or any other means) as a result of field visits and/or inspections conducted at the Granja Porcina Crucero project and its surrounding area, from the date the file was opened, namely 01 July 2025 (Fact 1 of the amparo application), through the date on which the communication was sent (22 June 2026).
The purpose of this request was to confirm that for slightly more than one year SETENA had not visited the site and, instead, had granted environmental viability from its offices in San José for a pig-farm megaproject involving thousands of pigs (with significant potential for expansion, as has been occurring in Venecia). Nor does the administrative file contain any record of a visit.
On 23 June 2026, one day later, SETENA sent CARTASETENA-BD-DT-DEA-0214-2026 (also by email), the subject of which states “Grounds for Opening Digital Logbook Number 17638,” and sent a direct notice to the community stating verbatim (in small print):
“SETENA officials’ email addresses are not a valid or effective means of deeming documentation received…” Consequently, based on SETENA’s statement in the letter, it may be concluded that there is no reference or documentary evidence demonstrating that this institution conducted any site visits, beyond what appears on SETENA’s website, where the only thing established is that none occurred.
On this same issue, it is contradictory that SETENA did not visit the site, yet stated the following in the official communication addressed to the developer on 02 September 2025 (only the relevant paragraph is included):
1.2 The right of civil society in the Canton of Río Cuarto to participate or be taken into account by SETENA “as an interested and affected party” before it granted environmental viability to a pig-farm project involving thousands of pigs, located directly across from Laguna de Río Cuarto, an area of high ecological, tourism-related (an average of 3000 tourists per month, according to the Asociación de Desarrollo Integral del cantón during a meeting with its members), scenic, and cultural value, with the resulting impact on the environment, tourism, and residents of the canton.
Fact 8 of the amparo application specifically states the following, quoted verbatim:
“To reinforce the foregoing, Articles 61 and 62 of Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC clearly establish, to a greater or lesser extent, SETENA’s duty to hear interested parties in connection with any Activity, Work, or Project subject to an environmental-assessment process. See Anexo No 9.” In this regard, beginning on 29 September 2025, the community and tourists (key stakeholders in the social and environmental sphere) expressed their concern through an official communication sent to the Mayor’s Office and Municipal Council of the Canton of Río Cuarto (a copy of which was sent to and received by SETENA that same day), and requested, among other things, a hearing “…for the purpose of publicly and collaboratively discussing the potential future development of a large-scale animal-production project near Laguna de Río Cuarto, an area of high ecological, tourism-related, scenic, and cultural value for the canton…” Emphasis added. (Facts 2 and 3 of the amparo application.)
Nevertheless, 35 days later (03 November 2025), SETENA granted environmental viability. It is therefore regrettable that, as part of the “Technical Analysis” (conducted by public officials who were aware of the concern existing in the area), neither the community nor the human factor was considered in that analysis.
Note that what we requested at the time was a “hearing” at which we could be received. Furthermore, the cited Articles 61 and 62 concern “citizen participation,” not necessarily a Public Hearing, as SETENA attempts to portray it in its Report to the Constitutional Chamber.
It should be emphasized that the project undergoing SETENA’s technical analysis was not just any project: it was nothing less than a very large pig farm involving thousands of pigs. Consequently, SETENA should not have assumed that a pig farm would face no opposition, particularly given the highly significant impacts associated with projects of this kind.
The community members and tourists who signed the communication (received by SETENA on 29 September 2025) became, as of that moment, persons who had entered an appearance and were directly affected by the proposed pig farm across from Laguna de Río Cuarto, expressing concern over the “…potential future development of a large-scale animal-production project near Laguna de Río Cuarto, an area of high ecological, tourism-related, scenic, and cultural value for the canton…” Nevertheless, SETENA never showed any concern for the community. It is therefore striking and unacceptable that the NINTH Reason of SETENA’s Decision (Anexo No 7 to the amparo application) states, verbatim:
“That, at the time this document is issued, no parties have entered an appearance and no persons oppose the development of the project described.” Consequently, it is also unacceptable to the community that, in Resolución No 0373-2026 SETENA (Anexo No 13 to the amparo application), and as part of the Background, SETENA mentions only two dates it considers important, namely 03 November 2025 (the Decision granting environmental viability to the developer) and 05 February 2026 (the community’s and tourists’ filing of the motion for reconsideration with subsidiary appeal), thereby suggesting that there had been an extended period in which to act and/or express objections. It nevertheless omits any reference to the official communication of 29 September 2025, which is fundamental and predates the grant of environmental viability, at a time when SETENA was specifically preparing its so-called “Technical Analysis.” In light of the communication submitted by residents of the Canton of Río Cuarto and tourists through the official communication sent on 29 September 2025, SETENA’s public officials should not have minimized the fact that there were “interested parties” asking to be informed about the project, given the limited or nonexistent publicly available information concerning it.
This is especially true because the applicable regulations clearly recognize and make it possible to identify the “potential for social and environmental conflict” as a factor to be considered by the environmental authority before granting environmental viability, particularly in a project involving “pig farms,” which by their very nature are highly likely to generate social and environmental conflicts, and even more so when the project undergoing technical analysis is a megaproject involving thousands of pigs.
As part of its responsibility during the Technical Analysis stage, SETENA should have conducted field visits before granting environmental viability and should not have relied on the arguments set forth in its decision, which were refuted in Fact 13 of the amparo application.
Finally, SETENA’s negligence was such that it never questioned the developer about the social component in any of the matrices in Environmental Assessment Form D1. It should also be noted that the community did not gain access to that form until long after SETENA had opened the file for review: four months after 01 July 2025, according to Fact 1 of the amparo application.
It should be noted that once the community obtained access to the information and documentation exchanged between SETENA and the developer, it needed time to analyze it, particularly because it involved technical information, as well as Form D1 itself (which SETENA stated was applicable), among other documents, as demonstrated in Anexo 10 to the amparo application.
1.3 The right to oppose the pig-farm megaproject on the basis that the uncertainty, lack of timely information, lack of knowledge, and concern experienced by the community (in relation to social and environmental matters, impacts, and public health) constituted an enormous barrier to taking action from the outset of SETENA’s process for granting environmental viability, reflecting the limited or nonexistent transparency on the part of that institution.
It should be recalled that SETENA opened the administrative file on 01 July 2025 (Fact 1 of the amparo application), that is, four months before civil society, acting on rumors that were circulating, proceeded to approach SETENA and the Municipality (Facts 2, 3, 4, 5, and 6 of the amparo application).
In conclusion, the community could unquestionably have done much more during those four months, but the developer’s lead in processing its applications was too great. This situation is also attributed to SETENA’s negligence, and the community therefore cannot accept SETENA’s reliance solely on alleged untimeliness, which resulted from SETENA’s own actions.
1.4 The right to due process, which SETENA violated, leaving the residents of the Canton of Río Cuarto and tourists who visit Laguna de Río Cuarto clearly without an effective opportunity to defend their interests.
In this regard, the administrative action was deficient and irresponsible, particularly because the project involved constructing a pig-farm megaproject with thousands of pigs across from the lake and the neighboring community:
➢ There was no prior knowledge of what was intended to be built.
➢ The file could not be accessed until several months after it was opened.
➢ SETENA did not visit the site, even though the project had these particular characteristics, namely a pig-farm megaproject involving thousands of pigs.
➢ There was no opportunity to be heard because the concern and uncertainty existing at the time were ignored.
➢ There was no opportunity to present arguments that would have enabled SETENA itself to question the developer, because the concern and uncertainty existing at the time were ignored.
➢ There was no opportunity to disclose the developer’s instances of noncompliance (identified in the so-called environmental-assessment form), because there was no opportunity to inspect the file until four months after it was opened and only a very short time before environmental viability was granted.
➢ There were no reasonable time limits for studying and analyzing the documentation, particularly because it consisted of technical information, in addition to the clear advantage in time enjoyed by the developer in processing its applications with SETENA, in contrast with the uncertainty and rumors being experienced at that same time in the Canton of Río Cuarto.
➢ The requirement to install a sign informing the community and tourists about the project in a visible location was not satisfied (as required by SETENA’s own regulations, according to the discussion in Facts 11 and 12 of the amparo application):
On this same issue, SETENA once again made the serious error of failing to verify in the field the developer’s obligation to install a sign, this time after environmental viability had been granted. SETENA itself imposed this requirement in the Eleventh operative provision of its Decision (See Anexo No 7 to the amparo application), which clearly states that, upon obtaining environmental viability from SETENA (that is, beginning on 06 November 2025), the developer was required to install a sign in a visible location from the commencement of its activities and for as long as they continued. This requirement was clearly disregarded, because the sign was not installed until June 2026, as already discussed.
Furthermore, over the last six months the community has witnessed various activities undertaken by the developer, associated with earthworks (movimientos de tierra) and terrace formation (necessary before construction of the farm sheds), hauling of materials, and construction of several kilometers of internal roads, among others. It should be noted that SETENA has never inspected these activities, because the online file contains no record of any visit and the digital logbook was not opened until 23 June 2026 (as stated in subsection 1.1.4 of this report).
The troubling aspect of this situation is that the “Project Description” in Resolución de Setena No 1628-2025-SETENA directly and indirectly mentions these same activities, which SETENA should also have monitored. Nevertheless, no record of such monitoring appears in the file, much less in the digital environmental logbook, which was not opened until a few days ago (23 June 2026), due to the responsibility of both parties.
The foregoing is also supported by subsection (ii), which clearly states that the Digital Environmental Logbook would be formally established once environmental viability (the Environmental License) had been granted, that is, on 06 November 2025 (Fact 8 of the amparo application). Nevertheless, this was not done until nearly eight months later, once again demonstrating how SETENA acted in relation to a megaproject of this nature, in addition to the circumstances described in subsection 1.1.4.
The foregoing is supported by the following three screenshots (pages 1, 8, and 10) of its Decision:
In conclusion, the developer has continued advancing its preliminary and logistical activities for many months without any follow-up by SETENA and in violation of the requirements of SETENA’s own decision, as has occurred in other instances.
These activities are shown in Photographs No 1, No 2, No 3, and No 4 (taken from the public road), and in Figure No 4:
1.5 The right to require SETENA to comply with national legislation and with its own regulations and rules, including, for example, Articles 61 and 62 of Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and the operative provisions of its own Decisions. These matters have already been identified and are included in the amparo application.
1.6 The right to require SETENA to analyze and respond in detail to the motion for reconsideration with subsidiary appeal filed by the community and tourists, given the large number of irregularities detected in the process, which demonstrates the existence of procedural defects that plainly support the nullity of the act.
It is clear that SETENA chose to focus exclusively on the date on which the community filed the motion for reconsideration with subsidiary appeal, without reviewing any aspect whatsoever of the substance of the matter. Had it done so, it would have become aware of information that was erroneous, incomplete, insufficient, contradictory, and even information that did not necessarily reflect reality for the community and tourists who visit the lake. This unquestionably affected the weighing of the factors, the type of assessment applied, and the final decision, as demonstrated by arguments 5 through 13, on pages 15 through 28 of the Request for Reconsideration and Subsidiary Appeal of the Environmental Viability (License) granted to the Pig-Farm Project, Fact 14, Anexo No 12 to the amparo application.
The community’s position is that, according to the evidence submitted, it has been more than demonstrated that the alleged untimeliness resulted from SETENA’s own actions. Most troubling, however, is that the institution did not even take the trouble to internally review the arguments presented in the motion for reconsideration with subsidiary appeal. Those arguments, together with those in the amparo application and the official communications subsequently added to the Constitutional Chamber’s case file, demonstrate actions contrary to a healthy and ecologically balanced environment and contrary to SETENA’s decisions and regulations. This leads us to question whether, in this matter, SETENA fulfilled its role and the duties established in Article 84 of the Ley Orgánica del Ambiente, quoted verbatim (with particular attention to c, d, i, and k):
1.7 The right to have email and the official communication recognized as the means of communication used by the community at that time (given the circumstances in which it found itself), on the basis of which SETENA could and should have acted, particularly because a Public Institution was involved. This means was less cumbersome, more accessible, and technologically more expeditious (given SETENA’s requirement that information be entered into its online system), matters that were particularly significant to the community at that time. Facts 2 and 3 of the amparo application.
Curiously, SETENA itself frequently uses this same means of communication (to cite only one example, see Fact 8 of the amparo application).
In its written communication to SETENA and MINAE, the Constitutional Chamber states the following:
2. “It maintains that the community learned of the project belatedly because of the lack of information and transparency during the environmental-assessment procedure. It asserts that, since September 2025, rumors had circulated about the construction of a large pig farm, prompting more than 250 people to submit an official communication to the Municipality of Río Cuarto and send a copy to SETENA, expressing their concern about the project’s potential environmental, health-related, tourism-related, and social impacts.” 3. “Another allegation concerns the violation of due process. In that regard, it asserts that the community was left without an effective opportunity to defend its interests because it had no prior knowledge of the project, was not timely recognized as an interested party, could not submit observations during the proceeding, and was not afforded reasonable time to analyze the technical documentation once it obtained access to the file. It maintains that those circumstances prevented effective participation and impaired the right of defense of the potentially affected residents and tourists.” These matters are addressed in Facts 2, 3, 4, 5, and 6 and their respective Anexos 2, 3, 4, 5, and 6 to the amparo application itself, as well as in subsection 1.4 of this Opposition Report.
While the community was seeking information and attempting to clarify the circulating rumors through the Municipality, which itself was in the same position regarding certain matters (see Fact 6 of the amparo application), the developer and SETENA had already been exchanging documentation concerning Granja Porcina Crucero for four months, and for even longer with respect to Granja Porcina Santa Rita (taking into account the date SETENA opened the administrative file, 30 June 2025, according to the notice included in the file, and the date the developer installed the sign, namely June 2026).
Once again, the issue of the signs is vital, not only to demonstrate the developer’s noncompliance and SETENA’s lack of oversight, but also because of the consequences for the community, to the extent that this was one of the matters giving rise to the so-called “untimeliness.” The additional information concerning this matter in this Opposition Report is extremely important and will be addressed in Chapters II and III.
The Constitutional Chamber continues, asking SETENA to respond:
4. “They also requested opportunities for dialogue, citizen participation, and public discussion of the initiative. Nevertheless, they allege that SETENA ignored those representations during the analysis and approval of environmental viability. Although SETENA itself acknowledged that the file was undergoing technical analysis, the institution granted environmental viability without adding the public’s concerns to the file or treating the community as an interested party.” This matter is addressed in several facts in the amparo application itself, but with particular emphasis in Facts 2 and 3 and their annexes.
SETENA was expressly informed of the following, quoted verbatim:
“…The reason, as explained in the document, is to express concern regarding environmental and public-health matters in view of the apparent installation of animal-production systems near tourist sites, health centers, and homes adjacent to the location. Given the need to present the matter to the appropriate authorities, this email is sent to you in order to comply with the requirement to send it to those copied on the document submitted…” “A hearing before the Municipal Council of Río Cuarto, for the purpose of publicly and collaboratively discussing the potential future development of a large-scale animal-production project near Laguna de Río Cuarto, an area of high ecological, tourism-related, scenic, and cultural value for the canton…” “Consideration of the possibility of establishing a formal and permanent dialogue forum, composed of representatives of the Municipality, the local community, the competent public institutions (SETENA, MINAE, SENASA, Ministerio de Salud, among others), and the interested developers, for the purpose of promoting transparency, citizen participation, and local environmental governance.” Emphasis added.
Regrettably, SETENA and MINAE ignored the concerns of civil society and showed no regard for them, particularly given that this was a pig-farm project involving thousands of pigs across from Laguna de Río Cuarto.
Also significant is that, as of 29 September 2025, the Community and Tourists were specifically lacking information and had no knowledge whatsoever about the matter. For this reason, no additional documents existed apart from the official communication served on SETENA by email, a means that the institution itself also uses to respond to residents and to send notices to the developer.
Note the terms used by the community: “dialogue forums or opportunities,” “hearing” (to express our concerns), and “citizen participation.” Nevertheless, in its Report to the Constitutional Chamber, SETENA focuses on a “Public Hearing,” which is quite different and requires substantial logistical arrangements, and which was not the objective at that time.
This matter will be addressed in Chapters II and III of this Opposition Report.
The Constitutional Chamber continues, asking SETENA to respond:
5. “No opportunities for consultation or participation were ever promoted; the residents were not permitted to be heard, nor were they afforded timely access to the technical information…” This matter may be further substantiated by stating that SETENA:
➢ Showed no regard for the community’s concern before granting environmental viability, because it did not respond to the existing concern.
➢ Showed no regard for the fact that this was a pig-farming megaproject involving thousands of pigs and the possibility of expansion.
➢ Showed no regard for the fact that a lake identified by SINAC as a lacustrine wetland was involved, a matter that, incidentally, the developer mentions only in isolation in its form.
➢ Showed no regard for the large number of matters formally reported in the motion for reconsideration with subsidiary appeal.
➢ Showed no regard for the fact that the lack of timely information resulted from its own actions, including its failure to conduct field visits, one of its major responsibilities.
➢ Failed to notice that the developer violated SETENA’s own decisions by failing to install signs announcing the opening of the file and the granting of environmental viability, which plainly harmed the community, whose members had no opportunity to act more quickly before the competent authorities.
➢ Did not even consider whether the “in dubio pro natura” principle applied.
➢ Blindly trusted the information submitted by the developer.
For these and many other reasons set forth in the documents delivered to the Constitutional Chamber, the community considers that SETENA’s finding of so-called untimeliness, which was upheld by MINAE, resulted from their own actions.
The Constitutional Chamber continues, asking SETENA to respond:
6. “… nor were they given an opportunity to identify alleged inconsistencies, omissions, or instances of noncompliance in the documentation submitted by the developer.” 7. “It maintains that the environmental-assessment procedure was marked by a lack of transparency, an absence of effective citizen participation, omissions in oversight, and substantial deficiencies in the project’s environmental evaluation, for which reasons it seeks constitutional protection against the actions of SETENA and MINAE.” This matter is addressed in detail in Fact 14 and Anexo 12 to the amparo application filed with the Constitutional Chamber on 28 May 2026. It is also addressed in Chapter III of this Opposition Report.
Nevertheless:
➢ If the community had been able to access the file from the moment SETENA opened it (01 July 2025, Fact 1 of the amparo application), rather than four months later, ➢ If SETENA had fulfilled its responsibility to conduct field visits, ➢ If SETENA had timely realized that the developer failed to install the sign when the file was opened, as required by its regulations (beginning on 01 July 2025), ➢ If SETENA had not ignored all the matters identified in this Opposition Report, we, as a community, would have had an opportunity to submit earlier the developer’s inconsistencies, omissions, and instances of noncompliance, which, as stated, were identified in detail in Anexo 12 to the amparo application.
The Constitutional Chamber continues, asking SETENA to respond:
8. “It is alleged that the community was able to access the file only several months after its processing had begun.” For Granja Porcina Crucero, the following dates are recapitulated:
SETENA opened the file on 01 July 2025 (Fact 1 of the amparo application), and the community first learned of the developer’s plans on 30 September 2025 (through official communication SETENA-DT-Educa-0580-2025, Fact 4 of the amparo application), that is, four months later.
The same point bears repeating: if the developer had installed the sign when SETENA opened the file, as required by SETENA’s own regulations, and if SETENA had verified this in the field, the community would not have been placed at a disadvantage.
For Granja Porcina Santa Rita, the problem is even more serious:
The developer did not install the sign until June 2026, one year after SETENA opened the administrative file (30 June 2025, according to the notice in the file), and more than one month after environmental viability was granted.
Consequently, it is abundantly clear that the community has been left without an effective opportunity to defend its interests.
The Constitutional Chamber continues, asking SETENA to respond:
9. “One of the principal objections is that SETENA allegedly failed to comply with its own regulations concerning citizen participation and public notice of projects subject to environmental assessment.” This matter was addressed in subsections 1.1.3, 1.2, and 1.4 of this Opposition Report, as well as in Facts 11 and 12 and their Annexes to the amparo application itself.
The Constitutional Chamber continues, asking SETENA to respond:
10. “The application maintains that the installation of the informational signs required by the regulations was never verified, either during the assessment phase or after environmental viability was granted, which prevented residents and tourists from learning in a timely manner of the project’s existence and scope.” 11. “The lack of adequate signage was one of the principal factors that placed the community at a disadvantage and left it without an effective opportunity to defend its interests, because it prevented residents from learning of the project in a timely manner and from taking action to oppose or participate within the administrative time limits. It therefore again maintains that the finding that the administrative remedies were untimely was a direct consequence of SETENA’s and MINAE’s own actions and omissions.” 12. “Regarding the specific circumstances of Granja Porcina Crucero, it reports that on 14 June 2026 a resident first detected the installation of a sign relating to the project.
On that basis, it alleged that the developer installed the notice nearly one year after the administrative file was opened and approximately seven months after obtaining environmental viability. It further maintained that the sign was installed in a location that was not readily visible to most residents and tourists, specifically at the entrance to an existing dwelling within the property and far from the places ordinarily used by members of the public traveling to Laguna de Río Cuarto. In its view, this demonstrates an intention to minimize public notice of the project and once again establishes SETENA’s failure to conduct oversight (see photographic evidence submitted).” 13. “Regarding Granja Porcina Santa Rita, it states that the community learned of its existence only in early June 2026, when it observed a sign referring to the corresponding administrative file. It states that it was through that information that residents learned that SETENA and MINAE had granted, on 30 April 2026, a new environmental viability approval for another pig farm located near Laguna de Río Cuarto.
It describes as troubling the fact that the community learned of that approval more than one month after the decision was issued and nearly one year after the environmental process began, a situation it again attributed to the developer’s lack of transparency and the absence of oversight by the environmental authorities.” This matter was addressed in subsections 1.1.3, 1.4, 6, and 7 of this Opposition Report, as well as in Facts 11 and 12 and their Annexes to the amparo application itself. In addition, new information is provided in Chapters II and III of this Opposition Report.
The Constitutional Chamber continues, asking SETENA to respond:
14. “It accuses SETENA of failing to conduct field inspections to verify that compliance and of taking no action in response to those instances of noncompliance.” This matter was addressed in subsections 1.1.3, 1.1.4, 1.4, and 1.5 of this document, as well as in Facts 11, 12, and 13 and their Annexes to the amparo application itself. In addition, new information is provided in Chapter III of this Opposition Report.
The Constitutional Chamber continues, asking SETENA to respond:
15. “It further alleges that SETENA decided not to conduct any site inspection before approving the project, a decision that, in its view, was arbitrary and unreasonable because the project would be located near Laguna de Río Cuarto, an area of ecological, tourism-related, scenic, and residential importance.” 16. “It asserts that an inspection would have made it possible to evaluate matters such as the proximity of springs (nacientes), forested areas, residential developments, tourism activities, and other environmental and social factors that, in its view, were ignored during the assessment.” This matter is addressed primarily in Fact 13 and its Annex to the amparo application itself. In addition, new information is provided in Chapter III of this Opposition Report.
17. “It also maintains that the selected location is incompatible with the tourism and residential use designated in the canton’s land-use planning instruments.” This matter is addressed in subsection 2 of Fact 13 and in subsection 4 (page 20) of the official communication addressed to the Pital Subregional Head of the Sistema Nacional Areas de Conservación (SINAC), dated 19 June 2026 and also sent to the Constitutional Chamber that same day for inclusion in the case file.
Below are some considerations regarding the importance and relevance of the “land-use planning instrument” (instrumento de ordenamiento territorial): Although it is true that the Canton of Río Cuarto does not currently have a Regulatory Plan (Plan Regulador) (which is being prepared by a company hired for that purpose by the Municipalidad de Río Cuarto), under no circumstances should this Municipal Ordinance, Public Land-Use Planning Policy for the Canton of Río Cuarto, be minimized. Quite the contrary, as the document itself states, “…it is the guide for decision-making….” Below are several verbatim quotations warranting rigorous analysis by the institutions involved, particularly because it remains in force as of today, since the Concejo Municipal has not adopted any subsequent resolution repealing it: “The 1949 Political Constitution granted municipalities a broad set of powers to formulate and implement public policies, including those related to the planning of their territories.
It also granted them greater autonomy.” “This autonomy arises in direct relation to the electoral and representative nature of Local Government (Concejo Municipal and Alcaldía Municipal) and means the municipality’s capacity to establish its policies for action and investment independently, that is, with freedom from other State entities in adopting its fundamental decisions.” “Methodologically, the public policy was prepared in accordance with the public-policy directives established by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), as well as the technical guidelines on ‘Local Development Planning’ developed by the Contraloría General de la República.” “In this context, based on a set of technical, legal, and political inputs, this study formulates the ‘Public Policy’ for land-use planning and urban planning in the territories comprising the Canton of Río Cuarto.” “This public policy is based on the current legal framework and was developed from an assessment of the canton’s present situation, followed by the establishment of a development vision and the various action areas, with their respective objectives, guidelines, actions, and indicators for land-use organization and planning.
In addition, a general regional assessment was considered to harmonize the local development vision within the regional context.” “It therefore constitutes a municipal ordinance intended to guide formal land-use organization and planning processes in the canton, with a vision integrating the cultural, social, environmental, political, legal, and economic factors specific to the Canton of Río Cuarto and its position as part of the Región Huetar Norte.” “With respect to their administration, municipalities enjoy political autonomy (Article 169 of the Political Constitution), and according to the analysis of the Procuraduría General de la República (Opinion C-193-2003), ‘…this power of self-government is supplemented by the power to adopt the corporation’s fundamental decisions free from State interference (administrative autonomy) and to possess their own assets and budget for the performance of their functions (financial autonomy).’ On this particular matter, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in judgment number 6706-93, stated: ‘III).- The Chamber considers that the power granted to local governments to plan urban development within the boundaries of their territory does form part of the constitutional concept of “local interests and services” referred to in Article 169 of the Constitution.’” Accordingly, land-use organization and planning processes are an integral part of the work of establishing the municipality’s development policies and priorities, as stated in Resolution No. 05 (Unanimous Resolution) from Ordinary Session No. 140-2022 of the Concejo Municipal de Río Cuarto, Article IV, held on 28 March 2022, which determined: “Request that the Administration formulate a technical instrument to guide land-use planning and the canton’s road and urban development, beginning with the district seats.
In formulating this instrument, the Administration may obtain advice from outside consultants. Furthermore, for the formulated technical instrument to acquire the status of cantonal policy, it must be approved by this Concejo Municipal.” RESOLUTION ADOPTED UNANIMOUSLY AND FINALLY APPROVED.” This report constitutes the implementation of that request and corresponds to the Public Land-Use Planning Policy for the Canton of Río Cuarto.” “b) Official Letter OF-AL-146-2022 of 19 April 2022: Pursuant to the Resolution of the Concejo Municipal, the Alcaldía Municipal requested that the Catastro y Valoración, Control Urbano, and Unidad Técnica de Gestión Vial departments ‘…comply with the resolution adopted by the Concejo Municipal at the Ordinary Session held on 28 March 2022 and received through official letter OF-CM-0082-2022, which requests the formulation of a technical instrument to guide land-use planning and the canton’s road and urban development, beginning with the district seats; outside consultants may provide advice during its preparation.’” The underlining is not in the original.
Land-use planning and urban planning are considered functions of the State; Articles 169 of the Political Constitution and 15 of Ley de Planificación Urbana Nº4240 grant municipalities exclusive authority to plan urban development within the boundaries of their territory through the corresponding regulations. A similar condition is established by Ley Orgánica del Ambiente Nº7554 with respect to land-use planning through Article 28: “Article 28.- Land-use planning policies. It is the function of the State, municipalities, and other public entities to define and implement national land-use planning policies intended to regulate and promote human settlements and the population’s economic and social activities, as well as physical-spatial development, in order to achieve harmony among the population’s greater well-being, the use of natural resources, and environmental conservation.” For the Canton of Río Cuarto, these functions have been incorporated as fundamental elements of the “Plan de Gobierno Municipal Río Cuarto 2020-2024,” as part of the “Land-Use Planning and Municipal Infrastructure” area, and therefore constitute the institutional starting point for a series of events forming the background to the preparation of this public policy, summarized below: a) Ordinary Session No. 140-2022 of the Concejo Municipal de Río Cuarto: Pursuant to Article IV of that session, held on 28 March 2022, the need to prepare a specific cantonal land-use planning strategy was established: “The Municipalidad de Río Cuarto began operations on 8 May 2020.
Since that time, as established by the Municipal Code in its article, one of the powers of the Concejo Municipal has been to prescribe urban-planning measures in the canton. Before the Municipality began operating, the urban-planning precedent available in the canton was the Plan Regulador de Grecia. Following the repeal of that Plan, the Canton of Río Cuarto began pursuing its development solely under national regulations, such as the Ley de Planificación Urbana, the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, and the Reglamento de Construcciones. Municipal Ordinances are the rules held by each local government and are binding upon citizens. In Costa Rica, they correspond to the provisions of Article 4 of the Municipal Code, Ley Nº7794 of 30 April 1998. The Constitutional Chamber continues by requesting that SETENA address the following: 18. “She also challenges the methodology used to evaluate the project.
She argues that SETENA accepted a moderate- or low-environmental-impact classification and processed the project using a simplified assessment form when, given the farm’s size and the projected number of animals, a much more rigorous environmental impact study should have been required.” 19. “She maintains that the environmental assessment relied excessively on information supplied by the developer, without sufficient verification and without adequately considering the social component and the existing socio-environmental conflict within the community.” This issue is addressed in Fact 14 of the amparo application and its Annex 12: The First Operative Provision of the same Environmental Authorization Resolution issued by SETENA (Annex No. 7) approves the environmental measures, the recommendations from the technical studies, and the environmental-impact matrices in the D1 Environmental Assessment document.
Nevertheless, erroneous, incomplete, insufficient, contradictory, and even some information not necessarily reflecting the reality faced by the community and tourists visiting the lagoon was found. This unquestionably affected the weighting, the type of assessment to be applied, and the final decision, as demonstrated by arguments 5 through 13, on pages 15 through 28 of the Application for Revocation and Subsidiary Appeal against the Environmental Authorization (License) granted to the Pig Farm Project, Annex No. 12. The matters identified are associated with the following matrices in Form D1, for which SETENA, based on what the developer states in its sworn declaration, asserts that all requirements are met, which is incorrect: ➢ SIA Matrix-Water-Air Impacts ➢ SIA Matrix-Soil Impact ➢ SIA Matrix-Biotypes ➢ SIA Matrix-Human Impact ➢ SIA Matrix-Other Risks ➢ Basic Resources Section, which mentions, for example, the water source for this megaproject (with the possibility of expansion), whose availability is questioned in relation to the needs of the current and future population, particularly considering the provisions of the Public Land-Use Planning Policy for this area, classified as Residential and Ecotourism Development (in force and approved by the Concejo Municipal de Río Cuarto).
It is important to note that when the Application for Revocation and Subsidiary Appeal concerning Granja Porcina Crucero and the amparo application against SETENA and MINAE were prepared, the community was unaware of the existence of Granja Porcina Santa Rita. Therefore, in our view, if one pig farm warranted an Environmental Impact Study, that is all the more true now that it is known that both farms constitute a single pig-farming project or production unit (which were processed separately using simple D1 forms and sworn declarations, that is, something much less rigorous), as explained in points 1.1.1 and 1.1.2 of this Opposition Report. As the Constitutional Chamber correctly indicates in requesting that SETENA and MINAE address the allegations, a review of the existing information makes clear that the social component and socio-environmental conflict are absent. It should also be recalled that the developer failed to specify the number of pigs (it is unknown whether this was an omission or deliberate) and mentioned only the number of sheds.
In this regard, the number of pigs is mandatory and essential information for analyzing and classifying impacts, yet SETENA did not even question its absence. Considering the number of sheds and the area of each (information that is available in the case files), it can readily be calculated that, for the time being, the project involves between 4000 and 5000 pigs (without considering future expansion or modification applications using simple D1 forms, as the developer customarily submits and SETENA approves). For reference only, the pig farm located in Venecia has more than 100 000 animals). The Constitutional Chamber continues by requesting that SETENA address the following: 20. “Another matter alleged is the violation of due process. In this regard, she states that the community was left without a defense because it had no prior knowledge of the project, was not timely recognized as an interested party, could not submit observations during the proceeding, and was not afforded reasonable periods to analyze the technical documentation once it obtained access to the case file.
She maintains that these circumstances prevented effective participation and impaired the defense rights of potentially affected residents and tourists.” This issue is developed in the amparo application itself (Rights Violated, Fact 9, and Conclusions), as well as in this Opposition Report (section 1.4 and others). As will be demonstrated in Chapters II and III, SETENA does not address this allegation in depth. The Constitutional Chamber continues by requesting that SETENA address the following: 21. “She also challenges the subsequent conduct of SETENA and MINAE regarding the administrative challenges filed by the community. She states that the application for revocation of the environmental authorization was declared inadmissible because it was filed out of time and that the appeal was rejected for the same reason. She nevertheless maintains that the late filing was caused by the Administration’s own conduct, due to the lack of information, the absence of adequate public notice, and the failure to timely include in the case file the submissions made by the community.” 22.
“She also objects that both institutions ruled on those challenges outside the statutory time limits while strictly requiring citizens to comply with their time limits.” 23. “She further alleges that contradictions arose when it was subsequently acknowledged that the residents and tourists had standing to challenge the environmental authorization, even though they had not previously been considered participants in the proceeding.” This issue is addressed and supported in Facts 15 and 16 of the amparo application; however, the following should be noted: SETENA did not rule until one month after the Application for Revocation and Subsidiary Appeal against the granted Environmental Authorization was filed, in violation of Article 352 of the General Public Administration Act, which establishes a period of 8 days. MINAE, for its part, took nearly three months to respond, although the General Public Administration Act grants it 8 days (once the case file is received).
This matter is mentioned because SETENA and MINAE very diligently applied the 3-day period under Article 346, but did not do the same with respect to their own decisions. Notwithstanding the foregoing, it is important to note that the 3-day period (used as the basis for rejecting civil society’s challenge) does not apply because the late filing resulted from the acts of SETENA and MINAE themselves (with MINAE ultimately endorsing SETENA’s position). SETENA also failed to address this issue in its response to the Constitutional Chamber, among many others. The developer’s failure to post the signs and SETENA’s lack of supervision make the purported “late filing” a consequence of their own acts, as has repeatedly been stated in the documents filed with the Constitutional Chamber and in this Opposition Report. The Constitutional Chamber continues by requesting that SETENA address the following: 24.
“She further alleges that relevant documents submitted by the community were not included in the case file and that inaccurate information was provided to MINAE by indicating that certain submissions had not been received before the environmental authorization was issued.” This issue is developed in Fact 16 of the amparo application and its Annex. The Constitutional Chamber continues by requesting that SETENA address the following: 25. “She subsequently reported that, based on newly obtained information, it was discovered that the pig farms known as Crucero and Santa Rita, both located in Río Cuarto, together with an existing pig farm in Venecia de San Carlos, do not constitute independent projects, as they purportedly were processed before the environmental authorities, but rather form part of a single integrated production project. She states that SETENA and MINAE granted separate environmental authorizations for the Crucero and Santa Rita farms, even though multiple elements allegedly demonstrate functional and operational unity between them and the farm located in Venecia.
She notes that the three projects share the same developer, legal entity, legal representative, and environmental consultant. She further emphasized that the environmental authorization applications were filed only three business days apart; that the farms are located in the same province, canton, and district—except for the Venecia farm, located in a neighboring canton—and that all allegedly form part of the same pig-production chain. According to her account, the projects’ own characteristics demonstrate that integration. She indicated that the Crucero farm would be used for gestation, lactation, replacement, and weaning processes involving animals referred to as ‘grandmothers,’ while the Santa Rita farm would have multiple sheds for the gestation and weaning of ‘mother’ animals. The existing farm in Venecia, for its part, would include a full-cycle operation, a sausage factory, a pig slaughterhouse, feed production, and the preparation of meal derived from blood and bone.
Based on those complementary functions, she concluded that the three facilities would operate as parts of the same economic and productive activity. She also states that the three farms would be connected through internal roads located on properties belonging to the same developer, as well as municipal roads and national highways, forming a common logistics network for transporting animals, supplies, and products. From her perspective, this demonstrates that the environmental, social, logistical, and territorial impacts cannot be analyzed separately, but must be assessed jointly. Based on the foregoing, she argued that the environmental authorities erred by processing the projects through separate environmental-assessment forms. In her view, because they constitute a single integrated undertaking, a comprehensive environmental impact study should have been required to assess jointly all cumulative, synergistic, and regional effects of the project, including transportation routes, operational logistics, the area of influence, and the socio-environmental impacts arising from the combined operation of the three farms.
She maintained that fragmenting the project allowed an insufficient and less rigorous assessment of its actual environmental effects. This new finding reinforces the allegations of violations of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the right to citizen participation, and administrative due process, insofar as she considers that the Administration approved supposedly independent projects without adequately assessing their functional relationship and cumulative impacts. She further reiterates that this situation demonstrates deficiencies in the environmental assessment performed by SETENA and MINAE.” 26. “The submissions conclude by reiterating that the accumulation of omissions, inconsistencies, and irregularities detected in connection with both pig farms demonstrates the need for constitutional review of the challenged administrative actions. The community representative maintained that the facts presented strengthen the contention that the precautionary principle, or ‘in dubio pro natura,’ should have been applied and that SETENA and MINAE erred in allowing the projects to be processed using D1 forms supported by sworn declarations when, in her view, it had already been demonstrated that the farms form part of a single project requiring a comprehensive and much more rigorous environmental impact study.” This issue is developed in points 1.1.1 and 1.1.2, as well as Chapter II, all of this Opposition Report.
The Constitutional Chamber continues by requesting that SETENA address the following: 27. “As background, she alleges that SETENA acted negligently by failing to verify compliance with its own regulations concerning the posting of informational signs. She maintained that the institution never conducted an on-site check to determine whether the developer had posted the mandatory signs from the opening of the administrative case file or after the environmental authorization was granted, even though this obligation was expressly prescribed both by the environmental regulations and by the administrative resolution approving the project. In her view, this omission deprived the community of the information necessary to learn about the project’s existence and scope in a timely manner from its initial stages. She also again challenges SETENA’s decision not to conduct on-site inspections before granting the environmental authorization.
She notes that the arguments used to justify that decision were improper because the project involved a large pig farm planned opposite Laguna de Río Cuarto.” The issue of the signs is one of the most important because it triggered a series of matters mentioned in the amparo application, its Annexes, and the official letters subsequently filed with the Constitutional Chamber. It is also addressed in points 1.4 and 8, as well as in Chapters II and II of this Opposition Report, to examine in greater depth the acts committed by SETENA in this regard. The Constitutional Chamber continues by requesting that SETENA address the following: 28. “She reiterates that the environmental authority ignored relevant elements such as the lagoon’s proximity, its status as a lacustrine wetland recognized by SINAC, the potential environmental impacts arising from pig-farming activities, and the observations submitted by the community during the assessment process.
Had SETENA listened to civil society and properly analyzed the administrative challenges filed, it would have recognized the need for more rigorous inspections and studies.” The specific issue of the lacustrine wetland recognized by SINAC is developed in the conclusions of the amparo application itself and, in much greater detail, in point 8 (pages 31 through 36) of the official letter addressed to the Jefe Subregional de Pital del Sistema Nacional Áreas de Conservación (SINAC), dated 19 June 2026 and also submitted that same day to the Constitutional Chamber for inclusion in the case file, from which the following is taken: ➢ Ley de Biodiversidad Nº 7788 assigned SINAC authority over the “Protection and Conservation of the Use of Water Systems.” Accordingly, since its creation, SINAC has comprehensively managed biodiversity conservation and sustainability in the management of the country’s natural resources through the planning and implementation of processes involving the State, civil society, private enterprise, nongovernmental organizations (NGOs), and every individual in the country interested in and committed to building a healthy and ecologically balanced environment.
The emphasis is not in the original. ➢ Laguna de Río Cuarto is officially classified before SINAC as a lacustrine wetland, registered under Code 604. The emphasis is not in the original. ➢ The area constitutes a lacustrine wetland upon which a great diversity of wild flora and fauna depends and which protects aquifer recharge areas and provides opportunities for scientific research, recreation, and tourism. The emphasis is not in the original. ➢ Laguna de Río Cuarto, as a lacustrine wetland, is one of the water resources and ecosystems that SINAC must protect and sustainably manage through its national inventory and conservation strategies. ➢ The Estrategia Nacional de Biodiversidad establishes the importance of conserving, restoring, and sustainably using three types of ecosystems:
CHAPTER II
LEGAL CONSIDERATIONS IN RESPONSE TO THE REPORT SUBMITTED BY SETENA
Methodological Note This section develops, from the perspective of Costa Rican public and environmental law, the legal arguments supporting the position of the amparo applicant (the community, residents, and tourists of Río Cuarto) in response to the report submitted by SETENA through official letter CARTA-SETENA-SG-0738-2026. It does not constitute an impartial opinion on the dispute, but rather a technical and legal counterargument prepared as an aid for defending that position before the Constitutional Chamber and, where relevant, before the Municipalidad de Río Cuarto.
It cites the legislation in force at the time of its drafting (Political Constitution; Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554; Ley de Biodiversidad, N.° 7788; Ley Forestal, N.° 7575; Ley General de la Administración Pública, N.° 6227; Ley de la Jurisdicción Constitucional, N.° 7135; and the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Decreto Ejecutivo N.° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in force since 19 April 2023), as well as settled case law from the Constitutional Chamber.
1. Introduction The report submitted by SETENA is structured around three defensive pillars: (i) that the availability of the case file on a digital platform is, by itself, equivalent to compliance with the rights of access to information and citizen participation; (ii) that the omission of an on-site inspection and public hearing was a validly reasoned discretionary decision; and (iii) that the use of the D1 instrument with a Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, D1+DJCA) was the “objective” result of the Environmental Impact Significance Matrix (Matriz de Significancia de Impacto Ambiental, SIA), with no fragmentation of projects or procedural defect.
As developed below, each of those three pillars rests on a partial reading—and, at certain points, one contradicting SETENA’s own administrative case file—of the applicable legal framework. The right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution) is not satisfied by the merely formal existence of access and participation mechanisms. Rather, it requires their effective, timely, and substantive exercise under a heightened standard of protection that the Constitutional Chamber itself has characterized as an “inescapable general principle” not subject to general exclusions.
2. Regulatory Framework and Governing Principles Omitted or Undervalued by SETENA’s Report 2.1 The Right to a Healthy Environment Requires Active, Not Merely Formal, Protection (Article 50 of the Constitution) “The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country [...]. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that infringe that right and to claim compensation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.” — Article 50, second through fourth paragraphs, Political Constitution.
The operative verbs in the provision—guarantee, defend, preserve—describe active obligations of the State, not a duty merely to refrain from acting or simply to make information available. The Constitutional Chamber has characterized the protection afforded by Article 50 as a “fundamental right of every person” that “operates as an inescapable general principle, such that in this field it is not possible to establish general exceptions exempting compliance with environmental obligations, because doing so risks stripping the guarantee of a State response in defense of the environment of its constitutional character” (Voto N.° 1220-2002, at 14:48 on 6 February 2002). Similarly, when the Administration excludes a project from environmental assessment or reduces the rigor of that assessment, such exclusion “presupposes that such a determination is duly reasoned and justified” (Voto N.° 12100-03).
SETENA’s report does not satisfy that standard: its “four reasons” for omitting the on-site inspection are formulaic statements that do not engage with the specific—and contradictory—information contained in the administrative case file itself.
2.2 Precautionary Principle or In Dubio Pro Natura (Article 11 of Ley de Biodiversidad, N.° 7788; Constitutional Case Law) “Precautionary criterion or in dubio pro natura: Where there is a danger or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protective measures.” The Constitutional Chamber itself articulated this criterion as early as Voto N.° 5893-95, in which it held that “a preventive attitude must exist in the protection of our natural resources [...] precaution and prevention must be the governing principles.” The precautionary doctrine does not require conclusive proof of harm before activating the State’s protective action; it requires precisely the opposite: uncertainty—including uncertainty generated by incomplete or contradictory information provided by the developer itself—must be resolved in favor of environmental protection and not in favor of the avenue subject to the least scrutiny.
In the case at hand, the uncertainty regarding the project’s actual impacts does not arise from a lack of external scientific studies, but from the developer’s own responses on Form D1 (omission of the number of pigs, denial of effects on flora and fauna, and denial of odor generation despite plans for biodigesters and the subsequent reuse of effluent for irrigation). In the face of that uncertainty, which was created by the developer itself, the precautionary criterion required SETENA to resolve the doubt in favor of the more rigorous assessment instrument, not the less rigorous one.
2.3 Environmental Citizen Participation: Distinction Between the Public Hearing (Discretionary) and the Duty to Weigh Observations Already Submitted (Mandatory) SETENA’s defense rests primarily on the discretionary nature of the public hearing (Article 65 of the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Decreto N.° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC). That point is not disputed: Article 65 does, in fact, refer the matter to SETENA’s discretionary technical assessment. SETENA’s report, however, decisively omits two provisions from the same Chapter IX (“Citizen Participation”) of the Regulation that are not discretionary:
“Article 61.- Citizen participation. It is the set of mechanisms that make it possible to channel communication among the developer, the citizenry, and the environmental authority. Its purpose is to ensure that individuals have the necessary, suitable, and timely environmental information concerning the activity, work, or project to be developed and its possible impacts, with the power to act in defense and protection of the environment by submitting reasoned observations during the Environmental Impact Assessment process. These shall be included in the case file and evaluated in the final decision issued by SETENA.” “Article 62.- Citizen participation in Environmental Impact Assessment and environmental monitoring. Natural or legal persons [...] shall have the opportunity to analyze, express opinions, make inquiries, and file complaints at any stage of the Environmental Impact Assessment process [...].
Complaints, oppositions, or observations submitted during the Environmental Impact Assessment process shall be considered in the final decision, pursuant to Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente.” Unlike Article 65, these two provisions allow no discretion whatsoever: they establish a mandatory result (“shall be included,” “shall be considered in the final decision”) applicable “at any stage of the Environmental Impact Assessment process,” without distinguishing among types of instruments (D1+DJCA, D1+P-PGA, or D1+EsIA).
Article 6 of the Ley Orgánica del Ambiente reinforces this interpretation by providing that “the State and municipalities shall promote the active and organized participation of inhabitants [...] in decisions and actions intended to protect and improve the environment.” The Secretariat itself implements this mandate through regulation by means of the mechanisms—not limited to public hearings—under Article 64 of Decreto 43898 (appearances, consultation of case files, responses to inquiries, reasoned written observations, and complaints).
The official letter submitted to SETENA on 29 September 2025, signed by more than 250 residents and tourists and expressly copied to that Secretariat, constitutes, at a minimum, a “reasoned written observation” and a statement of opposition under Article 64, subsections f) and g), submitted 35 days before the environmental authorization was granted. Its complete omission from the “Background” section of Resolution N.° 1628-2025-SETENA and from the amparo report itself is not a minor formal defect: it is a failure to comply with an express and nondiscretionary legal duty.
2.4 Principle of Good Faith and Prohibition Against Contradictory Conduct (Venire Contra Factum Proprium) SETENA’s report invokes the existence of a “public” digital platform as proof of transparency while simultaneously maintaining—in its response to MINAE dated 6 May 2026 (official letter CARTA-SETENA-SG-0527-2026)—that the September 2025 documentation “was not received” or “addressed to SETENA.” Both assertions cannot be maintained simultaneously with respect to the same case file: if the information submitted by the community on 29 September 2025 was, as stated in the community’s own letter, expressly copied to SETENA, then the Secretariat had timely knowledge of it, and its subsequent silence concerning that document—both in the environmental-authorization resolution and in its response to MINAE—constitutes contradictory administrative conduct that the legal system does not protect.
Article 10, subsection 1), of the Ley General de la Administración Pública (LGAP) requires that an administrative provision “shall be interpreted in the manner that best guarantees the public purpose it serves, with due respect for the individual’s rights and interests.” An Administration cannot invoke the transparency of its platform to excuse itself while simultaneously denying that it received a direct communication concerning the same matter.
2.5 Duty to Ascertain the Substantive Truth of the Facts (Articles 214.2 and 297 LGAP) The status of Form D1+DJCA as a “sworn declaration” places primary responsibility for the truthfulness of the statements upon the developer and its environmental consultant (Article 16 of Decreto 43898), but it does not relieve SETENA of its duty to investigate and ascertain the substantive truth, enshrined in Article 214.2 of the LGAP. This is particularly so where—as occurred here—the Secretariat itself detected, through its own deficiency notices, inconsistencies in the information provided (the omission of the number of pigs; the contradictory response regarding odor generation, in which the developer initially denied any air pollution and later, in response to SETENA’s notice, acknowledged the use of biodigesters and the reuse of effluent “for irrigation and soil improvement”).
Faced with those contradictions, which the technical authority itself detected, the duty to ascertain the substantive truth is not exhausted by requesting a written clarification: it requires assessing whether the clarifying response is itself legally satisfactory in light of the substantive regulations governing wastewater management, odor control, and protection of surface water bodies.
2.6 Principle of Environmental Non-Regression and Correlation Between Site Fragility and the Rigor of the Assessment Instrument Decreto Ejecutivo N.° 43898 itself—the regulation SETENA invokes as the basis for its entire defense—contains two statements of principle in its “Reasons” that the Secretariat does not weigh in its report:
“X. That the Environmental Impact Assessment must focus more on the fragile conditions of the areas where projects are proposed than on the magnitude of the projects [...].” — Reason X, Decreto Ejecutivo N.° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
“XI. [...] streamline their content without impairing the EIA process and without resulting in environmental regression.” — Reason XI, Decreto Ejecutivo N.° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
These two reasons are the keystone of the counterargument: the regulation itself recognizes that streamlining procedures cannot result in an actual reduction in environmental protection (“without resulting in environmental regression”) and that the decisive criterion for calibrating the rigor of the assessment must be the fragility of the site, not exclusively the project’s nominal magnitude measured in square meters of construction.
According to SETENA’s own GIS Form (DEA-SIG-FORM-VPEIA-0083-2025), the “Granja Porcina Crucero” property is located less than 86 meters from Laguna de Río Cuarto—a lacustrine wetland registered with SINAC under Code 604—with secondary forest cover (cobertura de bosque secundario), concessioned springs (nacientes) within and near the property, and in an area that the “Municipal Ordinance, Public Land-Use Planning Policy for the Canton of Río Cuarto” itself classifies as an Ecotourism Development Zone and a Tourism Residential Zone. Under any reasonable interpretation of Reason X of Decreto 43898 itself, this is a site of high environmental fragility, which called for—and did not rule out—an assessment of greater technical rigor, rather than the least demanding avenue under the legal framework (D1+DJCA).
2.7 Enhanced statement of reasons for discretionary acts (Articles 132 and 136 LGAP) Article 136.1(a) of the LGAP requires a statement of reasons—“with at least a brief reference to its grounds”—for every act that “limits, extinguishes, or denies subjective rights,” and subsection (e) also requires it for “discretionary acts of general scope.” The decision not to conduct a field inspection or convene a public hearing, in the case of a project that affects an entire community’s collective right to a healthy environment and the area’s tourism activity, had to be supported by a statement of reasons displaying the same rigor required for any act affecting fundamental rights, rather than by the four generic phrases, repeatable in any case file, contained in Resolution N.° 1628-2025-SETENA (“the nature of the project,” “the project’s compatibility with its surroundings,” “the environmental-impact significance obtained,” and “the conclusions of the studies [...] do not identify specific indications”). In the text of the resolution, none of those four reasons was assessed against the information—already in SETENA’s possession—concerning the residents’ opposition documented since September 2025.
CHAPTER III
ANALYSIS AND CONSIDERATIONS CONCERNING SETENA’S REPORT TO THE CONSTITUTIONAL CHAMBER
As a frame of reference for this Chapter III, the same verbatim quotations and sequence used by SETENA to introduce each topic will be used; thereafter, under the heading “The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber,” we provide our contribution to assist in reaching the proper decision.
FIRST: Legal Considerations Concerning the Nature of the Environmental License and SETENA’s Powers.
The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber SETENA and MINAE are correct in stating that the environmental feasibility approval (Viabilidad Ambiental) is a preliminary and preparatory administrative act. Nevertheless, at the national level, when SETENA grants an environmental feasibility approval, this has considerable significance because it is understood that there was a serious and exhaustive analysis of all the elements or variables that, given the type of project, work, or activity, were considered in granting it—something that definitely did not occur in this case.
Indeed, its powers are strictly delimited by the Ley Orgánica del Ambiente and the regulations in force at the time of the assessment, as they state, but unfortunately they disregarded those powers, as demonstrated in the amparo application and by the elements cited in this Opposition Report, for example, points 1.2, 1.4, 1.5, and 1.6, among many others.
Regrettably, in this case involving pig farms with thousands of pigs, those technical instruments based on scientific criteria were not properly applied or, more accurately, did not work. As has been demonstrated, there was a lack of analysis, study, rigor, and field verification of numerous matters, as well as a lack of site visits and interaction with the affected residents, among many other matters that SETENA either fails to address or addresses only very superficially before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional).
The community understands that this is a preparatory act, but one that is fundamental to subsequent decision-making by other institutions; hence the importance of granting an environmental feasibility approval. The approval at issue, however, has numerous deficiencies, which are precisely what prompted the application to the Constitutional Chamber to enforce our rights.
SETENA makes the serious error of failing to analyze the substance of the matter. Similarly, for lack of arguments, its report does not examine in depth the complaints that the Constitutional Chamber appropriately asked it to address or discuss.
It is striking that SETENA states that “...the institution lacks the legal authority to issue final construction or operating permits...” as though the community did not understand this. That is not what the amparo applicants are challenging with respect to SETENA and MINAE. Rather, the issue is that the Municipalidad de Río Cuarto could, as the case may be, grant that construction permit based on an environmental feasibility approval—among other requirements—that is replete with omissions, errors, inconsistencies, and instances of noncompliance, as noted in the various documents submitted to the Constitutional Chamber. Unfortunately, SETENA and MINAE once again fail to acknowledge this, despite the evidence presented to them.
One of the matters specifically challenged by the community is the “assessment instrument used,” which was addressed at length in the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio) and in this amparo application. Nevertheless, SETENA’s report to the Constitutional Chamber neither examines nor even addresses this matter, which once again demonstrates its lack of interest in examining the errors, omissions, inconsistencies, and instances of noncompliance that were identified. It simply evades the matter—relying on untimeliness that SETENA itself caused—as though this were not among its responsibilities as defined in the Ley Orgánica del Ambiente itself:
Finally, when the “impacts” are unclear and were not properly defined, as in this case, it is to be expected that the prevention, mitigation, or compensation measures will bear no relation whatsoever to the construction of a mega pig farm with thousands of pigs across from Laguna de Río Cuarto. It is regrettable that SETENA clings to the assertion that it did everything correctly and does not even question or conduct an exhaustive review of what was reported, which may lead to harm that, as SETENA itself states, would be “impossible to remedy in the environment.” The community would add to this phrase: “impossible to remedy in the socio-environmental and tourism spheres.” SETENA’s assertion is surprising, as it appears not to have noticed that it granted the environmental feasibility approval for Granja Porcina Crucero on 03 November 2025 and did not open the Digital Environmental Log (Bitácora Digital Ambiental) until 23 June 2026, even though the developer has spent practically all of 2026 carrying out activities forming part of the project that SETENA approved, according to SETENA’s own resolution, as demonstrated in point 1.4 of this Opposition Report.
The community has not seen the “rigorous compliance” mentioned by SETENA.
SETENA states the following in its report responding to the Constitutional Chamber: “...the enforceability of which is determined according to the nature and risk of the project...” Nevertheless, it is important to recall that we are discussing a “Mega Pig Farm Project with thousands of pigs across from Laguna de Río Cuarto,” a matter that SETENA completely minimized.
As to risk, it is surprising that, through Technical Report NF-TEC-DT-DEA-0925-2025, SETENA accepts the developer’s statement—another matter that was also reported—concerning “g) Potential sources of AOP risks for the work to be developed and its occupants” (page 5), quoted verbatim: “The form states that there are No potential AOP risk sources,” for which the compliance level merely states “complies.” It is clarified that AOP means Activity, Work, or Project (Actividad, Obra o Proyecto):
It is clear that the developer’s failure to activate the Environmental Log (Bitácora Ambiental) may even result in the suspension or revocation of the environmental feasibility approval granted, as stated. How, then, are the following associated dates and activities to be understood? They were addressed in point 1.4 of this report and were overlooked by SETENA:
➢ 03 November 2025: the environmental feasibility approval is granted (according to the case file) ➢ 23 June 2026: the Environmental Log is activated (nearly 8 months later) ➢ Year 2026: earthworks (movimientos de tierra) and terrace formation are completed—a stated preconstruction activity—along with the hauling of material, the formation and construction of an extensive network of internal access roads, and certain associated facilities, among other activities (Photographs No 1, No 2, No 3, and No 4, as well as Figure No 4).
Accordingly, where has SETENA been during this year, 2026?
SECOND: General Information About the Project The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber There are no comments, as this is the same information that can be obtained from the case file.
THIRD: Concerning What the Chamber Requested in Relation to (sic) Matters Directly Concerning SETENA As a frame of reference for this section, the same verbatim quotations and sequence through which SETENA responds to each matter before the Constitutional Chamber, under the title “Response to the Allegations,” will be used; under the heading “The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber,” we provide our contribution to assist in reaching the proper decision.
SETENA states (regarding allegation 1):
“The case file at issue is digital and is available to the public on SETENA’s digital platform, which regulated parties may access at any time. This Secretariat makes all submitted case files available for public consultation, including both the documentation and the Case File Viewer, through which the public may search by geographic location. This is one of the technological tools implemented by the institution to provide transparency in the procedures within environmental impact assessment processes. Case file No. D1-0587-2025 was submitted to this Secretariat on 01 July 2025 and has been visible for public consultation since that date.” The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber SETENA maintains that case file D1-0587-2025 “is digital and is available to the public” as of 01 July 2025, and that this is sufficient to rule out a violation of the right of access to information. This argument must be rejected for the following reasons:
1. It confuses passive disclosure with effective participation. The right of access to environmental information is not an end in itself: it serves the substantive right to a healthy environment and the right to participate (Article 50, third paragraph, of the Constitution; Principle 10 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development). The fact that a case file exists on a server does not ensure that a person with no prior knowledge of the proceeding’s existence—precisely the situation reported here—will find it. To address that gap, the regulations (Article 43.5) provided an active-disclosure mechanism—the informational sign at the site—noncompliance with which is analyzed in this same section.
2. It ignores the fact that SETENA had actual and documented, rather than merely hypothetical, knowledge of the community’s concerns. The letter of 29 September 2025, bearing 255 signatures and sent to the Municipality with SETENA expressly copied, was received 35 days before Resolution N.° 1628-2025-SETENA was granted and during the phase that the Secretariat itself describes as “technical analysis.” Thus, the issue is not that SETENA should have predicted future opposition, but that it should have assessed opposition that had already been expressed and was in its possession. Its complete omission from the “Background” section of the feasibility approval resolution is a defect in the statement of reasons, not a defect that can be cured merely by the existence of the digital platform.
3. The duty under Article 62 of Decreto 43898 to weigh, in the final act, the “observations” received “at any stage” of the process makes no distinction based on the type of assessment instrument and therefore also applies to the D1+DJCA. SETENA cannot rely on the fact that this instrument “does not require specific community-participation processes” (Guía D1+DJCA, Anexo 4) to evade a general duty under the regulations that is not conditioned on the instrument applied.
4. SETENA’s response to the Municipality on 20 January 2026 (official letter SETENA-DT-EducA-0025-2026)—directing the interested party to appear physically at its facilities, warning that “SETENA does not provide photocopying services,” and stating that copies “must be arranged and paid for” by the interested parties—illustrates precisely the model of passive transparency and the shifting of the burden to the regulated party that Costa Rican constitutional doctrine does not accept as a substitute for the State’s duty to provide timely, suitable, and comprehensible information (Article 61 of Decreto 43898 itself).
The case file is indeed digital and can be accessed at any time, as SETENA states. Nevertheless, the community learned of the matter through the announcement of 30 September 2026 (Fact 4 of the amparo application), that is, as much as four months after the corresponding case-file number was assigned. Civil society attributes responsibility for this to SETENA because it did not ensure that the developer posted the informational sign required by SETENA’s own regulations. This demonstrates two things: 1) the developer and SETENA had been engaged in procedures and exchanging information for an extended period; and 2) the community was clearly placed in a state of defenselessness during a period of uncertainty and lack of information.
Most importantly, SETENA’s report to the Constitutional Chamber also completely avoids addressing Resolution 1834-2016-SETENA of 29 September 2016, which remains in force today (as can be confirmed at the URL https://www.setena.go.cr/es/Nosotros/Marco-Juridico, where it appears as item 4 in the Agreements and Resolutions subsection of the Legal Framework section of SETENA’s official website). In conclusion, SETENA has not, as of this date, repealed or amended the provisions of the FIRST OPERATIVE PARAGRAPH of the Resolution, which, even “today,” continues to appear as part of the legal framework applicable by SETENA, as noted:
Moreover, how did SETENA expect the community to access the case file at that time “by geographic location,” as it now claims, when even such basic information as the name of the developer or of the pig farm itself was unknown? In other words, there was a total lack of knowledge, which is why the initial steps were directed to the Municipality and SETENA itself, as stated (Facts 2 and 3 of the amparo application).
All of this gives the sign for Granja Porcina Crucero—to cite one example—such importance for civil society as of the time it was assigned a case-file number (01 July 2025), because this is one of the many complaints presented to the Constitutional Chamber.
SETENA is clearly unable to justify its conduct.
SETENA continues (regarding allegation 1):
“The instrument determined according to the Environmental Impact Significance Matrix (SIA) was a D1 as an Affidavit of Environmental Commitments (D1+Affidavit of Environmental Commitments, D1+DJCA), an instrument for which submission of a Socioeconomic Study is not required, although the channels always remain open for appearing in the case file and requesting public consultation, as well as review of the documentation submitted by the Developer and the Environmental Consultant.” The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber It is clear that SETENA relies on the information supplied by the developer and on its own analysis conducted from San José, accepting as valid the conclusion that the appropriate instrument is a D1 as an Affidavit of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), for which, according to SETENA, submission of a Socioeconomic Study is not required. That conclusion has been extensively rebutted by the community in this amparo application, its annexes, and subsequent official letters.
It is incomprehensible that SETENA persists in defending its own conduct and that of the developer without demonstrating to the community—and, above all, to the Constitutional Chamber—that we are wrong. Quite simply, SETENA did not respond and seeks to justify its analysis without any meaningful arguments.
It is also contradictory for SETENA to state that “...the channels always remain open for appearing in the case file and requesting public consultation, as well as review of the documentation submitted by the Developer and the Environmental Consultant,” when the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal was rejected as untimely according to SETENA, even though that untimeliness resulted from SETENA’s own acts.
SETENA continues (regarding allegation 1):
“As part of the Initial Assessment analysis of the case file, two official requests for additional and clarifying information were issued, and the documentation was submitted on time and in compliance with the regulations. Likewise, Environmental Feasibility Resolution N° 1628-2025-SETENA was served on 6 November 2025, and throughout the case-file analysis process, no official means recorded receipt of any person’s appearance in the proceeding.” The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber The community has repeatedly stated that it was clearly placed in a state of defenselessness for a period of four months, from the opening of the case file until we learned that a proceeding concerning a pig farm was underway before SETENA.
It is unclear which official letters SETENA is referring to when it states that they were submitted on time and in compliance with the regulations.
We have also repeatedly stated that SETENA disregarded the email and official letter identified in Facts 2, 3, and 4 of the amparo application while conducting what it calls the Technical Analysis. The public officials responsible for that Technical Analysis had prior knowledge of the community’s uncertainty and lack of information. That cannot and must not now be justified by claiming that “...no official means recorded receipt of any person’s appearance,” particularly when a megaproject involving thousands of pigs across from a lacustrine wetland was undergoing technical analysis.
SETENA continues (regarding allegation 1):
“It should be clarified that, as part of the public-participation mechanisms, it was determined that no public hearing would be held, first because this is discretionary for SETENA and, in addition, because the Environmental Assessment process did not technically identify a high level of social or environmental conflict surrounding the project, without overlooking the fact that none of the parties interested in the project requested one.” The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber To rebut this section, it is important to consider that SETENA itself uses the specific term “Public Hearing,” whereas the community was requesting “roundtables or forums for dialogue,” a “hearing” to express our concerns, or “public participation.” Nevertheless, let us use that term and accept that holding a public hearing is “discretionary for SETENA.” The issue is why SETENA did not hold one when, while preparing the Technical Analysis, it learned of the concerns about environmental and public-health matters arising from the apparent establishment of a mega pig farm for thousands of pigs near tourist sites, healthcare facilities, and homes adjoining the site (Fact 2 of the amparo application).
Had an Environmental Impact Study—which was what truly applied even to a single pig farm, particularly now that there are several—been conducted, the applicable regulations would have required the public hearing.
As for the other reason, namely that “the Environmental Assessment process did not technically identify a high level of social or environmental conflict surrounding the project,” how could SETENA have identified it when it never visited the area, there was no transparent communication with civil society concerning what was being processed and intended for construction, there was uncertainty and a lack of information, and this was not just any project but nothing less than a pig farm with thousands of pigs, among many other factors?
Furthermore, SETENA does not clearly explain how it identifies, calculates, or measures what it calls a “high level of social conflict,” when in only four days 255 people expressed the same concern, and their signatures formed part of the announcement sent to SETENA (Fact 3 and its Anexo 3 of the amparo application).
This type of project and its surrounding circumstances cannot be ignored or minimized by an institution that should safeguard the environment and the socio-environmental setting.
SETENA continues (regarding allegation 1):
SETENA continues to refer to the “Public Hearing,” stating as follows:
“...SETENA, in view of the magnitude of the potential environmental impact, shall determine, following a technical assessment of the circumstances involved in its conduct, whether it is necessary to hold it. If SETENA decides not to hold the requested public hearing, it must determine the mechanism through which it will receive observations.” Emphasis not in the original The question we ask today is: what and where is that technical assessment? SETENA does not provide it; it merely says that one exists.
Nevertheless, the substantive issue for the community is not the so-called public hearing as such; we have not even used that term. Rather, the issue is that we would have wanted greater transparency and interest from SETENA when it was informed of the circumstances in which we found ourselves. SETENA simply disregarded us. Transparency and interest would have allowed us to interact with SETENA’s technical team, respectfully express our concerns, and show them the elements that were wrong and should have been corrected during the process once they had been studied. In other words, we sought simple communication with the interested parties and those who would be harmed in the future, not necessarily the holding of a “Public Hearing,” which, in any event and according to SETENA itself in its current response to the Constitutional Chamber, was not warranted in its view.
Neither the case file nor, still less, SETENA’s response to the Constitutional Chamber makes clear how SETENA assessed the matter or what criteria the institution used to state that “...a high level of social or environmental conflict surrounding the project was not identified...” What does a high level of conflict mean to SETENA when all that existed was misinformation and uncertainty?
In its response to the Constitutional Chamber, SETENA continues to address the public-hearing issue. As already discussed, however, other elements must be considered in relation to the interaction with the community that should have occurred.
SETENA also cites the public-participation mechanisms (Article 64). Nevertheless, it did not act diligently with respect to two of them—specifically, “Responses to inquiries and substantiated written observations”—particularly when it was conducting its Technical Analysis with a view to granting the environmental feasibility approval.
Were the matters stated in Facts 2 and 3 of the amparo application not sufficient for SETENA to pause and proceed differently, particularly given the elements existing at that time and the fact that this was a megaproject of these characteristics involving thousands of pigs?
In its report to the Constitutional Chamber, SETENA attempts to justify its conduct and that of the developer, this time relying on the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which, according to SETENA, “does not establish that specific community-participation processes must be conducted, in accordance with Anexo 4 GUIA D1+DJCA of the aforementioned decree.” It is regrettable that, with all the following at stake—(a) a megaproject such as this one; (b) a lagoon identified as a lacustrine wetland; (c) an affected community; (d) a canton oriented toward ecotourism; (e) a land-use planning policy of which SETENA became aware through the Motion for Reconsideration; (f) a geopark; and (g) prior knowledge of the community’s circumstances, among many other factors—SETENA simply disregarded everything. It relied on what the developer submitted and on its own “analysis,” conducted without visiting the site, and ultimately granted the environmental feasibility approval, rejecting the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal as supposedly “untimely.” Worse still, the Constitutional Chamber gave SETENA an opportunity to address each complaint submitted by the community, yet SETENA justifies its conduct by asserting that everything is correct.
The manner in which SETENA and MINAE have acted in connection with this project, as well as the numerous omissions, errors, inconsistencies, and instances of noncompliance that have occurred during the process and have been identified in the documents submitted to the Constitutional Chamber, appear to us to provide grounds for rejecting the arguments of those two institutions.
In addition, and to reinforce the matter from a legal standpoint, the discretionary nature of the public hearing (Article 65 of Decreto 43898) is not disputed as a matter of the regulatory text. What is challenged is the exercise of that discretion:
1. Administrative discretion is not synonymous with arbitrariness. Article 15.1 of the LGAP subjects discretion—even in the absence of an express law governing the particular case—“to the limits imposed expressly or implicitly by the legal system, so that its exercise is efficient and reasonable.” A discretionary decision adopted while disregarding a relevant fact already known to the decision-making body—the opposition documented since September 2025—does not satisfy that reasonableness standard.
2. In light of the case file itself, the assertion that “a high level of social or environmental conflict was not identified” is an unsupported conclusion: when it issued its decision, SETENA had in its possession a letter signed by 255 people that expressly warned of “possible environmental, health-related, tourism, and social impacts” and requested forums for dialogue with SETENA itself. The absence of conflict can hardly be maintained when direct evidence to the contrary exists in the case file itself.
3. Regardless of the outcome of this point, the duty under Article 62—the mandatory weighing of observations—remains entirely intact, as explained supra, even if SETENA had reasonably decided not to convene a public hearing.
SETENA continues (regarding allegation 1):
“Nevertheless, correspondence bearing sequence number 0777-2026 and dated 19 January 2026 was received by this Secretariat, comprising official letter No. OF-AL-007-2026, through which the Municipalidad de Río Cuarto requested the following information from SETENA:” “This request was addressed through official letter No. SETENA-DT-EducA-0025-2026, dated 20 January 2026, which stated as follows:
The public and institutions are informed that open and effective means are available for accessing all case files, as they are public and SETENA places the case-file layer on its website, which is updated every month or every two months so that users may review the files and search for the information they require. A public viewer is available where the case-file point layer may be reviewed at the following link: https://tramites.setena. go.cr/Visor .
Regarding information from case-file documents, you are advised that administrative case files at SETENA are public and may be reviewed by the user on the digital platform: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes or, in the case of physical files predating 2018, by submitting a prior request to the Institutional Archive at the email address ...02. They will inform you when the requested administrative case file is available so that you may appear at the facilities and review it (SETENA does not provide photocopying services), and if copies are required, they must arrange and pay for them.
Accordingly, the requested information is available on the website: https://tramites.setena.go.cr/Consultapublica/” The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber:
It should be noted that SETENA’s response is addressed to the Municipalidad de Río Cuarto, not to the community representatives, who were not even copied and whom SETENA had known about since 29 September 2025 (Facts 2 and 3 of the amparo application).
It should be noted that the Municipality submitted its inquiry on 15 January 2026, that is, slightly more than two months after the environmental feasibility approval was granted on 03 November 2025.
It should also be noted that the Municipality itself clearly requested “...a technical opinion concerning the observations, consideration, relevance, and application of the municipal ordinance in view of the environmental feasibility approval granted to the project known as Granja Porcina Crucero...” Nevertheless, official letter No. SETENA-DT-EducA-0025-2026, dated 20 January 2026, does not address this matter at all.
Another notable fact arising from the official letter mentioned by SETENA in its Report to the Constitutional Chamber is that the community representatives did not learn of SETENA’s response, since there is no indication that we were copied. Most surprisingly, when we accessed the digital case file to learn what SETENA had told the Municipality, we discovered that the response had been added precisely one day before SETENA submitted its report to the Constitutional Chamber, namely on 29 June 2026—five months later—as shown in the following image from the online site.
Accordingly, we ask: how is the community protected against such actions, which, it bears noting, have been repeated throughout this process?
SETENA states (regarding allegation 2):
“As part of the requirements for submitting case files, the Developer must submit georeferenced shape-format files so that the geospatial analysis may be conducted using the official layers verified in the SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT). After reviewing the information contained in administrative case file No. D1-0587-2025-SETENA and applying the project-location procedure using coordinates in the Geographic Information System maintained by this Secretariat, thereby complying with Resolution No. 1661-2011-SETENA, the Environmental Assessment Department determined that no field inspection would be conducted. The following additional elements support the decision not to conduct a field visit:
1. The nature of the project.
2. The proposed project’s compatibility with its surroundings.
3. The environmental-impact significance obtained in Environmental Assessment Document D1.
4. The conclusions of the technical studies attached to the assessment instrument do not identify specific indications that must be examined in greater depth and verified through a field inspection.” The community’s considerations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber:
Before reviewing the arguments previously presented in the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal and in this amparo application, the following additional elements are noted:
SETENA justifies the absence of a field inspection on four grounds: (1) the nature of the project; (2) the project’s compatibility with its surroundings; (3) the environmental-impact significance obtained in the D1; and (4) the fact that the conclusions of the attached studies “do not identify specific indications that must be examined in greater depth.” All four grounds are circular and are disproved by SETENA’s own case file:
1. Grounds (2), (3), and (4) depend entirely on information self-reported by the developer, the reliability of which is precisely what is in dispute. A desk-based geospatial analysis—however accurate it may be regarding coordinates, forest-cover layers (capas de cobertura forestal), and water concessions—cannot verify qualitative assertions such as “does not generate odors,” “does not affect wildlife,” or “does not affect flora,” all of which require on-site verification. Through its deficiency notices, SETENA itself found that the project’s original design did not comply with the protection radius surrounding a spring (naciente) under concession within the property, requiring the developer to modify the site design and the project area from 8 637,6 to 9 422,6 m². That finding—which arose from SETENA’s own GIS analysis—constitutes, by definition, a “specific indication” that had to be verified in the field, not confirmation that “no specific indications exist.” 2.
The project’s location—less than 90 meters from a lacustrine wetland registered with SINAC, with secondary forest cover documented by SETENA’s own INF-SINAC 2023 analysis, and in an area classified by the Municipality as intended for ecotourism and tourism-related residential use—constitutes, in light of Reason X of Decreto 43898, which establishes site fragility as a guiding criterion, a situation in which field verification was necessary rather than dispensable.
3. Article 51 of Decreto 43898 authorizes SETENA to conduct inspections “when required by the environmental implications of the activity, work, or project.” A pig-farming project of the scale described in Resolution N.° 1628-2025-SETENA itself—gestation, lactation, replacement stock, and weaning in multiple sheds; two biodigesters; a sludge lagoon; a drying bed; two facultative lagoons; and one anaerobic lagoon—is, by its nature and by the amount of effluent-treatment infrastructure it requires, a paradigmatic instance of an “environmental implication” activating that authority.
The community does not dispute that SETENA must conduct a “geospatial analysis” as part of its procedure. What is troubling and unacceptable is that SETENA relied exclusively on what the developer submitted, grounding its decision not to conduct the field visit on the four reasons stated above. Those reasons were specifically rebutted in the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal—which SETENA says was rejected as untimely—and in this amparo application. SETENA likewise does not address these matters in its response to the Constitutional Chamber, but they warrant review (Fact 13 of the amparo application), quoted verbatim:
1. “Because of the nature of the project”: This argument is unacceptable to the community and tourists because it concerns a potential development for thousands of pigs, located directly across from Laguna de Río Cuarto and close to a residential development extending from Crucero to the boundary of the property owned by the developer.
SETENA did not question the impact on tourism, the effects on the landscape, the spread of offensive odors, the pigs’ constant noise, or their transportation—which would damage the existing public road and contaminate it with pig feces and urine that fall onto the road and drain, among other places, into Laguna de Río Cuarto—nor did it question the spread of flies, among many other effects.
2. “Because of the project’s compatibility with its surroundings”: This argument is considered extraordinary because, had SETENA chosen to visit the site, it would have noticed the pig project’s proximity to:
2.1 Laguna de Río Cuarto and the existing tourism development, where, according to information provided by the Asociación de Desarrollo Integral de Río Cuarto ADI—which likewise opposes the pig project at that location—an average of 3000 tourists arrive each month to enjoy the site and its natural environment.
2.2 The forested area adjoining Dirección02.
2.3 The location of several springs, some of them at or near the 200-meter boundary, according to unofficial information supplied by local residents familiar with the property, or located on the property itself.
2.4 The existing residential development, among other features.
As stated on the sign located at one of the Laguna de Río Cuarto overlooks—see attached photograph—“it is Costa Rica’s deepest volcanic lake, with a depth of 67 meters. It is an explosion crater of the maar type, with an average diameter of 581 meters, an area of 0,33 km2, and a volume of 15 million cubic meters.” It was formed a few thousand years ago and contains an entire aquatic ecosystem, with rich biodiversity surrounding it. It is not merely a tourist attraction, but also a water source for substantial native and migratory wildlife.
The mayor of Río Cuarto described it as “a Symbol” of the Canton, and the president of the ADI described it as “a Jewel” of the Canton.
Had SETENA conducted the field inspection, it would also have noticed that a pig-farm project involving thousands of pigs is definitively not compatible with its surroundings at all, despite SETENA’s stated justification. Those surroundings have had and continue to have, to this day, residential, tourism, agricultural, and cattle-raising uses, but have never been used for pig farming.
The document entitled “Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial para el Cantón de Río Cuarto” went even further by stating that the brown and papaya-colored areas shown below respectively correspond to an Ecotourism Development Zone and a Tourism Residential Zone—the latter being where the pig farm is intended to be located—both surrounding Laguna de Río Cuarto:
There can be no doubt that, had the field inspection been conducted, SETENA would have requested many additional requirements from the developer. Moreover, when completing the D1 form, the developer would also have had to expand or substantially revise many of its “Observations.” 3. “Because of the environmental-impact significance obtained in Environmental Assessment Document D1”: Of course that was the result, because the developer itself completed this document very superficially—through an affidavit—and without civil-society participation.
No less important is that the proposed Granja Porcina project would be incompatible not only with the tourism and residential zone identified in the Canton’s Public Land-Use Planning Policy, but would also be constructed in Río Cuarto’s principal town, very close to its main population center. Under the principle of reasonableness, it should be expected that the center will logically expand toward its outskirts in the future. Moreover, no canton seat in the country contains a pig-farming industry of comparable characteristics, which reflects SETENA’s lack of rigor when weighing and determining the type of environmental assessment.
In conclusion, and as already stated, the community considers that, given the characteristics of the project—a pig farm involving thousands of pigs and its effects across numerous fields—it should never have been categorized as B2 (moderate-low impact).
Quite the contrary, had SETENA correctly applied all the instruments at its disposal (site visits, engagement with civil society, stricter and more in-depth inquiries of the developer, as well as SETENA’s and MINAE’s own regulations, laws, and decrees, among others), the proper course would unquestionably have been to prepare an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA), with the project classified as A (High Potential Environmental Impact), rather than requiring a mere Sworn Statement from the developer (together with the respective D1 Environmental Assessment Form), that is, the least rigorous instrument, when, as explained, what is at issue is this megaproject involving thousands of pigs across from Laguna de Río Cuarto and the existing and future residential development. 4. Based on the conclusions of the studies attached to the assessment instrument, which, according to SETENA, “do not identify any particular indications that should be examined in greater depth and corroborated through a field inspection,” an assessment with which the community clearly disagrees.
It is regrettable that SETENA minimized this pig-farming megaproject to the point of stating that a visit would not reveal any indications requiring further examination and corroboration. An incredible and irresponsible decision. Consequently, the four elements identified in the preceding points, as well as those mentioned in Fact 14 of the Amparo Application, would have warranted a different assessment and a much higher significance rating for the pig-farming project (with whose chosen location the community disagrees).
SETENA continues (regarding allegation 2): “As part of the geospatial analysis, the presence of the lagoon and springs (nacientes) was verified, together with elements such as forest cover (Cobertura Forestal), and corrections to the site design were requested. Form SIG DEA-SIG-FORM-VPEIA-0083-2025, dated 24 July 2025 for purposes of the analysis, states the following among the matters analyzed:” The community’s observations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional): First, it is important to explain what is meant by “geospatial analysis”: it is the collection, processing, and visualization of geographically referenced data (such as GPS coordinates, satellite imagery, and cartography). It makes it possible to identify spatial patterns, trends, and relationships in order to optimize decision-making in sectors such as urban planning, the environment, and logistics.
There is no doubt that this type of work is important, and we commend the fact that it was performed in this case (although, given the large number of issues identified, its quality is in doubt). However, the literature clearly states that a site visit (fieldwork) is “essential,” a step known in remote sensing and geographic information systems as ground truth or field verification. It also states that “although geospatial analysis uses highly advanced satellites or drones, it does not replace physical reality,” and concludes by giving the following reasons why a site visit is important: Data validation: It makes it possible to confirm that what the software classifies (for example, forest, water, or urban land) matches actual conditions on the ground. Calibration: It helps adjust spatial models (such as artificial-intelligence algorithms) using real-world data in order to prevent errors of interpretation.
Detection of hidden details: It identifies local-scale elements (such as the exact height of a slope or the health of a plant species) that satellite resolution cannot capture. In Costa Rica, for example, where the topography and forest cover are complex, data from the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) serve as an official basis, but in situ validation ensures that the model is adapted to actual conditions.
In conclusion, “verifying the presence of the lagoon, springs, and forest cover,” among other things, through a document and geospatial analysis, as SETENA did, is unquestionably not the same as supplementing that work with a site visit, which it never conducted. Quite the contrary, it relied blindly on the information provided by the interested party (the developer). Finally, the fact that SETENA requested corrections to the site design, as it states and as shown in the table containing the analysis performed, does not replace or eliminate the need for a site visit.
It also states: “For all the foregoing reasons, all existing bodies of water were indeed taken into account, and the protection radius was observed for all of them, as required by law.” In this regard, note the criteria used for the analysis (in the table incorporated into the report for the Constitutional Chamber), together with certain observations from the community:
1. Have other case files been processed for this property?
It states that they have and that they relate to water concessions. In this regard, the fact that other case files have been processed for the same property adds no value to the analysis of the Pig Farm itself. It is merely information provided by the developer. The existence of another pig farm, as they have been doing in Venecia, would have been a different matter.
2. Forest cover present within the project area (área de proyecto, AP) (SINAC/FONAFIFO) It states verbatim: “The property has mature-forest cover, secondary forest, and an area for which no cover data are specified. The AP has secondary-forest cover in the western portion and no cover data for the remaining area.” Nevertheless, SETENA performs no serious analysis of the impact on existing flora and fauna (particularly because of their proximity to the pig-farming project and possible expansions, as has been this developer’s operating practice), for example:
The table in SETENA’s report states: “The Terra 1997 Orthophoto collection does not contain images visible in SNIT for the specific area in which the property and the AP are located.” Emphasis not in the original.
3. Are there springs, wells, and/or water intakes on a channel located on or near the property and/or the AP?
It states, verbatim: “According to the official database of the Dirección de Aguas in its SINIGIRH viewer, consulted on 29-jun-26, the following is identified within the property…” Emphasis not in the original.
The issue is not merely to identify whether springs exist; it is to examine in depth and study the impact that a pig-farm megaproject involving thousands of pigs (with plans for expansion) will have on the four identified springs and their respective channels. No such analysis was found in the case file, nor was the matter addressed by SETENA in its response to the Constitutional Chamber.
The verbatim quotation continues: “Outside the property, within a radius of 200 m, water concessions and water determinations are identified; however, they are more than 200 m from the AP and are therefore not included in this analysis.” The effects of a project of this nature cannot go unnoticed in any analysis performed, but that is what happened in this case.
4. Are there bodies of water within or inside a radius of 50 meters around the area where the project will be developed?
The developer’s answer, accepted by SETENA, was categorical: “No,” and it states: “Approximately 86 m east of the property, there is a lake/lagoon.” What is objectionable here is that a lacustrine wetland (Laguna Río Cuarto) lies only 86 meters from a megaproject of this magnitude. Furthermore, no distance is given from the Dirección02 channel, which, as shown in Photographs 1, 2, 3, and 4 of this Opposition Report, is located a very short distance away. SETENA does not analyze the effects of this megaproject on nearby springs and bodies of water.
5. Will the project be developed within a biological corridor?
6. Will the project be developed within a protected wildlife area?
7. Will the project be developed in an area containing wetlands?
The developer’s answers, accepted by SETENA, were likewise categorical: “No.” This might be understandable if one considers that the inquiry is so specific that it refers to the location of the pig-farming project itself. However, SETENA cannot simply fail to go further when the application of the in dubio pro natura principle is in question, or when effects of a project of this magnitude on the area have been identified, detected, and reported to SETENA.
Using SETENA’s own logic, if the Municipalidad de Río Cuarto’s Public Land-Use Planning Policy is available online and publicly accessible, why did SETENA not consult it to study and analyze the intent expressed by the Concejo Municipal in that document before making its decisions? It did not even extend the courtesy of responding to the Mayor and the Planning and Urban Control Department concerning the clear and specific inquiry they submitted on 15 January 2026 regarding that document, a matter already challenged in this Opposition Report. Nor did it give any importance to the future Geoparque Río Cuarto, which the community mentioned in the various official letters submitted to the Constitutional Chamber so that SETENA would address the matter in its response.
8. Has SETENA approved the incorporation of the environmental variable into the land-use plans (POTs) of the canton where the project will be developed?
The answer is likewise categorical: “No.” Once again, however, SETENA limits itself to what is strictly necessary on this and many other matters. Reference is made to the Public Land-Use Planning Policy for the Cantón de Río Cuarto, in which the Concejo Municipal clearly designated this area as Residential and Ecotourism. That decision remains in force.
9. Other data assessed by the geospatial analyst The same table states verbatim: “The area does not have official layers from the Registro Inmobiliario (SNIT); therefore, this analysis is assessed on the basis of the property-location shape provided by the developer.” Emphasis not in the original.
Finally, after the table, SETENA informs the Constitutional Chamber as follows: “As part of the requests for information and corrections, the following was requested,” followed by another table. It is nevertheless possible to conclude that none of the matters stated there resolves or remedies the large number of objections that have been raised.
The relevant section of the report submitted by SETENA states: “For all the foregoing reasons, all existing bodies of water were indeed taken into account, and the protection radius was observed for all of them, as required by law.” Emphasis not in the original.
What is objectionable about this conclusion is that, according to SETENA, the Pig Farm may comply with the legally prescribed distances, but it is incredible that SETENA did not question all the effects that this megaproject will have beyond those short distances on these bodies of water, their surroundings, civil society, tourism, and the landscape, among many other matters cited in the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio), the Amparo Application and its annexes, and the subsequent official letters. This raises the question of whether SETENA even read and studied them.
SETENA continues (regarding allegation 2): “Similarly, the same decision granting Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) states in the THIRD REASON: The studies performed set out a series of recommendations that must be followed as stated, as part of the project’s environmental commitments. If the removal of any tree is required and a felling permit is necessary, the corresponding permit must be processed through the SINAC office. If surface bodies of water or wells are located within or along the boundaries of the AP, the legislation in force concerning protection zones must be applied; and if works within a channel are involved, the corresponding permit must be processed through the Dirección de Aguas. It is also important to mention that the Sworn Statement Form asks the Developer and the Environmental Consultant: ‘Is the land use compatible with the proposed project?’ They answered Yes.
It bears mentioning that the land-use document is not a requirement under Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. It should be recalled that Environmental Viability is not a permit to begin construction, but rather a preliminary requirement for obtaining the construction permit for the activity, work, or project, which falls within the authority of the respective municipality. Therefore, if the activity is not permitted by the Municipality, it cannot be carried out, and the municipality must deny the respective permit. In addition, Articles 16 and 77 of Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-MOPTMAG-MEIC-MS state that the studies and recommendations included in the Environmental Impact Assessment are the specific responsibility of each professional who signs them, while the administration is responsible for reviewing them in accordance with the contents established in the Regulations.
The environmental consultant or the person responsible for environmental matters concerning the activity, work, or project is accountable for the truthfulness of the information contained in the documents signed, as well as for the suitability of the methods and procedures recommended, and is jointly liable with the project Developer. Nevertheless, SETENA adopts and verifies, based on SNIT, the environmental elements involved in the project, which is why it requested the stated corrections.” Emphasis not in the original.
The community’s observations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber: Although it is important for SETENA’s report to the Constitutional Chamber to address matters concerning certain recommendations, this does not respond to the complaints being made, on which the Constitutional Chamber has asked SETENA to take a position. Regarding the construction permit, it is clear that, in the present case, jurisdiction lies with the Municipalidad de Río Cuarto. That, however, is not the issue, as already discussed in this report.
There can be no doubt that SETENA seeks shelter in the statement concerning the “…truthfulness of the information contained in the documents signed, as well as the suitability of the methods and procedures recommended, and joint liability with the project Developer.” In conclusion, it is astonishing that the community, through all the documents in the Constitutional Chamber’s case file, is demonstrating to SETENA the inconsistencies, errors, instances of noncompliance, violations of its own regulations, and the superficial manner in which it responds to the Constitutional Chamber, yet SETENA does not react in favor of the environment or address socio-environmental considerations, among others. It merely states that it “adopts and verifies the environmental elements involved in the project,” demonstrating the lack of seriousness and professionalism in the work performed.
SETENA states (regarding allegation 3): “In the interest of legal certainty in processing the case files submitted to SETENA, the Environmental Assessment instrument was determined according to the result of the Environmental Impact Significance (Significancia de Impacto Ambiental, SIA), establishing a clear path that defines the environmental assessment instrument for the different proposing sectors. This analysis is based on technical criteria. Because the SIA Matrix produced a weighted score of 127.125 points, the applicable instrument is D1 with a Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, D1+DJCA). As stated in the response to the First Allegation, for the D1+DJCA environmental assessment instrument under which the project at issue was analyzed, the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, D.E. No. 43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, does not require the development of specific community-participation processes, as may be confirmed in anexo 4 GUIA D1+DJCA of the aforementioned decree.” The community’s observations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber: SETENA defends the “objective” correctness of the SIA score (127,125 points), which determined the application of the D1+DJCA instrument under the decision pathway in article 19 of Decreto 43898 (SIA equal to or less than 330 = subcategory B2 = D1+DJCA). The argument is formally correct but substantively insufficient:
1. An SIA score is not an autonomous fact: it is the mathematical result of variables self-reported under oath by the developer and its consultant (article 11, final paragraph, of Decreto 43898). If those variables are incomplete—the exact number of pigs involved in the project, information essential for weighing the impact on water, soil, air, and the human component of any livestock activity, was omitted from all the documentation reviewed—or contradictory—an initial denial that odors would be generated, followed by an admission concerning biodigesters and the reuse of effluent for irrigation—the resulting score cannot be invoked as an objective technical determination immune from review.
2. Article 16 of Decreto 43898 itself clarifies that, although the EIA studies and recommendations are the “specific responsibility of each professional who signs them,” “the administration [is] responsible for reviewing them.” The responsibility to review is not exhausted by issuing two correction notices concerning discrete geospatial matters. It also extends to the internal consistency and substantive completeness of the form’s material answers, particularly when—as here—SETENA itself detected a contradiction and merely accepted the developer’s clarification without comparing it against the substantive regulations governing odor control, the management of special wastewater, and the protection of surface bodies of water.
3. Under Voto N.° 12100-03 of the Constitutional Chamber, any exclusion from or reduction in the rigor of a project’s environmental assessment must be “duly reasoned and justified” through “precise technical studies.” Reasoning limited to mechanically applying a formula to incomplete data does not meet that standard.
It has been more than adequately demonstrated, through the documentation submitted by the community, that SETENA “…determined the Environmental Assessment instrument according to the result of the Environmental Impact Significance (SIA)….” The problem is that this significance was calculated by the developer itself, and SETENA is not accepting responsibility for the errors, inconsistencies, instances of noncompliance, and other matters detected and brought to light by the community, which were committed not only by the developer but also by SETENA itself, since it disregards them when framing its responses to the Constitutional Chamber. Quite simply, it does not address them.
The fact that the analysis is based on technical criteria does not prevent SETENA’s public officials, in the interest of a healthy and ecologically balanced environment—one of the many rights infringed—from reviewing all the documentation and responding more seriously to what has been requested of them.
Regardless of the fact that the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, “does not require the development of specific community-participation processes, as may be confirmed in anexo 4 GUIA D1+DJCA of the aforementioned decree,” it is unacceptable that, for a megaproject of this nature, the social component was not even detected or assessed through visits, consultations, interaction with civil-society representatives, or other means, as has been extensively asserted in all the documents comprising the case file. All this occurred even though SETENA was aware of the social issue before granting Environmental Viability.
SETENA states (regarding allegation 4): “Resolution No. 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 a.m. on 3 November 2025, was served on 6 November 2025. In turn, the motion for reconsideration with subsidiary appeal submitted to SETENA was filed on 5 February 2026 under correspondence sequence number 1544-2026. As may be seen, the motion filed was plainly inadmissible because it was untimely, and it was so decided through Resolution No. 0373-2026-SETENA, issued at 1:19 p.m. on 24 February 2026. That ruling is consistent with and respects the principle of legality established both in article 11 of the Constitución Política and in article 11 of the Ley General de la Administración Pública, in conjunction with article 346 of the Ley General de la Administración Pública, concerning the time limit for filing administrative challenges. The appeal was likewise summarily denied as untimely through Resolution No. R-0271-2026-MINAE, issued at 12:30 p.m. on 12 May 2026. The Administration cannot be blamed for the untimely filing of the challenge when the case file is public and available to anyone wishing to review it and when, moreover, it bears repeating, no one had previously entered an appearance in the case file to receive notice of the acts occurring therein, such as the granting of the Environmental Viability License.” Emphasis not in the original.
The community’s observations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber: SETENA maintains that the motion for reconsideration with subsidiary appeal, filed on 05 February 2026 against a decision served on 06 November 2025, was “plainly inadmissible because it was untimely,” and that this untimeliness “cannot be blamed on the Administration.” This reasoning omits the following:
1. SETENA’s calculation of the time limits for filing a challenge presupposes that the period began upon notice to the developer, without considering that the community was never recognized or notified as an interested party, even though SETENA itself had possessed a document identifying it as such in its case file since 29 September 2025. The general principle that the time limit for a non-notified third party to challenge an act runs from actual—or reasonably chargeable—knowledge of that act, rather than from notice given solely to its direct addressee, is inherent in the guarantee of due process (articles 39 and 41 of the Constitution). Its precise purpose is to prevent the Administration’s failure to notify interested parties already known to it from extinguishing those parties’ rights.
2. SETENA itself acknowledges, in Reason a) of Resolution N.° 0373-2026-SETENA, that “the Residents of the Cantón de Río Cuarto and Tourists have standing to [...] file the motion for reconsideration”—that is, it recognizes their status as legitimate interested parties—and immediately thereafter denies them timely knowledge of the act presupposed by that standing. This sequence is logically contradictory: active standing cannot be recognized for a party that, because of an omission attributable to the Administration itself, did not receive timely notice of the act giving rise to its interest.
3. Article 43.5 of Decreto 43898 specifically created an active-publicity mechanism at the project site—the informational sign—whose function is to remedy the inadequacy of merely documentary publicity for third parties who were not identified in advance. If that sign did not exist during the first seven months after Environmental Viability was granted (as has repeatedly been pointed out), the time limit for filing a challenge cannot begin on a date when, according to the facts not disputed by SETENA itself, the sole regulatory mechanism for actively informing third parties had not been complied with.
4. A general principle of administrative law—embodied in the doctrine of procedural good faith and the rule that the Administration may not benefit from its own noncompliance—prevents a time limit from being calculated against an interested person when its passage was directly caused by the Administration’s prior failure to comply with its publicity duties and its duty to include submissions in the case file.
The applicants consider that the Administration can indeed be held responsible for the alleged untimeliness, since it has been conclusively demonstrated that the untimeliness resulted from SETENA’s own conduct, subsequently upheld by MINAE. On this matter, reference is made to the sections included in the various documents forming part of the case file held by the Constitutional Chamber.
Note the lack of seriousness displayed by SETENA in responding to this section, since it does not address the summarized list of complaints and instead continues to cling to the alleged “untimeliness,” raising the question of whether its public officials have read all the documents available to them.
SETENA continues (regarding allegation 4): “The information channels that this Secretariat makes available to the public have been present as public documents on the website since the analysis of the case file began. Therefore, the information under which the case file was processed was available at all times to any citizen, as a tool that provides transparency regarding the case files being processed.” The community’s observations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber: To refute SETENA’s statement in its response to the Constitutional Chamber, it is important to summarize the following facts:
1. In the Therefore section of SETENA’s Resolution, the Comisión Plenaria rules that “once a SETENA case-file number is assigned to them, under which the assessment will be processed, the developer must, within 15 business days, post a sign providing notice that the project is being processed, for the information of interested parties…” 2. This provision, which SETENA never addresses in its response to the Constitutional Chamber, corresponds to Resolution No. 1834-2016-SETENA of 29 September 2016.
3. In its report to the Constitutional Chamber, SETENA completely avoids addressing Resolution 1834-2016-SETENA of 29/09/16, which remains in force to this day (as may be confirmed at the URL https://www.setena.go.cr/es/Nosotros/Marco-Jurídico, where it appears as item 4 under Acuerdos Resoluciones in the Marco Jurídico section of SETENA’s official website). In conclusion, SETENA has not to date repealed or amended the provisions of the FIRST PARAGRAPH OF THE OPERATIVE ORDER of the Resolution, which, even “as of today,” continues to appear as part of the legal framework applicable by SETENA, as stated.
4. SETENA gave notice of the opening of the Granja Porcina Crucero case file on 01 July 2025 (Fact 1 of the Amparo Application).
5. For Granja Porcina Crucero, the sign was not posted until June 2026, slightly less than one year after SETENA opened the administrative case file and nearly 7 months after Environmental Viability was granted.
6. It has been more than adequately demonstrated that the duty to post the sign from the time the case file was opened by SETENA was breached. It bears repeating that the provisions of the FIRST PARAGRAPH OF THE OPERATIVE ORDER of Resolution No. 1834-2016-SETENA remain in force to this day.
7. It is clear that the public documents have been on the website since the analysis of the case file began, as SETENA now states (provided they are updated within a reasonable period, which did not occur in this case). However, what mechanism would enable the community to learn of the developer’s plans if the provisions of the Therefore section of Resolution No 1834-2026-SETENA were not complied with? SETENA’s present reliance on the mere fact that the information was available to any citizen on the website from the beginning and served “as a tool that provides transparency regarding the case files being processed” is therefore unacceptable. Emphasis not in the original.
8. Another element cited above is how SETENA expected the community to access the case file at that time “by geographic location,” as it now seeks to justify and has stated, when information as basic as the name of the developer or even the name of the pig farm was unknown. In other words, there was a total lack of knowledge, which is why the first steps were taken with the Municipality and SETENA itself, as stated (Facts 2 and 3 of the Amparo Application).
9. The community could obviously access the Pig Farm Project Case File, provided that we had learned of its existence in a timely manner rather than many months later.
10. The developer unquestionably made a serious error by failing to post the sign 15 business days after receiving the case-file number (01 July 2025), but SETENA erred twice over by failing to supervise and visit the site through any official to whom that task could have been assigned. It is therefore demonstrated that responsibility for the purported “untimeliness” lies with SETENA itself, not with the applicants.
11. All of this gives the so-called Granja Porcina Crucero sign (to cite one example), at the time the case-file number was assigned (01 July 2025), such importance to civil society, since it is one of the many complaints presented to the Constitutional Chamber. SETENA simply cannot find a way to justify its conduct.
12. It has also been demonstrated that the mechanisms SETENA uses to “publicize” the Activities, Works, and Projects (Actividades, Obras y Proyectos, AOP) submitted for its consideration are ineffective because they are based on the mistaken premise of “assuming” that civil society knows what is intended to be developed. In these circumstances, the duty to post a sign at the site concerning the proposed activity—as soon as SETENA opens the case file—becomes the only verifiable means by which residents in the Area of Social Influence may learn of it. But if SETENA also disregards the provisions of the FIRST PARAGRAPH OF THE OPERATIVE ORDER of Resolution No. 1834-2016-SETENA and merely requires the developer to comply with article 43, subsection 5, of Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it further undermines the actual possibility that civil society will learn at an early stage what is intended. Civil society is then relegated to acting only after SETENA grants Environmental Viability, which is unacceptable.
13. In the case of Granja Porcina Crucero, SETENA approved a D1 Form with a Sworn Statement. Consequently, compliance with the obligation to post the sign at the site from the moment the Case File was opened was even more essential, since notice of the filing and commencement of the review of environmental assessment instruments of this type is not published in the press (that is required only for AOP processed through a D1+EsIA). It was therefore practically impossible for the community to learn what was intended to be developed or what had begun to be processed. SETENA thus cannot argue that the case files are public and digital, because the community simply would not search for something it did not yet know was taking shape.
SETENA states (regarding allegation 5): “The case files found for the same Developer correspond to the following projects:
• D1-0432-2024-SETENA: EXPANSION OF INVERSIONES OSO DE GRECIA PIG FARM AND CONSTRUCTION OF DOG-FOOD FACTORY • D1-0584-2025-SETENA: GRANJA PORCINA SANTA RITA • D1-0587-2025-SETENA: GRANJA PORCINA CRUCERO All were assessed under the D1+DJCA Instruments and are located on different properties and registered cadastral plans. They are therefore not adjoining projects, and it cannot be said, as the applicant suggests, that they constitute a single project that should have been processed in a single case file. At the time this response was issued, the cadastral area for the Cantón de Río Cuarto was already included in SNIT’s layer database. It is clarified that none of the case files concerns the same registered cadastral plan or adjoining properties; therefore, this could not constitute the splitting of activities, works, or projects.” The community’s observations regarding this response provided by SETENA to the Constitutional Chamber: This is one of the legally strongest elements of the community’s position because the very regulations invoked by SETENA as the basis for its entire report expressly recognize the legal mechanism that the Secretariat claims does not exist.
“Article 47.- Consolidation of environmental viability determinations. The developer may request SETENA to consolidate several projects that have been granted environmental viability, subject to the following conditions:
1. When the same developer has one or more projects operating on the same property or on adjoining properties, and the projects are similar or complementary in type and activity, the administrative case files may be consolidated to ensure compliance with the environmental commitments undertaken, so that the project is not fragmented [...].” — Article 47, Decreto Ejecutivo N.° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
SETENA responds to the claim of project unity merely by stating that the three case files (D1-0432-2024, Inversiones Oso de Grecia, expansion in Venecia; D1-0584-2025, Granja Porcina Santa Rita; and D1-0587-2025, Granja Porcina Crucero) “are located on different properties and registered cadastral plans” and “are not adjoining,” and therefore “could not constitute fragmentation.” That argument is insufficient for the following reasons:
1. Article 47 is not a provision exhaustively defining when “project fragmentation” exists; it is a voluntary consolidation mechanism applicable to a specific situation (the same property or adjoining properties). Its existence confirms that the regulatory framework itself recognizes the risk of fragmentation as a legally relevant category that SETENA must prevent, but it neither exhausts nor restrictively defines the criteria by which that risk must be assessed through SETENA’s own oversight authority (unlike the voluntary consolidation procedure, which does require adjoining properties). At most, the absence of physical adjacency prevents voluntary consolidation under article 47; it neither prevents nor eliminates the obligation—arising from articles 1, 2, and 17 of the Ley Orgánica del Ambiente and from the precautionary principle in article 11 of the Ley de Biodiversidad—to assess the cumulative and synergistic effects of functionally integrated projects, even if they are separated in cadastral terms.
2. The facts certified by SETENA itself in its report—not mere allegations by the community—establish an incontrovertible functional and corporate unity: the same legal entity (identification number CED01), the same legal representative (Oldemar Solís Rojas), the same registered environmental consultant (Luis Edén Navarro Picado), the filing of the Crucero and Santa Rita applications only three business days apart (30 June and 3 July 2025), and—the most relevant fact—a functional division of complementary production stages among the three facilities: Crucero for the gestation and nursing of “grandmother” sows, Santa Rita for the gestation and weaning of “mother” sows, and the preexisting farm in Venecia for the complete cycle, slaughterhouse, processed-meat factory, and production of blood and bone meal. This description—taken verbatim from SETENA’s own Environmental Viability decisions—does not describe three independent enterprises with similar purposes; it describes three successive stages of the same vertically integrated pig-production chain.
3. When formal compliance with the letter of a rule—three D1 forms individually scored below the EsIA threshold—is used to circumvent the evident purpose of that same rule—ensuring scrutiny proportionate to the actual and cumulative environmental impact—the result constitutes fraud on the law (fraude a la ley) or abuse of rights (abuso del derecho), doctrines generally applicable within the Costa Rican legal system (articles 20 and 21 of the Código Civil, supplementally applicable to administrative relationships under article 9 of the LGAP), which prevent the result obtained through that formal structuring from receiving legal protection. As the technical body charged with applying the SIA methodology in good faith, SETENA had a duty to assess functional unity once this information—which it itself acknowledges and organizes in its comparative table—was available to it, rather than ending its analysis with the cadastral fact that the properties were not adjoining.
4. This conclusion is consistent with Reason X of Decreto 43898 itself, which requires that fragility and actual impact be assessed over the nominal “magnitude” of each project considered individually. An interpretation of project unity limited to the cadastral criterion of adjoining properties renders that regulatory mandate meaningless when the developer—as in this case—deliberately structures its investment across separate properties while functionally integrating the production operation.
Furthermore, SETENA is advised to review its databases because, according to information obtained from its own website, additional D1 forms appear, namely:
➢ D1-0558-2020-SETENA ➢ D1-0242-2022-SETENA ➢ D1-14364-2015-SETENA ➢ D1-14498-2015 (the online case file could not be accessed) ➢ D2-1010-2020 (the online case file could not be accessed) ➢ D1-0584-2025-SETENA ➢ D1-0432-2024-SETENA: EXPANSION OF INVERSIONES OSO DE GRECIA PIG FARM AND CONSTRUCTION OF DOG-FOOD FACTORY The community has called this matter the “Unity of the Pig-Farming Projects,” and it is regrettable that SETENA, in its response to the Constitutional Chamber, limits itself to stating that the D1 forms processed concern different properties and registered cadastral plans and that the projects are not adjoining, concluding that the applicants are wrong to regard them as a single project.
They further clarify that “…none of the case files concerns the same cadastral plan or adjoining properties, so this could not constitute fragmentation of the activities, works, or projects.” In view of this, there are only two possibilities: a) Based on all the documentation submitted, SETENA has not understood the complaint or the concept demonstrating that this is a single project; or b) SETENA does not wish to acknowledge that it made a mistake and is waiting to see what the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) decides. This Supervening Fact has been addressed in official letters submitted after the filing of the amparo proceeding, which are in the case file and available to SETENA. Finally, it is not serious for SETENA to introduce its brief and limited response with a copy of precisely what the Constitutional Chamber is asking it to address. The following concepts are clear from that summary of the complaint: ➢ “integrated productive project,” ➢ “a functional and operational unit among them,” ➢ “the same swine production chain,” ➢ “the three facilities would operate as parts of the same economic and productive activity,” ➢ “a common logistics network for transporting animals, inputs, and products,” ➢ “the environmental, social, logistical, and territorial impacts cannot be analyzed in isolation, but must be analyzed jointly,” ➢ “a single integrated undertaking,” ➢ “the Administration approved supposedly independent projects without adequately assessing their functional relationship and cumulative impacts.” Consider the following case: A public or private developer wishes to build a hydroelectric project.
The works comprising this project include the dam, tunnel, pipeline, tank, and powerhouse, among others, each located on a separate property, which need not necessarily adjoin one another. To generate electricity, the water must obviously pass through each and every one of the works. Consequently, SETENA should not process or grant Environmental Viability approvals (Viabilidades Ambientales) for each work separately, but should instead require a single Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) because they constitute a functional, economic, and productive unit. That said, the analogy is that the pigs from Granja Porcina Crucero will be transferred to Granja Porcina Santa Rita and will complete their production cycle at the swine farm located in Venecia. Consequently, although the three swine farms are not physically located on properties adjacent to one another, as SETENA erroneously uses to justify its position, they form part of the same production complex or chain.
SETENA states (regarding allegation 6): “The matter concerning the field inspection was discussed more fully above. The corresponding environmental guarantee has now been submitted, along with the appointment of the environmental officer and the opening of the Environmental Logbook (Bitácora Ambiental), which indicates compliance with the submission of the Environmental Control Instruments (Instrumentos de Control Ambiental, ICOs). Regarding the activation of the Environmental Logbook, that request was submitted on 16 June 2026 under correspondence sequence number 6344-2026 and was addressed through official letter No. CARTA-SETENA-BD-DT-DEA-0214-2026 on 23 June 2026, as follows: Activation of the Environmental Logbook and compliance with the Environmental Control Instruments (ICOs) mark the beginning of the environmental-management stage before SETENA. Nevertheless, before the construction stage may begin, the final permits must be obtained from the competent institutions, and once they have been obtained, the Department of Environmental Auditing and Monitoring must be notified that work is beginning.
Furthermore, once the logbook has been activated, the Environmental Responsibility Reports (Informes de Responsabilidad Ambiental, IRA) must be submitted at the intervals established in the resolution granting the Environmental Viability License. Regarding the project sign, as indicated in resolution No. 1628-2025-SETENA at 11:41 a.m. on 3 November 2026 and pursuant to Article 43 of the Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulations (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental), Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the following is established regarding signs for projects with Environmental Viability: Upon obtaining SETENA’s Environmental Viability (License) (VLA), the Developer of the activity, work, or project shall be required to place a sign in a visible location, from the beginning and for as long as its activities continue (whether under construction or in operation), displaying the case-file number, environmental-viability resolution number, and project name.
(Boldface does not appear in the original text.) Accordingly, it has been technically determined, pursuant to official letter No. CARTA-SETENA-DT-0050-2026, that the developer has not failed to comply with the resolution because work has not begun and it was not until 23 June that the developer requested activation of the digital logbook; therefore, this is the point at which the developer must place the sign required by the Environmental Viability resolution. Consistent with the foregoing, because the projects located in the Río Cuarto area have not yet begun, no information is provided on environmental-monitoring actions; those actions will be carried out as appropriate based on the commencement and progress of the construction stage.” The community’s observations regarding this response given by SETENA to the Constitutional Chamber:
SETENA maintains that the obligation to place the informational sign “begins with activation of the Environmental Control and Monitoring Instruments (ICOs) and the granting of the Environmental Viability License,” and that because the digital logbook was activated only on 23 June 2026, the developer committed no breach during the preceding seven months. That interpretation cannot withstand the literal text of the provision that SETENA itself transcribes in its report: “Upon obtaining SETENA’s Environmental Viability (License) (VLA), the developer of the activity, work, or project shall be required to place a sign in a visible location, from the beginning and for as long as its activities continue (whether under construction or in operation), displaying the case-file number, environmental-viability resolution number, and project name.” — Article 43, subsection 5), Decreto Ejecutivo N.° 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC.
1. According to the text itself, the event triggering the obligation is “the obtaining of the [VLA]”—that is, 06 November 2025, the date Resolution N.° 1628-2025-SETENA was served—and not the subsequent activation of the digital logbook, a procedure unilaterally controlled by the developer and which, in fact, it postponed for more than seven months. The phrase “from the beginning” qualifies the duration of the obligation (“from the beginning and for as long as its activities continue”); it does not establish a separate future milestone contingent upon the developer’s discretion.
2. The interpretation offered by SETENA in its report leads to a result prohibited by Article 10.1 of the LGAP: it allows the developer, merely by failing to activate its own logbook, to control at will the only regulatory mechanism for proactively informing the community, thereby depriving the provision of all practical effect. That reading does not “ensure the public purpose” of the provision—informing the community from the time viability is granted—but instead defeats it.
3. Regardless of which interpretation is adopted, the fact not disputed by SETENA is that, for approximately seven months after environmental viability was granted—and during nearly the entire period in which the time limits for filing the administrative remedies that SETENA itself later declared untimely were running or expiring—there was no visible sign on the property. That factual sequence ultimately supports the claim of a denial of an opportunity to defend one’s interests (indefensión): SETENA’s failure to conduct field oversight—which, in exercise of its authority under Article 51 of Decreto 43898, could have verified compliance with the signage requirement at any time—preceded and directly caused the untimeliness later invoked against the affected community itself.
Moreover, SETENA mentions only Article 43 of the Environmental Assessment, Control, and Monitoring Regulations, Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which establishes the rules the developer must follow once Environmental Viability has been granted. For its own convenience, however, it fails to address Resolution 1834-2016-SETENA of 29 September 2016, which, as stated above, remains in force to this day and refers to the sign that the developer must also place when SETENA opens the project file. It is important to reiterate that, to date, SETENA has neither repealed nor amended the provisions of the FIRST OPERATIVE PARAGRAPH of the Resolution, which, even “today,” continues to appear as part of the Legal Framework applicable by SETENA, as noted. In other words, SETENA itself is disregarding the application of the FIRST OPERATIVE PARAGRAPH of its Resolution 1834-2016-SETENA.
In the community’s view, SETENA should have complied with its own regulations, not only when opening the case file but also when granting Environmental Viability, which, in the case of Granja Porcina Crucero, involved a lengthy four-month period (from 01 July 2025 to 03 November 2025). This issue was discussed extensively in this Opposition Report.
Another point worth emphasizing is that everything appears to indicate that SETENA has not realized that the developer began several activities, which were also identified above—including through supporting photographs—and which form part of the project description included in its resolution.
Regarding the Environmental Logbook, the following two official letters are recapitulated:
On 22 June 2026, an official letter was sent by email to SETENA’s Environmental Auditing and Monitoring Area, requesting that it provide all entries made by that institution—through official letters, the logbook, emails, or any other means—as a result of field visits and/or inspections conducted at the Granja Porcina Crucero Project and its surroundings, from the date the file was opened, namely 01 June 2025, through the date the official letter was sent (22 June 2026).
The purpose of that request was to confirm that, for slightly more than a year, SETENA had not visited the site, yet had granted environmental viability from its offices in San José for a mega swine-farm project involving thousands of pigs, with substantial potential for expansion as has been occurring in Venecia. Nor does the administrative file contain any record of a visit.
On 23 June 2026, one day later, SETENA sent CARTA-SETENA-BDDT-DEA-0214-2026, also by email, with the subject line “Record of Opening of Digital Logbook Number 17638,” and issued a direct notice to the community stating verbatim, in small print: “SETENA officials’ email addresses are not a valid or effective means for deeming documentation received…” Consequently, based on what SETENA stated in the letter, it may be concluded that no reference or documentary evidence exists showing that the institution visited the site, other than what is included on SETENA’s website, which demonstrates only that no visit occurred.
On this same issue, it is contradictory that SETENA did not come to the site, yet stated the following in its official letter to the developer dated 02 September 2025 (only the relevant paragraph is included):
Based on the foregoing, the community cannot accept SETENA’s own assertion “…that the developer has not failed to comply with the resolution because work has not begun and it was not until 23 June that the developer requested activation of the digital logbook; therefore, this is the point at which the developer must place the sign required by the Environmental Viability resolution.” Furthermore, CARTA-SETENA-DT-0050-2026, which SETENA mentions in its response and which states that the developer has not failed to comply with the resolution, was not found in the online file.
No less important is what has been stated on several occasions and through different documents:
For Granja Porcina Crucero: the sign was not placed until June 2026, slightly less than one year after SETENA opened the administrative file and nearly seven months after Environmental Viability was granted.
For Granja Porcina Santa Rita: the sign was likewise not placed until June 2026, approximately one year after SETENA opened the administrative file and more than one month after Environmental Viability was granted.
Summary Defects Affecting the Validity of Resolution N° 1628-2025-SETENA It follows from the foregoing that Resolution N.° 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 a.m. on 03 November 2025, contains defects that go beyond a mere formal irregularity and affect essential elements of the administrative act, pursuant to the general theory set forth in the LGAP:
1. Defect in the grounds (Article 133 LGAP): the resolution is based on self-reported and incomplete data, including omission of the number of animals, and data that are contradictory at certain points, such as the initial response regarding odors, which was later qualified, without SETENA exhausting its duty to ascertain the substantive truth (Article 214.2 LGAP), despite having detected indications of inaccuracy through its own requests for correction.
2. Substantial procedural defect (Articles 158 and 223 LGAP; Article 62 of Decreto 43898): the failure to assess, in the final act, observations that had already been submitted and were in SETENA’s possession before the act was issued constitutes omission of a substantial formality—in the sense attributed to that category by Costa Rican administrative jurisprudence itself: one “whose performance would have prevented or changed the final decision in important respects, or whose omission caused a denial of an opportunity to defend one’s interests”—because consideration of that opposition could have resulted in requiring a more rigorous assessment instrument or conducting the omitted field inspection.
3. Possible deviation from the purpose of the act (Article 131.1 LGAP): applying the instrument involving the least scrutiny to a project located at a site of documented environmental fragility, without adequately investigating contradictions detected in the developer’s information or assessing its functional unity with two other swine projects belonging to the same economic group, departs from the protective purpose underlying the Ley Orgánica del Ambiente (Article 1) and Decreto 43898 itself (Reasons X and XI).
Because this matter concerns the protection of a fundamental right (Article 50 of the Constitution) and because the defects emerge from SETENA’s own administrative file—without the need for additional complex evidence—it is appropriate to respectfully invoke before the Constitutional Chamber the standard of evident and manifest nullity recognized in Article 173.1 of the LGAP as a measure of the seriousness of the defect.
CHAPTER IV
CONCLUSIONS
General Conclusion SETENA’s report does not refute the allegations but instead—by reconstructing the chronology of the case file in detail—confirms several of the central facts reported by the community: that an official letter copied to SETENA existed on 29 September 2025, thirty-five days before environmental viability was granted; that the viability resolution does not mention it; that no field inspection was conducted despite findings from the geospatial analysis itself that prompted a redesign of the site; that three swine projects belonging to the same economic group, with complementary production stages, were submitted three business days apart; and that, in the case of Granja Porcina Crucero, no visible sign existed during the first seven months after environmental viability was granted.
The legal dispute, therefore, does not concern different facts but rather the legal characterization of those same facts in light of Article 50 of the Constitution, the precautionary principle in Article 11 of the Ley de Biodiversidad, the duty to ensure effective public participation under Article 62 of Decreto 43898, and the duty to provide enhanced reasoning for administrative acts affecting fundamental rights.
1. In its report to the Constitutional Chamber, SETENA reaches seven conclusions, quoted verbatim:
➢ There was no failure to comply with transparency and access to information.
➢ Public participation has not been violated.
➢ The failure to conduct a field inspection before approval of the project has been technically justified.
➢ The classification of the project at issue and the assessment instrument used were determined objectively.
➢ The remedy filed was decided as legally required.
➢ It is technically rejected that there was improper project fragmentation, because the projects under the same developer concern different plans and properties that do not adjoin one another. Therefore, they cannot constitute a single project, as alleged.
➢ It is clarified that the obligation to place the sign begins upon activation of the Environmental Control and Monitoring Instruments (ICOS) and the granting of the Environmental Viability License; therefore, this obligation has not been breached because work has not begun and the ICOS were not submitted until this month.
However, it has been demonstrated that the arguments and supporting evidence submitted by the amparo applicants conclusively refute these seven conclusions by SETENA.
2. SETENA did not act diligently or in accordance with its regulations. Nor did it provide a forceful response, sound arguments, or evidence regarding the matters the Constitutional Chamber instructed it to address.
3. As part of its responsibility during the Technical Analysis stage, SETENA should have conducted field visits before granting Environmental Viability rather than relying on the arguments set out in its resolution, which were refuted in Fact 13 of the amparo application. There is no reference or documentary evidence demonstrating that SETENA visited the site, either before or after granting Environmental Viability.
4. The project undergoing technical analysis by SETENA was not just any project; it was nothing less than a very large Mega Swine Farm involving thousands of pigs, with possibilities for expansion like those that have been authorized in Venecia. Consequently, SETENA should not have assumed that a swine farm would encounter no opposition, particularly given the highly significant impacts involved in projects of this kind.
5. In light of the communications initiated by residents of the canton of Río Cuarto and tourists through the official letter sent in September 2025, SETENA’s public officials should not have minimized the fact that “interested parties” were requesting information about the project, given the scant or nonexistent publicly available information concerning the project in question. This is especially true because the applicable regulations clearly identify and recognize the “potential for socio-environmental conflict” as an element the environmental authority must consider before granting Environmental Viability, particularly for a project of the “swine farm” type, which by its very nature is highly prone to generating socio-environmental conflicts, and even more so when the project under technical analysis is a mega project involving thousands of pigs.
6. It has been demonstrated that our rights, as defined at the beginning of the amparo application, were violated. The uncertainty, lack of timely information, lack of knowledge, and concern experienced by the community regarding socio-environmental matters, impacts, and public health constituted an enormous barrier to taking action from the outset of the process conducted by SETENA to grant Environmental Viability, reflecting the scant or nonexistent transparency on the part of that institution.
7. The developer has continued to advance its preliminary and logistical activities for many months without any monitoring by SETENA and in breach of SETENA’s own resolution, as in other cases. Photographs No 1, No 2, No 3, and No 4, taken from the public road, and Figure No 4 demonstrated this situation. Nevertheless, everything appears to indicate that SETENA has not become aware of it.
8. In the community’s view, the evidence submitted more than demonstrates that the purported untimeliness resulted from SETENA’s own actions. More troubling still, SETENA did not even take the trouble to internally review the arguments in the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio), which, when added to those in the amparo application and the official letters included in the Constitutional Chamber’s file, demonstrate action contrary to the right to a healthy and ecologically balanced environment and contrary to SETENA’s resolutions and regulations. This leads us to question whether SETENA fulfilled, in this case, its role and the functions established in Article 84 of the Ley Orgánica del Ambiente.
9. The FIRST OPERATIVE PARAGRAPH of the Environmental Viability Resolution granted by SETENA approves the environmental measures, the recommendations from the technical studies, and the environmental-impact matrices in the D1 Environmental Assessment document. However, erroneous, incomplete, insufficient, and contradictory information was found, including information that does not necessarily reflect reality for the community and tourists who visit the lagoon. This unquestionably affected the weighting, the type of assessment applied, and the final decision, as demonstrated by arguments 5 through 13, pages 15 through 28 of the Request for Reconsideration and Subsidiary Appeal of the Environmental Viability (License) granted to the Swine Farm Project, Anexo No 12 to the amparo application.
The matters identified are associated with the following matrices in form D1, regarding which SETENA, based on what the developer states in its sworn declaration, asserts that everything is compliant, which is incorrect:
➢ SIA Matrix—Water-Air Impacts ➢ SIA Matrix—Soil Impact ➢ SIA Matrix—Biotypes ➢ SIA Matrix—Human Impact ➢ SIA Matrix—Other Risks ➢ Basic Resources Section, which refers, for example, to the water source for this mega project, with possibilities for expansion, and in which its availability is questioned in relation to the needs of the current and future population, especially considering what the Public Land-Use Planning Policy for this area establishes, classifying it for Residential and Ecotourism Development, which remains in force and was approved by the Concejo Municipal de Río Cuarto.
10. The matter of the signs is relevant not only to demonstrate the developer’s breach and SETENA’s lack of supervision, but also the consequences for the community, to the point that it was one of the factors leading to the so-called “untimeliness.” Nevertheless, in its report to the Constitutional Chamber, SETENA entirely avoids addressing Resolution 1834-2016-SETENA of 29 September 2016, which remains in force to this day, as may be confirmed at https://www.setena.go.cr/es/Nosotros/Marco-Juridico, where it appears as item 4 under Acuerdos Resoluciones in the Marco Jurídico section of SETENA’s official website. Consequently, to date SETENA has neither repealed nor amended the FIRST OPERATIVE PARAGRAPH of the Resolution and must therefore comply with it.
11. SETENA expected the community to access the file at that time “by geographical location,” as it justified in its report to the Constitutional Chamber. However, even such basic information as the name of the developer or the swine farm itself was unknown. In other words, there was a complete lack of knowledge, which is why the initial steps were directed toward the Municipalidad and SETENA itself.
12. The terms used by the amparo applicants were: “dialogue roundtables,” “dialogue forums,” “hearing” to express our concerns, and “public participation.” Nevertheless, SETENA’s Report to the Constitutional Chamber focuses on and develops the concept of a “Public Hearing,” although that was not the objective. Furthermore, the applicants’ references to Articles 61 and 62 concern “public participation,” not a Public Hearing as SETENA seeks to portray it.
13. The community has reiterated that there was a clear denial of an opportunity to defend its interests for a four-month period, from the time the file was opened until the time we learned that a proceeding concerning a Swine Farm was pending before SETENA. This type of project and the circumstances surrounding it cannot be ignored or minimized by an institution that should safeguard the environment and the socio-environmental setting. The manner in which SETENA and MINAE have acted regarding this project, together with the large number of omissions, errors, inconsistencies, and breaches that occurred during the process and were identified in the documents submitted to the Constitutional Chamber, provides grounds for rejecting the arguments of those two institutions.
14. The “Supervening Fact” concerning the granting of two environmental-viability approvals for separate projects (D1-0587-2025-SETENA and D1-0584-2025-SETENA), when they plainly constitute a single project, with the resulting consequences, is vitally important in demonstrating not only the developer’s conduct and manner of proceeding but also SETENA’s conduct in accepting and processing them and granting the respective environmental-viability approvals, based on the very weak justification that “the projects under the same developer concern different plans and properties that do not adjoin one another.” 15. Other conclusions have been incorporated throughout this Opposition Report.
16. The community, tourists, and civil-society organizations of the canton of Río Cuarto, as interested parties, never had an opportunity to be taken into account by SETENA and MINAE before Environmental Viability was granted, as demonstrated by several of the facts comprising the amparo application, the subsequent official letters, and this Opposition Report.
17. Since 29 September 2025, the community and tourists, as key participants in socio-environmental matters, expressed their concern through the official letter sent to the Alcaldía and Concejo Municipal of the canton of Río Cuarto, with a copy received by SETENA that same day, and requested, among other things, a hearing “…for the purpose of publicly and participatively discussing the possibility of the eventual development of a large-scale animal-production project near Laguna de Río Cuarto, an area of high ecological, tourism, scenic, and cultural value for the canton…” Underlining does not appear in the original. Nevertheless, thirty-five days later, on 03 November 2025, SETENA granted Environmental Viability. It is therefore regrettable that, as part of the “Technical Analysis” then underway, the community and/or the human factor was not considered in that analysis.
18. SETENA did not question the developer regarding the social component in any of the matrices in Environmental Assessment form D1. Nor did it request information on that subject through official letter No SETENA-DT-DEA-1244-2025 sent to the developer on 02 September 2025, much less request a certification recording the position of the canton’s various organized groups regarding the possible construction of a swine farm facing Laguna de Río Cuarto, including the Asociación de Desarrollo de Río Cuarto, ASADA, Municipalidad, and Cámara de Turismo, among others.
19. From that moment, the community and tourists who signed the letter received by SETENA on 29 September 2025 became formally participating parties (apersonados) and persons directly affected by the proposed Swine Farm facing Laguna de Río Cuarto, expressing concern about the “…eventual development of a large-scale animal-production project near Laguna de Río Cuarto, an area of high ecological, tourism, scenic, and cultural value for the canton…” Nevertheless, SETENA never cared about the community. It is therefore striking and unacceptable that Reason NINTH of the SETENA Resolution (Anexo No 7 to the amparo application) states verbatim: “At the time this document is issued, there are no formally participating parties or persons opposed to the development of the project described.” Consequently, the community likewise cannot accept that Resolution No 0373-2026 SETENA (Anexo No 13), as part of its Background, mentions only two dates that SETENA considers important: 03 November 2025, the Resolution granting Environmental Viability to the developer, and 05 February 2026, when the community and tourists filed the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal.
This portrays the matter as though there had been an extended period in which to act and/or express opposition, while omitting the official letter of 29 September 2025, which is fundamental and predates the granting of environmental viability, at the very time SETENA was preparing what it calls its “Technical Analysis.” 20. The area surrounding Laguna de Río Cuarto has a residential, tourism, agricultural, and cattle-raising vocation, but never a swine-farming vocation. The document “Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial para el Cantón de Río Cuarto” went even further by stating that the colored areas shown in Fact 13 of the amparo application correspond to an Ecotourism Development Zone and a Tourism-Residential Zone, both surrounding Laguna de Río Cuarto. This document cannot be minimized, particularly because it remains in force and was adopted by the Concejo Municipal. SETENA also avoids addressing this issue.
21. SETENA applied very little rigor when assessing the SIA Matrices for Water-Air Impact, Soil Impact, Biotypes, and Human Impact, among others, because erroneous, incomplete, insufficient, and contradictory information was detected, including information that does not necessarily reflect reality for the community and tourists who visit the lagoon. This unquestionably affected the weighting, the type of assessment applied, and the final decision. In response, SETENA confines itself to stating in its report to the Constitutional Chamber that the decision resulted from a technical analysis. That is true, but the quality and depth of that analysis are in question.
The community believes that, given the characteristics of the project—a Swine Farm involving thousands of pigs and its impacts in many areas—it should never have been classified as B2, meaning moderate-to-low impact. On the contrary, had SETENA correctly applied all the instruments at its disposal, including site visits, engagement with civil society, stricter and more thorough inquiries directed to the developer, and SETENA’s and MINAE’s own regulations, laws, and decrees, among others, the proper course would unquestionably have been to prepare an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) and classify the project as A, meaning High Potential Environmental Impact, rather than relying on a simple Sworn Declaration by the developer with the corresponding D1 Environmental Assessment Form—that is, the least rigorous instrument—when, as explained, the matter involves this mega project with thousands of pigs facing Laguna de Río Cuarto and existing and future residential development. Added to this is the Supervening Fact concerning the Unity of the Granja Porcina Crucero, Santa Rita, and Venecia Swine Farm Projects.
22. The views of the community, residents, Municipalidad, and other organized groups, such as the Asociación de Desarrollo Integral (ADI), Cámara de Turismo, and ASADA, cannot be disregarded by SETENA and MINAE in a matter of such importance and such great impact on the canton generally, both environmentally and in terms of public health. Hence the material included in Anexo 16 to the amparo application regarding the ADI.
23. No less important are the views of other institutions, including SINAC, which has expressed its national conservation interest because Laguna de Río Cuarto is one of the “…water resources and lake ecosystems that SINAC, through its national inventory and 2021-2026 conservation strategies, seeks to protect and manage sustainably.” Laguna de Río Cuarto is officially classified by SINAC as a lake-type wetland, registered under Código 604. Emphasis does not appear in the original. SETENA also avoids addressing SINAC in the report it sends to the Constitutional Chamber, as it does with many other issues.
24. Had SETENA and MINAE acted responsibly and shown an interest in learning the community’s views, they would have been given details about the future Geoparque Río Cuarto, which represents a transformation of the productive model toward sustainable tourism. This initiative has the support of MIDEPLAN and even aspires to future nomination as a UNESCO Global Geopark.
25. SETENA and MINAE very diligently apply Article 352 of the Ley General de Administración Pública to the community and tourists, allowing three days, yet take one and three months, respectively, to issue their decisions, even though both institutions were allowed only eight days under the same regulatory framework. SETENA avoids this issue in its report submitted to the Constitutional Chamber of the Corte Suprema de Justicia.
26. The Constitutional Chamber’s case law has repeatedly recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are protected both constitutionally and through international law.
27. Despite the genuine interest in forming a group to represent the community and tourists in a meeting with the developer, as recorded in point 5 of the official letter dated 29 September 2025 and in Facts 2 and 3 of the amparo application, to exchange views on the matter and ask that this new swine farm be built elsewhere, far from Laguna de Río Cuarto and the neighborhood—particularly because the developer is estimated to own approximately 500 hectares of land among all the mutually adjoining cadastral plans—the developer considered such a meeting unnecessary or of no interest, as the Mayor himself informed us during the meeting held with representatives of the Municipalidad de Río Cuarto and the community on 12 December 2025.
Despite the foregoing, and as recorded in the minutes from that day, the importance and necessity of meeting with him was reiterated, resulting in the following agreement, quoted verbatim: “Arrange a future meeting with the owner and community representatives once the requested institutional opinions and additional technical and legal information are available, reiterating the need for a responsible and transparent approach directed toward protecting the cantonal interest and the common good.” It should be noted that, to date, this meeting has not been held because of the developer/owner’s lack of interest.
28. The actions of the community and the canton’s organized groups did not end there. Evidence of this is that, due to the existing concern, the Asociación de Desarrollo Integral de Río Cuarto organized and convened an Extraordinary Assembly for 30 January 2026, attended by more than one hundred people, including both ADI members and nonmembers, as recorded in minutes No 68, where, among other things, the following was unanimously agreed. See Anexo No 16 to the amparo application. Note that an effort was again made to urge the owner to engage in dialogue with the community and other organizations. Nevertheless, the response has always been the same: he is not interested.
29. Although MINAE rejected the appeal “ad portas,” as stated in Fact 16 of the amparo application, it did so based on incorrect information supplied by SETENA. SETENA likewise does not address this point in its report to the Constitutional Chamber.
SETENA was duly informed by email of the situation the community was experiencing at that time, as demonstrated in Facts 2 and 3 of the amparo application. What is unacceptable is that SETENA ignored civil society’s concern, because it should not only have incorporated that information into the administrative file but should also have been concerned about what was occurring with a swine farm involving thousands of pigs facing Laguna de Río Cuarto and in the very heart of the canton.
As explained, SETENA was assessing possible environmental viability when the community and tourists submitted the referenced email and official letter. The community and tourists do consider themselves formally participating parties from the time SETENA became aware, in a timely and proper manner, of the existing concern. But, as stated throughout this document, SETENA simply ignored them.
Had SETENA analyzed the matters presented, it would have noticed the large number of omissions and irregularities attributable to both SETENA itself and the developer. It is unacceptable that SETENA told MINAE that it had not received this documentation, which is entirely false. The statements in Fact 2 of the amparo application prove the contrary. Consequently, SETENA did know of the documentation beforehand and it was directed to SETENA, demonstrating SETENA’s persistent lack of seriousness and interest toward civil society.
The canton generally, organized groups such as the Cámara de Turismo, Asociación de Desarrollo Integral, and Asociación del Acueducto, residents, and tourists are categorically opposed to the construction of a swine farm of such dimensions and with such a number of pigs facing Laguna de Río Cuarto.
CHAPTER V
RELIEF REQUESTED AND URGENT PROVISIONAL PRECAUTIONARY MEASURE
Based on the statements in the amparo application and the evidence submitted, as well as the subsequent official letters included in the case file, the report submitted by SETENA, and this Opposition Report, the justices of the Constitutional Chamber of the Corte Suprema de Justicia are very respectfully requested to grant the following relief:
“1. Regarding the documentation received by the Municipalidad de Río Cuarto It is important to mention that the Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and the Urban Planning and Control Department (responsible for issuing construction permits) have received all documents generated as a result of the Crucero Mega Pig Farm and, most recently, Santa Rita. Below is a chronological account of the documents submitted to the Municipalidad de Río Cuarto (in every case, the corresponding proof of receipt is available), which also form part of Case File No 26-019102-0007-CO:
23 September 2025: On this date, the Mayor’s Office and the Concejo Municipal de Río Cuarto received an unnumbered official communication submitted by 255 residents of the Canton and tourists, requesting a hearing, information, and an interinstitutional working group, among other matters, concerning the possible development of a large-scale animal-production project near Laguna de Río Cuarto (Fact 3, Anexo 3 to the amparo application, Case File 26-019102-0007-CO).
The foregoing is confirmed by the statement made by the Mayor’s Office to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), quoted verbatim:
“That, indeed, in September 2025, the Municipalidad de Río Cuarto received an unnumbered written submission through which residents of the canton expressed their views concerning a possible pig-farm project in the district of Río Cuarto, specifically on a property located near Laguna de Río Cuarto. Through that written submission, they requested a hearing before the Concejo Municipal de Río Cuarto and the possible establishment of a formal dialogue group to address the situation described, composed of representatives of the Local Government, the community, and the competent institutions. Those requests were addressed and handled by the Concejo Municipal and the Municipal Administration.” “In response to the foregoing, the honorable Concejo Municipal de Río Cuarto granted the requested hearing at session number 084-2024, held in person on 27 October of that same year. The hearing lasted thirty-six minutes, during which the residents of the canton who appeared expressed what they deemed relevant. As recorded in certification number CERT-SCMRC-0087-2026, quoted as follows:
‘At Regular Session number eighty-four, held in person on Monday, 27 October 2025, under Article III, Hearings and Swearing-In Ceremonies, the Concejo Municipal de Río Cuarto granted the requested “hearing for residents concerning the possible development of pig-farming activities near Laguna Río Cuarto,” for a period of 36 minutes, from minute 03:02 through minute 39:47; this can be verified in the session library on the Municipalidad’s YouTube channel at https://youtu.be/hCxrODC7Xqc’.” 01 June 2026: A copy of the amparo application filed against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) and the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) was delivered to the Concejo Municipal and the Mayor’s Office of the Municipalidad de Río Cuarto. It was assigned Case File number 26-019102-0007-CO.
10 June 2026: An unnumbered official communication was sent to Mr. Henry Chacón Bolaños, Acting Coordinator of Urban Planning and Control of the Municipalidad de Río Cuarto and the person responsible for issuing construction permits generally. It provided him with an account of all the reasons supporting the denial of a construction permit for Granja Porcina Crucero. This document forms part of Case File 26-019102-0007-CO.
18 June 2026: The Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and the Acting Urban Planning and Control Department of the Municipalidad de Río Cuarto were provided with an unnumbered official communication addressed to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, which placed on record the irregular placement of signs for both pig farms, Crucero and Santa Rita. This document forms part of Case File 26-019102-0007-CO.
18 June 2026: The Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and the Acting Urban Planning and Control Department of the Municipalidad de Río Cuarto were provided with an unnumbered official communication addressed to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, referring to the so-called Supervening Fact (the unified nature of the Crucero and Santa Rita pig farms). This document forms part of Case File 26- 019102-0007-CO.
18 June 2026: The Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and the Acting Urban Planning and Control Department of the Municipalidad de Río Cuarto were provided with an unnumbered official communication addressed to the Venecia Regional Directorate of the Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), requesting a technical opinion on the unified nature of the Crucero and Santa Rica pig farms and the pig farm located in Venecia. This document forms part of Case File 26-019102-0007-CO.
18 June 2026: An unnumbered official communication was sent to Mr. Henry Chacón Bolaños, Acting Coordinator of Urban Planning and Control of the Municipalidad de Río Cuarto, informing him of the official communications sent to the Constitutional Chamber and SENASA. This document forms part of Case File 26-019102-0007-CO.
03 July 2026: The Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and the Acting Urban Planning and Control Department of the Municipalidad de Río Cuarto were provided with a copy of the unnumbered official communication dated 19 June 2026 and addressed to Mr. José Manuel Alvarado, Pital Subregional Chief of the Sistema Nacional Áreas de Conservación (SINAC). This document forms part of Case File 26-019102-0007-CO.
03 July 2026: The Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and the Acting Urban Planning and Control Department of the Municipalidad de Río Cuarto were provided with a copy of the unnumbered official communication dated 22 June 2026 and addressed to SETENA’s Environmental Auditing and Monitoring Department, requesting a copy of all entries made concerning the Granja Porcina Crucero Project and its surroundings. This document forms part of Case File 26-019102-0007-CO.
03 July 2026: The Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and the Acting Urban Planning and Control Department of the Municipalidad de Río Cuarto were provided with a copy of the unnumbered official communication dated 23 June 2026 and addressed to the Constitutional Chamber concerning the opening of the Digital Logbook. This document forms part of Case File 26- 019102-0007-CO.
2. Background involving the Municipalidad de Río Cuarto Civil society has remained in constant communication with the Municipalidad de Río Cuarto and its authorities to convey its concern about and opposition to the construction of pig farms around Laguna de Río Cuarto, as evidenced below:
23 September 2025: As stated in the preceding section, on this date the Mayor’s Office and the Concejo Municipal de Río Cuarto received an unnumbered official communication submitted by 255 residents of the Canton and tourists, requesting a hearing, information, and an interinstitutional working group, among other matters, concerning the possible development of a large-scale animal-production project near Laguna de Río Cuarto (Fact 3, Anexo 3 to the amparo application, Case File 26-019102-0007-CO).
07 October 2025: Through Official Communication OF-AL-492-2025, the Mayor’s Office responded to the community’s request for information made through the unnumbered official communication of 23 September 2025.
17 October 2025: Through Official Communication OF-CM-244-2025, the Secretariat of the Concejo Municipal (CM) informed the residents that the meeting with the CM would take place on 27 October 2025.
27 October 2025: A meeting was held with the CM and the Mayor’s Office, at which community representatives expressed their concerns regarding the possible development of pig-farming activities near Laguna de Río Cuarto, as well as the existing uncertainty, the requests made in the letter bearing 255 signatures, the possibilities of reaching an agreement with the owner, the effects on ecotourism, the need for greater clarity regarding permits from the Municipalidad, the Territorial Ordinance, the harmful effects of the possible construction of the pig farm, among other matters.
Below are some verbatim quotations from the Mayor’s statements at this CM session concerning Laguna de Río Cuarto, the developer, the Municipal Ordinance, and the pig farm. His remarks followed those of the community, according to Minutes 84 of that date, which were included as part of Fact 6 and its Annex to the amparo application:
“I say this with complete sincerity: when that happened, I felt the same fear that you may be feeling at this moment, and I am saying it while being recorded and at a session, because we have two fundamental treasures, in addition to many others, but we must take very great care of those two treasures.” Emphasis not in the original.
“There is no precise information about where or how he will position whatever he may eventually place on that property; we have no clarity, and I say this with complete sincerity.” Emphasis not in the original.
“At some point, the Concejo Municipal could make certain decisions regarding the requested construction permits on the basis of technical opinions from SENASA, MINAE, the Dirección Nacional de Aguas, and the Ministerio de Salud. It could ask the Administration to undertake a ‘negotiation,’ to use a word in quotation marks because it is not the most semantically appropriate term, but rather an effort to seek convergence among the positions of the residents, the Administration, the company, and the Concejo Municipal, which I believe is what we should work toward.” Emphasis not in the original.
“After this meeting, if you deem it appropriate, I can begin convening the institutions, although I believe that, as a courtesy, we could also convene the business owner beforehand so that he may hear the position of these residents. This is not a matter of our simply putting an X through everything; what we need is to try to coexist harmoniously, identify the best locations on the property, the best logistical arrangement, or the best distribution of the site design or on-site location of the activities, and reach that point. I would be very happy to serve as the liaison for that purpose.” Emphasis not in the original.
“For my part, Mr. President, I wish to leave the door open for negotiation, and my position is the same as yours: to try to see how far we can go by asking the owner, as a courtesy in this case, perhaps to explain the project to us and tell us that this area is for breeding, this one is for production, and the area below is for distribution, or whatever the case may be. I have always said that I happened to be closely involved when the country was going to undertake the Acueducto de Sardinal in Guanacaste, and community organizing halted the project for many years. In other words, what is being brought forward today in response to any development here is not weak, and it must be heard and processed. In that regard, you may count on the Administration, on my part, to open the doors to this process. There is a situation that I believe we can hardly avoid; the situation exists and must be addressed so that these matters can coexist more harmoniously. I would nevertheless note that, if that interinstitutional group provides the Concejo Municipal with the necessary elements, the Concejo Municipal would also have the authority, subject to technical opinions, for the Ordinance to have the capacity, let us say, to individualize matters to some extent.” Emphasis not in the original.
“This Concejo Municipal has taken a position regarding the Ordinance proposed by the Administration, which fundamentally believes in the canton’s tourism development; fundamentally.” That is all from me, Mr. President, and I remain available to answer any questions.
President Daniel Vargas: Thank you very much. Emphasis not in the original.
The President of the Concejo Municipal concluded the meeting as follows:
“With this, we conclude the residents’ hearing. We thank you for your position and for informing us. As the Mayor says, we will continue working on this matter with our Mayor’s agreement, and he will therefore be responsible for following up on this entire issue. We will now proceed with the session.” Of everything stated by the Mayor, the preceding verbatim quotations were selected because they make it possible to convey to the Constitutional Chamber the position in which, according to the highest administrative authority of the Municipalidad de Río Cuarto, they themselves stood regarding the “explanation of the project.” In conclusion, while the community and the Municipalidad itself lacked information and wished to establish dialogue groups, including with the developer, only 7 calendar days after this CM hearing, SETENA granted environmental viability (Viabilidad Ambiental) through Resolution No 1628-2025 SETENA (Fact 7 and its Annex to the amparo application).
Also noteworthy is the concept used by the Mayor in defining Laguna de Río Cuarto as “a treasure that we must take very great care of.” Furthermore, regarding the Land-Use Planning Public Policy, a matter that will be addressed in far greater detail below, the Mayor clearly stated that the “Concejo Municipal has authority” over this matter and that the policy clearly designates the area around Laguna de Río Cuarto solely for ecotourism and residential purposes.
12 December 2025: At the community’s request, a meeting was held with the Mayor and his technical team. The meeting minutes were sent to community representatives on 14 January 2026, the date on which they were reviewed and comments and clarifications were submitted. Anexo 1 to this document contains those minutes; however, they do not include the corrections requested by the community representatives, namely:
➢ The statement in the third bullet point was not made by the community representatives. What was said was the following: “The fact that no Regulatory Plan (Plan Regulador) exists for the Canton does not preclude action against the location of the pig-farming project, given that there is a Municipal Ordinance Plan, which was approved by the Concejo Municipal and restricts uses at that location to tourism and residential purposes.” ➢ An important paragraph that was in fact stated by the community representatives was deleted. It reads: “It is emphasized that, although the area under analysis consists of agricultural lots (quintas agrícolas), any development will have environmental and social impacts that must be assessed comprehensively, prioritizing protection of the common good, which in this case is Laguna de Río Cuarto.” These minutes are cited to convey that, as of 12 December 2025, by which time environmental viability had already been granted and the meeting between the developer and the Municipalidad had already taken place, the community was only then receiving some more concrete information regarding Granja Porcina Crucero.
Note the relevance today of the verbatim quotation identified with a bullet point and underlined in red, in which the community was informed of what the developer himself told Municipalidad officials, acknowledging that: “The project does not encompass the complete production cycle, but rather specific segments of the business.” This was possibly an attempt to minimize the scale of what he intended to undertake at that specific location, but it is plainly further evidence of the so-called Supervening Fact, reported in other documents in the case file and associated with the unified nature of the Crucero and Santa Rita pig farms and the pig farm located in Venecia, as a single production unit.
Other equally important phrases in the minutes of the meeting held on 12 December 2025 are also underlined, such as: “general information”; “only general information about the site is available”; “the owner declined to attend the meeting”; and “for the purpose of learning the type of development that is intended.” The last of these clearly conveys what the developer intends to undertake with Crucero and Santa Rita, namely the same activities as in Venecia, through a substantial number of D1 forms (see figure No 3, page 7 of the Opposition Report).
19 January 2026: An email was received from the Mayor attaching the official communications addressed to SINAC (of MINAE), the Dirección de Aguas (of MINAE), SETENA (of MINAE), the Ministerio de Salud, and SENASA, requesting technical opinions. It should be recalled that this was one of the commitments made to the community on 27 October 2025 and 12 December 2025. These official communications, all dated 15 January 2026, were included as part of Anexo 12 to the amparo application.
03 February 2026: The document entitled “Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal” (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio), challenging the environmental viability granted by this MINAE department to Granja Porcina Crucero, was sent by email to the Concejo Municipal and the Mayor’s Office of Río Cuarto (Anexo 12 to the amparo application).
10 February 2026: By email on this date, the Mayor was asked, among other inquiries, to provide a copy of each institution’s response concerning the technical opinion requested by the Municipalidad.
From: Nombre01 <...03> Sent: Tuesday, 10 February 2026 09:12 To: Jose Miguel Jimenez Araya <...05>; Henry Chacón Bolaños <...04> Cc: ...01 <...01>; Roberto Rodríguez <...06>; Región Huetar Norte <...08>; ...07 <...07> Subject: Request for information and meeting 17 February 2026: Through Official Communication OF-AL-060-2026, the Mayor’s Office of the Municipalidad de Río Cuarto invited the various institutions involved to a meeting at the municipal facilities on 26 February 2026, with the following purpose, quoted verbatim:
“…to analyze and coordinate actions concerning the possible development of pig farming near Laguna de Río Cuarto. Given the importance of this matter and its potential impact on the canton, we would appreciate your participation in order to enhance the analysis and establish joint agreements.” Emphasis not in the original.
This official communication formed part of the annexes submitted by the Municipalidad de Río Cuarto with its report to the Constitutional Chamber.
24 February 2026: Through Official Communication OF-AL-067-2026, the Mayor’s Office responded to the inquiries made by the community on 10 February 2026 and provided the responses given by each institution. See Anexo 2 to this document, where it may be noted that, except for SENASA, the other institutions did not address the Municipalidad’s request at all. The following verbatim quotation is taken from SENASA’s response (Anexo 2):
“Now, although the project already has environmental viability granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), it is observed that the corresponding resolution does not provide detailed cartographic or engineering information concerning the exact location of the sheds and treatment system in relation to Laguna de Río Cuarto’s area of influence. There is concern that the lagoon is a highly vulnerable ecosystem with significant water-resource value and that, given the absence of precise data regarding livestock-farming residues (runoff and leachate management), the setback of the structures, and management of the adjoining areas, a technical environmental concern arises because the impact that may result from carrying out the activity depends on management of the farm, and this technical issue cannot be ignored. Accordingly, given that SENASA’s role is to ensure proper operations, good livestock-farming practices, animal welfare, and biosecurity measures, while other bodies have authority over the management of residues and environmental viability, application of the precautionary principle makes it urgent to request a joint technical working group for technical analysis within each institution’s area of competence. Therefore, before issuing a technical opinion, it is deemed necessary to hold a joint meeting.” Emphasis not in the original.
24 February 2026: Through Official Communication OF-ADIRC-001-2026, the Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Río Cuarto informed the Concejo Municipal that, on 30 January 2026, an Extraordinary General Assembly of its members had been convened to address the issue of “sheds for raising pigs,” as stated in that communication. It set out the background findings and resolutions adopted, information that forms part of Anexo 16 to the amparo application. Among the resolutions adopted unanimously by the Assembly, the following two are especially relevant, quoted verbatim:
“1º To acknowledge the situation arising around Laguna Río Cuarto and the possible implications of a large-scale pig farm commencing operations in its surrounding area.” Emphasis not in the original.
“4º To encourage the Municipalidad de Río Cuarto to declare Laguna de Río Cuarto to be of public and environmental interest.” Emphasis not in the original.
26 February 2026: An interinstitutional meeting was convened by the Mayor’s Office of Río Cuarto, with the Dirección de Aguas, SINAC, SETENA, the Ministerio de Salud, SENASA, and a civil-society representative. In its report to the Constitutional Chamber, the Municipalidad described the matters addressed at this meeting.
23 April 2026: Because rumors arose in the community that the current Mayor of Río Cuarto, Mr. José Miguel Jiménez, would resign from office to take a position in the new government, it became necessary to send him an email requesting a follow-up meeting regarding the matters agreed upon and, at the same time, to introduce ourselves to the new Mayor, Ms. Stephanie Aguilar Rojas. See Anexo 3.
27 April 2026: In response, the Mayor sent an email stating that his schedule would not allow him to meet and requesting that the community meet with Deputy Mayor Ms. Aguilar Rojas on 07 May 2026. See Anexo 4. On that same date, the community thanked the Mayor for his response but asked him to send, by email and before the meeting of 07 May 2026, a progress report on the agreements. No response was received from the Mayor. See Anexo 5.
07 May 2026: A meeting was held with the Mayor, at which all the background information and civil society’s concerns were presented to her. She took notes and undertook to follow up on the commitments assumed by the Mayor’s Office and the requests made by the community. The Mayor attended the interinstitutional meeting of 26 February 2026 and was therefore familiar with the case.
13 May 2026: By email, the Mayor stated that “a formal response to the request will be provided once all responses and opinions corresponding to each of the matters raised have been obtained.” See Anexo 6.
03 June 2026: The Mayor sent Official Communication OF-AL-200-2026 to the community (see Anexo 7), responding to the inquiries made. Regarding the official communications that the Municipalidad addressed to the institutions, its response appears below:
05 June 2026: As part of the preparation of the Regulatory Plan, according to the attached program, the Municipalidad convened the residents of Río Cuarto, El Carmen, Crucero, and Carrizal for a meeting with the Commission and the consulting firm retained to prepare the Regulatory Plan. The opportunity was used to raise before those present the problem posed by the possible construction of a pig farm with thousands of pigs opposite Laguna de Río Cuarto.
29 June 2026: By email, the Mayor and the head of the Municipalidad’s Urban Planning and Control Department were asked to provide the official communications that the Municipalidad had addressed to government institutions and the developer, all in connection with the amparo application and other actions undertaken by the community, including inquiries to other institutions, official communications addressed to the Constitutional Chamber, and the Opposition Report. See Anexo 8.
13 July 2026: The Mayor’s Office responded to the request made on 29 June 2026 and attached the official communications to SETENA, SINAC, and the Developer, all three of which had been sent on 26 June 2026. See Anexo 9.
3. Regarding the Interinstitutional Working Session Mentioned by the Municipalidad de Río Cuarto The amparo applicants agree with the following statements contained in the report submitted by the Municipalidad de Río Cuarto to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice:
“For its part, this Municipal Administration, seeking to address comprehensively the matters set out in the written submission filed on 23 September 2025, directed a series of inquiries to different institutions that might have authority to address the situation raised. It also sought to obtain technical input that could provide support when assessing applications for the various municipal licenses and permits that might be submitted to this Local Government for the commencement of operations of the project known as Granja Porcina Crucero. The inquiries were addressed to SINAC, the Dirección de Aguas, SETENA, the Ministerio de Salud, and SENASA through official communications numbers OF-AL-005-2026, OF-AL-006-2026, OF-AL- 007-2026, OF-AL-008-2026, and OF-AL-009-2026, respectively. Those communications were answered by the institutions. Their responses may be reviewed by your authority, as they are attached to this report.” “Once the consulted institutions had submitted their responses to the various inquiries raised, an interinstitutional meeting was convened to address the development of a pig farm near Laguna de Río Cuarto.
The meeting was convened for 26 February 2026 by the Mayor’s Office through Official Communication number OF-AL-060-2026. The invitation was extended to the Dirección de Aguas, SINAC-MINAE, SETENA, the Ministerio de Salud, and SENASA, and members of civil society who were among the signatories of the initial written request were also invited.” Emphasis not in the original.
“During the meeting, the situation was addressed broadly and at length, and each institution and the community representatives presented their arguments. The meeting minutes contain a concise account of the matters addressed and discussed and the agreements reached at that time. This is quoted below:” Emphasis not in the original.
The following is the supplementation or clarification provided by the amparo applicants regarding the Mayor’s Office’s statements, beginning in each instance with a verbatim quotation:
• “The community does not oppose the project as such, but rather its current location opposite the lagoon.” This was indeed the message conveyed by the community for many months, hence the amparo applicants’ insistence on creating an opportunity for a sincere and transparent meeting, as good neighbors, with the developer and the Municipalidad.
However, in view of the following matters, the current position is that our rights must be upheld, including the right to a healthy and ecologically balanced environment; that no government institution should grant any permit for a pig farm in the areas established in the Land-Use Planning Public Policy, which are designated as Residential and Ecotourism Development zones; and that SETENA and MINAE must review their actions in this case in light of the relief requested in the amparo application and the Opposition Report, both of which form part of the Constitutional Chamber’s case file.
The community is not responsible for the situation in which the developer now finds himself:
➢ The manner in which the developer, his environmental consultant (regente ambiental), and SETENA operated, as described in the so-called “Supervening Fact” regarding the unified nature of the projects, a situation of which the community was unaware; ➢ The failure to comply with the applicable rules, including the placement of signs; ➢ The large number of issues identified in the D1 forms; those relating to Granja Porcina Crucero are described in the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal; ➢ The lack of seriousness and professionalism on both SETENA’s and the developer’s part in their handling of the so-called D1 Forms and their sworn declarations; ➢ The fact that the developer had no interest in meeting with the community and the Mayor’s Office; ➢ The desire to move ahead at breakneck speed, despite the identified instances of noncompliance, in the belief that the community would not act as communities have acted in other places; ➢ Among other matters.
• “It is estimated that the sheds could house approximately 5.000 pigs.” This number of pigs is extremely important to the analyses and balancing assessments. However, the developer did not include it in his D1, and it is unknown whether this was an omission or deliberate; SETENA did not even notice the issue because it did not request that information.
It should be recalled that this is a mega pig farm opposite Laguna de Río Cuarto, which SINAC classifies as a lacustrine wetland (Humedal Lacustre). SENASA addressed this matter and expressed concern not only because the number of animals was unknown, but also because there was no information or projection, based on statistics, regarding the numbers of male and female pigs, a factor that also affects the technical analyses.
• “The aim is to anticipate possible impacts before the project materializes.” This was perhaps one of the most important matters because the message conveyed by the Municipalidad itself, through the person serving as Mayor at that time, and by the community, was that they should be “disruptive” and thereby anticipate problems and identify, together with all the institutions present, agreed solutions, including with the developer, to prevent Granja Porcina Crucero from being built in the Laguna de Río Cuarto area. It should be recalled that, at that time, the community was unaware of Santa Rita, which was not discussed at any point during the meeting.
Unfortunately, all the institutions took the same position: avoiding commitments and explaining what each one, according to its own view, was responsible for doing. Statements such as the following predominated, among others:
➢ “we depend on what other institutions approve” ➢ “our permits are not the final step” ➢ “it is the Municipalidad that ultimately may issue the construction permit” ➢ “we limit ourselves to the operational stage” ➢ “we do not act until harm has occurred” ➢ “they should consult us in writing” In conclusion, the meeting was truly disappointing for the community.
• “A Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal regarding the environmental viability (license) granted to the Granja Porcina Crucero Project, located opposite Laguna de Río Cuarto, Alajuela, was filed, challenging the environmental viability granted.” When this matter was raised, none of the institutions was aware of it, not even SETENA, whose representative immediately checked the system and confirmed the situation. From that point onward, all the institutions became even more guarded, stating that it was necessary to wait for SETENA and MINAE to issue their decisions.
In particular, the position of Mr. Dennis García Fallas of SETENA’s Environmental Auditing and Monitoring Department reflected not only concern over his lack of knowledge of the matter, but also the same approach, namely, waiting for decisions.
Note: It should be noted that Mr. García Fallas is the person to whom the community addressed an official communication on 23 June 2026, which was added to the Constitutional Chamber’s case file on that same date, requesting all supporting documentation from the visits conducted. That information was not provided. However, in our view, that request gave rise to Carta-SETENABD- DT-DEA-0214-2026, whose subject is “Statement of Opening of Digital Logbook Number 17638,” only on 23 June 2026.
It should be recalled that the interinstitutional meeting took place on 26 February 2026. SETENA’s passivity has therefore been astonishing.
• “Concern regarding constant truck traffic, environmental impacts, and the right to a healthy environment.” This matter was indeed addressed at the interinstitutional meeting because, in connection with the construction of the internal roads that the developer has been carrying out, which are depicted in various documents held by the Constitutional Chamber, dozens upon dozens of dump trucks loaded with material have been damaging the public road. When the damage becomes extreme, the Municipalidad fills the holes with material and grades the road in some areas.
Note that the “constant truck traffic” was documented at this interinstitutional meeting of 26 February 2026. This constant truck traffic is precisely for transporting material for one of the activities identified by the developer in his D1 and also reflected in SETENA’s resolution, known as “internal roads.” Yet it has gone unnoticed by that institution, as stated in the various documents submitted to the Constitutional Chamber.
• “The potential development of the Geopark and the impact on ecological tourism were mentioned.” As with the preceding matter, the Geopark and the impact that construction of a mega pig-farming project opposite Laguna de Río Cuarto would have on ecological tourism were addressed at this meeting. It may nevertheless be concluded that this did not resonate with the institutions for the reasons stated above: each of them sought to avoid making commitments and instead waited.
• “There is concern regarding a possible future expansion of the project. Institutions present:” This matter was discussed, but unfortunately nothing came of it for the same reason: no institution wished to go beyond what it is accustomed to doing. For some, “the harm must occur before action can be taken,” a disappointing attitude.
The following should be noted from the Municipalidad’s record of the meeting:
4. Regarding the Responses Given by the Public Institutions According to the Minutes Prepared by the Municipalidad de Río Cuarto The following are the verbatim notes made by the Municipalidad regarding the statements of each institution at the interinstitutional meeting, together with some comments from the community:
SENASA: It stated that, for the time being, its actions depend on the project obtaining all permits from the corresponding institutions.
SETENA: It stated that the Municipalidad could inquire into the procedural history of the motion for reconsideration filed. It was stated that the construction permit should not be approved until that motion is decided, as the decision could have suspensive effect.
Ministerio de Salud: The location permit was issued on the basis of the wastewater treatment system and in compliance with the established requirements. However, there is doubt as to whether the proposed system will have sufficient actual capacity for the volume of production.
Project capacity: The approved project provides for an approximate capacity of 3.500 pigs, including the gestation, lactation, and production stages. SENASA must verify that production does not exceed this quantity.” The emphasis is not in the original, but is added because of the significance of this statement. That is, if doubts of such magnitude exist, how is it possible that SETENA, a MINAE department, would merely raise them and not undertake to request serious studies to determine whether subsequent permits, or environmental viability itself, should be granted?
SINAC: It stated that the protection area for the lagoon or spring (naciente) requires a 50-meter setback, a requirement that apparently is satisfied.
The community cannot find words to understand SINAC’s statement, made not only at that time but also recently through its one-page Official Communication CARTA-SINAC-ACAHN-DR-SP-J-034-2026, dated 03 July 2026. That communication was issued in response to the official communication submitted by the community on 19 June 2026, a copy of which is held by the Constitutional Chamber, and which was addressed to Mr. José Manuel Alvarado Arguedas, Pital Subregional Chief.
The official communication submitted by the community resulted from a serious and responsible analysis and was sent to Mr. Alvarado in detailed form, accompanied by a large volume of information arising from the research conducted into what Laguna de Río Cuarto and its surroundings mean, from an environmental perspective, to SINAC itself. It requested the position of this MINAE department on the matter.
The response given by Mr. Alvarado, who also participated in the interinstitutional meeting convened by the Mayor’s Office, is unquestionably disappointing. It is included in Anexo 10 to this document, from which the following is taken, quoted verbatim:
“Among SINAC’s powers and responsibilities is issuing permits for tree cutting and harvesting, where applicable.” “Ensuring that no encroachment occurs in the protection area of rivers, streams, or springs, pursuant to Article 33 of Ley Forestal 7575.” “Protection of wetland areas.” Emphasis not in the original.
“Protection of lands constituting the State’s Natural Heritage and ASP.” “Therefore, at present, the construction of the mega pig farm is not violating environmental rules within SINAC’s area of competence, such as those concerning tree cutting, construction in water-resource protection areas, impacts on wetland areas, encroachment upon lands constituting the State’s Natural Heritage or Áreas Silvestres Protegidas, or impacts on wildlife.” The emphasis is not in the original, but it demonstrates that, regrettably, SINAC requires the harm to materialize before it will act.
Obviously, the mega pig farm has not been built. However, attitudes such as these, which are neither reasonable nor acceptable, particularly when expressed by decision-making officials, reveal little or no commitment to the environment, coupled with an inability to identify technical, legal, and environmental grounds that would make it possible to anticipate adverse effects.
Regarding the second official communication, CARTA-SINAC-ACAHN-DR-PRH-023-2026, which is included in the same Anexo 10, the same issue arises again. It is obvious that SINAC did not find any adverse effects during its site visit because, thanks to the community’s actions, the mega pig farm has not yet been built.
Notwithstanding the foregoing, the community wishes to place on record the following fact regarding this second official communication:
➢ SINAC merely states that the possible pig farm “will not cause any direct impact under the parameters of the current forestry regulations.” The emphasis is not in the original, but is added because, specifically in the forestry context, an anonymous report was made by telephone on 15 January 2026 regarding the constant sound of chainsaws at Dirección02, as well as the cutting of a large number of species along the public road leading to the lagoon and in another area located less than 50m from the lagoon’s outer edge, where toucans and many other bird species nested. Unfortunately, SINAC did not respond to the report, which it was legally obligated to address. Even today, the piles where all this vegetation was accumulated can easily be observed, as shown in the following two photographs:
Dirección de Aguas: It must be verified whether the springs are officially registered, since AyA is the entity responsible for compiling this information. It was also stated that the regulations concerning groundwater in these cases are limited.” Like the other statements, this statement from another MINAE department is disappointing.
SENARA: It could intervene in relation to aquifer-recharge areas, although it cannot impose restrictions on private property.
This reflects the same attitude as that of the other public institutions, each one explaining its “inability to act or go further.” Environmental matters identified • Risk of eutrophication or contamination of the lagoon.
• Runoff and soil chemical management. • Impact of nutrients on the ecosystem. • Control of offensive odors; existing regulations exclude livestock activities. These issues, among others, were indeed addressed at this interinstitutional meeting, but unfortunately no concrete agreements or initiatives emerged to prevent construction of the mega pig farm, as the Municipalidad de Río Cuarto itself states below: Agreements and actions 1. “Formally consult each institution so that it may issue its position on the project.” The interinstitutional meeting took place on 26 February 2026. The Municipality submitted inquiries to SETENA and SINAC (see Anexo 9) on 26 June 2026. 2. “Request information on the status of the motion for reconsideration (recurso de revocatoria) filed with SETENA.” It was the community that informed the Municipality of the “alleged untimeliness,” which, as has been repeatedly stated, is attributable to the actions of SETENA itself and the developer. 3.
“Suspend further processing of the construction permit until that motion is resolved.” This was indeed done, and construction remains without a permit, now as a result of the amparo proceeding. See Anexo 11. 4. “Verify the location and registration of the springs (nacientes) through the Dirección de Aguas and AyA.” The community is unaware of any progress. 5. “Confirm the actual capacity of the wastewater treatment system proposed in the plans.” The community is unaware of any progress. 6. “Analyze the potential environmental impacts, particularly on Laguna de Río Cuarto.” The community is unaware of the progress made on this issue or what actions have been taken. “Final observations. The need to address the matter through a preventive approach is emphasized, in order to ensure environmental protection and the well-being of the community.” Despite the effort to implement that “preventive approach in order to ensure environmental protection and the well-being of the community,” as the Municipality states in its minutes, there was no way to put it into practice on the part of the other institutions participating in the interinstitutional meeting.
Finally, it should be noted that, as part of the interaction with and among the institutions involved, none of them thought to question and/or mention Decreto Ejecutivo No 45516 of 03 de febrero 2026, which provides the following in its Objective, Functions, and Recitals, quoted verbatim (emphasis added):
Article 1.-Objective. The Comisión Nacional Una Sola Salud Costa Rica is hereby created as a multidisciplinary and interinstitutional body to foster collaboration, communication, and coordination among the Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, and Ministerio de Ambiente y Energía through the “One Health” approach, in a balanced and equitable manner, for the purpose of providing advice, through technical criteria, to the corresponding heads and/or authorities regarding prevention and preparedness measures for challenges posed by human, animal, and environmental health events arising from the emergence and spread of zoonotic diseases, antimicrobial resistance, vector-borne diseases, food safety and foodborne diseases, and environmental health.
Among other functions, it provides:
Its Recitals state:
5. Regarding the Municipality of Río Cuarto’s statements concerning the Developer The Office of the Mayor states in its report to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional):
“It is pertinent to indicate that, despite the efforts made to secure representation of the registered owner at the meeting or, failing that, to establish other forums for dialogue, as of the date this report was submitted, the owner has not agreed to participate in the meeting in question or in any other forum for dialogue attended by institutional representatives, the community, and this Local Government.” Emphasis added.
“In view of the foregoing, it is stated that both the Municipalidad de Río Cuarto and the Concejo Municipal have acted to promote communication and listening by addressing the requests submitted and seeking forums in which the various opinions may be heard and considered.” “In this regard, it is reported that the owner of the property has submitted the following applications to this Municipality through the APC Platform of the Colegio federado de Ingenieros y Arquitectos:
➢ application number 1262309 for earthworks (movimiento de tierras), which was denied because, when the decision was issued, the environmental viability granted by SETENA had been challenged and was therefore not final.
It should be recalled that the developer was able to build the terraces on which the sheds are designed to stand, as shown in photographs 1, 2, 3, and 4 of the Opposition Report.
➢ Likewise, application number 01261940 for a pig-farm construction permit has not been decided, pending a decision by your authority on the urgent provisional interim measure (medida cautelar provisionalísima) requested by the amparo applicant. This is intended to ensure respect for legal certainty and to obtain the greatest possible clarity when analyzing the requirements submitted by the construction-permit applicant, the applicable legal framework, the general principles of law, and the particular circumstances of the construction.” Not only must the requested interim measure be decided, but the Constitutional Chamber must also decide the amparo proceeding that was filed.
As the Municipality states in its meeting minutes: “As of the date this report was submitted, the owner has not agreed to participate in the meeting in question or in any other forum for dialogue attended by institutional representatives, the community, and this Local Government.” The community would add the following:
“Consideration of the possibility of establishing a formal and permanent dialogue forum composed of representatives of the Municipality, the local community, the competent public institutions (SETENA, MINAE, SENASA, Ministerio de Salud, among others), and the interested developers, for the purpose of promoting transparency, citizen participation, and local environmental governance.” Emphasis added.
6. Regarding the Municipality of Río Cuarto’s statements concerning the Regulatory Plan and the Public Land-Use Planning Policy The Office of the Mayor states in its response to the Constitutional Chamber:
“Regarding the amparo applicant’s allegation that ‘the selected location is incompatible with the tourism and residential uses defined in the canton’s land-use planning instruments,’ it is reported that the Municipalidad de Río Cuarto does not have a Regulatory Plan (Plan Regulador) currently in force, since the Regulatory Plan is presently being prepared. It is also indicated that the canton’s only own land-use planning instrument is the Municipal Ordinance: Public Land-Use Planning Policy for the canton of Río Cuarto, approved by the Concejo Municipal at ordinary session number two hundred twenty, held on Monday, 7 August 2023, through Article V, Resolution N° 09. That document serves only as a starting point in the effort to establish proper urban planning and land-use planning, as well as to enhance the opportunities arising from urban and tourism growth in the canton of Río Cuarto. Under no circumstances, however, may it replace a Regulatory Plan or be applied to the detriment of the provisions of the Ley de Planificación Urbana and the Reglamento de Construcciones, since those rules are hierarchically superior to the Municipal Ordinance: Public Land-Use Planning Policy for the canton of Río Cuarto, and the law must therefore be applied first, followed by the regulations. This is precisely how the municipal entity has applied them at all times.” The community’s considerations on the matter:
1. Civil society clearly understands that the Canton of Río Cuarto does not currently have a Regulatory Plan, which is in fact being prepared (in response to an inquiry, the consulting firm retained by the Municipality estimates that it will be technically completed by December of this year, 2026, prior to the corresponding approvals). Nevertheless, the currently effective document entitled “Municipal Ordinance, Public Land-Use Planning Policy for the Canton of Río Cuarto” is highly strategic and important because it was approved by the Concejo Municipal for implementation by the Municipal Administration, as recorded in “Minutes 220-2023 of the Ordinary Session of the Concejo Municipal of the Canton of Río Cuarto, held at the municipal offices at eighteen hours and minutes on Monday, 07 August 2023, presided over by President Marcela Bolaños Alfaro. Under Article V, Reports of the Government and Administration Committee, Report 001-2023 was received.
RESOLUTION ADOPTED UNANIMOUSLY AND FINALLY APPROVED.” This vital document finds its principal legal basis for application in the following arguments. It is therefore striking and unacceptable to the community that its value and content as a fundamental pillar of the Regulatory Plan should be minimized or disparaged, as the Municipality does through expressions such as: “…the only instrument…”; “a document that serves only as a starting point…”; and “…under no circumstances may it replace a Regulatory Plan or be applied to the detriment of the provisions of the Ley de Planificación Urbana and the Reglamento de Construcciones….” This leads us to question why public funds and time were invested in preparing specifications, conducting the award process, entering into the contract itself, and making payments for its preparation if, ultimately, the Municipality does not wish to use it as a fundamental decision-making tool.
This demonstrates a clear breach of the principle of efficiency, understood to mean, among other things, that public administration seeks the best possible relationship between the results obtained and the resources used to achieve them:
1.1 Constitutional Municipal Autonomy: Articles 169 and 170 of the Constitución Política de Costa Rica grant municipalities exclusive and autonomous authority to administer local interests and services, including urban planning and land-use planning.
1.2 Ley de Planificación Urbana (No 4240): Article 1 of the Ley de Planificación Urbana authorizes local governments to formulate plans and regulations to promote the community’s safety, health, comfort, and well-being.
1.3 Planning Authority (Código Municipal): Article 13 of the Código Municipal expressly establishes the authority of the Concejo Municipal to enact urban- and land-use planning measures within its respective jurisdiction.
1.4 Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment: Article 50 of the Constitución Política and Article 28 of the Ley Orgánica del Ambiente impose upon the State and municipalities the duty to guarantee, defend, and preserve this right, with land-use planning being an indispensable requirement for doing so.
1.5 Legal Limitation of Private Property: Pursuant to Article 45 of the Constitución Política, the right to property is not absolute. The legal system permits municipalities to impose urban-planning restrictions and burdens for reasons of public interest.
1.6 Mandatory Risk Management: The Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo requires municipalities to incorporate disaster prevention and mitigation into their land-use planning policies in order to reduce the population’s vulnerability.
1.7 Coordination with the National Urban Development Policy: The application of municipal policies fulfills the guidelines issued by the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), the governing entity that promotes harmonious and sustainable spatial development throughout the country.
1.8 Protection of Natural and Forest Heritage: Various laws, such as the Ley Forestal and the Ley de Aguas, authorize and require municipalities to identify and protect aquifer recharge areas, protection zones, and urban forests within their planning. Laguna de Río Cuarto and its surrounding areas are unquestionably among them and are incompatible with a mega pig-farm project involving thousands of pigs and the potential for expansion, as has occurred in Venecia.
Specifically, the twelve Recitals and the Therefore section of Minutes 220-2023 of the Ordinary Session of the Concejo Municipal of the Canton of Río Cuarto, held on Monday, 07 August 2023—nearly three years after its unanimous approval and implementation—state verbatim as follows:
(…)
2. To reinforce the foregoing, the document entitled “Municipal Ordinance, Public Land-Use Planning Policy for the Canton of Río Cuarto” itself and other materials prepared by the Municipality state as follows, quoted verbatim (emphasis added):
The 1949 Constitución Política granted Municipalities a broad range of authority to formulate and implement public policies, including those related to planning their territories. It also granted them greater autonomy. This autonomy arises directly from the electoral and representative character of Local Government (Concejo Municipal and Alcaldía Municipal) and means the Municipality’s capacity to establish its policies for action and investment independently; that is, with freedom from other State entities in adopting its fundamental decisions.
In this context, based on a set of technical, legal, and political inputs, this study formulates the “Public Policy” for land-use planning and urban planning in the territories comprising the canton of Río Cuarto. This public policy is founded on the legal framework currently in force and was developed from an assessment of the canton’s current circumstances; it then establishes the development vision and the various lines of action, together with their respective objectives, guidelines, actions, and indicators for land-use planning. In addition, a general regional assessment has been considered to harmonize the local development vision with the regional context.
Methodologically, the public policy was prepared in accordance with the public-policy directives established by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), as well as the technical guidelines on “Local Development Planning” developed by the Contraloría General de la República.
It therefore constitutes a municipal ordinance guiding the formal planning and land-use planning processes for the canton, with a vision integrating the cultural, social, environmental, political, legal, and economic factors particular to the canton of Río Cuarto and its status as part of the Región Huetar Norte.
With respect to their administration, municipalities enjoy political autonomy (Article 169 of the Constitución Política), and according to the analysis of the Procuraduría General de la República (Dictamen C-193-2003), “…this power of self-government is supplemented by the authority to adopt the corporation’s fundamental decisions free from State interference (administrative autonomy) and by the authority to maintain its own assets and budget for the performance of its functions (financial autonomy).” On this matter, the Constitutional Chamber, in judgment number 6706-93, stated: “III).- The Chamber considers that the authority granted to local governments to plan urban development within the limits of their territory does form part of the constitutional concept of ‘local interests and services’ referred to in Article 169 of the Constitution.” Therefore, land-use planning processes form an integral part of the work of establishing the Municipality’s development policy and priorities, as stated in Resolution N° 05 (Unanimous Resolution) of Ordinary Session Nº140- 2022 of the Concejo Municipal de Río Cuarto, Article IV, held on 28 March 2022, which determined:
“Request that the Administration formulate a technical instrument to guide land-use planning and the canton’s road and urban development, beginning with the district seats. To formulate this instrument, the Administration may seek advice from external consultants. In addition, for the formulated technical instrument to acquire the status of cantonal policy, it must be approved by this Concejo Municipal.” This report constitutes the implementation of that request and corresponds to the Public Land-Use Planning Policy of the canton of Río Cuarto.
Land-use planning and urban planning are considered State functions. Articles 169º of the Constitución Política and 15º of the Ley de Planificación Urbana Nº4240 grant municipalities exclusive authority to plan urban development within the limits of their territory through the corresponding regulations. A similar rule is established by Article 28 of the Ley Orgánica del Ambiente Nº7554 with respect to land-use planning:
“Article 28.- Land-use planning policies. It is the function of the State, municipalities, and other public entities to define and implement national land-use planning policies intended to regulate and promote human settlements and the population’s economic and social activities, as well as physical-spatial development, in order to achieve harmony among the population’s greater well-being, the use of natural resources, and environmental conservation.” It is important to emphasize that we do not have a Regulatory Plan. This allows construction projects of various classifications to be carried out throughout the canton without any type of restriction or planning, making it extremely important to begin a comprehensive territorial-management plan.
This management must integrate the various components of urban development, including land transportation routes, social impact, structures and infrastructure, tourism, and connectivity. It must incorporate a comprehensive vision of the population’s needs and focus on proper growth capable of being guided by an instrument that includes the matters cited above.
Based on this reflection, the Concejo Municipal de Río Cuarto finally approved the request in the following terms:
“Request that the Administration formulate a technical instrument to guide land-use planning and the canton’s road and urban development, beginning with the district seats. To formulate this instrument, the Administration may seek advice from external consultants. In addition, for the formulated technical instrument to acquire the status of cantonal policy, it must be approved by this Concejo Municipal. RESOLUTION ADOPTED UNANIMOUSLY AND FINALLY APPROVED.” “1.3. Purpose and Objectives of the Ordinance:
Municipal Ordinances are the rules adopted by each local government and are binding upon citizens. In Costa Rica, they correspond to the provisions of Article 4º of the Código Municipal, Ley Nº7794 of 30 April 1998, which includes: …” “…For the performance of these functions, the Municipality enjoys the political, administrative, and financial autonomy conferred upon it by the Constitución Política. Accordingly, to fulfill the scope requested by the Concejo Municipal, this ordinance has the following purpose:
‘ESTABLISH THE PUBLIC POLICY GUIDING LAND-USE PLANNING, URBAN PLANNING, AND ENVIRONMENTAL-MANAGEMENT PROCESSES FOR THE CANTON OF RÍO CUARTO.’” “PRINCIPLES OF LAND-USE PLANNING SUSTAINABILITY: Land-use planning must respond to a model based on the use and preservation of existing environmental resources without compromising the ability of future generations to meet their needs, prioritizing the natural system’s carrying and regenerative capacity and the particular vocation of each ecosystem.” In view of all the foregoing, civil society considers that the Municipalidad de Río Cuarto must respect and comply with its own Land-Use Planning Policy. For the areas surrounding Laguna de Río Cuarto, that policy clearly identifies two zones: the Ecotourism Development Zone and the Tourism Residential Zone, both of which are entirely incompatible with construction of Mega Pig Farms such as the one the developer intends to establish.
The community is deeply concerned by the current existence of numerous poultry farms in the area which, together with the existing pig farms and slaughterhouses—not including those proposed for construction—plainly demonstrates that we are not following the correct path toward making the Canton of Río Cuarto a nationally recognized natural and ecotourism destination. This matter must be addressed as part of the Regulatory Plan currently being prepared:
3. The background section of the document “PROCUREMENT OF EXPERT PROFESSIONAL SERVICES FOR THE PREPARATION OF THE 2025 CANTONAL REGULATORY PLAN” establishes the following matters demonstrating the relevance of the current and effective Public Land-Use Planning Policy, quoted verbatim:
“Likewise, the Municipal Ordinance entitled ‘Public Land-Use Planning Policy for the canton of Río Cuarto’ establishes the foundations of the development model and the territorial-development policies for preparation of the cantonal Regulatory Plan.” Emphasis added.
“In this context, through various processes, the Municipalidad de Río Cuarto has progressively obtained a series of technical inputs for preparation of the Regulatory Plan. At this stage, the remaining inputs must be completed and integrated in order to obtain a plan and regulations capable of ensuring the community’s safety, health, comfort, and well-being; the orderly expansion of urban centers; urban and rural development; optimal distribution of economic activities; planned public investment; environmental protection; urban renewal; and preservation of the canton’s distinctive character. This set of existing inputs and processes constitutes the background to this procurement and is summarized below:
➢ Preparation and updating of the Cantonal Road Inventory.
➢ Procurement, preparation, and approval of the ‘Public Land-Use Planning Policy for the canton of Río Cuarto.’ ➢ Preparation, proposal, and approval of the Municipal Development Plan.
➢ Preparation and updating of the Cantonal Road Regulations.” Note the importance of the Public Land-Use Planning Policy to the Regulatory Plan, quoted verbatim:
“The studies, rules, and policies approved by the Concejo Municipal de Río Cuarto in the Public Land-Use Planning Policy for the canton of Río Cuarto must be used as a foundation for and incorporated into the Regulatory Plan. Finally, all regulations and directives approved by the Municipalidad de Río Cuarto and currently in force regarding land-use planning, urban planning, environmental management, risk management, and road planning must be evaluated and harmonized within the proposed urban-development regulations.
Inputs Provided For the process of preparing the Regulatory Plan, the Municipalidad de Río Cuarto shall provide the successful bidder with the following inputs for proper integration:
➢ Base mapping for the entire cantonal territory.
➢ The cadastral mosaic for the entire cantonal territory.
➢ The Cantonal Road Inventory.
➢ The ‘Public Land-Use Planning Policy for the canton of Río Cuarto.’ ➢ The INDER settlement inventory.
➢ The Government Plan for the 2024-2028 period.
➢ The Cantonal Human Development Plan for the Canton of Río Cuarto.
➢ The Road Regulations.
➢ The value map and value platform.
➢ The Management Plan for the Refugio de Vida Silvestre Bosque Alegre.
➢ The Management Plan for the Parque Nacional Volcán Poás.
➢ The updated boundaries of the grids for the Canton’s urban centers.
Available statistics concerning current commercial licenses (patentes), construction permits, and land-use certificates issued.” Regarding the final verbatim quotation from the report submitted by the Office of the Mayor to the Constitutional Chamber:
“Based on the information provided, it is most respectfully requested that a decision be rendered in accordance with law. It is also requested that the urgent provisional interim measure sought by the amparo applicant be decided promptly, so that the Municipal Administration may decide application number 01261940 for a pig-farm construction permit.” Emphasis added.
Based on the arguments presented in the Motion for Reconsideration and Subsidiary Appeal (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio), filed with SETENA and MINAE; the matters stated in the official letters sent to the Concejo Municipal, the Office of the Mayor, and the Planning and Land-Use Planning Department (first point); and the arguments set out in this document, “Considerations concerning the brief submitted by the Municipalidad de Río Cuarto to the Constitutional Chamber,” the community considers that the Municipalidad de Río Cuarto has sufficient supporting grounds to deny the developer the construction permit in question.
In addition to the foregoing and because of what has occurred in this case, civil society in the Canton of Río Cuarto applied to the Constitutional Chamber precisely to enforce the rights that have been violated, as set out in the amparo proceeding.
Below are several considerations regarding one of the many rights that have been violated, namely the Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. This right should be clear not only to the Municipalidad de Río Cuarto but also to all the other institutions involved in the matter. Regrettably, as demonstrated in this document, their actions show that they do not wish to enforce it:
(…)
7. Conclusions 7.1 It has been demonstrated that civil society has maintained constant communication with the authorities of the Municipalidad de Río Cuarto—including the Concejo Municipal, the Office of the Mayor, and the Urban Planning and Control Department, among others—to convey its concern regarding and opposition to the construction of pig farms in the areas surrounding Laguna de Río Cuarto, as evidenced in the first two sections of this document, namely “Regarding the documentation received by the Municipalidad de Río Cuarto” and “Background involving the Municipalidad de Río Cuarto.” 7.2 The following elements justify civil society’s request that its rights be enforced; that no State institution grant any permit for a pig farm in the areas established in the Public Land-Use Planning Policy; and that SETENA and MINAE review their conduct in this case, all in accordance with the Relief Requested in the amparo proceeding and in the Opposition Report before the Constitutional Chamber.
➢ The manner in which the Developer, its environmental manager (Regente Ambiental), and SETENA operated, as explained in the document entitled “Subsequent Fact” concerning the projects’ unity, a situation of which the community was unaware.
➢ Disregard for the regulations, including the placement of signs, among other matters.
➢ The large number of issues identified in the D1 forms, as developed in the Motion for Reconsideration and Subsidiary Appeal in the case of Granja Porcina Crucero.
➢ The lack of seriousness and professionalism (on the part of both SETENA and the developer) in addressing the so-called D1 Forms and their sworn statements, ➢ The fact that the developer had no interest in meeting with the community and the mayor’s office (section five of this document), ➢ The attempt to move forward at breakneck speed (despite the breaches noted), in the belief that the community would not act, as has occurred in other places, ➢ The failure to disclose the number of pigs, an extremely important fact for determining the type of form to be used, ➢ The position of the institutions, in that they avoid making commitments and instead justify why they cannot act or issue a determination, which demonstrates complete inaction by the public sector in safeguarding the requirements established by the Constitution, international conventions, the guiding principles of environmental protection, the various laws, and case law, and consequently constitutes a clear violation by omission of the principle of legality, ➢ The constant truck traffic was one of the activities identified by the developer in its D1 and recorded in the SETENA decision under the term “internal roads,” but it has gone unnoticed by that institution, ➢ The Geopark and the impact that construction of a mega pig-farming project opposite Laguna de Río Cuarto would have on ecotourism failed to resonate with the institutions, ➢ The latent risk of possible expansions of sheds at the pig farms, ➢ The fact that, regrettably, some institutions require the harm to materialize before taking action, ➢ The responses provided by the various institutions, set out in section four, “Regarding the Responses Provided by the Public Institutions According to the Minutes Prepared by the Municipalidad de Río Cuarto.” 7.3 Civil society takes the position that the Municipalidad de Río Cuarto must comply with its own Land-Use Planning Policy, which establishes that only two zones have been identified around Laguna de Río Cuarto, namely, the Ecotourism Development Zone and the Tourism Residential Zone, both of which are entirely incompatible with mega pig farms such as those the developer intends to establish.
7.4 Civil society is aware that the Canton of Río Cuarto does not currently have a regulatory plan (Plan Regulador), which is now being prepared and will be ready in December 2026 for subsequent processing to obtain external approvals. Nevertheless, the currently effective document entitled “Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial, para el Cantón de Río Cuarto” [Municipal Ordinance: Public Land-Use Planning Policy for the Canton of Río Cuarto] is highly strategic and important because it was approved by the Concejo Municipal for implementation by the Municipal Administration, as recorded in the “Acta 220- 2023 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, celebrada el 07 August 2023” [Minutes 220- 2023 of the Ordinary Session of the Concejo Municipal held on 07 August 2023], in which, under Article V, Opinions of the Government and Administration Committee, Opinion 001-2023 was acknowledged as received. AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY AND GIVEN FINAL APPROVAL.
7.5 The document “Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial, para el Cantón de Río Cuarto” finds its principal legal basis for implementation in the following grounds; it is therefore striking and unacceptable to the community that the Municipalidad seeks to minimize it: Constitutional Municipal Autonomy, Urban Planning Law (No 4240), Planning Authority (Municipal Code), Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment, Legal Limitation of Private Property, Mandatory Risk Management, Coordination with the National Urban Development Policy, and Protection of Natural and Forest Heritage. These and other grounds supporting its applicability are specifically addressed in the twelve Reasons and the Therefore section of Acta 220- 2023 of the Ordinary Session of the Concejo Municipal of the Canton of Río Cuarto, held on Monday, 07 August 2023 (nearly three years after its unanimous approval and implementation).
7.6 The community considers that, based on the grounds set out in the application for reconsideration with a subsidiary appeal (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio), filed with SETENA and MINAE; the matters stated in the official communications sent to the Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and the Planning and Land-Use Planning Department (first point); and the statements made in this document, “Comments on the Submission Sent by the Municipalidad de Río Cuarto to the Constitutional Chamber,” the Municipalidad de Río Cuarto has sufficient supporting grounds to deny the developer the so-called Construction Permit. In addition to the foregoing, and because of what occurred in this case, civil society in the Canton of Río Cuarto applied to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), specifically to enforce the rights that have been violated (as set out in the amparo application).
7.7 The report sent by the Mayor’s Office to the Constitutional Chamber does not address matters such as: ➢ What Laguna de Río Cuarto means to the senior authorities of the Municipalidad, who describe it as “a Jewel,” “a Symbol,” and “a Treasure” of the Canton of Río Cuarto, which should, in practice, result in its complete protection. ➢ The significance of Laguna de Río Cuarto as a tourist destination and landmark of the Canton of Río Cuarto. ➢ The statement made by the President of the Concejo Municipal in the audiovisual material to encourage the community to attend the regulatory-plan meetings (with Laguna de Río Cuarto in the background): “A project that seeks the well-being of all our communities, the protection of our natural beauty, our economic development, and the expansion of our culture.” ➢ The progress and importance of the Geoparque Río Cuarto, which represents a transformation of the production model toward sustainable tourism, an initiative supported by MIDEPLAN that even aspires to be nominated in the future as a UNESCO Global Geopark. ➢ Many other issues reflected in the document sent by the Constitutional Chamber to the Municipalidad for its analysis and response, but which were not addressed.
7.8 In view of all the foregoing, civil society in the Canton of Río Cuarto and tourists very respectfully request that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice grant the relief sought in the amparo application, as well as the relief sought in the expanded opposition report concerning the statements made by SETENA and MINAE (…)”.
Justice Castillo Víquez writes the opinion; and, Reasons:
The Court finds the request for interim measures submitted by the amparo applicant to be improper, because, although the matter sub lite was processed for the purpose of determining or ruling out any infringement of the constitutional order, it is no less true that the evidentiary and argumentative basis presented ab initio is insufficient to support a likelihood of success on the merits (fumus boni iuris) with such a degree of probability as would justify ordering those measures.
The applicant challenges SETENA’s grant of environmental viability to a large-scale pig farm without taking into consideration the views of the residents of Río Cuarto. The applicant states that serious violations of due-process guarantees occurred during the processing of the file, for example: i) there was no prior knowledge of what was intended to be built; ii) access to the file was not available until several months later; iii) no sign was placed in a visible location; iv) SETENA conducted no inspections; and v) the community was not given an opportunity to be heard, submit arguments, or identify instances of noncompliance by the developer. The applicant complains that SETENA did not analyze official communications sent by email. The applicant maintains that the social component of the D1 environmental-assessment form was not analyzed and that the developer was not asked to ascertain the positions of the canton’s various organized groups.
The applicant challenges the project’s classification as B2 (moderate-to-low impact), arguing that an environmental impact study should have been prepared. The applicant states that the motions for reconsideration and appeal were denied as untimely, which resulted from SETENA’s own failure to provide information. The applicant indicates that a subsequent investigation revealed that the Crucero pig-farm project forms part of a single project connected with the Santa Rita farm, also located in Río Cuarto, and another farm located in Venecia de San Carlos, all of which belong to the same developer; this further supports the contention that the application should have included an environmental impact study. The applicant maintains that it was recently verified that environmental viability was also issued for the Santa Rica pig farm, which is located very close to the Crucero pig farm and of which the community had no prior knowledge.
The applicant requests that the viability granted through resolution no. 1628-2025-SETENA of 3 November 2025 be set aside and that the Municipalidad de Río Cuarto be ordered to refrain from granting the developer a construction permit.
The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter:
“1. Wetland Ecosystems: Following the geographic review and comparison with field data, it is technically concluded that the property described in the cited survey plan is not affected by wetland ecosystems (palustrine or similar). 2. Proximity to Laguna de Río Cuarto: Regarding the project’s interaction with the body of water, it was determined that the proposed pig-farming activity does not directly affect the water resource under the parameters of the forest regulations currently in force. III. Legal Basis and Conclusion Laguna de Río Cuarto is classified as a lake-type wetland. In this regard, Article 33(c) of Ley Forestal N°7575 establishes the mandatory protection of a fifty-meter (50 m) strip, measured horizontally, along the shores of lakes and natural reservoirs. Once the distances shown on the registered survey plan and the location of the pig-farm facilities were verified, it was confirmed that both are outside the legally established protection area. Therefore, no conflict with the State’s natural heritage is identified in the terms of the inquiry” (boldface in the original). (See documentary evidence).
In the matter sub lite, the applicant challenges SETENA’s grant of environmental viability to a large-scale pig farm without taking into consideration the views of the residents of Río Cuarto. The applicant states that serious violations of due-process guarantees occurred during the processing of the file, for example: i) there was no prior knowledge of what was intended to be built; ii) access to the file was not available until several months later; iii) no sign was placed in a visible location; iv) SETENA conducted no inspections; and v) the community was not given an opportunity to be heard, submit arguments, or identify instances of noncompliance by the developer. The applicant complains that SETENA did not analyze official communications sent by email. The applicant maintains that the social component of the D1 environmental-assessment form was not analyzed and that the developer was not asked to ascertain the positions of the canton’s various organized groups.
The applicant challenges the project’s classification as B2 (moderate-to-low impact), arguing that an environmental impact study should have been prepared. The applicant states that the motions for reconsideration and appeal were denied as untimely, which resulted from SETENA’s own failure to provide information. The applicant indicates that a subsequent investigation revealed that the Crucero pig-farm project forms part of a single project connected with the Santa Rita farm, also located in Río Cuarto, and another farm located in Venecia de San Carlos, all of which belong to the same developer; this further supports the contention that the application should have included an environmental impact study. The applicant maintains that it was recently verified that environmental viability was also issued for the Santa Rica pig farm, which is located very close to the Crucero pig farm and of which the community had no prior knowledge.
The applicant requests that the viability granted through resolution no. 1628-2025-SETENA of 3 November 2025 be set aside and that the Municipalidad de Río Cuarto be ordered to refrain from granting the developer a construction permit.
The Court finds that, on 3 July 2025, SETENA received the Environmental Assessment Document for the Granja Porcina Crucero project in the name of Inversiones Oso de Grecia S. A., which was assigned file D1-0587-2025. File D1-0587-2025 has been visible in SETENA’s public consultation system since the application was filed. Through official communication SETENA-DT-DEA-1062-2025 of 30 July 2025, additional information was requested from the developer, and it was submitted on 27 August 2025. Through official communication SETENA-DT-DEA-1244-2025 of 2 September 2025, additional information was requested from the developer, and it was submitted on 9 September 2025. Through an official communication dated 22 September 2025 and addressed to the Municipalidad de Río Cuarto, residents of the canton requested a hearing before the Concejo Municipal, as well as information regarding permits sought for a large-scale animal-production project.
On 29 September 2025, a resident of Río Cuarto sent an email to SETENA officials’ accounts expressing concern about the pig-farm project and attaching the written submission dated 22 September 2025 that had been addressed to the respondent local government. In response, through written communication SETENA-DT-EducA-0580-2025 of 30 September 2025, SETENA informed Nombre01 that file D1-587-2025, in the name of Granja Porcina Crucero, was being processed. It also advised that any information considered relevant could be submitted through the official document-receipt portal at https://portal.setena.go.cr. At ordinary session no. 084-2025, held by the Concejo Municipal de Río Cuarto on 27 October 2025, the community was heard in connection with the pig-farm construction project. Through resolution no. 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 on 3 November 2025, SETENA approved for a five-year period the application for the Granja Porcina Crucero project processed under file D1-0587-2025.
That resolution clarified that no field inspection had been conducted because SETENA considered that there were no particular indications requiring further examination. It also cited Article 43 of the Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental concerning signage for projects with environmental viability. The developer was further ordered to provide the amount of the environmental guarantee, appoint an Environmental Officer (Responsable Ambiental), and activate the digital logbook. Through written communication OF-AL-005-2026 of 15 January 2026, the Municipalidad de Río Cuarto requested a technical opinion from SINAC regarding the Granja Porcina Crucero project. On 5 February 2026, a motion for reconsideration with a subsidiary appeal was filed against resolution no. 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 on 3 November 2025. Through resolution no. 0373-2026-SETENA, issued at 13:19 on 24 February 2026, SETENA declared inadmissible as untimely the motion for reconsideration filed against resolution no. 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 on 3 November 2025.
On 26 February 2026, an interinstitutional meeting was held to “Address, in an interdisciplinary and preventive manner, the situation related to the construction of a pig farm, considering the environmental, institutional, and community aspects involved.” Officials from the Municipalidad de Río Cuarto, SETENA, Dirección de Agua, SINAC, Senasa, and Ministerio de Salud participated, as did representatives of the ADI de Río Cuarto and the community. Through official communication CARTA-SINAC-ACAHN-DR-PRH-023-2026 of 8 April 2026, SINAC informed the Municipalidad de Río Cuarto that the proposed site of the Granja Porcina Crucero project had been inspected on 24 February 2026 and that the following had been determined: “1. Wetland Ecosystems: Following the geographic review and comparison with field data, it is technically concluded that the property described in the cited survey plan is not affected by wetland ecosystems (palustrine or similar). 2.
Proximity to Laguna de Río Cuarto: Regarding the project’s interaction with the body of water, it was determined that the proposed pig-farming activity does not directly affect the water resource under the parameters of the forest regulations currently in force. III. Legal Basis and Conclusion Laguna de Río Cuarto is classified as a lake-type wetland. In this regard, Article 33(c) of Ley Forestal N°7575 establishes the mandatory protection of a fifty-meter (50 m) strip, measured horizontally, along the shores of lakes and natural reservoirs. Once the distances shown on the registered survey plan and the location of the pig-farm facilities were verified, it was confirmed that both are outside the legally established protection area. Therefore, no conflict with the State’s natural heritage is identified in the terms of the inquiry” (boldface in the original). Through resolution no. R-271-2026-MINAE, issued at 12:30 on 12 May 2026, MINAE rejected at the threshold as untimely the appeal filed against resolution no. 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 on 3 November 2025.
On 24 and 25 June 2026, respectively, the mayor of Río Cuarto and SETENA’s secretary-general were notified of the order initiating proceedings in this matter. SETENA’s secretary-general explains that, during the processing of file D1-0587-2025, a public hearing was not considered necessary because such a hearing is discretionary, no high level of social or environmental conflict was detected, and no appearance or opposition was received. Upon analyzing file D1-0587-2025, SETENA determined, in accordance with the Environmental Impact Significance rating, that the applicable instrument was D1 with a sworn declaration of environmental commitments. SETENA has the following files in the name of the same developer: “D1-0432-2024-SETENA: EXPANSION OF INVERSIONES OSO DE GRECIA PIG FARM AND CONSTRUCTION OF DOG-FOOD FACTORY • D1-0584-2025-SETENA: SANTA RITA PIG FARM • D1-0587-2025-SETENA: CRUCERO PIG FARM”; however, they are located on different properties that do not adjoin one another. On 23 June 2026, the developer requested that SETENA activate the digital logbook.
In view of the foregoing, it should be noted that Executive Decree no. 43898 of 21 December 2022, ‘Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental,’ provides:
“Article 18.- Environmental-assessment criteria for activities, works, or projects. The assessment criteria used to determine the type of environmental-assessment instrument shall be determined through Environmental Impact Significance, which is obtained by completing the Matrix.
Article 19.- Decision pathways based on the final SIA rating. Based on the final SIA rating, activities, works, or projects may follow the following decision pathways, pursuant to Anexo 3:
1. High SIA: D1+EsIA - Greater than or equal to 700 = Category A 2. Moderate-to-High SIA: D1+ P-PGA - Greater than 330 and less than 700 = Subcategory B1 3. Moderate-to-Low SIA: D1+ DJCA - Less than or equal to 330 = Subcategory B2
SECTION II
D1+Sworn Declaration of Environmental Commitments Article 20. D1+DJCA, Environmental Impact Assessment Requirements and Procedure. The Environmental Impact Assessment for D1+DCJA shall satisfy the requirements of Anexo 4 of this Regulation, in addition to the general requirements specified in Article 11 and the procedure in Article 12. As part of the environmental impact assessment, the Environmental Consultant shall identify the fragility conditions of the sites or of the Project Area (AP) where the activity, work, or project is intended to be developed, submit the environmental measures and studies established in Anexo 4, or provide technical justification for not submitting them.
Once the information has been completed on the digital platform, the Environmental Impact Assessment Department shall verify the information contained therein and shall submit a technical report with the appropriate recommendation for issuance of the final resolution. If the higher authority of SETENA departs from the opinion issued, it shall provide technical and legal justification.
The General Secretariat shall issue a final resolution based on the technical report. If it departs from the opinion issued, it shall provide technical and legal justification in the corresponding record.
(…)
Article 43.- Resolution and Grant of Environmental Viability (License) (VLA). SETENA shall notify the developer, by means of an administrative resolution supported by technical and legal reasons, of either the justified rejection or the approval of the Environmental Impact Assessment for the activity, work, or project. Pursuant to Article 19 of the Ley Orgánica del Ambiente, these resolutions are mandatory.
In the particular case of approval, and depending on the EIA instrument applied, the Conditions Imposed shall be understood to incorporate the recommendations derived from the technical studies and the guidelines issued by SETENA, which are mandatory.
The Resolution approving the activity, work, or project shall include the following aspects:
1. The binding environmental guidelines or directives framing the grant of Environmental Viability (License) (VLA), which shall be based on the entire Environmental Impact Assessment process, particularly the environmental-assessment instruments, as well as a series of environmental-control and monitoring conditions and instruments, including the following elements:
a. Compliance with the CBPA.
b. Development and implementation of the Environmental Control and Monitoring Stage, comprising three basic aspects:
i. Appointment of an environmental officer.
ii. Opening of the Digital Environmental Logbook by the environmental officer, which SETENA shall formalize for the activity, work, or project once the respective Environmental Viability (License) (VLA) has been granted. The Digital Environmental Logbook shall record the control and monitoring process throughout the management process conducted by the environmental officer.
iii. Submission of AOP Environmental Responsibility Reports (IRA) in accordance with the requirements and frequency established by SETENA in the Environmental Viability (License) (VLA) resolution. The reporting periods for AOP IRAs shall be measured from the date on which AOP activities begin. The IRAs prepared by environmental officers shall be sent to SETENA through the established digital channels.
2. Submission through the Digital Logbook of proof of payment of the Compliance Guarantee, in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente, in an amount to be established by SETENA.
3. For activities, works, or projects processed through an EsIA Environmental Impact Assessment, SETENA may, when it considers it necessary and provides justification, order the establishment of a Joint Environmental Monitoring and Control Commission (COMIMA).
4. All resolutions granting Environmental Viability (License) (VLA) shall include the following Fundamental Environmental Commitment Clause: ‘This Environmental Viability (License) (VLA) is granted on the understanding that the developer of the project, work, or activity shall fully and strictly comply with all technical, legal, and environmental regulations and standards in force in the country and to be implemented before other authorities of the Costa Rican State.’ The developer’s failure to comply with the environmental commitments on the basis of which Environmental Viability was granted shall not only subject it to the sanctions established in the Ley Orgánica del Ambiente, but may also result in cancellation of the Environmental Viability and closure of the file, in accordance with the resulting technical, administrative, and legal consequences for the activity, work, or project and, of course, for the Developer.
5. Upon obtaining SETENA’s Environmental Viability (License) (VLA), the developer of the activity, work, or project shall be required to place a sign in a visible location, from the outset and for as long as its activities continue, whether under construction or in operation, displaying the file number, environmental-viability resolution number, and project name.
(…)
Article 61. Public participation. This is the set of mechanisms that channel communication among the developer, the public, and the environmental authority.
The objective is to ensure that individuals have the necessary, suitable, and timely environmental information concerning the activity, work, or project to be developed and its potential impacts, together with the ability to take action in defense and protection of the environment by submitting substantiated observations during the Environmental Impact Assessment process. These shall be included in the file and evaluated in the final resolution issued by SETENA.
Article 62.- Public participation in the Environmental Impact Assessment and environmental monitoring. Natural or legal persons, whether public or private, shall have the opportunity to analyze, express opinions, make inquiries, and file complaints at any stage of the Environmental Impact Assessment and control and monitoring process. Complaints, objections, or observations submitted during the Environmental Impact Assessment process shall be considered in the final act, pursuant to Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente. When submitted during the environmental control and monitoring phase, SETENA shall issue the corresponding resolution.
(…)
Article 64.- Mechanisms for public participation. The following mechanisms shall be used:
a. Appearances in the proceeding.
b. Consultation of files.
c. Hearings before SETENA.
d. Public hearings.
e. Responses to inquiries.
f. Substantiated written observations.
g. Complaints.
h. Administrative remedies pursuant to Article 87 of the Ley Orgánica del Ambiente.
The technological means established by a reasoned SETENA resolution shall be used to implement these mechanisms. Consistent with Article 105 of the Ley de Biodiversidad and Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente, any person may appear in an administrative Environmental Impact Assessment file in defense and protection of the environment.
Article 65.- Public Hearing for an activity, work, or project. Requirement for a hearing: Pursuant to Article 95 of the Ley de Biodiversidad, when any natural or legal person requests that SETENA hold a public hearing for information and analysis concerning a particular activity, work, or project, SETENA shall determine, based on the magnitude of the potential environmental impact and following a technical assessment of the circumstances involved in its development, whether it is necessary to hold the hearing. If it decides not to hold the requested public hearing, SETENA shall determine the mechanism through which it will receive observations.
SETENA shall approve the request for a public hearing by resolution, which shall state the grounds and justification for the decision, taking into account the principles of reasonableness and proportionality.
The purpose of public hearings shall be to inform interested parties of the activity, work, or project intended to be developed, while providing them with an opportunity to express all their concerns and receive the corresponding information.
Article 66.- Other mechanisms for public participation. SETENA shall adopt any other public-participation mechanism arising from government policies related to the development of activities, works, or projects.
Article 67.- Consultation instruments for public participation in activities, works, or projects. As part of the socioeconomic component of Environmental Impact Assessment instruments, and for purposes of complying with the public-participation mechanism, SETENA may request that developers apply one or both of the following techniques:
1. Qualitative study.
2. Quantitative study.
SETENA shall analyze the data produced by the established instruments, evaluate the observations collected, and issue a favorable or unfavorable decision regarding the actions taken through those instruments within the periods established in this regulation for analysis of the Environmental Impact Assessment.” Although the person whose rights are protected complains that the Río Cuarto community had no prior knowledge of the Granja Porcina Crucero project or access to the corresponding file, it is no less true that SETENA’s secretary-general reported under oath—with the formalities and consequences that this entails—that, since the application for the project’s environmental viability was submitted in July 2025, the file in question has been visible in SETENA’s public consultation system. Furthermore, pursuant to Article 64 of the Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, SETENA has various mechanisms for guaranteeing public participation, including appearances in proceedings and consultation of files, hearings, responses to inquiries, and complaints, to mention a few examples.
Nevertheless, there is no evidence that any of those mechanisms was used during the processing of the environmental viability in question, apart from the email transmission of the official communication dated 22 September 2025. Although that communication was brought to SETENA’s attention, it is no less true that it was addressed to the Municipalidad de Río Cuarto, and there is no evidence that any specific action was requested from the respondent secretariat. In that respect, the Chamber observes that, in response to that submission, SETENA explained to the person making the request that file D1-587-2025, in the name of Granja Porcina Crucero, was being processed and that any information considered relevant could be submitted through the official document-receipt portal. In addition, the report submitted by SETENA’s secretary-general explained that, during the processing of file D1-0587-2025, a public hearing was not considered necessary because such a hearing is discretionary, no high level of social or environmental conflict was detected, and no appearance or opposition was received.
It is also established that SETENA and MINAE addressed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal filed against resolution no. 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 on 3 November 2025, and that those remedies were denied as untimely, demonstrating that the methods of participation provided for in the legal system were available. In this regard, although the amparo applicant expresses disagreement with SETENA’s and MINAE’s delay in deciding the challenge filed against resolution no. 1628-2025-SETENA, issued at 11:41 on 3 November 2025, it is no less true that the remedies were addressed before this matter was filed; accordingly, there is no current interest in the Court ruling on that issue. It should also be noted that it is not for this specialized Chamber to determine whether those authorities’ refusal to grant the challenge in question was proper, because the Chamber is not a reviewing body for that type of determination.
The applicant also complains that, during the processing of the environmental-viability application under review, no sign was placed in a visible location as required by resolution no. 1834-2016-SETENA, issued at 13:35 on 29 September 2016, in which SETENA’s Comisión Plenaria provided that, once a file number is assigned to projects classified as B1, B2, or A on the basis of their environmental impact, as well as to telecommunications towers, a sign must be posted informing interested parties that the project is being processed. It should be recalled, however, that after that resolution, the Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental of 21 December 2022 was issued, Article 43 of which provides: “Upon obtaining SETENA’s Environmental Viability (License) (VLA), the developer of the activity, work, or project shall be required to place a sign in a visible location, from the outset and for as long as its activities continue, whether under construction or in operation, displaying the file number, environmental-viability resolution number, and project name.” In this regard, it follows from the statements made by the person whose rights are protected that, on 14 June 2026, a resident observed that a sign relating to the aforementioned project had been posted, which occurred before the respondent authorities were notified of the order initiating proceedings.
The amparo applicant further alleges that SETENA failed to inspect the site before issuing the environmental viability in question. However, resolution no. 1628-2025-SETENA itself, issued at 11:41 on 3 November 2025, explained that no field inspection had been conducted because SETENA considered that there were no particular indications requiring further examination. Similarly, although it is alleged that SETENA did not analyze the social component of the application in question, it is no less true that the respondent authority explained that a socioeconomic study is not among the requirements established for D1 applications accompanied by a sworn declaration of environmental commitments.
Having clarified the foregoing, it should be noted that an amparo proceeding is inherently summary in nature, and its processing is therefore incompatible with the taking of extensive or complex evidence, as such matters must be resolved through ordinary proceedings. Accordingly, it is not for this Constitutional Court to determine, under the subconstitutional rules governing the matter and the particular circumstances of the case under review, whether the Crucero and Santa Rita pig-farm projects constitute a single project as alleged; whether the final Environmental Impact Significance rating assigned to the farm project under review was appropriate; or whether it should have been considered a Category A activity instead of receiving the B2 classification. Nor is it for this Chamber to determine whether the developer opened the digital environmental logbook at the procedurally appropriate time, or to verify whether field inspections were necessary in the case under review. Likewise, it is not for this Court to determine whether SETENA was required to demand that the project developer submit an analysis of the socioeconomic component in the terms alleged. Consequently, if the amparo applicant maintains these objections, the claims may, if deemed appropriate, be raised before the respondent authorities themselves or through ordinary judicial proceedings.
Finally, the Court observes no action or omission by the respondent local government that infringed fundamental rights in the terms asserted in the amparo proceeding.
In view of the foregoing, the Chamber does not find that the fundamental rights of the person whose rights are protected were infringed in the terms asserted in the application.
In numerous judgments, we have emphasized that claims relating to public participation may be heard in this jurisdiction. Thus, for example, in judgment no. 2025017106, issued at 10:15 on 16 June 2025, we stated:
“V- DISSENTING OPINION OF JUSTICE CRUZ CASTRO AND JUSTICE RUEDA LEAL REGARDING THE RIGHT TO PUBLIC PARTICIPATION.
Indeed, in judgment no. 2013-017305, issued at 11:32 on 20 December 2013, this Chamber held that the right to public participation in decision-making has become one of the fundamental pillars on which the democratic system rests. In our country, the constitutional framers incorporated this right into Article 9 of the Constitución Política by providing that the Government of the Republic shall be popular, representative, participatory, alternating, and responsible (emphasis not in the original), pursuant to the amendment introduced by law no. 8364 of 1 July 2003, published in La Gaceta no. 146 of 31 July 2003. This mandate of the Fundamental Law, particularly the attribute of being ‘participatory,’ has guided subsequent constitutional and subconstitutional legal developments. Accordingly, a series of mechanisms has been established to ensure that the right to participatory government can be applied efficiently and effectively, so that it does not remain merely a right on paper.
Examples include the referendum for the enactment or repeal of laws and partial amendments to the Constitution, and the popular initiative in the legislative process (see, among others, judgment no. 2005-05649, issued at 14:39 on 11 May 2005). The right to participatory government not only embodies recognition at the highest level of positive law of the Republic’s inhabitants’ role in political oversight, but also signifies a renewed appreciation of their role in the formulation, implementation, and oversight of public policy. By the will of the constitutional framers, which this Chamber should not and cannot disregard, the right to participatory government stands as a fundamental pillar of our democratic system (a matter erroneously disregarded by the minority opinion, which demotes public participation from a right to a general principle, in clear conflict with this Chamber’s line of precedent, as demonstrated below), consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom.
As we stated supra, the classification of participatory government or public participation as a right is explained by the support it receives from several international human-rights instruments. For example, Article 21 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights provides that ‘everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives’ (emphasis not in the original).
Consistent with the foregoing, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: ‘(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.’” Likewise, Article 5 of the Inter-American Democratic Charter states: “Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of the citizenry within a legal framework conforming to the respective constitutional order.” More emphatically, Article 6 of this Charter provides: “It is the right and responsibility of all citizens to participate in decisions relating to their own development. This is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.” (Emphasis not in the original).
The United Nations Human Rights Council also recognized citizen participation as fundamental to environmental protection: “Recognizing also that the exercise of human rights, including the freedoms to seek, receive and impart information, to participate effectively in the conduct of government and public affairs and the right to an effective remedy, is vital to the protection of a clean, healthy, safe and sustainable environment,” (Human Rights Council, forty-sixth session, A/HRC/RES/46/7 of 23 March 2021).
It is also important to emphasize that, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on 8 October 2021, the United Nations Human Rights Council granted effective participation in environmental matters the status of a human right. In this regard, it stated: “Recognizing that the exercise of human rights, including the rights to seek, receive and impart information and to participate effectively in the conduct of government and public affairs and in environmental decision-making, as well as the right to an effective remedy, is vital to the protection of a clean, healthy and sustainable environment.” (Emphasis not in the original).
For its part, in Advisory Opinion OC-23/17 of 15 November 2017, the Inter-American Court of Human Rights emphasized:
“226. Public participation is one of the fundamental pillars of instrumental or procedural rights, because it is through participation that individuals exercise democratic control over State actions and can therefore question, investigate and assess the performance of public functions. In this regard, participation enables individuals to form part of the decision-making process and to have their opinions heard. In particular, public participation enables communities to hold public authorities accountable for their decisions and, at the same time, improves the efficiency and credibility of governmental processes. As has been mentioned previously, public participation requires application of the principles of openness and transparency and, above all, must be supported by access to information, which enables social oversight through effective and responsible participation.” (Emphasis added).
This position had also been adopted in the judgment of 19 September 2006 concerning the case of “Claude Reyes et al. v. Chile,” which held:
“86. In this regard, the State’s actions should be governed by the principles of disclosure and transparency in public administration, which enable the persons subject to its jurisdiction to exercise democratic control over State actions, so that they may question, investigate, and assess whether public functions are being performed adequately. Access to State-held information of public interest may permit participation in public administration through the social oversight that may be exercised by means of such access. 87. Democratic control by society through public opinion fosters the transparency of State activities and promotes the accountability of public officials for their public administration. Therefore, for individuals to be able to exercise democratic control, it is essential that the State guarantee access to information of public interest under its control. Allowing the exercise of such democratic control fosters greater participation by individuals in matters of interest to society.” (Emphasis added).
In addition, in its judgment of 27 November 2023 in the case of “Residents of La Oroya v. Peru,” the Inter-American Court of Human Rights held:
“B.2.5.2. Right to political participation 150. The right of citizens to participate in the conduct of public affairs is enshrined in Article 23.1(a) of the American Convention. With regard to environmental matters, the Court has established that participation is a mechanism for incorporating the concerns and knowledge of the citizenry into public-policy decisions affecting the environment. Furthermore, participation in decision-making increases governments’ capacity to respond promptly to public concerns and demands, build consensus, and improve the acceptance of and compliance with environmental decisions. In this regard, the Escazú Agreement provides that each State Party ‘shall ensure the public’s right to participation and, for that purpose, commits to implementing open and inclusive participation in environmental decision-making processes, on the basis of domestic and international regulatory frameworks.’ 151.
The Court further notes that the right to political participation in environmental matters is enshrined in various instruments of international law, such as the Stockholm Declaration, the Nairobi World Charter for Nature, the Rio Declaration, the Aarhus Convention, and the Convention on Biological Diversity. At this point, the Court considers it pertinent to recall that reference to sources, principles, and criteria of the international corpus juris, in this case concerning environmental matters, does not imply that it assumes jurisdiction over other treaties or recognizes them as binding on States. These standards are used as interpretative criteria to determine the scope of the rights protected by the American Convention and other instruments that are binding on the State and over which the Court has jurisdiction, in accordance with Article 29 of the Convention.
152. The Court has considered that the right to participate in public affairs enshrined in Article 23.1(a) of the American Convention establishes the obligation of States to guarantee the participation of persons subject to their jurisdiction in decisions and policies that may affect the environment, without discrimination and in an equitable, meaningful, and transparent manner, for which purpose they must first have guaranteed access to relevant information. It has likewise held that, regarding public participation, the State must guarantee opportunities for effective participation from the earliest stages of the decision-making process and inform the public of these opportunities for participation. Finally, mechanisms for public participation in environmental matters are varied and include, among others, public hearings, notification and consultations, participation in processes for drafting and implementing laws, and judicial-review mechanisms.
(…)
B.3.6.2. Right to political participation 256. The Court recalls that the right to political participation is one of the fundamental pillars of democracy, because through its exercise individuals may establish limits on State actions and question, investigate, and assess the performance of public functions. Participation enables individuals to form part of the decision-making process and thus participate in the conduct of public affairs affecting the environment. This Court has emphasized that this right entails the obligation of States to guarantee individuals’ participation in decisions that may affect the environment, which is related to the obligation to provide relevant information. This participation must be effective from the earliest stages of the decision-making process, which may be achieved through various mechanisms (supra para. 152).” Accordingly, this recognition of citizen participation under international conventions has a hermeneutic effect on its legal nature, transforming it from a constitutional principle into a genuine collective fundamental right.
Thus, citizen participation is an essential aspect of this century’s democratic and republican model, in which citizen oversight, transparency, and accountability stand out as defining elements of this type of political regime, which in turn confers much greater legitimacy on political decision-making, a key issue when it comes to governability.
Thus, within this type of regime—that is, one with active and full citizen participation—participatory government has a greater impact, promoting decision-making through more open and transparent means.
Specifically, one of the mechanisms devised to comply with Article 9 of the Constitution is the public hearing (audiencia pública), through which interested persons may assert their rights or express their views, actively participating in matters of national or local significance and bringing to the Administration’s attention any irregularities or disagreements concerning a project to be developed.
Accordingly, a public hearing is a typical instrument of republican democracy through which citizen participation in the public decision-making process is encouraged. Given its significance, the hearing must be conducted in a manner that guarantees the greatest possible participation by persons who may be affected; consequently, any action or omission that obstructs such participation constitutes an open violation of the constitutional right to citizen participation (see, among others, judgment number 2009-018223 at 12:34 p.m. on 27 November 2009).
Regarding the participatory nature of the public hearing, as noted above, Article 9 of the Constitution itself requires it, because the characterization “participatory” used therein means, among other things, that the Government must give effect to what has been defined through popular deliberation when such deliberation is mandatory, while, in formulating public policy and within the possibilities afforded by the current positive-law framework, it is required to hear the views of affected individuals or groups, whether or not those views are binding.
In other words, in contemporary republican democracy, by constitutional mandate, citizens enjoy not only the right to vote in exercising their right to participatory government, but also numerous instruments of various kinds for contributing to governmental decision-making and political oversight, enabling them to exert direct influence on major public decisions.
In this context, it is important to emphasize that this Court, in judgment no. 2018004117 at 9:15 a.m. on 13 March 2018, discussed public consultation in environmental matters, emphasizing that this mechanism is a pillar of decision-making concerning the environment. It also relied, as soft law, on an instrument of particular relevance to access to environmental information and citizen participation: the “Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters,” better known as the “Aarhus Convention.” In this regard, that ruling stated:
“For its part, the Aarhus Convention provides in Article 6.2.3.4:
‘2. The public concerned shall be informed, either by public notice or individually as appropriate, early in an environmental decision-making procedure and in an adequate, timely, and effective manner. The information shall include, in particular:
(a) The proposed activity and the application on which a decision will be taken; (b) The nature of possible decisions or the draft decision; (c) The public authority responsible for making the decision; (d) The envisaged procedure, including, as and when this information can be provided:
(i) The commencement of the procedure; (ii) The opportunities for the public to participate; (iii) The time and venue of any envisaged public hearing; (iv) An indication of the public authority from which relevant information can be obtained and where the relevant information has been deposited for examination by the public; (v) An indication of the relevant public authority or any other official body to which comments or questions may be submitted, and of the time schedule for submitting comments or questions; (vi) An indication of what environmental information relevant to the proposed activity is available; and (e) The fact that the activity is subject to a national or transboundary environmental impact assessment procedure.
3. The public-participation procedures shall include reasonable time frames for the different phases, allowing sufficient time to inform the public in accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and participate effectively throughout the environmental decision-making process.
4. Each Party shall provide for early public participation, when all options and solutions remain possible and the public can exercise genuine influence.’ In accordance with the foregoing, consultation must be promoted transparently and with as much information as possible. This results in better administration of natural resources and contributes to transparency and the proper management of public funds. It must be recalled that environmental matters concern all members of society, not only the government, and therefore every citizen also has a responsibility to safeguard environmental conservation and pursue sustainable development. For that reason, the various sectors of the population must be included comprehensively (…).” (Emphasis added).
In addition, in the aforementioned ruling, the Chamber emphasized that a public hearing, because it is an expression of the democratic principle, must not become a mere formality that simply has to be scheduled, although neither should it be used instrumentally as a mere obstacle to the issuance of an administrative decision.
In connection with the foregoing, this Chamber has repeatedly stated that the Constitution is characterized by its supremacy and its direct and immediate effect, by virtue of which the rights and guarantees it confers are directly enforceable and binding on all public authorities. Thus, judgment no. 1992-3194 at 4:00 p.m. on 27 October 1992 explained:
“(…) In its universally accepted contemporary conception, the Political Constitution is not only ‘supreme’ as a criterion for the validity of itself and the remainder of the legal system, but is also a body of legally binding fundamental rules and principles, and therefore independently enforceable against all public authorities and private persons themselves, without the need for other rules or acts to develop them or make them applicable, except in exceptional qualifying cases in which their application would be impossible without such rules or acts—with the result that both administrative and judicial authorities have the power and duty to apply the Law of the Constitution directly and in its fullest sense, even in the absence of a lower-ranking rule or by declining to apply rules that conflict with it.” For its part, in resolution no. 1995-1185 at 2:33 p.m. on 2 March 1995, this Court confirmed:
“If the Political Constitution possesses supreme normative status, it must effectively shape and condition the validity and effectiveness of every lower-ranking or subordinate rule, and it serves as a parameter for legitimizing, or not legitimizing, the conduct of any public authority and even private persons.... In Costa Rica, the principle of constitutional supremacy is not only expressly enshrined in Article 10, but also very clearly supplemented with respect to the body charged with maintaining or preserving it, as we shall examine below. What we have stated thus far centers on the Constitution having direct effect and being binding without requiring the intermediation of any other rule. For that reason, every authority, in general, has the capacity and power to apply, develop, and expand the fundamental rights contained in the Political Constitution. Were this not so, the entire argument concerning the hierarchy of constitutional rules, principles, and values would collapse into an insubstantial fantasy.
It would be mere science fiction, an abstraction in which two legal worlds simultaneously exist on different planes without any communication between them.” In conclusion, citizen participation is a constitutional right and a right recognized under international conventions, and it stands as a defining quality of the republican democratic system. In this regard, the rights enshrined in the Fundamental Law, to varying degrees depending on whether their content is more or less programmatic, have direct effect and are binding without the need for any other rule. Furthermore, their implementation through subconstitutional regulatory development and the application thereof is subject to judicial review of constitutionality when regulations, actions, or omissions are identified that impair the core (Kernbereich) of that constitutional interest.” Now, in the case under examination (sub examine), it is alleged that SETENA granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the Crucero pig-farm project without hearing the views of the Río Cuarto community.
In this regard, the Secretary General of SETENA reported that it was deemed unnecessary to hold a public hearing during the processing of case file no. D1-0587-2025 because no high level of social or environmental conflict was detected and no person appeared in the proceedings or opposed the project.
On this point, we consider that justification wholly insufficient, particularly because the project in question concerns the operation of a pig farm with the following characteristics: “One gestation shed (grandparent stock), one lactation shed (grandparent stock), three replacement-stock sheds, one weaning shed, two dining halls (employees), two biodigesters, one sludge lagoon, one drying bed, two facultative lagoons, one anaerobic lagoon, and an internal road network. During its operational phase, the project will comprise a pig farm for the gestation, lactation, weaning, and replacement stages, for which the aforementioned sheds will be constructed to house the pigs in each of those stages; it will additionally include common areas for workers, a mechanized well for water extraction, and a Wastewater Treatment System (STAR) to permit the proper treatment and disposal of the farm’s wastewater (special wastewater).” Accordingly, we disagree with SETENA’s view that the project in question does not entail a high level of social or environmental conflict, because it is clear and evident that constructing a farm of this kind has significant environmental and social implications, particularly considering that it will be located very close to the Río Cuarto lagoon, an asset of great environmental and tourism significance for the canton.
For this reason, we consider that SETENA’s omission in failing to hear the Río Cuarto community during the processing of case file no. D1-0587-2025 violated the fundamental right to citizen participation, which entails the nullity of resolution no. 1628-2025-SETENA at 11:41 a.m. on 3 November 2025 and remanding the proceedings to the stage immediately preceding its issuance.
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, objects, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected within a maximum period of 30 business days from notice of this judgment. Notice is given that any material not collected within that period will be destroyed pursuant to the “Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary” (approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of 22 August 2011 and published in Judicial Bulletin no. 19 of 26 January 2012) and Article LXXXI of session no. 43-12 of the Superior Council of the Judiciary of 3 May 2012.
Therefore:
The amparo application is Denied. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and would grant the amparo application with respect to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental on the ground that the fundamental right to citizen participation was violated, which would entail annulment of resolution no. 1628-2025-SETENA at 11:41 a.m. on 3 November 2025 and remanding the proceedings to the stage immediately preceding its issuance.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE NO. 26-019102-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de setiembre de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-019102-0007-CO, interpuesto por Nombre02, cédula de identidad CED02, a favor de los VECINOS DEL CANTÓN DE RÍO CUARTO DE ALAJUELA Y DE TURISTAS QUE VISITAN LA LAGUNA DE RÍO CUARTO, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) y la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO.
Resultando:
“PRIMERO: Consideraciones Jurídicas sobre la Naturaleza de la Licencia Ambiental y las competencias de la SETENA. En relación con el marco normativo que rige el presente caso, se deben precisar los siguientes puntos de relevancia jurídica: I. Naturaleza Jurídica de la Viabilidad Ambiental. La Licencia o Viabilidad Ambiental debe entenderse, desde la técnica administrativa, como un acto administrativo de carácter previo y preparatorio. Su finalidad no es la autorización definitiva de ejecución, sino que constituye un presupuesto necesario y vinculante para la obtención de los permisos finales ante las autoridades sectoriales correspondientes. En consecuencia, su otorgamiento no agota la fase autorizatoria, sino que condiciona la búsqueda de concreción del proyecto al cumplimiento de estándares de tutela ambiental compatibles con el desarrollo. II. Delimitación de Competencias y Principio de Legalidad.
En virtud del Principio de Legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) está facultada para actuar únicamente dentro de la órbita de sus atribuciones expresas. Sus competencias se hallan estrictamente delimitadas por la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554) y los reglamentos vigentes al momento de la evaluación. III. Función Técnico-Científica de la Secretaría. Bajo este régimen de legalidad, las prerrogativas de la SETENA se restringen a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Su función esencial radica en la aplicación de instrumentos técnicos fundamentados en criterios científicos para determinar la viabilidad de una propuesta. Todo el procedimiento evaluación requiere haberse completado y cumplido antes de iniciar cualquier proyecto, obra o actividad, y como un requisito para los permisos finales, esto refleja su naturaleza intermedia o como un acto preparatorio.
Por tanto, la institución carece de potestad legal para emitir permisos finales de construcción o funcionamiento, cuya competencia recae exclusivamente en otras instancias del Estado, limitándose SETENA a dictaminar sobre la viabilidad ambiental como presupuesto de aquellos. Así las cosas, se realiza un estudio técnico jurídico detallado del proyecto, según el instrumento de Evaluación que corresponda a la obra o actividad antes de su ejecución u operación; de ahí el carácter predictivo de la Licencia Ambiental y su fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de prevención, mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un daño de imposible reparación al ambiente, se reitera entonces el carácter ex ante de la Evaluación de Impacto Ambiental de conformidad con el artículo 17 de la LOA que establece: Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley.
Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Una vez otorgada la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) y habiéndose verificado el inicio efectivo de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP), la SETENA ejerce sus facultades de fiscalización y control permanente. Esta fase de Gestión Ambiental tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento riguroso de los compromisos ambientales y condiciones fijadas al desarrollador. Para tales efectos, el ordenamiento jurídico prevé un catálogo de Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental, cuya exigibilidad se determina en función de la naturaleza y el riesgo del proyecto. Estos mecanismos de cumplimiento obligatorio incluyen: • Garantía de Cumplimiento Ambiental: Como caución económica destinada a asegurar la ejecución de las medidas de prevención, mitigación o compensación.
Nombramiento del Responsable Ambiental: Profesional debidamente acreditado que actúa como enlace técnico y responsable de la implementación de los planes de gestión. • Habilitación de la Bitácora Ambiental: Instrumento jurídico-técnico donde se consignan de forma cronológica las incidencias y el avance de las medidas ambientales. • Informes de Responsabilidad Ambiental (IRA): Reportes periódicos que deben ser presentados por el desarrollador y su responsable ambiental ante esta Secretaría, con la frecuencia y los requerimientos técnicos establecidos en la resolución administrativa que otorgó la licencia. Es imperativo resaltar que el incumplimiento de cualquiera de estos instrumentos facultaría a la SETENA para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes, pudiendo derivar incluso en la suspensión o revocatoria de la viabilidad otorgada, en salvaguarda del interés público ambiental.
Al respecto la Sala Constitucional ha indicado sobre las competencias de esta Secretaría, indicó en el Exp: 05-015450-0007-CO Res. No. 2009002019: (…) SEGUNDO: Generalidades del Proyecto: El caso que nos ocupa corresponde al expediente administrativo número D1-0587-2025- SETENA. (…) La misma fue otorgada mediante Resolución No. 1628-2025-SETENA de las 11 horas 41 minutos del 3 de noviembre del 2025, con la siguiente descripción: Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Construcción y puesta en Operación de una Granja Porcina, localizada en el Distrito de Río Cuarto, Cantón Río Cuarto, Provincia de Alajuela. Dicha granja contará con la siguiente infraestructura: Un galpón para Gestación (Abuelas), Un galpón para Lactancia (Abuelas), Tres galpones para Reemplazos, Un Galpón para Destetes, Dos Comedor (Colaboradores), Dos biodigestores, Una Laguna para Lodos, Un Lecho de Secado, Dos Lagunas Facultativas, Una Laguna Anaerobia, Una Red de Caminos Internos.
En su Fase Operativa El proyecto contemplará una Granja Porcina en las etapas de Gestación, Lactancia, Destetes y Reemplazo para lo cual se construirán los galpones antes mencionados que alojarán los cerdos en cada una de las fases antes mencionadas; adicionalmente contará con áreas comunes para los trabajadores, un pozo mecanizado para extracción de agua y un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) que permita el adecuado tratamiento y disposición de las Aguas Residuales (Especiales) de la granja. TERCERO: Sobre lo requerido por la Sala, en relación a (sic) los temas que directamente atañen a la SETENA: Solicita el Tribunal Constitucional como prueba para mejor resolver a esta Secretaría, referirse de manera específica a lo siguiente: (…) En atención al mandato de la Sala Constitucional, dictado mediante la resolución de las trece horas veintitrés minutos del diecinueve de junio de dos mil veintiséis, se procede a informar lo solicitado a esta Secretaría, para brindar la respuesta se emitió el informe técnico No. CARTA-SETENA-DT-0050-2026.
Lo anterior, con el propósito de brindar los elementos de juicio técnicos y jurídicos requeridos en relación con las competencias propias de SETENA, bajo el siguiente detalle: I. Respuesta a los alegatos Primer Alegato: “denuncia que al otorgar viabilidad ambiental al proyecto "Granja Porcina Crucero", consistente en una granja porcina de gran escala ubicada frente a la Laguna de Río Cuarto y en las cercanías de Zonas residenciales y turísticas, se vulneraron derechos fundamentales. Sostiene que la comunidad tuvo conocimiento tardío del proyecto debido a la falta de información y transparencia durante el procedimiento de evaluación ambiental. Afirma que desde setiembre de 2025 existían rumores sobre la construcción de una granja porcina de grandes dimensiones, lo que motivó a más de 250 personas a presentar un oficio ante la Municipalidad de Río Cuarto y a remitir copia a la SETENA, manifestando su preocupación por los posibles impactos ambientales, sanitarios, turísticos y sociales del proyecto.
Asimismo, solicitaron espacios de diálogo, participación ciudadana y discusión pública sobre la iniciativa. No obstante, alegan que esas manifestaciones fueron ignoradas por la SETENA durante el análisis y aprobación de la viabilidad ambiental. Pese a que la propia SETENA reconoció que el expediente se encontraba en análisis técnico, la institución otorgó la viabilidad ambiental sin incorporar la preocupación ciudadana al expediente ni considerar a la comunidad como parte interesada. Nunca Se promovió espacios de consulta o participación, no permitió que los vecinos fueran escuchados. no les brindó acceso oportuno a la información técnica y tampoco les dio oportunidad de señalar supuestas inconsistencias, omisiones o incumplimientos contenidos en la documentación presentada por el desarrollador. Según se afirma, la comunidad solo pudo acceder al expediente varios meses después de iniciada su tramitación.
Uno de los principales cuestionamientos consiste en que la SETENA habría incumplido su propia normativa relativa a la participación ciudadana y a la publicidad de los proyectos sometidos a evaluación ambiental. La demanda sostiene que nunca se verificó la colocación de los rótulos informativos exigidos por la normativa, tanto durante la fase de evaluación como después de otorgada la viabilidad ambiental, lo que impidió que los vecinos y turistas conocieran oportunamente la existencia y alcance del proyecto.” Respuesta: El expediente de marras es digital y se encuentra a disposición del público en la Plataforma digital de la SETENA, al cual pueden ingresar los administrados en cualquier momento. Esta Secretaría mantiene para consulta pública todos los expedientes que ingresan, tanto desde la documentación hasta el Visor de expedientes en el cual puede realizarse la consulta pública por ubicación geográfica.
Esta es una de las herramientas tecnológicas implementadas por la institución con el objetivo de dar transparencia a los tramites dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Siendo que el expediente No. D1-0587-2025 ingresó a esta Secretaría con fecha de 01 de julio del 2025 y se encuentra visible para consulta pública desde ese día. El instrumento determinado según la Matriz de Significancia de Impacto Ambiental (SIA) fue un D1 como Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales D1+DJCA), instrumento para el cual no es requisito presentar el Estudio Socioeconómico, aunque siempre están abiertos los canales para apersonarse al expediente y solicitar la consulta pública, así como la revisión de la documentación presentada por el Desarrollador y el Consultor Ambiental. Como parte del análisis de Evaluación Inicial del expediente se realizaron dos oficios de solicitud de información adicional y aclaratoria y la documentación fue presentada en tiempo y cumpliendo con la normativa.
Asimismo, la Resolución de Viabilidad Ambiental N° 1628- 2025-SETENA, fue notificada el 6 de noviembre de 2025, y durante todo el proceso del análisis del expediente no se acusó de recibido por medios oficiales del apersonamiento de ninguna persona. Cabe aclarar que como parte de los mecanismos de participación ciudadana no se determinó realizar una audiencia pública, primero porque esta es facultativa de la SETENA, y además porque técnicamente durante el proceso de Evaluación Ambiental no se detectó un alto nivel de conflictividad social ni ambiental en torno al proyecto, sin omitir que no fue solicitada por ninguna de las partes interesadas en torno al proyecto. En particular, sobre el requerimiento de realizar una Audiencia Pública, se debe señalar lo indicado en el artículo 65 del Decreto Ejecutivo No. 43898 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental que establece: (…) En vista de lo anterior, se reitera que durante el proceso de Evaluación Ambiental no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la Viabilidad Ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero.
Tal como se explicó ya, de acuerdo con la normativa establecida, la audiencia pública es un mecanismo más de participación ciudadana, pero no el único medio para lograr ese fin, ni es obligatorio para todos los proyectos: existen otros mecanismos de participación ciudadana presentes en la normativa vigente, los cuales son, establecidos en el numeral 64 del mismo Reglamento ya citado, a saber: (…) Para el instrumento de Evaluación Ambiental D1+DJCA, con el cual fue analizado el proyecto en cuestión, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, no establece que deban desarrollarse procesos específicos de participación comunitaria, de conformidad con el anexo 4 GUIA D1+DJCA, del decreto antes mencionado. No obstante, mediante correspondencia bajo secuencia número 0777-2026 con fecha del 19 de enero de 2026, ingresó a esta Secretaría el oficio No. OF-AL-007-2026, mediante el cual la Municipalidad de Río Cuarto solicitó a la SETENA la siguiente información: (…) Esta solicitud se atendió mediante el oficio No. SETENA-DT-EducA-0025-2026, con fecha del 20 de enero del 2026, donde se indicó lo siguiente: Se le informa que la ciudadanía y las instituciones disponen de medios abiertos y eficaces para acceder a todos los expedientes, ya que estos son públicos y la SETENA coloca la capa de los expedientes en la página web, la cual está actualizada, cada mes o cada dos meses, para que los usuarios y usuarias puedan revisarlos y buscar la información que requieran.
Se dispone de un visor público donde puede revisar la capa de puntos de expedientes en el siguiente enlace: https://tramites.setena.go.cr/Visor . Sobre la información de documentos del expediente se le participa que los expedientes administrativos en SETENA son públicos y puede ser revisados por el usuario en la plataforma digital: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes , o previa solicitud al Archivo Institucional en caso de ser expedientes físicos antes del año 2018 al correo ...02 , ellos le indicarán cuándo está disponible el expediente administrativo solicitado, para que se apersone a las instalaciones y usted pueda revisarlo (SETENA no cuenta con servicio de fotocopiado) y si necesitan copia deben gestionarlo y pagarlo. Por lo tanto la información solicitada está disponible en la página web: https://tramites.setena.go.cr/Consultapublica/ Segundo alegato: “Acusa a la SETENA de no haber realizado inspecciones de campo para comprobar ese cumplimiento y de haber permanecido omisa frente a tales incumplimientos.
Asimismo, alega que la SETENA decidió no efectuar ninguna visita de inspección al sitio antes de aprobar el proyecto, decisión que -en su criterio- fue arbitraria e irrazonable, pues el proyecto se ubicaría en las inmediaciones de la Laguna de Río Cuarto, una zona de relevancia ecológica, turística, paisajística y residencial. Afirma que una inspección habría permitido valorar aspectos como la cercanía de nacientes, áreas boscosas, desarrollos habitacionales, actividades turísticas y otros elementos ambientales y sociales que, según su criterio, fueron ignorados durante la evaluación. También sostiene que la ubicación escogida es incompatible con la vocación turística y residencial definida en los instrumentos de ordenamiento territorial del cantón.” Respuesta: Es parte de los requisitos de ingreso de expedientes que el Desarrollador presente archivos formato shape referenciados para realizar el análisis geoespacial de acuerdo a (sic) las capas oficiales que se verifican en el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT).
Luego de haber revisado la información contenida en el expediente administrativo No. D1-0587-2025-SETENA y aplicado el procedimiento de ubicación del proyecto por medio de coordenadas en el Sistema de Información Geográfica que maneja esta Secretaría, cumpliendo de esta manera con lo ordenado mediante Resolución No. 1661- 2011-SETENA; se determinó por parte del Departamento de Evaluación Ambiental, la no realización de la inspección de campo. Como elementos adicionales que sustentan el no realizar la visita de campo se tienen: 1. La naturaleza del proyecto. 2. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno. 3. La significancia de impacto ambiental obtenida en el Documento de Evaluación Ambiental D1. 4. Las conclusiones de los estudios técnicos adjuntos al instrumento de evaluación no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo.
Como parte del análisis geoespacial se verifican la presencia de la laguna y de las nacientes, además de los elementos como la Cobertura Forestal y se solicitaron las correcciones al diseño de sitio, el Formulario SIG DEA-SIG-FORM-VPEIA-0083-2025 con fecha de análisis del 24 de julio de 2025, indica entre algunos de los puntos de análisis lo siguiente: (…) Se determinó que la distancia del límite de la propiedad es mayor a los 50 m de la zona de protección de nacientes y de la laguna localiza en cumplimiento de la normativa, donde: Las áreas de protección, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal y pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C-110-2004 de fecha 16 de abril de 2004; artículos 148 y 149 Ley de Aguas Nº 276 del 27 de agosto de 1946 son las siguientes: Según artículo 33, Ley Forestal Nº 7575, son: i. Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. ii.
Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. iii. Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. Por dictamen C-110-2004 de 16 de abril de 2004, de la Procuraduría General de la República, la zona de protección a que se refiere este inciso también aplica para las lagunas. iv. Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. Por todo lo anterior, sí se tuvieron en cuenta todos los cuerpos de agua presentes y para todos, se respetó el radio de protección, según lo establece la legislación.
De igual manera, en la misma resolución donde se otorgó la Viabilidad Ambiental se indica en el CONSIDERANDO TERCERO: Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol y que se requiera permiso de corta, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la oficina del SINAC, en caso que se ubiquen cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección y en caso de que sean obras en cauce, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la Dirección de Aguas. También es importante mencionar que en el Formulario de la Declaración Jurada se parte del hecho de que se pregunta al Desarrollador y al Consultor Ambiental ¿El uso de suelo es conforme con el proyecto planteado?
Y ellos indicaron que Sí. Valga mencionar que el documento del uso del suelo no es requisito dentro del Decreto Ejecutivo No. 43898- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Se recuerda que la Viabilidad Ambiental no es un permiso para iniciar obras, sino que es un requisito preliminar para obtener el permiso de construcción para la actividad, obra o proyecto, que es de competencia de la respectiva municipalidad, de manera que si la actividad no es permitida por la Municipalidad la misma no puede llevarse a cabo y corresponde al municipio rechazar el respectivo permiso. Adicionalmente los Artículos 16 y 77 del Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-MOPT-MAGMEIC- MS, indican que, los estudios y recomendaciones incluidas en la Evaluación de Impacto Ambiental, serán responsabilidad específica de cada profesional que los firma, siendo la administración responsable de la revisión de los mismos, de acuerdo con los contenidos que se establecen en el Reglamento.
El consultor ambiental o responsable ambiental de la actividad, obra o proyecto responden por la veracidad de la información de los documentos que suscribe, así como de la idoneidad de los métodos y procedimientos que recomiende, con responsabilidad solidaria para el Desarrollador del proyecto. Sin embargo, la SETENA hace suyo y verifica conforme el SNIT, los elementos ambientales inmersos en el proyecto, razón por la cual solicitó las correcciones indicadas. Alegato 3: “Cuestiona además la metodología utilizada para evaluar el proyecto. Argumenta que la SETENA aceptó una categorización de impacto ambiental moderado o bajo y tramitó el proyecto mediante un formulario de evaluación simplificado, cuando, por las dimensiones de la granja y la cantidad de animales proyectada, debió exigirse un estudio de impacto ambiental mucho más riguroso. Sostiene que la evaluación ambiental se basó excesivamente en información suministrada por el desarrollador, sin corroboración suficiente y sin considerar adecuadamente el componente social y la conflictividad socioambiental existente en la comunidad.” Respuesta: En aras de la seguridad jurídica en la tramitación de los expedientes que ingresan a la SETENA, se determinó el instrumento de Evaluación Ambiental de acuerdo con el resultado de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA), estableciendo una ruta clara que define el instrumento de evaluación ambiental, para los diferentes sectores proponentes.
Este es un análisis que se basa en criterios técnicos. Dado que la Matriz SIA dio una ponderación de 127.125 puntos, el instrumento que aplica es D1 con Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (D1+DJCA) Tal como se indicó en la respuesta del Primer Alegato, para el instrumento de evaluación ambiental D1+DJCA, con el cual fue analizado el proyecto en cuestión, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, D.E. No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, no establece que deban desarrollarse procesos específicos de participación comunitaria, esta se puede corroborar en el anexo 4 GUIA D1+DJCA, del decreto antes mencionado. Alegato 4: Otro punto alegado es la violación al debido proceso, al respecto afirma que la comunidad se encontró en estado de indefensión porque no tuvo conocimiento previo del proyecto, no fue reconocida oportunamente como interesada, no pudo formular observaciones dentro del procedimiento y no contó con plazos razonables para analizar la documentación técnica una vez que obtuvo acceso al expediente.
Sostiene que esas circunstancias impidieron una participación efectiva y lesionaron el derecho de defensa de los vecinos y turistas potencialmente afectados. También cuestiona la actuación posterior de la SETENA y del MINAE respecto de los recursos administrativos interpuestos por la comunidad. Se indica que la revocatoria contra la viabilidad ambiental fue declarada inadmisible por extemporánea y que la apelación fue rechazada por la misma razón. Sin embargo, sostiene que dicha extemporaneidad fue provocada por la propia actuación de la Administración, debido a la falta de información. la ausencia de publicidad adecuada y la omisión de incorporar oportunamente a expediente las gestiones realizadas por la comunidad. Además, reprocha que ambas instituciones resolvieran esos recursos fuera de los plazos legales, mientras exigían estrictamente el cumplimiento de los plazos por parte de los ciudadanos.
Así como que se incurrió en contradicciones al reconocer posteriormente que los vecinos y turistas tenían legitimación para impugnar la viabilidad ambiental, pese a que previamente no los consideró dentro del procedimiento. A ello suma que se omitió incorporar al expediente documentos relevantes remitidos por la comunidad y que brindó información inexacta al MINAE al indicar que ciertas gestiones no habían sido recibidas antes de la emisión de la viabilidad ambiental. En síntesis. la demanda denuncia la vulneración del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, del derecho de participación ciudadana en asuntos ambientales, del derecho de acceso a la información ambiental, del derecho al debido proceso y al derecho de defensa, así como del derecho a que la Administración actúe conforme a la legalidad y a sus propios reglamentos. Sostiene que el procedimiento de evaluación ambiental estuvo marcado por falta de transparencia, ausencia de participación ciudadana efectiva, omisiones en la fiscalización y deficiencias sustanciales en la valoración ambiental del proyecto, razones por las cuales solicita la tutela constitucional frente a las actuaciones de la SETENA y del MINAE Respuesta: La resolución No. 1628-2025-SETENA, de las 11 horas con 41 minutos del 3 de noviembre del 2025 fue notificada el día 6 de noviembre del 2025, a su vez el recurso de revocatoria con apelación en subsidio que ingresó a SETENA fue interpuesto el día 5 de febrero del 2026 mediante la secuencia de correspondencia número 1544-2026.
Como puede verse el recurso interpuesto era a todas luces inadmisible por extemporáneo, y así se resolvió mediante la resolución No. 0373-2026-SETENA de las 13 horas con 19 minutos del 24 de febrero del 2026. Lo resuelto es en concordancia y respeto al principio de legalidad establecido tanto en el numeral 11 de la Constitución Política, como en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública, sobre el plazo para la interposición de los recursos administrativos. Igualmente fue rechazada ad portas por extemporánea la apelación, mediante la resolución No. R-0271-2026-MINAE de las 12 horas 30 minutos del 12 de mayo del 2026. No puede achacarse a la Administración la responsabilidad de presentar el recurso de forma extemporánea, cuando el expediente es público y se encuentra a disposición de todo el que desee revisarlo, y que, además se reitera, no hubo apersonamientos previos al expediente, para notificar los actos que en el mismo se dieron, como el otorgamiento de la Licencia de Viabilidad Ambiental.
Los canales informativos que pone esta Secretaría a disposición de la población se encuentran como documentos públicos en la página web desde el inicio del análisis del expediente, por lo que en todo momento la información bajo la cual se tramitó el expediente siempre estuvo a disposición de cualquier ciudadano, como una herramienta que da transparencia a los expedientes que se tramitan. Alegato 5: “Posteriormente, informó que, a partir de nueva información obtenida, se descubrió que las granjas porcinas denominadas Crucero y Santa Rita, ambas ubicadas en Río Cuarto, junto con una granja porcina ya existente en Venecia de San Carlos, no constituyen proyectos independientes, como habrían sido tramitados ante las autoridades ambientales, sino que forman parte de un único proyecto productivo integrado. Afirma que la SETENA y el MINAE otorgaron viabilidades ambientales separadas para las granjas Crucero y Santa Rita, pese a que existirían múltiples elementos que evidencian una unidad funcional y operativa entre ellas y la granja ubicada en Venecia.
Señala que los tres proyectos comparten el mismo desarrollador, la misma persona jurídica, el mismo representante legal y el mismo consultor ambiental. Además, destacó que las solicitudes de viabilidad ambiental fueron presentadas con apenas tres días hábiles de diferencia, que las granjas se encuentran ubicadas en la misma provincia, cantón y distrito -salvo la de Venecia, localizada en un cantón vecino- y que todas formarían parte de una misma cadena de producción porcina. Según expuso, las propias características de los proyectos demuestran esa integración. Indicó que la granja Crucero estaría destinada a procesos de gestación, lactancia, reemplazos y destetes de animales denominados “abuelas", mientras que la granja Santa Rita tendría múltiples galpones para gestación destete de animales “madres". Por su parte, la granja existente en Venecia incluiría una operación de ciclo completo. fábrica de embutidos, matadero de cerdos, producción de alimentos y elaboración de harinas derivadas de sangre hueso.
A partir de esas funciones complementarias, concluyó que las tres instalaciones operarían como partes de una misma actividad económica y productiva. Asimismo, manifiesta que las tres granjas se encontrarían conectadas mediante caminos internos ubicados en propiedades del mismo desarrollador, además de caminos municipales y carreteras nacionales, conformando una red logística común para el traslado de animales, insumos y productos. Desde su perspectiva, ello demuestra que los impactos ambientales, sociales, logísticos y territoriales no pueden ser analizados de manera aislada, sino de forma conjunta. Con fundamento en lo anterior, argumentó que las autoridades ambientales incurrieron en un error al tramitar los proyectos mediante formularios de evaluación ambiental independientes. A su juicio, al tratarse de un único emprendimiento integrado, lo procedente era exigir un estudio de impacto ambiental integral que valorara conjuntamente la totalidad de los efectos acumulativos, sinérgicos y regionales del proyecto, incluyendo las rutas de transporte, la logística operativa, eI área de influencia y los impactos socioambientales derivados de la operación conjunta de las tres granjas.
Sostuvo que la fragmentación del proyecto permitió una evaluación insuficiente y menos rigurosa de sus verdaderos efectos ambientales. Este nuevo hallazgo refuerza los alegatos de vulneración al derecho a un ambiente sano ecológicamente equilibrado, al derecho de participación ciudadana y al debido proceso administrativo, en tanto considera que la Administración aprobó proyectos supuestamente independientes sin valorar adecuadamente su relación funcional y sus impactos acumulativos. Además, reitera que esa situación evidencia deficiencias en la evaluación ambiental realizada por la SETENA y el MINAE.” Respuesta: Los expedientes que se encontraron del mismo Desarrollador corresponden a los siguientes proyectos: • D1-0432-2024-SETENA: AMPLIACIÓN DE GRANJA PORCINA INVERSIONES OSO DE GRECIA Y CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA DE ALIMENTO PARA PERRO • D1-0584-2025-SETENA: GRANJA PORCINA SANTA RITA • D1-0587-2025-SETENA: GRANJA PORCINA CRUCERO Todos, evaluados bajo los Instrumentos D1+DJCA, se ubican en distintas propiedades y planos catastrados, por lo cual, no son proyectos colindantes entre sí, por lo que no se puede indicar como lo hace ver el recurrente que se trate de un único proyecto que debiera ser tramitado en un único expediente.
Al momento de emitir esta respuesta ya se encuentra la zona catastrada en la base de capas del SNIT, esto para el cantón de Río Cuarto. Se aclara que ninguno de los expedientes se encuentra en el mismo plano catastrado, ni en las colindancias, por lo que no podría tratarse de un fraccionamiento de las actividades, obras o proyectos. Alegato 6: Aduce, como antecedente, que la SETENA incurrió en negligencia al no verificar el cumplimiento de su propia normativa respecto de la colocación de rótulos informativos. Sostuvo que la institución nunca comprobó en campo si el desarrollador colocó los rótulos obligatorios desde la apertura del expediente administrativo ni después de otorgada la viabilidad ambiental, pese a que tal obligación estaba expresamente prevista tanto en la normativa ambiental como en la propia resolución administrativa que aprobó el proyecto. A su juicio, esta omisión privó a la comunidad de información necesaria y oportuna para conocer la existencia y alcance del proyecto desde sus etapas iniciales.
Asimismo, vuelve a cuestionar la decisión de la SETENA de no realizar inspecciones de campo antes de otorgar la viabilidad ambiental. Señala que los argumentos utilizados para justificar esa decisión eran improcedentes, dado que se trataba de una granja porcina de grandes dimensiones proyectada frente a la Laguna de Río Cuarto. Reitera que la autoridad ambiental ignoró elementos relevantes como la cercanía de la laguna, su condición de humedal lacustre reconocido por el SINAC, los posibles impactos ambientales derivados de la actividad porcina observaciones formuladas por la comunidad durante el proceso de evaluación. Si la SETENA hubiera escuchado a la sociedad civil y analizado adecuadamente los recursos administrativos presentados, habría advertido la necesidad de efectuar inspecciones y estudios más rigurosos. La falta de rotulación adecuada constituyó uno de los principales factores que colocó a la comunidad en situación de desventaja e indefensión, pues impidió que los vecinos conocieran oportunamente el proyecto y ejercieran acciones de oposición o participación dentro de los plazos administrativos.
Por ello, sostiene nuevamente que la declaratoria de extemporaneidad aplicada a los recursos administrativos. fue consecuencia directa de las propias actuaciones y omisiones de la SETENA y del MINAE. En cuanto a la situación específica de la Granja Porcina Crucero, informa que el 14 de junio de 2026 un vecino detectó por primera vez la colocación de un rótulo relacionado con el proyecto. A partir de ello, alegó que el desarrollador instaló el aviso casi un año después de la apertura del expediente administrativo y aproximadamente siete meses después de haber obtenido la viabilidad ambiental. Sostuvo además que el rótulo fue colocado en un sitio poco visible para la mayoría de los vecinos y turistas, concretamente en el acceso a una vivienda existente dentro de la propiedad y lejos de los puntos donde normalmente transita el público que se dirige a la Laguna de Río Cuarto. Lo que -en SU criterio- demuestra una intención de minimizar la publicidad del proyecto y evidencia nuevamente la falta de fiscalización por parte de la SETENA (véase prueba fotográfica aportada) Respecto de la Granja Porcina Santa Rita, señala que la comunidad tuvo conocimiento de su existencia únicamente a inicios de junio de 2026, cuando observó un rótulo que hacía referencia al expediente administrativo correspondiente.
Indica que fue mediante esa información que los vecinos conocieron que la SETENA y el MINAE habían otorgado, el 30 de abril de 2026, una nueva viabilidad ambiental para otra granja porcina ubicada en las cercanías de la Laguna de Rio Cuarto. Califica como preocupante que la comunidad se enterara de dicha aprobación más de un mes después de emitida la resolución y casi un año después de iniciado el trámite ambiental, situación que atribuyó nuevamente a la falta de transparencia del desarrollador y a la ausencia de control por parte de las autoridades ambientales. Las manifestaciones concluyen reiterando que la acumulación de omisiones, inconsistencias e irregularidades detectadas en tomo a ambas granjas porcinas demuestra la necesidad de un examen constitucional de las actuaciones administrativas cuestionadas. La representante de la comunidad sostuvo que los hechos expuestos fortalecen la tesis de que debió aplicarse el principio precautorio o "in dubio pro natura" y que la SETENA y el MINAE erraron al permitir la tramitación de los proyectos mediante formularios D1 sustentados en declaraciones juradas, cuando, a su criterio, ya se había demostrado que las granjas forman parte de un único proyecto que requería la elaboración de un estudio de impacto ambiental integral y mucho más riguroso.
Por lo expuesto estima violados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley pide, como medida cautelar provisionalísima, prevenir a la Municipalidad de Río Cuarto y, en particular a la oficina encargada del control urbano, abstenerse de otorgar el permiso de construcción correspondiente a la Granja Porcina Crucero mientras se resuelve el recurso de amparo. Respuesta: El tema referente a la inspección de campo se amplió supra. Actualmente se ha aportado la garantía ambiental correspondiente, así como el nombramiento del responsable ambiental y la apertura de la Bitácora Ambiental, lo cual indica que se ha cumplido con la presentación de los Instrumentos de Control Ambiental (ICOs). En cuanto a la habilitación de la Bitácora Ambiental, esta solicitud se presentó el día 16 de junio del 2026 mediante la secuencia de correspondencia número 6344-2026 y se atendió mediante el oficio No. CARTA-SETENA-BD-DT-DEA-0214-2026 el día 23 de junio de 2026, siendo que: La habilitación de la Bitácora Ambiental y el cumplimiento de los Instrumentos de Control Ambiental (ICOs) marca el inicio de la etapa de gestión ambiental ante la SETENA, no obstante, para el inicio de la etapa constructiva deberá contarse con los permisos finales por parte de las Instituciones competentes, y una vez que se cuente con los mismos deberá notificar el inicio de obras al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental.
Sin omitir que, una vez habilitada la bitácora, deberá presentar los Informes de Responsabilidad Ambiental (IRA) de acuerdo con la periodicidad establecida en la resolución de otorgamiento de la Licencia de Viabilidad Ambiental. Con respecto a la rotulación del proyecto, tal como se indica en la resolución No. 1628- 2025-SETENA de las 11 horas 41 minutos del 3 de noviembre del 2026 y de acuerdo el artículo 43 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, se establece sobre la rotulación de proyectos con Viabilidad Ambiental lo siguiente: Con la obtención de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) de la SETENA, el Desarrollador de la actividad, obra o proyecto estará en la obligación de colocar un rótulo en un lugar visible, desde el inicio y mientras perduren sus actividades (sea en construcción o en operación) con el número de expediente, número de resolución de viabilidad ambiental y nombre del proyecto.
(La negrita no es propia del texto original) Por lo anterior, se ha determinado técnicamente, de conformidad con el oficio No. CARTASETENA- DT-0050-2026, que el desarrollador no ha incumplido con lo señalado en la resolución, ya que, no ha iniciado obras y que fue hasta el día 23 de junio que realizó la solicitud de la activación de la bitácora digital, por lo que es en este momento cuando el desarrollador debe colocar el rótulo solicitado en la resolución de Viabilidad Ambiental. En línea con lo anterior, por no haberse iniciado aún los proyectos localizados en la zona de Río Cuarto, no se presenta información sobre las actuaciones en materia de seguimiento ambiental, estas acciones se ejecutarán cuando corresponda según el inicio y avance de su etapa constructiva. Conclusión En relación a (sic) la información solicitada por el Tribunal Constitucional se tienen como conclusiones principales, que no corresponde declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto por lo siguiente: 1.
No se incumplió con la transparencia y el acceso a la información: o El expediente ha estado, desde su ingreso a la SETENA, disponible para consulta pública de todos los administrados a través de la Plataforma Digital, por tanto, no es correcto alegar violación al derecho de acceso a la información. 2. No se ha violentado la participación ciudadana: o Para el instrumento de evaluación ambiental utilizado en la Evaluación del proyecto de marras (D1+DJCA) no se exigen procesos específicos de participación, como las audiencias públicas, tal como lo establece el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, salvo que sean solicitadas y dentro de las prerrogativas de la Comisión Plenaria se determine que es necesaria, lo cual no ocurrió en este caso. 3. Inspección de campo y valoración técnica: o Se ha justificado técnicamente la no realización de una inspección de campo previa a la aprobación del proyecto, dado que se realizó el análisis geoespacial según la naturaleza y características del proyecto, se solicitaron las correcciones correspondientes; y se concluyó que el proyecto respeta los radios de protección de los cuerpos de agua y áreas de boque, humedales, conforme la legislación vigente. 4.
Determinación del instrumento de evaluación ambiental y debido proceso en el conocimiento de los recursos administrativos interpuestos: o La categorización del proyecto de marras y el instrumento de evaluación utilizado se determinó de forma objetiva, mediante la Matriz de Significancia de Impacto Ambiental que establece el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. o El recurso interpuesto se resolvió como legalmente correspondía de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, ello no obstaculiza, en ningún sentido la disposición a ver el expediente desde que el mismo ingresó a la SETENA. La extemporaneidad no fue ocasionada por la Administración, sino por la falta de presentación oportuna de los recursos. 5. Fragmentación de proyectos y análisis acumulativo: o Se rechaza técnicamente que haya fragmentación indebida de proyectos, toda vez que los proyectos bajo el mismo desarrollador corresponden a planos y fincas distintos, no colindantes entre sí.
Por lo que no puede tratarse de un único proyecto, como se alega. 6. Rotulación y publicidad del proyecto: o Se acara que la obligación de la colocación del rótulo inicia con la activación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS)y la obtención de la Licencia de Viabilidad Ambiental, con lo cual no se ha incumplido esta obligación ya que no han iniciado obras y hasta este mes se presentaron los ICOS. Prueba - Resolución No. 1628-2025-SETENA que otorgó la Licencia de Viabilidad Ambiental al proyecto de marras y su correspondiente comprobante de notificación. - Resolución No. 0373-2026-SETENA, que resolvió la revocatoria. - Resolución No. R-0271-2026-MINAE, que resolvió la apelación. -Oficio No. SETENA-DT-EducA-0025-2026, que responde a solicitud de información de la Municipalidad de Río Cuarto. -Oficio No. CARTA-SETENA-DT-0050-2026, emitido para atender el presente recurso.
Fundamentos de Derecho Se realiza el presente informe de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11, 33 y 50 de la Constitución Política, en los artículos 29, 30, 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 59, 60 y concordantes de la Ley General de la General de la Administración Pública. Petitoria Conforme a las razones señaladas supra, solicita declarar sin lugar el presente recurso de amparo en contra de la SETENA”.
“Que, efectivamente, la Municipalidad de Río Cuarto recibió en el mes de setiembre del año dos mil veinticinco un escrito sin número, mediante el cual vecino del cantón manifestaban su parecer ante un posible proyecto de Granja Porcina en el distrito de Río Cuarto, específicamente en un inmueble que se encuentra cercano a la Laguna de Río Cuarto. Escrito mediante el cual se solicitó audiencia ante el Concejo Municipal de Río Cuarto y la posibilidad del establecimiento de una mesa de diálogo formal para la atención la situación expuesta, conformada por representantes del Gobierno Local, de la comunidad de y la institucionalidad competente. Requerimientos que fueron atendidos y abordados por el Concejo Municipal y la Administración Municipal. En atención a lo indicado, el honorable Concejo Municipal de Río Cuarto a concedió la audiencia solicitada en la sesión número 084-2024, llevada a cabo de manera presencial el 27 de octubre del mismo año.
Audiencia que tuvo una duración de treinta y seis minutos durante los cuales las personas vecinas del cantón que se apersonaron expresaron lo que consideraron pertinente. Tal y como consta en la certificación número CERT-SCMRC-0087-2026, de cita: “El Concejo Municipal de Río Cuarto en la Sesión Ordinaria número ochenta y cuatro, de manera presencial, celebrada el lunes veintisiete de octubre del dos mil veinticinco mediante artículo III de Audiencias y Juramentaciones concedió la audiencia solicitada “audiencia vecinos sobre posible desarrollo de actividad porcina en cercanías a Laguna Río Cuarto por un lapso de 36 minutos desde el minuto 03:02 hasta el minuto 39:47; verificable en la biblioteca de sesiones del canal YouTube de la Municipalidad https://youtu.be/hCxrODC7Xqc”. Por su parte, esta Administración Municipal, procurando una atención integral de los planteamientos contenidos en el escrito presentado el 23 de septiembre de 2025, dirigió una serie de consultas a diferentes instituciones que podrían ser competentes en la atención de la situación planteada, así como, con el objetivo de obtener un insumo técnico que sirviese de respaldo a la hora de valorar las solicitudes de las diferentes licencias y permisos municipales que pudiesen ser solicitadas ante este Gobierno Local para la puesta en funcionamiento del proyecto denominado Granja Porcina Crucero.
Las misivas se dirigieron consultas a SINAC, Dirección de Aguas, SETENA, Ministerio de Salud y SENASA, mediante los oficios número OF-AL-005-2026, OF-AL-006-2026, OF-AL-007- 2026, OF-AL-008-2026 y OF-AL-009-2026, respectivamente. Mismas que fueron atendidas por las instituciones. Cuyas respuestas pueden ser consultadas por su autoridad, ya que se encuentran adjuntas al presente informe. Una vez que las instituciones consultadas remitieron sus respuestas a las diferentes consultas planteadas, se convocó a una reunión interinstitucional con el objetivo de abordar el desarrollo de una granja porcina en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto. Reunión que fue convocada para el día 26 de febrero de 2026 por la Alcaldía Municipal mediante el oficio número OF-AL-060-2026; invitación que fue extendida a la Dirección de Aguas, al SINAC-MINAE, SETENA, Ministerio de Salud y SENASA, así como, se convocó los miembros de sociedad civil que forman parte de los firmantes del oficio inicial de solicitud.
En la reunión mencionada se contó con la presencia de las siguientes personas: José Miguel Jiménez Araya-Alcalde Municipal, Stephanie Aguilar Rojas- Vicealcaldesa Municipal, Henry Chacón Bolaños-Coordinador de Planificación y Control Urbano, Isamara Vindas Ramírez-Asistente Técnico de Alcaldía, Rodrigo Campos Zamora-Encargado de Catastro, Aurora Fallas Lara-Coordinadora Jurídica, Mario Jiménez Bogantes- Coordinador UTGV, Sofía González Víquez- Gestora Ambiental, Denis García Fallas-SETENA, Nancy Quesada Artavia- Dirección de Aguas / Minae, José Manuel Alvarado Arguedas- SINAC Pital, Rebeca Gutiérrez Bermúdez-SENASA Agroambiental, Cindy Brenes Villalta- SENASA Venecia, Kendall Angulo Espinoza-Ministerio de Salud, Wendy Arce Hernández- Ministerio de Salud Ministerio de Salud, Gioconda González Rodríguez- Ministerio de Salud, Fabiola Arce Jiménez -ADI Río Cuarto, Edgar Arce Campos-Concejo Municipal/ ASADA Río Cuarto y Luis Roberto Rodríguez- Representante de la comunidad.
Durante el desarrollo de la reunión, se abordó de forma amplia y tendida la situación, así como, cada institución y las personas representantes de la comunidad expusieron sus argumentos. En la minuta de la reunión se encuentra plasmado de forma sucinta lo abordado y tratado y los acuerdos tomados en el momento. Lo cual se cita a continuación: “Intervenciones y consideraciones Representantes de la comunidad: • La comunidad no se opone al proyecto como tal, sino a su ubicación actual frente a la laguna. • Se estima que los galpones podrían albergar aproximadamente 5.000 cerdos. • Se busca anticipar posibles impactos antes de que el proyecto se materialice. • Se presentó un Recurso de Revocatoria y de Apelación en Subsidio de la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada al Proyecto Granja Porcina Crucero, ubicada frente a la Laguna de Río Cuarto, Alajuela, por la viabilidad ambiental otorgada. • Preocupación por el tránsito constante de camiones, impactos ambientales y el derecho a un ambiente sano. • Se mencionó el potencial desarrollo del Geoparque y el impacto en el turismo ecológico. • Existe preocupación por una posible expansión futura del proyecto.
Instituciones presentes: SENASA: Indicó que de momento su actuación depende de que el proyecto cuente con todos los permisos de las instituciones correspondientes. SETENA: Señaló que como municipalidad se puede consultar la trazabilidad del recurso de revocatoria presentado. Se indicó que no debería aprobarse el permiso de construcción hasta que se resuelva dicho recurso, ya que su respuesta podría tener un efecto suspensivo. •Ministerio de Salud: El permiso de ubicación se otorgó con base en el sistema de tratamiento de aguas residuales, cumpliendo con los requisitos establecidos. Sin embargo, se plantea la duda de si el sistema propuesto tendrá la capacidad real para el volumen de producción. • Capacidad del proyecto: El proyecto aprobado contempla una capacidad aproximada de 3.500 cerdos, incluyendo etapas de gestación, lactancia y producción. SENASA deberá verificar que la producción no exceda esta cantidad.
SINAC: Indicó que el área de protección de la laguna o naciente exige un retiro de 50 metros, requisito que aparentemente se cumple. • Dirección de Aguas: Se debe verificar si las nacientes están registradas oficialmente, ya que el AyA es la entidad encargada de levantar esta información. Además, se indicó que la normativa sobre aguas subterráneas en estos casos es limitada. SENARA: Podría intervenir en relación con áreas de recarga acuífera, aunque no puede imponer restricciones en propiedad privada. Temas ambientales señalados • Riesgo de eutrofización o contaminación de la laguna. • Manejo de escorrentía y químicos en el suelo. • Impacto de nutrientes en el ecosistema. • Control de olores ofensivos; la normativa existente excluye las actividades pecuarias. Acuerdos y acciones 1. Consultar formalmente a cada institución para que emita su posición sobre el proyecto. 2.Solicitar información sobre el estado del recurso de revocatoria presentado ante SETENA. 3.Suspender el avance del permiso de construcción hasta que se resuelva dicho recurso. 4.Verificar la ubicación y registro de las nacientes mediante la Dirección de Aguas y AyA. 5.Confirmar la capacidad real del sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto en los planos. 6.Analizar los posibles impactos ambientales, especialmente en la Laguna de Río Cuarto.
Observaciones finales Se enfatiza la necesidad de abordar el tema bajo un enfoque preventivo, con el fin de garantizar la protección ambiental y el bienestar de la comunidad” Resulta pertinente indicar que, a pesar de los esfuerzos realizados para contar con representación del dueño registral en la reunión, o en su defecto entablar otros espacios de diálogos, a la fecha de rendición del presente informe no se ha obtenido su anuencia para participar en la reunión de referencia ni en ningún otro espacio de diálogo con presencia de la institucionalidad, la comunidad y este Gobierno Local. En virtud de lo indicado, se manifiesta que tanto la Municipalidad de Río Cuarto como el Concejo Municipal han actuado en pro de la comunicación y la escucha; atendiendo las solicitudes planteadas y procurando espacios en que se atiendan y escuchen las diferentes opiniones. No obstante, se reafirma que la Municipalidad de Río Cuarto es respetuosa de la legalidad y se apega en su totalidad a lo dispuesto por el marco jurídico, en respecto y resguardo del Principio de Legalidad dispuesto por lo numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.
Actuando en todo momento de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. En este sentido se informa, que el propietario del inmueble ha gestionado ante esta Municipalidad, por medio de la Plataforma APC del Colegio federado de Ingenieros y Arquitectos, las siguientes solicitudes: solicitud número 1262309 para movimiento de tierras, la cual fue rechazada ya que al momento de resolver la viabilidad ambiental otorgada por SETENA se encontraba impugnada y por lo tanto no se encontraba en firme. Así como, la solicitud de permiso de construcción para granja porcina número 01261940, el cual no ha sido resuelto a la espera de la resolución por parte de su autoridad de la medida cautelar provisionalísima solicitada por la recurrente. Procurando el respeto de la seguridad jurídica y con el fin de obtener la mayor claridad posible al momento de analizar los requerimientos presentados por el solicitante del permiso de construcción, el marco normativo aplicable, los principios generales del derecho y las circunstancias propias de la construcción.
Respecto del alegato solicitado por la recurrente de que “la ubicación escogida es incompatible con la vocación turística y residencial definida en los instrumentos de ordenamiento territorial del cantón” se informa, que la Municipalidad de Río Cuarto no cuenta con un Plan de Regulador vigente. Toda vez que en este momento el Plan Regulador se encuentra en proceso de elaboración. Asimismo, se indica que el único referente a ordenamiento territorial propio del cantón es la Ordenanza Municipal: Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto; aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número doscientos veinte, celebrada el lunes siete de agosto del dos mil veintitrés mediante Artículo V, Acuerdo N° 09. Documento que únicamente funge como un punto de partida en la búsqueda de generar una correcta planificación urbana y ordenamiento del territorio, además de potenciar las oportunidades que se presentan en relación con el crecimiento urbano y turístico en el cantón de Río Cuarto.
Sin embrago (sic), bajo ningún supuesto, puede sustituir a un Plan Regulador ni ser aplicada en detrimento de lo dispuesto por la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento de Construcciones, al encontrarse estas normas en un rango jerárquico superior a la Ordenanza Municipal: Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto, debiéndose aplicar en primer orden la ley y luego el reglamento. Tal y como, se ha aplicado en todo momento por el ente municipal. Por lo informado, de la manera más atenta y respetuosa, se solicita resolver conforme a derecho. Así como, se solicita la pronta resolución de la medida cautelar provisionalísima requerida por la recurrente, con el fin de que la Administración Municipal pueda dar resolución a la solicitud de permiso de construcción para granja porcina número 01261940”.
“CAPITULO I HALLAZGOS EN EL PROCESO Y CONSIDERACIONES DE LOS RECURRENTES Como marco de referencia y previo a referirnos al informe de SETENA (Capítulo II y III), se utilizarán las mismas citas textuales que la Sala Constitucional plasma en el documento remitido al MINAE y a la SETENA para que elaboren y presenten su informe respecto a los hechos alegados: 1. “… denuncia que al otorgar viabilidad ambiental al proyecto “Granja Porcina Crucero”, consistente en una granja porcina de gran escala ubicada frente a la Laguna de Río Cuarto y en las cercanías de zonas residenciales y turísticas, se vulneraron derechos fundamentales”. Tal como se mencionó en el Recurso de Amparo, los siguientes derechos se vieron vulnerados como consecuencia de las acciones de la SETENA y el MINAE. Sin embargo, los oficios incorporados posteriormente al expediente refuerzan la violación de estos derechos, de ahí que se incorporen al presente Informe de Oposición: 1.1 Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual en el Recurso de Amparo se denunciaron las omisiones y actos que se infringieron durante el proceso de estudio para otorgar la viabilidad ambiental a un Proyecto de Granja Porcina con miles de cerdos frente a la laguna de Río Cuarto (inversión de más de mil millones de colones, según declaración jurada del desarrollador hacia la SETENA, fechada 26 de agosto 2025 según el expediente administrativo).
Aunado a lo anterior, en los siguientes cuatro oficios, incorporados posteriormente al Expediente No 26-019102-0007-CO por parte de los recurrentes, se le hizo ver a la Sala Constitucional aspectos que respaldan aún más la violación a este derecho: 1.1.1 Oficio fechado 10 junio 2026: “Hecho Sobrevenido”, en el cual se hace mención al otorgamiento de dos viabilidades ambientales para proyectos separados (D1-0587-2025-SETENA y D1-0584-2025-SETENA), cuando a todas luces se trata de un solo proyecto, con las consecuencias que se derivan de esta situación, abordadas en el propio oficio y su anexo (Apartado 2 “Unicidad de los Proyectos de Granjas Porcinas”) del oficio dirigido al área de Planificación y Control Urbano de la Municipalidad de Río Cuarto quien se encarga de otorgar finalmente el denominado permiso de construcción. Se rescata la siguiente información aportada en los diferentes oficios: (…) Por otro lado, y de acuerdo con las coordenadas indicadas en las respectivas resoluciones de SETENA, en la Figura No 1 se muestra una vista aérea para la Granja Porcina Santa Rita y Granja Porcina Crucero (puntos marcados con una X en color rojo).
Nótese el potencial peligro de una expansión futura (como ha ocurrido con la granja porcina ubicada en Venecia, aspecto al cual nos referiremos más adelante), ya que todas las propiedades señaladas y más allá pertenecen al mismo desarrollador. Al considerar únicamente las cuatro propiedades resaltadas (todas colindantes y del mismo desarrollador, Inversiones Oso de Grecia S.A., según información pública del Registro Nacional), se tiene un total de 370,69 hectáreas de acuerdo con el siguiente detalle: Plano A-0976963-2005 (81,64 ha) Plano A-0756462-2001 (124,45 ha) Plano A-0003519-1965 (66,78 ha) Plano A-0817669-2002 (97,82 ha) Figura No 1 Vista Aérea de las Granjas Porcinas Finalmente, nótese en la Figura No 2, cuando se incorpora la Granja Porcina existente ubicada en Venecia (cuyo propietario es el mismo desarrollador): En color rojo la Granja Porcina Inversiones Oso de Grecia S.A, ubicada en el distrito de Venecia En color amarillo la eventual Granja Porcina Santa Rita ubicada en el distrito de Río Cuarto En color celeste la eventual Granja Porcina Crucero ubicada en el distrito de Río Cuarto Figura No 2 Vista Aérea de las tres Granjas Porcinas En conclusión, lo que definitivamente el Cantón de Río Cuarto no está dispuesto a aceptar y será muy vigilante, es lo que la SETENA y el MINAE han venido autorizando en el Megaproyecto denominado Granja Porcina Inversiones Oso de Grecia ubicada en Venecia (a pocos kilómetros de las denominadas Granjas Porcinas Crucero y Santa Rita), y que a todas luces es lo que se trata de implementar en Río Cuarto, utilizando exactamente el mismo modo de operar (a través de simples D1 o D2 para ampliaciones y/o modificaciones, cuando de por medio existen megaproyectos porcinos con miles de cerdos para cada caso).
Nótese los números de expediente que para la Granja Porcina ubicada en Venecia han tramitado, dando como resultado la imagen de la Figura No 3 que se incorpora a continuación: ➢ D1-0558-2020-SETENA ➢ D1-0242-2022-SETENA ➢ D1-14364-2015-SETENA ➢ D1-14498-2015 (no se tuvo acceso al expediente en línea) ➢ D2-1010-2020 (no se tuvo acceso al expediente en línea) ➢ D1-0432-2024-SETENA: AMPLIACIÓN DE GRANJA PORCINA INVERSIONES OSO DE GRECIA Y CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA DE ALIMENTO PARA PERRO 1.1.2 Oficio fechado 17 junio 2026: Dirigido al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). En este se aborda con mucho mayor detalle el citado “Hecho sobrevenido” del punto anterior. 1.1.3 Oficio fechado 16 junio 2026: Dirigido a la Sala Constitucional, en el cual, además de recapitularse lo indicado en los Hechos 11 y 12 del Recurso de Amparo, se actualizan las acciones recientes del desarrollador en colocar los rótulos en ambas granjas porcinas, aspecto que lamentablemente la SETENA nunca detectó ni fiscalizó: Para la Granja Porcina Crucero: el rótulo se colocó hasta en el mes de junio 2026, poco menos de un año después de que la SETENA abriera el expediente administrativo y prácticamente 7 meses después de otorgada la Viabilidad Ambiental.
Para la Granja Porcina Santa Rita: el rótulo se colocó también hasta el mes de junio 2026, aproximadamente un año después de que la SETENA abriera el expediente administrativo y más de un mes después de otorgada la Viabilidad Ambiental. La comunidad no cuenta con pruebas, pero con todas las acciones implementadas por la sociedad civil (desde que se interpuso el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, el cual fue rechazado por la SETENA y el MINAE, según ellos por extemporáneo, hasta el día de hoy), es predecible que el desarrollador se haya percatado de su omisión e irrespeto a la normativa y las propias resoluciones de SETENA, para proceder tardíamente a colocar los rótulos, aspecto que también se le atribuye a la SETENA y al MINAE por no llevar diligentemente la inspección y visitas al lugar. Este tema se aborda en el Capítulo II y III, como parte de nuestra oposición a lo indicado por la SETENA en su informe.
Finalmente, dos de las muchas funciones y responsabilidades de la SETENA (según información que se encuentra en línea), son las siguientes, las cuales definitivamente incumplieron, citas textuales: En cuanto al Control y Seguimiento: “Supervisa que los desarrolladores cumplan con los compromisos, medidas de mitigación y planes de manejo ambiental aprobados antes, durante y después de la ejecución del proyecto”. El subrayado no es del original. En cuanto a la Inspección de Campo: “Realiza visitas técnicas a las zonas donde se planean o ejecutan los proyectos para verificar las condiciones ambientales reales”. El subrayado no es del original. 1.1.4 Oficio fechado 23 junio 2026: Dirigido a la Sala Constitucional y en el cual se hacen ver dos cosas que llamaron poderosamente la atención a la comunidad, a saber: El día 22 de junio 2026 se le remite oficio (vía correo electrónico) al área de Auditoría y Seguimiento Ambiental de SETENA, solicitando se sirvan remitir todas las anotaciones que se hayan realizado por parte de esta institución (mediante oficios, cuaderno de bitácora, correos electrónicos o cualquier otro medio), producto de las visitas de campo y/o inspecciones realizadas al Proyecto Granja Porcina Crucero y sus alrededores (desde el período en que se abrió el expediente, a saber 01 julio 2025 (Hecho 1 Recurso Amparo), al día de remisión del oficio (22 junio 2026).
El objetivo de esta solicitud era confirmar que durante poco más de un año, la SETENA no ha visitado el lugar, y por el contrario, otorga una viabilidad ambiental desde sus oficinas en San José para un megaproyecto de granja porcina con miles de cerdos (y grandes posibilidades de expansión como se ha venido haciendo en Venecia). En el expediente administrativo tampoco consta ninguna visita. El día 23 de junio 2026, un día después, la SETENA remite CARTASETENA- BD-DT-DEA-0214-2026 (también mediante correo electrónico) cuyo asunto indica “Razón de Apertura de Bitácora Digital Número 17638”, y envía un aviso directo a la comunidad que indica textualmente (con letra menuda): “Los correos electrónicos de los funcionarios de SETENA no son un medio válido ni eficaz para dar por recibida la documentación…” En consecuencia, con lo indicado por la SETENA en la carta, es posible concluir que no existe ninguna referencia ni prueba documental que demuestre que se dieron visitas por parte de esta institución al lugar, más allá de lo que está incorporado en la página web de la SETENA, en la cual lo único que se evidencia es que no se dio ninguna.
Sobre este mismo tema, es contradictorio que la SETENA no haya venido al sitio, pero en el oficio dirigido al desarrollador el 02 de setiembre 2025 indica lo siguiente (se incluye solamente el párrafo de interés): 1.2 Derecho a que la sociedad civil del Cantón de Río Cuarto fuera partícipe o tomada en cuenta por la SETENA “como parte interesada y perjudicada”, previo a otorgar la Viabilidad Ambiental a un Proyecto de Granja Porcina para miles de cerdos ubicada precisamente frente a la laguna de Río Cuarto, zona de alto valor ecológico, turístico (3000 turistas en promedio por mes, según lo expuso la Asociación de Desarrollo Integral del cantón en reunión con los asociados), paisajístico y cultural, con el consecuente impacto al ambiente, al turismo y a los vecinos del cantón. Precisamente en el Hecho 8 del Recurso de Amparo se menciona lo siguiente, cita textual: “Para reforzar lo señalado, los Artículos 61 y 62 del Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC, son claros en disponer, en mayor o menor medida, el deber de la SETENA de escuchar a las partes interesadas de cualquier Actividad Obra o Proyecto sometida a un proceso de evaluación ambiental.
Ver Anexo No 9”. En este sentido, desde el 29 de setiembre 2025 la comunidad y turistas (actores fundamentales en el campo socio ambiental) manifestaron a través del oficio remitido a la Alcaldía y Concejo Municipal del cantón de Río Cuarto (con copia y recibido por la SETENA ese mismo día) su preocupación, y solicitan entre otras cosas una audiencia “…con el fin de discutir públicamente y de manera participativa la posibilidad de un eventual desarrollo de un proyecto de producción animal a gran escala en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto, zona de alto valor ecológico, turístico, paisajístico y cultural para el cantón…” el subrayado no es del original (Hecho 2 y 3 Recurso de Amparo). Sin embargo, 35 días después (03 de noviembre 2025), la SETENA otorga la Viabilidad Ambiental, razón por la cual es lamentable el hecho de que como parte del “Análisis Técnico” (en el cual se encontraban los funcionarios públicos conocedores de la preocupación existente en la zona), la comunidad y/o el factor humano no fuera considerado en dicho análisis.
Nótese que lo que solicitamos en su oportunidad fue una “audiencia” para ser recibidos. Además, la referencia de los artículos 61 y 62 señalados se relacionan con la “participación ciudadana”, no necesariamente a una Audiencia Pública como la SETENA lo hace ver en su Informe a la Sala Constitucional. Cabe resaltar que no es cualquier proyecto el que se encontraba en análisis técnico por parte de la SETENA, ya que se trataba nada menos de una Granja Porcina de grandes proporciones con miles de cerdos. En consecuencia, la SETENA no debió asumir que para una Granja Porcina no iba a ver oposición (sobre todo cuando de por medio se tienen impactos tan relevantes en este tipo de proyectos). La comunidad y los turistas firmantes de la nota (recibida por SETENA el 29 de setiembre 2025) se convirtieron desde ese momento en apersonados y afectados directos de la eventual Granja Porcina frente a la laguna de Río Cuarto, manifestando preocupación por el “…eventual desarrollo de un proyecto de producción animal a gran escala en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto, zona de alto valor ecológico, turístico, paisajístico y cultural para el cantón…”, sin embargo, a la SETENA nunca le importó la comunidad, razón por la cual llama la atención y no es de recibo que en el Considerando NOVENO de la Resolución de SETENA (Anexo No 7 del Recurso de Amparo) se indique, cita textual: “Que, al momento de emitir este documento, no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito”.
En consecuencia, tampoco es de recibo para la comunidad que en la Resolución No 0373-2026 SETENA (Anexo No 13 del Recurso de Amparo), y como parte de los Resultandos, la SETENA solamente haga mención a dos fechas para ellos importantes, a saber 03 de noviembre 2025 (Resolución que otorga la Viabilidad Ambiental al desarrollador) y el 05 de febrero 2026 (interposición del Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio por parte de la comunidad y turistas), haciendo ver que existió un período de tiempo prolongado para actuar y/o manifestarse, sin embargo, omite referirse al oficio del 29 de setiembre 2025, el cual es fundamental y previo a otorgarse la viabilidad ambiental (momento en el cual la SETENA se encontraba precisamente elaborando su denominado “Análisis Técnico”). Los funcionarios públicos de la SETENA no debieron haber minimizado -a la luz de la comunicación suscitada por los vecinos del cantón de Río Cuarto y turistas a través del oficio enviado el 29 septiembre de 2025- el hecho de que existen “partes interesadas” solicitando ser informadas acerca del proyecto, dada la escasa o nula información disponible públicamente sobre el proyecto en cuestión, máxime cuando es claro que la normativa aplicable permite evidenciar y reconoce el "potencial de conflictividad socio-ambiental" como un elemento a tomar en cuenta por parte de la autoridad ambiental previo a otorgar la Viabilidad Ambiental, sobre todo en un proyecto del tipo “granjas porcinas”, los cuales por su propia naturaleza son altamente proclives a suscitar conflictos socio-ambientales, y peor aún, cuando de por medio se tiene en análisis técnico un mega proyecto con miles de cerdos.
Como parte de su responsabilidad en la etapa de Análisis Técnico, la SETENA debió realizar visitas de campo previo a otorgar la Viabilidad Ambiental y no ampararse en los argumentos expuestos en su resolución, mismos que fueron refutados en el Hecho 13 del Recurso de Amparo. Finalmente, fue tal la negligencia de la SETENA, que en ningún momento le cuestionó al desarrollador acerca del componente social en ninguna de las matrices del formulario de Evaluación Ambiental D1, formulario que, dicho sea de paso, la comunidad tuvo acceso mucho tiempo después (cuatro meses) de que la SETENA abriera el expediente para estudio (01 julio 2025 según Hecho 1 del Recurso de Amparo). Cabe señalar que una vez que se tuvo acceso a la información y documentación que le remitió la SETENA al desarrollador y viceversa, a la comunidad le tomó su tiempo analizar, máxime que se trataba de información técnica, así como del propio formulario D1 (que de acuerdo con la SETENA aplicaba), entre otros documentos, tal como se demostró en el Anexo 10 del Recurso de Amparo. 1.3 Derecho a oponerse al proyecto de la mega granja porcina bajo el concepto de que la incertidumbre, la falta de información oportuna, el desconocimiento y la preocupación que experimentó la comunidad (en el campo socio ambiental, impactos y de salud pública) constituyeron una enorme barrera para actuar desde el inicio del proceso llevado a cabo por la SETENA para otorgar la Viabilidad Ambiental, lo cual refleja la poca o nula transparencia que existió de parte de esta institución.
Recordemos que la SETENA apertura el expediente administrativo el 01 de julio 2025 (Hecho 1 del Recurso de Amparo), es decir, cuatro meses antes de que la sociedad civil a través de rumores que circulaban procede y acude a la SETENA y a la Municipalidad (Hechos 2, 3, 4, 5 y 6 del Recurso de Amparo). En conclusión, definitivamente en cuatro meses la comunidad pudo haber hecho mucho más, pero la ventaja que llevaba el desarrollador en sus trámites era demasiada, situación que se le achaca también a la SETENA por negligente, de ahí que para la comunidad no es de recibo que se amparen únicamente en una supuesta extemporaneidad, la cual fue consecuencia de sus propios actos. 1.4 Derecho al debido proceso, el cual se violentó por parte de la SETENA, ocasionando una clara indefensión para los vecinos del cantón de Río Cuarto y turistas que visitan la laguna de Río Cuarto. En este sentido, hubo una deficiente e irresponsable actuación administrativa, sobre todo porque al tratarse de un proyecto para construir una mega granja porcina con miles de cerdos frente a dicha laguna y al vecindario: ➢ No existió conocimiento previo sobre lo que se pretendía construir, ➢ No se tuvo acceso al expediente hasta varios meses después de su apertura, ➢ No hubo visitas al lugar por parte de la SETENA (siendo precisamente un proyecto de estas características, a saber, una mega granja porcina con miles de cerdos de por medio), ➢ No hubo oportunidad a ser escuchados porque hicieron caso omiso a la preocupación e incertidumbre existente en ese momento, ➢ No se dio la posibilidad de dar argumentos que facilitaran a la propia SETENA consultar al desarrollador, ya que hicieron caso omiso a la preocupación e incertidumbre existente en ese momento, ➢ No se presentó la oportunidad de dar a conocer los incumplimientos del desarrollador (detectados en el denominado formulario de evaluación ambiental) ya que no hubo oportunidad de conocer el expediente hasta cuatro meses después de darse por abierto, y muy poco tiempo previo a otorgarse la Viabilidad Ambiental, ➢ No hubo plazos razonables para estudiar y analizar la documentación, máxime que se trataba de información técnica, aunado a la clara ventaja en tiempo que llevaba el desarrollador en sus trámites con la SETENA, respecto a la incertidumbre y rumores que se estaban viviendo en ese mismo momento en el Cantón de Río Cuarto. ➢ No se cumplió con la colocación del rótulo informando sobre el proyecto en un lugar visible para la comunidad y turistas (tal como lo establece la propia normativa de la SETENA según se abordó en el Hecho 11 y 12 del Recurso de Amparo): Sobre este mismo tema, la SETENA nuevamente comete el grave error de no verificar en campo la obligación que tenía el desarrollador de colocar un rótulo a partir, esta vez, de otorgada la Viabilidad Ambiental, situación que ellos mismos exigieron en el Por Tanto Décimo Primero de su Resolución (Ver Anexo No 7 del Recurso de Amparo), donde claramente se indica que con la obtención de la Viabilidad Ambiental por parte de la SETENA (es decir a partir del 06 de noviembre 2025) el desarrollador estaba en la obligación de colocar un rótulo en un lugar visible, desde el inicio y mientras perduren sus actividades, situación que claramente irrespetó, por cuanto lo concreta hasta junio 2026 según ya se ha comentado.
Por otro lado, en los últimos seis meses la comunidad ha sido testigo de diferentes actividades implementadas por el desarrollador, asociadas a movimientos de tierra y conformación de terrazas (necesarias previo a la construcción de los galpones de la granja), acarreo de material y construcción de varios kilómetros de caminos internos, entre otras, las cuales, dicho sea de paso, la SETENA nunca ha inspeccionado, dado que en el expediente en línea no consta ninguna visita, aunado que la apertura de la bitácora digital se concreta hasta recién el 23 de junio 2026 (según se indicó en el punto 1.1.4 del presente informe). Ahora bien, lo delicado de esta situación es que en la “Descripción del Proyecto”, de la Resolución de Setena No 1628-2025-SETENA se mencionan directa e indirectamente estas mismas actividades, a las cuales SETENA le debió haber dado también seguimiento, sin embargo, esto no consta en el expediente, ni mucho menos en la bitácora digital ambiental que se abrió hasta hace pocos días (23 junio 2026) por responsabilidad de ambos.
Lo indicado se respalda también en el punto (ii) que indica claramente que la Bitácora Digital Ambiental se oficializará una vez otorgada la Viabilidad (Licencia) Ambiental, es decir el 06 de noviembre 2025 (Hecho 8 del Recurso de Amparo), sin embargo, se concretó prácticamente ocho meses después, lo cual demuestra una vez más la forma de actuar de la SETENA para un megaproyecto de estas características, aunado a las circunstancias que se indicaron en 1.1.4. Lo señalado se respalda en los siguientes tres recortes de pantalla (páginas 1, 8 y 10) de su Resolución: En conclusión, el desarrollador ha venido avanzando en sus actividades preliminares y de logística durante muchos meses, sin ningún seguimiento por parte de la SETENA, e incumpliéndose con lo que establece su propia resolución, al igual que en otros casos. En las Fotografías No 1; No 2; No 3 y No 4 (tomadas desde el camino público) y Figura No 4, se muestran estas actividades: 1.5 Derecho a que la SETENA cumpla con lo indicado en la legislación nacional y en sus propios reglamentos y normativa, como por ejemplo con los Artículos 61 y 62 del Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC o con lo indicado en los Por Tanto de sus propias Resoluciones.
Temas ya señalados y que se incluyen en el Recurso de Amparo. 1.6 Derecho a que la SETENA analizara y respondiera a detalle el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio interpuesto por la comunidad y turistas, dada la gran cantidad de irregularidades detectadas en el proceso, lo cual evidencia que existieron vicios de forma que a todas luces dan pie a la nulidad del acto. Queda claro que la SETENA optó por fijarse únicamente en la fecha en que la comunidad presentó el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, sin revisar absolutamente nada del fondo del tema. De haberlo hecho, se hubiera percatado de información errónea, incompleta, insuficiente, contradictoria e incluso alguna que no necesariamente es real para la comunidad y turistas que visitan la laguna, lo que definitivamente repercutió en la ponderación, en el tipo de evaluación a ser aplicada y en la decisión final, tal como se demuestra en los argumentos del 5 al 13, páginas de la 15 a 28 de la Solicitud de Revocatoria y de Apelación en Subsidio de la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada al Proyecto de la Granja Porcina, Hecho 14, Anexo No 12 del Recurso de Amparo.
Es criterio de la comunidad que, de acuerdo con las pruebas aportadas, está más que demostrado que la supuesta extemporaneidad es consecuencia de los propios actos de la SETENA, pero lo más preocupante es que ni siquiera se hayan tomado la molestia de revisar a lo interno de la Institución los argumentos del Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, que sumados a los del Recurso de Amparo y oficios incorporados posteriormente al expediente de la Sala Constitucional, demuestran que se va en contra de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de sus resoluciones y normativa, lo cual conlleva a cuestionarnos si la SETENA cumplió en este caso con su rol y funciones establecidas en el Artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente, citas textuales (especial atención la c, d, i y k): 1.7 Derecho a reconocer el correo electrónico y oficio como el mecanismo de comunicación que utilizó la comunidad en ese momento (dadas las circunstancias en que se encontraba), y a partir del cual la SETENA pudo y debió haber actuado (sobre todo al estar de por medio una Institución Pública), siendo este menos engorroso, más accesible y expedito tecnológicamente (por la obligatoriedad que impuso la SETENA de incorporar en su sistema en línea la información), aspectos que fueron muy sensibles para la comunidad en ese momento.
Hechos 2 y 3 del Recurso de Amparo. Lo curioso es que la propia SETENA utiliza en muchas ocasiones este mismo medio de comunicación (solo por citar un ejemplo, se remite al Hecho 8 del Recurso de Amparo). La Sala Constitucional, en su escrito a la SETENA y MINAE, le hace ver los siguiente: 2. “Sostiene que la comunidad tuvo conocimiento tardío del proyecto debido a la falta de información y transparencia durante el procedimiento de evaluación ambiental. Afirma que desde setiembre de 2025 existían rumores sobre la construcción de una granja porcina de grandes dimensiones, lo que motivó a más de 250 personas a presentar un oficio ante la Municipalidad de Río Cuarto y a remitir copia a la SETENA, manifestando su preocupación por los posibles impactos ambientales, sanitarios, turísticos y sociales del proyecto”. 3. “Otro punto alegado es la violación al debido proceso, al respecto afirma que la comunidad se encontró en estado de indefensión porque no tuvo conocimiento previo del proyecto, no fue reconocida oportunamente como interesada, no pudo formular observaciones dentro del procedimiento y no contó con plazos razonables para analizar la documentación técnica una vez que obtuvo acceso al expediente.
Sostiene que esas circunstancias impidieron una participación efectiva y lesionaron el derecho de defensa de los vecinos y turistas potencialmente afectados”. Estos temas se desarrollan en los Hechos 2, 3, 4, 5 y 6 y sus respectivos Anexos 2, 3, 4, 5 y 6 del propio Recurso de Amparo, así como en el punto 1.4 del presente Informe de Oposición. Mientras la comunidad se encontraba buscando información y tratando de aclarar los rumores que circulaban a través de la Municipalidad, la cual se encontraba en las mismas condiciones para algunos temas (ver Hecho 6 del propio Recurso de Amparo), el desarrollador y la SETENA tenían ya cuatro meses de estar intercambiándose documentación sobre la Granja Porcina Crucero, y aún más si se trata de la Granja Porcina Santa Rita (si tomamos en cuenta el momento en que la SETENA abrió el expediente administrativo, 30 junio 2025, según boleta de notificación incluida en el expediente, y el momento en que el desarrollador colocó el rótulo, a saber en junio 2026).
Una vez más el tema de los rótulos es vital, no solo para demostrar el incumplimiento por parte del desarrollador y la falta de supervisión de la SETENA, sino por las consecuencias que tuvo para la comunidad, al punto que fue uno de los aspectos que dieron pie a la denominada “extemporaneidad”. Es sumamente importante lo que se complementa sobre este aspecto en el presente Informe de Oposición y que se abordará en los Capítulos II y III. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 4. “Asimismo, solicitaron espacios de diálogo, participación ciudadana y discusión pública sobre la iniciativa. No obstante, alegan que esas manifestaciones fueron ignoradas por la SETENA durante el análisis y aprobación de la viabilidad ambiental. Pese a que la propia SETENA reconoció que el expediente se encontraba en análisis técnico, la institución otorgó la viabilidad ambiental sin incorporar la preocupación ciudadana al expediente ni considerar a la comunidad como parte interesada”.
Este tema se desarrolla en varios hechos del propio Recurso de Amparo, sin embargo y con especial énfasis en los Hechos 2 y 3 y sus anexos. Expresamente se le hace ver a la SETENA lo siguiente, citas textuales: “…El motivo, tal como se expone en el documento, es externar la preocupación en temas ambientales y de salud pública, ante la aparente instalación de sistemas de producción animal cerca de lugares turísticos, centros de salud y viviendas aledañas al lugar. Debido a la necesidad de exponer el caso ante las autoridades correspondientes, se remite el presente correo, a ustedes, para cumplir con el envío de los copiados en el documento presentado…” “Audiencia ante el Concejo Municipal de Río Cuarto, con el fin de discutir públicamente y de manera participativa la posibilidad de un eventual desarrollo de un proyecto de producción animal a gran escala en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto, zona de alto valor ecológico, turístico, paisajístico y cultural para el cantón…”.
“La valoración de la posibilidad de establecer una mesa de diálogo formal y permanente, conformada por representantes de la Municipalidad, la comunidad local, las instituciones públicas competentes (SETENA, MINAE, SENASA, Ministerio de Salud, entre otras) y los desarrolladores interesados, con el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la gobernanza ambiental local”. El subrayado no es del original. Lamentablemente la SETENA y el MINAE hicieron caso omiso y no les importó las preocupaciones de la sociedad civil, máxime que se trataba de un proyecto de granja porcina con miles de cerdos frente a la Laguna de Río Cuarto. No menos importante es que para el 29 de setiembre 2025 la Comunidad y Turistas nos encontrábamos precisamente ayunos de información y con un desconocimiento total sobre el tema, razón por la cual no existían documentos adicionales, aparte del oficio notificado a la SETENA (a través de correo electrónico, medio que utiliza también esta institución para responder a los vecinos, así como para remitir notificaciones al desarrollador).
Nótese los términos utilizados por la comunidad: “mesas o espacios de diálogo”, “audiencia” (para expresar nuestras preocupaciones), “participación ciudadana”. Sin embargo, la SETENA en su Informe a la Sala Constitucional se enfoca en una “Audiencia Pública”, cosa muy diferente y que requiere toda una logística para concretarla, además que no era el objetivo en ese momento. Este tema se desarrollará en los Capítulos II y III del presente Informe de Oposición. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 5. “Nunca se promovió espacios de consulta o participación, no permitió que los vecinos fueran escuchados, no les brindó acceso oportuno a la información técnica…” Este tema se puede reforzar al indicar que a la SETENA: ➢ No le importó la preocupación que tenía la comunidad previo a otorgar la Viabilidad Ambiental, dado que no reaccionó a la preocupación existente. ➢ No le importó que se trataba de un Megaproyecto Porcino con miles de cerdos y posibilidades de expansión. ➢ No le importó que de por medio existía una laguna identificada por el SINAC como humedal de tipo lacustre, aspecto que dicho sea de paso el desarrollador indica aisladamente en su formulario. ➢ No le importó la gran cantidad de aspectos que se denunciaron formalmente en el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio. ➢ No le importó que la falta de información oportuna fue consecuencia de ellos mismos, al no realizar visitas de campo (una de sus grandes responsabilidades). ➢ No se percató que el desarrollador incumplió sus propias resoluciones al no colocar los rótulos de apertura del expediente y de otorgada la viabilidad ambiental, lo cual a todas luces perjudicó a la comunidad, quienes no tuvimos oportunidad de actuar más rápidamente ante las autoridades competentes. ➢ No se cuestionó si quiera, si aplicaba el principio “in dubio pro natura”. ➢ Confió ciegamente en lo que el desarrollador le aportó.
Por estas y muchas otras razones expuestas en los documentos entregados a la Sala Constitucional, es que la comunidad considera que la denominada extemporaneidad por parte de la SETENA y respaldada por el MINAE fue consecuencia de sus propios actos. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 6. “… tampoco les dio oportunidad de señalar supuestas inconsistencias, omisiones o incumplimientos contenidos en la documentación presentada por el desarrollador”. 7. “Sostiene que el procedimiento de evaluación ambiental estuvo marcado por falta de transparencia, ausencia de participación ciudadana efectiva, omisiones en la fiscalización y deficiencias sustanciales en la valoración ambiental del proyecto, razones por las cuales solicita la tutela constitucional frente a las actuaciones de la SETENA y del MINAE”. Este aspecto se desarrolla con detalle en el Hecho 14 y su Anexo 12 del Recurso de Amparo presentado el 28 de mayo 2026 a la Sala Constitucional.
También se aborda en el Capítulo III del presente Informe de Oposición. Sin embargo: ➢ Si la comunidad hubiera tenido acceso al expediente desde el mismo momento que la SETENA le da apertura (01 julio 2025, Hecho 1 del Recurso de Amparo), y no cuatro meses después, ➢ Si la SETENA hubiera cumplido con su responsabilidad de realizar visitas de campo, ➢ Si la SETENA se hubiera percatado en tiempo que el desarrollador incumplió con la colocación del rótulo en el momento de la apertura del expediente, como su normativa lo exige (desde el 01 de julio 2025), ➢ Si la SETENA no hubiera hecho caso omiso a todos los aspectos señalados en el presente Informe de Oposición, como comunidad, hubiéramos tenido oportunidad de presentar con anterioridad las inconsistencias, omisiones e incumplimientos del desarrollador, señaladas con detalle, cómo se indicó, en el Anexo 12 del Recurso de Amparo. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 8.
“Según se afirma, la comunidad solo pudo acceder al expediente varios meses después de iniciada su tramitación”. Para la Granja Porcina Crucero, se recapitulan las siguientes fechas: La SETENA da apertura al expediente el 01 de julio 2025 (Hecho 1 del Recurso de Amparo), y la comunidad se entera por primera vez de las intenciones del desarrollador hasta el 30 de setiembre 2025 (mediante oficio SETENA-DT-Educa- 0580-2025, Hecho 4 del Recurso de Amparo), es decir, cuatro meses después. Volvemos a lo mismo, si el desarrollador hubiera colocado el rótulo cuando la SETENA dio apertura al expediente (tal como lo exige su propia normativa), y ésta lo hubiera corroborado en campo, la comunidad no hubiera estado en desventaja. Para la Granja Porcina Santa Rita el problema es aún mucho mayor: El desarrollador colocó el rótulo hasta el mes de junio 2026, un año después de que la SETENA abriera el expediente administrativo (30 junio 2025 según notificación del expediente), y más de un mes después de otorgada la Viabilidad Ambiental.
En consecuencia, está más que claro la indefensión en la que se ha encontrado la comunidad. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 9. “Uno de los principales cuestionamientos consiste en que la SETENA habría incumplido su propia normativa relativa a la participación ciudadana y a la publicidad de los proyectos sometidos a evaluación ambiental”. Este tema se desarrolló en los puntos 1.1.3, 1.2 y 1.4 del presente Informe de Oposición, así como en los Hechos 11 y 12 y sus Anexos del propio Recurso de Amparo. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 10. “La demanda sostiene que nunca se verificó la colocación de los rótulos informativos exigidos por la normativa, tanto durante la fase de evaluación como después de otorgada la viabilidad ambiental, lo que impidió que los vecinos y turistas conocieran oportunamente la existencia y alcance del proyecto”. 11.
“La falta de rotulación adecuada constituyó uno de los principales factores que colocó a la comunidad en situación de desventaja e indefensión, pues impidió que los vecinos conocieran oportunamente el proyecto y ejercieran acciones de oposición o participación dentro de los plazos administrativos. Por ello, sostiene nuevamente que la declaratoria de extemporaneidad aplicada a los recursos administrativos fue consecuencia directa de las propias actuaciones y omisiones de la SETENA y del MINAE”. 12. “En cuanto a la situación específica de la Granja Porcina Crucero, informa que el 14 de junio de 2026 un vecino detectó por primera vez la colocación de un rótulo relacionado con el proyecto. A partir de ello, alegó que el desarrollador instaló el aviso casi un año después de la apertura del expediente administrativo y aproximadamente siete meses después de haber obtenido la viabilidad ambiental.
Sostuvo además que el rótulo fue colocado en un sitio poco visible para la mayoría de los vecinos y turistas, concretamente en el acceso a una vivienda existente dentro de la propiedad y lejos de los puntos donde normalmente transita el público que se dirige a la Laguna de Río Cuarto. Lo que -en su criterio- demuestra una intención de minimizar la publicidad del proyecto y evidencia nuevamente la falta de fiscalización por parte de la SETENA (véase prueba fotográfica aportada)”. 13. “Respecto de la Granja Porcina Santa Rita, señala que la comunidad tuvo conocimiento de su existencia únicamente a inicios de junio de 2026, cuando observó un rótulo que hacía referencia al expediente administrativo correspondiente. Indica que fue mediante esa información que los vecinos conocieron que la SETENA y el MINAE habían otorgado, el 30 de abril de 2026, una nueva viabilidad ambiental para otra granja porcina ubicada en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto.
Califica como preocupante que la comunidad se enterara de dicha aprobación más de un mes después de emitida la resolución y casi un año después de iniciado el trámite ambiental, situación que atribuyó nuevamente a la falta de transparencia del desarrollador y a la ausencia de control por parte de las autoridades ambientales”. Este tema se desarrolló en los puntos 1.1.3; 1.4, 6 y 7 del presente Informe de Oposición, así como en los Hechos 11 y 12 y sus Anexos del propio Recurso de Amparo. Además, se aportan nuevos elementos en el Capítulo II y III del presente Informe de Oposición. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 14. “Acusa a la SETENA de no haber realizado inspecciones de campo para comprobar ese cumplimiento y de haber permanecido omisa frente a tales incumplimientos”. Este tema se desarrolló en los puntos 1.1.3; 1.1.4; 1.4 y 1.5 del presente documento, así como en los Hechos 11, 12 y 13 y sus Anexos del propio Recurso de Amparo.
Además, se aportan nuevos elementos en el Capítulo III del presente Informe de Oposición. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 15. “Asimismo, alega que la SETENA decidió no efectuar ninguna visita de inspección al sitio antes de aprobar el proyecto, decisión que -en su criterio- fue arbitraria e irrazonable, pues el proyecto se ubicaría en las inmediaciones de la Laguna de Río Cuarto, una zona de relevancia ecológica, turística, paisajística y residencial”. 16. “Afirma que una inspección habría permitido valorar aspectos como la cercanía de nacientes, áreas boscosas, desarrollos habitacionales, actividades turísticas y otros elementos ambientales y sociales que, según su criterio, fueron ignorados durante la evaluación”. Este tema se desarrolla principalmente en el Hecho 13 y su Anexo del propio Recurso de Amparo. Además, se aportan nuevos elementos en el Capítulo III del presente Informe de Oposición. 17.
“También sostiene que la ubicación escogida es incompatible con la vocación turística y residencial definida en los instrumentos de ordenamiento territorial del cantón”. Este tema se desarrolla en el punto 2 del Hecho 13 y en el punto 4 (página 20) del oficio dirigido al Jefe Subregional de Pital del Sistema Nacional Areas de Conservación (SINAC), fechado 19 junio 2026 y remitido también a la Sala Constitucional para su incorporación al expediente ese mismo día. A continuación, algunas consideraciones de la importancia y relevancia del “instrumento de ordenamiento territorial”: Si bien es cierto el Cantón de Río Cuarto no cuenta en este momento con un Plan Regulador (mismo que se encuentra en elaboración por parte de una empresa contratada para tal fin por parte de la Municipalidad de Río Cuarto), bajo ninguna circunstancia esta Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial para el Cantón de Río Cuarto debe minimizarse, todo lo contrario, tal como el mismo documento lo indica, “…es la guía para la toma de decisiones…”, A continuación algunas citas textuales que ameritan su análisis riguroso por parte de las instituciones involucradas, máxime que se encuentra vigente al día de hoy, al no existir ningún acuerdo posterior por parte del Concejo Municipal que lo derogue : “La Constitución Política de 1949 dotó a las Municipalidades de un conjunto amplio de competencias para la formulación y ejecución de políticas públicas, entre ellas las relacionadas con la planificación de sus territorios.
También le otorgó una mayor autonomía”. “Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral y representativo del Gobierno Local (Concejo Municipal y Alcaldía Municipal) y significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma independiente, es decir, con libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales”. “Metodológicamente, la política pública ha sido elaborada según las directrices sobre políticas públicas establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), así como los lineamientos técnicos sobre la “Planificación del Desarrollo Local” desarrollados por la Contraloría General de la República”. “En este contexto el presente estudio formula, a partir de un conjunto de insumos técnicos, jurídicos y políticos, la “Política Pública” para el ordenamiento territorial y para la planificación urbana de los territorios que constituyen el cantón de Río Cuarto”.
“Esta política pública toma como fundamento el marco legal vigente y se desarrolla a partir del diagnóstico del estado de situación cantonal; para luego establecer la visión de desarrollo y los diferentes ejes de acción con sus respectivos objetivos, lineamientos, acciones e indicadores para el ordenamiento y la planificación del territorio- Adicionalmente, ha sido considerado un diagnóstico regional general que permita armonizar la visión de desarrollo local en el contexto de la región”. “Constituye pues una ordenanza municipal para la orientación de los procesos formales de planificación y ordenamiento del territorio cantonal, con una visión que integra los factores culturales, sociales, ambientales, políticos, legales y económicos propios del cantón de Río Cuarto y como parte de la Región Huetar Norte”. “En cuanto a su gestión, las municipalidades gozan de autonomía política (artículo 169 de la Constitución Política) y según el análisis de la Procuraduría General de la República (Dictamen C-193-2003) “…esta potestad de autogobernarse se encuentra complementada por la potestad de adoptar las decisiones fundamentales de la corporación libre de la injerencia del Estado (autonomía administrativa) y la de contar con patrimonio y presupuesto propio para la atención de sus funciones (autonomía financiera).” Sobre este particular, la Sala Constitucional por medio de la sentencia número 6706-93 indicó: “III). - La Sala estima que la potestad atribuida a los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio si integra el concepto constitucional de “intereses y servicios locales” a que hace referencia el artículo 169 de la Constitución.” Por lo tanto, dentro la labor de fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio son parte integral los procesos de ordenamiento y planificación del territorio, tal y como lo indica el Acuerdo N° 05 (Acuerdo Unánime) de la Sesión Ordinaria Nº140- 2022 del Concejo Municipal de Río Cuarto, Artículo IV, celebrada el 28 de marzo del 2022 y que determinó: “Solicitar a la Administración la formulación de un insumo técnico que permita guiar el ordenamiento territorial, el desarrollo vial y urbano del cantón, iniciando por las cabeceras distritales.
Para la formulación de este insumo la Administración podrá hacerse asesorar por consultores externos. Además, para que el insumo técnico formulado adquiera carácter de política cantonal deberá ser aprobado por este Concejo Municipal.” ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” El presente informe constituye la materialización de dicha solicitud y corresponde a la Política Pública de Ordenamiento Territorial del cantón Río Cuarto”. “b) Oficio OF-AL-146-2022 del 19 de abril de 2022: A partir del Acuerdo del Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal solicitó a las áreas de Catastro y Valoración, Control Urbano y Unidad Técnica de Gestión Vial, “…acatar el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en sesión Ordinaria, celebrada el día 28 de marzo de 2022 y que fue recibido mediante oficio OF-CM-0082-2022; en el cual se solicita la formulación de un insumo técnico que permita guiar el ordenamiento territorial, el desarrollo vial y urbano del cantón, iniciando por las cabeceras distritales, en esta elaboración se podrá asesorar de consultores externos.” El subrayado no es del original.
El ordenamiento territorial y planificación urbana son consideradas funciones del Estado; los artículos 169º de la Constitución Política y 15º de la Ley de Planificación Urbana Nº4240 otorgan competencias exclusivas a las municipalidades para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio mediante los reglamentos correspondientes; similar condición es establecida por la Ley Orgánica del Ambiente Nº7554 en lo que se refiere al ordenamiento territorial por medio del artículo 28: “Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.” Para el Cantón de Río Cuarto, estas funciones han sido integradas como elementos fundamentales del “Plan de Gobierno Municipal Río Cuarto 2020- 2024” como parte del eje “Ordenamiento Territorial e Infraestructura Municipal”, siendo por lo tanto el punto de partida institucional de una serie de eventos que constituyen los antecedentes para la elaboración de esta política pública y que se resumen a continuación: a) Sesión Ordinaria Nº140- 2022 del Concejo Municipal de Río Cuarto: De acuerdo con el Artículo IV de dicha sesión, celebrada el 28 de marzo del 2022, se estableció la necesidad de elaborar una estrategia cantonal específica para el ordenamiento del territorio: “La Municipalidad de Río Cuarto comenzó funciones el 8 de mayo de 2020.
Desde ese momento, según lo establece el Código Municipal en su artículo, una de las atribuciones del Concejo Municipal es dictar las medidas de ordenamiento urbano en el cantón. Previo a la entrada en funciones de la Municipalidad, el antecedente de planificación urbana con el que se contaba en el cantón fue el Plan Regulador de Grecia. Al quedar derogado este Plan, el cantón de Río Cuarto ha empezado a realizar su desarrollo, únicamente utilizando normativa nacional, tal como la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones y el Reglamento de Construcciones. Las Ordenanzas Municipales son aquellas normas que posee cada gobierno local y que son de carácter obligatorio para los ciudadanos. Para el caso de Costa Rica corresponden con lo dispuesto en el artículo 4º del Código Municipal, Ley Nº7794 del 30 de abril de 1998. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 18.
“Cuestiona además la metodología utilizada para evaluar el proyecto. Argumenta que la SETENA aceptó una categorización de impacto ambiental moderado o bajo y tramitó el proyecto mediante un formulario de evaluación simplificado, cuando, por las dimensiones de la granja y la cantidad de animales proyectada, debió exigirse un estudio de impacto ambiental mucho más riguroso”. 19. “Sostiene que la evaluación ambiental se basó excesivamente en información suministrada por el desarrollador, sin corroboración suficiente y sin considerar adecuadamente el componente social y la conflictividad socioambiental existente en la comunidad”. Este tema se aborda en el hecho 14 del Recurso de Amparo y su Anexo 12: En el Por Tanto Primero de la misma Resolución de Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA (Anexo No 7), se aprueban las medidas ambientales, las recomendaciones de los estudios técnicos, así como las matrices de impacto ambiental del documento de Evaluación Ambiental D1.
Sin embargo, se encontró información errónea, incompleta, insuficiente, contradictoria e incluso alguna que no necesariamente es real para la comunidad y turistas que visitan la laguna, lo que definitivamente repercutió en la ponderación, en el tipo de evaluación a ser aplicada y en la decisión final, tal como se demuestra en los argumentos del 5 al 13, páginas de la 15 a 28 de la Solicitud de Revocatoria y de Apelación en Subsidio de la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada al Proyecto de la Granja Porcina, Anexo No 12. Los aspectos señalados se asocian a las siguientes matrices del formulario D1, para las cuales la SETENA, basado en lo que le indica el desarrollador a través de su declaración jurada, manifiesta que se cumple con todo, lo cual no es correcto: ➢ Matriz SIA-Impactos Agua-Aire ➢ Matriz SIA- Impacto Suelo ➢ Matriz SIA-Biotipos ➢ Matriz SIA-Impacto Humano ➢ Matriz SIA-Otros Riesgos ➢ Apartado Recursos Básicos, en el cual se hace mención, por ejemplo, a la fuente de agua para este megaproyecto (con posibilidades de ampliación), en donde se cuestiona su disponibilidad respecto a las necesidades de la población actual y futura, máxime si se toma en cuenta lo que establece la Política Pública de Ordenamiento Territorial para esta zona, catalogada como Residencial y de Desarrollo Ecoturística (vigente y aprobada por el Concejo Municipal de Río Cuarto).
Importante señalar que cuando se elaboró el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio correspondiente a la Granja Porcina Crucero, y el Recurso de Amparo contra la SETENA y el MINAE, la comunidad no tenía conocimiento de la existencia de la Granja Porcina Santa Rita, de ahí que de acuerdo con nuestro criterio, si una sola granja porcina ameritaba un Estudio de Impacto Ambiental, con mucho más razón ahora que se conoce que ambas granjas conforman un solo proyecto porcino o unidad productiva (las cuales fueron tramitadas separadamente con simples D1 y declaraciones juradas, es decir, algo mucho menos riguroso), aspectos que se hicieron ver en los puntos 1.1.1 y 1.1.2 del presente Informe de Oposición. Tal como muy bien lo indica la Sala Constitucional al solicitarle a la SETENA y al MINAE se pronuncien sobre lo denunciado, cuando se hace una revisión de la información existente, es claro que el componente social y la conflictividad socio ambiental están ausentes.
Recordemos también que el desarrollador omitió indicar la cantidad de cerdos (se desconoce si por omisión o de forma deliberada), solamente hace mención a la cantidad de galpones. En este sentido, la cantidad de cerdos es un dato obligatorio y fundamental para el análisis y categorización de impactos, sin embargo, la SETENA ni siquiera se lo cuestionó. Tomando en consideración la cantidad de galpones y el área de cada uno de ellos (información que sí se encuentra disponible en los expedientes), fácilmente se puede calcular que por el momento se trata entre 4000 y 5000 cerdos (sin considerar futuras solicitudes de ampliación o modificación a través de simples D1, como está acostumbrado hacer el desarrollador, y la SETENA aprobarlo). Solo como referencia, para el caso de la Granja Porcina ubicada en Venecia, la cantidad supera los 100 000 animales). Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 20.
“Otro punto alegado es la violación al debido proceso, al respecto afirma que la comunidad se encontró en estado de indefensión porque no tuvo conocimiento previo del proyecto, no fue reconocida oportunamente como interesada, no pudo formular observaciones dentro del procedimiento y no contó con plazos razonables para analizar la documentación técnica una vez que obtuvo acceso al expediente. Sostiene que esas circunstancias impidieron una participación efectiva y lesionaron el derecho de defensa de los vecinos y turistas potencialmente afectados”. Este tema se desarrolla en el propio Recurso de Amparo (Derechos Vulnerados, Hecho 9 y Conclusiones), así como en el presente Informe de Oposición (apartado 1.4 y otros). Como se demostrará en los Capítulos II y III, la SETENA no profundiza en esta denuncia. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 21. “También cuestiona la actuación posterior de la SETENA y del MINAE respecto de los recursos administrativos interpuestos por la comunidad.
Se indica que la revocatoria contra la viabilidad ambiental fue declarada inadmisible por extemporánea y que la apelación fue rechazada por la misma razón. Sin embargo, sostiene que dicha extemporaneidad fue provocada por la propia actuación de la Administración, debido a la falta de información, la ausencia de publicidad adecuada y la omisión de incorporar oportunamente al expediente las gestiones realizadas por la comunidad”. 22. “Además, reprocha que ambas instituciones resolvieran esos recursos fuera de los plazos legales, mientras exigían estrictamente el cumplimiento de los plazos por parte de los ciudadanos”. 23. “Así como que se incurrió en contradicciones al reconocer posteriormente que los vecinos y turistas tenían legitimación para impugnar la viabilidad ambiental, pese a que previamente no los consideró dentro del procedimiento”. Este tema se aborda y se respalda en los Hechos 15 y 16 del Recurso de Amparo, sin embargo, se acota lo siguiente: La SETENA resuelve hasta un mes después de haber sido planteada la Solicitud de Revocatoria y Apelación en Subsidio a la Viabilidad Ambiental otorgada, incumpliendo lo indicado en el Artículo 352 de la Ley General de Administración Pública que establece 8 días.
Por otro lado, el MINAE tarda en responder prácticamente tres meses, cuando la Ley de Administración Pública les otorga un plazo de 8 días (una vez recibido el expediente). Se hace mención a este tema porque la SETENA y el MINAE aplicaron muy diligentemente los 3 días del Artículo 346, sin embargo, no hacen lo propio para sus respectivas resoluciones. A pesar de lo anterior, es importante acotar que el plazo de los 3 días (base para rechazar el recurso a la sociedad civil) no aplica porque la extemporaneidad fue consecuencia de los propios actos de la SETENA y del MINAE (quien finalmente respalda lo indicado por SETENA). Este tema tampoco fue abordado por la SETENA en su respuesta a la Sala Constitucional, entre muchos otros. El incumplimiento en la colocación de los rótulos por parte del desarrollador y la falta de supervisión por parte de la SETENA, hacen que la denominada “extemporaneidad” sea consecuencia de sus propios actos, tal como se ha reiterado en los documentos presentados a la Sala Constitucional y en presente Informe de Oposición.
Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 24. “A ello suma que se omitió incorporar al expediente documentos relevantes remitidos por la comunidad y que brindó información inexacta al MINAE al indicar que ciertas gestiones no habían sido recibidas antes de la emisión de la viabilidad ambiental”. Este tema se desarrolla en el Hecho 16 del Recurso de Amparo y su Anexo. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 25. “Posteriormente, informó que, a partir de nueva información obtenida, se descubrió que las granjas porcinas denominadas Crucero y Santa Rita, ambas ubicadas en Río Cuarto, junto con una granja porcina ya existente en Venecia de San Carlos, no constituyen proyectos independientes, como habrían sido tramitados ante las autoridades ambientales, sino que forman parte de un único proyecto productivo integrado. Afirma que la SETENA y el MINAE otorgaron viabilidades ambientales separadas para las granjas Crucero y Santa Rita, pese a que existirían múltiples elementos que evidencian una unidad funcional y operativa entre ellas y la granja ubicada en Venecia.
Señala que los tres proyectos comparten el mismo desarrollador, la misma persona jurídica, el mismo representante legal y el mismo consultor ambiental. Además, destacó que las solicitudes de viabilidad ambiental fueron presentadas con apenas tres días hábiles de diferencia, que las granjas se encuentran ubicadas en la misma provincia, cantón y distrito —salvo la de Venecia, localizada en un cantón vecino— y que todas formarían parte de una misma cadena de producción porcina. Según expuso, las propias características de los proyectos demuestran esa integración. Indicó que la granja Crucero estaría destinada a procesos de gestación, lactancia, reemplazos y destetes de animales denominados “abuelas”, mientras que la granja Santa Rita tendría múltiples galpones para gestación y destete de animales “madres”. Por su parte, la granja existente en Venecia incluiría una operación de ciclo completo, fábrica de embutidos, matadero de cerdos, producción de alimentos y elaboración de harinas derivadas de sangre y hueso.
A partir de esas funciones complementarias, concluyó que las tres instalaciones operarían como partes de una misma actividad económica y productiva. Asimismo, manifiesta que las tres granjas se encontrarían conectadas mediante caminos internos ubicados en propiedades del mismo desarrollador, además de caminos municipales y carreteras nacionales, conformando una red logística común para el traslado de animales, insumos y productos. Desde su perspectiva, ello demuestra que los impactos ambientales, sociales, logísticos y territoriales no pueden ser analizados de manera aislada, sino de forma conjunta. Con fundamento en lo anterior, argumentó que las autoridades ambientales incurrieron en un error al tramitar los proyectos mediante formularios de evaluación ambiental independientes. A su juicio, al tratarse de un único emprendimiento integrado, lo procedente era exigir un estudio de impacto ambiental integral que valorara conjuntamente la totalidad de los efectos acumulativos, sinérgicos y regionales del proyecto, incluyendo las rutas de transporte, la logística operativa, el área de influencia y los impactos socioambientales derivados de la operación conjunta de las tres granjas.
Sostuvo que la fragmentación del proyecto permitió una evaluación insuficiente y menos rigurosa de sus verdaderos efectos ambientales. Este nuevo hallazgo refuerza los alegatos de vulneración al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al derecho de participación ciudadana y al debido proceso administrativo, en tanto considera que la Administración aprobó proyectos supuestamente independientes sin valorar adecuadamente su relación funcional y sus impactos acumulativos. Además, reitera que esa situación evidencia deficiencias en la evaluación ambiental realizada por la SETENA y el MINAE”. 26. “Las manifestaciones concluyen reiterando que la acumulación de omisiones, inconsistencias e irregularidades detectadas en torno a ambas granjas porcinas demuestra la necesidad de un examen constitucional de las actuaciones administrativas cuestionadas. La representante de la comunidad sostuvo que los hechos expuestos fortalecen la tesis de que debió aplicarse el principio precautorio o “in dubio pro natura” y que la SETENA y el MINAE erraron al permitir la tramitación de los proyectos mediante formularios D1 sustentados en declaraciones juradas, cuando, a su criterio, ya se había demostrado que las granjas forman parte de un único proyecto que requería la elaboración de un estudio de impacto ambiental integral y mucho más riguroso”.
Este tema se desarrolla en los puntos 1.1.1 y 1.1.2, así como en el Capítulo II, todos del presente Informe de Oposición, Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 27. “Aduce, como antecedente, que la SETENA incurrió en negligencia al no verificar el cumplimiento de su propia normativa respecto de la colocación de rótulos informativos. Sostuvo que la institución nunca comprobó en campo si el desarrollador colocó los rótulos obligatorios desde la apertura del expediente administrativo ni después de otorgada la viabilidad ambiental, pese a que tal obligación estaba expresamente prevista tanto en la normativa ambiental como en la propia resolución administrativa que aprobó el proyecto. A su juicio, esta omisión privó a la comunidad de información necesaria y oportuna para conocer la existencia y alcance del proyecto desde sus etapas iniciales. Asimismo, vuelve a cuestionar la decisión de la SETENA de no realizar inspecciones de campo antes de otorgar la viabilidad ambiental.
Señala que los argumentos utilizados para justificar esa decisión eran improcedentes, dado que se trataba de una granja porcina de grandes dimensiones proyectada frente a la Laguna de Río Cuarto”. Este tema de los rótulos es uno de los más importantes, ya que desencadena una serie de aspectos a los cuales se ha hecho mención en el Recurso de Amparo, sus Anexos y los oficios presentados posteriormente a la Sala Constitucional. Además, se aborda en los puntos 1.4 y 8, así como en el Capítulo II y II del presente Informe de Oposición, con la idea de profundizar en los actos cometidos por la SETENA al respecto. Continúa la Sala Constitucional para que la SETENA se refiera: 28. “Reitera que la autoridad ambiental ignoró elementos relevantes como la cercanía de la laguna, su condición de humedal lacustre reconocido por el SINAC, los posibles impactos ambientales derivados de la actividad porcina y las observaciones formuladas por la comunidad durante el proceso de evaluación.
Si la SETENA hubiera escuchado a la sociedad civil y analizado adecuadamente los recursos administrativos presentados, habría advertido la necesidad de efectuar inspecciones y estudios más rigurosos”. El tema específico del humedal lacustre reconocido por el SINAC se desarrolla en las conclusiones del propio Recurso de Amparo, sin embargo, con mucho mayor detalle en el punto 8 (páginas 31 a 36) del oficio dirigido al Jefe Subregional de Pital del Sistema Nacional Áreas de Conservación (SINAC), fechado 19 junio 2026 y remitido también a la Sala Constitucional para su incorporación al expediente ese mismo día, del cual se extrae lo siguiente: ➢ La Ley de Biodiversidad Nº 7788 le asignó al SINAC la competencia en la “Protección y Conservación del Uso de Sistemas Hídricos”, de ahí que desde su creación, el SINAC ha venido gestionando de forma integral la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del país, mediante la planificación y ejecución de procesos en los que interactúan el Estado, la sociedad civil, la empresa privada y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como cada individuo del país interesado y comprometido con la construcción de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El resaltado no es del original. ➢ La Laguna de Río Cuarto está catalogada oficialmente ante el SINAC como un humedal de tipo lacustre, registrado con el Código 604. El resaltado no es del original. ➢ El área constituye un humedal lacustrino del cual depende una gran diversidad en flora y fauna silvestres que brinda protección a las áreas de recarga de acuíferos y oportunidad para la investigación científica, la recreación y el turismo. El resaltado no es del original. ➢ La Laguna de Río Cuarto, como humedal de tipo lacustre, es uno de los recursos hídricos y ecosistemas que el SINAC, a través de su inventario nacional y estrategias de conservación, debe proteger y gestionar de manera sostenible. ➢ La Estrategia Nacional de Biodiversidad determina la importancia de conservar, restaurar y utilizar sosteniblemente tres tipos de ecosistemas:
“1. Respecto a la documentación recibida por la Municipalidad de Río Cuarto Es importante mencionar que el Concejo Municipal, la Alcaldía y el Área de Planificación y Control Urbano (encargada de otorgar los permisos de construcción), han recibido todos los documentos que se han generado producto de la Mega Granja Porcina Crucero, y últimamente Santa Rita. A continuación un recuento cronológico de los documentos remitidos a la Municipalidad de Río Cuarto (para todos los casos se cuenta con el respectivo recibido) y que a su vez forman parte del Expediente No 26-019102-0007-CO: 23 setiembre 2025: Este día la Alcaldía y el Concejo Municipal de Río Cuarto reciben el oficio (sin número) remitido por 255 personas del Cantón y Turistas solicitando audiencia, información y mesa de trabajo con instituciones, entre otros sobre el eventual desarrollo de un proyecto de producción animal a gran escala en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto (Hecho 3, Anexo 3 del Recurso de Amparo, Expediente 26-019102-0007-CO).
Lo anterior se confirma con lo indicado por la Alcaldía a la Sala Constitucional, cita textual: “Que, efectivamente, la Municipalidad de Río Cuarto recibió en el mes de setiembre del año dos mil veinticinco un escrito sin número, mediante el cual vecino del cantón manifestaban su parecer ante un posible proyecto de Granja Porcina en el distrito de Río Cuarto, específicamente en un inmueble que se encuentra cercano a la Laguna de Río Cuarto. Escrito mediante el cual se solicitó audiencia ante el Concejo Municipal de Río Cuarto y la posibilidad del establecimiento de una mesa de diálogo formal para la atención la situación expuesta, conformada por representantes del Gobierno Local, de la comunidad de y la institucionalidad competente. Requerimientos que fueron atendidos y abordados por el Concejo Municipal y la Administración Municipal.” “En atención a lo indicado, el honorable Concejo Municipal de Río Cuarto a concedió la audiencia solicitada en la sesión número 084-2024, llevada a cabo de manera presencial el 27 de octubre del mismo año.
Audiencia que tuvo una duración de treinta y seis minutos durante los cuales las personas vecinas del cantón que se apersonaron expresaron lo que consideraron pertinente. Tal y como consta en la certificación número CERT-SCMRC-0087-2026, de cita: “El Concejo Municipal de Río Cuarto en la Sesión Ordinaria número ochenta y cuatro, de manera presencial, celebrada el lunes veintisiete de octubre del dos mil veinticinco mediante artículo III de Audiencias y Juramentaciones concedió la audiencia solicitada “audiencia vecinos sobre posible desarrollo de actividad porcina en cercanías a Laguna Río Cuarto por un lapso de 36 minutos desde el minuto 03:02 hasta el minuto 39:47; verificable en la biblioteca de sesiones del canal YouTube de la Municipalidad https://youtu.be/hCxrODC7Xqc”. 01 junio 2026: Se hace entrega al Concejo Municipal y Alcaldía de la Municipalidad de Río Cuarto copia del Recurso de Amparo interpuesto en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Se le asignó el número de Expediente 26-019102-0007-CO. 10 junio 2026: Se remite oficio (sin número) al señor Henry Chacón Bolaños, Coordinador de Planificación y Control Urbano a.i de la Municipalidad de Río Cuarto y quien es la persona encargada de otorgar los permisos de construcción en general. Se le hace un recuento de todas las razones que dan pie a no otorgar el permiso de construcción de la Granja Porcina Crucero. Este documento forma parte del Expediente 26-019102-0007-CO. 18 junio 2026: Se hace entrega al Concejo Municipal, Alcaldía y al área de Planificación y Control Urbano a.i de la Municipalidad de Río Cuarto el oficio (sin número) dirigido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el cual se deja constancia sobre el tema de la irregularidad en la colocación de los rótulos de ambas granjas porcinas (Crucero y Santa Rita). Este documento forma parte del Expediente 26-019102-0007-CO. 18 junio 2026: Se hace entrega al Concejo Municipal, Alcaldía y al área de Planificación y Control Urbano a.i de la Municipalidad de Río Cuarto el oficio (sin número) dirigido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el cual se hace mención al denominado Hecho Sobrevenido (Unicidad de las Granjas Porcinas Crucero y Santa Rita).
Este documento forma parte del Expediente 26- 019102-0007-CO. 18 junio 2026: Se hace entrega al Concejo Municipal, Alcaldía y al área de Planificación y Control Urbano a.i de la Municipalidad de Río Cuarto el oficio (sin número) dirigido a la Dirección Regional Venecia del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) en el cual se solicita criterio técnico sobre el tema de la Unicidad de las Granjas Porcinas Crucero, Santa Rica y la ubicada en Venecia. Este documento forma parte del Expediente 26-019102-0007-CO. 18 junio 2026: Se remite oficio (sin número) al señor Henry Chacón Bolaños, Coordinador de Planificación y Control Urbano a.i de la Municipalidad de Río Cuarto informándole sobre los oficios remitidos a la Sala Constitucional y al SENASA. Este documento forma parte del Expediente 26-019102-0007-CO. 03 julio 2026: Se hace entrega al Concejo Municipal, Alcaldía y al área de Planificación y Control Urbano a.i de la Municipalidad de Río Cuarto copia del oficio (sin número fechado 19 junio 2026) dirigido al señor José Manuel Alvarado, Jefe Subregional de Pital del Sistema Nacional Áreas de Conservación (SINAC).
Este documento forma parte del Expediente 26-019102-0007-CO. 03 julio 2026: Se hace entrega al Concejo Municipal, Alcaldía y al área de Planificación y Control Urbano a.i de la Municipalidad de Río Cuarto copia del oficio (sin número fechado 22 de junio 2026) dirigido al Area de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA en el cual se le solicita copia de todas las anotaciones realizadas al Proyecto Granja Porcina Crucero y sus alrededores. Este documento forma parte del Expediente 26-019102-0007-CO. 03 julio 2026: Se hace entrega al Concejo Municipal, Alcaldía y al área de Planificación y Control Urbano a.i de la Municipalidad de Río Cuarto copia del oficio (sin número fechado 23 junio 2026) dirigido a la Sala Constitucional sobre el tema de la apertura de la Bitácora Digital. Este documento forma parte del Expediente 26- 019102-0007-CO. 2. Antecedentes con la Municipalidad de Río Cuarto La sociedad civil ha estado en constante comunicación con la Municipalidad de Río Cuarto y sus autoridades, con el objetivo de transmitir su preocupación y rechazo a la construcción de granjas porcinas en los alrededores de la Laguna de Río Cuarto, tal como se evidencia a continuación: 23 setiembre 2025: Tal como se indicó en el punto anterior, este día la Alcaldía y el Concejo Municipal de Río Cuarto reciben el oficio (sin número) remitido por 255 personas del Cantón y Turistas solicitando audiencia, información, mesa de trabajo con instituciones, entre otros, sobre el eventual desarrollo de un proyecto de producción animal a gran escala en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto (Hecho 3, Anexo 3 del Recurso de Amparo, Expediente 26-019102-0007-CO). 07 0ctubre 2025: Mediante Oficio OF-AL-492-2025 la alcaldía responde la solicitud de información realizada a través del oficio (sin número) del 23 de setiembre 2025 por parte de la comunidad. 17 octubre 2025: Mediante Oficio OF-CM-244-2025 la Secretaría del Concejo Municipal (CM) comunica a los vecinos que la reunión con el CM será el 27 de octubre 2025. 27 octubre 2025: Se concreta reunión con el CM y la Alcaldía en la cual los representantes de la comunidad expresaron sus preocupaciones respecto al posible desarrollo de la actividad porcina en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto, así como la incertidumbre existente, las solicitudes que se hicieron mediante la carta con 255 firmas, las posibilidades de consensuar con el propietario, los efectos al ecoturismo, mayor claridad en los permisos por parte de la Municipalidad, la Ordenanza Territorial, efectos nocivos de la posible construcción de la granja porcina, entre otros.
A continuación algunas de las citas textuales de lo indicado por el señor Alcalde en esta sesión del CM respecto a la Laguna de Río Cuarto, al desarrollador, a la Ordenanza Municipal y a la Granja Porcina (intervención que se dio posterior a la de la comunidad, según Acta 84 de ese día, la cual se incorporó como parte del Hecho 6 y su Anexo del Recurso de Amparo): “Lo digo con total sinceridad, cuando pasó eso yo sentí ese mismo temor que ustedes pueden estar sintiendo en este momento y lo digo grabado y lo digo en una sesión porque tenemos dos tesoros fundamentales además de un montón más, pero esos dos tesoros tenemos que cuidarlos muchísimo”. El subrayado no es del original. “No hay precisión de dónde ni cómo él va a posicionar lo que eventualmente va a meter en esa finca, no tenemos claridad, con total sinceridad lo digo”. El subrayado no es del original. “El Concejo Municipal en algún momento podría tomar algunas decisiones con respecto a los permisos de construcción solicitados con base en criterios técnicos de SENASA, de MINAE, de la Dirección Nacional de Aguas, del Ministerio de Salud, donde podría solicitar a la Administración una “negociación”; por utilizar una palabra entre comillas, porque no es la semánticamente mejor utilizada, pero una acción de tratar de buscar convergencias en las posiciones de los vecinos, de la Administración, de la empresa y del Concejo Municipal, que creo que deberíamos ir a eso”.
El subrayado no es del original. “Después de esta reunión; si así lo tienen a bien ustedes, puedo empezar a convocar las instituciones, aun cuando creería yo por una deferencia podríamos también convocar al empresario antes de; que escuche la posición de estos vecinos, que aquí no es que estamos poniéndole una equis a todo, sino que lo que ocupamos es tratar de convivir en armonía y que se busquen las mejores posiciones de la finca, la mejor distribución logística o la mejor distribución del diseño situacional o de la ubicación en sitio de las actividades y podamos llegar a eso. Yo sirvo como enlace para eso con muchísimo gusto”. El subrayado no es del original. “De mi parte, señor Presidente, dejar las puertas abiertas para la negociación y mi posición es la misma de ustedes; es tratar de ver hasta dónde podemos llegar pidiéndole la cortesía en este caso al dueño; que tal vez nos explique el proyecto que nos indique que, aquí es maternidad, que aquí va a ser producción, que abajo va a ser distribución o lo que sea, porque yo siempre he dicho; me tocó estar muy metido cuando el país iba a trabajar el Acueducto de Sardinal en Guanacaste y la organización comunal paró el proyecto muchos años.
O sea, no es débil lo que se está presentando ante cualquier desarrollo hoy acá y eso hay que escucharlo y darle trámite y en eso cuenten con la Administración de mi parte para abrir las puertas a eso y hay una situación a la cual creo que difícilmente nos podemos; la situación está dada, hay que atenderla para que haya mejor convivencia de las cosas aun cuando hago la salvedad de que si esa mesa institucional da los elementos necesarios al Concejo Municipal; el Concejo Municipal estaría también en la potestad previo criterios técnicos de que la Ordenanza tenga la potestad de digamos que individualizar un poco”. El subrayado no es del original. “Hay una posición de este Concejo Municipal con el tema de la Ordenanza; propuesto por la Administración que, cree fundamentalmente en el desarrollo turístico del cantón; fundamentalmente”. Eso es de mi parte, señor Presidente, y quedo a la disposición para cualquier duda.
Presidente Daniel Vargas: Muchas gracias. El subrayado no es del original. La reunión finaliza con lo siguiente por parte del Presidente del Concejo Municipal: “De esta forma damos por finalizada la audiencia de los vecinos y les agradecemos la posición y que nos informaran y como dice el señor Alcalde; vamos a seguir entonces trabajando en eso con la anuencia de nuestro Alcalde y él se va a encargar entonces de darle seguimiento a todo este tema. Vamos a proseguir entonces con la sesión”. De todo lo indicado por el señor Alcalde, se rescataron las anteriores citas textuales porque a través de estas es posible transmitirle a la Sala Constitucional la condición en que, de acuerdo con la máxima autoridad administrativa de la Municipalidad de Río Cuarto, se encontraban ellos mismos en cuanto a la “explicación del proyecto”. En conclusión, mientras la comunidad y la propia Municipalidad se encontraban ayunos de información y con deseos de conformar mesas de diálogo (incluyendo al desarrollador), tan solo 7 días naturales posterior a esta audiencia del CM, la SETENA otorga la Viabilidad Ambiental según Resolución No 1628-2025 SETENA (Hecho 7 y su Anexo del Recurso de Amparo).
Nótese también el concepto utilizado por el señor alcalde, al definir a la Laguna de Río Cuarto como “un tesoro que tenemos que cuidar muchísimo”. Por otro lado y sobre la Política Pública de Ordenamiento Territorial, tema que se abordará con mucho más detalle más adelante, el señor alcalde deja clara esa “potestad que tiene el Concejo Municipal” sobre el tema, y que claramente define la zona alrededor de la Laguna de Río Cuarto únicamente para fines ecoturísticos y residenciales. 12 diciembre 2025: A solicitud de la comunidad, se concreta reunión con el señor Alcalde y su equipo técnico. La minuta de la reunión fue remitida a los representantes de la comunidad el 14 de enero 2026, día en que se revisa y se remiten observaciones y aclaraciones a la misma. En el Anexo 1 del presente documento se incluye esta minuta, sin embargo la misma no considera las correcciones solicitadas por los representantes de la comunidad, a saber: ➢ Lo indicado en la tercera viñeta no fue comentado por los representantes de la comunidad.
Lo que se dijo fue lo siguiente: “El hecho de que no exista un Plan Regulador para el Cantón, no limita la posibilidad de tomar acciones en contra de la ubicación del proyecto porcino, dado que se cuenta con el Plan de Ordenanza Municipal, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal y el mismo limita los usos del lugar para fines turísticos y residencial”. ➢ Se eliminó un párrafo importante que sí se dijo por parte de los representantes de la comunidad que indica “Se recalca que, aunque el área en análisis corresponde a quintas agrícolas, cualquier desarrollo tendrá un impacto ambiental y social que debe evaluarse integralmente, priorizando la protección del bien común, que en este caso es la laguna de Río Cuarto”. Se desea aprovechar esta minuta para transmitir que para el 12 de diciembre 2025 (fecha en que ya se había otorgado la Viabilidad Ambiental y se había concretado la reunión entre el desarrollador y la Municipalidad), la comunidad estaba recibiendo hasta ese momento algunos insumos más concretos sobre la Granja Porcina Crucero.
Nótese la relevancia que hoy tiene la cita textual señalada con viñeta (subrayada en color rojo), en la cual se le transmite a la comunidad lo que el propio desarrollador le dijo a los personeros de la Municipalidad, quien reconoce “El proyecto no contempla el ciclo productivo completo, sino segmentos específicos del negocio”, posiblemente para tratar de minimizar la magnitud de lo que pretendía hacer en ese lugar específico, pero a todas luces es una prueba más del denominado Hecho Sobrevenido, denunciado en otros documentos del expediente y que se asocia a la Unicidad de las Granjas Porcinas Crucero, Santa Rita y la ubicada en Venecia (una única unidad productiva). Se subrayan también otras frases no menos importantes del acta de la reunión celebrada el 12 de diciembre 2025, tales como: “información general”; “únicamente se tiene conocimiento general del sitio”; “el propietario rechazó asistir a la reunión”; “con el fin de conocer el tipo de desarrollo que se pretende ejecutar”.
Esta última transmite evidentemente lo que el desarrollador pretende con Crucero y Santa Rita, es decir, lo mismo que en Venecia a partir de una importante cantidad de D1s (ver figura No 3, página 7 del Informe de Oposición). 19 enero 2026: Se recibe por parte del señor Alcalde correo electrónico adjuntando los oficios dirigidos al SINAC (del MINAE), Dirección de Aguas (del MINAE), SETENA (del MINAE), Ministerio de Salud y SENASA, solicitando criterio técnico. Recordemos que este fue uno de los compromisos adquiridos con la comunidad desde el 27 de octubre 2025 y 12 de diciembre 2025. Estos oficios (todos fechados 15 enero 2026) se incorporaron como parte del Anexo 12 del Recurso de Amparo. 03 febrero 2026: Mediante correo electrónico se remite al Concejo Municipal y a la Alcaldía de Río Cuarto el documento “Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio” en contra de la Viabilidad Ambiental otorgada por esta área del MINAE a la Granja Porcina Crucero (Anexo 12 del Recurso de Amparo). 10 febrero 2026: Mediante correo electrónico de este día se le solicita al señor alcalde (entre otras consultas que se le hacen), copia de las respuestas que cada institución dio respecto al criterio técnico solicitado por la Municipalidad.
De: Nombre01 <...03> Enviado: martes, 10 de febrero de 2026 09:12 Para: Jose Miguel Jimenez Araya <...05>; Henry Chacón Bolaños <...04> Cc: ...01 <...01>; Roberto Rodríguez <...06>; Región Huetar Norte <...08>; ...07 <...07> Asunto: Solicitud de información y reunión 17 febrero 2026: Mediante Oficio OF-AL-060-2026 la Alcaldía de la Municipalidad de Río Cuarto invita a las diferentes instituciones involucradas a una reunión en las instalaciones municipales para el 26 de febrero 2026 con el objetivo, cita textual: “…analizar y coordinar acciones en relación con el posible desarrollo porcicultor en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto, dada la relevancia del tema y su impacto potencial en el cantón, agradecemos contar con su participación, a fin de enriquecer el análisis y establecer acuerdos conjuntos”. El subrayado no es del original. Este oficio formó parte de los anexos incorporados por la Municipalidad de Río Cuarto en su informe a la Sala Constitucional. 24 febrero 2026: Mediante Oficio OF-AL-067-2026 la alcaldía responde las consultas realizadas por la comunidad del pasado 10 de febrero 2026 y suministra las respuestas dadas por cada institución.
Ver Anexo 2 del presente documento donde podrá notarse que a excepción del SENASA, las demás no abordaron en absoluto lo solicitado por la Municipalidad. La siguiente cita textual se extrae de la respuesta del SENASA (Anexo 2): “Ahora bien, si bien el proyecto ya cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), se observa que la resolución respectiva no profundiza en detalles cartográficos o de ingeniería específicos sobre la ubicación exacta de los galpones y sistema de tratamiento, en relación con la zona de influencia de la Laguna de Río Cuarto. Preocupa que, la laguna al ser un ecosistema de alta vulnerabilidad y valor hídrico y la ausencia de datos precisos sobre remanentes pecuarios (la escorrentía, la gestión de lixiviados) el retiro de las construcciones y el manejo de las áreas colindantes, genera una preocupación ambiental técnica enfocada en el ambiente, ya que del manejo de la granja depende el impacto que se pueda realizar a raíz del desarrollo de la actividad técnica que no puede ser ignorada.
Es por lo anterior que, siendo la labor del SENASA la que garantiza la operación, buenas prácticas pecuarias, el bienestar animal, las medidas de bioseguridad y siendo potestad de otras instancias el manejo de remantes viabilidad ambiental, es que amparados en el principio precautorio, cabe la urgencia para solicitar mesa técnica conjunta de análisis técnico según competencias de cada una de las instituciones por loque antes de emitir criterio técnico se ve la necesidad de realizar la reunión en conjunto.” El subrayado no es del original. 24 febrero 2026: Mediante oficio OF-ADIRC-001-2026 la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Río Cuarto le comunica al Concejo Municipal que el pasado 30 enero 2026 se convocó a una Asamblea General Extraordinaria de los afiliados para abordar el tema de “los galpones para la cría de cerdos” según indicaron en el mismo. Hacen ver los resultandos y los acuerdos tomados, información que forma parte del Anexo 16 del Recurso de Amparo.
Entre otros acuerdos, tomados por unanimidad en la Asamblea, nótese la relevancia de los dos siguientes, cita textual: “1º Dar por conocida la situación que se está presentando entorno a la Laguna Río Cuarto y las posibles implicaciones de la entrada en funcionamiento de una granja porcina de gran envergadura en sus alrededores”. El subrayado no es del original. “4º Incentivar a la municipalidad de Río Cuarto a la declaratoria de interés público y ambiental de la Laguna de Río Cuarto”. El subrayado no es del original. 26 febrero 2026: Reunión interinstitucional convocada por la Alcaldía de Río Cuarto (Dirección de Aguas, SINAC, SETENA, Ministerio de Salud y SENASA) y representante de la sociedad civil. La Municipalidad hace ver en su informe a la Sala Constitucional lo abordado en esta reunión. 23 abril 2026: A raíz de los rumores que se presentaron en la comunidad, en el sentido de que el actual alcalde de Río Cuarto, señor José Miguel Jiménez renunciaría al cargo para ocupar un puesto en el nuevo gobierno, nace la necesidad de remitirle un correo electrónico solicitándole un espacio de reunión de seguimiento de los temas acordados, y a la vez presentarnos con la nueva alcaldesa, señora Stephanie Aguilar Rojas.
Ver Anexo 3. 27 abril 2026: En respuesta, el señor alcalde remite correo electrónico indicando que por agenda no le será posible reunirse, y solicita que para el 07 de mayo 2026 la comunidad se reúna con la vicealcaldesa, señora Aguilar Rojas. Ver Anexo 4. Este mismo día, la comunidad le agradece la respuesta al señor alcalde, sin embargo, le solicita remitir por correo electrónico y previo a la reunión del 07 de mayo 2026 el estado de avance de los acuerdos (no se tuvo respuesta por parte del señor Alcalde). Ver Anexo 5. 07 mayo 2026: Se concreta reunión con la señora alcaldesa, en la cual se le exponen todos los antecedentes y preocupaciones de la sociedad civil. Toma nota y se compromete a dar seguimiento a los acuerdos asumidos por la alcaldía y a las solicitudes realizadas por la comunidad. La señora alcaldesa estuvo en la reunión interinstitucional del 26 de febrero 2026, de ahí su conocimiento sobre el caso. 13 mayo 2026: Mediante correo electrónico la señora alcaldesa indica que “se brindará respuesta formal a la solicitud, una vez que se cuente con la totalidad de las respuestas y criterios correspondientes a cada uno de los puntos planteados”.
Ver Anexo 6 03 junio 2026: La señora alcaldesa envía a la comunidad el oficio OF-AL-200-2026 (ver Anexo 7), dando respuesta a las consultas realizadas. En lo que respecta a los oficios que la Municipalidad le dirige a las instituciones, a continuación su respuesta: 05 junio 2026: En el marco de la elaboración del Plan Regulador (según programa adjunto), la Municipalidad convoca a los vecinos de Río Cuarto, El Carmen, Crucero y Carrizal a reunión con la Comisión y Consultoría (contratada para realizar el Plan Regulador). Este día se aprovechó para abordar ante los presentes la problemática de la posible construcción de una Granja Porcina con miles de cerdos frente a la Laguna de Río Cuarto. 29 junio 2026: Mediante correo electrónico se le solicita a la señora alcaldesa y al encargado del área de Planificación y Control Urbano de la Municipalidad remitir los oficios que la Municipalidad ha dirigido a las instituciones del estado y al desarrollador, todas en el marco del Recurso de Amparo y de otras diligencias realizadas por la comunidad (consultas a otras instituciones, oficios dirigidos a la Sala Constitucional e Informe de Oposición).
Ver Anexo 8 13 julio 2026: La alcaldía responde la solicitud realizada el pasado 29 de junio 2026, y adjunta los oficios hacia la SETENA, el SINAC y el Desarrollador (los tres remitidos el 26 de junio 2026). Ver Anexo 9 3. Respecto a la Sesión de Trabajo Interinstitucional indicada por la Municipalidad de Río Cuarto Los recurrentes concuerdan con las siguientes manifestaciones plasmadas en el informe de la Municipalidad de Río Cuarto hacia la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: “Por su parte, esta Administración Municipal, procurando una atención integral de los planteamientos contenidos en el escrito presentado el 23 de septiembre de 2025, dirigió una serie de consultas a diferentes instituciones que podrían ser competentes en la atención de la situación planteada, así como, con el objetivo de obtener un insumo técnico que sirviese de respaldo a la hora de valorar las solicitudes de las diferentes licencias y permisos municipales que pudiesen ser solicitadas ante este Gobierno Local para la puesta en funcionamiento del proyecto denominado Granja Porcina Crucero.
Las misivas se dirigieron consultas a SINAC, Dirección de Aguas, SETENA, Ministerio de Salud y SENASA, mediante los oficios número OF-AL-005-2026, OF-AL-006-2026, OF-AL- 007-2026, OF-AL-008-2026 y OF-AL-009-2026, respectivamente. Mismas que fueron atendidas por las instituciones. Cuyas respuestas pueden ser consultadas por su autoridad, ya que se encuentran adjuntas al presente informe”. Una vez que las instituciones consultadas remitieron sus respuestas a las diferentes consultas planteadas, se convocó a una reunión interinstitucional con el objetivo de abordar el desarrollo de una granja porcina en las cercanías de la Laguna de Río Cuarto. Reunión que fue convocada para el día 26 de febrero de 2026 por la Alcaldía Municipal mediante el oficio número OF-AL-060-2026; invitación que fue extendida a la Dirección de Aguas, al SINAC-MINAE, SETENA, Ministerio de Salud y SENASA, así como, se convocó los miembros de sociedad civil que forman parte de los firmantes del oficio inicial de solicitud”.
El subrayado no es del original. “Durante el desarrollo de la reunión, se abordó de forma amplia y tendida la situación, así como, cada institución y las personas representantes de la comunidad expusieron sus argumentos. En la minuta de la reunión se encuentra plasmado de forma sucinta lo abordado y tratado y los acuerdos tomados en el momento. Lo cual se cita a continuación:” El subrayado no es del original. A continuación el complemento o aclaración por parte de los recurrentes a lo manifestado por la Alcaldía (se inicia con cada cita textual): • La comunidad no se opone al proyecto como tal, sino a su ubicación actual frente a la laguna”. Efectivamente este fue el mensaje que la comunidad manejó durante muchos meses, de ahí la insistencia de los recurrentes por generar un espacio de reunión sincero y transparente (como buenos vecinos) con el desarrollador y la Municipalidad. Sin embargo, tomando en consideración los siguientes aspectos, hoy la posición es que se nos haga valer nuestros derechos (entre ellos el de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), que no se otorgue ningún permiso por parte de ninguna institución del estado para una granja porcina en las áreas establecidas en la Política Pública de Ordenamiento Territorial (declaradas como zonas Residenciales y de Desarrollo Eco turístico), y que la SETENA y el MINAE revisen su actuar en este caso en función de la Petitoria solicitada en el Recurso de Amparo y en el Informe de Oposición (ambos forman parte del Expediente de la Sala Constitucional).
No es responsabilidad de la comunidad que hoy el desarrollador se encuentre en esta situación: ➢ La forma de operar del desarrollador, su regente ambiental y de la SETENA (según se ha expuesto en el denominado “Hecho Sobrevenido” respecto a la unicidad de los proyectos, situación que desconocía la comunidad), ➢ El irrespeto de cumplir con la normativa (colocación de rótulos, entre otros), ➢ La gran cantidad de situaciones encontradas en los D1 (en el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio se describen las del caso Granja Porcina Crucero). ➢ La falta de seriedad y profesionalismo (por ambas partes SETENA y desarrollador) en el abordaje de los denominados Formularios D1 y sus Declaraciones Juradas, ➢ El hecho que el desarrollador no haya tenido ningún interés por reunirse con la comunidad y la alcaldía, ➢ El querer avanzar vertiginosamente (a pesar de los incumplimientos señalados), creyendo que la comunidad no iba a actuar como ha ocurrido en otros sitios, ➢ Entre otros • “Se estima que los galpones podrían albergar aproximadamente 5.000 cerdos”.
Este número de cerdos es extremadamente importante para los análisis y ponderaciones, sin embargo, el desarrollador no lo incluyó en su D1 (se desconoce si fue por omisión o de forma deliberada), y la SETENA ni siquiera se percató del tema al no solicitarlo. Recordemos que se trata de una mega granja porcina frente a la Laguna de Río Cuarto (Humedal Lacustre clasificado así por el SINAC). Sobre este tema, el SENASA intervino y transmitió preocupación, no solo por desconocerse la cantidad de animales, sino porque no existían insumos o previsión según estadísticas sobre la cantidad de cerdos y cerdas, aspecto que desde el punto de vista técnico también influye en los análisis. • “Se busca anticipar posibles impactos antes de que el proyecto se materialice”. Este tema quizás fue uno de los más relevantes, ya que el mensaje dado por la propia municipalidad (en la figura del señor alcalde en ese momento y de la comunidad), fue ser “disruptivos”, y de esta manera anticipar y encontrar entre todas las instituciones presentes, salidas consensuadas (incluso con el desarrollador) para evitar que la Granja Porcina Crucero se construyera en el sector de la Laguna de Río Cuarto (recordemos que en ese momento la comunidad desconocía la de Santa Rita, de la cual no se abordó en ningún momento en la reunión).
Desgraciadamente la posición de todas las instituciones fue la misma, evitar comprometerse y justificar lo que a cada una (según su criterio) les corresponde realizar. Privaron frases como las siguientes, entre otras: ➢ “nosotros dependemos de lo que aprueben otras instituciones” ➢ “nuestros permisos no son el último paso” ➢ “es la Municipalidad la que en última instancia puede otorgar el permiso de construcción” ➢ “nosotros nos limitamos a la etapa operativa” ➢ “nosotros hasta que no haya un daño no actuamos” ➢ “que nos consulten por escrito” En conclusión, para la comunidad fue verdaderamente decepcionante. • “Se presentó un Recurso de Revocatoria y de Apelación en Subsidio de la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada al Proyecto Granja Porcina Crucero, ubicada frente a la Laguna de Río Cuarto, Alajuela, por la viabilidad ambiental otorgada”. Cuando se abordó este tema, ninguna institución estaba enterada, ni siquiera la SETENA, cuyo representante revisó inmediatamente en el sistema y confirmó esta situación.
A partir de ese momento, todas las instituciones fueron aún más celosas, indicando que había que esperar que la SETENA y el MINAE resolvieran. En particular, la posición del señor Dennis García Fallas, del área de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA, fue no solo de preocupación por el desconocimiento del tema, sino por ir en la misma línea, es decir, esperar resoluciones. Nota: Cabe señalar que el señor García Fallas es a quién la comunidad le dirige un oficio (el 23 de junio 2026, incorporado al expediente de la Sala Constitucional ese mismo día) en el cual se le solicitan todos los respaldos de las visitas realizadas (información que no entregaron), pero que nos parece da pie a la Carta-SETENABD- DT-DEA-0214-2026 cuyo asunto es “Razón de Apertura de Bitácora Digital Número 17638” hasta el 23 de junio 2026. Cabe recordar que la reunión interinstitucional fue el 26 de febrero 2026.
En consecuencia, la pasividad de la SETENA ha sido asombrosa. • “Preocupación por el tránsito constante de camiones, impactos ambientales y el derecho a un ambiente sano”. Efectivamente este tema fue abordado en la reunión interinstitucional, ya que para la construcción de los caminos internos que el desarrollador ha venido llevando a cabo (dibujados en diferentes documentos en poder de la Sala Constitucional), son decenas y decenas de vagonetas cargadas de material que han estado dañando el camino público, y que la Municipalidad, cuando ya es extremo, rellena los huecos con material y conforma el camino en algunos sectores. Nótese que en esta reunión interinstitucional del 26 de febrero 2026 quedó evidenciado el “tránsito constante de camiones”. Este tránsito constante de camiones es precisamente para llevar material para una de las actividades indicadas por el desarrollador en su D1, plasmada también en la resolución de la SETENA, llamada “caminos internos”, pero que para esta institución ha pasado inadvertida, tal como se mencionó en los diferentes documentos entregados a la Sala Constitucional. • “Se mencionó el potencial desarrollo del Geoparque y el impacto en el turismo ecológico”.
Al igual que el tema anterior, el Geoparque y el impacto en el turismo ecológico que provocaría la construcción de un megaproyecto porcino frente a la Laguna de Río Cuarto fueron abordados en esta reunión, sin embargo, es posible concluir que no caló en las instituciones por lo señalado líneas arriba, es decir, cada una de ellas veló por no comprometerse y esperar. • “Existe preocupación por una posible expansión futura del proyecto. Instituciones presentes”: Este tema fue discutido, pero lamentablemente no se llegó a nada por la misma razón, ninguna institución quiso ir más allá de lo que está acostumbrada a hacer, es decir, para algunas, “tiene que darse el daño para actuar”, actitud decepcionante. Nótese a continuación lo que la Municipalidad apuntó de la reunión: 4. Respecto a las Respuestas dadas por la Instituciones Públicas según Acta elaborada por la Municipalidad de Río Cuarto A continuación las anotaciones textuales realizadas por la Municipalidad respecto a lo indicado por cada institución en la reunión interinstitucional, y algunos comentarios de la comunidad al respecto: SENASA: Indicó que de momento su actuación depende de que el proyecto cuente con todos los permisos de las instituciones correspondientes.
SETENA: Señaló que como municipalidad se puede consultar la trazabilidad del recurso de revocatoria presentado. Se indicó que no debería aprobarse el permiso de construcción hasta que se resuelva dicho recurso, ya que su respuesta podría tener un efecto suspensivo. Ministerio de Salud: El permiso de ubicación se otorgó con base en el sistema de tratamiento de aguas residuales, cumpliendo con los requisitos establecidos. Sin embargo, se plantea la duda de si el sistema propuesto tendrá la capacidad real para el volumen de producción. Capacidad del proyecto: El proyecto aprobado contempla una capacidad aproximada de 3.500 cerdos, incluyendo etapas de gestación, lactancia y producción. SENASA deberá verificar que la producción no exceda esta cantidad”. El subrayado no es del original, sin embargo se resalta por el significado que tiene, es decir, si se tienen dudas de semejante calibre, cómo es posible que la SETENA (área del MINAE) simplemente lo plantee y no se comprometa con solicitar estudios serios para ver si procedía o no otorgar permisos subsiguientes o la misma Viabilidad Ambiental.
SINAC: Indicó que el área de protección de la laguna o naciente exige un retiro de 50 metros, requisito que aparentemente se cumple. La comunidad no encuentra palabras para entender lo manifestado por el SINAC (área del MINAE), no solo en ese momento, sino recientemente a través de su oficio CARTA-SINAC-ACAHN-DR-SP-J-034-2026 (de una sola página), fechado 03 de julio 2026, el cual nace en respuesta al oficio remitido por la comunidad el 19 de junio 2026 y del cual tiene copia la Sala Constitucional (Oficio dirigido al señor José Manuel Alvarado Arguedas, Jefe Subregional de Pital). El oficio remitido por la comunidad es producto de un análisis serio y responsable, y se le remite al señor Alvarado de una forma detallada y con una gran cantidad de insumos que surgen de la investigación realizada en cuanto a lo que significa la Laguna de Río Cuarto y sus alrededores (desde el punto de vista ambiental) para el propio SINAC, solicitando la posición de esta área del MINAE al respecto.
La respuesta dada por el señor Alvarado (quien también participó de la reunión interinstitucional convocada por la Alcaldía), definitivamente es decepcionante. En el Anexo 10 del presente documento se incorpora, de la cual se extrae lo siguiente, cita textual: “Dentro de las competencias y responsabilidades que tiene el SINAC, se encuentra otorgar permisos de corta y aprovechamiento cuando corresponde”. “Velar por que no ocurra invasión al área de protección de ríos, quebradas o nacientes. según artículo 33 de la ley forestal 7575”. “Protección de áreas de humedal”. El subrayado no es del original “Protección de terrenos Patrimonio Natural del Estado, ASP” “Por lo tanto, la construcción de la mega granja porcina, por el momento no está infringiendo normativa ambiental que sea competencia del SINAC, como lo es corta de árboles, construcción en áreas de protección hídrica, afectación de áreas de humedal, o invasión de terrenos Patrimonio Natural del Estado o Áreas Silvestres Protegidas, afectación de vida silvestre”.
El subrayado no es del original, pero demuestra que para el SINAC el daño tiene lamentablemente que concretarse para actuar. Obviamente la mega granja porcina no se ha construido, pero con estas actitudes, las cuales no son ni razonables ni de recibo (sobre todo cuando provienen de jefaturas tomadoras de decisión), queda en evidencia el poco o nulo compromiso con el ambiente, aunado a la incapacidad de encontrar argumentos (técnicos, jurídicos y ambientales) que permitan anticipar afectaciones. Sobre el segundo oficio, CARTA-SINAC-ACAHN-DR-PRH-023-2026 (incorporado en el mismo Anexo 10) volvemos a lo mismo, es evidente que el SINAC en su visita al lugar no haya encontrado afectaciones por cuanto gracias a la acción de la comunidad, la mega granja porcina aún no se ha construido. A pesar de lo indicado, la comunidad desea plasmar el hecho de que en este segundo oficio: ➢ El SINAC se limita a indicar que la eventual granja porcina “no generará afectación directa bajo los parámetros de la normativa forestal vigente”.
El subrayado no es del original pero se resalta porque precisamente en el campo forestal, el día 15 de enero 2026 se hizo una denuncia telefónica (anónima) por el sonido constante de motosierras en la Dirección02, así como por la corta de una gran cantidad de especies a lo largo del camino público que se dirige hacia la laguna (así como en otro sector que se ubica a menos de 50m de distancia del borde exterior de la laguna), y donde anidaban tucanes y muchas otras especies de aves, pero desgraciadamente el SINAC no acudió a atender la denuncia que por obligación le corresponde. Aún hoy en día es fácil observar los montículos donde acumularon toda esta vegetación según se muestra en las siguientes dos fotografías: Dirección de Aguas: Se debe verificar si las nacientes están registradas oficialmente, ya que el AyA es la entidad encargada de levantar esta información. Además, se indicó que la normativa sobre aguas subterráneas en estos casos es limitada”.
Pronunciamiento que al igual que los demás, decepciona por parte de otra de las áreas del MINAE. SENARA: Podría intervenir en relación con áreas de recarga acuífera, aunque no puede imponer restricciones en propiedad privada. Se denota la misma actitud del resto de instituciones públicas, cada una justificando sus “imposibilidades para actuar o ir más allá”. Temas ambientales señalados • Riesgo de eutrofización o contaminación de la laguna. • Manejo de escorrentía y químicos en el suelo. • Impacto de nutrientes en el ecosistema. • Control de olores ofensivos; la normativa existente excluye las actividades pecuarias. Efectivamente en esta reunión interinstitucional se abordaron entre otros, los temas señalados, pero desafortunadamente no hubo acuerdos concretos o iniciativas para evitar la construcción de la mega granja porcina, tal como la propia Municipalidad de Río Cuarto señala a continuación: Acuerdos y acciones 1.
“Consultar formalmente a cada institución para que emita su posición sobre el proyecto”. La reunión interinstitucional se concretó el 26 de febrero 2026. La Municipalidad realizó consultas a la SETENA y al SINAC (Ver Anexo 9) el día 26 de junio 2026. 2. “Solicitar información sobre el estado del recurso de revocatoria presentado ante SETENA”. Fue la comunidad la que informó a la Municipalidad sobre la “supuesta extemporaneidad”, que como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, se debe a los propios actos de la SETENA y el desarrollador. 3. “Suspender el avance del permiso de construcción hasta que se resuelva dicho recurso”. Efectivamente se concretó, construcción que se mantiene sin permiso como resultado ahora del Recurso de Amparo. Ver Anexo 11 4. “Verificar la ubicación y registro de las nacientes mediante la Dirección de Aguas y AyA”. La comunidad desconoce su avance. 5. “Confirmar la capacidad real del sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto en los planos”.
La comunidad desconoce su avance. 6. “Analizar los posibles impactos ambientales, especialmente en la Laguna de Río Cuarto”. La comunidad desconoce el avance del tema y qué acciones se han tomado. “Observaciones finales Se enfatiza la necesidad de abordar el tema bajo un enfoque preventivo, con el fin de garantizar la protección ambiental y el bienestar de la comunidad” A pesar del esfuerzo por concretar ese “enfoque preventivo con el fin de garantizar la protección ambiental y el bienestar de la comunidad”, como lo indica la Municipalidad en su minuta, no hubo manera de que se concretara en la práctica por parte de las demás instituciones participantes en la reunión interinstitucional. Finalmente, cabe señalar que como parte de la interacción con y entre las instituciones involucradas, a ninguna se le ocurrió cuestionarse y/o hacer mención al Decreto Ejecutivo No 45516 del 03 de febrero 2026 que establece en su Objetivo, Funciones y Considerandos lo siguiente, citas textuales (el subrayado no es del original): Artículo 1.-Objetivo.
Créase la Comisión Nacional Una Sola Salud Costa Rica como órgano multidisciplinario e interinstitucional, para fomentar la colaboración, comunicación y coordinación entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante el enfoque de "Una Sola Salud" de manera equilibrada y equitativa, con el fin de brindar asesoría mediante criterios técnicos a las jefaturas y/o autoridades correspondientes sobre las acciones de prevención y preparación ante desafíos en eventos de salud humana, animal y ambiental por la aparición y propagación de enfermedades zoonóticas, la resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades transmitidas por vectores, la inocuidad alimentaria y enfermedades de transmisión alimentaria y la salud ambiental. Entre otras funciones se establece: b) Promover los mecanismos de acción mediante el enfoque de "Una Sola Salud" para prevenir y hacer frente de manera coordinada a las amenazas que afectan a la salud humana, animal y ambiental. k) Identificar nuevas amenazas y opo1tunidades para la mejora continua de la gestión integrada de la salud humana, animal y ambiental, desde el enfoque de "Una Sola Salud".
En cuanto a sus Considerandos se indica: 1.- Que, la salud de la población y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos constitucionales de interés público, tutelados por el Estado. 2.- Que, la competencia Rectora del Ministerio de Salud es conducir la articulación, fortalecimiento y modernización de las políticas, la legislación, los planes, programas y proyectos, así como a la movilización y sinergia de las fuerzas sociales, institucionales y comunitarias que impactan los determinantes de la salud de la población. 3.- Que, la Vigilancia de la Salud constituye una función esencial de salud pública que el Ministerio de Salud, como ente rector en salud y autoridad sanitaria, está obligado a conducir a nivel nacional. 4.- Que, con base en el Decreto Ejecutivo Nº 40556-S del 7 de julio de 2017 y sus reformas," Reglamento de Vigilancia de la Salud" el Ministerio de Salud tiene la potestad de convocar, de manera obligatoria, a los actores sociales que correspondan para conformar redes de trabajo, de acuerdo con las prioridades identificadas e involucrará a los actores sociales del sistema de vigilancia vinculados con la temática. 5.- Que, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dada la importancia que tiene la actividad agropecuaria para el país y sus habitantes, fomenta la producción de bienes agropecuarios, mediante el estímulo a los productores de estos bienes, a fin de que incrementen dicha producción. 6.- Que, el Servicio Nacional de Salud Animal, es el órgano competente para administrar, planificar, dirigir y tomar las medidas veterinarias o sanitarias pertinentes, para evitar riesgos a la salud pública. 7.- Que, el Servicio Nacional de Salud Animal, tiene la potestad de dictar las normas técnicas pertinentes, elaborar los manuales de procedimientos, así corno ejecutar y controlar las medidas sanitarias y veterinarias en general. 8.- Que, el Ministerio de Ambiente y Energía tiene corno función formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la República, así corno la dirección, el control, la fiscalización, la promoción y el desarrollo en los campos mencionados.
Asimismo, deberá realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector. 9.- Que, la Ley Orgánica del Ambiente procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define corno ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano. 10.- Que, la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, la Ley Orgánica del Ambiente y sus reformas, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y sus reformas, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y sus reformas y la Ley de Biodiversidad y sus reformas, confieren al Ministerio de Ambiente y Energía, la potestad de formular, planificar y ejecutar las políticas de protección ambiental del Gobierno de la República. 11.- Que, la Ley de Biodiversidad garantiza a todos los ciudadanos la seguridad ambiental, corno garantía de sostenibilidad social, económica y cultural e integra la conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y ambientales, para promover la participación de todos los sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad. 12.- Que, la Política Nacional de Biodiversidad y la Estrategia Nacional de Biodiversidad son los instrumentos nacionales de política pública que responden a los compromisos adquiridos por el país, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Marco de Biodiversidad Kunming - Montreal en temas de biodiversidad.
Estos instrumentos establecen los ejes fundamentales de acción para promover el desarrollo económico, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, potenciando oportunidades y reduciendo los efectos negativos sobre la biodiversidad, y para promover el mejoramiento en la eficiencia y eficacia de la gestión intersectorial e institucional vinculada a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 13.- Que, la Ley de Conservación de Vida Silvestre en su artículo 7, establece las funciones en el ejercicio de su competencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, inciso a) establecer las medidas técnicas para el buen manejo, conservación y administración de la vida silvestre y el inciso i) crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia e investigación de la vida silvestre. 14.- Que, "Una Sola Salud" tiene un enfoque multisectorial que contribuye a la salud humana, animal y ambiental, por lo que se requiere una estrecha colaboración, comunicación y coordinación entre los sectores involucrados, de manera equilibrada y equitativa, con el fin de salvaguardar la salud de las personas, los animales y el ambiente. 15.- Que, la Organización Mundial de la Salud refiere que Una Sola Salud comprende una serie asuntos, entre los que se incluyen: enfermedades transmitidas de animales a humanos (enfermedades zoonóticas), la resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades transmitidas por vectores, la inocuidad alimentaria y enfermedades de transmisión alimentaria y la salud ambiental. 16.- Que, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mediante la Alianza Cuatripartita han hecho un llamado a la acción conjunta para promover y coordinar el enfoque de Una Sola Salud, mediante la generación de cambios para mitigar el impacto de los retos actuales y futuros para la salud en la interfaz humano, animal y ambiente a nivel mundial, regional y nacional. 17.- Que, la salud humana, animal y ambiental están estrechamente interrelacionados y los cambios en la condición de salud de estos pueden aumentar el riesgo de aparición y propagación de enfermedades en los humanos, animales y en el ambiente.
Las enfermedades infecciosas, transmisibles naturalmente desde animales al ser humano, incluyen un gran porcentaje de las enfermedades nuevas y existentes, alcanzando más del sesenta por ciento de estas, y alrededor del setenta y cinco por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano tienen origen animal. 18.- Que, la colaboración interinstitucional mediante el enfoque de Una Sola Salud promueve y coordina acciones para reducir la propagación de enfermedades, la resistencia antimicrobiana, garantizar alimentos seguros y mitigar los efectos de la contaminación y el cambio climático, por este motivo es que se considera oportuno y necesario la creación de la Comisión Nacional Una Sola Salud Costa Rica. 19.- Que, de conformidad con el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo No. 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 "Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos" y sus reformas, se considera que por la naturaleza del presente Decreto Ejecutivo no es necesario completar el formulario de Evaluación Costo Beneficio, toda vez que el mismo no establece trámites ni requerimientos para el administrado, situación por la que no se procedió con el trámite de control previo. 5.
Respecto a lo indicado sobre el Desarrollador por parte de la Municipalidad de Río Cuarto Indica la Alcaldía en su informa a la Sala Constitucional: Resulta pertinente indicar que, a pesar de los esfuerzos realizados para contar con representación del dueño registral en la reunión, o en su defecto entablar otros espacios de diálogos, a la fecha de rendición del presente informe no se ha obtenido su anuencia para participar en la reunión de referencia ni en ningún otro espacio de diálogo con presencia de la institucionalidad, la comunidad y este Gobierno Local.” El subrayado no es del original. “En virtud de lo indicado, se manifiesta que tanto la Municipalidad de Río Cuarto como el Concejo Municipal han actuado en pro de la comunicación y la escucha; atendiendo las solicitudes planteadas y procurando espacios en que se atiendan y escuchen las diferentes opiniones”. “En este sentido se informa, que el propietario del inmueble ha gestionado ante esta Municipalidad, por medio de la Plataforma APC del Colegio federado de Ingenieros y Arquitectos, las siguientes solicitudes: ➢ solicitud número 1262309 para movimiento de tierras, la cual fue rechazada ya que al momento de resolver la viabilidad ambiental otorgada por SETENA se encontraba impugnada y por lo tanto no se encontraba en firme.
Recordemos que el desarrollador sí pudo realizar las terrazas, sobre las cuales están diseñados los galpones, tal como se hizo ver en el Informe de Oposición fotografías, 1, 2, 3 y 4. ➢ Así como, la solicitud de permiso de construcción para granja porcina número 01261940, el cual no ha sido resuelto a la espera de la resolución por parte de su autoridad de la medida cautelar provisionalísima solicitada por la recurrente. Procurando el respeto de la seguridad jurídica y con el fin de obtener la mayor claridad posible al momento de analizar los requerimientos presentados por el solicitante del permiso de construcción, el marco normativo aplicable, los principios generales del derecho y las circunstancias propias de la construcción”. No solamente la medida cautelar solicitada, sino el que la Sala Constitucional resuelva el Recurso de Amparo interpuesto. Tal como lo señala la Municipalidad en su minuta de reunión: “a la fecha de rendición del presente informe no se ha obtenido su anuencia para participar en la reunión de referencia ni en ningún otro espacio de diálogo con presencia de la institucionalidad, la comunidad y este Gobierno Local.” La comunidad agregaría lo siguiente: a) Precisamente, desde el primer momento, 23 de setiembre 2025, la comunidad quiso entablar conversaciones no solo con las instituciones involucradas sino con el desarrollador, prueba de ello es el oficio que se remite a la Municipalidad con copia a la SETENA según lo descrito en el Hecho 3 y su Anexo 3 del Recurso de Amparo, donde se solicitó concretamente en el punto 5: “ La valoración de la posibilidad de entablar una mesa de diálogo formal y permanente, conformada por representantes de la Municipalidad, la comunidad local, las instituciones públicas competentes (SETENA, MINAE, SENASA, Ministerio de Salud, entre otras) y los desarrolladores interesados, con el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la gobernanza ambiental local”.
El subrayado no es del original. b) En el Hecho 6 y Anexo 6 del Recurso de Amparo, y producto de la sesión en el Concejo Municipal del día 27 de octubre 2025, el señor alcalde de ese momento indicó “…De mi parte, señor Presidente, dejar las puertas abiertas para la negociación y mi posición es la misma de ustedes; es tratar de ver hasta dónde podemos llegar pidiéndole la cortesía en este caso al dueño; que tal vez nos explique el proyecto que nos indique que, aquí es maternidad, que aquí va a ser producción, que abajo va a ser distribución o lo que sea, porque yo siempre he dicho; me tocó estar muy metido cuando el país iba a trabajar el Acueducto de Sardinal en Guanacaste y la organización comunal paró el proyecto muchos años”. El subrayado no es del original. c) Tal como se comentó en el apartado “Antecedentes con la Municipalidad de Río Cuarto”, y específicamente cuando se hace mención al Anexo 1 del presente documento, los personeros de la Municipalidad dejan en actas que “el propietario rechazó asistir a la reunión” del 12 de diciembre 2025. d) En la Conclusión 17 del Recurso de Amparo se aborda el tema de la reunión extraordinaria de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) realizada el 30 de enero 2026 y que en uno de los acuerdos indica: “2º Exhortar al propietario del terreno y desarrollador del proyecto a entablar un diálogo directo con la comunidad con el fin de analizar escenarios que permitan armonizar la actividad productiva de la granja con el desarrollo turístico de la Laguna de Río Cuarto y sus alrededores”. e) El día 12 de mayo 2026 (ver Anexo 12 del presente documento), la Alcaldesa le remite invitación formal al desarrollador para generar “un espacio de diálogo y coordinación “.
Sin embargo y según información obtenida, el desarrollador ni siquiera tuvo la cortesía de responderle a la señora Alcaldesa, simplemente no asistió. 6. Respecto a lo indicado por la Municipalidad de Río Cuarto sobre el Plan Regulador y la Política Pública de Ordenamiento Territorial Indica la Alcaldía en su respuesta a la Sala Constitucional: “Respecto del alegato solicitado por la recurrente de que “la ubicación escogida es incompatible con la vocación turística y residencial definida en los instrumentos de ordenamiento territorial del cantón” se informa, que la Municipalidad de Río Cuarto no cuenta con un Plan de Regulador vigente. Toda vez que en este momento el Plan Regulador se encuentra en proceso de elaboración. Asimismo, se indica que el único referente a ordenamiento territorial propio del cantón es la Ordenanza Municipal: Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto; aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número doscientos veinte, celebrada el lunes siete de agosto del dos mil veintitrés mediante Artículo V, Acuerdo N° 09.
Documento que únicamente funge como un punto de partida en la búsqueda de generar una correcta planificación urbana y ordenamiento del territorio, además de potenciar las oportunidades que se presentan en relación con el crecimiento urbano y turístico en el cantón de Río Cuarto. Sin embargo, bajo ningún supuesto, puede sustituir a un Plan Regulador ni ser aplicada en detrimento de lo dispuesto por la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento de Construcciones, al encontrarse estas normas en un rango jerárquico superior a la Ordenanza Municipal: Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto, debiéndose aplicar en primer orden la ley y luego el reglamento. Tal y como, se ha aplicado en todo momento por el ente municipal”. Consideraciones de la comunidad sobre el tema: 1. La sociedad civil tiene claro que el Cantón de Río Cuarto no cuenta en este momento con un Plan Regulador, mismo que se encuentra precisamente en elaboración (en consulta a la Consultoría contratada por la Municipalidad, estiman que estará listo técnicamente para diciembre del presente año 2026, previo a las aprobaciones correspondientes).
Sin embargo, el documento (vigente) denominado “Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial, para el Cantón de Río Cuarto”, es sumamente estratégico e importante, ya que fue aprobado por el Concejo Municipal para su implementación por parte de la Administración Municipal, tal como quedó plasmado en el “Acta 220-2023 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Cantón de Río Cuarto, celebrada en las instalaciones municipales a las dieciocho horas y minutos del día lunes 07 de agosto 2023, presidida por la Presidenta Marcela Bolaños Alfaro. En su Artículo V, Dictámenes de Comisión de Gobierno y Administración se da por recibido el Dictamen 001-2023. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO”. Este vital documento encuentra su principal asidero legal en los siguientes argumentos para su aplicación, de ahí que llama la atención y no es de recibo para la comunidad, minimizarlo o desmeritar su valor y contenido como eje primordial del Plan Regulador como lo indica la Municipalidad, con expresiones como: “…el único referente…”; “documento que únicamente funge como punto de partida…”; “…bajo ningún supuesto puede sustituir a un Plan Regulador ni ser aplicada en detrimento de lo dispuesto por la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento de Construcciones…”, lo cual lleva a cuestionarnos entonces, porqué se invirtieron fondos públicos y tiempo en la elaboración de un pliego de condiciones, en el proceso de adjudicación, en la contratación como tal y pagos para su desarrollo, si al final no lo desean utilizar como herramienta fundamental para la toma de decisiones, evidenciando un claro incumplimiento al principio de eficiencia (bajo el criterio de que la gestión pública busca entre otras cosas, la mejor relación posible entre los resultados obtenidos y los recursos empleados para conseguirlos): 1.1 Autonomía Municipal Constitucional: Los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica otorgan a las municipalidades la competencia exclusiva y autónoma para administrar los intereses y servicios locales, lo que incluye la planificación urbana y el ordenamiento territorial. 1.2 Ley de Planificación Urbana (No 4240): El artículo 1 de la Ley de Planificación Urbana faculta a los gobiernos locales a formular planes y reglamentos para procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad. 1.3 Potestad de Planificación (Código Municipal): El artículo 13 del Código Municipal establece expresamente como atribución del Concejo Municipal dictar las medidas de ordenamiento urbano y territorial dentro de su respectiva jurisdicción. 1.4 Derecho a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado: El artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente imponen al Estado y a las municipalidades el deber de garantizar, defender y preservar este derecho, siendo el ordenamiento territorial un requisito indispensable para lograrlo. 1.5 Limitación Legal de la Propiedad Privada: Con base en el artículo 45 de la Constitución Política, el derecho de propiedad no es absoluto.
El ordenamiento jurídico permite a las municipalidades imponer limitaciones y cargas urbanísticas por motivos de interés público. 1.6 Obligatoriedad de la Gestión del Riesgo: La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo obliga a las municipalidades a integrar la prevención y mitigación de desastres en sus políticas de ordenamiento territorial para reducir la vulnerabilidad de la población. 1.7 Coordinación con la Política Nacional de Desarrollo Urbano: La aplicación de políticas municipales responde al cumplimiento de los lineamientos dictados por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), entidad rectora que promueve el desarrollo espacial armónico y sostenible en todo el país. 1.8 Tutela del Patrimonio Natural y Forestal: Diversas normativas como la Ley Forestal y la Ley de Aguas, facultan y exigen a los municipios identificar y proteger áreas de recarga acuífera, zonas de protección y bosques urbanos dentro de su ordenamiento.
Definitivamente la Laguna de Río Cuarto y sus alrededores es una de ellas (incompatible con un megaproyecto de granja porcina con miles de cerdos y posibilidades de expansión como ha ocurrido en Venecia). Precisamente en los doce Considerandos y en el Por Tanto del Acta 220-2023 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Cantón de Río Cuarto, celebrada el día lunes 07 de agosto 2023 (prácticamente a tres años de su aprobación unánime e implementación), se indica textualmente lo siguiente: (…) 2. Para reforzar lo indicado, en el propio documento de la “Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial, para el Cantón de Río Cuarto”, y otros insumos elaborados por la Municipalidad, se indica lo siguiente, citas textuales (los subrayados no son del original): La Constitución Política de 1949 dotó a las Municipalidades de un conjunto amplio de competencias para la formulación y ejecución de políticas públicas, entre ellas las relacionadas con la planificación de sus territorios.
También le otorgó una mayor autonomía. Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral y representativo del Gobierno Local (Concejo Municipal y Alcaldía Municipal) y significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma independiente, es decir, con libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales. En este contexto el presente estudio formula, a partir de un conjunto de insumos técnicos, jurídicos y políticos, la “Política Pública” para el ordenamiento territorial y para la planificación urbana de los territorios que constituyen el cantón de Río Cuarto. Esta política pública toma como fundamento el marco legal vigente y se desarrolla a partir del diagnóstico del estado de situación cantonal; para luego establecer la visión de desarrollo y los diferentes ejes de acción con sus respectivos objetivos, lineamientos, acciones e indicadores para el ordenamiento y la planificación del territorio.
Adicionalmente, se ha sido considerado un diagnóstico regional general que permita armonizar la visión de desarrollo local en el contexto de la región. Metodológicamente, la política pública ha sido elaborada según las directrices sobre políticas públicas establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), así como los lineamientos técnicos sobre la “Planificación del Desarrollo Local” desarrollados por la Contraloría General de la República. Constituye pues una ordenanza municipal para la orientación de los procesos formales de planificación y ordenamiento del territorio cantonal, con una visión que integra los factores culturales, sociales, ambientales, políticos, legales y económicos propios del cantón de Río Cuarto y como parte de la Región Huetar Norte. En cuanto a su gestión, las municipalidades gozan de autonomía política (artículo 169 de la Constitución Política) y según el análisis de la Procuraduría General de la República (Dictamen C-193-2003) “…esta potestad de auto-gobernarse se encuentra complementada por la potestad de adoptar las decisiones fundamentales de la corporación libre de la injerencia del Estado (autonomía administrativa) y la de contar con patrimonio y presupuesto propio para la atención de sus funciones (autonomía financiera).”.
Sobre este particular, la Sala Constitucional por medio de la sentencia número 6706-93 indicó: “III).- La Sala estima que la potestad atribuida a los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio si integra el concepto constitucional de “intereses y servicios locales” a que hace referencia el artículo 169 de la Constitución.” Por lo tanto, dentro la labor de fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio son parte integral los procesos de ordenamiento y planificación del territorio, tal y como lo indica el Acuerdo N° 05 (Acuerdo Unánime) de la Sesión Ordinaria Nº140- 2022 del Concejo Municipal de Río Cuarto, Artículo IV, celebrada el 28 de marzo del 2022 y que determinó: “Solicitar a la Administración la formulación de un insumo técnico que permita guiar el ordenamiento territorial, el desarrollo vial y urbano del cantón, iniciando por las cabeceras distritales.
Para la formulación de este insumo la Administración podrá hacerse asesorar por consultores externos. Además, para que el insumo técnico formulado adquiera carácter de política cantonal deberá ser aprobado por este Concejo Municipal.” El presente informe constituye la materialización de dicha solicitud y corresponde a la Política Pública de Ordenamiento Territorial del cantón Río Cuarto. El ordenamiento territorial y planificación urbana son consideradas funciones del Estado; los artículos 169º de la Constitución Política y 15º de la Ley de Planificación Urbana Nº4240 otorgan competencias exclusivas a las municipalidades para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio mediante los reglamentos correspondientes; similar condición es establecida por la Ley Orgánica del Ambiente Nº7554 en lo que se refiere al ordenamiento territorial por medio del artículo 28: “Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial.
Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.” Es importante resaltar que no contamos con un plan regulador, esto permite que se realicen obras constructivas de distintas clasificaciones en todo el territorio del cantón sin ningún tipo de restricción ni planificación, por lo que, es de suma importancia iniciar un plan de gestión integral del territorio. En esta gestión se deben de integrar los distintos ejes que componen el desarrollo urbano, desde vías de comunicación terrestres, impacto social, estructuras e infraestructuras, turismo, conectividad; en la cual se incluya una visión integral de las necesidades de la población y enfocada a un correcto crecimiento al cual pueda guiar mediante un instrumento que incluya lo supra citado.
A partir de esta reflexión, el Concejo Municipal de Río Cuarto aprobó en firme la solicitud en los siguientes términos: “Solicitar a la Administración la formulación de un insumo técnico que permita guiar el ordenamiento territorial, el desarrollo vial y urbano del cantón, iniciando por las cabeceras distritales. Para la formulación de este insumo la Administración podrá hacerse asesorar por consultores externos. Además, para que el insumo técnico formulado adquiera carácter de política cantonal deberá ser aprobado por este Concejo Municipal. ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” “1.3. Propósito y Objetivos de la Ordenanza: Las Ordenanzas Municipales son aquellas normas que posee cada gobierno local y que son de carácter obligatorio para los ciudadanos. Para el caso de Costa Rica corresponden con lo dispuesto en el artículo 4º del Código Municipal, Ley Nº7794 del 30 de abril de 1998 y que incluye: …” “…Para el cumplimiento de estas funciones la municipalidad goza de la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, de tal manera que para cumplir con los alcances solicitados por el Concejo Municipal esta ordenanza tiene como propósito: “ESTABLECER LA POLÍTICA PÚBLICA QUE ORIENTE LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLANIFICACIÓN URBANA Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CANTÓN DE RÍO CUARTO.” “PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBILIDAD: El ordenamiento territorial deberá responder a un modelo basado en el aprovechamiento y la presentación de los recursos ambientales existentes, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, priorizando la capacidad de carga y de regeneración del sistema natural y la vocación de cada ecosistema”.
Por todo lo indicado, la sociedad civil es del criterio que la Municipalidad de Río Cuarto debe respetar y cumplir con su propia Política de Ordenamiento Territorial, en la cual, y para los alrededores de la Laguna de Río Cuarto, están claramente identificadas dos zonas, a saber, Zona Desarrollo Ecoturístico y Zona Residencial Turística, las cuales son totalmente incompatibles con la construcción de Mega Granjas Porcinas como las que pretende concretar el desarrollador. A la comunidad le preocupa sobremanera la existencia, hoy en día, de una gran cantidad de granjas avícolas en la zona, que sumadas a las granjas porcinas existentes y mataderos (sin considerar las que se pretenden construir), demuestra a todas luces que no vamos por la ruta correcta y la intención de que el Cantón de Río Cuarto sea un referente natural y ecoturístico a nivel nacional, tema que debe abordarse como parte de la elaboración del Plan Regulador, actualmente en construcción: 3.
Como parte de los antecedentes del documento “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN REGULADOR CANTONAL 2025”, se establecen los siguientes aspectos que demuestran la relevancia de la actual y vigente Política Pública de Ordenamiento Territorial, cita textual: “Asimismo, la Ordenanza Municipal denominada “Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto”, establece las bases del modelo de desarrollo y las políticas de desarrollo territorial para la elaboración del Plan Regulador cantonal”. El subrayado no es del original. “En este contexto, la Municipalidad de Río Cuarto por medio de distintos procesos ha obtenido de manera progresiva una serie de insumos técnicos para la elaboración del Plan Regulador, siendo necesario en esta etapa la culminación de los insumos faltantes y su integración con miras a obtener un plan y reglamentos que permitan garantizar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad, la expansión ordenada de los centros urbanos, el desarrollo urbano y el rural, la óptima distribución de las actividades económicas, la inversión pública planificada, la protección del medio ambiente, la renovación urbana y la conservación de la idiosincrasia cantonal.
Este conjunto de insumos y procesos existentes constituye los antecedentes de esta contratación y se resumen seguidamente: ➢ La elaboración y actualización del Inventario Vial Cantonal. ➢ La contratación, elaboración y aprobación de la “Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto” ➢ La elaboración, propuesta y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal. ➢ La elaboración y actualización del Reglamento de Vialidad Cantonal”. Nótese la importancia que para el Plan Regulador representa la Política Pública de Ordenamiento Territorial, cita textual: “Deberá tomarse como fundamento e integrarse al Plan Regulador los estudios, normas y políticas aprobadas por el Concejo Municipal de Río Cuarto en la Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto. Finalmente, deberán evaluarse y armonizarse en los reglamentos de desarrollo urbano propuestos toda la normativa y directrices aprobadas por la Municipalidad de Río Cuarto y vigentes en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana, gestión ambiental, gestión de riesgo y planificación vial.
Insumos Aportados Para el proceso de elaboración del Plan Regulador la Municipalidad de Río Cuarto aportará al adjudicatario los siguientes insumos para su debida integración: ➢ La cartografía base de todo el territorio cantonal. ➢ El mosaico catastral de todo el territorio cantonal. ➢ El Inventario Vial Cantonal. ➢ La “Política Pública de Ordenamiento Territorial para el cantón de Río Cuarto” ➢ El inventario de asentamientos del INDER. ➢ El Plan de Gobierno para el periodo 2024-2028. ➢ El Plan Cantonal de Desarrollo Humano del Cantón de Río Cuarto. ➢ El Reglamento de Vialidad ➢ El mapa de valores y la plataforma de valores. ➢ El Plan de Manejo para el Refugio de Vida Silvestre Bosque Alegre. ➢ El Plan de Manejo para el Parque Nacional Volcán Poás. ➢ La delimitación actualizada de los cuadrantes para los centros urbanos del Cantón. Las estadísticas disponibles en materia de licencias comerciales vigentes (patentes), permisos de construcción y certificados de uso del suelo otorgados”.
Respecto a la última cita textual del informe presentado por la Alcaldía a la Sala Constitucional: “Por lo informado, de la manera más atenta y respetuosa, se solicita resolver conforme a derecho. Así como, se solicita la pronta resolución de la medida cautelar provisionalísima requerida por la recurrente, con el fin de que la Administración Municipal pueda dar resolución a la solicitud de permiso de construcción para granja porcina número 01261940”. El subrayado no es del original. La comunidad considera que con base en los argumentos expuestos en el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio (presentado ante la SETENA y el MINAE), en lo indicado mediante los oficios remitidos al Concejo Municipal, Alcaldía y al área de Planificación y Ordenamiento Territorial (primer punto), así como lo expuesto en el presente documento “Consideraciones al escrito remitido por la Municipalidad de Río Cuarto a la Sala Constitucional”, la Municipalidad de Río Cuarto cuenta con suficientes elementos de respaldo para no otorgar el denominado Permiso de Construcción al desarrollador.
Aunado a lo anterior y por lo acontecido en este caso, es que la sociedad civil del Cantón de Río Cuarto acudió a la Sala Constitucional, precisamente para hacer valer los derechos que se han visto vulnerados (expuestos en el Recurso de Amparo). A continuación algunas consideraciones sobre uno de los tantos derechos que se han visto vulnerados, a saber el Derecho a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado, el cual, debería estar claro no solo para la Municipalidad de Río Cuarto, sino para todas las demás instituciones involucradas en el tema, las cuales dicho sea de paso y con lo expuesto en el presente documento, lamentablemente con su accionar, se denota que no lo quieren hacer valer: (…) 7. Conclusiones 7.1 Queda por demostrado que la sociedad civil ha estado en constante comunicación con las autoridades de la Municipalidad de Río Cuarto (Concejo Municipal, Alcaldía, Area de Planificación y Control Urbano, entre otras), para transmitirles su preocupación y rechazo a la construcción de granjas porcinas en los alrededores de la Laguna de Río Cuarto, tal como quedó evidenciado en los dos primeros apartados del presente documento, a saber, “Respecto a la documentación recibida por la Municipalidad de Río Cuarto” y “Antecedentes con la Municipalidad de Río Cuarto”. 7.2 Los siguientes elementos justifican el hecho de que la sociedad civil esté solicitando que se hagan valer sus derechos, no se otorgue ningún permiso por parte de ninguna institución del estado para una granja porcina en las áreas establecidas en la Política Pública de Ordenamiento Territorial y que la SETENA y el MINAE revisen su actuar en este caso, todo en función de la Petitoria solicitada en el Recurso de Amparo y en el Informe de Oposición en manos de la Sala Constitucional. ➢ La forma de operar del Desarrollador, su Regente Ambiental y de la SETENA (según se ha expuesto en el denominado “Hecho Sobrevenido” respecto a la unicidad de los proyectos, situación que desconocía la comunidad), ➢ El irrespeto a la normativa (colocación de rótulos, entre otros), ➢ La gran cantidad de situaciones encontradas en los D1 (desarrolladas en el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio para el caso de la Granja Porcina Crucero). ➢ La falta de seriedad y profesionalismo (por ambas partes SETENA y desarrollador) en el abordaje de los denominados Formularios D1 y sus Declaraciones Juradas, ➢ El hecho que el desarrollador no haya tenido ningún interés por reunirse con la comunidad y la alcaldía (apartado quinto del presente documento), ➢ El querer avanzar vertiginosamente (a pesar de los incumplimientos señalados), creyendo que la comunidad no iba a actuar como ha ocurrido en otros sitios, ➢ La omisión de dar a conocer la cantidad de cerdos, dato extremadamente importante para definir el tipo de formulario a utilizar, ➢ La posición de las instituciones, en el sentido de no comprometerse y más bien justificar por qué no pueden actuar ni pronunciarse, lo cual demuestra una completa inacción del sector público, ante la tutela de lo que establece la norma Constitucional, Convencional, los principios rectores de la protección del ambiente, las diferentes leyes y jurisprudencia, constituyéndose en consecuencia en una clara omisión del principio de legalidad, ➢ El tránsito constante de camiones ha sido una de las actividades indicadas por el desarrollador en su D1, plasmada en la resolución de la SETENA llamada “caminos internos”, pero que para esta institución ha pasado inadvertida, ➢ El Geoparque y el impacto en el turismo ecológico que provocaría la construcción de un megaproyecto porcino frente a la Laguna de Río Cuarto no calaron en las instituciones, ➢ El riesgo latente de posibles ampliaciones de galpones en las granjas porcinas, ➢ El hecho de que para algunas instituciones, lamentablemente, debe concretarse el daño para actuar, ➢ Las respuestas dadas por las diferentes instituciones, plasmadas en el cuarto apartado “Respecto a las Respuestas dadas por la Instituciones Públicas según Acta elaborada por la Municipalidad de Río Cuarto”. 7.3 La sociedad civil es del criterio que la Municipalidad de Río Cuarto debe cumplir con su propia Política de Ordenamiento Territorial, la cual establece que para los alrededores de la Laguna de Río Cuarto se identifican solamente dos zonas, a saber, Zona Desarrollo Ecoturístico y Zona Residencial Turística, mismas que son totalmente incompatibles con Mega Granjas Procinas, como las que pretender concretar el desarrollador. 7.4 La sociedad civil tiene claro que el Cantón de Río Cuarto no cuenta en este momento con un Plan Regulador, mismo que se encuentra precisamente en elaboración y que estará listo en diciembre 2026, para su posterior trámite de autorizaciones externas.
Sin embargo, el documento (vigente) denominado “Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial, para el Cantón de Río Cuarto”, es sumamente estratégico e importante, ya que fue aprobado por el Concejo Municipal para su implementación por parte de la Administración Municipal, tal como quedó plasmado en el “Acta 220- 2023 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, celebrada el 07 de agosto 2023 y que en su Artículo V, Dictámenes de Comisión de Gobierno y Administración se da por recibido el Dictamen 001-2023. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 7.5 El documento “Ordenanza Municipal, Política Pública de Ordenamiento Territorial, para el Cantón de Río Cuarto” encuentra su principal asidero legal en los siguientes argumentos para su aplicación, de ahí que llama la atención y no es de recibo para la comunidad, que la Municipalidad lo trate de minimizar: Autonomía Municipal Constitucional, Ley de Planificación Urbana (No 4240), Potestad de Planificación (Código Municipal), Derecho a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado, Limitación Legal de la Propiedad Privada, Obligatoriedad de la Gestión del Riesgo, Coordinación con la Política Nacional de Desarrollo Urban y Tutela del Patrimonio Natural y Forestal.
Precisamente en los doce Considerandos y en el Por Tanto del Acta 220- 2023 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Cantón de Río Cuarto, celebrada el día lunes 07 de agosto 2023 (prácticamente a tres años de su aprobación unánime e implementación) se abordan estos y otros argumentos que respaldan su aplicabilidad. 7.6 La comunidad considera que con base en los argumentos expuestos en el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio (presentado ante la SETENA y el MINAE), en lo indicado mediante los oficios remitidos al Concejo Municipal, Alcaldía y al área de Planificación y Ordenamiento Territorial (primer punto), así como lo expuesto en el presente documento “Consideraciones al escrito remitido por la Municipalidad de Río Cuarto a la Sala Constitucional”, la Municipalidad de Río Cuarto cuenta con suficientes elementos de respaldo para no otorgar el denominado Permiso de Construcción al desarrollador.
Aunado a lo anterior y por lo acontecido en este caso, es que la sociedad civil del Cantón de Río Cuarto acudió a la Sala Constitucional, precisamente para hacer valer los derechos que se han visto vulnerados (expuestos en el Recurso de Amparo). 7.7 En el informe que la Alcaldía le remite a la Sala Constitucional no se abordan aspectos como: ➢ Lo que significa la Laguna de Río Cuarto para las altas autoridades de la Municipalidad, al definirla como “Una Joya” ,“Un Símbolo” y “ Un Tesoro” del Cantón de Río Cuarto, lo cual debería redundar en la práctica, en su total protección. ➢ Lo que significa la Laguna de Río Cuarto como sitio turístico y referente del Cantón de Río Cuarto. ➢ Lo que el Presidente del Concejo Municipal expresa en el audiovisual para motivar a la comunidad a hacerse presente a las reuniones del Plan Regulador (teniendo como fondo la Laguna de Río Cuarto): “Un proyecto que busca el bienestar para todas nuestras comunidades, la protección de nuestras bellezas naturales, nuestro desarrollo económico y la expansión de nuestra cultura”. ➢ El avance e importancia del Geoparque Río Cuarto, el cual corresponde a una transformación del modelo productivo hacia el turismo sostenible, iniciativa que cuenta con el respaldo del MIDEPLAN, aspirando incluso, a ser postulado en el futuro como Geoparque Mundial de la UNESCO. ➢ Muchos otros temas reflejados en el documento remitido por la Sala Constitucional a la Municipalidad para su análisis y respuesta, pero que no fueron abordados. 7.8 Por todo lo indicado, es que la sociedad civil del Cantón de Río Cuarto y Turistas solicita muy respetuosamente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo indicado en la Petitoria del Recurso de Amparo, así como en la Petitoria (ampliada) del Informe de Oposición (a lo manifestado por la SETENA y MINAE) (…)”.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
El Tribunal estima improcedente la solicitud de medidas cautelares formulada por la parte recurrente, pues si bien el sub lite se cursó a los efectos de establecer o descartar alguna lesión al orden constitucional, no menos cierto es que el sustento probatorio y argumentativo ab initio es insuficiente para sustentar una apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) con tal grado de probabilidad, que justifique el dictado de tales medidas.
La parte accionante cuestiona que la Setena otorgó la viabilidad ambiental a una granja porcina de grandes proporciones sin tomar en consideración la opinión de los vecinos de Río Cuarto. Señala que en la tramitación del expediente se dieron graves violaciones a las garantías del debido proceso, por ejemplo: i) no existió conocimiento previo sobre lo que se pretendía construir; ii) no se tuvo acceso al expediente sino hasta varios meses después; iii) no se colocó un rótulo en un lugar visible; iv) no hubo visitas de inspección de la Setena; y v) no se brindó a la comunidad la oportunidad de ser escuchada ni de aportar argumentos y exponer incumplimientos del desarrollador. Reclama que Setena no analizó oficios que remitió por correo electrónico. Sostiene que no se analizó el componente social del formulario de evaluación ambiental D1, ni se solicitó al desarrollador constatar la posición de los diferentes grupos organizados del cantón.
Cuestiona que se haya categorizado el proyecto como B2 (moderado – bajo impacto), dado que debió elaborarse un estudio de impacto ambiental. Expone que los recursos de revocatoria y de apelación fueron declarados sin lugar por extemporáneos, lo que obedeció a la falta de información atribuible a la propia Setena. Señala que, con una investigación posterior, salió a la luz que el proyecto de granja porcina Crucero forma parte de un solo proyecto relacionado con la granja Santa Rita, también ubicada en Río Cuarto, así como otra localizada en Venecia de San Carlos, las cuales pertenecen al mismo desarrollador, lo que refuerza que la solicitud debió contar con un estudio de impacto ambiental. Sostiene que recientemente se verificó que también se emitió una viabilidad ambiental respecto a la granja porcina Santa Rica, que se ubica muy cerca de la granja porcina Crucero, respecto de lo cual no tuvo conocimiento previo la comunidad.
Solicita que se deje sin efecto la viabilidad otorgada mediante la resolución nro. 1628-2025-SETENA del 3 de noviembre de 2025 y que se le ordene a la Municipalidad de Río Cuarto abstenerse de otorgar el permiso de construcción al desarrollador.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
“1. Ecosistemas de Humedal: Tras la revisión geográfica y la confrontación de datos de campo, se concluye técnicamente que el inmueble descrito en el plano citado no presenta afectaciones por ecosistemas de humedal (palustrinos o similares). 2. Cercanía con la Laguna de Río Cuarto: Respecto a la interacción del proyecto con el cuerpo de agua, se determinó que la actividad porcina proyectada no genera una afectación directa al recurso hídrico bajo los parámetros de la normativa forestal vigente. III. Fundamentación Legal y Conclusión La Laguna de Río Cuarto está clasificada como un humedal de tipo lacustre. Al respecto, el artículo 33, inciso c), de la Ley Forestal N°7575 estipula la obligatoriedad de proteger una franja de cincuenta metros (50 m) medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales. Una vez verificadas las distancias del plano catastrado y la ubicación de las instalaciones de la granja porcina, se confirma que ambas se encuentran fuera del área de protección legalmente establecida. Por tanto, no identifica colisión con el patrimonio natural del Estado en los términos consultados” (la negrita es del original). (Ver prueba documental).
En el sub lite, la parte accionante cuestiona que la Setena otorgó la viabilidad ambiental a una granja porcina de grandes proporciones sin tomar en consideración la opinión de los vecinos de Río Cuarto. Señala que en la tramitación del expediente se dieron graves violaciones a las garantías del debido proceso, por ejemplo: i) no existió conocimiento previo sobre lo que se pretendía construir; ii) no se tuvo acceso al expediente sino hasta varios meses después; iii) no se colocó un rótulo en un lugar visible; iv) no hubo visitas de inspección de la Setena; y v) no se brindó a la comunidad la oportunidad de ser escuchada ni de aportar argumentos y exponer incumplimientos del desarrollador. Reclama que Setena no analizó oficios que remitió por correo electrónico. Sostiene que no se analizó el componente social del formulario de evaluación ambiental D1, ni se solicitó al desarrollador constatar la posición de los diferentes grupos organizados del cantón.
Cuestiona que se haya categorizado el proyecto como B2 (moderado – bajo impacto), dado que debió elaborarse un estudio de impacto ambiental. Expone que los recursos de revocatoria y de apelación fueron declarados sin lugar por extemporáneos, lo que obedeció a la falta de información atribuible a la propia Setena. Señala que, con una investigación posterior, salió a la luz que el proyecto de granja porcina Crucero forma parte de un solo proyecto relacionado con la granja Santa Rita, también ubicada en Río Cuarto, así como otra localizada en Venecia de San Carlos, las cuales pertenecen al mismo desarrollador, lo que refuerza que la solicitud debió contar con un estudio de impacto ambiental. Sostiene que recientemente se verificó que también se emitió una viabilidad ambiental respecto a la granja porcina Santa Rica, que se ubica muy cerca de la granja porcina Crucero, respecto de lo cual no tuvo conocimiento previo la comunidad.
Solicita que se deje sin efecto la viabilidad otorgada mediante la resolución nro. 1628-2025-SETENA del 3 de noviembre de 2025 y que se le ordene a la Municipalidad de Río Cuarto abstenerse de otorgar el permiso de construcción al desarrollador.
El Tribunal acredita que, el 3 de julio de 2025, la Setena recibió el Documento de Evaluación Ambiental del proyecto Granja Porcina Crucero a nombre de Inversiones Oso de Grecia S. A. al que se le asignó el expediente D1-0587-2025. El expediente D1-0587-2025 se encuentra visible en la consulta pública de la Setena desde el momento de presentación de su solicitud. Por oficio SETENA-DT-DEA-1062-2025 del 30 de julio de 2025 se requirió información adicional al desarrollador, la cual se aportó el 27 de agosto de 2025. Mediante oficio SETENA-DT-DEA-1244-2025 del 2 de setiembre de 2025 se solicitó información adicional al desarrollador, la cual fue aportada el 9 de setiembre de 2025. Mediante oficio fechado 22 de setiembre de 2025 y dirigido a la Municipalidad de Río Cuarto, vecinos del cantón requirieron una audiencia ante el Concejo Municipal, así como información sobre permisos gestionados a favor de un proyecto de producción animal a gran escala.
El 29 de setiembre de 2025, un vecino de Río Cuarto envió un correo electrónico a cuentas de funcionarios de la Setena, mediante el cual se externó la preocupación por el proyecto de la granja porcina y adjuntó el memorial fechado 22 de setiembre de 2025 que fue dirigido al gobierno local recurrido. En respuesta, por memorial SETENA-DT-EducA-0580-2025 del 30 de setiembre de 2025, la Setena comunicó a Nombre01, que se encuentra en trámite el expediente D1-587-2025 a nombre de Granja Porcina Crucero. Además, se comunicó que debe remitir la documentación pertinente al portal oficial de recepción de documentos https://portal.setena.go.cr. En la sesión ordinaria nro. 084-2025 celebrada el 27 de octubre de 2025 por el Concejo Municipal de Río Cuarto se atendió a la comunidad en relación con el proyecto de construcción de la granja porcina. Mediante resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025, la Setena aprobó la solicitud del proyecto granja porcina Crucero tramitada en el expediente D1-0587-2025 por un periodo de cinco años.
En tal resolución se aclaró que no se efectuó la inspección de campo, dado que consideró que no había indicios particulares que necesitaran ser profundizados. Además, se citó el artículo 43 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental respecto a la rotulación de proyectos con viabilidad ambiental. Asimismo, se le ordenó al desarrollador aportar el monto de la garantía ambiental, nombrar a un Responsable Ambiental y habilitar la bitácora digital. Por memorial OF-AL-005-2026 del 15 de enero de 2026, la Municipalidad de Río Cuarto solicitó al SINAC un criterio técnico sobre el proyecto de granja porcina Crucero. El 5 de febrero de 2026 se formuló un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025. Mediante resolución nro. 0373-2026-SETENA de las 13:19 horas del 24 de febrero de 2026, la Setena declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025.
El 26 de febrero de 2026 se llevó a cabo una reunión interinstitucional para “Abordar de manera interdisciplinaria y preventiva la situación relacionada con la construcción de una granja porcina, considerando los aspectos ambientales, institucionales y comunitarios involucrados”, en la que se contó con participación de personas funcionarias de la Municipalidad de Río Cuarto, Setena, Dirección de Agua, SINAC, Senasa, Ministerio de Salud, así como representante de la ADI de Río Cuarto y de la comunidad. Por oficio CARTA-SINAC-ACAHN-DR-PRH-023-2026 del 8 de abril de 2026, el SINAC comunicó a la Municipalidad de Río Cuarto que el 24 de febrero de 2026 se inspeccionó el lugar donde se pretende realizar el proyecto de la granja porcina Crucero y se determinó: “1. Ecosistemas de Humedal: Tras la revisión geográfica y la confrontación de datos de campo, se concluye técnicamente que el inmueble descrito en el plano citado no presenta afectaciones por ecosistemas de humedal (palustrinos o similares). 2.
Cercanía con la Laguna de Río Cuarto: Respecto a la interacción del proyecto con el cuerpo de agua, se determinó que la actividad porcina proyectada no genera una afectación directa al recurso hídrico bajo los parámetros de la normativa forestal vigente. III. Fundamentación Legal y Conclusión La Laguna de Río Cuarto está clasificada como un humedal de tipo lacustre. Al respecto, el artículo 33, inciso c), de la Ley Forestal N°7575 estipula la obligatoriedad de proteger una franja de cincuenta metros (50 m) medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales. Una vez verificadas las distancias del plano catastrado y la ubicación de las instalaciones de la granja porcina, se confirma que ambas se encuentran fuera del área de protección legalmente establecida. Por tanto, no identifica colisión con el patrimonio natural del Estado en los términos consultados” (la negrita es del original).
Mediante resolución nro. R-271-2026-MINAE de las 12:30 horas del 12 de mayo de 2026, el MINAE rechazó ad portas por extemporáneo el recurso de apelación planteado contra la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025. El 24 y 25 de junio de 2026, el alcalde de Río Cuarto y el secretario general de la Setena, respectivamente, fueron notificados de la resolución de curso de este asunto. El secretario general de la Setena explica que durante la tramitación del expediente D1-0587-2025 no se estimó necesario realizar una audiencia pública, ya que es facultativa, porque no se detectó un alto nivel de conflictividad social ni ambiental y dado que no se recibió algún apersonamiento u oposición. Al analizar el expediente D1-0587-2025, la Setena determinó, de acuerdo con la Significancia de Impacto Ambiental, que el instrumento aplicable es D1 con una declaración jurada de compromisos ambientales.
En la Setena se cuentan con los expedientes “D1-0432-2024-SETENA: AMPLIACIÓN DE GRANJA PORCINA INVERSIONES OSO DE GRECIA Y CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA DE ALIMENTO PARA PERRO • D1-0584-2025-SETENA: GRANJA PORCINA SANTA RITA • D1-0587-2025-SETENA: GRANJA PORCINA CRUCERO” a nombre del mismo desarrollador, pero se ubican en propiedades diferentes que no colindan entre sí. El 23 de junio de 2026, el desarrollador solicitó a la Setena la activación de la bitácora digital.
Visto lo anterior, adviértase que en el decreto ejecutivo nro. 43898 del 21 de diciembre de 2022 ‘Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental’ se dispone:
“Artículo 18.- Los criterios de evaluación ambiental de actividades, obras o proyectos. Los criterios de evaluación para determinar el tipo de instrumento de evaluación ambiental se determinarán mediante la Significancia de Impacto Ambiental, que se obtiene al completar la Matriz.
Artículo 19.- Rutas de decisión en función de la calificación final de SIA. En virtud de la calificación final de la SIA, las actividades, obras o proyectos podrán seguir las siguientes rutas de decisión, según el Anexo 3:
1. Alta SIA: D1+EsIA - Mayor o igual a 700 = Categoría A 2. Moderado a Alta SIA: D1+ P-PGA - Mayor que 330 y menor a 700 = Subcategoría B1 3. Moderada a baja SIA: D1+ DJCA - Menor o igual que 330 = Subcategoría B2
SECCIÓN II
D1+Declaración Jurada de Compromisos Ambientales Artículo 20. D1+DJCA, Requisitos y Procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental, para los D1+DCJA deberá completar los requisitos del Anexo 4 del presente Reglamento, además de los requisitos generales indicados en el artículo 11 y el procedimiento del artículo 12.Como parte de la evaluación de impacto ambiental el Consultor Ambiental deberá identificar las condiciones de fragilidad de los sitios o del AP donde se pretende desarrollar la actividad, obra o proyecto, aportar las medidas ambientales y los estudios establecidos en el Anexo 4, o justificación técnica para su no presentación.
Una vez completada la información en la plataforma digital, el Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental procederá a verificar la información contenida en ésta y remitirá un informe técnico, con la recomendación que corresponda para la emisión de la resolución final. En caso de separarse del criterio emitido, deberá justificarse técnica y legalmente por parte de la autoridad superior de la SETENA.
La Secretaría General emitirá una resolución final, basada en el informe técnico. En caso de separarse del criterio emitido, deberá justificarlo técnica y legalmente dentro del acta correspondiente.
(…)
Artículo 43.- Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA). El rechazo justificado de la Evaluación de Impacto Ambiental de la actividad, obra o proyecto, o bien su aprobación, las comunicará la SETENA al desarrollador por medio de una resolución administrativa, técnica y jurídicamente motivada. Estas resoluciones, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, son de acatamiento obligatorio.
En el caso particular de la aprobación y en función del instrumento de EIA aplicado, se entenderá que las Condiciones Fijadas incorporan las recomendaciones derivadas de los estudios técnicos y los lineamientos dictados por la SETENA, los cuales son de acatamiento obligatorio.
La Resolución de aprobación de la actividad, obra o proyecto, incluirá los siguientes aspectos:
1. Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), y que estarán basadas en todo el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, particularmente en los instrumentos de evaluación ambiental, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos:
a. Cumplimiento del CBPA.
b. Desarrollo e implementación de la Etapa de Control y Seguimiento Ambiental, que comprenden 3 aspectos básicos como son:
i. Nombramiento de un responsable ambiental.
ii. Apertura de la Bitácora Digital Ambiental, por parte del responsable ambiental, misma que la SETENA oficializará para la actividad, obra o proyecto, una vez otorgada la respectiva Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA). La Bitácora Digital Ambiental registrará el proceso de control y seguimiento a lo largo del proceso de gestión por parte del responsable ambiental.
iii. Presentación de Informes de Responsabilidad Ambiental (IRA) de AOP acorde con los requerimientos y frecuencia definida por la SETENA, en la resolución de Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA). Los períodos de presentación de los IRA de AOP se medirán a partir de la fecha de inicio de actividades de la AOP. Los IRA`s que elaboren los responsables ambientales serán enviados a la SETENA por los medios digitales que se establezcan.
2. Presentar por medio de la Bitácora Digital el comprobante de pago de la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo monto será fijado por la SETENA.
3. Para las actividades, obras o proyectos que se tramitan para una Evaluación de Impacto Ambiental EsIA, cuando la SETENA lo considere necesario, y así lo justifique, ésta podrá ordenar la conformación de una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA).
4. Todas las resoluciones de otorgamiento de Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), incluirán la siguiente Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental: "La presente Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado costarricense". El incumplimiento de los compromisos ambientales sobre los que se otorgó la Viabilidad Ambiental por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente, sino que, podría acarrear la cancelación de la Viabilidad Ambiental y el archivo del expediente según las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y por supuesto, para el Desarrollador.
5. Con la obtención de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) de la SETENA, el desarrollador de la actividad, obra o proyecto estará en la obligación de colocar un rótulo en un lugar visible, desde el inicio y mientras perduren sus actividades (sea en construcción o en operación) con el número de expediente, número de resolución de viabilidad ambiental y nombre del proyecto.
(…)
Artículo 61. Participación ciudadana. Es el conjunto de mecanismos que permiten canalizar la comunicación entre el desarrollador, la ciudadanía y la autoridad ambiental.
El objetivo es que los individuos dispongan de información ambiental necesaria, idónea y oportuna sobre la actividad, obra o proyecto a desarrollarse y sus posibles impactos con la facultad de accionar en defensa y protección del ambiente realizando observaciones fundamentadas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Éstas serán incluidas en el expediente y valoradas en la resolución final emitida por la SETENA.
Artículo 62.- Participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental y seguimiento ambiental. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán la posibilidad de analizar, opinar, realizar consultas e interponer denuncias, en cualquier etapa del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y de control y seguimiento. En el caso de las denuncias, oposiciones u observaciones interpuestas durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, serán consideradas en el acto final, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente. Cuando tengan lugar en la fase de control y seguimiento ambiental, se emitirá la resolución respectiva por parte la SETENA.
(…)
Artículo 64.- Mecanismos para participación ciudadana. Los mecanismos que se utilizarán serán los siguientes:
a. Apersonamientos.
b. Consultas de expedientes.
c. Audiencias ante la SETENA.
d. Audiencias públicas.
e. Atención de consultas.
f. Observaciones escritas fundamentadas.
g. Denuncias.
h. Recursos administrativos según el artículo 87 de la Ley Orgánica del Ambiente.
Para el cumplimiento de estos mecanismos se utilizarán los medios tecnológicos establecidos mediante resolución fundamentada de la SETENA. En concordancia con el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, y 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, cualquier persona puede apersonarse al expediente administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, en defensa y Protección del Ambiente.
Artículo 65.- Audiencia Pública de una actividad, obra o proyecto. Requerimiento de una audiencia: Conforme el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad, cuando alguna persona física o jurídica solicite a la SETENA se lleve a cabo audiencia pública de información y análisis para el caso de una determinada actividad, obra o proyecto, la SETENA en virtud de la magnitud del potencial impacto ambiental, determinará, previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad o no de celebrarla. En caso de decidir no celebrar la audiencia pública solicitada, SETENA deberá determinar el mecanismo mediante el cual recibirá las observaciones.
La SETENA mediante resolución aprobará la solicitud de una audiencia pública, la cual deberá estar fundamentada y justificada, considerando principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Las audiencias públicas tendrán por objetivo dar a conocer a los interesados la actividad, obra o proyecto que se pretende desarrollar brindándoles la oportunidad de expresar todas sus preocupaciones y recibir la información correspondiente.
Artículo 66.- Otros mecanismos de participación ciudadana. La SETENA adoptará cualquier otro mecanismo de participación ciudadana que surja como parte de las políticas de gobierno relacionadas con el desarrollo de las actividades, obras o proyectos.
Artículo 67.- Instrumentos de consulta en participación ciudadana en actividades, obras o proyectos. La SETENA podrá solicitar a los desarrolladores como parte del componente socioeconómico en los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, a efectos de cumplir con el mecanismo de participación ciudadana, la aplicación de una o ambas de las siguientes técnicas:
1. Estudio cualitativo.
2. Estudio cuantitativo.
La SETENA analizará los datos surgidos de los instrumentos establecidos, evaluará las observaciones recopiladas y emitirá pronunciamiento positivo o negativo de lo actuado en los mismos, dentro de los plazos establecidos en este reglamento para el análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental”.
Ahora, si bien la parte tutelada reclama que la comunidad de Río Cuarto no tuvo conocimiento previo del proyecto de granja porcina Crucero ni acceso al expediente correspondiente, no menos cierto es que el secretario general de la Setena informó bajo juramento -con las solemnidades y consecuencias que ello conlleva- que, desde el momento de formulación de la solicitud de la viabilidad ambiental de ese proyecto en julio de 2025, el expediente en cuestión se encuentra visible en la consulta pública de la Setena. Además, de conformidad con el ordinal 64 del Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, la Setena cuenta con diversos mecanismos para garantizar la participación ciudadana, entre los que se encuentran apersonamientos y consultas de expedientes, audiencias, atención de consultas y denuncias, por mencionar algunos ejemplos. Pese a ello, no se verifica que durante la tramitación de la referida viabilidad ambiental se haya empleado alguno de esos mecanismos más allá de la remisión vía correo electrónico del oficio fechado 22 de setiembre de 2025, el cual, si bien fue puesto en conocimiento de la Setena, no menos cierto es que estaba dirigido a la Municipalidad de Río Cuarto, sin que se evidencie que se haya requerido alguna cuestión específica a la secretaría recurrida.
En ese sentido, la Sala observa que, en respuesta a tal gestión, la Setena explicó al gestionante que se encuentra en trámite el expediente D1-587-2025 a nombre de Granja Porcina Crucero y que la información que estimare pertinente podría ser remitida al portal oficial de recepción de documento. Además, en el informe rendido por el secretario general de la Setena se explicó que durante la tramitación del expediente D1-0587-2025 no se estimó necesario realizar una audiencia pública, ya que es facultativa, porque no se detectó un alto nivel de conflictividad social ni ambiental y dado que no se recibió algún apersonamiento u oposición.
Adicionalmente, se verifica que la Setena y el MINAE atendieron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio planteado contra la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025, los cuales fueron declarados sin lugar por extemporáneos, lo que deja en evidencia la posibilidad de emplear los métodos de participación previstos en el ordenamiento jurídico. Sobre el particular, si bien la recurrente expone su disconformidad con la demora de parte de la Setena y del MINAE en resolver la impugnación planteada contra la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025, no menos cierto es que los recursos fueron atendidos de previo a la formulación de este asunto, de ahí que carezca de interés actual que el Tribunal se pronuncie al respecto. Asimismo, adviértase que no corresponde a esta Cámara especializada determinar si la negativa de tales autoridades en acoger la impugnación es cuestión es o no pertinente, ya que la Sala no es una instancia revisora de ese tipo de criterios.
La parte accionante también reclama que durante la tramitación de la solicitud de viabilidad ambiental bajo estudio no se colocó un rótulo en un lugar visible, conforme lo establece la resolución nro. 1834-2016-SETENA de las 13:35 horas del 29 de setiembre de 2016, en el que la Comisión Plenaria de la Setena dispuso que para los proyectos que por su impacto ambiental se clasifican como B1, B2 y A, así como para torres de telecomunicaciones, una vez que se les asigne el número de expediente, debe colocarse un rótulo en que se informe sobre la tramitación del proyecto para el conocimiento de los interesados. Sin embargo, recuérdese que, con posterioridad a esa resolución, se dictó el Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental del 21 de diciembre de 2022, en el que se establece en el artículo 43 que: “Con la obtención de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) de la SETENA, el desarrollador de la actividad, obra o proyecto estará en la obligación de colocar un rótulo en un lugar visible, desde el inicio y mientras perduren sus actividades (sea en construcción o en operación) con el número de expediente, número de resolución de viabilidad ambiental y nombre del proyecto”.
Al respecto, de las propias manifestaciones de la tutelada se desprende que, el 14 de junio de 2026, un vecino detectó la colocación de un rótulo relacionado con el mencionado proyecto, lo cual acaeció antes de que las autoridades recurridas fueran notificadas de la resolución de curso del proceso.
Por otra parte, la parte recurrente acusa que la Setena omitió inspeccionar el sitio de previo a la emisión de la viabilidad ambiental en cuestión; sin embargo, en la propia resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025 se explicó que no se efectuó la inspección de campo, dado que consideró que no había indicios particulares que necesitaran ser profundizados. En similar sentido, aun cuando se acusa que la Setena no analizó el componente social de la solicitud de marras, no menos cierto es que la autoridad recurrida explicó que el estudio socioeconómico no forma parte de los requisitos previstos para las solicitudes D1 + declaración jurada de compromisos ambientales.
Aclarado lo anterior, conviene advertir que el recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, motivo por el que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, ya que ello corresponde ser dilucidado en la vía ordinaria, de ahí que no corresponda a este Tribunal Constitucional determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si los proyectos de las granjas porcinas Crucero y Santa Rita corresponden a un solo proyecto en los términos reclamados, tampoco establecer si la calificación final de la Significancia de Impacto Ambiental dada al proyecto de granja bajo estudio es o no adecuada, o si debió considerarse como una actividad categoría A en lugar de la B2 otorgada. Tampoco compete a esta Cámara determinar si la apertura de la bitácora digital ambiental por parte del desarrollador se dio o no en el momento procesal pertinente, ni verificar si era necesario que en el caso bajo estudio se llevaran a cabo o no inspecciones de campo.
En igual sentido, no corresponde a este Tribunal establecer si resultaba menester que la Setena le exigiera al desarrollador del proyecto aportar un análisis del componente socioeconómico en los términos reclamados. De ahí que, si la parte recurrente persiste en tales inconformidades, si a bien lo tiene, puede plantear los reclamos ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria.
Finalmente, no se observa alguna acción u omisión de la corporación local recurrida que haya conculcado los derechos fundamentales en los términos en que se planteó el amparo.
En virtud de lo expuesto, la Sala no acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en los términos en que fue formulado el recurso.
V.VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO. En numerosas sentencias, hemos sido enfáticos en cuanto a la posibilidad de conocer reclamos relacionados con participación ciudadana en esta sede jurisdiccional. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2025017106 de las 10:15 horas del 16 de junio de 2025 manifestamos:
“V- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO Y DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL, EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Justamente, en la sentencia nro. 2013-017305 de las 11:32 horas de 20 de diciembre de 2013, esta Sala consideró que el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (destacado no corresponde al original), según la reforma propiciada por ley nro. 8364 del 1º de julio de 2003, publicada en La Gaceta nro. 146 de 31 de julio de 2003. Este mandato de la Ley Fundamental, en particular la cualidad de “participativo”, ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infra constitucional. Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma eficaz y efectiva, de manera que no quede únicamente como un derecho de papel; ejemplos de lo anterior son el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia nro. 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005).
El derecho al gobierno participativo no solo encarna un reconocimiento del más alto rango jurídico-positivo a la función del control político por parte de los habitantes de la República, sino que, además, significa una revalorización del papel de estos en los procesos de formulación, aplicación y control de la política pública. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático (cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que a la participación ciudadana le baja la categoría de derecho a principio general en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala, como más adelante se demuestra), lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad.
Como indicamos supra, esta categorización del gobierno participativo o de la participación ciudadana como derecho, se explica a través del respaldo convencional contenido en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Verbigracia, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (destacado no corresponde al original).
Concordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce de modo expreso el derecho de los ciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su ordinal 5 que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.
De manera más vehemente, el artículo 6 de esta Carta estatuye que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. (Destacado no corresponde al original).
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también reconoció la participación ciudadana como fundamental para la protección del ambiente: “Reconociendo también que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos la libertad de buscar, recibir y difundir información y de participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable, sin riesgos y sostenible,” (Consejo de Derechos Humanos, 46° periodo de sesiones, A/HRC/RES/46/7 de 23 de marzo de 2021).
También, resulta importante resaltar que, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidades le otorga el estatus de derecho humano a la participación efectiva en materia ambiental. En tal sentido, señaló: “Reconociendo que el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos a buscar, recibir y difundir información y a participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos y en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, así como el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.”. (El resaltado no corresponde al original).
Por su parte, en la Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que: “226. La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable” (el destacado fue adicionado).
Tesitura que también había sido adoptada en la sentencia de 19 de septiembre de 2006, relativa al caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, en la que se dispuso:
“86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. 87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.”. (El destacado fue adicional).
En adición, la Corte IDH, en la sentencia 27 de noviembre de 2023 dictada en el caso “Habitantes de la Oroya vs. Perú”, dispuso:
“B.2.5.2. Derecho a la participación política 150. El derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos se encuentra consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana. Con respecto a asuntos ambientales, la Corte ha establecido que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan al medio ambiente. Asimismo, la participación en la toma de decisiones aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, construir consensos y mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Al respecto, el Acuerdo de Escazú señala que cada Estado Parte “deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.
151. Asimismo, la Corte advierte que el derecho a la participación política en temas ambientales se encuentra consagrado en diversos instrumentos de Derecho Internacional, tales como la Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza de Nairobi, la Declaración de Río, la Convención de Aarhus, y el Convenio sobre Diversidad Biológica. En este punto, el Tribunal considera pertinente recordar que la referencia a fuentes, principios y criterios del corpus iuris internacional, en este caso en materia ambiental, no implica que asuma competencia sobre otros tratados o que les reconozca obligatoriedad para los Estados. Esta normativa se utiliza como criterio interpretativo para la determinación del alcance de los derechos protegidos por la Convención Americana y otros instrumentos que son vinculantes para el Estado y sobre los que la Corte tiene competencia, de conformidad con el artículo 29 de la Convención.
152. La Corte ha estimado que el derecho de participar en los asuntos públicos consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana establece la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante. Asimismo, que en lo que se refiere a la participación pública, el Estado debe garantizar oportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones e informar al público sobre estas oportunidades de participación. Finalmente, los mecanismos de participación pública en materia ambiental son variados e incluyen, entre otros, audiencias públicas, la notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial.
(…)
B.3.6.2. Derecho a la participación política 256. La Corte recuerda que el derecho a la participación política es uno de los pilares fundamentales de la democracia, pues a través de su ejercicio las personas pueden establecer límites a las gestiones estatales y cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. La participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y así participar en la dirección de los asuntos públicos que afecten el medio ambiente. Este Tribunal ha destacado que este derecho conlleva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones que pueden afectar el medio ambiente, lo cual se relaciona con la obligación de proveer información relevante. Esta participación debe ser efectiva desde las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, lo cual puede realizarse a través de diversos mecanismos (supra párr. 152)” Así las cosas, este reconocimiento convencional a la participación ciudadana incide hermenéuticamente en su naturaleza jurídica, puesto que de principio constitucional lo transforma en verdadero derecho fundamental colectivo.
De este modo, la participación ciudadana representa un aspecto esencial del modelo democrático y republicano de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como elementos expresivos de este tipo de régimen político, lo que a su vez confiere mucha mayor legitimidad a la toma de decisiones políticas, cuestión clave cuando de gobernabilidad se trata.
Así, en el marco de este tipo de régimen -esto es, con activa y plena participación ciudadana-, el gobierno participativo impacta con mayor intensidad, favoreciendo la toma de decisiones a través de medios más abiertos y transparentes.
Precisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el numeral 9 constitucional es la audiencia pública, a través de la cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos o manifestar su criterio, participando de manera activa en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con algún proyecto por desarrollar.
Así las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia republicana, mediante la cual se fomenta la participación del ciudadano en el proceso de toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación posible de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que obstaculice lo anterior configura una abierta vulneración al derecho constitucional a la participación ciudadana (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223 de las 12:34 horas del 27 de noviembre de 2009).
En cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, como se indicó, el ordinal 9 de la propia Constitución Política obliga a ello, pues la calificación “participativo” ahí dispuesta implica, entre otros aspectos, que el Gobierno debe ser un articulador de lo definido por deliberación popular, cuando ello es obligatorio, al tiempo que en la formulación de la política pública, dentro de las posibilidades que el marco jurídico-positivo vigente plantee, está obligado a escuchar el criterio de individuos o grupos afectados, sea este vinculante o no.
En otras palabras, en la democracia republicana actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones gubernativas y el control político, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas.
En este contexto, interesa resaltar que este Tribunal, en la sentencia nro. 2018004117 de las 9:15 horas de 13 de marzo de 2018, realizó un desarrollo respecto a la consulta pública en materia ambiental, destacando que este mecanismo es un pilar en la toma de decisiones relaciones con el medio ambiente. Asimismo, a manera de soft law, acudió a un instrumento particularmente relevante en materia de acceso a la información ambiental y participación ciudadana: el “Convenio sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en temas ambientales”, mejor conocido como “Convenio de Aarhus”. En tal sentido, en el referido pronunciamiento se indicó:
“La Convención de Aarhus, por su parte, en el artículo 6.2.3.4 dispone:
“2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:
3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de conformidad con el párrafo 2 supra y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.
4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.” De conformidad con lo expuesto, debe propiciarse la consulta de manera transparente y con la mayor información posible. Esto genera una mejor administración de los recursos naturales, contribuye a la transparencia y al adecuado manejo de fondos públicos. Recordemos que el asunto ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno, por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente y procurar un desarrollo sostenible. Es por ello que debe abarcar en forma integral los diferentes sectores de la población (…)”. (El destacado fue adicional).
En adición, en el pronunciamiento aludido, la Sala subrayó que la audiencia ciudadana, por tratarse de una manifestación del principio democrático, no debe convertirse en una simple formalidad que simple y llanamente debe ser agendada, aunque tampoco debe instrumentalizarse como un mero obstáculo para el dictado de una decisión administrativa.
Relacionado con lo anterior, esta Sala ha señalado de modo reiterado, que la Constitución se caracteriza por su supremacía y su eficacia directa e inmediata, merced a las cuales los derechos y garantías que confiere resultan directamente exigibles y vinculantes para todos los Poderes Públicos. Así, en la sentencia nro. 1992-3194 de las 16:00 horas del 27 de octubre de 1992, se puntualizó:
“(…) La Constitución Política en su unánime concepción contemporánea, no sólo es “suprema” en cuanto criterio de validez de sí misma y del resto del ordenamiento jurídico, sino también conjunto de normas y principios fundamentales jurídicamente vinculantes, por ende, exigibles por sí mismos, frente a todas las autoridades públicas, y a los mismos particulares, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o hagan aplicables salvo casos calificados de excepción, en que sin ellos resulta imposible su aplicación-; con la consecuencia de que las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales- tienen la atribución-deber de aplicar directamente el Derecho de la Constitución en su pleno sentido, incluso en ausencia de norma de rango inferior o desaplicando las que se le opongan.” Por su parte, en la resolución nro. 1995-1185 de las 14:33 horas de 2 de marzo de 1995, este Tribunal confirmó:
“Si la Constitución Política tiene un carácter normativo supremo, debe efectivamente conformar y condicionar la validez y eficacia de toda norma inferior o subordinada, y sirve de parámetro para legitimar o no la actuación de cualquier autoridad pública y hasta de los sujetos privados.... El principio de supremacía de la Constitución, en el caso costarricense, no solamente lo tenemos expresamente consagrado en el artículo 10, sino que de modo clarísimo, complementado respecto del órgano encargado de mantenerla o preservarla, según lo que adelante analizaremos. Esto que hemos expresado hasta ahora gira alrededor de que la Constitución tiene una eficacia directa y vincula sin necesidad de intermediación de ninguna otra norma. Y, es por ello, que toda autoridad, en general, tiene capacidad y poder para aplicar, desarrollar y expandir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política.
Si esto no fuera así, toda la argumentación acerca de la jerarquía de las normas, principios y valores constitucionales, caería convertida en una fantasía insubsistente. Sería mera ciencia ficción, una entelequia, en la que simultáneamente existen dos mundos jurídicos ubicados en planos diferentes y sin comunicación entre sí.” En conclusión, la participación ciudadana constituye un derecho constitucional y convencional, que se erige como una cualidad del sistema democrático republicano. Al respecto, los derechos consagrados en la Ley Fundamental, en diverso grado según su contenido sea más o menos programático, tienen una eficacia directa y vinculan sin necesidad de norma alguna. Incluso, su efectividad a través del desarrollo normativo infra constitucional y la aplicación de este no es ajena al control jurisdiccional de constitucionalidad, cuando se advierten regulaciones, actuaciones u omisiones que representan una lesión al núcleo duro (Kernbereich) de ese bien constitucional”.
Ahora bien, en el sub examine se acusa que la Setena otorgó una viabilidad ambiental al proyecto de granja porcina Crucero sin que haya escuchado el criterio de la comunidad de Río Cuarto. Al respecto, el secretario general de la Setena informó que se estimó innecesario celebrar una audiencia pública durante la tramitación del expediente nro. D1-0587-2025, debido a que no se detectó un alto nivel de conflictividad social ni ambiental y no se recibió algún apersonamiento u oposición al proyecto.
Sobre el particular, consideramos tal justificación del todo insuficiente, máxime que el proyecto en cuestión se refiere al funcionamiento de una granja porcina con las siguientes características: “Un galpón para Gestación (Abuelas), Un galpón para Lactancia (Abuelas), Tres galpones para Reemplazos, Un Galpón para Destetes, Dos Comedor (Colaboradores), Dos biodigestores, Una Laguna para Lodos, Un Lecho de Secado, Dos Lagunas Facultativas, Una Laguna Anaerobia, Una Red de Caminos Internos. En su Fase Operativa El proyecto contemplará una Granja Porcina en las etapas de Gestación, Lactancia, Destetes y Reemplazo para lo cual se construirán los galpones antes mencionados que alojarán los cerdos en cada una de las fases antes mencionadas; adicionalmente contará con áreas comunes para los trabajadores, un pozo mecanizado para extracción de agua y un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) que permita el adecuado tratamiento y disposición de las Aguas Residuales (Especiales) de la granja”.
De este modo, diferimos del criterio de la Setena en cuanto a que el proyecto en cuestión no configura un alto nivel de conflictividad social o ambiental, por cuanto resulta evidente y manifiesto que la construcción de una granja de ese tipo genera implicaciones tanto ambientales como sociales de importancia, sobre todo observando que estará ubicada muy cerca de la laguna de Río Cuarto, un bien de gran relevancia ambiental y turística para el cantón.
Por tal motivo estimamos que la omisión de la Setena de escuchar a la comunidad de Río Cuarto durante la tramitación del expediente nro. D1-0587-2025 lesionó el derecho fundamental a la participación ciudadana, lo que implica la nulidad de la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025 y retrotraer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de esta.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar el recurso en cuanto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por la vulneración del derecho fundamental a la participación ciudadana, lo que implica la anulación de la resolución nro. 1628-2025-SETENA de las 11:41 horas del 3 de noviembre de 2025 y retrotraer el procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de esta.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
EXPEDIENTE N° 26-019102-0007-CO
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