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Res. 33847-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/09/2026

Justified Denial of Potable-Water AvailabilityDenegación justificada de disponibilidad de agua potable

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The majority denied the amparo because AyA's decision was justified by the lack of service coverage and infrastructure and by insufficient hydraulic capacity, while two justices dissented and would have ordered concrete, progressive measures to secure access to potable water within a reasonable period.La mayoría declaró sin lugar el amparo porque la negativa del AyA estaba justificada por la falta de cobertura e infraestructura y por la insuficiencia hidráulica, mientras que dos magistrados disintieron y habrían ordenado medidas concretas y progresivas para garantizar el acceso al agua potable en un plazo razonable.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), by majority, denied the amparo application against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Although it recognized access to potable water as a fundamental right essential to life and health, it reiterated that this right does not entail unrestricted access to the service or prevent the provider from imposing general requirements. The Chamber found that the property lay outside the service area, had no water or sewer network along its boundaries, and was located in a hydraulically deficient zone where a new connection would seriously impair the already inadequate service received by existing users. It therefore held that AyA's denial rested on technical and legal grounds and was not arbitrary. The soundness of those grounds was a matter for the competent ordinary proceedings rather than amparo review. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissented and would have ordered concrete, progressive measures to secure access to potable water within a reasonable period.La Sala Constitucional, por mayoría, declaró sin lugar el recurso de amparo promovido contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Aunque reconoció el carácter fundamental del acceso al agua potable y su importancia para la vida y la salud, reiteró que ese derecho no supone acceso irrestricto al servicio ni impide que el prestador establezca requisitos generales. Tuvo por acreditado que el inmueble estaba fuera del área de cobertura, carecía de redes de agua y alcantarillado frente a sus linderos y se encontraba en una zona con insuficiencia hidráulica, donde una nueva conexión perjudicaría el servicio ya deficiente de los usuarios existentes. Por ello, consideró que la negativa del AyA estaba sustentada en razones técnicas y legales y no era arbitraria. Añadió que la corrección de esos criterios debía discutirse por las vías ordinarias competentes. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvaron el voto y habrían ordenado medidas concretas y progresivas para garantizar el acceso al agua en un plazo razonable.

Key excerptExtracto clave

From the foregoing circumstances, the arguments stated in the cited ruling are fully applicable to this case because the denial of water availability is supported by reasons that were communicated to the applicant. The decision does not constitute arbitrary conduct. It must also be noted that whether water availability should be granted, as well as the soundness of the technical reasons supporting the respondent's decision, are not matters to be debated in this jurisdiction because they constitute a dispute concerning ordinary legality outside this Chamber's jurisdiction. Nor may this Court act as a mediator before a particular natural or legal person—whether the latter is governed by public or private law—to intercede on behalf of a third person so that the requested relief is granted. The applicant's request for water availability is therefore improper and outside this Court's authority. Accordingly, the applicant may, if deemed appropriate, submit the objections or claims to the respondent authorities or through the competent judicial channel, where the merits may be fully debated and the claims pursued. Consequently, the amparo application must be denied.Del panorama expuesto se concluye que, los argumentos expuestos en la resolución citada resultan plenamente aplicables al caso concreto, pues la negativa de disponibilidad de agua se encuentra sustentada en razones que se le expusieron al solicitante. Lo resuelto no constituye una actuación arbitraria. Por otra parte, se debe señalar que la procedencia o no de la disponibilidad de agua, así como la pertinencia de las razones técnicas que sustentaron la decisión de la parte recurrida, no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Tampoco, puede este Tribunal fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea ésta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, por lo que, la solicitud del recurrente para que se otorgue la disponibilidad resulta improcedente y ajena a las competencias de este Tribunal. Por ello, deberá el recurrente si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso se debe declarar sin lugar.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, los prestadores del servicio pueden válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio."

    "On repeated occasions, this Chamber has held that, although the fundamental right to water and equal access to it are recognized because water is a service essential to life and health, this right does not entail unrestricted access to water, since service providers may validly establish general conditions and requirements for obtaining the service."

    Considerando III

  • "En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, los prestadores del servicio pueden válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio."

    Considerando III

  • "No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir la adopción de medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas."

    "The issue is not to require the impossible, but to demand the adoption of reasonable, alternative, or progressive measures so that people are not left unprotected."

    Voto salvado

  • "No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir la adopción de medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas."

    Voto salvado

  • "El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la entidad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas."

    "Water is not just another service; it is an essential human right. The respondent entity therefore cannot disregard its duty to guarantee that right by invoking technical limitations without offering effective solutions."

    Voto salvado

  • "El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la entidad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas."

    Voto salvado

  • "Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar el recurso."

    "The amparo application is denied. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and would grant the application."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar el recurso."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review Case: 26-026180-0007-CO Decision No. 2026033847 CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 3 September 2026.

Amparo proceeding filed by Nombre01 against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, AYA).

Background:

  1. 1By a submission received by the Chamber’s Secretariat on 21 July 2026, the amparo applicant filed an amparo proceeding against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and stated that she owns a home and that, approximately one and a half years ago, she applied to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) concerning the possibility of obtaining drinking-water service for her property. She states that, when making that application, AyA officials informed her that no water-service entitlements were available in the area, and for that reason it has not been possible to obtain the requested service. She indicates that the problem affects not only her family but also other homes in the community that likewise lack formal access to a drinking-water supply. She states that seven people live in her household, including three minors, who depend on access to safe water to meet their basic drinking, food-preparation, and hygiene needs.She adds that, because the public service was unavailable, they were forced to construct a hand-dug well to supply themselves. She indicates, however, that the well is becoming depleted and that the quality of the water obtained is poor. She states that the situation has affected the health of her family members, particularly the children, who, she asserts, have experienced health problems associated with the condition of the available water. She further states that she and other affected residents would be willing to perform the work necessary to connect their homes to an existing water main if the respondent institution authorizes or facilitates a solution that provides access to the service.
  2. 2By a decision of the Presidency issued at 14:32 on 29 July 2026, this amparo proceeding was admitted for processing, and a report was requested from the HEAD OF THE ALAJUELA OFFICE OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (see electronic record).
  3. 3Johnny Rodríguez Alvarado, Head of the Alajuela Cantonal Unit of the Central Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath that:

“(…) 1. Denied Application and Supply Problem. Prior application: Approximately one and a half years ago, the applicant applied to AyA for the availability and connection of drinking-water service for her home. AyA’s response: Institution officials told her that no water-service entitlements were available in the area, making formal access to the service impossible. Community impact: She asserts that the lack of drinking water affects not only her family unit but also other homes in the community. 2. Vulnerable Population and Health Risk. Family unit: Seven people live in the home, three of whom are minors. Provisional solution and deficiencies: Following the denial of service, they constructed a hand-dug well to supply themselves; however, it is becoming depleted, and the water quality is poor. Health effects: She states that the inadequate water quality has caused health problems among her family members, with a particular impact on the minors. 3.

Willingness to Assist / Proposed Solution. The applicant states that she and the affected residents are willing to undertake or assist with the work necessary to connect to an existing water main, provided that AyA authorizes or facilitates the legal/technical solution for access to the public service. I. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE APPLICANT. By technical report GSP-RC-A-2026-00614 dated 6 August 2026, which is attached as an integral part of the evidence supporting this response report, official Roger Guevara Obando of the Alajuela RCO Cantonal Unit reports under oath on the steps taken by AyA in connection with the applicant’s complaint. FIRST: In summary, report GSP-RC-A-2026-00614 states: The report indicates that the studies and analyses performed using the geographic-location tool and historical satellite analysis show that the lot went from having no structures on 30 September 2021 to having five buildings as of 16 July 2025, in addition to earthworks (movimientos de tierra).

The construction development proceeded without any prior certificates of service availability being registered in AyA’s Integrated System for the Management of Availability and Developments (Sistema Integrado para Gestión de Disponibilidades y Desarrollos, SIGDD), although the Municipal Administration is responsible for verifying and issuing construction permits when service availability is in place, as established in the Urban Planning Law, the Construction Law, and its regulations. It adds that the Institution is unaware of the existence and quality of the alleged hand-dug well’s water. Because this is self-supply for single-family domestic use, it is governed by Article 37 of the Water Law and Decreto 41058-MINAE; the Constitutional Chamber is therefore advised to grant a hearing to the Área Rectora de Salud ARS Alajuela 2 so that it may evaluate the habitability of the homes under the General Health Law.

It emphasizes that the technical analysis focused on the Cacique Borbón pressure zone, which belongs to the CO-A-01 El Pasito de Alajuela System, and produced the following critical findings: The applicant’s lot, identified under Folio Real 2-435422 and cadastral plan A-1248894-2007, borders an agricultural right-of-way easement (servidumbre de paso agrícola) to the north, and neither AyA nor any other public operator has a drinking-water distribution pipe beneath that easement. The property is outside the service area and is not enabled in the Integrated Commercial System (OPEN S.C.I.). Water Sufficiency vs. Hydraulic Deficiency: Although the zone theoretically has sufficient water resources to meet demand, there is an operational dependency between the Cacique and Borbón tanks. The storage level of the former restricts transfer to the latter, hydraulically affecting sectors such as barrio San José and Santiago Oeste (El Coco), the sector in which the applicant’s property is located.

Daily Impact (Santiago Oeste - El Coco): Service is interrupted for more than 12 hours each day (from 08:00 to 22:00 h during the rainy season), with nighttime pressure below the optimal minimum (less than 10 m.c.a. (1Kg/cm²)). Current Mitigation Measures: AyA is compelled to supply water daily by tanker truck to compensate for interruptions affecting current users. Fraudulent Connections: The problem has worsened since November 2023 because of the growth of the irregular human settlement ‘Tierras de Canaan,’ which makes fraudulent connections that diminish the resource. This situation was reported to the Local Government, without any conclusive response. Improvement Projects Underway: BPIP 1224 (‘Reducción Índice Agua No Contabilizada’) is being processed, and recent works have been carried out through Bid 2021LN- 000013-0021400001. Sanitary Sewerage: There is no sewer network whatsoever in the area, contrary to Article 36 of the Service Provision Regulations.

FINAL CONCLUSIONS OF THE TECHNICAL REPORT. 1. Outside the Service Area: Property PRN01 is outside the service area of all AyA systems; there is no water or sewer network. 2. Lack of Feasibility: It is determined that granting service availability is technically impossible because of noncompliance with the parameters required by the AyA Service Provision Regulations. 3. Protection of Current Users: The hydraulic insufficiency in the area (Santiago Oeste, Dirección03, Dirección02, Montesión) means that granting a positive availability determination would seriously impair the already deficient service provided to current users [cite: 6]. 4. Infeasibility of the Proposed Solution: The connection requested by the applicant is infeasible because access to her property is through an agricultural easement without piping, and the designated use of the land restricts this option. 5. Legal Impossibility: Because there is no infrastructure abutting the boundaries of the property, the absence of legal and technical feasibility is established. 6.

Denial of Water Capacity: Because the area is operationally deficient, it is not legally feasible to issue a Water Capacity Certificate (Constancia de Capacidad Hídrica) for branch-line extensions for new projects until the improvements underway have been completed. SECOND: As correctly stated in technical report GSP-RC-A-2026-00614, the analysis conducted to better decide the application included a historical photographic analysis covering the period from 2021 to 2026, corresponding to Illustration 2, Illustration 3, Illustration 4, Illustration 5, Illustration 6, and Illustration 7, which shows that, despite the lack of technical feasibility at the applicant’s property, construction has continued, thereby further diminishing their own self-supply. It should also be noted that, in this case, although the applicant knew of the decision denying the water-availability request, she decided not only to build her dwelling on the property in question but also to continue increasing the number of structures on the property.

In other words, the water shortage of which she complains is attributable to her own negligence in constructing additional dwelling units in an area where she already knew that the water availability in question did not exist. Note that Illustration 3: Screenshot of historical satellite imagery, area of the lot of interest (cadastral plan 2-1248894-2007), dated 14 March 2022, showed one (1) structure or building, while Illustration 6: Screenshot of historical satellite imagery, area of the lot of interest (cadastral plan 2-1248894-2007), dated 16 July 2025, already shows five (5) structures or buildings, although the documentary requirement of a positive availability certificate for the existing buildings has not been met. (See report GSP-RC-A-2026-00614.) THIRD: REGARDING AYA’S ACTIONS. After reading and analyzing the applicant’s allegations, it is concluded that AyA, as a Public Institution, acted in compliance with the principle of legality contained in Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Public Administration Law, which provide that, as public officials, we have a duty to observe that principle and must comply with the laws and regulations established by the applicable rules and procedures, as well as the AyA Regulations on the Provision of Services to Customers.

In this regard, it must be recognized that regulations associated with public services are not happenstance, arbitrary, or capricious but instead reflect the principle of legality, not only on the part of AyA but also on the part of the service regulator (ARESEP). This submission therefore amply establishes the absence of technical and legal feasibility for granting what the applicant seeks. As provided in Article 07 subsection 12, Article 31, and Articles 08 and 09 of the AyA Service Provision Regulations, published in Supplement No. 29 to La Gaceta No. 27 on Tuesday, 9 February 2021, and their subsequent amendments, it is clear that, in this specific case, there is no technical feasibility for providing water service to the applicant’s property. As may be seen in this case, the ‘NON-Availability’ determination at issue is based on technical considerations prescribed in the legal system that governs us and that, consequently, cannot be disregarded, as stated in Report GSP-RC-A-2026- 00614.

That technical study is based on the regulations established in the aforementioned articles, fundamentally Article 7, which states: 12. Technical feasibility analysis for the granting of services: The process of verifying the real and present existence of sufficient water resources and sufficient hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant availability and the eventual service connection. For such purposes, the following conditions must be observed: (…) b. That the systems have sufficient water-resource, hydraulic, drinking-water treatment, and wastewater-treatment capacity to grant new services. Consequently, the regulations provide that AyA will provide water-supply services for residential use and wastewater sanitation services within the service area, provided that technical and legal feasibility exists. Similarly, Article 14 regulates the conditions under which AyA will provide its services once technical feasibility at the properties has been verified.

The foregoing is relevant to the analysis of any availability request; in the amparo now before us, it prevents the installation of a new service because of a technical limitation, as properly described in the FIRST section of this response report, which is based on technical report GSP-RC-A-2026-00614 and refers to the conditions in the sector in which the applicant seeks service. At present, the sector in which the applicant seeks service does not have the technical conditions necessary to provide services in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach, as indicated in Articles 8 and 9 of the AyA Service Provision Regulations. It is clear that AyA must observe the existing rules, particularly in fulfillment of the principle of legality governing the Public Administration and the Political Constitution; the Institution must comply with its own Regulations and may make no exception.

Services that do not comply with the technical and legal regulations therefore cannot be granted. Regarding the evident technical and legal impossibility in this case, we echo the legislature’s intent embodied in Article 16 of the General Public Administration Law, as reflected in Record No. 94 of the Special Commission Drafting the Administrative Code Bill, from its meeting held on 12 March 1970. After the President of that Commission read Article 16 of the General Public Administration Law and was asked, ‘What are unequivocal legal rules of science or technology?,’ Lic. Eduardo Ortíz Ortíz stated: ...in cases where there is a technical or scientific rule...there is no possibility whatsoever of exercising freedom of judgment...Thus, unequivocal technical or scientific rules refer to rules that, under the circumstances of the administrative matter being decided or ruled upon, have a clear, unambiguous, and precise meaning; the word ‘unequivocal’ could even be eliminated and replaced with ‘exact rules of science or technology’ ...

We are therefore establishing that, in cases where the Administration acts in technical matters that have a clear and precise meaning in the case, the technical rules will operate in that case like laws; violation of the technical aspects of an administrative act involving a public service will naturally be unlawful, exactly as if a legal provision had been violated.’ The cited doctrine has had such reach that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice endorsed that principle in Voto No. 1380-92 at 3:05 p.m. on 27 May 1992, holding that...Pursuant to Article 16.1 of the General Public Administration Law, ‘Under no circumstances may acts be issued contrary to unequivocal rules of science or technology...’ In other words, there is no discretion in the face of technical rules. The foregoing is relevant to the analysis of any availability request; in the amparo now before us, it prevents installation of a new service because of a technical limitation.

With respect to the applicant’s assertion that her constitutional right to water is being denied, the Constitutional Chamber has repeatedly ruled on compliance with the requirements established by regulation for obtaining services. In this regard, we cite the following decisions: ‘She alleges that, although it is entirely true that water is vital or indispensable to humanity, the Constitutional Chamber has stated that, to qualify for drinking-water service, the person concerned must comply with the provisions of the Regulations on the Provision of Services to Customers and the General Drinking Water Law: “...The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cannot be compelled to disregard the requirements established in its Service Provision Regulations or in the General Drinking Water Law (…)” The Chamber’s case law has repeatedly recognized the so-called fundamental right to water, while clarifying that it does not entail unrestricted access to water services or indiscriminate exercise of that right such that entities providing the service would be required to provide it under any conditions and at any time; that case law also recognizes that the Administration may validly establish general requirements that its users must satisfy.’ (Constitutional Chamber Decision No. 2018001108 at 9:30 a.m. on 26 January 2018.) And, more recently: ‘…The applicant must also be informed that drinking water’s status as a fundamental right does not entail unrestricted access to that public service, because technical impossibilities or noncompliance with subconstitutional requirements may arise, as in her case, on the basis of which the Administration may validly deny the service. …’ (Constitutional Chamber Decision No. 2020015195 at 9:15 a.m. on 14 August 2020.) It is important to note that, once the current technical limitations have been resolved, new applications for new services in the identified sectors may be assessed in order to provide users with optimal service in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach, in light of the regulations contained in the AYA Service Provision Regulations.

For this purpose, any interested person must comply with the technical and legal requirements established in the AyA Service Provision Regulations currently in force. (…)” He requests that the amparo be denied.

  1. 4The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Castillo Víquez writes the opinion; and, Reasons:

I. SUBJECT MATTER OF THE AMPARO

The applicant alleges that she owns a home and that, approximately one and a half years ago, she applied to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) concerning the possibility of obtaining drinking-water service for her property. She states that, when making that application, AyA officials informed her that no water-service entitlements were available in the area, and for that reason it has not been possible to obtain the requested service.

II. PROVEN FACTS

The following facts relevant to deciding this amparo proceeding are deemed established:

1. Approximately one and a half years ago, the applicant submitted an application for drinking-water service to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the application was denied (report submitted and documentation provided).

2. The applicant’s home borders an agricultural right-of-way easement to the north, and neither AyA nor any other public operator has a drinking-water distribution pipe beneath that easement; consequently, the property is outside the service area and is not enabled in the Integrated Commercial System (see reports submitted under oath).

  1. 3The studies and analyses performed using the geographic-location tool and historical satellite analysis show that the lot went from having no structures on 30 September 2021 to having five buildings as of 16 July 2025, in addition to earthworks. The construction development proceeded without any prior certificates of service availability being registered in AyA’s Integrated System for the Management of Availability and Developments (Sistema Integrado para Gestión de Disponibilidades y Desarrollos, SIGDD) (report submitted).
  2. 4Property PRN01 is outside the service area of all AyA systems; there is no water or sewer network (report submitted).
  3. 5The hydraulic insufficiency in the area (Santiago Oeste, Dirección03, Dirección02, Montesión) means that granting a positive availability determination would seriously impair the already deficient service provided to current users (report submitted).

6. Granting service availability is legally and technically impossible because of noncompliance with the parameters required by the AyA Service Provision Regulations, as there is no infrastructure abutting the boundaries of the property (see report submitted under oath).

III. MERITS

This Chamber has repeatedly held that, although the fundamental right to water and access thereto under equal conditions is recognized because it is an essential service for life and health, this right does not entail unrestricted access to water, since service providers may validly establish general conditions and requirements for access to the service. It is likewise valid for the public or private entities administering the service to deny applications for water service or for a water-availability letter when the interested person fails to meet the requirements or when technical or legal reasons justify the denial. For example, in judgment number 2016-006027 at 09:05 on 6 May 2016, this Chamber held as follows:

“In judgment 2014-9134 at 14:05 on 19 June 2014, which addressed an issue very similar to the one raised in this proceeding, this Constitutional Court held: ‘(...) In repeated judgments on this issue, this Chamber has stated that the supply of drinking water is considered a public service under the Costa Rican legal system and that, as such, every public-service provider—whether a public or private entity—is required to provide the service continuously, efficiently, under equal conditions, and with adaptation to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 at 11:25 a.m. on 26 September 2001 and judgment 2004-08161 at 10:53 a.m. on 23 July 2004). It is therefore clear that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as one of the State entities responsible for providing the public drinking-water service, is also required to provide that service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants.

Nevertheless, this Constitutional Court’s case law has also stated that, when there is a legal impossibility (meaning failure to comply with requirements established in the applicable regulations) or a formal impossibility (meaning the absence of a Water Distribution Network), it is reasonable not to grant service applications or to require the interested person to bear the installation costs when no drinking-water distribution network exists and infrastructure must be constructed. Thus, in such cases, it is clear that this is not a denial of access to drinking-water service but rather an inability to provide it, or that the interested person must participate in overcoming a technical impossibility, namely the lack of infrastructure. In other words, provided that the failure to supply drinking-water service is not capricious, arbitrary, or unfounded but is justified by a legal or material impossibility, there is no violation of fundamental rights.

In this specific case, the evidence provided and the report submitted under oath confirm that AyA did not arbitrarily deny the applicant’s request, but did so because not all of the technical and legal requirements established by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Regulations on the Provision of Services to Customers for approving new services had been met.’”

IV.Specific case. According to the report submitted, which is deemed to have been given under oath, and the documentation provided, it has been shown that approximately one and a half years ago the applicant submitted an application for drinking-water service to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the application was denied. The applicant’s home borders an agricultural right-of-way easement to the north, and neither AyA nor any other public operator has a drinking-water distribution pipe beneath that easement; consequently, the property is outside the service area and is not enabled in the Integrated Commercial System. The studies and analyses performed using the geographic-location tool and historical satellite analysis show that the lot went from having no structures on 30 September 2021 to having five buildings as of 16 July 2025, in addition to earthworks. The construction development proceeded without any prior certificates of service availability being registered in AyA’s Integrated System for the Management of Availability and Developments (Sistema Integrado para Gestión de Disponibilidades y Desarrollos, SIGDD).

Property PRN01 is outside the service area of all AyA systems; there is no water or sewer network. The hydraulic insufficiency in the area (Santiago Oeste, Dirección03, Dirección02, Montesión) means that granting a positive availability determination would seriously impair the already deficient service provided to current users. Granting service availability is legally and technically impossible because of noncompliance with the parameters required by the AyA Service Provision Regulations, as there is no infrastructure abutting the boundaries of the property.

It follows from the circumstances described that the reasoning set forth in the cited decision is fully applicable to this specific case, because the denial of water availability is supported by reasons that were communicated to the applicant. The decision does not constitute arbitrary action. Moreover, whether water availability should be granted, as well as the soundness of the technical reasons supporting the respondent’s decision, are not matters to be adjudicated in this Jurisdiction, because they concern an ordinary-law dispute outside this Chamber’s jurisdiction. Nor may this Court act as a mediator before a particular natural or legal person—whether the latter is governed by public or private law—to intercede on behalf of a third party so that the relief sought may be granted. The applicant’s request that availability be granted is therefore inadmissible and outside this Court’s jurisdiction. Accordingly, the applicant may, if she deems it appropriate, raise her objections or claims before the respondent authorities or through the competent judicial proceedings, where she will be able to fully litigate the merits of the matter and assert her claims. Consequently, the amparo must be denied.

V. DISSENTING OPINION OF JUSTICES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, WRITTEN BY THE FORMER

For the reasons stated below, we consider that this amparo proceeding should be granted. The majority opinion denies the amparo because, in its view, the challenged denial does not result from arbitrary or discriminatory conduct but is supported by technical criteria, such as the insufficient hydraulic capacity of the supply system and the system’s inadequate capacity to meet current demand without compromising the continuity, quality, and quantity of service to existing users. It fails, however, to give proper weight to the fact that access to drinking water is a fundamental right indispensable to life, health, and human dignity.

Article 21 of the Political Constitution protects human life, and this Court has recognized that access to water for human consumption is a material prerequisite for that right. Likewise, Article 50 of the Constitution imposes upon the State the duty to guarantee the well-being of all inhabitants, which necessarily includes effective, sufficient, and continuous access to drinking water. At the international level, instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—as interpreted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in its General Comment No. 15—recognize the human right to water and require States to adopt positive measures for its full realization. The State has a heightened obligation in a social and democratic state governed by the rule of law; for that reason, supplying water is a priority obligation of the public authorities.

The public-service provider cannot limit itself to identifying deficiencies in the system; it has a legal duty to plan, anticipate, and implement the actions necessary to progressively guarantee access to water service, especially where water for human consumption is concerned.

This is not a matter of requiring the impossible, but of requiring the adoption of reasonable, alternative, or progressive measures so that persons are not left without protection.

Water is not merely another service; it is an essential human right. The respondent entity therefore cannot disregard its duty to guarantee that right by invoking technical limitations without offering effective solutions.

For these reasons, we consider that the amparo proceeding should be granted, at least to order the adoption of specific and progressive measures that would guarantee the protected party effective access to drinking water within a reasonable period. Water is a good and a fundamental right whose effective enjoyment must be ensured; this is an unavoidable duty.

VI. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The applicant is advised that, if she submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, she must collect them from the court office within a maximum period of 30 business days after notice of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary,” approved by the Full Court at session number 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary at session number 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The amparo is denied. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and would grant the amparo.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE No. 26-026180-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del tres de setiembre de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA).

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 21 de julio de 2026, la recurrente presenta recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y manifiesta que es propietaria de una vivienda y que desde hace aproximadamente un año y medio gestionó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la posibilidad de obtener el servicio de agua potable para su inmueble. Refiere que, al realizar dicha gestión, funcionarios del AyA le informaron que en la zona no existían derechos de agua disponibles, razón por la cual no ha sido posible acceder al servicio solicitado. Señala que la problemática no solo afecta a su familia, sino también a otras viviendas de la comunidad que igualmente carecen de acceso formal al suministro de agua potable. Manifiesta que en su hogar residen siete personas, entre ellas tres personas menores de edad, quienes dependen del acceso a agua segura para satisfacer sus necesidades básicas de consumo, alimentación e higiene.Añade que, ante la ausencia del servicio público, se vieron obligados a construir un pozo artesanal para abastecerse. Sin embargo, indica que dicho pozo se encuentra en proceso de agotamiento y que la calidad del agua obtenida es deficiente. Refiere que la situación ha generado afectaciones a la salud de los integrantes de su familia, particularmente de los niños, quienes según afirma han presentado problemas de salud asociados a las condiciones del agua disponible. Manifiesta además que estaría dispuesta, junto con otros vecinos afectados, a realizar las obras necesarias para conectar sus viviendas a una tubería principal existente, si la institución recurrida autoriza o facilita una solución que permita el acceso al servicio.
  2. 2Por resolución de Presidencia de las 14:32 horas del 29 de julio de 2026, se le dio curso al presente recurso de amparo y se solicitó informe al JEFE DE LA AGENCIA DE ALAJUELA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ver registro electrónico).
  3. 3Informa bajo juramento Johnny Rodríguez Alvarado, Jefe de la Unidad Cantonal de Alajuela de la Región Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que:

“(…) 1. Solicitud Denegada y Problemática de Abastecimiento. Gestión previa: La recurrente gestionó ante el AyA, desde hace aproximadamente un año y medio, la disponibilidad y conexión del servicio de agua potable para su vivienda. Respuesta del AyA: funcionarios de la institución le indicaron que no existen derechos de agua disponibles en la zona, imposibilitando el acceso formal al servicio. Afectación comunitaria: Asevera que la falta de agua potable no solo afecta a su núcleo familiar, sino también a otras viviendas de la comunidad. 2. Población Vulnerable y Riesgo a la Salud Núcleo familiar: En la vivienda residen siete personas, de las cuales tres son personas menores de edad. Solución provisional y deficiencias: Ante la negativa del servicio, construyeron un pozo artesanal para abastecerse; sin embargo, este se encuentra en proceso de agotamiento y la calidad del agua es deficiente.

Afectación a la salud: Señala que la calidad inadecuada del agua ha provocado problemas de salud en los integrantes de su familia, con un impacto particular en los menores de edad. 3. Disposición de Coadyuvancia / Propuesta de Solución. La recurrente manifiesta que ella y los vecinos afectados están dispuestos a asumir o colaborar en las obras necesarias para conectarse a una tubería principal existente, siempre y cuando el AyA autorice o facilite la solución legal/técnica para el acceso al servicio público. I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE RECURRENTE. Mediante informe técnico GSP-RC-A-2026-00614 de fecha 6 de agosto del 2026 que se adjuntan como prueba integral de este informe de respuesta, el funcionario Roger Guevara Obando, Unidad Cantonal Alajuela RCO informa bajo fe de juramento sobre las gestiones realizadas por parte de AyA en relación con lo reclamado por el recurrente.

PRIMERO: Informe GSP-RC-A-2026-00614 en resumen indica: Señala dicho informe que de los estudios y análisis de la herramienta de ubicación geográfica y del análisis histórico satelital demuestra que el predio pasó de no tener estructuras inmobiliarias en fecha 30 de setiembre de 2021 a poseer cinco construcciones a la fecha 16 de julio de 2025, además de movimientos de tierra. El desarrollo constructivo se realizó sin registrar constancias de disponibilidad de servicios previas en el Sistema Integrado para Gestión de Disponibilidades y Desarrollos (SIGDD) de AyA, siendo competencia de la Administración Municipal la verificación y emisión de permisos constructivos si contar con la disponibilidad de servicios como lo estables en la ley de Planificación Urbana, la ley de construcciones y su reglamento. Adiciona que la Institución desconoce la existencia y calidad del agua del pozo artesanal alegado.

Al tratarse de autoabastecimiento para uso doméstico unifamiliar, se rige por el artículo 37 de la Ley de Aguas y el Decreto 41058-MINAE, por lo que se sugiere a la Sala Constitucional dar audiencia al Área Rectora de Salud ARS Alajuela 2 para que evalúe la habitabilidad de las viviendas según la Ley General de Salud. Resalta que el análisis técnico se centró en la zona de presión Cacique Borbón, perteneciente al Sistema CO-A-01 El Pasito de Alajuela, arrojando los siguientes resultados críticos: Que el predio del recurrente identificado con Folio Real 2-435422, según plano catastrado A-1248894-2007 colinda al norte con una servidumbre de paso agrícola, y en la misma no existe tubería de distribución de agua potable de AyA ni de ningún otro operador público bajo dicha servidumbre. El inmueble se encuentra fuera del área de cobertura y no está habilitado en el Sistema Comercial Integrado (OPEN S.C.I.) Solvencia Hídrica vs. Deficiencia Hidráulica: Aunque la zona tiene solvencia hídrica teórica para la demanda, existe una dependencia operativa entre los tanques Cacique y Borbón.

El nivel de almacenamiento del primero restringe el trasiego al segundo, afectando hidráulicamente sectores como barrio San José y Santiago Oeste (El Coco) sector donde se ubica el inmueble de la recurrente. Afectación Diaria (Santiago Oeste - El Coco): El servicio sufre discontinuidad de más de 12 horas diarias (de 08:00 a 22:00 h en época lluviosa), con presiones nocturnas por debajo del mínimo óptimo (menores a 10 m.c.a. (1Kg/cm²) Medidas de Mitigación Actuales: El AyA se ve obligado a suministrar agua diariamente mediante camiones cisterna para compensar la discontinuidad a los usuarios actuales. Conexiones Fraudulentas: El problema se agravó desde noviembre de 2023 por el crecimiento del asentamiento humano irregular "Tierras de Canaan", el cual realiza conexiones fraudulentas, mermando el recurso. Esta situación fue denunciada sin respuesta resolutiva del Gobierno Local. Proyectos de Mejora en Curso: Se encuentra en gestión el BPIP 1224 ("Reducción Índice Agua No Contabilizada") y se han ejecutado obras recientes mediante la Licitación 2021LN- 000013-0021400001.

Alcantarillado Sanitario: Inexistencia total de red de alcantarillado en la zona, incumpliendo el artículo 36 del Reglamento de Prestación de Servicios. CONCLUSIONES DEFINITIVAS DEL INFORME TÉCNICO. 1. Fuera de Cobertura: El inmueble PRN01 está fuera del área de cobertura de todos los sistemas del AyA; no hay red de agua ni de alcantarillado. 2. Ausencia de Factibilidad: Se determina la imposibilidad técnica de otorgar la disponibilidad de servicio debido al incumplimiento de los parámetros exigidos en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA 3. Protección a Usuarios Actuales: La insuficiencia hidráulica en la zona (Santiago Oeste, Dirección03, Dirección02, Montesión) implica que otorgar una disponibilidad positiva menoscabaría gravemente el servicio (ya deficiente) de los usuarios actuales [cite: 6]. 4. Inviabilidad de la Solución Propuesta: La conexión solicitada por la recurrente es inviable dado que el acceso a su propiedad es por una servidumbre agrícola sin tubería, y la vocación del terreno restringe esta opción 5.

Imposibilidad Legal: Al no existir infraestructura frente a los linderos del inmueble, se acredita la ausencia de factibilidad legal y técnica 6. Denegación de Capacidad Hídrica: Siendo un área operativamente deficitaria, no es jurídicamente viable emitir una Constancia de Capacidad Hídrica (extensiones de ramal) para nuevos proyectos hasta que finalicen las mejoras en curso. SEGUNDO: Como bien lo señala en el informe técnico GSP-RC-A-2026-00614 que del análisis efectuado para un mejor resolver la solicitud efectuada, se ha realizado un análisis fotográfico (histórico) que contempla el periodo de 2021 a 2026 y que corresponde a Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 4, Ilustración 5, Ilustración 6 e Ilustración 7, que a pesar de la falta de factibilidad técnica en el inmueble de la recurrente, siguen construyendo acrecentado la disminución de su propio autoabastecimiento. Ahora bien, nótese que, en este caso, el recurrente, pese a conocer la resolución atinente al rechazo de la disponibilidad de agua que solicitó, tomó la decisión no solo de construir su casa de habitación en la propiedad en cuestión, sino siguen aumentado la cantidad de contracciones en inmueble.

Es decir, la falta de agua que aqueja se debe a su propia negligencia al construir más unidades de habitación en una zona donde ya bien sabía que no se contaba con la disponibilidad de agua en cuestión. Nótese que en la Ilustración 3: Captura de pantalla de histórico de imágenes satelitales, área de predio de interés (plano catastrado 2-1248894-2007), en fecha 14 de marzo 2022, contaba con una (1) construcción o edificación y en la Ilustración 6: Captura de pantalla de histórico de imágenes satelitales, área de predio de interés (plano catastrado 2-1248894-2007), de fecha 16 de julio 2025, ya cuenta con cinco (5) construcciones o edificaciones sin contar con el requisito documental de la constancia de disponibilidad positiva para la construcciones existentes. (ver informe GSP-RC-A-2026-00614) TERCERO: SOBRE LAS ACTUACIONES DE AYA. Realizado la lectura y análisis de lo alegado por el recurrente se concluye que AyA, como Institución Pública actúo en acatamiento al principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública; que señala que como funcionarios públicos, estamos en el deber de observar dicho principio, y debemos sujetarnos a las leyes y reglamentos establecidos por las normas y procedimientos establecidos, así como en el Reglamento de Prestación de Servicio a Clientes de AyA.

Por lo que al respecto debe considerarse que el establecimiento de regulaciones asociadas a los servicios públicos, no son casuales, arbitrarias ni antojadizas, sino que responden al principio de legalidad; no solo por el AyA, sino además por el ente regulador del servicio (ARESEP); es por ello por lo que queda abundantemente acreditado en este escrito la ausencia de factibilidad técnica y legal para otorgar lo pretendido por el recurrente. Tal y como se fundamenta en los artículos 07 inciso 12, 31 y artículos 08 y 09 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, publicado en el Alcance Nº 29 a la Gaceta Nº 27, martes 9 de febrero del 2021 y sus posteriores reformas, es claro que, para el caso en concreto no existe factibilidad técnica para dotar de servicio de agua para el inmueble de recurrente. Como se puede observar en el presente caso, la “NO Disponibilidad”, para el caso en estudio obedece a aspectos técnicos prescritos en el ordenamiento jurídico que nos rige, y que por consiguiente no se pueden obviar, pues de acuerdo con lo indicado en el Informe GSP-RC-A-2026- 00614.

Dicho estudio técnico se basa según las regulaciones establecidas en los artículos antes señalados, fundamentalmente en el artículo 7, que indica: 12. Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: (…) b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. En consecuencia, la normativa dispone que AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre que cuente con factibilidad técnica y legal. En ese mismo sentido el artículo 14, regula las condiciones donde AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles.

Lo anterior resulta relevante para el análisis de cualquier disponibilidad; y para el caso que nos ocupa en este amparo; impide instalar un nuevo servicio, la cual tiene una limitación técnica como bien se señala en el apartado PRIMERO de este informe de respuesta; que se fundamentan en el informe técnico GSP-RC-A-2026-00614, donde hace referencia a las condiciones del sector en el cual pretende el servicio el recurrente. En la actualidad, el sector donde pretende el recurrente el servicio no cuenta con las condiciones técnicas para la prestación de los servicios en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, tal como se indica en los artículos 8 y 9 del Reglamento de Prestación de los Servicios de AyA. Es claro que AyA debe ser observador de la normativa existente, máxime por el cumplimiento del principio de legalidad que rige a la Administración Pública y la Constitución Política; donde la Institución tiene que acatar su propia Reglamentación y no podrá hacer salvedad alguna; por lo que no es posible otorgar servicios que no cumplan con la reglamentación técnica y legal.

En cuanto a la imposibilidad técnica y legal evidente en este caso, nos permitimos hacer eco del espíritu del legislador consagrado en el contenido del numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, mismo que se extrae del Acta de la Comisión Especial Redactora del Proyecto de Código Administrativo No. 94 celebrada el día 12 de marzo de 1970, siendo leído el artículo número 16 de la Ley General de la Administración Pública por el Presidente de dicha Comisión y ante la pregunta ¿Qué son “reglas jurídicas unívocas de la ciencia o de la técnica”?, el Licenciado Eduardo Ortíz Ortíz manifestó: ...en los casos en donde hay una regla técnica o científica...no hay posibilidad ninguna de tener libertad de criterio...Entonces, por reglas técnicas o científicas unívocas, se alude a aquellas reglas que en la circunstancia del caso administrativo que se está decidiendo o sobre el cual se está resolviendo, tenga un sentido claro, inequívoco y preciso, incluso se puede eliminar la palabra “unívoca” y sustituirla por “reglas exactas de la ciencia o la técnica” ...

Entonces nosotros estamos estableciendo que en los casos en que la Administración actúe en materias técnicas que tengan un significado claro y preciso en el caso, las reglas técnicas van a ser, en ese caso, como leyes, la violación de los aspectos técnicos de un acto administrativo de un servicio público naturalmente va a ser una ilegalidad exactamente como si estuviera violando un precepto legal”. Ha sido tal el alcance de la doctrina citada, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto No. 1380-92 de las quince horas y cinco minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y dos, ha prohijado dicho principio, sentenciando que...De conformidad con el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica...”. En otras palabras, frente a la técnica no existe discrecionalidad.

Lo anterior resulta relevante para el análisis de cualquier disponibilidad; y para el caso que nos ocupa en este amparo; impide instalar un nuevo servicio, la cual tiene una limitación, técnica. Con respecto a lo indicado por el recurrente respecto a que se le niega su derecho constitucional al agua, la Sala Constitucional precisamente en reiteradas ocasiones se ha pronunciado, con relación al cumplimiento de los requisitos dispuestos reglamentariamente, para la obtención de los servicios. Al respecto mencionamos las siguientes resoluciones: “Alega, si bien es totalmente cierto que el agua es vital o indispensable para la humanidad, la Sala Constitucional ha señalado que para optar por un servicio de agua potable el administrado debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicio a los Clientes y la Ley General de Agua Potable "...No es posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir los presupuestos establecidos en su Reglamento de Prestación de Servicios ni en la Ley General de Agua Potable (…)" La Jurisprudencia de la Sala ha sido reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental del agua pero aclarando que el mismo no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, o un ejercicio indiscriminado de éste de manera que exista una obligación de los entes que prestan dicho servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad, además de reconocer que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por parte de sus usuarios.” (Sala Constitucional Res.Nº 2018001108 de a las nueve horas treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciocho.) Y aún más reciente: “…Por otra parte, se le debe indicar al recurrente que el carácter de derecho fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a dicho servicio público, por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos infra constitucionales como en su caso, con base en los cuales la Administración, válidamente, puede denegar el servicio. …

(Sala Constitucional Res. Nº 2020015195 las nueve horas quince minutos del catorce de agosto de dos mil veinte). Importante señalar que una vez satisfechas las limitaciones técnicas actuales, se podrán valorar nuevas solicitudes de nuevos servicios en los sectores señalados, para dotar al usuario de un servicio óptimo en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derecho humano, a la luz de las regulaciones contenidas en el Reglamento para la Prestación de Servicios de AYA, y para lo cual; debe cualquier interesado general cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos en el Reglamento para la prestación de los servicios de AyA vigente. (…)” Solicita que se declare sin lugar el recurso.

  1. 4En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I. OBJETO DEL RECURSO

La recurrente acusa que es propietaria de una vivienda y que desde hace aproximadamente un año y medio gestionó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la posibilidad de obtener el servicio de agua potable para su inmueble. Refiere que, al realizar dicha gestión, funcionarios del AyA le informaron que en la zona no existían derechos de agua disponibles, razón por la cual no ha sido posible acceder al servicio solicitado.

II. HECHOS PROBADOS

De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1. Hace aproximadamente un año y medio, la recurrente gestionó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solicitud del servicio de agua potable, la cual se denegó (informe rendido y documentación aportada).

2. La vivienda de la recurrente colinda al norte con una servidumbre de paso agrícola, y en la misma no existe tubería de distribución de agua potable de AyA ni de ningún otro operador público bajo dicha servidumbre, por lo que el inmueble se encuentra fuera del área de cobertura y no está habilitado en el Sistema Comercial Integrado (ver informes rendidos bajo fe de juramento).

  1. 3Conforme los estudios y análisis de la herramienta de ubicación geográfica y del análisis histórico satelital demuestra que el predio pasó de no tener estructuras inmobiliarias en fecha 30 de setiembre de 2021 a poseer cinco construcciones a la fecha 16 de julio de 2025, además de movimientos de tierra. El desarrollo constructivo se realizó sin registrar constancias de disponibilidad de servicios previas en el Sistema Integrado para Gestión de Disponibilidades y Desarrollos (SIGDD) de AyA (informe rendido).
  2. 4El inmueble PRN01 está fuera del área de cobertura de todos los sistemas del AyA; no hay red de agua ni de alcantarillado (informe rendido).
  3. 5La insuficiencia hidráulica en la zona (Santiago Oeste, Dirección03, Dirección02, Montesión) implica que otorgar una disponibilidad positiva menoscabaría gravemente el servicio (ya deficiente) de los usuarios actuales (informe rendido).

6. Existe una imposibilidad legal y técnica de otorgar la disponibilidad de servicio debido al incumplimiento de los parámetros exigidos en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, al no existir infraestructura frente a los linderos del inmueble (ver informe rendido bajo fe de juramento).

III. SOBRE EL FONDO

En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, los prestadores del servicio pueden válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la carta de disponibilidad de agua, cuando el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o legales que los justifiquen. Así por ejemplo, en sentencia número 2016-006027 de las 09:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente:

“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes.

Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales.

En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.

IV.Caso concreto. De conformidad con el informe rendido, que se tiene por dado bajo fe de juramento, y la documentación aportada, se demuestra que ha un año aproximadamente un año y medio, la recurrente gestionó ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solicitud del servicio de agua potable, la cual se denegó. La vivienda de la recurrente colinda al norte con una servidumbre de paso agrícola, y en la misma no existe tubería de distribución de agua potable de AyA ni de ningún otro operador público bajo dicha servidumbre, por lo que el inmueble se encuentra fuera del área de cobertura y no está habilitado en el Sistema Comercial Integrado. Conforme los estudios y análisis de la herramienta de ubicación geográfica y del análisis histórico satelital demuestra que el predio pasó de no tener estructuras inmobiliarias en fecha 30 de setiembre de 2021 a poseer cinco construcciones a la fecha 16 de julio de 2025, además de movimientos de tierra.

El desarrollo constructivo se realizó sin registrar constancias de disponibilidad de servicios previas en el Sistema Integrado para Gestión de Disponibilidades y Desarrollos (SIGDD) de AyA. El inmueble PRN01 está fuera del área de cobertura de todos los sistemas del AyA; no hay red de agua ni de alcantarillado. La insuficiencia hidráulica en la zona (Santiago Oeste, Dirección03, Dirección02, Montesión) implica que otorgar una disponibilidad positiva menoscabaría gravemente el servicio (ya deficiente) de los usuarios actuales. Existe una imposibilidad legal y técnica de otorgar la disponibilidad de servicio debido al incumplimiento de los parámetros exigidos en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, al no existir infraestructura frente a los linderos del inmueble.

Del panorama expuesto se concluye que, los argumentos expuestos en la resolución citada resultan plenamente aplicables al caso concreto, pues la negativa de disponibilidad de agua se encuentra sustentada en razones que se le expusieron al solicitante. Lo resuelto no constituye una actuación arbitraria. Por otra parte, se debe señalar que la procedencia o no de la disponibilidad de agua, así como la pertinencia de las razones técnicas que sustentaron la decisión de la parte recurrida, no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Tampoco, puede este Tribunal fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea ésta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende, por lo que, la solicitud del recurrente para que se otorgue la disponibilidad resulta improcedente y ajena a las competencias de este Tribunal. Por ello, deberá el recurrente si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso se debe declarar sin lugar.

V. VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO

Conforme a las consideraciones que indicamos a continuación estimamos que el presente recurso debe declararse con lugar. En el criterio de mayoría, la sentencia desestima el amparo porque, a su juicio, la negativa impugnada no obedece a una actuación arbitraria o discriminatoria, sino que encuentra fundamento en criterios técnicos, como lo es la insuficiencia de capacidad hidráulica del sistema de abastecimiento y ante la insuficiente capacidad del sistema para atender la demanda actual sin comprometer la continuidad, calidad y cantidad del servicio de los usuarios existente; sin embargo se omite ponderar adecuadamente que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana.

El artículo 21 de la Constitución Política protege la vida humana, y este Tribunal ha reconocido que el acceso al agua para consumo humano es un presupuesto material de ese derecho. Asimismo, el artículo 50 constitucional impone al Estado el deber de garantizar el bienestar de todos los habitantes, lo cual incluye necesariamente el acceso efectivo, suficiente y continuo al agua potable. En el ámbito internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –interpretado por el Comité DESC en su Observación General No. 15– reconocen el derecho humano al agua, obligando a los Estados a adoptar medidas positivas para su plena realización. Hay una obligación reforzada impuesta al Estado en un estado social y democrático de derecho, por esta razón el suministro de agua, es una obligación prioritaria de los poderes públicos.

El proveedor del servicio público no puede limitarse a constatar insuficiencias del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.

No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir la adopción de medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas.

El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la entidad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas.

Por estas razones, estimamos que el recurso debe declararse con lugar, al menos para ordenar la adopción de medidas concretas y progresivas que garantice, en un plazo razonable, el acceso efectivo al agua potable de la parte amparada. El agua es un bien y un derecho fundamental cuya vigencia debe asegurarse efectivamente, es un deber ineludible.

VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

EXPEDIENTE N° 26-026180-0007-CO

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