Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 36642-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/09/2026

Public Water Point Required After Service SuspensionFuente pública obligatoria tras suspensión del agua

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber ordered the ICAA to install immediately a public water point within 50 meters of the home, awarded costs and damages against the institution, and denied the remainder of the amparo.La Sala ordenó al ICAA instalar de inmediato una fuente pública a un máximo de 50 metros de la vivienda, lo condenó al pago de costas, daños y perjuicios y declaró sin lugar el recurso en todo lo demás.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) partially granted the amparo proceeding because the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) failed to prove that it had installed a public water point within 50 meters of the protected person’s home after suspending potable-water service. The Chamber found the suspension reasonable: the service had been inactive for nonpayment since 2015, carried a balance of ¢1.805.596,69 plus late-payment penalties, and the ICAA removed an illicit connection in 2026. It also accepted that, after more than ten years of inactivity, reconnection through a payment arrangement was unavailable and the user had to request a service-availability certificate and then a new service. Nevertheless, although potable water is a paid service and delinquency may justify suspension, the provider must ensure access to a public water point for essential needs. The Chamber ordered its immediate installation, awarded costs and damages against the ICAA, and denied the remainder of the amparo.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo porque el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) no demostró haber instalado una fuente pública a un máximo de 50 metros de la vivienda del amparado después de suspender el servicio de agua potable. La Sala consideró razonable la suspensión: el servicio permanecía inactivo por falta de pago desde 2015, acumulaba una deuda de ¢1.805.596,69 más multas por mora y el ICAA eliminó en 2026 una conexión ilícita. Asimismo, aceptó que, tras más de diez años de inactividad, la reconexión no procedía mediante arreglo de pago y requería gestionar una constancia de disponibilidad y un nuevo servicio. Sin embargo, aun cuando el agua potable es un servicio oneroso y la morosidad permite suspenderlo, el prestador debe garantizar una fuente pública accesible para cubrir necesidades esenciales. Ordenó instalarla de inmediato, condenó al ICAA al pago de costas, daños y perjuicios y denegó el amparo en lo demás.

Key excerptExtracto clave

In view of the foregoing, although the suspension was reasonable because it did not result from arbitrary conduct by the respondent authority, this Chamber’s line of precedent has held that such action must be accompanied by the installation of a public water point no more than 50 meters away, in order to safeguard access to potable water (see, to that effect, judgment 2020-17717 at 09:20 on 18 September 2020). Thus, even though service NIS 326728 has been shown to have remained inactive for a prolonged period and a service-availability certificate and an application for a new service are now required, those circumstances did not relieve the respondent authority of taking the measures necessary to guarantee the occupants of the property minimum access to potable water to meet their essential needs. Accordingly, this Court finds that this proceeding should be granted only because it could not be established that the ICAA authorities installed a public water point within 50 meters of the applicant’s home after the suspension to meet the occupants’ basic needs. Consequently, a violation of the protected person’s fundamental right of access to potable water is established, and the appropriate disposition is to grant the application in part on the terms stated in the operative section.En virtud de lo expuesto, si bien resulta razonable la suspensión debido a que no obedeció a una actuación arbitraria de la autoridad recurrida, lo cierto del caso es que la línea jurisprudencial ha sostenido que tal acción debe ir acompañado de la instalación de una fuente pública a no más de 50 metros, lo anterior en resguardo al acceso al agua potable (ver en ese sentido la sentencia 2020-17717 de las 09:20 horas del 18 de setiembre de 2020). De ese modo, aun y cuando se ha verificado que el servicio NIS 326728 presenta una inactividad prolongada y que actualmente se requiere gestionar una constancia de disponibilidad de servicios y una solicitud de un nuevo servicio, tales circunstancias no relevaban a la autoridad recurrida de adoptar las medidas necesarias para garantizar a los ocupantes del inmueble el acceso mínimo al agua potable para la satisfacción de sus necesidades esenciales. Así las cosas, este Tribunal estima que este proceso solamente debe ser estimado debido a que no se logra tener por demostrado que las autoridades del ICAA hayan instalado una fuente pública a un máximo de 50 metros de distancia de la vivienda del recurrente tras la suspensión para atender sus necesidades básicas. En consecuencia, se acredita una lesión al derecho fundamental de acceso al agua potable del amparado, motivo por el cual lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso en los términos que se dirá en la parte dispositiva.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Bajo este panorama, conviene reiterar la línea de este Tribunal que, aún como servicio y derecho fundamental, el acceso al agua potable es oneroso, por lo que la morosidad del usuario puede facultar al prestador del servicio a su suspensión."

    "Against this background, it bears reiterating this Court’s line of precedent that, even as a service and a fundamental right, access to potable water is subject to payment, and therefore a user’s delinquency may authorize the service provider to suspend it."

    Considerando IV

  • "Bajo este panorama, conviene reiterar la línea de este Tribunal que, aún como servicio y derecho fundamental, el acceso al agua potable es oneroso, por lo que la morosidad del usuario puede facultar al prestador del servicio a su suspensión."

    Considerando IV

  • "Sin embargo, el servicio de público de agua potable no se presta en forma gratuita, de ahí que cuando –por falta de pago– se interrumpe el suministro de agua potable a consumidores domésticos se ha considerado necesario que el usuario tenga una fuente de aprovisionamiento gratuita, que es la fuente pública, accesible, de manera que con una diligencia razonable de su parte, pueda aprovisionarse para sus actividades mínimas."

    "However, the public potable-water service is not provided free of charge; therefore, when supply to domestic consumers is interrupted for nonpayment, it has been considered necessary for the user to have an accessible, free source of supply—a public water point—so that, with reasonable diligence, the user can obtain water for minimum activities."

    Considerando IV

  • "Sin embargo, el servicio de público de agua potable no se presta en forma gratuita, de ahí que cuando –por falta de pago– se interrumpe el suministro de agua potable a consumidores domésticos se ha considerado necesario que el usuario tenga una fuente de aprovisionamiento gratuita, que es la fuente pública, accesible, de manera que con una diligencia razonable de su parte, pueda aprovisionarse para sus actividades mínimas."

    Considerando IV

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la instalación de una fuente pública."

    "The application is partially granted solely with respect to the installation of a public water point."

    Por tanto

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la instalación de una fuente pública."

    Por tanto

  • "Se ordena a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, que emita las órdenes correspondientes y coordine los necesario, para que DE INMEDIATO se instale una fuente de agua pública a un máximo de 50 metros de distancia de la vivienda de la parte recurrente."

    "Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds that office, is ordered to issue the corresponding instructions and make the necessary arrangements so that a public water point is installed IMMEDIATELY within 50 meters of the applicant’s home."

    Por tanto

  • "Se ordena a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, que emita las órdenes correspondientes y coordine los necesario, para que DE INMEDIATO se instale una fuente de agua pública a un máximo de 50 metros de distancia de la vivienda de la parte recurrente."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Case: 26-027667-0007-CO Decision No. 2026036642 CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty a.m. on 24 September 2026.

Amparo proceeding filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

Background:

  1. 1By a written submission added to the digital case file on 31 July 2026, the amparo applicant filed an amparo application against the ICAA. According to the order admitting the proceeding, the applicant states as follows:

“[S]ince January 2026, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has suspended the drinking-water service to his home, where two older adults and one minor reside. He states that the respondent authority made restoration of that service conditional upon payment of one million eight hundred thousand colones, without the possibility of entering into any payment arrangement. Based on the foregoing, he considers that his fundamental rights have been violated.”

  1. 2By a decision issued at 08:26 hours on 6 August 2026, this proceeding was admitted and the executive president of the ICAA was asked to submit a report concerning the facts alleged by the amparo applicant.
  2. 3By a written submission added to the digital case file on 12 August 2026, Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president of the ICAA, reports under oath that:

“I. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE AMPARO APPLICANT In response to the situation at issue in the amparo application filed by [Nombre 001] against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, based on technical report MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364 of 10 August 2026, prepared by engineer Jonathan Bonilla Chaves, an employee of UEN-Servicio al Cliente Comercial GAM, which is attached as evidence supporting this report, and the scope of the applicable provision set forth in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, it is duly established that: FIRST: Service status and outstanding balance. According to the records available in AyA’s Integrated Commercial System (SCI-OPEN), a search was conducted regarding service number NIS 3267328, identified in the application initiating this proceeding, and the service is registered to [Nombre 001] and another person, identity card [Valor 002], at location No. 1-001-009-017-00100-05500-001, situated in San José, Pavas, house No. 627, Urbanización Bri Bri.

The service has been recorded as suspended for nonpayment since 13 January 2015. It has outstanding billing for May 2009; June 2010; February 2011; January, August, September, and October 2012; and November and December 2014, totaling ¢266.861,83, excluding late-payment penalties of 2% per month. In addition, the following amounts remain outstanding: • Penalties for suspension of service: ¢5.957,36. • Fraud charge: ¢13.565,65. • Penalty for unbilled consumption: ¢1.313.632,75. • Penalty for unbilled consumption: ¢205.579,10. Consequently, the total outstanding balance recorded for the service is ¢1.805.596,69, excluding any applicable late-payment penalties. (See evidence 1, MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364.) SECOND: History of suspensions and unlawful connections. AyA suspends service pursuant to the applicable rules and regulations, particularly when payment obligations have not been met or unlawful or unauthorized connections have been detected.

In the particular case of service NIS 3267328, institutional records show that, between January 2009 and October 2014, nine (9) suspensions were carried out for failure to comply with payment obligations, as well as eight (8) reconnections. The last formal suspension on record corresponds to service order No. 25872737, executed on 8 January 2015 because the outstanding bills had not been paid. During that action, water meter No. 13419 was removed, with a recorded reading of 56 m³. Furthermore, Mr. [Nombre 001] refers to an alleged suspension carried out by AyA in January 2026, when in fact the action was taken on 5 March 2026 through service order No. 53929108, after institutional personnel detected an unlawful or unauthorized connection at the property. As stated above, this concerned a service for which no ordinary billing has been recorded since December 2014 because it is suspended for nonpayment.

Accordingly, the unlawful connection was removed pursuant to the guidelines established in Article 108(e) and (i) of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, published in La Gaceta No. 27 of 9 February 2021, as amended, including Acuerdo No. 2025-0137 of 9 June 2025. To provide further detail regarding the user’s conduct, a review of the service orders and field inspections performed between January 2009 and March 2026 established that service NIS 3267328 had unlawful or unauthorized connections on six (6) occasions. In each of these instances, the established institutional procedures were followed, including removal of the detected connections and the corresponding suspension, and the associated charges and penalties for fraud and unbilled consumption were imposed. The amounts currently recorded for those incidents are: • Fraud charge: ¢13.565,65. • Penalty for unbilled consumption: ¢1.313.632,75. • Penalty for unbilled consumption: ¢205.579,10.

For greater clarity, these amounts relate to 31 October, 7 November, and 13 November 2024, when notification efforts were undertaken at the property through document No. UEN-SCCATGAM-2024-03316, concerning a charge arising from an unlawful connection detected on 18 October 2024 under service order No. 49974002. The amount notified for unbilled consumption was ¢1.313.632,75. In addition, following the most recent inspection and detection of a fraudulent connection, carried out on 5 March 2026 under service order No. 53929108, on 14 July 2026 the user was notified, through the registered email address [...], of document No. UEN-SCCAT-GAM-2026- 02565, setting out the corresponding charges for fraud and unbilled consumption arising from that connection, in the amount of ¢205.579,10. All the charges described above were imposed as a consequence of the fraudulent connections detected and are supported by Article 114 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA.

(Evidence 1, MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364.) – THIRD: History of payment arrangements. Within the institutionally established terms and available options, AyA has offered the user the opportunity to formalize payment arrangements to address the outstanding obligations. Thus, between 2010 and 2014, four (4) payment arrangements relating to the debt recorded for the service were formalized. However, all were canceled because the agreed payment terms were not met. When each payment arrangement is formalized, the corresponding terms are communicated to the user and the associated documentation is provided, including the obligations arising from the agreement. The recorded history of payment arrangements is as follows: 1. Arrangement formalized on 6 September 2010 • Total amount: ¢396.665,00. • Term: 36 months. • Initial payment upon formalization: ¢39.669,28. • Installments: 35 monthly installments of ¢10.199,90.

The user made only the initial payment required to formalize the arrangement. No payment of the agreed installments is recorded, and once three installments had become past due, the arrangement was canceled in accordance with the established terms. 2. Arrangement formalized on 1 March 2011 • Total amount: ¢360.806,00. • Term: 30 months. • Initial payment upon formalization: ¢36.081,90. • Installments: 29 monthly installments of ¢11.197,40. The user made the initial payment required to formalize the arrangement and paid four of the agreed installments. The arrangement was subsequently canceled once three installments had become past due. 3. Arrangement formalized on 31 January 2012 • Total amount: ¢345.718,00. • Term: 36 months. • Initial payment upon formalization: ¢41.487,50. • Installments: 35 monthly installments of ¢8.692,30. The user made the initial payment required to formalize the arrangement and paid four of the agreed installments.

The arrangement was subsequently canceled once three installments had become past due. 4. Arrangement formalized on 8 October 2014 • Total amount: ¢336.044,00. • Term: 24 months. • Initial payment upon formalization: ¢67.211,00. • Installments: 23 monthly installments of ¢11.688,40. The user made only the initial payment required to formalize the arrangement. No payment of the agreed installments is recorded, and once three installments had become past due, the arrangement was canceled in accordance with the established terms. (See evidence 1, MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364.) FOURTH: Reconnection through a payment arrangement is unavailable. Furthermore, during the assistance provided to the user on 9 and 10 April and 2 and 7 July, all in 2026, he was informed that reconnection of the service could not be processed through the formalization of a payment arrangement. This is because the service has been inactive for more than ten (10) years.

Therefore, under the applicable regulations, to resume drinking-water service, the interested party must first obtain a certificate of service availability and, if the result is favorable, submit an application for new service. This administrative action is neither capricious nor arbitrary; it is legally supported by Article 111(e) and Article 114 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, published in La Gaceta No. 27 of 9 February 2021, as amended, including Acuerdo No. 2025-0137 of 9 June 2025. (See evidence 1, MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364.) FIFTH: Procedure and requirements for applying for service availability and new service. In response to the user’s inquiries and in light of his particular circumstances, he has been informed of the requirements for obtaining a certificate of service availability and subsequently applying for new service, pursuant to Articles 30 and 68 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. (See evidence 1, MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364.)”

  1. 4By a written submission added to the digital case file on 17 August 2026, the amparo applicant appeared and replied to the report submitted by the respondent authority.
  2. 5By a written submission added to the digital case file on 18 August 2026, the amparo applicant appeared and stated that:

“I. THE REPORT DOES NOT ADDRESS THE CURRENT CORE OF THE APPLICATION AyA devotes much of its reports to events that occurred between 2009 and 2015: outstanding bills, suspensions, reconnections, connections characterized as unlawful, and defaulted payment arrangements. Those events may form part of the service history, but they do not replace an analysis of the situation existing in 2026. The existence of a historical debt does not, by itself, resolve whether the Administration’s current response is reasonable with respect to persons entitled to special protection.”

  1. 6The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Garro Vargas authors the decision; and, Reasons:

I.Subject matter of the application. The applicant complains that the drinking-water service to his home was suspended in January 2026, with the aggravating circumstance that the suspension remained in effect when this application was filed. For that reason, he has attempted to regularize the situation through payment arrangements; however, he asserts that their financial limitations prevent them from making those payments. He requests the Chamber’s intervention to order restoration of drinking-water service.

II.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the disposition of this matter:

The applicant resides in a dwelling with service number NIS 3267328 (see report submitted under oath).

Service NIS 326728 is suspended for nonpayment (see report submitted under oath).

Service NIS 326728 has the following outstanding amounts:

“• Penalties for suspension of service: ¢5.957,36. • Fraud charge: ¢13.565,65. • Penalty for unbilled consumption: ¢1.313.632,75. • Penalty for unbilled consumption: ¢205.579,10. Consequently, the total outstanding balance recorded for the service is ¢1.805.596,69, excluding any applicable late-payment penalties” (see report submitted under oath).

The last payment arrangement was formalized on 8 October 2014; however, the arrangement was canceled once three installments had become past due (see report submitted under oath).

The last formal suspension of service NIS 326728 occurred on 8 January 2015 because of outstanding bills (see report submitted under oath).

On 5 March 2026, ICAA authorities found a fraudulent connection and therefore removed that unlawful connection pursuant to the guidelines established in Article 108(e) and (i) of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA (see report submitted under oath).

Service NIS 326728 has had 6 connections deemed unlawful or unauthorized by the ICAA (see report submitted under oath).

On 9 April 2026, 10 April 2026, 2 July 2026, and 7 July 2026, the applicant appeared before the ICAA to request reconnection of service NIS 326728 through a payment arrangement. However, reconnection of the service cannot be processed by formalizing a payment arrangement because the service has been inactive for more than 10 years. Therefore, under the applicable regulations, to resume drinking-water service, the interested party must first obtain a certificate of service availability and, if the result is favorable, submit an application for new service (see report submitted under oath).

The applicant has been informed of the requirements for obtaining a certificate of service availability and subsequently applying for new service (see report submitted under oath).

III.Unproven facts. The following facts are not deemed duly established:

That, following the suspension, the ICAA authorities installed a public water point no more than 50 meters from the applicant’s dwelling (the case record).

That the applicant submitted a new application for drinking-water service availability (the case record).

IV.The specific case. A review of the case record establishes that the applicant resides in a dwelling with service number NIS 3267328. The record shows that this service is suspended because it has the following outstanding amounts:

“• Penalties for suspension of service: ¢5.957,36. • Fraud charge: ¢13.565,65. • Penalty for unbilled consumption: ¢1.313.632,75. • Penalty for unbilled consumption: ¢205.579,10. Consequently, the total outstanding balance recorded for the service is ¢1.805.596,69, excluding any applicable late-payment penalties.” According to the information provided under oath, contrary to the applicant’s allegation, the last formal suspension of service NIS 326728 occurred on 8 January 2015 because of outstanding bills—failure to pay the installments under the payment arrangement formalized on 8 October 2014.

Subsequently, during 2026, it appears that the action taken by the ICAA authorities was the removal of an unlawful connection on 5 March 2026. It should be noted that the respondent authority emphatically stated that service NIS 326728 has had 6 connections deemed unlawful or unauthorized by the ICAA.

Against this background, it is appropriate to reiterate this Court’s line of precedent that access to drinking water, even though it is a service and a fundamental right, is provided for a fee, and a user’s delinquency may therefore authorize the service provider to suspend it. Nevertheless, when an essential basic service such as drinking-water supply is disconnected, this Chamber has held that a series of minimum requirements and safeguards must be observed. First, the Chamber’s jurisprudence has principally sought to protect natural persons’ rights to life and health. Those rights entail the ability to demand certain services from the State, an area in which the State is required to provide certain public services, particularly those essential to maintaining sanitary conditions conducive to preserving human life and health. However, the public drinking-water service is not provided free of charge. Accordingly, when the supply of drinking water to residential consumers is interrupted for nonpayment, it has been deemed necessary for the user to have an accessible source of free water, namely a public water point, so that, by exercising reasonable diligence, the user may obtain water for essential activities (see, to that effect, judgment No. 2022022100 issued at 9:20 a.m. on 23 September 2022).

In light of the foregoing, although the suspension was reasonable because it did not result from arbitrary action by the respondent authority, the fact remains that this Court’s line of precedent has held that such action must be accompanied by the installation of a public water point no more than 50 meters away, in order to safeguard access to drinking water (see, to that effect, judgment 2020-17717 issued at 09:20 hours on 18 September 2020). Thus, even though it has been verified that service NIS 326728 has been inactive for a prolonged period and that it is now necessary to obtain a certificate of service availability and apply for new service, those circumstances did not relieve the respondent authority of its obligation to take the measures necessary to guarantee the occupants of the property minimum access to drinking water to meet their essential needs.

Accordingly, this Court finds that this proceeding should be granted solely because it has not been established that, following the suspension, the ICAA authorities installed a public water point no more than 50 meters from the applicant’s dwelling to meet the occupants’ basic needs. Consequently, a violation of the protected person’s fundamental right of access to drinking water is established, and the appropriate disposition is therefore to grant the application in part under the terms set forth in the operative portion of this decision.

V.Documentation submitted to the case file. This Chamber must advise the applicant that, if any paper documents, objects, or evidence stored on any additional device or on electronic, digital, magnetic, optical, or telematic media or media produced using new technologies were submitted, they must be retrieved from the Court’s offices within 30 business days after notice of this judgment is received. Otherwise, all such materials will be destroyed pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court at session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The application is granted in part solely with respect to the installation of a public water point. Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds that office, is ordered to issue the corresponding instructions and coordinate all necessary measures so that a public water point is installed IMMEDIATELY no more than 50 meters from the applicant’s dwelling. The respondent authority is warned that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not punishable by a more severe penalty. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative-litigation jurisdiction. In all other respects, the application is denied. Notice shall be given.- Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE No. 26-027667-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).

Secciones

Marcadores

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

Resultando:

  1. 1Por escrito incorporado al expediente digital el 31 de julio de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el ICAA. Según la resolución de curso, manifiesta lo siguiente:

“[D]esde el mes de enero de 2026, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suspendió el servicio de agua potable de su vivienda, donde habitan dos personas adultas mayores y una menor de edad. Señala que la autoridad accionada condiciono el restablecimiento de dicho servicio al pago de un millón ochocientos mil colones, sin la posibilidad de suscribir algún arreglo de pago. Por lo expuesto, estima lesionados sus derechos fundamentales”.

  1. 2Mediante resolución de las 08:26 horas del 6 de agosto de 2026, se dio curso a este proceso y se le solicitó informe al presidente ejecutivo del ICAA, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  2. 3Por escrito incorporado al expediente digital el 12 de agosto de 2026, Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del ICAA, informa bajo juramento que:

“I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE En atención a la situación objeto del amparo, planteada por el recurrente [Nombre 001], contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con fundamento en el informe técnico MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364, del 10 de agosto del 2026, elaborado por el ingeniero Jonathan Bonilla Chaves, funcionario de la UEN-Servicio al Cliente Comercial GAM, el cual se adjunta como prueba de este informe y el alcance de la norma que al efecto se regula en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, queda debidamente acreditado que: PRIMERO: Estado del servicio y saldo pendiente. De conformidad con los registros disponibles en el Sistema Comercial Integrado del AyA (SCI-OPEN), se realizó la consulta correspondiente al número de servicio NIS 3267328, indicado en el escrito de interposición del recurso y el servicio se encuentra a nombre de [Nombre 001] y otro, cédula de identidad [Valor 002], con localización N.º 1-001-009-017-00100-05500-001, ubicado en San José, Pavas, casa N° 627, Urbanización Bri Bri.

El servicio registra condición de suspendido por falta de pago desde el 13 de enero de 2015. Presenta facturación pendiente correspondiente a mayo de 2009; junio de 2010; febrero de 2011; enero, agosto, setiembre y octubre de 2012; noviembre y diciembre de 2014, por un monto total de ¢266.861,83, sin incluir las multas por mora correspondientes al 2 % mensual. Adicionalmente, registra los siguientes conceptos pendientes de pago: • Multas por suspensión del servicio: ¢5.957,36. • Cargo por fraude: ¢13.565,65. • Multa por facturación evadida: ¢1.313.632,75. • Multa por facturación evadida: ¢205.579,10. En consecuencia, el saldo total pendiente registrado para el servicio asciende a ¢1.805.596,69, sin considerar las multas por mora que correspondan. (ver prueba 1 MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364) SEGUNDO: Antecedentes de suspensiones y conexiones ilícitas. El AyA efectúa suspensiones del servicio con fundamento en la normativa y reglamentación vigente, particularmente cuando se han presentado incumplimientos en las obligaciones de pago o se han detectado conexiones ilícitas o no autorizadas.

En el caso particular del servicio NIS 3267328, consta en los registros institucionales, que durante el período comprendido entre enero de 2009 y octubre de 2014, se efectuaron nueve (9) suspensiones por incumplimiento de las obligaciones de pago, así como ocho (8) reconexiones. La última suspensión formal registrada corresponde a la orden de servicio N.º 25872737, ejecutada el 8 de enero de 2015, debido al incumplimiento en el pago de las facturas pendientes. En dicha actuación se retiró el hidrómetro N.º 13419, con una lectura registrada de 56 m³. Por otra parte, el señor [Nombre 001] manifiesta, de una supuesta suspensión efectuada por el AyA en enero de 2026, que en realidad se realizó el 5 de marzo del 2026, mediante orden de servicio N.º 53929108, originada a partir de una detección por parte del personal institucional, de una conexión ilícita o no autorizada en el inmueble. Lo anterior, como indicó, en un servicio que no registra facturación ordinaria desde diciembre de 2014, debido a que se encuentra suspendido por falta de pago.

Así las cosas, la eliminación de la conexión ilícita se efectuó de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 108, incisos e) e i), del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, publicado en La Gaceta N.º 27 del 9 de febrero de 2021 y sus reformas, incluyendo el Acuerdo N.º 2025-0137 del 9 de junio de 2025. Para un mayor abundamiento del comportamiento del usuario, de acuerdo con la revisión de las órdenes de servicio e inspecciones realizadas en campo durante el período comprendido entre enero de 2009 y marzo de 2026, se determinó que el servicio NIS 3267328 ha presentado en seis (6) ocasiones, conexiones ilícitas o no autorizadas. En cada uno de estos eventos se procedió conforme a los procedimientos institucionales establecidos, incluyendo la eliminación de las conexiones detectadas y la suspensión correspondiente, generándose los cargos y multas asociados a fraude y facturación evadida.

Los conceptos actualmente registrados por dichos eventos corresponden a: • Cargo por fraude: ¢13.565,65. • Multa por facturación evadida: ¢1.313.632,75. • Multa por facturación evadida: ¢205.579,10. Para que exista una mayor claridad, estos conceptos corresponden a los días 31 de octubre, 7 de noviembre y 13 de noviembre de 2024, que se efectuaron gestiones de notificación en la propiedad, mediante documento N.º UEN-SCCATGAM-2024-03316, relacionado con cobro derivado de una conexión ilícita detectada el 18 de octubre de 2024, según orden de servicio N.º 49974002. El monto notificado por concepto de facturación evadida ascendió a ¢1.313.632,75. Y con motivo de la última inspección y detección de una conexión fraudulenta, efectuada el 5 de marzo de 2026, mediante orden de servicio N.º 53929108, el día 14 de julio de 2026, se notificó al usuario, mediante el correo electrónico registrado [...] el documento N.º UEN-SCCAT-GAM-2026- 02565 con los cargos correspondientes a fraude y facturación evadida derivados de dicha conexión, por un monto de ¢205.579,10.

Todos los cargos anteriormente descritos, fueron generados como consecuencia de las conexiones fraudulentas detectadas, sustentados en el artículo 114 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. (prueba 1 MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364). – TERCERO: Antecedentes de arreglos de pago. El AyA ha brindado al usuario, dentro de las condiciones y posibilidades establecidas institucionalmente, la opción de formalizar arreglos de pago para la atención de las obligaciones pendientes. De esta manera, en el período comprendido entre los años 2010 y 2014, se formalizaron cuatro (4) arreglos de pago relacionados con la deuda registrada en el servicio. No obstante, todos fueron anulados como consecuencia del incumplimiento de las condiciones de pago pactadas. Al momento de formalizar cada arreglo de pago, al usuario se le comunican las condiciones correspondientes y se le entrega la documentación asociada, incluyendo las obligaciones derivadas del acuerdo.

El historial de arreglos de pago registrados es el siguiente: 1. Arreglo formalizado el 6 de setiembre de 2010 • Monto total: ¢396.665,00. • Plazo: 36 meses. • Prima de formalización: ¢39.669,28. • Cuotas: 35 cuotas mensuales de ¢10.199,90. El usuario efectuó únicamente el pago correspondiente a la prima de formalización. No se registra el pago de las cuotas pactadas y, al acumular tres cuotas pendientes de pago, el arreglo fue anulado conforme a las condiciones establecidas. 2. Arreglo formalizado el 1 de marzo de 2011 • Monto total: ¢360.806,00. • Plazo: 30 meses. • Prima de formalización: ¢36.081,90. • Cuotas: 29 cuotas mensuales de ¢11.197,40. El usuario efectuó el pago de la prima de formalización y de cuatro cuotas pactadas. Posteriormente, el arreglo fue anulado al acumular tres cuotas pendientes de pago. 3. Arreglo formalizado el 31 de enero de 2012 • Monto total: ¢345.718,00. • Plazo: 36 meses. • Prima de formalización: ¢41.487,50. • Cuotas: 35 cuotas mensuales de ¢8.692,30 El usuario efectuó el pago de la prima de formalización y de cuatro cuotas pactadas.

Posteriormente, el arreglo fue anulado al acumular tres cuotas pendientes de pago. 4. Arreglo formalizado el 8 de octubre de 2014 • Monto total: ¢336.044,00. • Plazo: 24 meses. • Prima de formalización: ¢67.211,00. • Cuotas: 23 cuotas mensuales de ¢11.688,40. El usuario efectuó únicamente el pago de la prima de formalización. No se registra el pago de las cuotas pactadas y, al acumular tres cuotas pendientes de pago, el arreglo fue anulado conforme a las condiciones establecidas. (ver prueba 1 MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364) CUARTO: Improcedencia de la reconexión mediante arreglo de pago. Por otra parte, al usuario durante las atenciones efectuadas los días 9 y 10 de abril, así como 2 y 7 de julio, todos del 2026, se le informó que no resulta procedente gestionar la reconexión del servicio mediante la formalización de un arreglo de pago. Lo anterior obedece a que el servicio presenta una condición de inactividad superior a diez (10) años, por lo que, de conformidad con la normativa vigente, para reanudar el servicio de agua potable, el interesado debe gestionar previamente la constancia de disponibilidad de servicios y, en caso de resultar favorable, tramitar la solicitud de un nuevo servicio.

Esta actuación administrativa, no es antojadiza ni arbitraria, encuentra sustento jurídico en el artículo 111, inciso e) y artículo 114 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, publicado en La Gaceta N.º 27 del 9 de febrero de 2021 y sus reformas, incluido el Acuerdo N.º 2025-0137 del 9 de junio de 2025. (ver prueba 1 MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364) QUINTO: Procedimiento y requisitos para solicitar disponibilidad y nuevo servicio. En atención a las consultas efectuadas por el usuario y a sus particulares condiciones, se le han indicado los requisitos necesarios para gestionar la constancia de disponibilidad de servicios y, posteriormente, la solicitud de un nuevo servicio, de conformidad con los artículos 30 y 68 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. (ver prueba 1 MEMORANDO No. UEN-SCC-GAM-2026-03364)”.

  1. 4Por escrito incorporado al expediente digital el 17 de agosto de 2026, la parte recurrente se apersona y replica el informe rendido por la autoridad recurrida.
  2. 5Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de agosto de 2026, la parte recurrente se apersona y manifiesta que:

“I. EL INFORME NO RESPONDE AL NÚCLEO ACTUAL DEL RECURSO El AyA dedica gran parte de sus informes a hechos ocurridos entre 2009 y 2015: facturas pendientes, suspensiones, reconexiones, conexiones calificadas como ilícitas y arreglos de pago incumplidos. Esos antecedentes pueden formar parte del historial del servicio, pero no sustituyen el análisis de la situación existente en 2026. La existencia de una deuda histórica no resuelve por sí sola si la respuesta actual de la Administración es razonable frente a personas en condición de especial protección”.

  1. 6En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. El recurrente reprocha que desde el mes de enero de 2026 se le suspendió el servicio de agua potable de su vivienda, con el agravante de que dicha suspensión persiste a la fecha de interposición de este recurso, motivo por el cual ha intentado regulariza la situación mediante acuerdos de pago; no obstante, reclama que por las limitaciones económicas no pueden dar cumplimiento a tales pagos. Solicita la intervención de la Sala para que se ordene el restablecimiento del servicio de agua potable.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

El recurrente habita en una vivienda que cuenta con el número de servicio NIS 3267328 (ver informe rendido bajo juramento).

El servicio NIS 326728 se encuentra en condición de suspendido por falta de pago (ver informe rendido bajo juramento).

El servicio NIS 326728 registra los siguientes conceptos pendientes de pago:

“• Multas por suspensión del servicio: ¢5.957,36. • Cargo por fraude: ¢13.565,65. • Multa por facturación evadida: ¢1.313.632,75. • Multa por facturación evadida: ¢205.579,10. En consecuencia, el saldo total pendiente registrado para el servicio asciende a ¢1.805.596,69, sin considerar las multas por mora que correspondan” (ver informe rendido bajo juramento).

El último arreglo de pago que se formalizó fue el 8 de octubre de 2014; sin embargo, al acumular tres cuotas pendientes se anuló el arreglo (ver informe rendido bajo juramento).

La última suspensión formal que se le realizó al servicio NIS 326728 fue el 8 de enero de 2015 por facturas pendientes (ver informe rendido bajo juramento).

El 5 de marzo de 2026, las autoridades del ICAA encontraron una conexión fraudulenta, motivo por el cual procedieron a realizar la eliminación de dicha conexión ilícita de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 108, incisos e) e i) del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA (ver informe rendido bajo juramento).

El servicio NIS 326728 ha presentado 6 conexiones ilícitas o no autorizadas por parte del ICAA (ver informe rendido bajo juramento).

En fechas el 9 de abril de 2026, el 10 de abril de 2026, el 2 de julio de 2026 y el 7 de julio de 2026, el recurrente se ha apersonado ante el ICAA a solicitar la reconexión del servicio NIS 326728 mediante un arreglo de pago; sin embargo, no resulta procedente gestionar la reconexión del servicio mediante la formalización de un arreglo de pago debido a que dicho servicio presenta una condición de inactividad superior a 10 años, por lo que, de conformidad con la normativa vigente, para reanudar el servicio de agua potable el interesado debe gestionar previamente la constancia de disponibilidad de servicios y, en caso de resultar favorable, tramitar la solicitud de un nuevo servicio (ver informe rendido bajo juramento).

Al recurrente se le han indicado los requisitos necesarios para gestionar la constancia de disponibilidad de servicios y, posteriormente, la solicitud de un nuevo servicio (ver informe rendido bajo juramento).

III.Hechos no probados. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

Que las autoridades del ICAA hayan instalado una fuente pública a un máximo de 50 metros de distancia de la vivienda del recurrente tras la suspensión (los autos).

Que el recurrente haya gestionado una nueva solicitud de disponibilidad de servicio de agua potable (los autos).

IV.Sobre el caso concreto. Del estudio de los autos, se tiene por demostrado que el recurrente habita en una vivienda que cuenta con el número de servicio NIS 3267328. Consta que dicho servicio se encuentra suspendido debido a que registra los siguientes conceptos pendientes de pago:

“• Multas por suspensión del servicio: ¢5.957,36. • Cargo por fraude: ¢13.565,65. • Multa por facturación evadida: ¢1.313.632,75. • Multa por facturación evadida: ¢205.579,10. En consecuencia, el saldo total pendiente registrado para el servicio asciende a ¢1.805.596,69, sin considerar las multas por mora que correspondan”.

Según lo informado bajo la solemnidad del juramento, contrario a lo alegado por el recurrente, la última suspensión formal que se le realizó al servicio NIS 326728 fue el 8 de enero de 2015 por facturas pendientes –incumplimiento en el pago de las cuotas del arreglo de pagó que se formalizó el 8 de octubre de 2014–.

Posteriormente, durante este año 2026, se desprende que lo que existió por parte de las autoridades del ICAA fue la eliminación de una conexión ilícita en fecha 5 de marzo de 2026. Nótese que la recurrida fue enfática en afirmar que el servicio NIS 326728 ha presentado 6 conexiones ilícitas o no autorizadas por parte del ICAA.

Bajo este panorama, conviene reiterar la línea de este Tribunal que, aún como servicio y derecho fundamental, el acceso al agua potable es oneroso, por lo que la morosidad del usuario puede facultar al prestador del servicio a su suspensión. Ahora bien, ante la desconexión de un servicio básico de carácter esencial, como es el servicio de suministro de agua potable, esta Sala ha señalado que deben cumplirse una serie de requisitos y garantías mínimas. En primer lugar, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas, esos derechos implican la posibilidad de exigir del Estado ciertas prestaciones, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y de la salud de las personas. Sin embargo, el servicio de público de agua potable no se presta en forma gratuita, de ahí que cuando –por falta de pago– se interrumpe el suministro de agua potable a consumidores domésticos se ha considerado necesario que el usuario tenga una fuente de aprovisionamiento gratuita, que es la fuente pública, accesible, de manera que con una diligencia razonable de su parte, pueda aprovisionarse para sus actividades mínimas (ver en ese sentido la sentencia nro. 2022022100 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022).

En virtud de lo expuesto, si bien resulta razonable la suspensión debido a que no obedeció a una actuación arbitraria de la autoridad recurrida, lo cierto del caso es que la línea jurisprudencial ha sostenido que tal acción debe ir acompañado de la instalación de una fuente pública a no más de 50 metros, lo anterior en resguardo al acceso al agua potable (ver en ese sentido la sentencia 2020-17717 de las 09:20 horas del 18 de setiembre de 2020). De ese modo, aun y cuando se ha verificado que el servicio NIS 326728 presenta una inactividad prolongada y que actualmente se requiere gestionar una constancia de disponibilidad de servicios y una solicitud de un nuevo servicio, tales circunstancias no relevaban a la autoridad recurrida de adoptar las medidas necesarias para garantizar a los ocupantes del inmueble el acceso mínimo al agua potable para la satisfacción de sus necesidades esenciales.

Así las cosas, este Tribunal estima que este proceso solamente debe ser estimado debido a que no se logra tener por demostrado que las autoridades del ICAA hayan instalado una fuente pública a un máximo de 50 metros de distancia de la vivienda del recurrente tras la suspensión para atender sus necesidades básicas. En consecuencia, se acredita una lesión al derecho fundamental de acceso al agua potable del amparado, motivo por el cual lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso en los términos que se dirá en la parte dispositiva.

V.Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la instalación de una fuente pública. Se ordena a Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, que emita las órdenes correspondientes y coordine los necesario, para que DE INMEDIATO se instale una fuente de agua pública a un máximo de 50 metros de distancia de la vivienda de la parte recurrente. Se advierte a la recurrida que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

EXPEDIENTE N° 26-027667-0007-CO

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

      Concept anchorsAnclajes conceptuales

        Spanish key termsTérminos clave en español

        News & Updates Noticias y Actualizaciones

        All articles → Todos los artículos →

        Weekly Dispatch Boletín Semanal

        Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

        ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

        One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

        Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
        Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

        Stay Informed Mantente Informado

        Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

        Email Updates Actualizaciones por Correo

        Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

        Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

        WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

        Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

        Join Channel Unirse al Canal
        Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
        🙏