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Res. 29790-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/08/2026

Municipal omission regarding wastewater treatment plant near Manuel AntonioOmisión municipal ante planta de tratamiento en Manuel Antonio

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Constitutional Chamber granted the amparo only against the Municipality of Quepos for failing to decide whether to build a wastewater treatment plant at Playa Manuel Antonio, ordering a decision within six months; denied the amparo against the Ministry of Health, SINAC, and AyA.La Sala declaró con lugar el amparo solo contra la Municipalidad de Quepos por omisión en resolver sobre la construcción de una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio, ordenándole decidir en seis meses; declaró sin lugar el recurso contra el Ministerio de Salud, el SINAC y el AyA.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber ruled on an amparo filed against the Municipality of Quepos, the Ministry of Health, SINAC, and AyA over alleged inaction regarding wastewater problems at Playa Espadilla near Manuel Antonio National Park. The Court found that the Ministry of Health had diligently attended third-party complaints since 2020 through inspections and sanitary orders; that SINAC acted within its competencies and fluorescein tests ruled out the park's treatment systems as a contamination source; and that AyA was in early coordination stages. However, the Chamber found that the Municipality of Quepos, despite prior knowledge of the need for a wastewater treatment plant, had only promoted an inter-institutional working group without resolving the substantive question, constituting an omission that violates the constitutional right to a healthy environment under Article 50. It ordered the Municipality to decide within six months, in coordination with other institutions, whether to build a wastewater treatment plant.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Quepos, el Ministerio de Salud, el SINAC y el AyA por la presunta falta de atención a problemas de aguas residuales en Playa Espadilla y en los alrededores del Parque Nacional Manuel Antonio. El Tribunal constató que el Ministerio de Salud había atendido denuncias de terceros desde 2020 mediante inspecciones y órdenes sanitarias a establecimientos de la zona. El SINAC actuó dentro de sus competencias y pruebas de fluoresceína descartaron que los sistemas del Parque fueran fuente de contaminación. El AyA se encontraba en etapas iniciales de coordinación interinstitucional. Sin embargo, la Sala halló que la Municipalidad de Quepos, a pesar de tener conocimiento previo de la necesidad de una planta de tratamiento, solo había promovido una mesa de trabajo sin resolver la cuestión de fondo, configurando una omisión lesiva del derecho al ambiente sano garantizado en el artículo 50 constitucional. Ordenó a la Municipalidad que, en coordinación con las instituciones competentes, resuelva en seis meses sobre la necesidad o no de construir dicha planta.

Key excerptExtracto clave

The Constitutional Chamber has entertained amparo proceedings in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without the need for a prior formal complaint; this, under two exceptional circumstances: 1) when the matter is of great magnitude; and 2) when it can be derived from the record that the competent authorities were aware of the situation being denounced, that it was threatening or causing harm to the environment, and that no measures had been taken. Accordingly, it is reaffirmed that the Municipality did have prior knowledge of the need, or lack thereof, for a wastewater treatment plant at Playa Manuel Antonio; however, to date it has only promoted an inter-institutional working group without resolving the substantive question. Therefore, in the absence of a solution to a problem that may affect the environment and the right of the cantón's residents to a healthy and balanced environment, the Municipal Corporation's omission is found to constitute a violation of fundamental rights. The amparo is declared partially granted solely against the Municipality of Quepos for failure to resolve whether a wastewater treatment plant needs to be built at Playa Manuel Antonio. Consequently, the Mayor Patricia Bolaños Murillo and the Municipal Council President Marta Bosques Marchena — or whoever holds these positions — are ordered, in coordination with the relevant institutions, to issue the pertinent directives and carry out all actions within their competencies so that, within SIX MONTHS from notification of this judgment, a final and legally proper determination is made regarding whether a wastewater treatment plant must be built at Playa Manuel Antonio.el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de un caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto. Así las cosas, se reafirma que la Municipalidad sí tenía conocimiento sobre la necesidad o no de construir una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio, lo cierto es que a la fecha únicamente ha promovido una mesa de trabajo institucional sin resolver la cuestión de fondo. Por ende, ante la falta de solución ante un problema que puede afectar al ambiente y al derecho a un ambiente sano y equilibrado los administrados de ese cantón, se denota una omisión por parte de la Corporación Municipal y, por lo tanto, una lesión a los derechos fundamentales. Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra de la Municipalidad de Quepos por la falta de solución sobre la necesidad o no de construir una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio. En consecuencia, se le ordena a Patricia Bolaños Murillo, en su condición de alcaldesa, y Marta Bosques Marchena, en su condición de presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Quepos, o a quienes ocupen los cargos, que, en forma coordinada con las demás instituciones respectivas, proceda a girar las órdenes pertinentes y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva en definitiva y conforme a Derecho corresponda respecto a la necesidad o no de construir una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio.

Pull quotesCitas destacadas

  • "se constató en sitio la existencia de descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia la playa y el mar en las inmediaciones del Parque Nacional Manuel Antonio"

    "On-site inspection confirmed the existence of untreated wastewater discharges into the beach and ocean in the vicinity of Manuel Antonio National Park."

    Hechos probados — actuación del ICAA

  • "se constató en sitio la existencia de descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia la playa y el mar en las inmediaciones del Parque Nacional Manuel Antonio"

    Hechos probados — actuación del ICAA

  • "Así, si bien es cierto, previo a la interposición del presente recurso, no se había interpuesto la denuncia respectiva, lo cierto es que la Municipalidad de Quepos tenía conocimiento antes de cualquier denuncia sobre la posible necesidad de construcción de una planta de tratamiento en la zona indicada."

    "Although no formal complaint had been filed prior to the amparo, the Municipality of Quepos had knowledge — even before any complaint was lodged — of the possible need to build a wastewater treatment plant in the zone."

    Considerando V

  • "Así, si bien es cierto, previo a la interposición del presente recurso, no se había interpuesto la denuncia respectiva, lo cierto es que la Municipalidad de Quepos tenía conocimiento antes de cualquier denuncia sobre la posible necesidad de construcción de una planta de tratamiento en la zona indicada."

    Considerando V

  • "en cuanto al Ministerio de Salud, el SINAC y el ICAA se les recuerda su deber de continuar coordinando con la Municipalidad de Quepos para desarrollar en un plazo razonable un proyecto integral de saneamiento o la construcción de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento en el lugar denunciado, según los criterios técnicos aplicables."

    "The Ministry of Health, SINAC, and AyA are reminded of their duty to continue coordinating with the Municipality of Quepos to develop, within a reasonable timeframe, a comprehensive sanitation project or the construction of a sewage system and wastewater treatment plant at the site in question, in accordance with applicable technical criteria."

    Considerando VIII

  • "en cuanto al Ministerio de Salud, el SINAC y el ICAA se les recuerda su deber de continuar coordinando con la Municipalidad de Quepos para desarrollar en un plazo razonable un proyecto integral de saneamiento o la construcción de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento en el lugar denunciado, según los criterios técnicos aplicables."

    Considerando VIII

  • "Se condena a la Municipalidad de Quepos al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    "The Municipality of Quepos is ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the facts that gave rise to this declaration, to be assessed in contentious-administrative enforcement proceedings."

    Por tanto

  • "Se condena a la Municipalidad de Quepos al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the sixth of August of two thousand twenty-six.

Constitutional remedy (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], national identity document (cédula de identidad) [Valor 001], against the MUNICIPALIDAD DE QUEPOS and the MINISTERIO DE SALUD.

Background:

  1. 1By written submission received at the Chamber's Secretariat on 29 December 2025, the petitioner files a constitutional remedy against the MUNICIPALIDAD DE QUEPOS and the MINISTERIO DE SALUD and states that from the restaurant El Avión to the main entrance of Parque Nacional Manuel Antonio, there exist constructions such as: hotels, restaurants, residences, lodgings, businesses, supermarkets, the main beach or Espadilla, houses, forests, maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), abundant biodiversity, areas protected by ley 7.555, boundary with the Pacific Ocean, different geological formations, a descending slope zone with gravitational inertia at various points that discharge into the beaches and areas near the Pacific Ocean. He states that, due to human circulation in this sector, especially in the vicinity and surroundings of Parque Nacional Manuel Antonio, the urgent need for a fully operational wastewater treatment plant (planta de tratamiento) has been noted, since at various points along Playa Espadilla and in Parque Manuel Antonio, bad odors resembling those of septic tanks are perceived.This is due to odors from residual soapy waters at at least three specific points along Playa Espadilla. He argues that in the sector of the main entrance to the former entrance of Parque Manuel Antonio, which borders alongside Hotel San Bada, a stream branch, the northwest side of Mar y Sombra, and an artificial lagoon — a stream branch adjacent to Kachá — the unbearable odors are perceived by visitors to Parque Nacional Manuel Antonio, workers in the area, residents, and tourists at Playa Espadilla, odors that have been present for several years in the area, where local environmentalists have raised the situation before Concejo Quepos; however, the administration has not addressed the environmental problem as a priority. He maintains that the aforementioned sector has a high density of human activities throughout the year, and that the 65 establishments are at risk that their treatment plant systems may suffer some form of saturation or overflow, which would generate contamination and affect people and the environment.He notes that this situation has already been raised by municipal council members (regidores), who have expressed urgent concern over the problem but without the mayor (alcaldesa) showing any interest in concrete solutions. Furthermore, the deputy minister (viceministro) of Environment paid attention to the situation, and an initiative was achieved so that some funds from Parque Nacional would be allocated to the construction of a treatment plant at three strategic points in the area; however, this initiative has not been supported by the respondent local corporation. Based on the arguments presented, he considers that the actions complained of are violating fundamental rights. He requests that the remedy be declared with merit with the legal consequences.
  2. 2By resolution of 10:21 hours on 04 February 2026, this Tribunal issued the resolution granting course to the present matter.
  3. 3José Luis Miranda Cajina, in his capacity as acting director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Quepos, reports under oath (report submitted on 09 February 2026), in the following terms: "II. ON THE ACTIONS OF THE HEALTH GOVERNING AREA OF QUEPOS. FIRST: On 04 February, the Directorate of the Health Governing Area of Quepos (hereinafter DARSQ) receives the constitutional remedy case file N° 25-040163-0007-CO, which alleges the urgent need for a fully operational treatment plant covering various points of Playa Espadilla as well as Parque Nacional Manuel Antonio (hereinafter PNMA) in Manuel Antonio, Quepos, given the perception of bad odors. SECOND: The remedy is then analyzed and, according to the problem raised therein, the DARSQ's databases contain records showing that, since 2020, several complaints have been filed relating to the improper disposal of wastewater (aguas residuales) at the three points identified by the petitioner.THIRD: For the year 2020, the receipt of 5 complaints is on record, in all 5 of which improper disposal of wastewater at the sites was not confirmed. In 2021, there are no records of any complaints formally filed on this matter. For the year 2022, the receipt of 3 complaints is on record, in one of which improper disposal of wastewater was evidenced, for which the corresponding sanitary order (orden sanitaria) was issued and subsequently monitored to confirm compliance. As for the other 2 complaints, it was not possible to confirm what had been reported. In 2023, there are no records of any complaints formally filed on this matter. Likewise, for 2024, there are no records of any complaints formally filed on this matter. For the year 2025, the receipt of 2 complaints is on record, in which the problem was evidenced and the corresponding sanitary order was issued so that the identified non-conformity (no conformidad) could be corrected as quickly as possible.Additionally, pursuant to ex officio inspections (inspecciones de oficio) carried out by this Ministry in the area, 3 additional sanitary orders were issued requiring two establishments in the area and the PNMA itself to correct the improper disposal of wastewater that was occurring at that time. Finally, in this year 2026, only one complaint has been recorded to date regarding wastewater in the area, corresponding to the PNMA; however, it has already been attended to and the matter complained of was not confirmed. Furthermore, acting on its own initiative, this DARSQ has to date conducted 3 inspections of a group of establishments located across from Playa Espadilla, in which improper disposal of wastewater was evidenced and the corresponding sanitary order was therefore issued for the identified non-conformity to be remedied. FOURTH: Regarding the odor issue at the 3 sites described by the petitioner, on this date (5 February 2026) an inspection was carried out by this Ministry and it was not possible to confirm the bad odors described.This can be evidenced through inspection reports (actas de inspección) MS-DRRSPC-DARSQ-AI084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026, and MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-2026. FIFTH: Regarding the wastewater treatment system for Manuel Antonio and the possible funds provided by the PNMA for its construction, as mentioned by the petitioner, this Ministry has no knowledge of the matter. For the reasons stated above, Your Honors, this Health representative considers that it has not been remiss in its actions and has demonstrated that this administrative authority has provided timely follow-up on the complaints filed by members of the public, as reflected in the administrative file held by this Health Governing Area of Quepos. Therefore, at the time of receiving this constitutional remedy, it is considered that timely follow-up had already been taking place with respect to the actions of this Health Governing Area regarding the complaints that concern the petitioner.Likewise, this Health Governing Area acted diligently by conducting a new inspection on 05 February 2026 at the reported site, confirming that the alleged impact does not exist, as set out in inspection report MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-2026, which states that the reported problem was not confirmed. In light of the foregoing, it is entirely clear that this Health Governing Area has effectively and efficiently violated no fundamental right of the petitioner, and that the actions taken have been carried out in adherence to the principle of legality (principio de legalidad) established in Article 11 of the Constitución Política and Article 11 of the Ley General de la Administración Pública, and within the applicable technical and legal regulatory framework. III. PETITION. Based on the foregoing facts and legal grounds, I respectfully request that this Honorable Constitutional Tribunal DECLARE THE PRESENT constitutional remedy DISMISSED as against this Health Authority and EXEMPT THE SAME FROM ALL LIABILITY."
  4. 4Patricia Bolaños Murillo, in her capacity as mayor, and Marta Bosques Marchena, in her capacity as president of the Concejo Municipal, both of the MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, report under oath (report submitted on 09 February 2026), in the following terms: "First: [Nombre 001] filed a constitutional remedy on 29 December 2025 without having previously submitted any petition to this Municipality. Second: His petition regarding wastewater management at Playa Espadilla was not submitted until 13 January 2026, a date even later than the notice issued by this authority by resolution of twenty-two hours ten minutes on the eleventh of January of two thousand twenty-six, in which he was asked whether he had formally submitted a petition to this Municipality; in response, he indicated that he had not done so and proceeded to do so. Third: On 19 January, the president of the Concejo Municipal forwarded [Nombre 001]'s petition dated 13 January 2026, identified as Oficio: CPE-1060-2-2026, to the mayor's office by official communication MQ-CM-PM-007-26-2025-2026.Fourth: On 14 January 2026, in response to a verbal request made by this mayor's office — that is, one day after the complaint was filed by [Nombre 001] — the Environmental Management Unit of the MUNICIPALIDAD DE QUEPOS conducted an on-site inspection together with the acting head of the Maritime-Terrestrial Zone Unit, the head of the Municipal Police along with Deputy Mayor Yehudi Mora, and the engineer from the Development and Infrastructure Unit; the MINISTERIO DE SALUD was also verbally requested to accompany them, and the official Lucía Sandí Zúñiga from that agency attended the site. Fifth: As a result of this inspection, several actions were taken upon detecting that apparently at least two businesses were discharging wastewater into the curb drainage and channel in the inspection area; accordingly, a formal complaint was first filed with the MINISTERIO DE SALUD that same day so that the competent authority could determine what had been described.Sixth: Said complaint was rejected by the MINISTERIO DE SALUD, indicating that those complained of had to be individually identified. (See Exhibit 2). Seventh: By official communication MQ-UGA-023-2026, dated 06 February of this year, biologist Warren Umaña Cascante requests that the MINISTERIO DE SALUD consider adapting its complaint-handling methodology given the particular circumstances of the case, and expresses the Municipality's willingness to collaborate in addressing the present case. (See Exhibit 3). Seventh: On the other hand, the mayor's office, as part of the board of administrators of Parque Nacional Manuel Antonio, sends official communication MO-ALC-143-2026 to the executive presidency of AyA with the aim of establishing an inter-institutional working group focused on addressing the matter as soon as possible in the search for permanent long-term solutions. (See Exhibit 4).Eighth: The petitioner is being untruthful when he states that funds have been set aside for the construction of a plant that have not been executed due to the local government's lack of interest, and that the land is under municipal ownership. What is true is that there is an initiative by the Municipality and SINAC to collaborate inter-institutionally on the construction of a treatment plant; however, precisely for this reason, the institution with primary jurisdiction over this matter — AyA — has been invited, as it has the capacity to carry out the technical feasibility studies for the construction of such a plant and to determine the most suitable location for it, taking into consideration that this is an environmentally fragile zone with particular topographic and soil composition characteristics that must be taken into account. Ninth: The response to [Nombre 001]'s petition was forwarded by official communication MO-ALC-142-2026 on 06 February 2026, to be considered in an ordinary session by the Concejo Municipal, since it was before that body that the petitioner submitted his petition.(See Exhibit 6). III — ON THE MERITS. 1. Absence of a current injury or certain threat to fundamental rights attributable to the Municipality. The constitutional remedy, pursuant to Article 48 of the Constitución Política and the Ley de la Jurisdicción Constitucional, is a subsidiary, residual, and exceptional mechanism designed to protect fundamental rights against specific, current actions or omissions attributable to a public authority. In the present case, the petitioner does not demonstrate the existence of an illegitimate, arbitrary, or negligent omission by the MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. On the contrary, it has been duly demonstrated that, even before the petitioner had filed a formal administrative petition, the Municipality had already activated inspection mechanisms, inter-institutional coordination, and a complaint to the competent authorities. This representative respectfully considers that a constitutional remedy does not lie when the Administration is acting within a reasonable margin of diligence, even if the definitive solution to the reported problem is complex or requires progressive, long-term actions. 2.Failure to exhaust administrative remedies and premature use of the constitutional remedy. It is particularly relevant that the petitioner himself expressly acknowledges that he had not taken any prior action before the Municipality when he filed the constitutional remedy on 29 December 2025. Indeed, the formal petition regarding wastewater management was not submitted until 13 January 2026, that is, after the remedy was filed and following the notice issued by the Chamber. Constitutional case law (jurisprudencia constitucional) is clear in that a constitutional remedy does not replace ordinary administrative procedures, nor can it be used as an anticipatory means to force administrative decisions without having first given the authority a real opportunity to learn about and address the problem raised, thereby distorting the constitutional purpose of superior protection. 3. Diligent, timely, and coordinated action by the local government.Far from the alleged inaction, the record shows that: • The Municipality conducted an on-site inspection on 14 January 2026, even one day after the petitioner's formal petition. • The inspection was coordinated with multiple municipal departments and with the MINISTERIO DE SALUD, the governing authority on environmental sanitation. • A formal complaint was filed with the MINISTERIO DE SALUD upon detecting apparent irregularities, demonstrating an active willingness to correct them. • Subsequent actions were taken to overcome the technical limitations identified by the MINISTERIO DE SALUD. • An inter-institutional working group was promoted with AyA, the competent institution for technical studies, design, and eventual execution of a treatment plant. This representative considers that when there is reasonable, progressive, and coordinated administrative action, it cannot be said that the right to a healthy environment has been violated or that there has been an unconstitutional omission. 4.Impossibility of attributing exclusive responsibility to the Municipality and complexity of the matter. The petitioner attempts to oversimplify a highly technical, inter-institutional, and structural environmental problem by attributing its immediate and exclusive solution to the local government. However, wastewater treatment in environmentally fragile zones involves shared jurisdiction with the MINISTERIO DE SALUD, AyA, SINAC, and other governing entities, which precludes any duty of unilateral action by the Municipality. Likewise, the alleged extremity regarding the supposed existence of available economic resources that have not been executed due to municipal lack of interest is false, as it has been duly disproven. The Municipality's own management demonstrates that the technical, environmental, and territorial feasibility of the project is still under analysis, which is entirely reasonable and constitutionally valid.The Chamber has reiterated that a constitutional remedy is not the appropriate means to impose complex public policies or to order infrastructure works without prior technical studies; the petitioner should have made reasonable inquiries to the Municipality in order to obtain first-hand, truthful information about the actions of the competent authorities and the Municipality on the matter (…) For the foregoing reasons, we request that the present remedy be dismissed in all its aspects with respect to this MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, given that the remedy was filed prematurely, without prior exhaustion of administrative remedies. This is in consideration of the fact that this representative has demonstrated through the evidence submitted that no constitutional right of the petitioner has been violated and that, on the contrary, the local government has acted diligently, reasonably, and in a coordinated manner in response to the reported situation, in accordance with its constitutional and legal powers."
  5. 5Mary Denisse Munive Angermuller, in her capacity as minister, and José Luis Miranda Cajina, in his capacity as acting director of the Health Governing Area of Quepos, both of the MINISTERIO DE SALUD, report under oath (report submitted on 11 February 2026), in the same terms previously stated by the acting director of the Health Governing Area of Quepos. They add the following: "It is timely and pertinent to note that, as reflected in the judicial file, by order of 22:10 hours on 11 January 2026, the petitioner was instructed that, within three days, he should indicate whether he had formally and in writing filed the corresponding petition before any authority to report the situation described in his initial brief, for which purpose he must provide a complete, legible copy of the complaint filed, together with the corresponding acknowledgment of receipt or email delivery confirmation. By brief dated 12 January, the petitioner states that 'in no way, at the time and date, was any petition filed in this regard before any health, municipal, or judicial authority,' limiting himself to saying that out of a sense of urgency he filed the constitutional remedy and that he interviewed residents and workers in the area, who allegedly stated that they had filed complaints that were not heeded, without at least indicating any circumstance of time, manner, or place that would allow reference to be made thereto.For the foregoing reasons, the MINISTERIO DE SALUD has not violated any fundamental right of the petitioner herein. Nevertheless, as indicated in technical report IT-MS-DRRSPC-DARSQ-054-2026, since 2020, complaints have been received that have been duly attended to, with the corresponding administrative acts taken in cases where warranted, while in other cases no breach of sanitary regulations has been confirmed. In particular, according to the technical report, last year two sanitary orders were issued as a result of two complaints, as well as three additional sanitary orders from ex officio actions by this Administration. For this year 2026, only one complaint has been filed, corresponding to Parque Nacional Manuel Antonio, which has already been duly addressed. As can be seen, this Ministry has acted in accordance with its legally established powers, safeguarding the right to health and to an ecologically balanced environment.CONCLUSION As can be seen, pursuant to the regulatory framework underpinning its jurisdiction and through the corresponding administrative acts, the MINISTERIO DE SALUD has carried out all possible actions to address the complaints filed with respect to the areas of Playa Espadilla and Parque Nacional Manuel Antonio, despite the fact that, as the petitioner himself states, he has not filed any complaint before this agency. It is evident that this Ministry has fully complied with the application of current legislation in furtherance of the protection of public health, acting on complaints filed by other members of the public and even acting on its own initiative; therefore, with due respect and consideration, it is requested that, with respect to this agency, the constitutional remedy be declared dismissed (…) — PETITION. In light of the foregoing, the Honorable Constitutional Tribunal is respectfully requested to DECLARE THE PRESENT constitutional remedy DISMISSED and to exempt my represented institution and the undersigned from all liability, since within the framework of our powers, it is evident that the fundamental right of the petitioner herein has not been violated, given that the MINISTERIO DE SALUD has acted as legally and administratively required."
  6. 6By written submission received at the Chamber's Secretariat on 14 February 2026, the petitioner states that, from what the MINISTERIO DE SALUD has reported, it is apparent that the situation has been reported on several occasions, but he is struck by the fact that only certain points were inspected. He considers that a more thorough inspection should be conducted. He adds that on 13 January 2026 he filed the corresponding complaint before the MINISTERIO DE SALUD of Quepos and the SINAC of Quepos. He reiterates his arguments.
  7. 7By resolution of 14:55 hours on 19 June 2026, this Tribunal issued an expansion-of-course resolution.
  8. 8By resolution of 15:02 hours on 24 June 2026, this Tribunal requested evidence for better resolution.
  9. 9Mónica Diana Navarro del Valle, in her capacity as Minister of Environment and Energy and representing the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, reports under oath (report submitted on 25 June 2026), in the following terms: "The petitioner raises the supposed existence of an environmental problem associated with the disposal of wastewater and the presence of bad odors in the area of Playa Espadilla and Parque Nacional Manuel Antonio, attempting to derive from such assertions a violation of the fundamental right enshrined in Article 50 of the Constitución Política. However, from a rigorous legal analysis, such assertions are insufficient to constitute a constitutional violation, as they lack adequate evidence to establish a current, specific injury directly attributable to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Indeed, in accordance with the reiterated case law of this Chamber, a constitutional remedy requires the concurrence of an illegitimate, current conduct or omission attributable to a public authority.In the present case, such prerequisites are not met, since there is no conduct attributable to SINAC outside its jurisdictional framework, no current injury or certain threat to fundamental rights is established, and the facts described correspond, at best, to a highly technical, complex, and multi-causal problem whose resolution depends on the coordinated intervention of various public institutions. Regarding the jurisdictional framework, it must be noted that pursuant to Articles 11 and 50 of the Constitución Política, as well as the Ley de Biodiversidad N° 7788, SINAC exercises specific functions in the area of administration and protection of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), not in matters of environmental sanitation, wastewater treatment, or discharge control, which fall under the jurisdiction of the MINISTERIO DE SALUD, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the municipalities, as provided in the Ley General de Salud N° 5395, the Ley para la gestión integral de residuos N° 8839, and Article 169 of the Constitution (COPOL).Consequently, any claim seeking to require SINAC to implement solutions in such matters is contrary to the principle of legality. Far from there being an omission, it is fully established that SINAC acted with due diligence, processing the complaint filed by the petitioner, conducting a field inspection, and channeling the information to the competent authority. In particular, the matter was registered in the SITADA system under number 59948-2026 and gave rise to an on-site inspection in which indications of impact were detected, though their origin could not be established with certainty, and the case was forwarded to the MINISTERIO DE SALUD for attention within its jurisdiction. This action categorically excludes any allegation of administrative inaction or negligence. Even more relevant is the fact that the technical evidence submitted by the Administration of Parque Nacional Manuel Antonio demonstrates that the reported facts do not originate within the protected area, but rather in external zones; the streams mentioned enter the park only at their final stretch, so any eventual contamination is generated upstream, outside SINAC's jurisdiction.Likewise, technical verifications have been conducted by means of fluorescein tests and assessments by the MINISTERIO DE SALUD that rule out the park's treatment systems as a source of contamination, confirming that they are operating properly. Even extraordinary situations that have affected internal park infrastructure — such as the damage caused to the treatment system by the earthquake that occurred in October 2025 — correspond to duly established force majeure events managed through institutional emergency mechanisms, with no causal connection whatsoever to the problem reported in this remedy. This element is decisive in ruling out any imputation of liability. Furthermore, the petitioner's claims regarding possible future scenarios of saturation or overflow of treatment systems lack factual certainty and constitute mere conjecture, which is incompatible with the nature of a constitutional remedy, which requires an actual impact or a certain — not hypothetical — threat.Likewise, the petitioner's argument makes clear that what is sought is the adoption of structural solutions of a technical nature, such as the construction of sanitary infrastructure, which clearly exceeds the scope of protection of this constitutional jurisdiction, pursuant to Articles 43, 44, and 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, according to which a constitutional remedy is not the appropriate means to impose public policies or to substitute the Administration's technical judgment. In the same vein, it must be emphasized that the case file itself evidences the actions of multiple public institutions in addressing the matter, which confirms the absence of state inaction and reaffirms the inter-institutional nature of the problem, whose solution requires technical planning, administrative coordination, and resource availability — elements that cannot be ordered through the summary proceedings of a constitutional remedy without distorting its purpose.Consequently, since neither an illegitimate action or omission nor a causal link between SINAC's conduct and the alleged impact is established, the present remedy is legally without merit with respect to this institution. PETITION For the foregoing reasons, this Honorable Constitutional Chamber is respectfully requested: 1. That the present report be deemed submitted in a timely and proper manner. 2. That the diligent action of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be deemed established. 3. That the constitutional remedy be declared DISMISSED with respect to SINAC, given that no violation of fundamental rights attributable to this institution has been established. 4. That the documents submitted by the Área de Conservación Pacífico Central be deemed admitted into evidence."
  10. 10Cristian Gallardo Solano, in his capacity as administrator of the Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA), reports under oath (report submitted on June 25, 2026), in the following terms: "With regard to this allegation, it is imperative to clarify to the Justices the geographical and topographic reality of the site. The areas affected by the alleged foul odors correspond mainly to areas outside the National Park. The stream in question enters the Protected Wildlife Area (Área Silvestre Protegida, ASP) only at its lower boundary, in the area known as Playa Espadilla, and what it traverses is a brief stretch running along the park's boundary. Therefore, if these watercourses are affected by wastewater (aguas residuales), such contamination occurs prior to the watercourse entering the Park's lands (…) On this matter, the Administration of the National Park rejects any responsibility for discharges in that sector.In response to past situations and complaints, the Ministry of Health has attended to conduct fluorescein tests (pruebas de Fluoresceína) and exhaustive inspections within the Park to determine whether the effluents (efluentes) from our treatment systems (sistemas de tratamiento) affect that hydrological system. The results of these tests have been negative. The Park's treatment systems and the treatment plant located at the main entrance have drainage systems as their final disposal method, which have proven to be fully functional and not affecting this watercourse (…) It is essential to clarify to this Chamber that, with regard to the sanitary order (orden sanitaria) issued to the Park in the past, this pertained solely and exclusively to the treatment system for the park rangers' (guardaparques) quarters and a restroom block (batería sanitaria) in the internal sector of the Park. This situation was the result of damage caused by an earthquake (a situation covered under the corresponding emergency declaration, with the construction and completion of the new system currently in progress to remedy this fortuitous damage).From a technical and material standpoint, these internal facilities are located 1.2 kilometers from the main entrance and from the stream in question; therefore, contamination from these systems reaching the reported sector is unlikely. Furthermore, both systems had independent drainage systems and had no effluents directed toward those bodies of water (…) In response, PNMA staff conduct constant routine patrols in the aforementioned sectors. During these monitoring rounds, it is confirmed that the watercourse enters the Park, but within our jurisdiction there is no evidence of irregular discharges or inflows from other neighboring properties. As established by the legal framework, the management, control, and sanctioning of cases involving effluents from homes or businesses falls directly under the jurisdiction of the Ministry of Health or the Municipality, institutions that SINAC will support throughout the process within the scope of its competencies.PRAYER FOR RELIEF Declare WITHOUT MERIT the writ of amparo (recurso de amparo) filed by [Name 001], national identity card (cédula de identidad) [Value 001], processed under judicial file Nº 25-040163-0007-CO, given that the Parque Nacional Manuel Antonio (SINAC) has not violated any fundamental right of the petitioner (amparado), having demonstrated technically (by means of fluorescein tests and perimeter distances) that it is not the entity generating the alleged contamination and that it has acted diligently in repairing its internal infrastructure damaged by force majeure, in strict compliance with the rule of law."
  11. 11Lourdes María Sáurez Barboza, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath (report submitted on June 26, 2026), in the following terms: "FIRST. The actions to which the petitioner refers, which he states were carried out by him before the municipal council (Concejo) of the local government, and their alleged failure to be treated as a priority issue, are not matters attributable to this institution. SECOND. The statements made within the Municipality by the council member (regidor), and the responses given thereto by the local government, are not matters attributable to this institution. However, it is clear that environmental issues require attention given the impacts that could be generated. THIRD. I have no knowledge of the alleged actions of the Deputy Minister of the Environment, as these are not matters attributable to this institution.FOURTH. The complaints which the petitioner states were filed before the Ministry of Health and SINAC are not within this institution's knowledge, as they do not fall within the scope of its competence. ON THE MERITS It is a well-known fact that at the national level there is a significant lag in the area of wastewater sanitation (saneamiento de aguas residuales), the resolution of which necessarily requires an articulated, multisectoral intervention, including not only the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) as the technical governing body of the drinking water and sanitation subsector, but also the active participation of other competent public institutions, as well as financial backing from the State. With regard to the area of Manuel Antonio, canton (cantón) of Quepos, it should be noted that on January 14, 2026, the Municipality of Quepos, in coordination with various municipal departments and with the Ministry of Health—in its capacity as the governing authority in matters of public health and environmental sanitation—carried out a comprehensive on-site inspection in order to assess the prevailing sanitary conditions.Subsequently, the local government promoted the formation of an inter-institutional working group (mesa de trabajo interinstitucional), with the participation of AyA and other strategic stakeholders with the potential to contribute technically and financially to the resolution of the wastewater problem, such as SINAC and INDER. As a result of this coordination, in March 2026 a joint technical visit was conducted in the Manuel Antonio area, with the aim of analyzing the feasibility of developing a comprehensive sanitation project. In this process, the Municipality of Quepos, SINAC, and INDER have agreed on the need to promote the design and eventual construction of a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario, AS) and a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR), as a structural solution to the problem. To that end, INDER has expressed its willingness to contribute approximately three billion colones (US$ 6.2 million), without prejudice to the fact that AyA, as the specialized technical body, must carry out the corresponding assessments to determine the most suitable solution from a technical, economic, and environmental standpoint.In this context, it is important to highlight the fact that the current administration has developed the project portfolio, in which projects with an advanced level of maturity have been prioritized. From this, an investment acceleration plan was developed, and work is also underway on projects requiring long-term planning, in accordance with the technical standards, guidelines, and procedures established by the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN). Based on these guidelines, AyA manages its projects by dividing them into three phases: a) Pre-investment phase: Needs are identified and alternatives are analyzed through four studies: idea, profile, pre-feasibility, and feasibility. At this stage, the technical, economic, and environmental viability of the project is determined. Only those projects that meet these criteria may receive public funding and advance to the next phase. b) Investment phase: Comprises five stages: design, financing, pre-execution, public tender (licitación), and execution.During this phase, resources are obtained, necessary studies and procedures are carried out, contracts are awarded, and works are executed. This is the phase with the greatest budgetary and operational demands. c) Post-investment phase: Includes the pre-operation and operation of the project. An assessment is made as to whether the good or service meets the stated objectives, and actions are implemented to ensure its long-term sustainability and efficiency. Registration of a project in the Public Investment Project Bank (Banco de Proyectos de Inversión Pública, BPIP) requires compliance with the ex-ante evaluation and obtaining technical and sectoral endorsements. In the event that the need to formulate a project for the Manuel Antonio, Quepos area is determined, it must comply with all of the phases described above, given the substantial financial investment involved; for this reason, it would be envisioned as a long-term solution.Nonetheless, it is essential to emphasize that responsibility in matters of public health and environmental protection involves multiple actors. In accordance with the Ley General de Salud (articles 262, 263, 285 through 292, and related provisions), as well as the Código Municipal (Ley N.º 7794, articles 13, 17, 83, and related provisions), the Ministry of Health and the municipalities have the duty to exercise regulatory, control, oversight, and sanctioning functions over activities that generate risks or harm to public health and the environment. In particular, in the absence of a collective sanitary sewer system, current regulations impose the obligation that wastewater be treated through adequate individual systems. In the case of residential dwellings, this involves the use of septic tanks (tanques sépticos), while for commercial establishments—such as hotels, restaurants, and others that generate special-category wastewater—it is mandatory to have specific treatment systems, including treatment plants, duly approved, supervised, and monitored by the Ministry of Health and the corresponding Municipality.Such conditions constitute essential requirements for the issuance of sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) (articles 282 et seq. of the Ley General de Salud) and for the authorization of municipal business licenses; therefore, they should have been required, verified, and strictly monitored by the Ministry of Health and the Municipality of Quepos from the commencement of the respective activities, as well as at each renewal process. The failure to require, supervise, or monitor these conditions constitutes a breach of legal duties in matters of public health and environmental protection. It is likewise noted that, following complaints from residents of the area, the Ministry of Health itself has had to intervene to address situations that reveal deficiencies in wastewater management, which reinforces the need for more diligent, coordinated, and timely action on the part of the competent health authorities.Within the framework of the inter-institutional working group, the subscription of a cooperation agreement between AyA, SINAC, the Municipality of Quepos, and INDER has been identified as an alternative to accelerate the implementation of a potential project, whereby AyA would provide the technical designs, INDER would assume the public tender and execution of the works, and, once completed, the assets would be transferred to AyA for operation. During the technical visit conducted, the existence of untreated wastewater discharges into the beach and the sea in the vicinity of the Parque Nacional Manuel Antonio was confirmed on-site—an area of high ecological, tourist, and economic value for the country. In this regard, any intervention must contemplate high-technology solutions—particularly with respect to the PTAR—that allow for the comprehensive treatment of contaminants, taking into account the environmental sensitivity of the coastal area and the protected area.Additionally, on a preliminary basis, the formulation of an independent sanitation project for the Manuel Antonio area has been recommended, without incorporating flow increases into the existing project for Quepos, in order to guarantee a technically adequate solution. Finally, there is a need to clearly define the project's financing scheme, bearing in mind that the contribution announced by INDER may prove insufficient to cover the totality of the required works, and that complementary alternatives must be explored, including the possibility of multi-year financing schemes, in accordance with the applicable regulations (…) PRAYER FOR RELIEF Based on the facts set forth, the documentary evidence submitted, and the legal considerations developed above, it is respectfully requested of this Honorable Chamber: To accept this report as having been submitted in a timely and proper manner by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.To consider that the actions carried out by AyA in fulfillment of its objectives have in no way violated constitutional rules, guarantees, or principles, and that it has acted responsibly and responded to the request made to it as the technical body. Accordingly, it is requested that the action filed against this institution be declared without merit in all its aspects."
  12. 12Alexander Sánchez Cabo, in his capacity as Minister, and José Luis Miranda Cajina, in his capacity as acting director (a.i.) of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Quepos, both of the Ministry of Health, report under oath (report submitted on July 3, 2026), in the following terms: "With the utmost respect, it is reported that the Health Governing Area of Quepos submitted CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-0185-2026, dated July 1, 2026, through which it expanded and clarified the information relating to the sanitary actions taken in the Manuel Antonio and Playa Espadilla area concerning the issue of wastewater. Said official communication is accompanied by the sanitary orders, inspection reports (actas de inspección), follow-up acts, and other documents that certify the status of attention given to each administrative action consulted by this Chamber. First, with regard to sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-079-2025, issued and notified on March twenty-sixth, two thousand twenty-five to the establishment Baldi's Fresh, it is noted that this order was issued on the occasion of physico-sanitary inspections carried out on March seventeenth, eighteenth, and twentieth of two thousand twenty-five, in which improper wastewater management was confirmed, according to technical report N° MS-DRRSPC-DARSQ-IT-125-2025.As a result, the submission of a remedial plan (plan remedial) to resolve the situation was ordered, as well as the definition of a technically acceptable alternative for the disposal of the treatment system effluent. Subsequently, the legal representative of the establishment surrendered the sanitary operating permit, a circumstance that rendered the previously notified sanitary order without effect, as the operational basis under which the measure had been issued ceased to exist. Second, with regard to sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0250-2025, issued on August twenty-sixth, two thousand twenty-five to the establishment Hotel Milenium, this was based on the physico-sanitary inspection of August twenty-second, two thousand twenty-five, in which inadequate wastewater disposal from the laundry, restrooms, showers, and washbasins of rooms 101, 102, and 103 was found, as well as deficiencies in the channeling of stormwater and the accumulation of water on rooftops.Accordingly, the suspension of the use of said rooms until the problem was corrected and authorization was obtained from this Ministry was ordered, along with the installation of gutters and downspouts (canoas y bajantes), improvements to prevent the accumulation of stormwater, the submission of a remedial plan, and the definition of a technically acceptable alternative for the final disposal of the effluent. Regarding this establishment, it should be highlighted that the Health Governing Area of Quepos conducted a subsequent inspection on July 1, 2026, documented in inspection report N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-290-2026, in which it was verified that Hotel Milenium had been operating without a valid sanitary operating permit since April 22, 2026. Upon this finding, the Administration issued and notified sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0151-2026, ordering the immediate closure of the establishment until it obtains the corresponding valid sanitary operating permit.This demonstrates that the Ministry did not maintain a passive stance toward the establishment; rather, upon verifying an irregular qualifying sanitary condition, it adopted the corresponding administrative measure within the scope of its competence. Third, with regard to sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0197-2025, issued and notified on July eighteenth, two thousand twenty-five to the establishment Restaurante Donde Alex 2, it is reported that this order was issued on the basis of a physico-sanitary inspection carried out on July fourth, two thousand twenty-five, in the context of an inter-institutional operation (operativo interinstitucional). Through said order, the establishment was required to dispose of the restaurant's wastewater within its own property, using a treatment system approved by the Ministry of Health, in such a manner as to prevent its discharge into the environment.Compliance was verified through inspection report N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-0614-2025, which recorded that the restaurant's wastewater was not being discharged into the environment, for which reason the case was closed. Fourth, with regard to sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, issued on November seventh, two thousand twenty-five to the Parque Nacional Manuel Antonio, it is indicated that this order originated in a physico-sanitary inspection conducted on November sixth, two thousand twenty-five, in which deficiencies were found associated with the disposal of wastewater from the park rangers' quarters, restroom block N°4, and the showers located in restroom block N°3. In response, the immediate closure of the park rangers' quarters facilities, the immediate closure of restroom block N°4, the immediate suspension of the use of the showers located in restroom block N°3, the submission of a remedial plan with a schedule, and the immediate adjustment of visitor capacity (aforo de visitantes) in accordance with the installed sanitary capacity were ordered.It is further recorded that SINAC submitted the corresponding remedial plan, under consecutive reference CARTA-SINAC-SE-SE-1628-2025, which was reviewed by the Health Governing Area of Quepos and approved through CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-367-2025, dated November twenty-sixth, two thousand twenty-five. In said communication, the proposed procedure and timelines for the improvements and repairs to the wastewater treatment system of the staff quarters and the restroom blocks of the National Park were found to be satisfactory, with February thirteenth, two thousand twenty-six set as the maximum compliance date. Likewise, the report from the Health Governing Area indicates that, while execution has experienced delays, the Park Administration continues to work toward compliance with the sanitary order, and the construction project for the wastewater treatment system was reviewed on the APC platform, with the Ministry of Health recording the result of "subsanación aceptada" (correction accepted).This indication is made strictly within the technical review scope corresponding to the Ministry of Health. Finally, it is clarified that technical report N° IT-MS-DRRSPC-DARSQ-054-2026 indicated that three sanitary orders had been notified during the year two thousand twenty-five through ex officio inspections; however, upon conducting the documentary review in order to respond to this order for supplemental evidence, the Health Governing Area determined that one of those orders was issued in the year two thousand twenty-four, even though its follow-up and compliance verification were carried out during the year two thousand twenty-five. This refers to sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024, issued on October twenty-fifth, two thousand twenty-four to the establishment Las Delicias, for the improper handling of wastewater from the bar sink, which was being directed toward the curb and drainage channel (cordón y caño) in front of the establishment.Regarding this action, inspection report N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-028-2025 is submitted, in which it was recorded that the wastewater from the bar sink was directed directly into the septic tank and that the establishment complied with what was indicated in sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024. The case was therefore closed. This clarification addresses the temporal reference contained in the initial technical report, without altering the substance of the administrative action, given that the follow-up and compliance verification are indeed recorded as having been carried out in the year two thousand twenty-five. From the foregoing, it follows that the Ministry of Health, through the Health Governing Area of Quepos, has exercised its technical and legal competencies in the area subject to the writ of amparo in a concrete and verifiable manner. In cases where correction of the non-compliance (no conformidad) was confirmed, compliance was documented and the case was closed; when the order became moot due to the surrender of the sanitary operating permit, this was so reported; when operation without a valid sanitary operating permit was verified, immediate closure was ordered; and, with regard to the Parque Nacional Manuel Antonio, immediate measures were ordered, a remedial plan was approved, and technical follow-up is being maintained within the scope of the Ministry of Health's competence.Based on the foregoing, it is requested that the order for supplemental evidence be considered as having been responded to in a timely and proper manner, that the corresponding evidentiary documentation be considered as having been submitted, and that the status of compliance and follow-up of the sanitary orders related to the year two thousand twenty-five be considered as clarified, in the terms set forth herein (…) - PRAYER FOR RELIEF. For the reasons stated, it is respectfully requested of this Honorable Constitutional Chamber that this report submitted under oath be accepted as duly filed and that the documentary evidence indicated be accepted as having been submitted. It is likewise requested that it be established that the Ministry of Health has acted within the framework of its legal competencies, through the issuance of sanitary orders, follow-up acts, approval of a remedial plan, and other relevant technical actions in response to the situations confirmed in the area subject to the writ of amparo."
  13. 13In the proceedings conducted, the applicable legal requirements have been observed.

Drafted by Justice Araya García; and,

Considering:

I.Subject of the writ. The petitioner claims violation of his fundamental rights, alleging that in the vicinity and surroundings of the Parque Nacional Manuel Antonio there is an urgent need for a treatment plant, as foul odors are perceived at several points on the beach and in the park, causing contamination. He states that this situation has been raised by council members (regidores), but that the respondent authorities have not sought a solution to the problem.

II.Proven facts. Of relevance to the decision of this matter, the following facts are considered duly established, either because they have been so demonstrated or because the respondent failed to address them as required in the initial order:

- Regarding the actions of the Ministry of Health:

  • a)The points described by the petitioner in this writ of amparo relating to Playa Manuel Antonio correspond to: • From the main entrance of the PNMA (Playa Nacional Manuel Antonio) to the former park entrance, running alongside Hotel San Bada. • On the northwest side of Mar y Sombra. • In the artificial lagoon, a stream branch adjacent to Kachá (see the reports submitted and the evidence provided).
  • b)The records of the Health Governing Area of Quepos database show that since 2020 the following complaints related to inadequate wastewater disposal at the three points identified by the petitioner in Manuel Antonio have been filed. These complaints are set out as follows: "• For the year 2020: 5 complaints were received, in none of which was inadequate wastewater disposal at the sites confirmed. • For the year 2021: there are no records of formal complaints having been filed related to the matter in question. • For the year 2022: 3 complaints were received, in one of which inadequate wastewater disposal was found to exist; accordingly, the corresponding sanitary order was notified and subsequent follow-up was carried out, confirming compliance. With regard to the other 2 complaints, it was not possible to confirm what had been reported. • For the year 2023: there are no records of formal complaints having been filed related to the matter in question. • For the year 2024: there are no records of formal complaints having been filed related to the matter in question. • For the year 2025: 2 complaints were received, in both of which the problem was confirmed; the corresponding sanitary order was therefore notified so that the identified non-compliance could be corrected as soon as possible.

In addition, pursuant to ex officio inspections conducted by this Ministry in the area, 3 additional sanitary orders were notified requiring two establishments in the area and the PNMA itself to correct the inadequate wastewater disposal that was occurring at that time. • For the year 2026: currently only one complaint related to the wastewater issue in the area has been recorded, which concerns the PNMA; however, it has already been addressed and what was reported was not confirmed." Furthermore, the Health Governing Area has conducted, to date, 3 inspections of a group of establishments located facing Playa Espadilla, in which inadequate wastewater disposal was found, and the corresponding sanitary order was accordingly notified so that the identified non-compliance could be remedied (see the reports submitted and the evidence provided).

  • c)By means of sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024, issued on October 25, 2024 to the establishment Las Delicias, for the improper handling of wastewater from the bar sink, which was being directed toward the curb and drainage channel in front of the establishment. Accordingly, inspection report N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-028-2025 was prepared, in which it was recorded that the wastewater from the bar sink was directed directly into the septic tank and that the establishment complied with what was indicated in sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024. The case was therefore closed (see the reports submitted and the evidence provided).
  • d)By means of sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-079-2025, issued and notified on March 26, 2025 to the establishment Baldi's Fresh, an order that was issued on the occasion of physico-sanitary inspections carried out on March 17, 18, and 20 of 2025, in which improper wastewater management was confirmed, according to technical report N° MS-DRRSPC-DARSQ-IT-125-2025. Accordingly, that sanitary order required the submission of a remedial plan to resolve the situation, as well as the definition of a technically acceptable alternative for the disposal of the treatment system effluent. Subsequently, however, the legal representative of the establishment surrendered the sanitary operating permit, a circumstance that rendered the previously notified sanitary order without effect, as the operational basis under which the measure had been issued ceased to exist (see the reports submitted and the evidence provided).
  • e)By means of sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0197-2025, issued and notified on July 18, 2025 to the establishment Restaurante Donde Alex 2, an order that was issued on the occasion of physico-sanitary inspections carried out on July 4, 2025. The establishment was thereby required to dispose of the restaurant's wastewater within its own property, using a treatment system approved by the Ministry of Health, in such a manner as to prevent its discharge into the environment. Compliance was verified through inspection report N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-0614-2025, which recorded that the restaurant's wastewater was not being discharged into the environment, for which reason the case was closed (see the reports submitted and the evidence provided).
  • f)By means of sanitary order (orden sanitaria) N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0250-2025, issued on August 26, 2025, to the establishment Hotel Milenium—an order issued on the occasion of physical-sanitary inspections carried out on August 22, 2025—it was established that wastewater (aguas residuales) from the laundry facilities, restrooms, showers, and washbasins of rooms 101, 102, and 103 was being improperly discharged, and that there were deficiencies in the conveyance of stormwater (aguas pluviales) and an accumulation of water on rooftops. Accordingly, the establishment was ordered to suspend the use of those rooms until the problem was corrected and authorization was obtained from the Ministerio de Salud, to install gutters and downspouts (canoas y bajantes), to make improvements to prevent stormwater accumulation, to submit a remedial plan (plan remedial), and to define a technically acceptable alternative for the final disposal of the effluent (efluente).

Subsequently, on July 01, 2026, the Health Regulatory Area (Área Rectora de Salud) carried out the corresponding inspection, in which it verified that Hotel Milenium had been operating without a valid operating health permit (permiso sanitario de funcionamiento) since April 22, 2026. Consequently, the Health Regulatory Area issued and notified sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0151-2026, by which it ordered the immediate closure (clausura) of the establishment until it obtains the corresponding valid operating health permit; this order is currently in effect (see the reports submitted and the evidence provided).

  • g)By means of sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, issued on November 07, 2025, to Parque Nacional Manuel Antonio—an order issued on the occasion of physical-sanitary inspections carried out on November 06, 2025—deficiencies were found in connection with the disposal of wastewater from the park rangers' quarters (casa de guardaparques), restroom block (batería sanitaria) N°4, and the showers located in restroom block N°3. Accordingly, the immediate closure of the park rangers' quarters facilities was ordered, as was the immediate closure of restroom block N°4, the immediate suspension of the use of the showers located in restroom block N°3, the submission of a remedial plan with a timetable, and the immediate adjustment of visitor capacity (aforo de visitantes) in accordance with the installed sanitary capacity (capacidad sanitaria instalada). In this regard, SINAC submitted the corresponding remedial plan under filing reference CARTA-SINAC-SE-SE-1628-2025, which was reviewed by the Health Regulatory Area of Quepos and approved by means of CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-367-2025 of November 26, 2025.

In this manner, the procedures and timelines proposed for improvements and repairs to the wastewater treatment system (sistema de tratamiento de aguas residuales) of the staff quarters (casa de funcionarios) and the indicated restroom blocks of the national park were accepted, with February 13, 2026, set as the maximum compliance date. Subsequently, although implementation has experienced delays, the Administration of the Park continues working toward compliance with the sanitary order, and the construction project for the wastewater treatment system for the staff quarters and the indicated restroom blocks of the national park was reviewed on the APC platform, with the Ministerio de Salud recording the result as "subsanación aceptada." This indication is made strictly within the technical review scope corresponding to the Ministerio de Salud (see the reports submitted and the evidence provided).

  • h)On December 29, 2025, the petitioner filed the present writ of amparo (recurso de amparo) (see the filing brief).
  • i)On January 13, 2026, the petitioner filed a complaint with the Ministerio de Salud and SINAC of MINAE regarding the situation described in the present writ of amparo (see the reports submitted and the evidence provided).
  • j)On January 14, 2026, in response to the complaint filed by the petitioner on January 13, 2026, with the Municipalidad de Quepos and the Health Regulatory Area of Quepos, the respondent Municipalidad and the respondent Health Regulatory Area carried out an on-site inspection in order to ascertain the prevailing sanitary conditions, thereby attending to the situation (see the reports submitted and the evidence provided).
  • k)On February 04, 2026, the decision to proceed with the case was notified to the Ministerio de Salud (see the notification record).
  • l)According to inspection records N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026, and MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-202, on February 05, 2026, the Health Regulatory Area of Quepos conducted an inspection at the 3 sites indicated by the petitioner and did not confirm the foul odors described (see the reports submitted and the evidence provided).

- Regarding the actions of the Municipalidad de Quepos:

  • a)The Municipalidad de Quepos and SINAC have an initiative to collaborate inter-institutionally on the construction of a treatment plant in the indicated area, for which reason the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados—the lead agency on the matter—was invited to participate, as it has the capacity to carry out the technical feasibility studies for the construction of said plant and to determine the most suitable location for it, taking into account that this is an environmentally sensitive area with particular topographic and soil-composition characteristics that must be considered (see the reports submitted and the evidence provided).
  • b)On December 29, 2025, the petitioner filed the present writ of amparo (see the filing brief).
  • c)On January 13, 2026, the petitioner filed a petition with the Municipalidad de Quepos regarding the management of wastewater at Playa Espadilla (see the reports submitted and the evidence provided).
  • d)On January 14, 2026, in response to a verbal request, the Environmental Management Unit (Unidad de Gestión Ambiental) of the Municipalidad de Quepos, together with the Maritime-Terrestrial Zone Unit (Unidad de Zona Marítimo Terrestre), the Municipal Police, the engineer from the Development and Infrastructure Unit (Unidad de Desarrollo e Infraestructura), and an official from the Ministerio de Salud, conducted an on-site inspection. As a result of that inspection, the respondent Municipalidad took several actions upon detecting that apparently at least two businesses were discharging wastewater into the curb and drainage channel (cordón y caño) in the inspection area; accordingly, a formal complaint was filed with the Ministerio de Salud that same day in order for the competent authority to make the determinations described. However, said complaint was rejected by the Ministerio de Salud, which indicated that the reported parties must be individually identified (see the reports submitted and the evidence provided).
  • e)By means of official communication MQ-CM-PM-007-26-2025-2026 of January 19, 2026, the president of the Municipal Council (Concejo) forwarded the petitioner's request to the mayor's office (alcaldía), identified as Communication CPE-1060-2-2026 (see the reports submitted and the evidence provided).
  • f)By means of official communication MO-ALC-143-2026 of February 02, 2026, the mayor's office of the Municipalidad de Quepos, acting as part of the administrative board of Parque Nacional Manuel Antonio, sent an official communication to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in order to convene an inter-institutional working group (mesa de trabajo interinstitucional) focused on addressing the matter as promptly as possible in search of permanent long-term solutions (see the reports submitted and the evidence provided).
  • g)On February 03, 2026, the general management (gerencia general) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados communicated the following to the Municipalidad de Quepos: "In response to the submission under the subject 'official communication MQ-ALC-143-2026,' I hereby formally acknowledge its receipt by this office on 03/02/2026. This acknowledgment is issued in strict compliance with the provisions of Article 27 of the Constitución Política, which recognizes the right to petition and the prompt resolution of requests submitted to the Public Administration, as well as with Ley N.° 9097 on the Regulation of the Right to Petition and Ley N° 8220 on the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures, which impose on public institutions the duty to provide timely, reasonable, and reasoned responses to the requests of those they serve. The corresponding procedures will be followed in accordance with current regulations, and you will be duly notified of the status of the request. With no further matters, I thank you for your attention and reiterate our commitment to transparency, efficiency, and continuous improvement in serving our users and the public." h) On February 05, 2026, the decision to proceed with the case was notified to the Municipalidad de Quepos (see the notification record).
  • i)By means of official communication MQ-UGA-023-2026 of February 06, 2026, biologist Warren Umaña Cascante of the Municipalidad de Quepos requested that the Ministerio de Salud consider adapting its complaint-handling methodology given the particular characteristics of the case, and expressed the Municipalidad's willingness to collaborate in handling the present case (see the reports submitted and the evidence provided).
  • j)By means of official communication MO-ALC-142-2026 of February 06, 2026, the mayor's office of the Municipalidad de Quepos forwarded the petitioner's response to the Municipal Council to be considered at an ordinary session of that Council, since it was before that body that the petitioner had submitted the request (see the reports submitted and the evidence provided).
  • k)By means of official communication MQ-UZMT-24-2026 of February 09, 2026, the head of the Maritime-Terrestrial Zone Unit of the Municipalidad de Quepos communicated the following to the mayor: "4- On another matter, as a result of meetings in which this Unit has participated with the Ministerio de Ambiente, inter-institutional coordination has been established to convene a working group among MINAE, AyA, and the Municipalidad de Quepos, to determine long-term measures such as the construction of a sewer system and a treatment plant to provide service in Manuel Antonio. This alternative requires expertise primarily from AyA; accordingly, by means of official communication MQ-ALC-143-2026 of February 02, 2026, your mayor's office, with the collaboration of this Maritime-Terrestrial Zone Unit, has requested that the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) of AyA visit the Canton of Quepos to hold an inter-institutional working group meeting. 5- Finally, with regard to financing for the construction of a sanitary sewer (alcantarillado sanitario) project at Playa Espadilla, it is technically impossible to define costs or financing mechanisms for a project for which construction plans—or even technical feasibility—have not yet been defined.

There is no certainty as to the location of a potential treatment plant specifically for this sector, since making that determination involves highly technical criteria. 6- Furthermore, the Municipalidad de Quepos is aware that AyA purchased a 1.8-hectare parcel of land (Finca No. 236382) for the installation of a treatment plant for the city of Quepos, and is aware that construction plans exist for the sanitary sewer network for the entire city of Quepos; however, it is unknown whether this already-designed system has the capacity to receive the wastewater from Manuel Antonio or whether AyA is considering another alternative to provide service to the sector of interest to the complainant. For this sewer project for the city of Quepos, together with projects in Jacó and Golfito, AyA had financing from a loan between Costa Rica and the Banco KFW Frankfurt am Main, approved by the Asamblea Legislativa in 2019.

However, on August 16, 2023, the Ministerio de Hacienda notified the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) of the cancellation of the program and the elimination of the budget and financing for the projects in those communities. It is clear that, given the very high cost of projects of this nature, it represents a financial challenge for the Municipalidad de Quepos to direct resources from its Municipal budget to single-handedly fund a project of this scale, and therefore it requires the participation of other institutions and the Central Government" (see the reports submitted and the evidence provided).

- Regarding the actions of SINAC:

  • a)In October 2025, an earthquake occurred that damaged the internal infrastructure of the treatment system of Parque Nacional Manuel Antonio, which prompted SINAC to activate institutional emergency mechanisms, including the corresponding emergency declaration. Coordination was also established with the Health Regulatory Area of Quepos, which resulted in sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, issued on November 07, 2025. The Administration of the Park continues working toward compliance with the sanitary order, and the construction project for the wastewater treatment system for the staff quarters and the indicated restroom blocks of the national park was reviewed on the APC platform, with the Ministerio de Salud recording the result as "subsanación aceptada." However, this situation has no causal connection whatsoever to the matter reported in the present writ of amparo by the petitioner. This is because, from a technical and material standpoint, these internal facilities are located 1.2 kilometers from the main entrance and from the creek (quebrada) in question; therefore, contamination from these systems reaching the reported sector is unlikely. Furthermore, both systems had independent drainage networks and their effluents were not directed toward those bodies of water (see the reports submitted and the evidence provided).
  • b)On December 29, 2025, the petitioner filed the present writ of amparo (see the filing brief).
  • c)On January 13, 2026, the petitioner filed a complaint with SINAC of MINAE regarding the situation described in the present writ of amparo. The request was registered in the SITADA system under number 59948-2026 (see the reports submitted and the evidence provided).
  • d)On January 19, 2026, SINAC of MINAE conducted a field inspection at the site reported by the petitioner. The technical evidence submitted by the Administration of Parque Nacional Manuel Antonio demonstrates that the reported events do not originate within the protected area but rather in areas external to it, with the mentioned watercourses entering the park only in their final stretch; accordingly, any potential contamination is generated upstream, outside SINAC's jurisdiction. Likewise, official record N° 3765 states that "it was possible to observe the quebrada La Camaronera emitting an unpleasant odor, though the source of the foul odor could not be identified; walking along the bank of the creek, we reached a point where two drainage culverts discharging into the creek bank were identified, carrying wastewater into the creek. Photographs and GPS coordinates were taken and the complaint was referred to the Ministerio de Salud, as this matter falls within its jurisdiction." Thus, the inspection detected indications of impact without it being possible to establish their origin with certainty. Accordingly, on January 21, 2026, the case was referred to the Ministerio de Salud for handling within its competencies (see the reports submitted and the evidence provided).
  • e)On June 22, 2026, by means of official communication CARTA-SINAC-ACOPAC-DR-DRFVS-OSRAP-0154-2026, SINAC notified the petitioner of the actions taken with respect to the complaint (see the reports submitted and the evidence provided).
  • f)On June 26, 2026, the decision to extend the proceedings was notified to SINAC of MINAE (see the reports submitted and the evidence provided).
  • g)The Health Regulatory Area of Quepos, in coordination with SINAC of MINAE, has carried out technical verifications at Manuel Antonio National Beach, using fluorescein (fluoresceína) tests and assessments that have ruled out the park's treatment systems as a source of contamination, confirming that they are operating properly. The park's treatment systems and the treatment plant located at the main entrance use drainage networks as their final disposal method, and these have been shown to be fully functional and not affecting this watercourse (see the reports submitted and the evidence provided).
  • h)The staff of Manuel Antonio National Beach conduct constant routine patrols in the aforementioned sectors. During these monitoring rounds, it is confirmed that the watercourse enters the Park, but no irregular discharges or inflows from other neighboring properties are observed (see the reports submitted and the evidence provided).

- Regarding the actions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

  • m)On January 14, 2026, in response to the complaint filed by the petitioner on January 13, 2026, with the Municipalidad de Quepos and the Health Regulatory Area of Quepos, the respondent Municipalidad and the respondent Health Regulatory Area conducted an on-site inspection in order to ascertain the prevailing sanitary conditions. Consequently, given the absence of a collective sanitary sewer network, current regulations impose the obligation to treat wastewater through adequate individual systems. In the case of residences, this involves the use of septic tanks (tanques sépticos), while commercial establishments—such as hotels, restaurants, and others that generate special-category wastewater—are required to have specific treatment systems, including treatment plants, duly approved, supervised, and inspected by the Ministerio de Salud and the corresponding municipality. During the inspection, the existence of untreated wastewater discharges into the beach and the sea in the vicinity of Parque Nacional Manuel Antonio was confirmed on-site.

It was thus established that, in response to complaints from local residents, the Ministerio de Salud itself had to intervene to address situations evidencing deficiencies in wastewater management. Furthermore, according to inspection records N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026, and MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-202, on February 05, 2026, the Health Regulatory Area of Quepos conducted an inspection at the 3 sites indicated by the petitioner and did not confirm the foul odors described (see the reports submitted and the evidence provided).

  • n)Subsequently, the Municipalidad de Quepos promoted the formation of an inter-institutional working group, with the participation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and other strategic actors with the potential to contribute technically and financially to the solution of the wastewater problem, such as SINAC and INDER (see the reports submitted and the evidence provided).
  • o)In March 2026, as a result of the aforementioned coordination, the involved institutions conducted a joint technical visit to the Manuel Antonio area with the aim of analyzing the feasibility of developing a comprehensive sanitation (saneamiento) project. During this process, the Municipalidad de Quepos, SINAC, and INDER have agreed on the need to promote the formulation and eventual construction of a sanitary sewer system (AS) and a wastewater treatment plant (PTAR), as a structural solution to the problem. Accordingly, INDER has expressed its willingness to contribute approximately three billion colones (US$ 6.2 million), without prejudice to the fact that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the specialized technical body, must carry out the corresponding assessments to determine the most suitable solution from a technical, economic, and environmental standpoint.

Consequently, should it be determined that a project needs to be formulated for the Manuel Antonio, Quepos area, it must comply with all phases established in the technical standards, guidelines, and procedures set forth by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), given the magnitude of the economic investment involved, for which reason it would be envisioned as a long-term solution. Within the framework of the inter-institutional working group, the conclusion of a cooperation agreement (convenio de cooperación) between AyA, SINAC, the Municipalidad de Quepos, and INDER has been identified as an alternative to accelerate the execution of a potential project, whereby AyA would contribute the technical designs, INDER would assume responsibility for the public procurement (licitación) and execution of the works, and, once completed, the assets would be transferred to AyA for its operation.

In this regard, any intervention must incorporate high-technology solutions—particularly with respect to the PTAR—that allow for the comprehensive treatment of contaminants, given the environmental sensitivity of the coastal area and the protected area. Additionally, the formulation of an independent sanitation project for the Manuel Antonio area has been preliminarily recommended, without incorporating additional flow into the existing project for Quepos, in order to guarantee a technically adequate solution. Finally, there is a clear need to define the financing scheme for the project with precision, bearing in mind that the contribution announced by INDER may prove insufficient to cover the total cost of the required works, making it necessary to explore complementary alternatives and to consider the possibility of multi-year financing schemes, in accordance with applicable regulations (see the reports submitted and the evidence provided).

III. Unproven Facts. The following facts of relevance to this decision are not considered to have been established

  • a)That, prior to filing the present writ, the petitioner filed a complaint with the Health Regulatory Area of Quepos, the Municipalidad de Quepos, or SINAC regarding the situation described in the filing brief (case file).
  • b)That the petitioner filed a complaint with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados regarding the situation described in the filing brief (case file).
  • c)That the Municipalidad de Quepos has issued a decision on whether or not a treatment plant needs to be built at Playa Manuel Antonio (case file).

IV.On the conduct of the Ministry of Health. After analyzing the evidentiary elements submitted, this Tribunal finds that no violation of the petitioner's fundamental rights has occurred with respect to this Ministry. This is because the reports filed by representatives of the respondent authorities—which are deemed given under oath, with the consequences, including criminal consequences, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted for resolution of the matter have duly established that the locations described by the petitioner in this amparo petition concerning Playa Manuel Antonio correspond to: • From the main entrance of the PNMA (Parque Nacional Manuel Antonio) to the former park entrance, running alongside Hotel San Bada. • On the northwest side of Mar y Sombra. • In the artificial lagoon arm of a stream adjacent to Kachá. The records in the database of the Área Rectora de Salud de Quepos show that since 2020 the following complaints have been filed concerning improper disposal of wastewater (aguas residuales) at the three locations identified by the petitioner in Manuel Antonio.

Those complaints are set out below: "• For the year 2020: the receipt of 5 complaints is on record, of which in all 5 cases improper wastewater disposal at those sites could not be confirmed. • For the year 2021: there are no records of any complaints formally filed on the subject matter in question. • For the year 2022: the receipt of 3 complaints is on record; in one of those cases it was possible to establish that improper wastewater disposal was taking place, and accordingly the corresponding sanitary order (orden sanitaria) was issued and follow-up was subsequently carried out, confirming compliance. With respect to the other 2 complaints, it was not possible to substantiate what had been reported. • For the year 2023: there are no records of any complaints formally filed on the subject matter in question. • For the year 2024: there are no records of any complaints formally filed on the subject matter in question. • For the year 2025: the receipt of 2 complaints is on record; the problem was substantiated in those cases and the corresponding sanitary order was issued so that the identified nonconformity could be corrected as quickly as possible.

In addition, based on ex officio inspections conducted by this Ministry in the area, 3 additional sanitary orders were issued requiring two establishments in the area and the PNMA itself to correct the improper wastewater disposal that was occurring at that time. • For the year 2026: at present only one complaint regarding wastewater in the area is on record, which pertains to the PNMA; however, that complaint has already been addressed and what was reported could not be confirmed." Furthermore, the Área de Salud has thus far conducted 3 inspections of a group of establishments located in front of Playa Espadilla, in which improper wastewater disposal was evidenced, and the corresponding sanitary order was accordingly issued requiring the identified nonconformity to be remedied. Likewise, through sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024, issued on October 25, 2024, to the establishment Las Delicias, for improper management of wastewater from the bar sink, which was being directed to the curb and drainage channel in front of the establishment.

Accordingly, inspection report N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-028-2025 was drawn up, in which it was recorded that the wastewater from the bar sink was being directed directly to the septic tank and that the establishment was complying with the provisions of sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024. The case was therefore closed. Through sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-079-2025, issued and notified on March 26, 2025, to the establishment Baldi's Fresh—an order that was issued following physical-sanitary inspections conducted on March 17, 18, and 20, 2025, in which improper wastewater management was confirmed pursuant to technical report N° MS-DRRSPC-DARSQ-IT-125-2025—said sanitary order required submission of a remedial plan to resolve the situation, as well as the identification of a technically admissible alternative for the disposal of the effluent from the treatment system. However, the establishment's legal representative subsequently surrendered the sanitary operating permit, a circumstance that rendered the previously notified sanitary order moot, since the operating premise under which the measure had been issued ceased to exist.

Through sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0197-2025, issued and notified on July 18, 2025, to the establishment Restaurante Donde Alex 2—an order that was issued following physical-sanitary inspections conducted on July 4, 2025—it was ordered that the establishment must dispose of the restaurant's wastewater in a sanitary manner, within its own property, by means of a treatment system approved by the Ministry of Health, in such a way as to prevent its discharge into the environment. Compliance with this order was verified through inspection report N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-0614-2025, in which it was recorded that the restaurant's wastewater was not being discharged into the environment, and the case was therefore closed. Through sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0250-2025, issued on August 26, 2025, to the establishment Hotel Milenium—an order that was issued following physical-sanitary inspections conducted on August 22, 2025, in which improper disposal of wastewater from the laundry, toilets, showers, and washbasins of rooms 101, 102, and 103 was found, along with deficiencies in the routing of stormwater and accumulation of water on rooftops—it was ordered that the use of those rooms be suspended until the problem was corrected and authorization was obtained from the Ministry of Health, that gutters and downspouts be installed, that improvements be made to prevent stormwater accumulation, that a remedial plan be submitted, and that a technically admissible alternative be identified for the final disposal of the effluent.

Subsequently, on July 1, 2026, the Área Rectora de Salud conducted the corresponding inspection, during which it verified that Hotel Milenium had been operating without a valid sanitary operating permit since April 22, 2026. Accordingly, the Área Rectora de Salud issued and notified sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0151-2026, ordering the immediate closure of the establishment until it holds the corresponding valid sanitary operating permit; that order is currently in force. Through sanitary order N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, issued on November 7, 2025, to the Parque Nacional Manuel Antonio—an order that was issued following physical-sanitary inspections conducted on November 6, 2025, in which deficiencies were confirmed relating to the disposal of wastewater from the park rangers' house, sanitary block N°4, and the showers located in sanitary block N°3—immediate closure of the facilities of the park rangers' house was ordered, along with immediate closure of sanitary block N°4, immediate suspension of the use of the showers in sanitary block N°3, submission of a remedial plan with a timetable, and immediate adjustment of visitor capacity to correspond to the installed sanitary capacity.

In this regard, SINAC submitted the corresponding remedial plan under reference number CARTA-SINAC-SE-SE-1628-2025, which was reviewed by the Área Rectora de Salud de Quepos and approved by means of CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-367-2025 of November 26, 2025. The procedures and timelines proposed for improvements and repairs to the wastewater treatment system for the staff house and the indicated sanitary blocks of the National Park were thereby accepted as satisfactory, with February 13, 2026, set as the maximum compliance date. Subsequently, although implementation has experienced delays, the Park Administration continues working toward compliance with the sanitary order, and the construction project for the wastewater treatment system for the staff house and the indicated sanitary blocks of the National Park was reviewed on the APC platform, with the Ministry of Health's records reflecting a result of "remediation accepted." This indication is made strictly within the technical review scope corresponding to the Ministry of Health.

Now, after the filing of the present petition, on January 13, 2026, the petitioner filed a complaint with the Ministry of Health and SINAC of MINAE concerning the situation described in this amparo petition. Thus, on January 14, 2026, in response to the complaint filed by the petitioner on January 13, 2026, before the Municipalidad de Quepos and the Área Rectora de Quepos, the respondent Municipality and the respondent Área Rectora de Salud conducted an on-site inspection to assess the prevailing sanitary conditions, addressing the situation.

Likewise, following notification of the procedural resolution, according to inspection reports N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026, and MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-2026, on February 5, 2026, the Área Rectora de Salud de Quepos conducted an inspection at the 3 locations identified by the petitioner and did not confirm the foul odors described. Finally, it was not established that, prior to the filing of the present petition, the petitioner had filed a complaint with the Área Rectora de Salud de Quepos concerning the situation set out in the filing brief.

In this regard, it is relevant to reiterate that, prior to the filing of the present petition, the petitioner had not filed a complaint with the Área Rectora de Salud de Quepos concerning the situation described in the amparo; accordingly, no omission can be attributed to that Ministry.

In this connection, through judgment no. 2023-29457 of 12:50 hours on November 10, 2023, issued in case no. 23-012835-0007-CO, this Tribunal established, with respect to the requirement to file a complaint in environmental matters, that "in order for an injury or threat to environmental rights to be heard, whether in general or in particular, we would have to be facing a scenario in which the affected person has filed a complaint, and in the course of its processing a threat has been found or it has been determined that the environment is in fact being harmed, and yet the respondent administrative authorities have taken no measures whatsoever in this regard, thereby violating the constitutional right enshrined in Article 50 of the Carta Magna." However, that same judgment also established that "the Constitutional Tribunal has in fact taken up petitions in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without the need for a prior complaint; this, under two exceptional scenarios, namely: 1) when the case is of great magnitude; and 2) when it can be inferred from the record that the competent authorities have had knowledge of the alleged situation that is threatening or causing harm to the environment and have taken no measures whatsoever in response." On this point, as established above, it is necessary to reaffirm that it is evident that since 2020 multiple complaints have been filed (none by the petitioner) with the respondent Área de Salud concerning improper wastewater disposal at the three locations identified by the petitioner; however, it is established that those complaints have been addressed by the respondent Ministry, conducting the corresponding inspections, ruling out the alleged situation, and issuing sanitary orders when deemed appropriate, with appropriate follow-up in each case.

Accordingly, this Tribunal considers that the Área de Salud has given timely follow-up to the complaints filed by members of the public. Likewise, upon becoming aware of the situation alleged by the petitioner through the amparo proceeding, on January 14, 2026, the respondent Municipality and the respondent Área Rectora de Salud conducted an on-site inspection to assess the prevailing sanitary conditions. A new inspection was also carried out on February 5, 2026, at the reported location, to confirm that the alleged harm did not exist. In other words, the Ministry of Health has been diligent in response to knowledge of complaints at the location identified by the petitioner—complaints that were never filed by the petitioner himself, since it is reiterated that, prior to the filing of the present petition, the petitioner had not filed a complaint with the Área Rectora de Salud de Quepos concerning the situation described in the amparo.

Finally, with respect to the complaint filed by the petitioner on January 13, 2026, before the Ministry of Health, it is reaffirmed that said action was filed after the submission of the present amparo petition, and therefore any claim relating to that complaint is premature.

Accordingly, with respect to this Ministry, no violation of the petitioner's fundamental rights is found.

V.On the conduct of the Municipalidad de Quepos. With respect to this municipal corporation, it is established as proven that there is an initiative on the part of the Municipalidad de Quepos and SINAC to collaborate inter-institutionally toward the construction of a treatment plant in the indicated area; for this reason, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was invited to participate, as the lead institution on this subject and the one with the capacity to conduct the technical feasibility studies for the construction of said plant and to determine the most suitable site for its location, taking into account that this is an environmentally fragile area with particular topographic and soil-composition characteristics that must be considered.

Now, after the filing of the present petition, on January 13, 2026, the petitioner filed a request with the Municipalidad de Quepos regarding wastewater management at Playa Espadilla. Thus, on January 14, 2026, in response to a verbal request, the Unidad de Gestión Ambiental of the Municipalidad de Quepos, together with the Unidad de Zona Marítimo Terrestre, the Municipal Police, the engineer from the Unidad de Desarrollo e Infraestructura, and an official from the Ministry of Health, conducted an on-site inspection. As a result of that inspection, the respondent Municipality took several actions upon detecting that apparently at least two businesses were discharging wastewater to the curb and drainage channel in the inspection area, and accordingly a formal complaint was filed that same day with the Ministry of Health so that the competent authority could determine whether the described situation existed.

However, that filing was rejected by the Ministry of Health on the grounds that the persons complained of had to be individually identified. Through official communication MQ-CM-PM-007-26-2025-2026 of January 19, 2026, the President of the Concejo forwarded the petitioner's request to the mayor's office, identified as Oficio: CPE-1060-2-2026. Through official communication MO-ALC-143-2026 of February 2, 2026, the mayor's office of the Municipalidad de Quepos, acting as part of the administrative board of the Parque Nacional Manuel Antonio, sent an official communication to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for the purpose of convening an inter-institutional working group focused on addressing the issue as quickly as possible in search of permanent long-term solutions. On February 3, 2026, the general management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados communicated the following to the Municipalidad de Quepos: "In response to what was submitted under the heading 'official communication MQ-ALC-143-2026,' I hereby formally acknowledge receipt of the same by this office on 03/02/2026.

This acknowledgment of receipt is issued in strict compliance with the provisions of Article 27 of the Constitución Política, which recognizes the right of petition and the prompt resolution of requests submitted to the Public Administration; as well as Ley N.° 9097 on the Regulation of the Right of Petition and Ley N° 8220 on the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures, which impose on public institutions the duty to provide timely, reasonable, and reasoned responses to requests from members of the public. The appropriate processing will proceed in accordance with current regulations, and you will be duly informed of the progress of the request. With no further matters to report, I thank you for your attention and reiterate our commitment to transparency, efficiency, and continuous improvement in service to users and the public." Likewise, following notification of the procedural resolution, through official communication MQ-UGA-023-2026 of February 6, 2026, biologist Warren Umaña Cascante of the Municipalidad de Quepos requested that the Ministry of Health consider adapting its complaint-handling methodology to the particularities of this case and expressed the Municipality's willingness to collaborate in addressing it.

Through official communication MO-ALC-142-2026 of February 6, 2026, the mayor's office of the Municipalidad de Quepos forwarded the petitioner's response to the Concejo for consideration at an ordinary session by that body, since the petitioner had addressed his request to that body. Through official communication no. MQ-UZMT-24-2026 of February 9, 2026, the head of the Unidad de Zona Marítimo Terrestre of the Municipalidad de Quepos communicated the following to the mayor: "4- Furthermore, as a result of meetings in which this Unit has participated with the Ministerio de Ambiente, inter-institutional coordination has been carried out to convene a working group among MINAE, AyA, and the Municipalidad de Quepos, to determine long-term measures such as the construction of a sewerage system and a treatment plant to provide service in Manuel Antonio. This alternative primarily requires the expertise of AyA; accordingly, through official communication MQ-ALC-143-2026 of February 2, 2026, your mayor's office, with the collaboration of this Unidad de Zona Marítimo Terrestre, requested that the Executive Presidency of AyA visit the Canton of Quepos in order to convene an inter-institutional working group. 5- Finally, with respect to financing for the construction of a sanitary sewerage project at Playa Espadilla, it is technically impossible to define amounts or financing channels for a project for which we have not yet defined construction plans, or even technical feasibility.

There is no certainty regarding the location of a possible treatment plant specifically for this sector, since determining this involves highly technical criteria. 6- The Municipalidad de Quepos is aware that AyA purchased a 1.8-hectare parcel (Finca No. 236382) for the installation of a treatment plant for the city of Quepos, and is aware that construction plans exist for the sanitary sewerage system for the entire city of Quepos; however, it is unknown whether this already-designed system is capable of receiving the wastewater from Manuel Antonio or whether AyA is considering another alternative to provide service in the sector of interest to the complainant. For this sewerage project for the city of Quepos, along with projects in Jacó and Golfito, AyA had secured financing through a loan between Costa Rica and Banco KFW Frankfurt am Main, approved by the Asamblea Legislativa in 2019. However, the Ministerio de Hacienda on August 16, 2023, notified the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) of the cancellation of the program and the elimination of the budget and financing for the projects in those communities.

It is clear that, given the very high cost of this type of project, directing resources from its Municipal budget to single-handedly cover a project of this magnitude poses a financial challenge for the Municipalidad de Quepos, which therefore requires the participation of other institutions and the Central Government." Finally, it was not established that, prior to the filing of the present petition, the petitioner had filed a complaint with the Municipalidad de Quepos concerning the situation set out in the filing brief.

Accordingly, as noted in the preceding considerando, it is relevant to reiterate that, prior to the filing of the present petition, the petitioner had not filed a complaint with the Municipalidad de Quepos concerning the situation described in the amparo; therefore, no omission can be attributed to that municipal corporation with respect to any complaint by the petitioner. Consequently, with respect to the complaint filed by the petitioner on January 13, 2026, before the respondent Municipality, it is reaffirmed that said action was filed after the submission of the present amparo petition, and therefore any claim relating to that complaint is premature. Accordingly, on this point the petition against the Municipalidad de Quepos is denied.

However, notwithstanding the actions taken by the respondent Municipality, this Tribunal does find an omission on the part of that municipal corporation with respect to its obligations. In this regard, it has been duly established that, even before the petitioner had filed any formal administrative request, the respondent Municipality had already activated inspection mechanisms, inter-institutional coordination, and complaints before the competent authorities; accordingly, there currently exists an initiative on the part of the Municipalidad de Quepos and SINAC to collaborate inter-institutionally toward the construction of a treatment plant in the indicated area, which is why the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was invited to participate, as the lead institution on this subject and the one with the capacity to conduct the technical feasibility studies for the construction of said plant and to determine the most suitable site for its location, taking into account that this is an environmentally fragile area with particular topographic and soil-composition characteristics that must be considered.

Thus, while it is true that, prior to the filing of the present petition, the corresponding complaint had not been filed, the fact remains that the Municipalidad de Quepos was aware, even before any complaint was filed, of the possible need to construct a treatment plant in the indicated area. In this regard, it is necessary to reiterate what was stated in the preceding considerando, to the effect that "the Constitutional Tribunal has in fact taken up petitions in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without the need for a prior complaint; this, under two exceptional scenarios, namely: 1) when the case is of great magnitude; and 2) when it can be inferred from the record that the competent authorities have had knowledge of the alleged situation that is threatening or causing harm to the environment and have taken no measures whatsoever in response." It is thus evident that the Municipality did have knowledge, even before any complaint was filed, of the possible need to construct a treatment plant in the indicated area.

On this point, it should be noted that the petitioner alleges that "the urgent need for a treatment plant in full operation has become apparent, since at various points along, for example, Playa Espadilla and Parque Manuel Antonio, foul odors resembling septic-tank odors can be detected (…) environmental advocates in the area have raised the situation before the Concejo of Quepos; however, the administration has not addressed the environmental problem as a priority." In this regard, the respondent Municipality does not deny this situation or deny having knowledge of what is described, but in its sworn report it confines itself to stating that "(…) the petitioner is not being truthful in claiming that there are funds earmarked for the construction of a plant that have not been used due to a lack of interest on the part of the local government, or that the land is under municipal ownership; what is true is that there is an initiative on the part of the Municipality and SINAC to collaborate inter-institutionally toward the construction of a treatment plant; however, precisely for that reason the lead institution on the subject, AyA, has been invited to participate, since it has the capacity to conduct the technical feasibility studies for the construction of that plant and to determine the most suitable site for its location, taking into account that this is an environmentally fragile area with particular topographic and soil-composition characteristics that must be considered (…) In the present case, the petitioner has not established the existence of an unlawful, arbitrary, or negligent omission on the part of the Municipalidad de Quepos.

On the contrary, it has been duly established that, even before the petitioner had filed any formal administrative request, the Municipality had already activated inspection mechanisms, inter-institutional coordination, and complaints before the competent authorities. This representation respectfully considers that an amparo petition does not lie when the Administration is acting within a reasonable margin of diligence, even when the definitive solution to the reported problem is complex or requires progressive, long-term action (…) The municipality's own management demonstrates that the technical, environmental, and territorial feasibility of the project is still under analysis, which is entirely reasonable and constitutionally valid." In other words, the Municipality itself acknowledges that the reported problem requires a solution; however, there is no record of the Municipalidad de Quepos having resolved the question of whether or not a treatment plant needs to be built at Playa Manuel Antonio, revealing an omission on the Municipality's part with respect to its obligations.

Likewise, it should be noted that, upon becoming aware of the situation through the amparo proceeding, the respondent Municipality has taken the following actions: "conducted an on-site inspection on January 14, 2026 (…) • The inspection was coordinated with multiple municipal departments and with the Ministry of Health, the lead authority on environmental sanitation matters. • A formal complaint was filed with the Ministry of Health upon detection of apparent irregularities, demonstrating active willingness to address them. • Subsequent actions were taken to overcome the technical limitations identified by the Ministry of Health. • An inter-institutional working group was promoted with AyA, the institution competent to conduct technical studies, design, and the eventual construction of a treatment plant." In other words, despite confirming that the Municipality did have knowledge of the question of whether a treatment plant is needed at Playa Manuel Antonio, the fact remains that to date it has only promoted an institutional working group without resolving the underlying issue.

In this regard, it is important to cite what was stated in ruling no. 2026-026822, issued at 09:25 hours on July 17, 2026, which established, in the relevant part, the following: "It must not be overlooked that the Municipalidad de Limón, as administrator of local interests and services (Article 169 of the Constitución Política), and the body before which the complaint of July 17, 2025 was filed, cannot distance itself from the problems presented and must act as a coordinator of the concerted intervention of the Administration, since, as has been seen, the definitive solution requires the integration of efforts and the action of various departments. This Sala Constitucional, in ruling No. 2020-010630, issued at 09:15 hours on June 12, 2020, explained: '(…) MUNICIPAL COMPETENCE AND OBLIGATION OF INTERINSTITUTIONAL COORDINATION. Municipal competence and obligation of interinstitutional coordination.

Article 169 of the Constitución Política provides that "The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)." This provision has been developed by the ordinary legislator; accordingly, Article 3 of the Código Municipal, Ley N° 7794 of April 30, 1998, provides that: "The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government." The Sala Constitucional has expressed the same view in its case law. For instance, in Sentencia N° 5445-99, issued at 14:30 hours on July 14, 1999, the following was established: "VI.- ON THE POWERS OF MUNICIPALITIES BY SUBJECT MATTER (THE CONCEPT OF 'THE LOCAL'). By express constitutional mandate—Article 169—a specific assignment of functions or powers is made in favor of local governments by subject matter, referring to 'the local,' that is, 'the administration of the services and interests' of the locality to which each is circumscribed, for which purpose it is endowed with autonomy (...).

Therefore, its powers are general in nature, since there is no detailed enumeration of its specific duties but merely a general statement of the scope of its competence; yet this does not make those duties indeterminate, as this Tribunal addressed in ruling number 6469-97, issued at sixteen hours and twenty minutes on October 8, nineteen ninety-seven, in the following terms: '(...) the local character carries such significance that defining its scope—whether by the legislator or by a judge—must lead to the preservation of the integrity of local interests and services, in such a way that not even the legislator could enact rules tending to dismember the Municipality (its territorial element) without following the procedures previously established in the Constitución Política; nor could the legislator enact provisions that place its inhabitants (population) in conditions clearly inferior to those of the rest of the country; nor measures that affect the very essence of the local (government), converting the Corporation into a mere empty shell in which only the name subsists while the entire regime—as conceived by the National Constituent Assembly—is rendered ineffective.

In other words, there will be duties that are by their nature municipal—local—and cannot be removed from that sphere of competence to be converted into national or state services or interests, because doing so would disarticulate the Municipality, or more precisely, drain it of its constitutional substance; and therefore, it is not possible to establish in advance the impassable limits of the local, but rather, to determine what does or does not correspond to the communal government, it must be extracted from the examination of each specific case (...).' From the foregoing, it is clear that, by the express will of our Fundamental Charter, a specific competence is assigned to local governments—a competence that, moreover, is exclusive to them; that is, it is an original competence of the municipality, and it may be displaced, in whole or in part, only by a nationalization or regionalization law.' Consequently, if a group of municipal residents (munícipes), within their territorial jurisdiction, suffer flooding that endangers their lives and causes serious property, psychological, and quality-of-life harm and general loss of well-being, this falls within the concept of 'local interests and services' under Article 169 of the Constitution, problems whose causes must be precisely identified and, even more so, whose solutions must be found and implemented as swiftly as possible; to which end, it is the Municipality's responsibility to coordinate with nationally competent institutions capable of acting on the problem.

Indeed, the Sala has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to 'interests' and duly provide 'local services.' In the aforementioned Sentencia N° 5445-99, the Sala stated: '(...) these provisions refer to the obligation of coordination that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch, in order to carry out the functions assigned to them, which must be analyzed from the standpoint of the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of Article 170 of the Constitution that municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (Article 169 of the Constitución Política) (...). A conflict cannot, then, be created through antagonism or rivalry between the subject matter that constitutes the general aim of "local interests and services" and the "national" or "state" public interests and services—intrinsically distinct from one another, but in reality destined to coexist (...).

Once the material competence of the municipality within a given territorial jurisdiction is defined, it becomes clear that there will be duties that are by their nature exclusively municipal, alongside others that may be deemed national or state; it is therefore essential to define the form of co-participation in powers that inevitably results, since the public capacity of the municipalities is local and that of the State and other entities is national; it follows that municipal territory is simultaneously state and institutional territory, to the extent required by circumstances. That is, municipalities may share their competences with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms defined by law (Article 5 of the former Código Municipal, Article 7 of the new Código Municipal), which establishes the obligation of "coordination" between municipalities and the public institutions that concurrently exercise their competences, in order to avoid duplication of efforts and contradictions—above all because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy, as its expression.

In other words, the municipality is called upon to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coinciding—in many cases—interests around a specific matter. In legal doctrine, coordination is defined from the existence of several independent centers of action, each with its own duties and decision-making powers, and potentially divergent ones; nevertheless, there must exist a community of purpose by subject matter—though by concurrence—insofar as the entity receiving the final results of the activity and acts of each center is the same.' So coordination is the ordering of relations among these various independent activities, which accounts for their concurrence on the same object or entity, making it useful for a comprehensive public plan, without suppressing the mutual independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions or the State itself in relation to the municipalities, it is not possible to impose certain conduct upon them, which gives rise to the indispensable interinstitutional 'concert,' in the strict sense: autonomous and independent centers of action reach agreement on that preventive and comprehensive framework, in which each fulfills a role in view of a mission entrusted to the others.' It should be noted, furthermore, that Municipalities are required, by mandate of Article 50 of the Constitución Política, to devote themselves to the protection of the environment (Sentencia N° 2006-7994, issued at 8:57 hours on June 2, 2006) (...)" (sic) (reiterated in ruling No. 2026-05217, issued at 09:34 hours on February 13, 2026) (emphasis not in the original).

Accordingly, from what has been stated, it is the obligation of the respondent Municipality to coordinate in seeking a solution given the possible need—or lack thereof—to construct a wastewater treatment plant (planta de tratamiento). That being the case, it is reaffirmed that the Municipality was indeed aware of whether or not there was a need to build a treatment plant in Playa Manuel Antonio; however, as of this date it has only convened an institutional working committee (mesa de trabajo) without resolving the substantive issue. Therefore, given the absence of a solution to a problem that may affect the environment and the right of the residents of that canton to a healthy and balanced environment, an omission on the part of the Municipal Corporation is apparent, and consequently, a violation of fundamental rights. In this regard, the writ of amparo (recurso de amparo) is granted solely with respect to this point and against the Municipalidad de Quepos.

VI.On the conduct of the National System of Conservation Areas of MINAE. In this regard, it has been established as proven that in October 2025, an earthquake occurred that damaged the internal infrastructure of the wastewater treatment system of Parque Nacional Manuel Antonio, which prompted SINAC to activate institutional emergency mechanisms, including a declaration of national emergency. Coordination was also carried out with the Área Rectora de Salud de Quepos, leading to sanitary order (orden sanitaria) N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, issued on November 7, 2025. Accordingly, the Park Administration continues working to comply with the sanitary order, and the construction project for the wastewater treatment system serving the employees' housing and the restroom facilities identified at Parque Nacional Manuel Antonio was reviewed on the APC platform, with the Ministry of Health recording the result as "corrective submission accepted." However, this situation bears no causal relationship to the matter reported in the present writ of amparo by the petitioner.

This is because, from a technical and material standpoint, these internal facilities are located 1.2 kilometers from the main entrance and from the stream in question; therefore, contamination from these systems toward the reported area is unlikely. Moreover, both systems had independent drainage systems and no effluent directed toward those bodies of water.

Furthermore, subsequent to the filing of the present writ of amparo, on January 13, 2026, the petitioner filed a complaint with the National System of Conservation Areas of MINAE regarding the situation described in the present writ. That complaint was recorded in the SITADA system under number 59948-2026. On January 19, 2026, the National System of Conservation Areas of MINAE conducted a field inspection at the site reported by the petitioner. Thus, the technical evidence submitted by the Administration of Parque Nacional Manuel Antonio demonstrates that the reported facts did not originate within the protected area but in zones external to it, and that the streams mentioned enter the park only at their final stretch; therefore, any potential contamination is generated upstream, outside SINAC's jurisdiction. Likewise, in official record (acta) N° 3765, it is noted that "it was possible to observe stream La Camaronera emitting an unpleasant odor, though the source of the foul smell could not be identified; accordingly, while walking along the bank of the stream we reached a point where two culverts discharging wastewater (aguas residuales) into the stream were identified.

Photographs and GPS coordinates were taken, and the complaint was referred to the Ministry of Health, as this falls within their jurisdiction." Thus, the inspection revealed indications of impact without being able to establish its origin with certainty. Consequently, on January 21, 2026, the case was referred to the Ministry of Health for its attention in accordance with its competences. On June 22, 2026, prior to notification of the decision to extend the proceedings to that institution, through Official Communication CARTA-SINAC-ACOPAC-DR-DRFVS-OSRAP-0154-2026, SINAC proceeded to notify the petitioner of the actions taken regarding his complaint. Finally, the Área Rectora de Salud de Quepos, in coordination with the National System of Conservation Areas of MINAE, has conducted technical verifications at Playa Nacional Manuel Antonio through fluorescein (fluoresceína) tests and assessments, which have ruled out the park's treatment systems as a source of contamination, confirming that they are operating adequately.

Thus, the Park's treatment systems and the treatment plant located at the main entrance use drainage systems as their final disposal mechanism, and these have been shown to be fully functional and not affecting this waterway. The staff of Playa Nacional Manuel Antonio conduct ongoing routine patrols in the aforementioned areas. During these inspection rounds, it is confirmed that the waterway enters the Park, but no evidence of irregular discharges or tributaries originating from neighboring properties is found.

In this regard, it is established that the National System of Conservation Areas of MINAE proceeded to process the complaint filed by the petitioner—which, it is reiterated, was filed after the present writ of amparo was submitted—conducting the inspection, referring the complaint to the Ministry of Health, and notifying the petitioner accordingly. It has also coordinated with the Área Rectora de Salud de Quepos. Accordingly, it is reiterated that, jointly, technical verifications have been conducted at Playa Nacional Manuel Antonio through fluorescein tests and assessments, which have ruled out the park's treatment systems as a source of contamination, confirming that they are operating adequately. Thus, the Park's treatment systems and the treatment plant located at the main entrance use drainage systems as their final disposal mechanism, and these have been shown to be fully functional and not affecting this waterway. Finally, it is also reiterated that the staff of Playa Nacional Manuel Antonio conduct ongoing routine patrols in the aforementioned areas. During these inspection rounds, it is confirmed that the waterway enters the Park, but no evidence of irregular discharges or tributaries originating from neighboring properties is found.

Consequently, it is apparent that the National System of Conservation Areas has acted in accordance with its competences and has processed the petitioner's complaint. In any event, it is reaffirmed that said complaint was filed after the present writ of amparo was submitted; therefore, any claim regarding that complaint is premature.

Consequently, with respect to SINAC, no violation of the petitioner's fundamental rights is found.

VII.On the conduct of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In this regard, on January 14, 2026, following the complaint filed by the petitioner on January 13, 2026 with the Municipalidad de Quepos and the Área Rectora de Quepos, the respondent Municipality and the respondent Área Rectora de Salud conducted an on-site inspection to assess the prevailing sanitary conditions. Accordingly, given the absence of a collective sanitary sewer system (sistema colectivo de alcantarillado sanitario), the applicable regulations impose the obligation that wastewater be treated through adequate individual systems. In the case of dwellings, this entails the use of septic tanks, while commercial establishments—such as hotels, restaurants, and others that generate special-category wastewater—are required to have specific treatment systems—including treatment plants—duly approved, supervised, and monitored by the Ministry of Health and the relevant municipality.

It was thus confirmed on site that there were discharges of untreated wastewater into the beach and sea in the vicinity of Parque Nacional Manuel Antonio. Accordingly, it is established that, as a result of complaints from area residents, the Ministry of Health itself has had to intervene in response to situations that reveal deficiencies in wastewater management. Likewise, according to inspection records N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026, and MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-202, on February 5, 2026, the Área Rectora de Salud de Quepos conducted an inspection at the 3 sites identified by the petitioner and did not verify the foul odors described. Subsequently, the Municipalidad de Quepos promoted the formation of an interinstitutional working committee, with the participation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and other strategic stakeholders with the potential to contribute technically and financially to the resolution of the wastewater problem, such as the National System of Conservation Areas (SINAC) and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

In March 2026, as a result of the aforementioned coordination, the institutions involved conducted a joint technical visit to the Manuel Antonio area with the aim of analyzing the feasibility of developing a comprehensive sanitation project. In that process, the Municipalidad de Quepos, SINAC, and INDER agreed on the need to promote the formulation and eventual construction of a sanitary sewer system (AS) and a wastewater treatment plant (PTAR), as a structural solution to the problem. Accordingly, INDER has expressed its willingness to contribute approximately three billion colones (US$ 6,2 millones), without prejudice to the fact that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the specialized technical body, must conduct the relevant assessments to determine the most appropriate solution from technical, economic, and environmental standpoints. Consequently, should the need to formulate a project for the Manuel Antonio, Quepos area be determined, it must comply with all phases established by the technical standards, guidelines, and procedures set forth by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), given the project's substantial financial investment, which is why it would be viewed as a long-term solution.

Accordingly, within the framework of the interinstitutional committee, the execution of a possible cooperation agreement between AyA, SINAC, the Municipalidad de Quepos, and INDER has been identified as an alternative to accelerate the implementation of a potential project, whereby AyA would provide the technical designs, INDER would assume responsibility for the bidding and execution of the works, and, upon their completion, the assets would be transferred to AyA for operation. In this regard, any intervention must contemplate high-technology solutions—particularly with respect to the PTAR—that enable comprehensive treatment of contaminants, given the environmental sensitivity of the coastal zone and the protected area. Additionally, the preliminary recommendation has been made to formulate an independent sanitation project for the Manuel Antonio area, without incorporating additional flow volumes into the existing project for Quepos, in order to ensure a technically adequate solution.

Finally, the need arises to clearly define the financing structure for the project, with the understanding that the contribution announced by INDER could prove insufficient to cover the total cost of the required works, and that complementary alternatives must be explored, including the possibility of multi-year financing arrangements in accordance with applicable regulations. Finally, it was not established as proven that, as of this date, the petitioner has filed a complaint with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados regarding the situation described in the petition.

In this way, it is apparent that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not received any complaint from the petitioner regarding the situation described in the present writ of amparo; therefore, it is not possible to establish any omission on the part of that institution.

Furthermore, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is currently engaged in a coordination process with the Municipalidad de Quepos, SINAC, and INDER to develop a comprehensive sanitation project. These institutions have agreed on the need to promote the formulation and eventual construction of a sanitary sewer system (AS) and a wastewater treatment plant (PTAR). Consequently, should the need to formulate a project for the Manuel Antonio Quepos area be determined, it must comply with all phases established by the technical standards, guidelines, and procedures set forth by MIDEPLAN, given the project's substantial financial investment, which is why it would be viewed as a long-term solution. Accordingly, within the framework of the interinstitutional committee, the execution of a possible cooperation agreement between AyA, SINAC, the Municipalidad de Quepos, and INDER has been identified as an alternative to accelerate the implementation of a potential project, whereby AyA would provide the technical designs, INDER would assume responsibility for the bidding and execution of the works, and, upon their completion, the assets would be transferred to AyA for operation.

Therefore, these institutions are currently carrying out the relevant coordination efforts, including the possible execution of a cooperation agreement between AyA, SINAC, the Municipalidad de Quepos, and INDER. Accordingly, while it is true that no collective sanitary sewer system exists in Playa Manuel Antonio, as stated under oath by the representative of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the applicable regulations impose the obligation that wastewater be treated through adequate individual systems—a situation that, as evidenced in the preceding recitals, has been addressed by the Área Rectora de Salud de Quepos through its intervention in response to situations that reveal deficiencies in wastewater management, by conducting the appropriate inspections, issuing the corresponding sanitary orders, and ensuring compliance therewith.

In any event, with respect to ICAA's conduct, it is reiterated that as of this date no sanitation project has been approved, nor has the construction of a sewer system and treatment plant been approved; rather, the matter is at a coordination stage, at which point it is technically impossible to define amounts or financing mechanisms for a project that has neither construction plans nor even established technical feasibility (viabilidad técnica). Therefore, as stated above, there is no certainty regarding the location of a possible treatment plant specifically for this area, since determining this involves highly technical criteria that are currently being addressed through coordination within the aforementioned institutional committee. It therefore exceeds this Tribunal's competences to order the possible construction of a project that has not been approved, that is in the process of defining technical criteria, that as of this date has not even established technical feasibility, and that is in its initial phases. It should also be noted that these coordination activities within the interinstitutional committee have been undertaken since this year, and thus no unjustified delay is apparent, nor has a disproportionate period of time elapsed with respect to ICAA; therefore, no violation of the petitioner's fundamental rights is found in this regard either.

Consequently, with respect to ICAA, no violation of the petitioner's fundamental rights is found.

VIII.Conclusion. As indicated in recital V, a violation of the petitioner's fundamental rights by the Municipalidad de Quepos is indeed apparent, stemming from the failure to resolve the question of whether or not a treatment plant in Playa Manuel Antonio is necessary. Consequently, it is established that the writ of amparo is partially granted solely with respect to what was set forth against the Municipalidad de Quepos.

As to all other matters, the writ must be dismissed in all its aspects. It is important to remind the respondent authorities that they must continue processing the complaints filed by the petitioner, which must be addressed and resolved within a reasonable period of time. Furthermore, with respect to the Ministry of Health, SINAC, and ICAA, they are reminded of their duty to continue coordinating with the Municipalidad de Quepos to develop, within a reasonable period of time, a comprehensive sanitation project or the construction of a sewer system and treatment plant at the reported location, in accordance with the applicable technical criteria.

IX. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE

The parties are hereby notified that if any document has been submitted in paper form, as well as any objects or evidence contained in additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology devices, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from notification of this ruling. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, artículo XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

The writ of amparo is partially granted solely against the Municipalidad de Quepos for failure to resolve the question of whether or not to build a treatment plant in Playa Manuel Antonio. Consequently, Patricia Bolaños Murillo, in her capacity as mayor (alcaldesa), and Marta Bosques Marchena, in her capacity as president of the Municipal Council (Concejo Municipal), both of the Municipalidad de Quepos, or whoever may hold those positions, are hereby ordered to, in coordination with the other relevant institutions, issue the appropriate orders and carry out all actions within the scope of their competences so that, within a period of SIX MONTHS counted from notification of this ruling, the question of whether or not to build a treatment plant in Playa Manuel Antonio is definitively resolved in accordance with the law. The Municipalidad de Quepos is hereby warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that they must comply with or enforce, issued in a writ of amparo, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely penalized under another provision.

The Municipalidad de Quepos is ordered to pay the costs, damages, and losses occasioned by the facts giving rise to this declaration, which shall be assessed in enforcement proceedings before the administrative courts (contencioso administrativo). In all other respects, the writ is dismissed. The respondent authorities are hereby directed to take note of what is indicated in recital VIII of this ruling. Notice is hereby given.— Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. — Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. — Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de agosto de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, y el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 29 de diciembre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, y el MINISTERIO DE SALUD y manifiesta que desde el restaurante El Avión hasta la entrada principal del Parque Nacional Manuel Antonio; existen construcciones tales como: hoteles, restaurantes, residentes, alojamientos, negocios, supermercados, la playa principal o Espadilla, casas de habitación, bosques, zona marítimo terrestre, abundante biodiversidad, zonas protegidas por la ley 7.555, límite con el océano pacífico, diferentes formas geológicas, zona descendente en pendiente de gravedad con inercia en varias puntas que desembocan a las playas y zonas cerca del océano pacífico. Afirma que, debido a la circulación humana en este sector, especialmente en las cercanías y alrededores del Parque Nacional Manuel Antonio, se ha notado la urgente necesidad de una planta de tratamiento en todas sus funciones, ya que en varios puntos por ejemplo de playa Espadilla como Parque Manuel Antonio se percibe malos olores tipo sépticas.Esto debido a olores de aguas jabonosas residuales, esto, en al menos en tres puntos específicos de dicha Playa Espadilla. Aduce que, en sector de la entrada principal a la antigua entrada del Parque Manuel Antonio, que bordea contiguo a Hotel San Bada, brazo de quebrada, costado noroeste de Mar y Sombra, laguna artificial brazo de quebrada contiguo a Kachá, los insoportables olores son percibidos por los visitantes del Parque Nacional Manuel Antonio, trabajadores de la zona, vecinos y turistas de Playa Espadilla, lo cuales se vienen dando hace varios años en la zona, donde ambientalistas de la zona han comentado la situación en Concejo Quepos; sin embargo, la administración no ha abordado la problemática ambiental como algo prioritario. Sostiene que, el sector mencionado es de una alta densidad de actividades humanas durante todo el año, por lo que los 65 establecimientos están en riesgo de que sus sistemas de plantas de tratamiento sufran algún tipo de saturación o desborde, lo que generaría contaminación y afectaría a las personas y el ambiente.Acota que, dicha situación ya ha sido manifestada por regidores, donde se expresa la preocupación urgente ante la problemática sin que la alcaldesa muestre interés por soluciones concretas. Además, el viceministro de Ambiente prestó atención a la situación y se logró hacer una iniciativa para que algunos fondos del Parque Nacional se destinarán a la construcción de una planta de tratamiento en tres puntos estratégicos de la zona; no obstante, dicha iniciativa no ha sido apoyada por la corporación local recurrida. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
  2. 2Mediante resolución de las 10:21 horas del 04 de febrero de 2026, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.
  3. 3Informa bajo juramento José Luis Miranda Cajina, en su condición de director a.i. del Área Rectora de Salud de Quepos (informe rendido el 09 de febrero de 2026), en los siguientes términos: “II. SOBRE LAS ACTUACIONES DEL AREA RECTORA DE SALUD DE QUEPOS PRIMERO: El día 04 de febrero del se recibe en la Dirección Area Rectora de Salud de Quepos (en adelante DARSQ) el Recurso de Amparo expediente N°25- 040163-0007-CO, en donde se alega que existe la necesidad urgente de una planta de tratamiento en todas sus funciones que abarque varios puntos de playa Espadilla como el Parque Nacional Manuel Antonio (en adelante PNMA) en Manuel Antonio, Quepos, ya que se perciben malos olores. SEGUNDO: Seguidamente se procede al análisis del recurso y según la problemática planteada en el mismo, existen registros en las bases de datos de la DARSQ que, desde el año 2020 se han presentado varias denuncias relacionadas a una disposición inadecuada de agua residuales en los tres puntos señalados por el recurrente.TERCERO: Para el año 2020, se tienen registradas la recepción de 5 denuncias, de las cuales las 5 no fue comprobado la disposición inadecuada de aguas residuales en los sitios. En el año 2021, no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión. Para el año 2022, se tiene registrado la recepción de 3 denuncias, en donde se logra evidenciar que en uno de los casos existía una disposición inadecuada de aguas residuales, por lo que se notifica la orden sanitaria correspondiente y posteriormente realiza el seguimiento se da misma y se comprueba su cumplimiento. Con respecto a las otras 2 denuncias, no fue posible evidenciar lo denunciado. En el año 2023, no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión. Asimismo, para el año 2024, no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión.Ahora bien, para el año 2025, se tienen registradas la recepción de 2 denuncias, de las cuales fue evidenciada la problemática y se procedió a notificar la orden sanitaria correspondiente para que la no conformidad identificada fuese corregida a la brevedad posible. Además, según inspecciones de oficio realizadas por este ministerio en la zona, se realizó la notificación de 3 órdenes sanitarias adicionales para que dos establecimientos de la zona y el propio PNMA realizara la corrección de la disposición inadecuada de aguas residuales que se estaban presentando en su momento. Y por último en este 2026 actualmente se tiene registrado únicamente una denuncia por el tema de aguas residuales en la zona, la cual corresponde al PNMA, sin embargo, la misma ya fue atendida y no se comprobó lo denunciado. Además, por oficio esta DARSQ ha realizado hasta el momento 3 inspecciones a un grupo de establecimientos ubicados frente a playa Espadilla, en los cuales se ha evidenciado una disposición inadecuada de aguas residuales y por ende se realizó la notificación de la orden sanitaria correspondiente para que sea subsanada la no conformidad identificada.CUARTO: En relación con el tema de olores en los 3 sitios descritos por el recurrente, el día de hoy (5 de febrero de 2026) se realiza inspección por parte de este ministerio y no fue posible comprobar los malos olores descritos. Lo anterior se puede evidenciar mediante las actas de inspección MS-DRRSPC-DARSQ-AI084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026 y MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086- 2026. QUINTO: Con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales de Manuel Antonio y los posibles fondos otorgados por el PNMA para la construcción de la misma, mencionados por el recurrente, este ministerio no tiene conocimiento sobre el asunto. Es por lo anteriormente expresado señores Magistrados, que esta representación de Salud considera que no ha sido omisa en su actuar y se ha demostrado que esta autoridad administrativa le ha dado el seguimiento oportuno a las denuncias planteadas por los administrados, como consta en el expediente administrativo que resguarda esta Área Rectora de Salud de Quepos, por lo que al momento de la recepción del presente recurso de amparo, se estima que ya se ha venido dando un seguimiento oportuno sobre las actuaciones de esta ARS en cuanto a las denuncias que aqueja el amparado, de igual manera, esta Área Rectora ha sido diligente al realizar una nueva inspección el día 05 de febrero de 2026 en el sitio denunciado, para corroborar que no existe tal afectación denunciada según conta en el acta de inspección MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-2026 en el cual se señala que no se comprobó el problema denunciado.Así las cosas, se desprende con total claridad que de manera efectiva y eficiente esta Área Rectora de Salud no ha violentado ningún derecho fundamental del amparado, y en cuanto a las actuaciones realizadas, las mismas se han venido dando en apego al principio de legalidad instituido en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y dentro del marco que por regulación técnica y legal procede. III. PETITORIA Con base en los aspectos de hecho y derecho, antes expuestos solicito a este Honorable Tribunal Constitucional, SE DECLARE SIN LUGAR el presente, recurso de Amparo, contra esta Autoridad de Salud y se EXIMA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA MISMA”.
  4. 4Informan bajo juramento Patricia Bolaños Murillo, en su condición de alcaldesa, y Marta Bosques Marchena, en su condición de presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Quepos (informe rendido el 09 de febrero de 2026), en los siguientes términos: “Primero: El señor [Nombre 001], interpone recurso de amparo el día 29 de diciembre de 2025 sin haber realizado gestión alguna ante este Municipio. Segundo: Que el mismo presenta gestión sobre el manejo de aguas residuales en playa Espadilla, hasta el día 13 de enero de 2026, fecha incluso posterior a la prevención que le hace su autoridad mediante resolución de las veintidós horas diez minutos del once de enero de dos mil veintiséis en la que se le consulta si planteó gestión formal ante este Municipio, ante lo que el mismo indica que no ha realizado tal gestión y procede a hacerlo. Tercero: En fecha 19 de enero la presidenta del Concejo Municipal procede a dar traslado a la alcaldía mediante oficio MQ-CM-PM-007-26-2025-2026, de la gestión del señor Morales de fecha 13 de enero de 2026, Identificada como Oficio: CPE-1060-2-2026.Cuarto: Que el día 14 de enero de 2026, en atención a solicitud verbal hecha por esta alcaldía, (sea un día después de interpuesta la denuncia por el señor Morales), la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Quepos, realiza inspección en sitio, en conjunto con la jefatura a.i. de la Unidad de Zona Marítimo terrestre, la jefatura de la Policía Municipal con el vicealcalde Yehudi Mora y el ingeniero de la Unidad de Desarrollo e Infraestructura, asimismo de manera verbal se solicitó al Ministerio de Salud les acompañara, para lo cual se apersonó al lugar la funcionaria de dicha dependencia Lucía Sandí Zúñiga. Quinto: Producto de dicha inspección se realizan varias acciones al detectar que en apariencia al menos dos negocios desfogaban aguas residuales al cordón y caño en el área de inspección, por lo que primero se procede a presentar formal denuncia ante el Ministerio de Salud ese mismo día con el fin de que se determine lo descrito por parte de la autoridad competente.Sexto: Que dicha gestión fue rechazada por parte del Ministerio de Salud, indicando que los denunciados debían estar individualizados. (Ver prueba 2). Sétimo: Que mediante oficio MQ-UGA-023-2026, del 06 de febrero del presente año, el biólogo Warren Umaña Cascante, solicita al Ministerio de Salud, que considere adaptar su metodología de atención de denuncias debido a las particularidades del caso y externa la disponibilidad por parte de la Municipalidad de colaborar en la atención del presente caso. (Ver prueba 3). Sétimo: Por otra parte, la alcaldía, como parte de la junta administradora del Parque Nacional Manuel Antonio, envía oficio MO-ALC-143-2026 a la presidencia ejecutiva de AyA con el fin de realizar mesa de trabajo interinstitucional enfocada en abordar el tema a la mayor brevedad en la búsqueda de soluciones permanentes a largo plazo. (Ver prueba 4). Octavo: Que falta a la verdad el recurrente al indicar que existe un dinero destinado a la construcción de una planta y que no se ha podido ejecutar por falta de interés del gobierno local y que los terrenos son de dominio Municipal, lo que si es cierto es que existe una iniciativa por parte de la Municipalidad y el SINAC de colaborar interinstitucionalmente con la construcción de una planta de tratamiento, sin embargo precisamente por tal razón se ha invitado a la institución rectora en el tema que es AyA, quienes para tal labor tiene la capacidad de realizar los estudios técnicos de viabilidad de construcción de dicha plante y la determinación del sitio más idóneo para ubicarla, tomando en consideración que estamos en una zona ambientalmente frágil y con características topográficas y de constitución del suelo particulares que deben tomarse en consideración.Noveno: Que la respuesta a la gestión del señor [Nombre 001] fue trasladada mediante oficio MO-ALC-142-2026, el día 06 de febrero de 2026, para ser conocido en sesión ordinaria por parte del Concejo Municipal, ya que ahí realizó la gestión el recurrente. (Ver prueba 6). III-SOBRE EL FONDO. 1. Inexistencia de lesión actual o amenaza cierta a derechos fundamentales atribuible a la Municipalidad. El recurso de amparo, conforme al artículo 48 de la Constitución Política y a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es un mecanismo subsidiario, residual y excepcional, destinado a tutelar derechos fundamentales frente a acciones u omisiones concretas, actuales y atribuibles a una autoridad pública. En el presente caso, el recurrente no acredita la existencia de una omisión ilegitima, arbitraria. o negligente por parte de la Municipalidad de Quepos. Por el contrario, ha quedado debidamente demostrado que antes incluso de que el recurrente formulara gestión administrativa formal, la Municipalidad ya había activado mecanismos de inspección coordinación interinstitucional y denuncia ante las autoridades competentes.Considera esta representación de manera respetuosa que no procede el amparo cuando la Administración se encuentra actuando dentro de un margen razonable de diligencia, aun cuando la solución definitiva a la problemática denunciada sea compleja o requiera actuaciones progresivas y de largo plazo. 2. Falta de agotamiento de la vía administrativa y uso prematuro del recurso de amparo. Resulta particularmente relevante que el propio recurrente reconoce expresamente que no había realizado ninguna gestión previa ante la Municipalidad, al momento de interponer el recurso de amparo el 29 de diciembre de 2025. Incluso, la gestión formal sobre manejo de aguas residuales fue presentada hasta el 13 de enero de 2026, es decir, con posterioridad a la interposición del recurso y luego de la prevención realizada por la Sala. La jurisprudencia constitucional es clara en cuanto a que el recurso de amparo no sustituye los procedimientos administrativos ordinarios, ni puede utilizarse como una vía anticipada para forzar decisiones administrativas sin haber otorgado previamente a la autoridad la oportunidad real de conocer y atender la problemática planteada, desnaturalizando con esto la finalidad constitucional de tutela superior. 3.Actuación diligente, oportuna y coordinada del gobierno local. Lejos de la supuesta inacción alegada, consta en autos que: • La Municipalidad realizó inspección en sitio el 14 de enero de 2026, incluso un día después de la gestión formal del recurrente. • Se coordinó la inspección con múltiples dependencias municipales y con el Ministerio de Salud, autoridad rectora en materia de saneamiento ambiental. • Se presentó denuncia formal ante el Ministerio de Salud al detectarse aparentes irregularidades, demostrando voluntad activa de corrección. • Se gestionaron acciones posteriores para superar las limitaciones técnicas señaladas por el Ministerio de Salud. • Se promovió una mesa de trabajo interinstitucional con AyA, institución competente para estudios técnicos, diseño y eventual ejecución de una planta de tratamiento. Esta representación considera que cuando existe actuación administrativa razonable, progresiva y coordinada, no puede hablarse de violación al derecho a un ambiente sano ni de omisión inconstitucional. 4.Imposibilidad de atribuir responsabilidad exclusiva al Municipio y complejidad del asunto. El recurrente pretende simplificar una problemática ambiental altamente técnica, interinstitucional y estructural, atribuyendo su solución inmediata y exclusiva al gobierno local. Sin embargo, el tratamiento de aguas residuales en zonas ambientalmente frágiles involucra competencias compartidas con el Ministerio de Salud, AyA, SINAC y otras entidades rectoras, lo cual excluye cualquier deber de actuación unilateral del Municipio. Asimismo, resulta falso el extremo alegado sobre la supuesta existencia de recursos económicos disponibles y no ejecutados por desinterés municipal, lo cual quedó debidamente desvirtuado. La propia gestión municipal demuestra que la viabilidad técnica, ambiental y territorial del proyecto aún se encuentra en análisis, lo cual es plenamente razonable y constitucionalmente válido.La Sala ha reiterado que el amparo no es la vía para imponer políticas públicas complejas ni para ordenar obras de infraestructura sin estudios técnicos previos, el recurrente debió hacer las consultas razonables al Municipio con el fin de obtener de primera mano la información veraz sobre las actuaciones de las autoridades competentes en el tema y de la Municipalidad (…) Por lo anterior, solicitamos se proceda al rechazo del presente recurso en todos sus extremos, en lo que respecta a esta Municipalidad de Quepos, en razón de que el recurso fue interpuesto de forma prematura, sin agotamiento previo de la vía administrativa. Lo anterior en consideración que esta representación ha acreditado con la prueba aportada que no se ha violentado ningún derecho constitucional al recurrente y que antes bien se ha actuado de manera diligente, razonable y coordinada por parte del gobierno local en atención a la situación denunciada, conforme a sus competencias constitucionales y legales”.
  5. 5Informan bajo juramento Mary Denisse Munive Angermuller, en su condición de ministra, y José Luis Miranda Cajina, en su condición de director a.i. del Área Rectora de Salud de Quepos, ambos del Ministerio de Salud (informe rendido el 11 de febrero de 2026), en los mismos términos señalados anteriormente por el director a.i. del Área Rectora de Salud de Quepos. Añaden lo siguiente: “Resulta oportuno y pertinente observar que, según consta en el expediente judicial, mediante auto de las 22:10 horas del 11 de enero de 2026, se le ordenó al amparado que, en un plazo de tres días, indicara si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante alguna autoridad la situación que expone en el memorial de interposición del recurso, para lo cual deberá aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la denuncia que formuló.Mediante memorial, de fecha 12 de enero, el amparado señala que “de ninguna forma a la hora y fecha se presentó gestión alguna al respeto (sic) ante autoridad sanitaria, municipal o judicial”, limitándose a decir que por una determinación de urgencia presentó el recurso de amparo y que entrevistó a habitantes y trabajadores de la zona, quienes supuestamente afirmaron haber interpuesto denuncias que no fueron acatadas, sin al menos señalar alguna circunstancia de tiempo, modo o lugar que permitan referirse al respecto. Por lo anterior, el Ministerio de Salud no ha vulnerado algún derecho fundamental del aquí amparado. No obstante, como se ha indicado en el informe técnico IT-MS-DRRSPC-DARSQ-054-2026, desde el año 2020 se han recibido denuncias las cuales han sido debidamente atendidas, ejerciéndose en los casos que correspondan los actos administrativos consecuentes, mientras que en otros casos no se ha corroborado la existencia de transgresiones a la normativa sanitaria.En particular, según el informe técnico, el año pasado se emitieron dos órdenes sanitarias como consecuencia de sendas denuncias, así como tres órdenes sanitarias más por actuaciones de oficio de esta Administración. Para este año 2026 únicamente se ha presentado una denuncia, correspondiente al Parque Nacional Manuel Antonio, la cual ya fue debidamente atendida. Como puede apreciarse, este Ministerio ha actuado conforme a sus competencias dadas por ley, velando por el derecho a la salud y al ambiente ecológicamente equilibrado. CONCLUSIÓN Como puede apreciarse, al amparo del marco normativo que sustenta su competencia y mediante los actos administrativos correspondientes, el Ministerio de Salud ha llevado a cabo todas las acciones posibles para atender las denuncias que se han presentado con respecto a los sectores de Playa Espadilla y el Parque Nacional Manuel Antonio, a pesar de que, como lo afirma el mismo amparado, él no ha presentado ninguna denuncia ante esta instancia.Se evidencia que este Ministerio ha cumplido a cabalidad con la aplicación de la legislación vigente en aras de la protección de la Salud Pública, actuando ante las denuncias que otros administrados han presentado e incluso actuando de oficio, por lo que, con el debido respeto y consideración, se solicita que, con respecto a esta dependencia, se declare sin lugar el recurso de amparo (…) - PETITORIA. En virtud de lo expuesto, respetuosamente se solicita a ese Honorable Tribunal Constitucional, DECLARAR SIN LUGAR el presente recurso de amparo, y se exima de toda responsabilidad a mí representada, y a los suscritos, pues en el marco de nuestras competencias, queda evidenciado que no se ha vulnerado el derecho fundamental del aquí amparado, siendo que el Ministerio de Salud ha actuado jurídica y administrativamente como corresponde”.
  6. 6Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 14 de febrero de 2026, el recurrente manifiesta que, de lo informado por el Ministerio de Salud, se denota que la situación se ha denunciado en varias ocasiones, pero le llama la atención que solamente hayan inspeccionado ciertos puntos. Considera que se debe realizar una inspección más a fondo. Añade que el 13 de enero de 2026 presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Salud de Quepos y el SINAC de Quepos. Reitera sus alegatos.
  7. 7Mediante resolución de las 14:55 horas del 19 de junio de 2026, este Tribunal dictó una resolución de ampliación de curso.
  8. 8Mediante resolución de las 15:02 horas del 24 de junio de 2026, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver.
  9. 9Informa bajo juramento Mónica Diana Navarro del Valle, en su condición de ministra de Ambiente y Energía y en representación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (informe rendido el 25 de junio de 2026), en los siguientes términos: “El recurrente plantea la supuesta existencia de una problemática ambiental asociada a la disposición de aguas residuales y la presencia de malos olores en el sector de Playa Espadilla y el Parque Nacional Manuel Antonio, pretendiendo derivar de tales afirmaciones una vulneración al derecho fundamental consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. No obstante, desde un análisis jurídico riguroso, dichas manifestaciones resultan insuficientes para configurar una violación constitucional, en tanto carecen de prueba idónea que permita acreditar una lesión actual, concreta y directamente imputable al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En efecto, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala, el recurso de amparo exige la concurrencia de una conducta u omisión ilegítima, actual y atribuible a una autoridad pública.En el presente caso no se configuran tales presupuestos, por cuanto no existe conducta alguna atribuible al SINAC fuera de su marco competencial, no se acredita lesión actual ni amenaza cierta a derechos fundamentales, y los hechos descritos corresponden, en el mejor de los casos, a una problemática de carácter técnico, compleja y multicausal, cuya atención depende de la intervención coordinada de diversas instituciones públicas. En cuanto al marco competencial, debe indicarse que de conformidad con los artículos 11 y 50 de la Constitución Política, así como la Ley de Biodiversidad N° 7788, el SINAC ejerce funciones específicas en materia de administración y protección de áreas silvestres protegidas, no así en temas de saneamiento ambiental, tratamiento de aguas residuales o control de vertidos, los cuales corresponden al Ministerio de Salud, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a las municipalidades, según lo dispuesto en la Ley General de Salud N° 5395, la Ley para la gestión integral de residuos N° 8839 y el artículo 169 constitucional (COPOL).En consecuencia, cualquier pretensión dirigida a exigir al SINAC la implementación de soluciones en dichas materias resulta contraria al principio de legalidad. Lejos de existir una omisión, se encuentra plenamente acreditado que el SINAC actuó con la debida diligencia, tramitando la denuncia presentada por el recurrente, realizando inspección de campo y canalizando la información a la autoridad competente. En particular, la gestión fue registrada en el sistema SITADA bajo el número 59948-2026 y dio lugar a una inspección en sitio en la cual se detectaron indicios de afectación sin poder establecerse con certeza su origen, procediéndose a remitir el caso al Ministerio de Salud para su atención conforme a sus competencias. Esta actuación excluye, de forma categórica, cualquier alegato de inacción o negligencia administrativa. Aún más relevante resulta que la prueba técnica aportada por la Administración del Parque Nacional Manuel Antonio, demuestra que los hechos denunciados no se originan dentro del área protegida, sino en zonas externas a la misma, siendo que las corrientes mencionadas ingresan al parque únicamente en su tramo final, por lo que cualquier eventual contaminación se genera aguas arriba, fuera de la jurisdicción del SINAC.Asimismo, se han realizado verificaciones técnicas mediante pruebas de fluoresceína y evaluaciones del Ministerio de Salud que descartan que los sistemas de tratamiento del Parque sean fuente de contaminación, confirmando que estos operan adecuadamente. Incluso, las situaciones extraordinarias que han afectado infraestructura interna del Parque, como el daño sufrido por el sistema de tratamiento a raíz del sismo ocurrido en octubre de 2025, corresponden a eventos de fuerza mayor debidamente acreditados y gestionados mediante mecanismos de emergencia institucional, sin que exista relación causal alguna con la problemática denunciada en el presente recurso. Este elemento resulta determinante para descartar cualquier imputación de responsabilidad. Por otra parte, los señalamientos del recurrente relativos a posibles escenarios futuros de saturación o desbordamiento de sistemas de tratamiento carecen de certeza fáctica y constituyen meras conjeturas, lo cual resulta incompatible con la naturaleza del recurso de amparo, que exige una afectación actual o una amenaza cierta, no hipotética.Asimismo, el planteamiento del recurrente evidencia que lo pretendido es la adopción de soluciones estructurales de carácter técnico, tales como la construcción de infraestructura sanitaria, lo cual excede claramente el ámbito de tutela de esta jurisdicción constitucional, de conformidad con los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según los cuales el amparo no es la vía idónea para imponer políticas públicas ni para sustituir la valoración técnica de la Administración. En ese mismo orden de ideas, debe resaltarse que el propio expediente evidencia la actuación de múltiples instituciones públicas en la atención del tema, lo cual confirma la inexistencia de inacción estatal y reafirma el carácter interinstitucional de la problemática, cuya solución requiere planificación técnica, coordinación administrativa y disponibilidad de recursos, elementos que no pueden ser ordenados por la vía sumaria del recurso de amparo sin desnaturalizar su finalidad.En consecuencia, al no configurarse una acción u omisión ilegítima, ni un nexo causal entre el actuar del SINAC y la supuesta afectación alegada, el presente recurso resulta jurídicamente improcedente en lo que respecta a esta institución. PETITORIA Por lo expuesto, respetuosamente se solicita a esa Honorable Sala Constitucional: 1. Que se tenga por rendido en tiempo y forma el presente informe. 2. Que se tenga por acreditada la actuación diligente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 3. Que se declare SIN LUGAR el recurso de amparo en lo que respecta al SINAC, al no acreditarse violación alguna de derechos fundamentales imputable a esta institución. 4. Que se tengan por aportados los documentos remitidos por el Área de Conservación Pacífico Central”.
  10. 10Informa bajo juramento Cristian Gallardo Solano, en su condición de administrador del Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) (informe rendido el 25 de junio de 2026), en los siguientes términos: “Con relación a este alegato, es imperativo aclarar a los señores Magistrados la realidad geográfica y topográfica del sitio. Las zonas afectadas por los presuntos malos olores corresponden principalmente a áreas externas al Parque Nacional. La quebrada en mención ingresa al Área Silvestre Protegida (ASP) únicamente en su límite inferior, en la zona conocida como Playa Espadilla, y lo que recorre es un breve tramo bordeando el límite del parque. Por lo cual, si existe afectación de estas corrientes con aguas residuales, dicha contaminación se da de previo al ingreso del cauce a los terrenos del Parque (…) Sobre este particular, la Administración del Parque Nacional rechaza cualquier responsabilidad sobre las descargas en dicho sector.Ante situaciones y denuncias pasadas, el Ministerio de Salud se ha apersonado a realizar pruebas de Fluoresceína e inspecciones exhaustivas dentro del Parque para determinar si los efluentes de nuestros sistemas de tratamiento afectan dicho sistema hídrico. El resultado de estas pruebas ha sido negativo. Los sistemas de tratamiento del Parque y la planta de tratamiento ubicada en la entrada principal tienen como disposición final sistemas de drenajes, los cuales han demostrado estar plenamente funcionales y que no están afectando este cauce (…) Es fundamental aclarar a esta Sala que, en relación con la orden sanitaria emitida al Parque en el pasado, esta correspondió única y exclusivamente al sistema de tratamiento de la casa de Guardaparques y a una batería sanitaria en el sector interno del Parque. Esta afectación fue producto de los daños ocasionados por un sismo (situación amparada bajo la respectiva declaratoria de emergencia, encontrándose actualmente en trámite la construcción y culminación del nuevo sistema para solucionar este daño fortuito).Desde el punto de vista técnico y material, estas instalaciones internas se ubican a 1.2 kilómetros de distancia de la entrada principal y de la quebrada en mención, por lo tanto, es improbable la contaminación de estos sistemas hacia el sector denunciado. Además, ambos sistemas presentaban sistemas de drenajes independientes y no tenían efluentes dirigidos a esos cuerpos de agua (…) En respuesta, el personal del PNMA realiza patrullajes de rutina constantes en los sectores mencionados. Durante dichos recorridos de control, se constata que el cauce ingresa al Parque, pero dentro de nuestra jurisdicción no se evidencia la existencia de descargas o afluentes irregulares provenientes de otras propiedades colindantes. Tal y como establece el marco jurídico, la atención, control y sanción de los casos por efluentes de viviendas o comercios es competencia directa del Ministerio de Salud o la Municipalidad, instituciones a las cuales el SINAC apoyará en todo el proceso dentro de sus competencias.PETITORIA Se declare SIN LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el señor [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] tramitado en el expediente judicial Nº 25-040163-0007-CO, por cuanto el Parque Nacional Manuel Antonio (SINAC) no ha vulnerado ningún derecho fundamental del amparado, demostrando técnicamente (mediante pruebas de fluoresceína y distancias perimetrales) que no es el ente generador de la presunta contaminación y que ha actuado diligentemente en la reparación de su infraestructura interna dañada por fuerza mayor, apegado al bloque de legalidad”.
  11. 11Informa bajo juramento Lourdes María Sáurez Barboza, en su condición de presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 26 de junio de 2026), en los siguientes términos: “PRIMERO. Las gestiones a las que hace referencia el amparado que indica fueron realizadas por su persona ante elConcejo del gobierno local, y su supuesta omisión de atención como tema prioritario no corresponden a mi representada. SEGUNDO. Las manifestaciones realizadas en el seno de la Municipalidad por parte del regidor, y las respuestas que se haya dado a las mismas por parte del gobierno local, no corresponden a mi representada. Sin embargo, claramente los temas ambientales requieren ser atendidos por los impactos que se podrían generar. TERCERO. No tengo conocimiento de las supuestas actuaciones del viceministro de Ambiente por no ser un hecho de mi representada.CUARTO. Se desconocen las denuncias que indica el amparado fueron interpuestas ante el Ministerio de Salud y del SINAC por no ser asuntos de mi competencia. SOBRE EL FONDO Es un hecho notorio que a nivel nacional existe un rezago significativo en materia de saneamiento de aguas residuales, cuya atención exige necesariamente una intervención articulada y multisectorial, incluyendo no solo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como ente técnico rector del subsector de agua potable y saneamiento, sino también la participación activa de otras instituciones públicas competentes, así como el respaldo financiero del Estado. En lo que respecta a la zona de Manuel Antonio, cantón de Quepos, debe señalarse que el 14 de enero de 2026 la Municipalidad de Quepos, en coordinación con diversas dependencias municipales y con el Ministerio de Salud —en su condición de autoridad rectora en materia de salud pública y saneamiento ambiental— llevó a cabo una inspección integral in situ, a efectos de constatar las condiciones sanitarias imperantes.Posteriormente, el gobierno local promovió la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con la participación del AyA y de otros actores estratégicos con potencial de contribuir técnica y financieramente a la solución de la problemática de las aguas residuales, tales como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Como resultado de esta coordinación, en el mes de marzo de 2026 se efectuó una visita técnica conjunta en la zona de Manuel Antonio, con la finalidad de analizar la viabilidad de desarrollar un proyecto integral de saneamiento. En dicho proceso, la Municipalidad de Quepos, el SINAC y el INDER han coincidido en la necesidad de promover la formulación y eventual construcción de un sistema de alcantarillado sanitario (AS) y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), como solución estructural a la problemática.A tales efectos, el INDER ha manifestado su disposición de aportar aproximadamente tres mil millones de colones (US$ 6,2 millones), sin perjuicio de que el AyA, como órgano técnico especializado, debe realizar las valoraciones correspondientes para determinar la solución más idónea desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. En este contexto, es importante destacar el hecho de que la presente administración ha elaborado el portafolio de proyectos, en el cual se han priorizado proyectos que tienen un nivel de madurez avanzado. A partir de ello se elaboró un plan de aceleración de inversión, y también se trabaja en los proyectos que requieren una planificación a largo plazo, acorde con las normas técnicas, lineamientos y procedimientos que ha establecido el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Con base en estos lineamientos, el AyA gestiona sus proyectos dividiéndolos en tres fases: a) Fase de preinversión: Se identifican necesidades y se analizan alternativas a través de cuatro estudios: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad.En esta etapa, se determina la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto. Solo aquellos proyectos que cumplen con estos criterios pueden recibir financiamiento público y avanzar a la siguiente fase. b) Fase de inversión: Comprende cinco etapas: diseño, financiamiento, pre-ejecución, licitación y ejecución. Durante esta fase se obtienen los recursos, se realizan los estudios y trámites necesarios, se adjudican los contratos y se ejecutan las obras. Es la fase con mayor demanda presupuestaria y operativa. c) Fase de post inversión: Incluye la pre-operación y operación del proyecto. Se analiza si el bien o servicio cumple con los objetivos planteados y se implementan acciones para su sostenibilidad y eficiencia a largo plazo. El registro de un proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) requiere cumplir con la evaluación ex-ante y obtener los avales técnicos y sectoriales.En caso de que se determine la necesidad de formular un proyecto para la zona de Manuel Antonio, Quepos, este deberá cumplir con todas las fases antes descritas, esto debido a su gran inversión económica, razón por la cual, se visualizaría como una solución a largo plazo. No obstante, lo anterior resulta indispensable enfatizar que la responsabilidad en materia de salud pública y protección ambiental tiene multiplicidad de actores. De conformidad con la Ley General de Salud (artículos 262,263, 285 a 292 y concordantes), así como con el Código Municipal (Ley N.º 7794, artículos 13, 17, 83 y concordantes), el Ministerio de Salud y las municipalidades tienen el deber de ejercer funciones de regulación, control, fiscalización y sanción sobre aquellas actividades que generen riesgos o daños a la salud pública y al ambiente. En particular, ante la inexistencia de un sistema colectivo de alcantarillado sanitario, la normativa vigente impone la obligación de que las aguas residuales sean tratadas mediante sistemas individuales adecuados.En el caso de las viviendas, ello implica el uso de tanques sépticos, mientras que para establecimientos comerciales, tales como hoteles, restaurantes y otros que generan aguas residuales de tipo especial, es obligatorio contar con sistemas de tratamiento específicos —incluidas plantas de tratamiento— debidamente aprobados, supervisados y fiscalizados por el Ministerio de Salud y la Municipalidad correspondiente. Dichas condiciones constituyen requisitos esenciales para el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento (artículos 282 y siguientes de la Ley General de Salud) y para la autorización de patentes municipales, por lo que debieron ser exigidas, verificadas y fiscalizadas de manera estricta por el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Quepos desde el inicio de las actividades respectivas, así como en cada proceso de renovación. La omisión en la exigencia, supervisión o fiscalización de dichas condiciones constituye un incumplimiento de deberes legales en materia de salud pública y protección del ambiente.Asimismo, se hace notar que, a raíz de denuncias de vecinos de la zona, el propio Ministerio de Salud ha debido intervenir en atención de situaciones que evidencian deficiencias en el manejo de aguas residuales, lo que refuerza la necesidad de un accionar más diligente, coordinado y oportuno por parte de las autoridades de salud competentes. En el marco de la mesa interinstitucional, se ha identificado como alternativa para acelerar la ejecución de un eventual proyecto la suscripción de un convenio de cooperación entre el AyA, el SINAC, la Municipalidad de Quepos y el INDER, mediante el cual el AyA aportaría los diseños técnicos, el INDER asumiría la licitación y ejecución de las obras, y, una vez concluidas, los activos serían transferidos al AyA para su operación. Durante la visita técnica efectuada, se constató en sitio la existencia de descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia la playa y el mar en las inmediaciones del Parque Nacional Manuel Antonio, un área de alto valor ecológico, turístico y económico para el país.En este sentido, cualquier intervención deberá contemplar soluciones de alta tecnología —particularmente en lo relativo a la PTAR—que permitan el tratamiento integral de contaminantes, considerando la sensibilidad ambiental de la zona costera y del área protegida. Adicionalmente, se ha recomendado, de manera preliminar, la formulación de un proyecto de saneamiento independiente para la zona de Manuel Antonio, sin incorporar incrementos de caudal al proyecto existente para Quepos, en aras de garantizar una solución técnicamente adecuada. Finalmente, se impone la necesidad de definir con claridad el esquema de financiamiento del proyecto, en el entendido de que el aporte anunciado por el INDER podría resultar insuficiente para cubrir la totalidad de las obras requeridas, debiendo explorarse alternativas complementarias y considerar la posibilidad de esquemas de financiamiento plurianual, de conformidad con la normativa aplicable (…) PETITORIA Con fundamento en los hechos expuestos, en la prueba documental aportada y en las consideraciones de derecho antes desarrolladas, respetuosamente se solicita a esa Honorable Sala: Tener por rendido en tiempo y forma el presente informe por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.Considerar que las actuaciones que ha realizado AyA en cumplimiento de sus fines de ningún modo han violentado normas, garantías o principios constitucionales, sino que ha tenido una conducta responsable y atendido la solicitud que le fue formulada como órgano técnico. En consecuencia, se solicita declarar sin lugar la acción planteada contra esta institución en todos sus extremos”.
  12. 12Informan bajo juramento Alexander Sánchez Cabo, en su condición de ministro, y José Luis Miranda Cajina, en su condición de director a.i. del Área Rectora de Salud de Quepos, ambos del Ministerio de Salud (informe rendido el 03 de julio de 2026), en los siguientes términos: “Con el mayor respeto, se informa que el Área Rectora de Salud de Quepos remitió la CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-0185-2026, de fecha 1 de julio de 2026, mediante la cual amplió y precisó la información relativa a las actuaciones sanitarias realizadas en la zona de Manuel Antonio y Playa Espadilla por el tema de aguas residuales. Dicho oficio se acompaña de las órdenes sanitarias, actas de inspección, actos de seguimiento y demás documentos que acreditan el estado de atención de cada actuación administrativa consultada por esa Sala. En primer lugar, respecto de la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-079-2025, emitida y notificada el veintiséis de marzo de dos mil veinticinco al establecimiento Baldi’s Fresh, se tiene que esta fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas los días diecisiete, dieciocho y veinte de marzo de dos mil veinticinco, en las cuales se comprobó un mal manejo de aguas residuales, según informe técnico N° MS-DRRSPC-DARSQ-IT-125-2025.En consecuencia, se ordenó la presentación de un plan remedial para solucionar dicha situación, así como la definición de una alternativa técnicamente admisible para la disposición del efluente del sistema de tratamiento. Según informó el Área Rectora, posteriormente el representante legal del establecimiento renunció al permiso sanitario de funcionamiento, circunstancia que dejó sin efecto la orden sanitaria previamente notificada, al desaparecer el supuesto de operación del establecimiento bajo el cual se había emitido la medida. En segundo lugar, en cuanto a la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0250-2025, emitida el veintiséis de agosto de dos mil veinticinco al establecimiento Hotel Milenium, esta tuvo fundamento en la inspección físico-sanitaria del veintidós de agosto de dos mil veinticinco, en la que se constató disposición inadecuada de aguas residuales provenientes de lavandería, servicios sanitarios, duchas y lavatorios de las habitaciones 101, 102 y 103, así como deficiencias en la conducción de aguas pluviales y acumulación de agua en techos.Por ello, se ordenó suspender el uso de dichas habitaciones hasta corregir el problema y obtener autorización de este Ministerio, colocar canoas y bajantes, realizar mejoras para evitar acumulación de aguas pluviales, presentar plan remedial y definir una alternativa técnicamente admisible para la disposición final del efluente. Sobre ese establecimiento, debe resaltarse que el Área Rectora de Salud de Quepos realizó una inspección posterior el 1 de julio de 2026, documentada mediante acta N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-290-2026, en la cual verificó que el Hotel Milenium se encontraba operando sin permiso sanitario de funcionamiento vigente desde el 22 de abril de 2026. Ante esa constatación, la Administración dictó y notificó la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0151-2026, mediante la cual ordenó la clausura inmediata del establecimiento hasta que cuente con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento vigente.Lo anterior evidencia que el Ministerio no mantuvo una posición pasiva frente al establecimiento, sino que, al verificar una condición sanitaria habilitante irregular, adoptó la medida administrativa correspondiente dentro de su ámbito competencial. En tercer lugar, respecto de la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0197-2025, emitida y notificada el dieciocho de julio de dos mil veinticinco al establecimiento Restaurante Donde Alex 2, se informa que esta fue dictada a partir de una inspección físico-sanitaria realizada el cuatro de julio de dos mil veinticinco, en el marco de un operativo interinstitucional. Mediante dicha orden se dispuso que el establecimiento debía disponer sanitariamente, dentro de su propiedad, las aguas residuales del restaurante, mediante un sistema de tratamiento aprobado por el Ministerio de Salud, de forma tal que se evitara su salida al ambiente. Su cumplimiento fue verificado mediante acta de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQAI-0614-2025, en la cual se dejó constancia de que las aguas residuales del restaurante no salían al ambiente, razón por la cual se dispuso el cierre del caso.En cuarto lugar, en relación con la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, emitida el siete de noviembre de dos mil veinticinco al Parque Nacional Manuel Antonio, se indica que esta se originó en inspección físico-sanitaria realizada el seis de noviembre de dos mil veinticinco, en la cual se comprobaron deficiencias asociadas con la disposición de aguas residuales provenientes de la casa de guardaparques, la batería sanitaria N°4 y las duchas ubicadas en la batería sanitaria N°3. En atención a ello, se ordenó la clausura inmediata de las instalaciones de la casa de guardaparques, la clausura inmediata de la batería sanitaria N°4, la suspensión inmediata del uso de las duchas ubicadas en la batería sanitaria N°3, la presentación de un plan remedial con cronograma y la adecuación inmediata del aforo de visitantes según la capacidad sanitaria instalada. Consta, además, que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación presentó el plan remedial correspondiente, bajo consecutivo CARTA-SINAC-SE-SE-1628-2025, el cual fue revisado por el Área Rectora de Salud de Quepos y aprobado mediante CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-367-2025, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.En dicha comunicación se tuvo por conforme el proceder y los plazos propuestos para las mejoras y reparaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales de la casa de funcionarios y de las baterías sanitarias del Parque Nacional, fijándose como fecha máxima de cumplimiento el trece de febrero de dos mil veintiséis. Asimismo, el informe del Área Rectora indica que, si bien la ejecución ha presentado retrasos, la Administración del Parque continúa trabajando en el cumplimiento de la orden sanitaria y el proyecto constructivo del sistema de tratamiento de aguas residuales fue revisado en la plataforma APC, constando para el Ministerio de Salud el resultado de “subsanación aceptada”. Esta indicación se formula estrictamente dentro del ámbito técnico de revisión correspondiente al Ministerio de Salud. Finalmente, se aclara que en el informe técnico N° IT-MS-DRRSPC-DARSQ-054-2026 se indicó que en el año dos mil veinticinco se habían notificado tres órdenes sanitarias por inspecciones de oficio; sin embargo, al efectuarse la revisión documental para atender esta prueba para mejor resolver, el Área Rectora determinó que una de esas órdenes fue emitida en el año dos mil veinticuatro, aunque su seguimiento y verificación de cumplimiento se realizaron durante el año dos mil veinticinco.Se trata de la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024, emitida el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro al establecimiento Las Delicias, por manejo inadecuado de aguas residuales provenientes de la pila del bar, las cuales eran dirigidas al cordón y caño frente al establecimiento. Sobre esa actuación, se aporta el acta de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-028-2025, en la cual se consignó que las aguas residuales provenientes de la pila del bar se dirigían directamente al tanque séptico y que el establecimiento cumplía con lo indicado en la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260- 2024. Por ello, se dispuso el cierre del caso. Esta precisión permite aclarar la referencia temporal contenida en el informe técnico inicial, sin alterar el fondo de la actuación administrativa, pues el seguimiento y la comprobación de cumplimiento sí constan realizados en el año dos mil veinticinco.De lo anterior se desprende que el Ministerio de Salud, por medio del Área Rectora de Salud de Quepos, ha ejercido de forma concreta y verificable sus competencias técnicas y legales en la zona objeto del recurso de amparo. En los casos en que se constató corrección de las no conformidades, se documentó el cumplimiento y se cerró el caso; cuando la orden perdió objeto por renuncia al permiso sanitario de funcionamiento, así se informó; cuando se verificó operación sin permiso sanitario vigente, se dispuso la clausura inmediata; y, respecto del Parque Nacional Manuel Antonio, se ordenaron medidas inmediatas, se aprobó un plan remedial y se mantiene el seguimiento técnico dentro del ámbito competencial del Ministerio de Salud. Con fundamento en lo expuesto, se solicita tener por atendida en tiempo y forma la prueba para mejor resolver requerida, por aportada la documentación probatoria correspondiente y por aclarado el estado de cumplimiento y seguimiento de las órdenes sanitarias relacionadas con el año dos mil veinticinco, en los términos aquí indicados (…) - PETITORIA.Por las razones expuestas, respetuosamente se solicita a esa Honorable Sala Constitucional tener por rendido el presente informe bajo juramento y por aportada la prueba documental indicada. Asimismo, se solicita tener por acreditado que el Ministerio de Salud ha actuado dentro del marco de sus competencias legales, mediante la emisión de órdenes sanitarias, actos de seguimiento, aprobación de plan remedial y demás actuaciones técnicas pertinentes frente a las situaciones constatadas en la zona objeto del recurso”.
  13. 13En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues en las cercanías y alrededores del Parque Nacional Manuel Antonio se requiere urgentemente de una planta de tratamiento, ya que en varios puntos de la playa y del parque se percibe malos olores, produciendo contaminación. Afirma que esa situación ha sido manifestada por regidores, pero las autoridades recurridas no han buscado una solución al problema.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

- Sobre la actuación del Ministerio de Salud:

  • a)Los puntos que describe el recurrente en el presente recurso de amparado referente a la playa Manuel Antonio corresponden a: • De la entrada principal del PNMA (Playa Nacional Manuel Antonio) a la antigua entrada del parque, bordeando contiguo al Hotel San Bada. • En el costado noroeste de Mar y Sombra. • En la laguna artificial brazo de quebrada contiguo a Kachá (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • b)En los registros de la base de datos del Área Rectora de Salud de Quepos consta que desde el 2020 se han presentado las siguientes denuncias relacionadas a una disposición inadecuada de agua residuales en los tres puntos señalados por el recurrente en Manuel Antonio. Dichas denuncias se indican a continuación: “• Para el año 2020: se tienen registradas la recepción de 5 denuncias, de las cuales las 5 no fue comprobado la disposición inadecuada de aguas residuales en los sitios. • Para el año 2021: no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión. • Para el año 2022: se tiene registrado la recepción de 3 denuncias, en donde se logra evidenciar que en uno de los casos existía una disposición inadecuada de aguas residuales, por lo que se notifica la orden sanitaria correspondiente y posteriormente realiza el seguimiento se da misma y se comprueba su cumplimiento.

Con respecto a las otras 2 denuncias, no fue posible evidenciar lo denunciado. • Para el año 2023: no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión. • Para el año 2024: no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión. • Para el año 2025: se tienen registradas la recepción de 2 denuncias, de las cuales fue evidenciada la problemática y se procedió a notificar la orden sanitaria correspondiente para que la no conformidad identificada fuese corregida a la brevedad posible. Además, según inspecciones de oficio realizadas por este ministerio en la zona, se realizó la notificación de 3 órdenes sanitarias adicionales para que dos establecimientos de la zona y el propio PNMA realizara la corrección de la disposición inadecuada de aguas residuales que se estaban presentando en su momento. • Para el año 2026: actualmente se tiene registrado únicamente una denuncia por el tema de aguas residuales en la zona, la cual corresponde al PNMA, sin embargo, la misma ya fue atendida y no se comprobó lo denunciado”.

Además, dicha Área de Salud ha realizado hasta el momento 3 inspecciones a un grupo de establecimientos ubicados frente a playa Espadilla, en los cuales se ha evidenciado una disposición inadecuada de aguas residuales y por ende se realizó la notificación de la orden sanitaria correspondiente para que sea subsanada la no conformidad identificada (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

  • c)Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024 emitida el 25 de octubre de 2024 al establecimiento Las Delicias, por manejo inadecuado de aguas residuales provenientes de la pila del bar, las cuales eran dirigidas al cordón y caño frente al establecimiento. Por ende, se realizó el acta de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-028-2025, en la cual se consignó que las aguas residuales provenientes de la pila del bar se dirigían directamente al tanque séptico y que el establecimiento cumplía con lo indicado en la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260- 2024. Por ello, se dispuso el cierre del caso (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • d)Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-079-2025, emitida y notificada el 26 de marzo de 2025 al establecimiento Baldi’s Fresh, orden que fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas el 17, 18 y 20 de marzo de 2025, en donde se comprobó un mal manejo de aguas residuales, según informe técnico N° MS-DRRSPC-DARSQ-IT-125-2025. Por ende, en dicha orden sanitaria se ordenó la presentación de un plan remedial para solucionar la situación, así como la definición de una alternativa técnicamente admisible para la disposición del efluente del sistema de tratamiento. Sin embargo, posteriormente el representante legal del establecimiento renunció al permiso sanitario de funcionamiento, circunstancia que dejó sin efecto la orden sanitaria previamente notificada, al desaparecer el supuesto de operación del establecimiento bajo el cual se había emitido la medida (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • e)Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0197-2025, emitida y notificada el 18 de julio de 2025 al establecimiento Restaurante Donde Alex 2, orden que fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas el 04 de julio de 2025. Así, se dispuso que el establecimiento debía disponer sanitariamente, dentro de su propiedad, las aguas residuales del restaurante, mediante un sistema de tratamiento aprobado por el Ministerio de Salud, de forma tal que se evitara su salida al ambiente. De ese modo, su cumplimiento fue verificado mediante acta de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-0614-2025, en la cual se dejó constancia de que las aguas residuales del restaurante no salían al ambiente, razón por la cual se dispuso el cierre del caso (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • f)Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0250-2025, emitida el 26 de agosto de 2025 al establecimiento Hotel Milenium, orden que fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas el 22 de agosto de 2025, en la que se constató disposición inadecuada de aguas residuales provenientes de lavandería, servicios sanitarios, duchas y lavatorios de las habitaciones 101, 102 y 103, así como deficiencias en la conducción de aguas pluviales y acumulación de agua en techos. Por ende, se ordenó suspender el uso de dichas habitaciones hasta corregir el problema y obtener autorización del Ministerio de Salud, colocar canoas y bajantes, realizar mejoras para evitar acumulación de aguas pluviales, presentar plan remedial y definir una alternativa técnicamente admisible para la disposición final del efluente. Así, el 01 de julio de 2026, el Área Rectora de Salud realizó la inspección respectiva, en la cual verificó que el Hotel Milenium se encontraba operando sin permiso sanitario de funcionamiento vigente desde el 22 de abril de 2026.

Por consiguiente, el Área Rectora de Salud dictó y notificó la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0151-2026, mediante la cual ordenó la clausura inmediata del establecimiento hasta que cuente con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento vigente, orden que actualmente está vigente (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

  • g)Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, emitida el 07 de noviembre de 2025 al Parque Nacional Manuel Antonio, orden que fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas el 06 de noviembre de 2025, en la cual se comprobaron deficiencias asociadas con la disposición de aguas residuales provenientes de la casa de guardaparques, la batería sanitaria N°4 y las duchas ubicadas en la batería sanitaria N°3. Por ende, se ordenó la clausura inmediata de las instalaciones de la casa de guardaparques, la clausura inmediata de la batería sanitaria N°4, la suspensión inmediata del uso de las duchas ubicadas en la batería sanitaria N°3, la presentación de un plan remedial con cronograma y la adecuación inmediata del aforo de visitantes según la capacidad sanitaria instalada. Al respecto, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación presentó el plan remedial correspondiente, bajo consecutivo CARTA-SINAC-SE-SE-1628-2025, el cual fue revisado por el Área Rectora de Salud de Quepos y aprobado mediante CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-367-2025 del 26 de noviembre de 2025.

De ese modo, se tuvo por conforme el proceder y los plazos propuestos para las mejoras y reparaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales de la casa de funcionarios y de las baterías sanitarias indicadas del Parque Nacional, fijándose como fecha máxima de cumplimiento el 13 de febrero de 2026. Posteriormente, si bien la ejecución ha presentado retrasos, la Administración del Parque continúa trabajando en el cumplimiento de la orden sanitaria y el proyecto constructivo del sistema de tratamiento de aguas residuales de la casa de funcionarios y de las baterías sanitarias indicadas del Parque Nacional fue revisado en la plataforma APC, constando para el Ministerio de Salud el resultado de “subsanación aceptada”. Esta indicación se formula estrictamente dentro del ámbito técnico de revisión correspondiente al Ministerio de Salud (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

  • h)El 29 de diciembre de 2025, el recurrente interpuso el presente recurso de amparo (ver escrito de interposición).
  • i)El 13 de enero de 2026, el recurrente interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE respecto a la situación descrita en el presente recurso de amparo (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • j)El 14 de enero de 2026, ante la denuncia presentada por el recurrente el 13 de enero de 2026 ante la Municipalidad de Quepos y el Área Rectora de Quepos, la Municipalidad recurrida y el Área Rectora de Salud recurrida llevaron a cabo una inspección en el lugar, a efectos de constatar las condiciones sanitarias imperantes, atendiendo la situación (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • k)El 04 de febrero de 2026, se notificó la resolución de curso al Ministerio de Salud (ver acta de notificación).
  • l)Según las actas de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026 y MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-202, el 05 de febrero de 2026 el Área Rectora de Salud de Quepos realizó una inspección en los 3 sitios indicados por el recurrente y no comprobó los malos olores descritos (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

- Sobre la actuación de la Municipalidad de Quepos:

  • a)Existe una iniciativa por parte de la Municipalidad de Quepos y el SINAC de colaborar interinstitucionalmente con la construcción de una planta de tratamiento en la zona indicada, razón por la que se invitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, institución rectora en el tema, quienes para tal labor tiene la capacidad de realizar los estudios técnicos de viabilidad de construcción de dicha planta y la determinación del sitio más idóneo para ubicarla, tomando en consideración que se trata de una zona ambientalmente frágil y con características topográficas y de constitución del suelo particulares que deben tomarse en consideración (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • b)El 29 de diciembre de 2025, el recurrente interpuso el presente recurso de amparo (ver escrito de interposición).
  • c)El 13 de enero de 2026, el recurrente interpone una gestión ante la Municipalidad de Quepos respecto al manejo de aguas residuales en Playa Espadilla (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • d)El 14 de enero de 2026, ante una solicitud verbal, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Quepos, en conjunto con la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, la Policía Municipal, el ingeniero de la Unidad de Desarrollo e Infraestructura, y una funcionaria del Ministerio de Salud, realizaron una inspección en el sitio. Así, producto de dicha inspección, la Municipalidad recurrida realizó varias acciones al detectar que en apariencia al menos dos negocios que desfogaban aguas residuales al cordón y caño en el área de inspección, por lo que se procede a presentar formal denuncia ante el Ministerio de Salud ese mismo día con el fin de que se determine lo descrito por parte de la autoridad competente. Sin embargo, dicha gestión fue rechazada por parte del Ministerio de Salud, indicando que los denunciados debían estar individualizados (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • e)Mediante oficio MQ-CM-PM-007-26-2025-2026 del 19 de enero de 2026, la presidente del Concejo trasladó la gestión del recurrente a la alcaldía, identificada como Oficio: CPE-1060-2-2026 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • f)Mediante oficio MO-ALC-143-2026 del 02 de febrero de 2026, la alcaldía de la Municipalidad de Quepos, como parte de la junta administradora del Parque Nacional Manuel Antonio, le envió un oficio al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el fin de realizar mesa de trabajo interinstitucional enfocada en abordar el tema a la mayor brevedad en la búsqueda de soluciones permanentes a largo plazo (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • g)El 03 de febrero de 2026, la gerencia general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le comunicó a la Municipalidad de Quepos lo siguiente: “En atención a lo remitido bajo el asunto " oficio MQ-ALC-143-2026", me permito dejar constancia formal de su recepción en esta dependencia el día 03/02/2026. Este acuse se emite en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de petición y la pronta resolución de las gestiones planteadas ante la Administración Pública; así como a la Ley N.° 9097 de Regulación del Derecho de Petición y a la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, que imponen a las instituciones públicas el deber de dar respuesta oportuna, razonable y motivada a las solicitudes de los administrados. Se procederá a dar el trámite correspondiente conforme a la normativa vigente, comunicándole oportunamente el curso de la gestión. Sin otro particular, agradezco su atención y reitero nuestro compromiso con la transparencia, la eficiencia y la mejora continua en la atención a los usuarios y administrados” h) El 05 de febrero de 2026, se notificó la resolución de curso a la Municipalidad de Quepos (ver acta de notificación).
  • i)Mediante oficio MQ-UGA-023-2026 del 06 de febrero de 2026, el biólogo Warren Umaña Cascante de la Municipalidad de Quepos le solicitó al Ministerio de Salud que considere adaptar su metodología de atención de denuncias debido a las particularidades del caso y manifiesta la disponibilidad por parte de la Municipalidad de colaborar en la atención del presente caso (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • j)Mediante oficio MO-ALC-142-2026 del 06 de febrero de 2026, la alcaldía de la Municipalidad de Quepos remitió la respuesta del recurrente al Concejo para ser conocido en sesión ordinaria por parte dicho Concejo, ya que ahí realizó la gestión del recurrente (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • k)Mediante oficio no. MQ-UZMT-24-2026 del 09 de febrero de 2026, el jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos le comunicó al alcalde lo siguiente: “4- Por otro lado, a raíz de reuniones de las que esta Unidad ha participado con el Ministerio de Ambiente, se ha coordinado interinstitucionalmente para llevar a cabo una mesa de trabajo entre el MINAE, AyA y Municipalidad de Quepos, para determinar medidas de largo plazo como la construcción de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento para brindar el servicio en Manuel Antonio. Esta alternativa requiere de la expertiz principalmente de AyA, por lo cual, mediante oficio MQ-ALC-143-2026 del 02 de febrero del 2026, desde su despacho de alcaldía y con la colaboración de esta Unidad de Zona Marítimo terrestre se ha solicitado a Presidencia Ejecutiva de AyA una visita al Cantón de Quepos para llevar a cabo una mesa de trabajo entre instituciones. 5- Finalmente, respecto al financiamiento para la construcción de un proyecto de alcantarillado sanitario en Playa Espadilla, es técnicamente imposible definir montos o vías de financiamiento a un proyecto sobre el cual no tenemos definidos planos constructivos, ni siquiera la viabilidad técnica.

No existe certeza de ubicación de una posible planta de tratamiento específicamente para este sector, ya que definir esto corresponde a criterios altamente técnicos. 6- Ahora bien, la Municipalidad de Quepos tiene conocimiento que el AyA compró un terreno de 1.8 hectáreas (Finca No. 236382) para la instalación de una planta de tratamiento para la ciudad de Quepos y tiene conocimiento que existen los planos constructivos para el alcantarillado sanitario de toda la ciudad de Quepos, sin embargo, se desconoce si este sistema ya diseñado es capaz de recibir las aguas servidas de Manuel Antonio o si el AyA considera otra alternativa para brindar el servicio en el sector de interés del denunciante. Para este proyecto de alcantarillado de la ciudad de Quepos junto a proyectos en Jacó y Golfito, el AyA contaba con financiamiento de un préstamo entre Costa Rica y el Banco KFW Frankfurt am Main, aprobado por la Asamblea Legislativa en 2019.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda el 16 de agosto de 2023 comunicó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la cancelación del programa y la eliminación del presupuesto y financiamiento de los proyectos a esas comunidades. Es claro que, por el costo tan elevado de este tipo de proyectos, a la Municipalidad de Quepos le representa una dificultad financiera dirigir recursos de su presupuesto Municipal para cubrir por sí sola una obra de esta envergadura, por lo cual requiere del concurso de otras instituciones y del Gobierno Central” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

- Sobre la actuación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC):

  • a)En octubre de 2025, ocurrió un sismo que afectó la infraestructura interna del sistema de tratamiento del Parque Nacional Manuel Antonio, lo cual generó, por parte del SINAC, mecanismos de emergencia institucional, como la declaratoria de emergencia respectivo. Asimismo, se coordinó con el Área Rectora de Salud de Quepos, lo que generó la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, emitida el 07 de noviembre de 2025. Así, la Administración del Parque continúa trabajando en el cumplimiento de la orden sanitaria y el proyecto constructivo del sistema de tratamiento de aguas residuales de la casa de funcionarios y de las baterías sanitarias indicadas del Parque Nacional fue revisado en la plataforma APC, constando para el Ministerio de Salud el resultado de “subsanación aceptada”. Sin embargo, esta situación no relación causal alguna con el tema denunciado en el presente recurso de amparo por el recurrente. Lo anterior, pues, desde el punto de vista técnico y material, estas instalaciones internas se ubican a 1.2 kilómetros de distancia de la entrada principal y de la quebrada en mención, por lo tanto, es improbable la contaminación de estos sistemas hacia el sector denunciado. Además, ambos sistemas presentaban sistemas de drenajes independientes y no tenían efluentes dirigidos a esos cuerpos de agua (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • b)El 29 de diciembre de 2025, el recurrente interpuso el presente recurso de amparo (ver escrito de interposición).
  • c)El 13 de enero de 2026, el recurrente interpuso una denuncia ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE respecto a la situación descrita en el presente recurso de amparo. Así, la gestión fue registrada en el sistema SITADA bajo el número 59948-2026 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • d)El 19 de enero de 2026, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE realizó la inspección de campo en el lugar denunciado por el recurrente. Así, de la prueba técnica aportada por la Administración del Parque Nacional Manuel Antonio, se demuestra que los hechos denunciados no se originan dentro del área protegida, sino en zonas externas a la misma, siendo que las corrientes mencionadas ingresan al parque únicamente en su tramo final, por lo que cualquier eventual contaminación se genera aguas arriba, fuera de la jurisdicción del SINAC. Igualmente, en el acta N° 3765, se indica que “se logra observar la quebrada La Camaronera, emanando un olor desagradable, más no se logra observar el motivo del mal olor; por lo que, caminando sobre el borde de la quebrada llegamos a un punto, donde se logra identificar dos alcantarillas que dan al borde de la quebrada, llevando aguas residuales a la quebrada. Se toman fotos y puntos GPS y se remite la denuncia al Ministerio de Salud, ya que es a quien le corresponde estos temas”. De ese modo, en la inspección se detectaron indicios de afectación sin poder establecerse con certeza su origen. Por ende, el 21 de enero de 2026 se procedió a remitir el caso al Ministerio de Salud para su atención conforme a sus competencias (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • e)El 22 de junio de 2026, mediante el Oficio CARTA-SINAC-ACOPAC-DR-DRFVS-OSRAP-0154-2026, el SINAC procedió a noticiarle al recurrente las acciones realizadas respecto a su denuncia (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • f)El 26 de junio de 2026, se notificó la resolución de ampliación de curso al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • g)El Área Rectora de Salud de Quepos, en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, ha realizado verificaciones técnicas en la Playa Nacional Manuel Antonio, mediante pruebas de fluoresceína y evaluaciones, que han descartan que los sistemas de tratamiento del Parque sean fuente de contaminación, confirmando que estos operan adecuadamente. Así, los sistemas de tratamiento del Parque y la planta de tratamiento ubicada en la entrada principal tienen como disposición final sistemas de drenajes, los cuales han demostrado estar plenamente funcionales y que no están afectando este cauce (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • h)El personal de la Playa Nacional Manuel Antonio realiza patrullajes de rutina constantes en los sectores mencionados. Durante dichos recorridos de control, se constata que el cauce ingresa al Parque, pero no se evidencia la existencia de descargas o afluentes irregulares provenientes de otras propiedades colindantes (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

- Sobre la actuación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

  • m)El 14 de enero de 2026, ante la denuncia presentada por el recurrente el 13 de enero de 2026 ante la Municipalidad de Quepos y el Área Rectora de Quepos, la Municipalidad recurrida y el Área Rectora de Salud recurrida llevaron a cabo una inspección en el lugar, a efectos de constatar las condiciones sanitarias imperantes. Por consiguiente, ante la inexistencia de un sistema colectivo de alcantarillado sanitario, la normativa vigente impone la obligación de que las aguas residuales sean tratadas mediante sistemas individuales adecuados. En el caso de las viviendas, ello implica el uso de tanques sépticos, mientras que, para establecimientos comerciales, tales como hoteles, restaurantes y otros que generan aguas residuales de tipo especial, es obligatorio contar con sistemas de tratamiento específicos —incluidas plantas de tratamiento— debidamente aprobados, supervisados y fiscalizados por el Ministerio de Salud y la Municipalidad correspondiente.

Así, se constató en sitio la existencia de descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia la playa y el mar en las inmediaciones del Parque Nacional Manuel Antonio. Por lo que, se comprueba que, a raíz de denuncias de vecinos de la zona, el propio Ministerio de Salud ha debido intervenir en atención de situaciones que evidencian deficiencias en el manejo de aguas residuales. Asimismo, según las actas de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026 y MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-202, el 05 de febrero de 2026 el Área Rectora de Salud de Quepos realizó una inspección en los 3 sitios indicados por el recurrente y no comprobó los malos olores descritos (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

  • n)Posteriormente, la Municipalidad de Quepos promovió la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con la participación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de otros actores estratégicos con potencial de contribuir técnica y financieramente a la solución de la problemática de las aguas residuales, tales como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
  • o)En marzo de 2026, como resultado de la coordinación anteriormente, las instituciones involucradas efectuaron una visita técnica conjunta en la zona de Manuel Antonio, con la finalidad de analizar la viabilidad de desarrollar un proyecto integral de saneamiento. Así, en dicho proceso, la Municipalidad de Quepos, el SINAC y el INDER han coincidido en la necesidad de promover la formulación y eventual construcción de un sistema de alcantarillado sanitario (AS) y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), como solución estructural a la problemática. Por ende, el INDER ha manifestado su disposición de aportar aproximadamente tres mil millones de colones (US$ 6,2 millones), sin perjuicio de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como órgano técnico especializado, debe realizar las valoraciones correspondientes para determinar la solución más idónea desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

Por consiguiente, en caso de que se determine la necesidad de formular un proyecto para la zona de Manuel Antonio, Quepos, este deberá cumplir con todas las fases establecidas con las normas técnicas, lineamientos y procedimientos que ha establecido el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), esto debido a su gran inversión económica, razón por la cual, se visualizaría como una solución a largo plazo. De ese modo, en el marco de la mesa interinstitucional, se ha identificado como alternativa para acelerar la ejecución de un eventual proyecto la suscripción de un convenio de cooperación entre el AyA, el SINAC, la Municipalidad de Quepos y el INDER, mediante el cual el AyA aportaría los diseños técnicos, el INDER asumiría la licitación y ejecución de las obras, y, una vez concluidas, los activos serían transferidos al AyA para su operación. Al respecto, cualquier intervención deberá contemplar soluciones de alta tecnología —particularmente en lo relativo a la PTAR—que permitan el tratamiento integral de contaminantes, considerando la sensibilidad ambiental de la zona costera y del área protegida.

Adicionalmente, se ha recomendado, de manera preliminar, la formulación de un proyecto de saneamiento independiente para la zona de Manuel Antonio, sin incorporar incrementos de caudal al proyecto existente para Quepos, en aras de garantizar una solución técnicamente adecuada. Finalmente, se impone la necesidad de definir con claridad el esquema de financiamiento del proyecto, en el entendido de que el aporte anunciado por el INDER podría resultar insuficiente para cubrir la totalidad de las obras requeridas, debiendo explorarse alternativas complementarias y considerar la posibilidad de esquemas de financiamiento plurianual, de conformidad con la normativa aplicable (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

III. Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución

  • a)Que, previo a la interposición del presente recurso, el recurrente haya interpuesto una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Quepos, la Municipalidad de Quepos, o el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) respecto a la situación indicada en escrito de interposición (autos).
  • b)Que el recurrente haya interpuesto una denuncia ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados respecto a la situación indicada en escrito de interposición (autos).
  • c)Que la Municipalidad de Quepos haya resuelto sobre la necesidad o no de construir una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio (autos).

IV.Sobre la actuación del Ministerio de Salud. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación a los derechos fundamentales del recurrente en cuanto a este Ministerio. Lo anterior, porque en los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que los puntos que describe el recurrente en el presente recurso de amparado referente a la playa Manuel Antonio corresponden a: • De la entrada principal del PNMA (Playa Nacional Manuel Antonio) a la antigua entrada del parque, bordeando contiguo al Hotel San Bada. • En el costado noroeste de Mar y Sombra. • En la laguna artificial brazo de quebrada contiguo a Kachá.

En los registros de la base de datos del Área Rectora de Salud de Quepos consta que desde el 2020 se han presentado las siguientes denuncias relacionadas a una disposición inadecuada de agua residuales en los tres puntos señalados por el recurrente en Manuel Antonio. Dichas denuncias se indican a continuación: “• Para el año 2020: se tienen registradas la recepción de 5 denuncias, de las cuales las 5 no fue comprobado la disposición inadecuada de aguas residuales en los sitios. • Para el año 2021: no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión. • Para el año 2022: se tiene registrado la recepción de 3 denuncias, en donde se logra evidenciar que en uno de los casos existía una disposición inadecuada de aguas residuales, por lo que se notifica la orden sanitaria correspondiente y posteriormente realiza el seguimiento se da misma y se comprueba su cumplimiento.

Con respecto a las otras 2 denuncias, no fue posible evidenciar lo denunciado. • Para el año 2023: no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión. • Para el año 2024: no se tienen registros que se hayan interpuesto formalmente denuncias relacionadas al tema en cuestión. • Para el año 2025: se tienen registradas la recepción de 2 denuncias, de las cuales fue evidenciada la problemática y se procedió a notificar la orden sanitaria correspondiente para que la no conformidad identificada fuese corregida a la brevedad posible. Además, según inspecciones de oficio realizadas por este ministerio en la zona, se realizó la notificación de 3 órdenes sanitarias adicionales para que dos establecimientos de la zona y el propio PNMA realizara la corrección de la disposición inadecuada de aguas residuales que se estaban presentando en su momento. • Para el año 2026: actualmente se tiene registrado únicamente una denuncia por el tema de aguas residuales en la zona, la cual corresponde al PNMA, sin embargo, la misma ya fue atendida y no se comprobó lo denunciado”.

Además, dicha Área de Salud ha realizado hasta el momento 3 inspecciones a un grupo de establecimientos ubicados frente a playa Espadilla, en los cuales se ha evidenciado una disposición inadecuada de aguas residuales y por ende se realizó la notificación de la orden sanitaria correspondiente para que sea subsanada la no conformidad identificada. Igualmente, mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260-2024 emitida el 25 de octubre de 2024 al establecimiento Las Delicias, por manejo inadecuado de aguas residuales provenientes de la pila del bar, las cuales eran dirigidas al cordón y caño frente al establecimiento. Por ende, se realizó el acta de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-028-2025, en la cual se consignó que las aguas residuales provenientes de la pila del bar se dirigían directamente al tanque séptico y que el establecimiento cumplía con lo indicado en la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-260- 2024.

Por ello, se dispuso el cierre del caso. Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-079-2025, emitida y notificada el 26 de marzo de 2025 al establecimiento Baldi’s Fresh, orden que fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas el 17, 18 y 20 de marzo de 2025, en donde se comprobó un mal manejo de aguas residuales, según informe técnico N° MS-DRRSPC-DARSQ-IT-125-2025. Por ende, en dicha orden sanitaria se ordenó la presentación de un plan remedial para solucionar la situación, así como la definición de una alternativa técnicamente admisible para la disposición del efluente del sistema de tratamiento. Sin embargo, posteriormente el representante legal del establecimiento renunció al permiso sanitario de funcionamiento, circunstancia que dejó sin efecto la orden sanitaria previamente notificada, al desaparecer el supuesto de operación del establecimiento bajo el cual se había emitido la medida.

Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0197-2025, emitida y notificada el 18 de julio de 2025 al establecimiento Restaurante Donde Alex 2, orden que fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas el 04 de julio de 2025. Así, se dispuso que el establecimiento debía disponer sanitariamente, dentro de su propiedad, las aguas residuales del restaurante, mediante un sistema de tratamiento aprobado por el Ministerio de Salud, de forma tal que se evitara su salida al ambiente. De ese modo, su cumplimiento fue verificado mediante acta de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-0614-2025, en la cual se dejó constancia de que las aguas residuales del restaurante no salían al ambiente, razón por la cual se dispuso el cierre del caso. Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0250-2025, emitida el 26 de agosto de 2025 al establecimiento Hotel Milenium, orden que fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas el 22 de agosto de 2025, en la que se constató disposición inadecuada de aguas residuales provenientes de lavandería, servicios sanitarios, duchas y lavatorios de las habitaciones 101, 102 y 103, así como deficiencias en la conducción de aguas pluviales y acumulación de agua en techos.

Por ende, se ordenó suspender el uso de dichas habitaciones hasta corregir el problema y obtener autorización del Ministerio de Salud, colocar canoas y bajantes, realizar mejoras para evitar acumulación de aguas pluviales, presentar plan remedial y definir una alternativa técnicamente admisible para la disposición final del efluente. Así, el 01 de julio de 2026, el Área Rectora de Salud realizó la inspección respectiva, en la cual verificó que el Hotel Milenium se encontraba operando sin permiso sanitario de funcionamiento vigente desde el 22 de abril de 2026. Por consiguiente, el Área Rectora de Salud dictó y notificó la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0151-2026, mediante la cual ordenó la clausura inmediata del establecimiento hasta que cuente con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento vigente, orden que actualmente está vigente. Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, emitida el 07 de noviembre de 2025 al Parque Nacional Manuel Antonio, orden que fue dictada con ocasión de inspecciones físico-sanitarias realizadas el 06 de noviembre de 2025, en la cual se comprobaron deficiencias asociadas con la disposición de aguas residuales provenientes de la casa de guardaparques, la batería sanitaria N°4 y las duchas ubicadas en la batería sanitaria N°3.

Por ende, se ordenó la clausura inmediata de las instalaciones de la casa de guardaparques, la clausura inmediata de la batería sanitaria N°4, la suspensión inmediata del uso de las duchas ubicadas en la batería sanitaria N°3, la presentación de un plan remedial con cronograma y la adecuación inmediata del aforo de visitantes según la capacidad sanitaria instalada. Al respecto, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación presentó el plan remedial correspondiente, bajo consecutivo CARTA-SINAC-SE-SE-1628-2025, el cual fue revisado por el Área Rectora de Salud de Quepos y aprobado mediante CARTA-MS-DRRSPC-DARSQ-367-2025 del 26 de noviembre de 2025. De ese modo, se tuvo por conforme el proceder y los plazos propuestos para las mejoras y reparaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales de la casa de funcionarios y de las baterías sanitarias indicadas del Parque Nacional, fijándose como fecha máxima de cumplimiento el 13 de febrero de 2026.

Posteriormente, si bien la ejecución ha presentado retrasos, la Administración del Parque continúa trabajando en el cumplimiento de la orden sanitaria y el proyecto constructivo del sistema de tratamiento de aguas residuales de la casa de funcionarios y de las baterías sanitarias indicadas del Parque Nacional fue revisado en la plataforma APC, constando para el Ministerio de Salud el resultado de “subsanación aceptada”. Esta indicación se formula estrictamente dentro del ámbito técnico de revisión correspondiente al Ministerio de Salud.

Ahora bien, posterior a la interposición del presente recurso, el 13 de enero de 2026, el recurrente interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE respecto a la situación descrita en el presente recurso de amparo. Así, el 14 de enero de 2026, ante la denuncia presentada por el recurrente el 13 de enero de 2026 ante la Municipalidad de Quepos y el Área Rectora de Quepos, la Municipalidad recurrida y el Área Rectora de Salud recurrida llevaron a cabo una inspección en el lugar, a efectos de constatar las condiciones sanitarias imperantes, atendiendo la situación.

Asimismo, posterior a la notificación de la resolución de curso, según las actas de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026 y MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-202, el 05 de febrero de 2026 el Área Rectora de Salud de Quepos realizó una inspección en los 3 sitios indicados por el recurrente y no comprobó los malos olores descritos. Por último, no se tuvo por demostrado que, previo a la interposición del presente recurso, el recurrente haya interpuesto una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Quepos respecto a la situación indicada en escrito de interposición.

En este sentido, es relevante reiterar que, previo a la interposición del presente recurso, el recurrente no había interpuesto una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Quepos respecto a la situación indicada en el amparo, por lo que no es posible atribuirle alguna omisión a dicho Ministerio.

Al respecto, mediante sentencia no. 2023-29457 de las 12:50 horas del 10 de noviembre de 2023, dictada dentro del expediente no. 23-012835-0007-CO, este Tribunal estableció sobre la necesidad de interponer una denuncia en temas ambientales, al indicar “que, para que se pueda ventilar una lesión o amenaza a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia y que, durante su trámite, se haya determinado una amenaza o que efectivamente se esté dañando al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna”. Ahora bien, en esa misma sentencia también se estableció que “el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de un caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto”.

Sobre el particular, tal y como se estableció anteriormente, es menester reafirmar que se denota que desde el 2020 se han interpuesto múltiples denuncias (ninguna por parte del recurrente) ante el Área de Salud recurrido respecto a la disposición inadecuada de agua residuales en los tres puntos señalados por el recurrente, sin embargo, se comprueba que esas denuncias han sido atendidas por el Ministerio recurrido, realizando las inspecciones correspondientes, descartando la situación alegada y emitiendo las órdenes sanitarias cuando se ha considerado, a las cuales le ha dado el seguimiento respectivo. De ese modo, este Tribunal considera que dicha Área de Salud les ha dado el seguimiento oportuno a las denuncias planteadas por los administrados. Igualmente, al tener conocimiento de la situación alegado del recurrente por medio del amparo, el 14 de enero de 2026, la Municipalidad recurrida y el Área Rectora de Salud recurrida llevaron a cabo una inspección en el lugar, a efectos de constatar las condiciones sanitarias imperantes.

Asimismo, se realizó una nueva inspección el día 05 de febrero de 2026 en el sitio denunciado, para corroborar que no existe tal afectación denunciada. Es decir, el Ministerio de Salud ha sido diligente ante el conocimiento de denuncias en el lugar señalado por el recurrente, denuncias que en ningún momento han sido interpuestas por el recurrente, ya que, se reitera que, previo a la interposición del presente recurso, el recurrente no había interpuesto una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Quepos respecto a la situación indicada en el amparo.

Por último, respecto a la denuncia interpuesta por el recurrente el 13 de enero de 2026 ante el Ministerio de Salud, se reafirma que dicha gestión fue interpuesta posterior a la presentación del presente amparo, por lo que cualquier reclamo respecto a esa denuncia deviene prematuro.

Por consiguiente, respecto a este Ministerio, se descarta lesión a los derechos fundamentales del recurrente.

V.Sobre la actuación de la Municipalidad de Quepos. Respecto a este Corporación Municipalidad se tiene por demostrado que existe una iniciativa por parte de la Municipalidad de Quepos y el SINAC de colaborar interinstitucionalmente con la construcción de una planta de tratamiento en la zona indicada, razón por la que se invitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, institución rectora en el tema, quienes para tal labor tiene la capacidad de realizar los estudios técnicos de viabilidad de construcción de dicha planta y la determinación del sitio más idóneo para ubicarla, tomando en consideración que se trata de una zona ambientalmente frágil y con características topográficas y de constitución del suelo particulares que deben tomarse en consideración.

Ahora bien, posterior a la interposición del presente recurso, el 13 de enero de 2026, el recurrente interpone una gestión ante la Municipalidad de Quepos respecto al manejo de aguas residuales en Playa Espadilla. Así, el 14 de enero de 2026, ante una solicitud verbal, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Quepos, en conjunto con la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, la Policía Municipal, el ingeniero de la Unidad de Desarrollo e Infraestructura, y una funcionaria del Ministerio de Salud, realizaron una inspección en el sitio. Así, producto de dicha inspección, la Municipalidad recurrida realizó varias acciones al detectar que en apariencia al menos dos negocios que desfogaban aguas residuales al cordón y caño en el área de inspección, por lo que se procede a presentar formal denuncia ante el Ministerio de Salud ese mismo día con el fin de que se determine lo descrito por parte de la autoridad competente.

Sin embargo, dicha gestión fue rechazada por parte del Ministerio de Salud, indicando que los denunciados debían estar individualizados. Mediante oficio MQ-CM-PM-007-26-2025-2026 del 19 de enero de 2026, la presidente del Concejo trasladó la gestión del recurrente a la alcaldía, identificada como Oficio: CPE-1060-2-2026. Mediante oficio MO-ALC-143-2026 del 02 de febrero de 2026, la alcaldía de la Municipalidad de Quepos, como parte de la junta administradora del Parque Nacional Manuel Antonio, le envió un oficio al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el fin de realizar mesa de trabajo interinstitucional enfocada en abordar el tema a la mayor brevedad en la búsqueda de soluciones permanentes a largo plazo. El 03 de febrero de 2026, la gerencia general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le comunicó a la Municipalidad de Quepos lo siguiente: “En atención a lo remitido bajo el asunto " oficio MQ-ALC-143-2026", me permito dejar constancia formal de su recepción en esta dependencia el día 03/02/2026.

Este acuse se emite en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de petición y la pronta resolución de las gestiones planteadas ante la Administración Pública; así como a la Ley N.° 9097 de Regulación del Derecho de Petición y a la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, que imponen a las instituciones públicas el deber de dar respuesta oportuna, razonable y motivada a las solicitudes de los administrados. Se procederá a dar el trámite correspondiente conforme a la normativa vigente, comunicándole oportunamente el curso de la gestión. Sin otro particular, agradezco su atención y reitero nuestro compromiso con la transparencia, la eficiencia y la mejora continua en la atención a los usuarios y administrados”.

Asimismo, posterior a la notificación de la resolución de curso, mediante oficio MQ-UGA-023-2026 del 06 de febrero de 2026, el biólogo Warren Umaña Cascante de la Municipalidad de Quepos le solicitó al Ministerio de Salud que considere adaptar su metodología de atención de denuncias debido a las particularidades del caso y manifiesta la disponibilidad por parte de la Municipalidad de colaborar en la atención del presente caso. Mediante oficio MO-ALC-142-2026 del 06 de febrero de 2026, la alcaldía de la Municipalidad de Quepos remitió la respuesta del recurrente al Concejo para ser conocido en sesión ordinaria por parte dicho Concejo, ya que ahí realizó la gestión del recurrente. Mediante oficio no. MQ-UZMT-24-2026 del 09 de febrero de 2026, el jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos le comunicó al alcalde lo siguiente: “4- Por otro lado, a raíz de reuniones de las que esta Unidad ha participado con el Ministerio de Ambiente, se ha coordinado interinstitucionalmente para llevar a cabo una mesa de trabajo entre el MINAE, AyA y Municipalidad de Quepos, para determinar medidas de largo plazo como la construcción de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento para brindar el servicio en Manuel Antonio.

Esta alternativa requiere de la expertiz principalmente de AyA, por lo cual, mediante oficio MQ-ALC-143-2026 del 02 de febrero del 2026, desde su despacho de alcaldía y con la colaboración de esta Unidad de Zona Marítimo terrestre se ha solicitado a Presidencia Ejecutiva de AyA una visita al Cantón de Quepos para llevar a cabo una mesa de trabajo entre instituciones. 5- Finalmente, respecto al financiamiento para la construcción de un proyecto de alcantarillado sanitario en Playa Espadilla, es técnicamente imposible definir montos o vías de financiamiento a un proyecto sobre el cual no tenemos definidos planos constructivos, ni siquiera la viabilidad técnica. No existe certeza de ubicación de una posible planta de tratamiento específicamente para este sector, ya que definir esto corresponde a criterios altamente técnicos. 6- Ahora bien, la Municipalidad de Quepos tiene conocimiento que el AyA compró un terreno de 1.8 hectáreas (Finca No. 236382) para la instalación de una planta de tratamiento para la ciudad de Quepos y tiene conocimiento que existen los planos constructivos para el alcantarillado sanitario de toda la ciudad de Quepos, sin embargo, se desconoce si este sistema ya diseñado es capaz de recibir las aguas servidas de Manuel Antonio o si el AyA considera otra alternativa para brindar el servicio en el sector de interés del denunciante.

Para este proyecto de alcantarillado de la ciudad de Quepos junto a proyectos en Jacó y Golfito, el AyA contaba con financiamiento de un préstamo entre Costa Rica y el Banco KFW Frankfurt am Main, aprobado por la Asamblea Legislativa en 2019. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda el 16 de agosto de 2023 comunicó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la cancelación del programa y la eliminación del presupuesto y financiamiento de los proyectos a esas comunidades. Es claro que, por el costo tan elevado de este tipo de proyectos, a la Municipalidad de Quepos le representa una dificultad financiera dirigir recursos de su presupuesto Municipal para cubrir por sí sola una obra de esta envergadura, por lo cual requiere del concurso de otras instituciones y del Gobierno Central”. Por último, no se tuvo por demostrado que, previo a la interposición del presente recurso, el recurrente haya interpuesto una denuncia ante la Municipalidad de Quepos respecto a la situación indicada en escrito de interposición.

De esa forma, al igual que se señaló en el considerando anterior, es relevante reiterar que, previo a la interposición del presente recurso, el recurrente no había interpuesto una denuncia ante la Municipalidad de Quepos respecto a la situación indicada en el amparo, por lo que no es posible atribuirle alguna omisión a dicha corporación municipal respecto a alguna denuncia del recurrente. Por consiguiente, respecto a la denuncia interpuesta por el recurrente el 13 de enero de 2026 ante la Municipalidad recurrida, se reafirma que dicha gestión fue interpuesta posterior a la presentación del presente amparo, por lo que cualquier reclamo respecto a esa denuncia deviene prematuro. Por ende, respecto a este punto se declara sin lugar el recurso en contra de la Municipalidad de Quepos.

Sin embargo, a pesar de las acciones de la Municipalidad recurrida, este Tribunal sí constata una omisión por parte de esa corporación municipal en cuanto a sus obligaciones Al respecto, ha quedado debidamente demostrado que, antes incluso de que el recurrente formulara gestión administrativa formal, la Municipalidad recurrida ya había activado mecanismos de inspección coordinación interinstitucional y denuncia ante las autoridades competentes, por lo que actualmente existe una iniciativa por parte de la Municipalidad de Quepos y el SINAC de colaborar interinstitucionalmente con la construcción de una planta de tratamiento en la zona indicada, razón por la que se invitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, institución rectora en el tema, quienes para tal labor tiene la capacidad de realizar los estudios técnicos de viabilidad de construcción de dicha planta y la determinación del sitio más idóneo para ubicarla, tomando en consideración que se trata de una zona ambientalmente frágil y con características topográficas y de constitución del suelo particulares que deben tomarse en consideración.

Así, si bien es cierto, previo a la interposición del presente recurso, no se había interpuesto la denuncia respectiva, lo cierto es que la Municipalidad de Quepos tenía conocimiento antes de cualquier denuncia sobre la posible necesidad de construcción de una planta de tratamiento en la zona indicada. En este sentido, es menester reiterar lo indicado en el considerando anterior, respecto a que “el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de un caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto”.

Así, se denota que la Municipalidad sí tenía conocimiento antes de cualquier denuncia sobre la posible necesidad de construcción de una planta de tratamiento en la zona indicada. Sobre el particular, nótese que el recurrente alega que “se ha notado la urgente necesidad de una planta de tratamiento en todas sus funciones, ya que en varios puntos por ejemplo de playa Espadilla como Parque Manuel Antonio se percibe malos olores tipo sépticas (…) ambientalistas de la zona han comentado la situación en Concejo Quepos; sin embargo, la administración no ha abordado la problemática ambiental como algo prioritario”. Al respecto, la Municipalidad recurrida no niega dicha situación ni niega tener conocimiento de lo indicado, pero en el informe rendido bajo juramento únicamente se limita a informar que “(…) falta a la verdad el recurrente al indicar que existe un dinero destinado a la construcción de una planta y que no se ha podido ejecutar por falta de interés del gobierno local y que los terrenos son de dominio Municipal, lo que si es cierto es que existe una iniciativa por parte de la Municipalidad y el SINAC de colaborar interinstitucionalmente con la construcción de una planta de tratamiento, sin embargo precisamente por tal razón se ha invitado a la institución rectora en el tema que es AyA, quienes para tal labor tiene la capacidad de realizar los estudios técnicos de viabilidad de construcción de dicha plante y la determinación del sitio más idóneo para ubicarla, tomando en consideración que estamos en una zona ambientalmente frágil y con características topográficas y de constitución del suelo particulares que deben tomarse en consideración (…) En el presente caso, el recurrente no acredita la existencia de una omisión ilegitima, arbitraria. o negligente por parte de la Municipalidad de Quepos.

Por el contrario, ha quedado debidamente demostrado que antes incluso de que el recurrente formulara gestión administrativa formal, la Municipalidad ya había activado mecanismos de inspección coordinación interinstitucional y denuncia ante las autoridades competentes. Considera esta representación de manera respetuosa que no procede el amparo cuando la Administración se encuentra actuando dentro de un margen razonable de diligencia, aun cuando la solución definitiva a la problemática denunciada sea compleja o requiera actuaciones progresivas y de largo plazo (…) La propia gestión municipal demuestra que la viabilidad técnica, ambiental y territorial del proyecto aún se encuentra en análisis, lo cual es plenamente razonable y constitucionalmente válido”.

Es decir, la propia Municipalidad acepta que el problema denunciado requiere de una solución, no obstante, no consta que la Municipalidad de Quepos haya resuelto sobre la necesidad o no de construir una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio, denotándose una omisión por parte de la Municipalidad respecto a sus obligaciones. Asimismo, nótese que, con conocimiento de la situación por medio del amparo, la Municipalidad recurrida ha realizado las siguientes actuaciones: “realizó inspección en sitio el 14 de enero de 2026 (…) • Se coordinó la inspección con múltiples dependencias municipales y con el Ministerio de Salud, autoridad rectora en materia de saneamiento ambiental. • Se presentó denuncia formal ante el Ministerio de Salud al detectarse aparentes irregularidades, demostrando voluntad activa de corrección. • Se gestionaron acciones posteriores para superar las limitaciones técnicas señaladas por el Ministerio de Salud. • Se promovió una mesa de trabajo interinstitucional con AyA, institución competente para estudios técnicos, diseño y eventual ejecución de una planta de tratamiento”. Es decir, a pesar de confirmarse que la Municipalidad sí tenía conocimiento sobre la necesidad o no de una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio, lo cierto es que a la fecha únicamente ha promovido una mesa de trabajo institucional sin resolver la cuestión de fondo.

En este sentido, es importante traer a colación lo indicado en la sentencia no. 2026-026822 de las 09:25 horas del 17 de julio de 2026, en donde se estableció, en lo que interesa, lo siguiente: “No debe perderse de vista que la Municipalidad de Limón como administradora de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política), e instancia ante la cual se planteó la denuncia de 17 de julio de 2025, no puede desentenderse de los problemas expuestos, y debe actuar como articulador de la intervención coordinada de la Administración, pues como se ha visto, la solución definitiva hace necesaria la integración de esfuerzos y la actuación de diversas dependencias. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2020-010630 de las 09:15 horas de 12 de junio de 2020, explicó: “(…) COMPETENCIA MUNICIPAL Y OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional.

El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente: "VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos: " (...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente.

En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".

En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numera 169, constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó: "(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal.

Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (...) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias.

Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente - en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno".

De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros". Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006) (…)” (sic) (reiterado en la sentencia No. 2026-05217 de las 09:34 horas de 13 de febrero de 2026) (el énfasis no pertenece al original).

De ese modo, de lo indicado, es obligación de la Municipalidad recurrida coordinar para buscar una solución ante la posible necesidad o no de la construcción de una planta de tratamiento. Así las cosas, se reafirma que la Municipalidad sí tenía conocimiento sobre la necesidad o no de construir una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio, lo cierto es que a la fecha únicamente ha promovido una mesa de trabajo institucional sin resolver la cuestión de fondo. Por ende, ante la falta de solución ante un problema que puede afectar al ambiente y al derecho a un ambiente sano y equilibrado los administrados de ese cantón, se denota una omisión por parte de la Corporación Municipal y, por lo tanto, una lesión a los derechos fundamentales. En este sentido, se declara con lugar el recurso únicamente en cuanto a este punto y en contra de la Municipalidad de Quepos.

VI.Sobre la actuación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE. Sobre el particular, se tiene por demostrado que, en octubre de 2025, ocurrió un sismo que afectó la infraestructura interna del sistema de tratamiento del Parque Nacional Manuel Antonio, lo cual generó, por parte del SINAC, mecanismos de emergencia institucional, como la declaratoria de emergencia nacional. Asimismo, se coordinó con el Área Rectora de Salud de Quepos, lo que conllevó a la orden sanitaria N° MS-DRRSPC-DARSQ-OS-0328-2025, emitida el 07 de noviembre de 2025. Así, la Administración del Parque continúa trabajando en el cumplimiento de la orden sanitaria y el proyecto constructivo del sistema de tratamiento de aguas residuales de la casa de funcionarios y de las baterías sanitarias indicadas del Parque Nacional fue revisado en la plataforma APC, constando para el Ministerio de Salud el resultado de “subsanación aceptada”.

Sin embargo, esta situación no relación causal alguna con el tema denunciado en el presente recurso de amparo por el recurrente. Lo anterior, pues, desde el punto de vista técnico y material, estas instalaciones internas se ubican a 1.2 kilómetros de distancia de la entrada principal y de la quebrada en mención, por lo tanto, es improbable la contaminación de estos sistemas hacia el sector denunciado. Además, ambos sistemas presentaban sistemas de drenajes independientes y no tenían efluentes dirigidos a esos cuerpos de agua.

Ahora bien, posterior a la interposición del presente recurso de amparo, el 13 de enero de 2026, el recurrente interpuso una denuncia ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE respecto a la situación descrita en el presente recurso de amparo. Así, la gestión fue registrada en el sistema SITADA bajo el número 59948-2026. El 19 de enero de 2026, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE realizó la inspección de campo en el lugar denunciado por el recurrente. Así, de la prueba técnica aportada por la Administración del Parque Nacional Manuel Antonio, se demuestra que los hechos denunciados no se originan dentro del área protegida, sino en zonas externas a la misma, siendo que las corrientes mencionadas ingresan al parque únicamente en su tramo final, por lo que cualquier eventual contaminación se genera aguas arriba, fuera de la jurisdicción del SINAC. Igualmente, en el acta N° 3765, se indica que “se logra observar la quebrada La Camaronera, emanando un olor desagradable, más no se logra observar el motivo del mal olor; por lo que, caminando sobre el borde de la quebrada llegamos a un punto, donde se logra identificar dos alcantarillas que dan al borde de la quebrada, llevando aguas residuales a la quebrada.

Se toman fotos y puntos GPS y se remite la denuncia al Ministerio de Salud, ya que es a quien le corresponde estos temas”. De ese modo, en la inspección se detectaron indicios de afectación sin poder establecerse con certeza su origen. Por ende, el 21 de enero de 2026 se procedió a remitir el caso al Ministerio de Salud para su atención conforme a sus competencias. El 22 de junio de 2026, previo a la notificación de la resolución de ampliación de curso a esa institución, mediante el Oficio CARTA-SINAC-ACOPAC-DR-DRFVS-OSRAP-0154-2026, el SINAC procedió a noticiarle al recurrente las acciones realizadas respecto a su denuncia. Por último, el Área Rectora de Salud de Quepos, en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, ha realizado verificaciones técnicas en la Playa Nacional Manuel Antonio, mediante pruebas de fluoresceína y evaluaciones, que han descartan que los sistemas de tratamiento del Parque sean fuente de contaminación, confirmando que estos operan adecuadamente.

Así, los sistemas de tratamiento del Parque y la planta de tratamiento ubicada en la entrada principal tienen como disposición final sistemas de drenajes, los cuales han demostrado estar plenamente funcionales y que no están afectando este cauce. El personal de la Playa Nacional Manuel Antonio realiza patrullajes de rutina constantes en los sectores mencionados. Durante dichos recorridos de control, se constata que el cauce ingresa al Parque, pero no se evidencia la existencia de descargas o afluentes irregulares provenientes de otras propiedades colindantes.

Al respecto, se constata que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE procedió a tramitar la denuncia interpuesta por el recurrente, la cual, se reitera, se presentó posterior a la interposición del presente recurso, realizando la inspección, remitiendo la denuncia al Ministerio de Salud y notificar al recurrente lo referente al mismo. Asimismo, ha coordinado con el Área Rectora de Salud de Quepos. De ese modo, se reitera que, en forma conjunta, ha realizado verificaciones técnicas en la Playa Nacional Manuel Antonio, mediante pruebas de fluoresceína y evaluaciones, que han descartan que los sistemas de tratamiento del Parque sean fuente de contaminación, confirmando que estos operan adecuadamente. Así, los sistemas de tratamiento del Parque y la planta de tratamiento ubicada en la entrada principal tienen como disposición final sistemas de drenajes, los cuales han demostrado estar plenamente funcionales y que no están afectando este cauce. Por último, también se reitera que el personal de la Playa Nacional Manuel Antonio realiza patrullajes de rutina constantes en los sectores mencionados. Durante dichos recorridos de control, se constata que el cauce ingresa al Parque, pero no se evidencia la existencia de descargas o afluentes irregulares provenientes de otras propiedades colindantes.

Por consiguiente, se denota que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha actuado conforme a sus competencias y ha tramitado la denuncia del recurrente. En todo caso, se reafirma que dicha denuncia fue interpuesta posterior a la presentación del presente amparo, por lo que cualquier reclamo respecto a esa denuncia deviene prematuro.

Por consiguiente, respecto al SINAC, se descarta lesión a los derechos fundamentales del recurrente.

VII.Sobre la actuación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Al respecto, el 14 de enero de 2026, ante la denuncia presentada por el recurrente el 13 de enero de 2026 ante la Municipalidad de Quepos y el Área Rectora de Quepos, la Municipalidad recurrida y el Área Rectora de Salud recurrida llevaron a cabo una inspección en el lugar, a efectos de constatar las condiciones sanitarias imperantes. Por consiguiente, ante la inexistencia de un sistema colectivo de alcantarillado sanitario, la normativa vigente impone la obligación de que las aguas residuales sean tratadas mediante sistemas individuales adecuados. En el caso de las viviendas, ello implica el uso de tanques sépticos, mientras que, para establecimientos comerciales, tales como hoteles, restaurantes y otros que generan aguas residuales de tipo especial, es obligatorio contar con sistemas de tratamiento específicos —incluidas plantas de tratamiento— debidamente aprobados, supervisados y fiscalizados por el Ministerio de Salud y la Municipalidad correspondiente.

Así, se constató en sitio la existencia de descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia la playa y el mar en las inmediaciones del Parque Nacional Manuel Antonio. Por lo que, se comprueba que, a raíz de denuncias de vecinos de la zona, el propio Ministerio de Salud ha debido intervenir en atención de situaciones que evidencian deficiencias en el manejo de aguas residuales. Asimismo, según las actas de inspección N° MS-DRRSPC-DARSQ-AI-084-2026, MS-DRRSPC-DARSQ-AI-085-2026 y MS-DRRSPC-DARSQ-AI-086-202, el 05 de febrero de 2026 el Área Rectora de Salud de Quepos realizó una inspección en los 3 sitios indicados por el recurrente y no comprobó los malos olores descritos. Posteriormente, la Municipalidad de Quepos promovió la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con la participación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de otros actores estratégicos con potencial de contribuir técnica y financieramente a la solución de la problemática de las aguas residuales, tales como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

En marzo de 2026, como resultado de la coordinación anteriormente, las instituciones involucradas efectuaron una visita técnica conjunta en la zona de Manuel Antonio, con la finalidad de analizar la viabilidad de desarrollar un proyecto integral de saneamiento. Así, en dicho proceso, la Municipalidad de Quepos, el SINAC y el INDER han coincidido en la necesidad de promover la formulación y eventual construcción de un sistema de alcantarillado sanitario (AS) y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), como solución estructural a la problemática. Por ende, el INDER ha manifestado su disposición de aportar aproximadamente tres mil millones de colones (US$ 6,2 millones), sin perjuicio de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como órgano técnico especializado, debe realizar las valoraciones correspondientes para determinar la solución más idónea desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

Por consiguiente, en caso de que se determine la necesidad de formular un proyecto para la zona de Manuel Antonio, Quepos, este deberá cumplir con todas las fases establecidas con las normas técnicas, lineamientos y procedimientos que ha establecido el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), esto debido a su gran inversión económica, razón por la cual, se visualizaría como una solución a largo plazo. De ese modo, en el marco de la mesa interinstitucional, se ha identificado como alternativa para acelerar la ejecución de un eventual proyecto la suscripción de un convenio de cooperación entre el AyA, el SINAC, la Municipalidad de Quepos y el INDER, mediante el cual el AyA aportaría los diseños técnicos, el INDER asumiría la licitación y ejecución de las obras, y, una vez concluidas, los activos serían transferidos al AyA para su operación. Al respecto, cualquier intervención deberá contemplar soluciones de alta tecnología —particularmente en lo relativo a la PTAR—que permitan el tratamiento integral de contaminantes, considerando la sensibilidad ambiental de la zona costera y del área protegida.

Adicionalmente, se ha recomendado, de manera preliminar, la formulación de un proyecto de saneamiento independiente para la zona de Manuel Antonio, sin incorporar incrementos de caudal al proyecto existente para Quepos, en aras de garantizar una solución técnicamente adecuada. Finalmente, se impone la necesidad de definir con claridad el esquema de financiamiento del proyecto, en el entendido de que el aporte anunciado por el INDER podría resultar insuficiente para cubrir la totalidad de las obras requeridas, debiendo explorarse alternativas complementarias y considerar la posibilidad de esquemas de financiamiento plurianual, de conformidad con la normativa aplicable. Por último, no se tuvo por demostrado que a la fecha el recurrente haya interpuesto una denuncia ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados respecto a la situación indicada en escrito de interposición.

De esta forma, se denota que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha recibido denuncia alguna del recurrente respecto a la situación indicada en el presente recurso de amparo, por lo que no es posible establecer alguna omisión por parte de esa institución.

Ahora bien, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encuentra realizando un proceso de coordinación con la Municipalidad de Quepos, el SINAC y el INDER para desarrollar un proyecto integral de saneamiento. Así, esas instituciones han coincidido en la necesidad de promover la formulación y eventual construcción de un sistema de alcantarillado sanitario (AS) y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Por consiguiente, en caso de que se determine la necesidad de formular un proyecto para la zona de Manuel Antonio Quepos, este deberá cumplir con todas las fases establecidas con las normas técnicas, lineamientos y procedimientos que ha establecido el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), esto debido a su gran inversión económica, razón por la cual, se visualizaría como una solución a largo plazo. De ese modo, en el marco de la mesa interinstitucional, se ha identificado como alternativa para acelerar la ejecución de un eventual proyecto la suscripción de un convenio de cooperación entre el AyA, el SINAC, la Municipalidad de Quepos y el INDER, mediante el cual el AyA aportaría los diseños técnicos, el INDER asumiría la licitación y ejecución de las obras, y, una vez concluidas, los activos serían transferidos al AyA para su operación.

Por ende, actualmente dichas instituciones se encuentran realizando las coordinaciones respectivas, como sería un eventual proyecto la suscripción de un convenio de cooperación entre el AyA, el SINAC, la Municipalidad de Quepos y el INDER. De esa forma, aunque si bien es cierto en la Playa Manuel Antonio no existe un sistema colectivo de alcantarillado sanitario, según lo indicado bajo juramento por el representante del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la normativa vigente impone la obligación de que las aguas residuales sean tratadas mediante sistemas individuales adecuados, situación que, como se evidencia en los considerandos anteriores, ha sido atendida por el Área Rectora de Salud de Quepos al intervenir en atención de situaciones que evidencian deficiencias en el manejo de aguas residuales, realizando las inspecciones debidas, emitiendo las órdenes sanitarias correspondientes y velando por su cumplimiento.

En todo caso, respecto a la actuación del ICAA, se reitera que actualmente no existe aprobado algún proyecto de saneamiento, ni aprobada la construcción de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento, sino que se encuentra en etapa de coordinación, en donde actualmente es técnicamente imposible definir montos o vías de financiamiento a un proyecto sobre el cual no se tienen definidos planos constructivos, ni siquiera la viabilidad técnica. Por ende, tal y como se indicó anteriormente, no existe certeza respecto a la ubicación de una posible planta de tratamiento específicamente para este sector, ya que definir esto corresponde a criterios altamente técnicos, los cuales se encuentran en trámite de coordinación en la mesa institucional mencionada. Por ende, excedente las competencias de este Tribunal ordenar la eventual construcción de un proyecto que no ha sido aprobado, que se encuentra en proceso de definición de criterios técnicos, que a la fecha ni siquiera cuenta con viabilidad técnica y se encuentra en fases iniciales. Asimismo, nótese que estas actuaciones de coordinación en la mesa interinstitucional se han realizado desde este año, por lo que no se denota algún atraso injustificado ni ha transcurrido un plazo desproporcionado por parte del ICAA, por lo que también se descarta lesión alguna a los derechos fundamentales del recurrente en ese sentido.

Por consiguiente, respecto al ICAA, se descarta lesión a los derechos fundamentales del recurrente.

VIII.Conclusión. Según lo indicado en el considerando V, sí se denota una lesión a los derechos fundamentales del recurrente por parte de la Municipalidad de Quepos ante la falta de solución sobre la necesidad o no de la construcción de una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio. Por consiguiente, se establece que se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por lo señalado ante la Municipalidad de Quepos.

En cuanto a todo lo demás, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso en todos sus extremos. Ahora bien, es importante recordarles a las autoridades recurridas que deberán continuar tramitando las denuncias presentadas por el recurrente las cuales deberán ser atendidas y resueltas en un plazo razonable. Además, en cuanto al Ministerio de Salud, el SINAC y el ICAA se les recuerda su deber de continuar coordinando con la Municipalidad de Quepos para desarrollar en un plazo razonable un proyecto integral de saneamiento o la construcción de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento en el lugar denunciado, según los criterios técnicos aplicables.

IX. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra de la Municipalidad de Quepos por la falta de solución sobre la necesidad o no de construir una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio. En consecuencia, se le ordena a Patricia Bolaños Murillo, en su condición de alcaldesa, y Marta Bosques Marchena, en su condición de presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Quepos, o a quienes ocupen los cargos, que, en forma coordinada con las demás instituciones respectivas, proceda a girar las órdenes pertinentes y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva en definitiva y conforme a Derecho corresponda respecto a la necesidad o no de construir una planta de tratamiento en Playa Manuel Antonio. Se advierte a la Municipalidad de Quepos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena a la Municipalidad de Quepos al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado en el considerando VIII de esta sentencia. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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