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Res. 36787-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/09/2026
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo solely because the institution failed to provide timely notice of the water system’s condition and mitigating measures, without awarding costs or damages, and denied the claim of recurring nighttime suspensions; two partial dissents would have imposed monetary liability.La Sala acogió el amparo únicamente por la falta de comunicación oportuna sobre la situación del acueducto y las medidas paliativas, sin condenatoria en costas, daños ni perjuicios, y rechazó el reclamo sobre supuestas suspensiones nocturnas recurrentes; dos votos salvados parciales habrían impuesto condenatorias patrimoniales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) partially granted the amparo proceeding against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). It found no proof of a recurring practice of nighttime service suspensions in Barranca, Puntarenas: the temporary reduction in the PC-A-17 water system’s capacity resulted from the accidental failure of two motors, and the ICAA regulated pressure to replenish its tanks and prevent critical daytime shortages. Before the amparo application was filed, however, the institution had not informed the public about the system’s operating condition or the mitigating measures adopted. It issued an announcement only on 9 September 2026, after receiving notice of the order admitting the amparo for processing. The majority therefore granted relief solely on that issue under Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without awarding costs or damages, and denied the remainder. Two partial dissents would impose monetary liability, although they differed on whether costs should also be awarded.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). No tuvo por demostrada una práctica recurrente de suspensiones nocturnas del servicio en Barranca de Puntarenas: la reducción temporal de la capacidad del acueducto PC-A-17 obedeció a la avería fortuita de dos motores y el ICAA aplicó maniobras de regulación de presión para recuperar los tanques y evitar desabastecimientos diurnos. Sin embargo, antes de interponerse el amparo no se había comunicado a la población la situación operativa ni las medidas paliativas. El aviso fue emitido el 9 de setiembre de 2026, después de notificarse el auto de curso. Por ello, la mayoría acogió únicamente ese extremo conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin condenar en costas, daños ni perjuicios; rechazó lo demás. Dos votos salvados parciales sostuvieron que correspondía imponer una condenatoria patrimonial, aunque discreparon respecto de las costas.
Key excerptExtracto clave
In this case, although the applicant is incorrect in asserting that the ICAA had suspended nighttime water service in the community of Barranca, Puntarenas, for three months, it is equally true that there is no evidence that, before this amparo application was filed, the respondent authority issued any announcement informing the public of the water system’s operating condition and the mitigating measures implemented. In that context, it should be noted that it was not until 9 September 2026 that the ICAA issued an announcement clarifying that no water shutoffs had been scheduled in several communities of Barranca, Puntarenas. It did indicate, however, that the measure applied consisted of temporary, regulated pressure control in the Barranca, El Roble, and Chacarita system during nighttime hours. Accordingly, because it was shown that this action occurred after notice of the order admitting the amparo for processing was served on the ICAA, which occurred on 1 September 2026, the appropriate disposition is to partially grant the amparo without an award of costs or damages, as stated below. Pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the amparo is partially granted, without a special award of costs or damages, solely with respect to the failure to issue an announcement concerning the water system’s operating condition and the mitigating measures implemented by the respondent authority. The amparo is denied in all other respects. Justice Salazar Alvarado partially dissents and would award damages and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and would award damages, but not costs.En la especie, si bien se estima que no lleva razón la recurrente al afirmar que desde hace tres meses el ICAA realiza suspensiones nocturnas en el servicio de agua en la comunidad de Barranca de Puntarenas, no menos cierto es que no consta que con anterioridad a la interposición del presente recurso la autoridad recurrida haya emitido algún comunicado informando a la población la situación operativa del acueducto y las acciones paliativas implementadas. En ese contexto, adviértase que fue hasta el 09 de setiembre de 2026 que el ICAA emitió un comunicado aclarando que no se han programado cortes de agua en varias comunidades de Barranca de Puntarenas. No obstante, sí indicó que la medida aplicada corresponde a un control temporal y regulado de presiones en el sistema de Barranca, el Roble y Chacarita durante las horas nocturnas. Así las cosas, como se demostró que dicha actuación fue desplegada con posterioridad a la notificación del auto de curso al ICAA, lo que ocurrió el 1º de setiembre de 2026, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación. De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente respecto a la falta de comunicado relacionado con la situación operativa del acueducto y las acciones paliativas implementadas por la autoridad recurrida. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
Pull quotesCitas destacadas
"Que desde hace tres meses el ICAA realice suspensiones nocturnas en el servicio de agua en la comunidad de Barranca de Puntarenas."
"That the ICAA had been suspending nighttime water service in the community of Barranca, Puntarenas, for three months."
Hechos no probados III.a
"Que desde hace tres meses el ICAA realice suspensiones nocturnas en el servicio de agua en la comunidad de Barranca de Puntarenas."
Hechos no probados III.a
"Que con anterioridad a la notificación del auto de curso, la autoridad recurrida ha emitido un comunicado informando a la población la situación operativa del acueducto y las acciones paliativas implementadas."
"That, before notice of the order admitting the amparo for processing, the respondent authority had issued an announcement informing the public of the water system’s operating condition and the mitigating measures implemented."
Hechos no probados III.b
"Que con anterioridad a la notificación del auto de curso, la autoridad recurrida ha emitido un comunicado informando a la población la situación operativa del acueducto y las acciones paliativas implementadas."
Hechos no probados III.b
"En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo."
"In any event, the affected party in this matter retains the option, if she so chooses, of bringing proceedings on the merits to demonstrate that she suffered some type of harm."
Considerando VI
"En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo."
Considerando VI
"Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
"Thus, the fact that the effects of the challenged act had already ceased when the amparo was heard and granted, under Articles 50 and 52 of the cited law, does not preclude an award of costs and damages, because such a case forms an integral part of the general system of mandatory awards established by the Ley de la Jurisdicción Constitucional."
Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado
"Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
Document Review Case: 26-030644-0007-CO Decision No. 2026036787 CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:20 a.m. on 24 September 2026.
Amparo proceeding filed under case number 26-030644-0007-CO by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).
BACKGROUND:
“She is a municipal council member in Puntarenas and a resident of Barranca de Puntarenas. She alleges that, for approximately three months, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) has maintained a recurring practice of suspending the drinking-water service during nighttime and early-morning hours, specifically between 11:00 p.m. and 3:00 a.m. or 4:00 a.m. She states that these service interruptions occur without prior notice, without the issuance of official announcements, and without technical explanations being provided to the affected community, thereby preventing residents from taking preventive measures or storing water. She explains that the lack of access to water during the night and early morning adversely affects sanitary conditions and the daily household activities of residents of Barranca. She states that two children, ages 5 and 3, live in her household and that the suspension of service therefore makes it difficult to prepare food, including infant formula, and to provide hydration and attend to hygiene and sanitation needs.
She mentions that the intermittent suspensions worsen ‘in cycles of approximately three months.’ She argues that these interruptions force various vulnerable groups, including children, older adults, and persons with chronic illnesses, to face restrictions on access to drinking water without having been informed of a solution. She notes that it is currently the rainy season and that the flow rates of the rivers used to supply the drinking-water treatment plant therefore do not reflect drought conditions or critical levels that would justify interruptions in the drinking-water service. She explains that she is also unaware of any official reports or force majeure events affecting the water-intake or distribution infrastructure. She argues that the nighttime service interruptions lack any technical, climatic, or emergency justification that has been communicated to users and therefore attributes the situation to administrative or operational deficiencies on the part of AyA.”
“Through technical report No. GSP-RPC-2026-01383, signed by engineer Kattia Marilyn Jiménez Castro of the Dirección Región Pacífico Central, she reports under oath on the actions undertaken by AyA in connection with the amparo applicant’s complaint. In summary, she reports on the operating conditions of water-supply system PC-A-17 Barranca, El Roble and Chacarita, which is attached as evidence forming an integral part of this response. In summary, that report states: FIRST: Water-supply system PC-A-17 is supplied by the Barranca River and three wells. During 2026, an unforeseen failure occurred in two motors used to convey raw water from the river intake to the drinking-water treatment plant, temporarily reducing intake and production capacity. To protect continuity of service and prevent critical shortages during the day, AyA diligently implemented controlled operational measures to regulate pressure during the night.
SECOND: It is imperative to clarify that there are no scheduled nighttime shutoffs or service suspensions. The measures consist strictly of temporarily regulating the outflow from the tanks so that their levels may recover. Water continues to enter the network. The installed pressure loggers confirm that positive pressure is maintained; the lowest recorded level has been approximately 6 meters of water column (m.c.a.) in higher-elevation areas, such as Escuela Kennedy, which makes it possible to maintain supply for users’ basic needs, such as drinking water and using sanitary facilities during nighttime hours. THIRD: The monitoring records identified only one specific and isolated event on 9 May 2026, when pressure fell to nearly zero for approximately two hours. That condition was analyzed, taken into account, and immediately corrected through operational adjustments. Subsequent records show no additional periods of zero pressure.
It is therefore false that there has been a recurring practice of nighttime service suspension in the area for the past three months. Accordingly, the available records do not show a recurring practice of nighttime service suspension in the area identified by the amparo applicant. FOURTH: Regarding the alleged lack of notice, it must be stated that, because this was a preventive operational regulation of pressure rather than a scheduled shutoff or total interruption of service, the circumstances are different. Nevertheless, when levels fell below the minimum dynamic-pressure parameter (10 m.c.a.) and could be perceived by the population, the Institute adopted the corresponding communication measures to report the operating condition of the water-supply system and the mitigation measures implemented. (See attached announcement.) FIFTH: Operational personnel diligently inspected the area identified by the amparo applicant (located approximately 100 meters south and 350 meters east of the entrance to Zacarías).
During the field inspection, no dwelling constructed on the property was observed, nor was it possible to identify in the CRM system any drinking-water service associated with that property or registered to Ms. [Nombre 001] at that specific address. Likewise, a review of Línea 800 records found no reports from the amparo applicant concerning a lack of water associated with these events. SIXTH: Regarding the actions taken by AYA. The facts established by the technical report support the conclusion that there has been no arbitrary act or omission attributable to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. The temporary adverse effect was caused by an unforeseen event consisting of the temporary failure of two motors at the Barranca River intake. That circumstance was addressed in a timely manner through the technical measures described (pressure regulation and mitigation measures).
The Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA provides that service must be furnished within parameters of quality, quantity, and continuity, except in cases of force majeure or unforeseen events. Article 78 of the Reglamento Técnico para la Prestación del Suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023) governs the provision of services and their parameters. The Administration’s actions have adhered to technical criteria in response to the unforeseen condition described (…) In conclusion, it has been demonstrated that service in the area has been temporarily affected by an unforeseen event and that the variations result from operational regulation rather than a general suspension of supply; they constitute pressure regulation. Nevertheless, because levels fell below the minimum parameter and the resulting effects could be perceived by some users, AyA adopted the corresponding communication measures to report the operating condition of PC-A-17 and the measures implemented.
AyA is acting diligently within its technical capabilities by taking measures in response to a verified operating condition caused by the temporary failure of two pumping units, which reduced the capacity to convey raw water from the Barranca River intake to the drinking-water treatment plant. These measures are intended to safeguard supply to the affected population within optimal service parameters as to quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and a human-rights-based approach, except in cases of force majeure or unforeseen events.” She requests that the application be denied.
Justice Castillo Víquez writes for the Chamber; and, REASONS:
The applicant states that she is a municipal council member in Puntarenas and a resident of Barranca de Puntarenas. She states that, for approximately three months, the ICAA has maintained a recurring practice of suspending the drinking-water service during nighttime and early-morning hours, specifically between 11:00 p.m. and 3:00 a.m. or 4:00 a.m. She indicates that these service interruptions occur without prior notice, without the issuance of official announcements, and without technical explanations being provided to the affected community, thereby preventing residents from taking preventive measures or storing water. She mentions that the intermittent suspensions worsen “in cycles of approximately three months.” She argues that she is also unaware of any official reports or force majeure events affecting the water-intake or distribution infrastructure. She claims that the nighttime service interruptions lack any technical, climatic, or emergency justification that has been communicated to users and therefore attributes the situation to administrative or operational deficiencies on the part of the ICAA.
The following facts are considered duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as required by the initial order:
The following facts relevant to this decision are not considered established:
This Chamber considers that the present application should be granted in part for the reasons set out below. The report submitted by the ICAA representative emphasized that the drinking-water shortages in the Barranca de Puntarenas area were caused by an unforeseen event involving a failure in two motors used to convey raw water from the river intake to the drinking-water treatment plant, which temporarily reduced intake and production capacity. For that reason, she emphasized that controlled operational measures were implemented to protect continuity of service and prevent critical shortages during the day. These measures consisted strictly of temporarily regulating the outflow from the tanks so that their levels could recover; nevertheless, water continues to enter the network. In that regard, she explained that the installed pressure loggers confirm that positive pressure is maintained and that the lowest recorded level has been approximately six meters of water column (m.c.a.) in higher-elevation areas such as Escuela Kennedy, which makes it possible to maintain supply for users’ basic needs, such as drinking water and using sanitary facilities during nighttime hours.
Additionally, she acknowledged that, on 09 May 2026, the monitoring records identified one specific and isolated event in which pressure fell to nearly zero for approximately two hours. That condition was analyzed and immediately corrected through operational adjustments. In this case, although the applicant is not correct in asserting that the ICAA has carried out nighttime suspensions of water service in the community of Barranca de Puntarenas for the past three months, it is equally true that there is no record that, before the present application was filed, the respondent authority issued any announcement informing the population of the operating condition of the water-supply system and the mitigation measures implemented. In that context, it should be noted that it was not until 09 September 2026 that the ICAA issued an announcement clarifying that no water shutoffs had been scheduled in several communities of Barranca de Puntarenas.
Nevertheless, it did state that the measure applied consisted of the temporary, controlled regulation of pressure in the Barranca, El Roble and Chacarita system during nighttime hours. Accordingly, because it was demonstrated that this action was taken after the order admitting the proceeding was served on the ICAA, which occurred on 1 September 2026, the application must be granted in part without a special award of costs, damages, or losses, as set forth below.
V.Furthermore, if the applicant believes that the report submitted under oath by the respondent authority contains inaccuracies or falsehoods, the appropriate course is for her to report that situation to the Ministerio Público so that the veracity of the report may be determined.
Upon further consideration, the majority of the Chamber holds that, in the matter under examination, pursuant to paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if warranted”), the application should be granted without a special award of costs, damages, or losses, based on the following considerations. Although the statute expressly requires the operative portion of the judgment to state that the application is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is equally true that the closing language of that same paragraph states that the application is granted “solely for purposes of compensation and costs, if warranted.” It is emphasized that the Law states “if warranted,” which means that whether compensation and costs are warranted depends on the Court’s assessment, appraisal, or balancing.
In cases such as this one, the substance of the relief sought by the person protected by the amparo and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations do not directly concern an effect on a constitutional right of an evident economic nature (as would occur, for example, with an infringement of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides that “every decision granting the application shall impose a general award of compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, with their quantification reserved for enforcement of the judgment.” That provision does not allow an assessment of whether compensation and costs are warranted. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law, followed, in order, by the Ley General de la Administración Pública, the Código Procesal Contencioso Administrativo, and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the provisions of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—cf.
Article 14. For the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), the legislature established in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo a provision that is fully applicable to this case by analogy and reflects procedural logic in any field. In any event, the affected party in the matter before the Court retains the option, if she so chooses, of initiating proceedings on the merits (proceso de conocimiento) to demonstrate that she has suffered some form of harm. Based on the foregoing, the majority holds that this application should be decided without an award of costs, damages, or losses.
VII.PARTIAL DISSENT OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY REGARDING THE DECISION NOT TO ORDER THE RESPONDENT PARTY TO PAY COSTS, DAMAGES, AND LOSSES. Although I agree with the rest of the Chamber that the application should be granted, I depart from the majority’s position insofar as it exempts the respondent party from payment of the costs, damages, and losses arising from the violation of the fundamental rights of the person protected by the amparo.
Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides:
“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if warranted.” Article 51 thereof, in turn, provides:
“...every decision granting the application shall impose a general award of compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, with their quantification reserved for enforcement of the judgment.” This latter provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority calls the “natural or ordinary manner of concluding the proceeding, in which a determination is made on the merits of the matter and the facts that violated fundamental rights are recognized....” In the majority’s view, the aforementioned Article 51 governs cases in which the Chamber has found the grievance to be established and, consequently, the need arises for an award of costs, damages, and losses. In the undersigned’s judgment, however, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both when this Constitutional Court finds a violation of a fundamental right and therefore grants the application and when the Administration, on its own initiative, restores the aggrieved person’s enjoyment of fundamental rights after learning of the amparo—the situation contemplated in the aforementioned Article 52—the necessary and unavoidable consequence, by operation of Articles 50 and 51 of the cited Law, is an order requiring the violator to compensate the damages and losses caused and to pay the costs of the application.
This rule is nothing more than recognition of the right of a party whose fundamental rights have been violated to effective judicial protection concerning reparation for the harmful consequences arising from the acts or omissions of the offending authorities; it also serves as a deterrent so that the State does not again engage in the actions that gave rise to the granting of the application, a matter governed by Article 50 of the Law regulating this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance established and has addressed the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself after it learned that the amparo was being processed, restoring the aggrieved person’s enjoyment of fundamental rights (Article 52), an imperative need always arises, in either situation, to order the violator to pay costs, damages, and losses. That requirement is grounded in the principles of protecting individual rights and requiring the Administration to be accountable for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.
Thus, the fact that, by the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased under Articles 50 and 52 of the cited Law does not preclude an award of costs, damages, and losses, because such a case forms an integral part of the general system of mandatory awards for those items established in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Moreover, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases in which the Chamber, although it has neither examined nor ruled on the merits of the claim, has ascertained the violation suffered by the person protected by the amparo in the enjoyment of fundamental rights by virtue of the Administration’s restoration of those rights in that person’s favor. As the majority of the Chamber states, this situation entails an “extraordinary termination of the proceeding.” The legislature precisely established and defined the conditions under which this Chamber may order that form of extraordinary termination of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo be pending, meaning that the Administration has been duly served with the order admitting the amparo proceeding; and 2) that there be an administrative or judicial decision unequivocally ordering that the challenged action violating fundamental rights be revoked, halted, or suspended.
Admittedly, the provision at issue establishes an exception to the general system for awarding costs, damages, and losses despite the granting of the application, by providing that, in the cases governed by it, the application shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if warranted.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the circumstances strictly contemplated by the provision, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying that exception unquestionably entail an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against damages and losses suffered as a result of the violation of their constitutional rights.
In my view, this exception must be interpreted to mean that, under the general system of automatically awarding costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, such an award is always warranted, even when the respondent party issues an administrative or judicial decision revoking, halting, or suspending the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that no compensable harm whatsoever was caused in the specific case. Only and exclusively in such circumstances could the respondent Administration be exempted from payment of those items. Because, in this case, there is no evidence rebutting the presumption that the person protected by the amparo suffered economic damages and losses arising from the challenged actions—the specific determination of which does not fall within this jurisdiction—the granting of this application must necessarily entail an award of costs, damages, and losses, and I would so order.
As an additional reason, it bears emphasizing that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not primarily concern the analysis of whether damages and losses exist, but rather whether acts or omissions exist that may cause or produce an infringement of the system of fundamental rights. From that perspective, the analysis conducted in this forum focuses on that determination but does not undertake to assess whether those matters have caused injury within the strictly economic sphere of the persons protected by the amparo. Although the grammatical language of the aforementioned Article 52 of the LJC provides that such an award—for damages, losses, and costs—shall apply if warranted, the undersigned does not believe that this assessment of relevance may, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, because it is in a different ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship examined in the amparo proceeding, the conduct or omissions attributable to the Administration—or to a private-law entity, where applicable—constituted the adequate cause of legally compensable economic injury.
By way of reference, Articles 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, establish a special proceeding whose purpose is to determine the economic effects arising from awards entered in these proceedings. Under Article 179 thereof, that proceeding has the following purpose:
“ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo shall have jurisdiction over the enforcement of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely with respect to proving, quantifying, and enforcing monetary compensation.” It is clear that this proceeding is directed toward examining the necessary prior award issued by this Chamber in general terms regarding those items, because such claims could not be pursued in this type of action when the judgment issued in the amparo proceeding expressly established that damages, losses, and/or costs were unwarranted, or when there was no express ruling on that matter. In other words, the special proceeding before the administrative-litigation courts requires, as a sine qua non condition, an award or express ruling by this Constitutional Chamber. Accordingly, in my judgment, under the aforementioned Article 52 of the LJC, waiver of that monetary award requires proof, in each case, of circumstances supporting a reasoned determination that no actual or even potential economic injuries arose from or were associated with the facts examined.
It is therefore an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere fact that, during the proceeding, the Administration issues a decision or a judicial judgment is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action does not, per se, rule out the possibility that, before cessation for reasons attributable or unrelated to the respondent entity, the alleged inaction or challenged interference caused damages and losses. Nevertheless, substantive issues concerning the existence of those injuries, their amount, the timely assertion of a claim, and similar matters fall outside the nature of these proceedings and, under the aforementioned mandate of Article 52, are matters appropriate for a general award that subsequently serves as the basis for analysis in the Administrative-Litigation Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses because, it bears repeating, that is not their primary object or rationale.
Thus, the person protected by the amparo is not required to claim or prove damages; the relief sought is the protection of that person’s fundamental rights. Whether the administrative conduct caused injury is therefore a matter that, as a general principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of action. It should be noted that, in the circumstances governed by that provision, the Constitutional Chamber does not analyze the merits of the situation requiring protection because of the termination of the amparo or habeas corpus resulting from the supervening circumstance already mentioned. Therefore, in these cases, by statutory mandate, there is no assessment of whether a violation occurred, and it is even less possible to determine whether the matters reported by the applicant may give rise to circumstances warranting civil compensation.
Thus, the exemption from an award mentioned in that provision is exceptional, not the general rule. Consequently, in those circumstances, the provision requires a general award so that its appropriateness may be analyzed in a separate full proceeding. Otherwise, if exemption from damages, losses, and costs were applied as the rule, the protection of the legal position of a person who, despite the respondent party’s supervening response, may have suffered injury within the economic sphere would be placed at risk, contrary to Article 45 of the Constitución Política and disregarding the Administration’s potential liability as imposed by Article 9 thereof. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this kind that conduct was adopted bringing an end to the actions that, in theory, threatened or infringed the person’s fundamental rights. In other words, to obtain protection of those rights, the person sought judicial protection, and it was as a result thereof that the challenged interference ceased.
It bears repeating that whether the continuation of the threat or deterioration of the person’s situation until it ceased for the reasons stated in the provision under examination caused damages and losses is an issue that, absent proof to the contrary, must be analyzed in an ordinary proceeding. However, such a possibility must not, under any circumstances, be denied at the threshold solely because the factual situation governed by the aforementioned Article 52 of the LJC occurred. Therefore, with the customary respect for the majority’s position, I issue this separate opinion and reiterate that granting this application must necessarily entail a general award of costs, damages, and losses.
Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if warranted.” My interpretation of that provision is as follows: That “decision” is any valid and effective act through which the competent authority restores enjoyment of the violated right. The phrase “if warranted” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely and exclusively to those costs.
Certainly, under Article 48 of the Constitución Política (CPolt.), the essential substance of the right to an amparo proceeding is not compensatory but restorative. Nevertheless, Article 51 of the LJC states: “Every decision granting the application shall impose a general award of compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the application, with their quantification reserved for enforcement of the judgment.” If the right was violated and the Chamber so finds, damages and losses may have arisen even if the right was restored. A general award for those damages and losses is therefore appropriate. If no such award were entered, then, if damages and losses had in fact occurred, there would be no enforceable instrument—arising from this proceeding—under which they could be claimed, potentially violating Article 41 of the CPolt. If a general award is entered but no damages and losses occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, because only that judge is responsible for finding the actual existence and extent thereof to have been proven.
I consider that, contrary to its intended effect, the position defended by the majority would encourage the Administration to respect rights only when an amparo application has been filed. It remains to be stated that Article 52 of the LJC permits the Chamber, when it considers it just, to award costs even when the right has been restored.
For the foregoing reasons, I partially dissent from the operative portion and would order an award of damages and losses, but not an award of costs.
The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, those items must be retrieved from the court office within a maximum period of 30 business days following notice of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within that period shall be destroyed pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
Pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the application is granted in part, without a special award of costs, damages, or losses, solely with respect to the lack of an announcement concerning the operating condition of the water-supply system and the mitigation measures implemented by the respondent authority. In all other respects, the application is denied. Justice Salazar Alvarado partially dissents and would order an award of damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents and would order an award of damages and losses, but not costs.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE N° 26-030644-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-030644-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).
RESULTANDO:
"Es regidora de Puntarenas y vecina de Barranca de Puntarenas. Alega que, desde hace aproximadamente tres meses, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mantiene una práctica recurrente consistente en la suspensión del servicio de agua potable durante horas de la noche y madrugada, específicamente entre las 11:00 p.m. y las 3:00 a.m. o 4:00 a.m. Indica que dichas interrupciones del servicio se realizan sin previo aviso, sin la emisión de comunicados oficiales y sin brindar explicaciones técnicas a la comunidad afectada, lo que impide a los habitantes adoptar medidas preventivas o almacenar agua. Expone que la falta de acceso al recurso hídrico durante la noche y la madrugada genera afectaciones en las condiciones de salubridad y en las actividades cotidianas de los hogares de Barranca. Refiere que, en su núcleo familiar, habitan dos personas menores de edad de 5 y 3 años, por lo que la suspensión del servicio dificulta la preparación de alimentos, incluyendo fórmulas infantiles, así como la hidratación y la atención de necesidades de higiene y saneamiento.
Menciona que las suspensiones intermitentes se agudizan “en ciclos de aproximadamente tres meses”. Aduce que tales interrupciones obligan a distintos grupos en condición de vulnerabilidad, entre ellos personas menores de edad, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, a enfrentar restricciones en el acceso al agua potable sin que se les haya informado una solución. Señala que actualmente se está en época lluviosa, por lo que los caudales de los ríos utilizados para el abastecimiento de la planta potabilizadora no presentan condiciones de sequía ni niveles críticos que justifiquen los cortes en el servicio de agua potable. Explica que tampoco tiene conocimiento de reportes oficiales o eventos fuerza mayor que hayan afectado la infraestructura de captación o distribución de agua. Arguye que las interrupciones nocturnas del servicio carecen de una justificación técnica, climática o de emergencia que haya sido comunicada a la población usuaria, por lo que atribuye dicha situación a deficiencias administrativas u operativas del AyA".
“Mediante informe técnico No. GSP-RPC-2026-01383 suscrito la ingeniera Kattia Marilyn Jiménez Castro de la Dirección Región Pacífico Central, informa bajo fe de juramento las gestiones realizadas por parte de AyA en relación con lo reclamado por la recurrente. En resumen, informa las condiciones operativas del sistema de acueducto PC-A-17 Barranca, El Roble y Chacarita, que se adjunta como prueba integral de este informe de respuesta. Dicho informe, en resumen, señala: PRIMERO: El sistema de acueducto PC-A-17 se abastece del río Barranca y tres pozos. Durante el año 2026, se presentó una avería fortuita en dos motores utilizados para trasladar el agua cruda desde la toma del río hasta la planta potabilizadora, lo que redujo temporalmente la capacidad de captación y producción. Para proteger la continuidad del servicio y evitar desabastecimientos críticos durante el día, el AyA ha implementado de forma diligente maniobras operativas controladas de regulación de presiones durante la noche.
SEGUNDO: Es imperativo aclarar que no existen cierres nocturnos programados ni suspensiones del servicio. Las maniobras consisten estrictamente en regular temporalmente el caudal de salida de los tanques para recuperar sus niveles. El agua continúa ingresando a la red. Los registradores de presión instalados confirman que se mantiene presión positiva; el registro más bajo ha sido de aproximadamente 6 m.c.a. en zonas de mayor elevación (como la Escuela Kennedy), lo que permite conservar el suministro para las necesidades básicas de los usuarios, tales como el consumo de agua y uso de servicios sanitarios durante el horario nocturno. TERCERO: En los registros de monitoreo se identificó un único evento puntual y aislado el 9 de mayo de 2026, donde la presión descendió a un valor cercano a cero por un lapso aproximado de dos horas. Dicha condición fue analizada, tomada en cuenta y corregida inmediatamente mediante ajustes operativos.
Los registros posteriores no muestran nuevos periodos con presión cero. Por tanto, es falso que exista una práctica recurrente de suspensión nocturna del servicio desde hace tres meses en el sector. En consecuencia, los registros disponibles no evidencian una práctica recurrente de suspensión nocturna del servicio en el sector indicado por la recurrente. CUARTO: Sobre la supuesta falta de aviso, debe indicarse que al tratarse de una regulación operativa de presiones preventiva y no de un cierre programado o una interrupción total del servicio, la dinámica es distinta. No obstante, al presentarse valores inferiores al parámetro de presión dinámica mínima (10 m.c.a.) que podían ser percibidos por la población, el Instituto adoptó las medidas de comunicación correspondientes para informar la situación operativa del acueducto y las acciones paliativas implementadas. (Ver anexo comunicado). QUINTO: De forma diligente, personal operativo inspeccionó el sector indicado por la recurrente (ubicado aproximadamente 100 metros al sur y 350 metros al este de la entrada de Zacarías).
Durante la inspección de campo, no se observó ninguna vivienda construida en la propiedad, ni fue posible identificar en el sistema CRM un servicio de agua potable asociado con ese inmueble o a nombre de la señora [Nombre 001] en esa dirección específica. Asimismo, la revisión de los registros de la Línea 800 no arrojó reportes de faltante de agua presentados por la recurrente asociados a estos hechos. SEXTO: Sobre las acciones ejecutadas por AYA. Los hechos acreditados mediante el informe técnico permiten concluir que no existe actuación u omisión arbitraria atribuible al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. La afectación temporal obedeció a un evento fortuito consistente en la avería temporal de dos motores en la toma del río Barranca. Circunstancia que ha sido atendida oportunamente mediante las acciones técnicas descritas (regulación de presiones y medidas paliativas).
El Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA establece que la prestación del servicio debe realizarse dentro de parámetros de calidad, cantidad y continuidad, salvo en casos de fuerza mayor o caso fortuito. El artículo 78 del Reglamento Técnico para la Prestación del Suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023) regula la prestación de los servicios y sus parámetros. Las acciones de la Administración se han apegado a criterios técnicos ante la condición fortuita descrita (…) En conclusión, se demuestra que la prestación del servicio en la zona es afectada temporalmente por un caso fortuito, y que las variaciones corresponden a regulaciones operativas y no una suspensión general del abastecimiento, sino una regulación de presiones. Sin embargo, al haberse presentado valores inferiores al parámetro mínimo y una afectación que podía ser percibida por algunas personas usuarias, AyA adoptó las medidas de comunicación correspondientes para informar la condición operativa del PC-A-17 y las acciones implementadas.
El AyA actúa diligentemente dentro de sus capacidades técnicas realizando acciones que obedecen a una condición operativa comprobada por una avería temporal de dos equipos de bombeo que redujo la capacidad de trasladar agua cruda desde la toma del río Barranca hasta la planta potabilizadora. Estas acciones están dirigidas a salvaguardar el suministro a la población afectada dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito”.
Solicita que se declare sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
CONSIDERANDO:
La recurrente manifiesta que es regidora de Puntarenas y vecina de Barranca de Puntarenas. Señala que desde hace aproximadamente tres meses el ICAA mantiene una práctica recurrente consistente en la suspensión del servicio de agua potable durante horas de la noche y madrugada, específicamente entre las 11:00 p.m. y las 3:00 a.m. o 4:00 a.m. Indica que dichas interrupciones del servicio se realizan sin previo aviso, sin la emisión de comunicados oficiales y sin brindar explicaciones técnicas a la comunidad afectada, lo que impide a los habitantes adoptar medidas preventivas o almacenar agua. Menciona que las suspensiones intermitentes se agudizan “en ciclos de aproximadamente tres meses”. Aduce que tampoco tiene conocimiento de reportes oficiales o eventos fuerza mayor que hayan afectado la infraestructura de captación o distribución de agua. Acusa que las interrupciones nocturnas del servicio carecen de una justificación técnica, climática o de emergencia que haya sido comunicada a la población usuaria y, por ende, atribuye dicha situación a deficiencias administrativas u operativas del ICAA.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
Esta Sala estima que procede la estimaría parcial del presente recurso por las razones que se dirán a continuación. En el informe rendido por la representante del ICAA se subrayó que los problemas de desabastecimiento de agua potable en el sector de Barranca de Puntarenas han sido producto de un evento fortuito relacionada con una avería en dos motores utilizados para trasladar el agua cruda desde la toma del río hasta la planta potabilizadora, lo cual redujo temporalmente la capacidad de captación y producción. Por tal razón, subrayó que se implementaron maniobras operativas controladas para proteger la continuidad del servicio y evitar desabastecimientos críticos durante el día, las cuales consistieron estrictamente en regular temporalmente el caudal de salida de los tanques para recuperar sus niveles; empero, el agua continúa ingresando a la red. En ese sentido, detalló que los registradores de presión instalados confirman que se mantiene presión positiva y el registro más bajo ha sido de aproximadamente seis m.c.a. en zonas de mayor elevación como la Escuela Kennedy, lo que permite conservar el suministro para las necesidades básicas de los usuarios, tales como el consumo de agua y uso de servicios sanitarios durante el horario nocturno.
Adicionalmente, aceptó que el 09 de mayo de 2026 se identificó un único evento puntual y aislado en los registros de monitoreo, donde la presión descendió a un valor cercano a cero por un lapso aproximado de dos horas. Dicha condición fue analizada y corregida inmediatamente mediante ajustes operativos. En la especie, si bien se estima que no lleva razón la recurrente al afirmar que desde hace tres meses el ICAA realiza suspensiones nocturnas en el servicio de agua en la comunidad de Barranca de Puntarenas, no menos cierto es que no consta que con anterioridad a la interposición del presente recurso la autoridad recurrida haya emitido algún comunicado informando a la población la situación operativa del acueducto y las acciones paliativas implementadas. En ese contexto, adviértase que fue hasta el 09 de setiembre de 2026 que el ICAA emitió un comunicado aclarando que no se han programado cortes de agua en varias comunidades de Barranca de Puntarenas.
No obstante, sí indicó que la medida aplicada corresponde a un control temporal y regulado de presiones en el sistema de Barranca, el Roble y Chacarita durante las horas nocturnas. Así las cosas, como se demostró que dicha actuación fue desplegada con posterioridad a la notificación del auto de curso al ICAA, lo que ocurrió el 1º de setiembre de 2026, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación.
V.Por lo demás, si la recurrente estima que el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida contiene inexactitudes o falsedades, lo propio es que acuse dicha situación ante el Ministerio Público, a fin de que se determine la veracidad de dicho informe.
VI.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CPolt.), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CPolt. Si a pesar de que se haya condenado en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente respecto a la falta de comunicado relacionado con la situación operativa del acueducto y las acciones paliativas implementadas por la autoridad recurrida. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
EXPEDIENTE N° 26-030644-0007-CO
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