← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 29810-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/08/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo, finding that the municipal cleanup works on the communal lot at Playa Hermosa de Jacó did not constitute illegal deforestation and did not violate Article 50 of the Constitution, since the land is not classified as forest and the intervention aimed to eliminate an existing clandestine solid-waste pollution source.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo al determinar que los trabajos de limpieza municipal en el predio comunal de Playa Hermosa de Jacó no constituían tala ilegal ni infringían el artículo 50 constitucional, dado que el terreno no es bosque y la intervención respondía a la eliminación de un foco de contaminación por residuos clandestinos.
SummaryResumen
A citizen filed an amparo petition against the Municipality of Garabito alleging it was conducting clearing, tree-cutting, and earthmoving works on a plot along the Costanera Sur highway in Playa Hermosa de Jacó without required environmental permits, causing damage to local flora and fauna. The Constitutional Chamber denied the amparo. Based on the mayor's sworn report and photographic evidence, the Court found the plot is designated for communal use under Garabito's partial coastal land-use plan, that the works consisted of removing illegally dumped solid waste and small-scale weeds, and that existing fruit trees were preserved. Since the land is not classified as forest, no forestry permits were required. The Sala concluded that Article 50 of the Constitution was not violated, as the municipal intervention constituted legitimate maintenance of public property and elimination of an existing pollution source rather than illegal deforestation or a land-use change.Un ciudadano interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Garabito alegando que realizaba trabajos de tala, despalme y relleno en un terreno sobre la ruta Costanera Sur en Playa Hermosa de Jacó, sin contar con permisos ambientales, causando daño a la flora y fauna del lugar. La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso. Con base en el informe jurado del alcalde y prueba fotográfica, el Tribunal tuvo por demostrado que el predio es de uso comunal según el plan regulador parcial costero de Garabito, que los trabajos consistieron en limpieza de residuos sólidos depositados clandestinamente y remoción de maleza de menor tamaño, y que los árboles frutales existentes fueron conservados. Al no tratarse de un bosque, no era necesario tramitar permisos forestales. La Sala concluyó que no se infringió el artículo 50 constitucional, pues la intervención municipal respondía a una labor de mantenimiento legítimo de bien público y eliminación de un foco de contaminación, no a una tala indiscriminada ni a un cambio de uso de suelo.
Key excerptExtracto clave
In this regard, the Sala finds it proven that the canton of Garabito has a partial coastal land-use plan, and that within that distribution there are plots belonging to the Municipality of Garabito for communal use, one of which is the plot at issue in this amparo, located in front of the Bowies Point commercial establishment. The municipality is carrying out general cleaning works on the aforementioned plot, since it is a communal-use lot. The works consisted of removing non-traditional garbage that neighbors and merchants had placed there, removing the vegetative layer and small-scale weeds; the existing trees (mostly fruit trees) were left in place since they pose no danger and are part of the natural environment. Since this is municipal land designated for communal use and is not a forest, no permit is required. In view of this, the Sala concludes that the amparo must be denied. Contrary to what the petitioner alleges, this is not a situation affecting the right to a healthy and ecologically balanced environment; rather, the site contained a clandestine illegal dump of non-traditional solid waste that was being used by certain individuals and was generating environmental problems that the municipality was required to address, given that the plot is for communal use. Moreover, from the photographic evidence submitted by the municipality, the Sala was able to verify the environmental conditions at the site. Accordingly, this Tribunal does not find that the events described constituted a violation of Article 50 of the Constitution, and the amparo must therefore be dismissed.Al respecto, la Sala tiene por demostrado que el cantón de Garabito cuenta con plan regulador parcial costero, siendo que en la distribución hay predios que le corresponden a la Municipalidad de Garabito para uso comunal, uno de ellos es al que se refieren en este amparo, ubicado al frente del local comercial Bowies Point. La municipalidad accionada está realizando trabajos de limpieza general al predio en mención, pues se trata de un lote para uso comunal. Los trabajos consistieron en limpiar basura no tradicional que los mismos vecinos y comerciantes colocaban ahí, remover la capa vegetal y maleza de menor tamaño, los árboles existentes (la mayoría frutales) se dejaron ya que estos no generan peligro y son parte del entorno natural. Por ser un terreno municipal destinado para uso comunal y no ser un bosque, no es necesario tramitar permiso alguno. Ante este panorama, estima la Sala que se debe declarar sin lugar el recurso. Contrario a lo acusado por la parte recurrente, no se trata de una situación que esté afectando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que más bien en dicho lugar existía un depósito de basura no tradicional, de manera clandestina, que se utilizaba por parte de algunas personas y que estaba generando problemas ambientales que debían ser atendidos por la municipalidad, al tratarse de un predio de uso comunal. Inclusive, en la prueba fotográfica aportada por el municipio, la Sala logra verificar la situación ambiental en la que se encontraba el lugar. De este modo, no estima este Tribunal que con los hechos mencionados se haya infringido el ordinal 50, de la Carta Política, motivo por el cual procede la desestimatoria del amparo.
Pull quotesCitas destacadas
"La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas."
"The State's objective obligation in environmental protection does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail a right to demand that appropriate measures be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent conduct by public authorities or by natural or legal persons."
Considerando III
"La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas."
Considerando III
"la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas."
"The ability to judicially demand, through an amparo petition, a specific form of State performance in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to a healthy environment is restricted to the clear verification of an imminent danger to those rights."
Considerando III
"la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas."
Considerando III
"en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa."
"In environmental matters, it is also my view that where the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and resolve the matter belongs to the administrative-contentious jurisdiction."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado — Considerando V
"en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado — Considerando V
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on the sixth of August, two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed under case number 26-012438-0007-CO, brought by [Nombre 001], national identity card (cédula de identidad) number [Valor 001], against the MUNICIPALIDAD DE GARABITO.
RECITALS:
This opinion is authored by Magistrate Salazar Alvarado; and,
CONSIDERING:
The petitioner states that the respondent municipality has been carrying out, since January 2026, a series of works in the Playa Hermosa area, in front of the restaurants Bowies Point Bar, Vida Hermosa Beach Bar and Restaurant. The petitioner claims that, notwithstanding the foregoing, the works involve the felling and clearing of trees, removal of palm cover, removal of rubble, cutting and backfilling with earth, among other activities, on a parcel located along the Costanera Sur route, where a wide variety of flora and fauna is found. The petitioner alleges that, to that end, the municipality does not hold the requisite permits to carry out said works, which is causing environmental harm and harm to the community of Garabito.
For the purposes of deciding this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been evidenced or because the respondent failed to address them as required in the initial order:
On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are protected both at the constitutional level and through international law. It has been held that the legitimate exercise of this right requires that resources be used in a rational manner, and that the State bears responsibility for protecting the environment pursuant to the precautionary principle (principio precautorio) that governs environmental matters. This principle obliges the State to take all necessary measures, within the limits permitted by law, to prevent the occurrence of irreversible harm to the environment, and the State is accordingly responsible for creating the favorable social conditions that allow each person to enjoy good health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Ruling No. 1998-180 of 16:24 hours of January 13, 1998).
The State's objective obligation in the area of environmental protection does not necessarily entail a subjective right on the part of individuals to demand, through the courts, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have appropriate measures adopted to protect that right, in the face of overtly negligent conduct by public authorities or by natural or legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate those areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as those that may harm the environment, which it may do through laws, regulations, agreements, or other measures related to the organization and administrative procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through a writ of amparo, a specific type of affirmative action by the State in fulfillment of its duty to protect the life, health, or right to a healthy environment of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger to those rights.
It follows that the intervention of constitutional jurisdiction is viable only upon demonstrated inaction by the State, through its competent bodies, in addressing demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights. As established by our Carta Política in Article 169, the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. In this regard, this Tribunal has already held that local interest is understood as any matter of a public nature that concerns the canton directly and immediately, such that the respective municipality is not only empowered, but also obligated, to attend to everything that benefits its canton (see Ruling No. 2014-002127).
In the case at hand, the petitioner alleges that the respondent municipality has been carrying out, since January 2026, a series of works in the Playa Hermosa area, in front of the restaurants Bowies Point Bar, Vida Hermosa Beach Bar and Restaurant. The petitioner claims that, notwithstanding the foregoing, the works involve the felling and clearing of trees, removal of palm cover, removal of rubble, cutting and backfilling with earth, among other activities, on a parcel located along the Costanera Sur route, where a wide variety of flora and fauna is found. The petitioner alleges that, to that end, the municipality does not hold the requisite permits to carry out said works, which is causing environmental harm and harm to the community of Garabito. In this regard, the Chamber finds it established that the canton of Garabito has a partial coastal zoning plan, and that under the land distribution there are parcels assigned to the Municipalidad de Garabito for communal use, one of which is the parcel referred to in this writ of amparo, located in front of the commercial establishment Bowies Point.
The respondent municipality is carrying out general cleanup works on the aforementioned parcel, which is a lot designated for communal use. The works consisted of removing non-traditional waste that neighboring residents and business owners themselves had placed there, removing the vegetation layer and smaller undergrowth; the existing trees (the majority fruit trees) were left in place since they do not pose a danger and are part of the natural surroundings. Since the land is municipal property designated for communal use and does not constitute a forest, no permit of any kind is required. In view of this situation, the Chamber finds that the writ must be denied. Contrary to what the petitioner alleges, this is not a situation affecting the right to a healthy and ecologically balanced environment; rather, the site contained an illegal dump of non-traditional waste, used clandestinely by certain individuals, which was generating environmental problems that the municipality was obligated to address, given that the parcel is designated for communal use.
Indeed, in the photographic evidence submitted by the municipality, the Chamber was able to verify the environmental condition in which the site was found. Accordingly, this Tribunal does not find that the acts described constitute a violation of Article 50 of the Carta Política, and the writ must therefore be denied.
In environmental matters, it is also the undersigned's position that where the Public Administration has already intervened, jurisdiction and resolution of the matter belongs to the administrative contentious jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). Nevertheless, I do proceed to examine the merits of the matter when other rights of the individuals affected by the source of contamination are at stake, including the right to health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Carta Política), as is the case here, where the petitioner alleges that the respondent municipality has been carrying out, since January 2026, a series of works in the Playa Hermosa area, in front of the restaurants Bowies Point Bar, Vida Hermosa Beach Bar and Restaurant. The petitioner claims that, notwithstanding the foregoing, the works involve the felling and clearing of trees, removal of palm cover, removal of rubble, cutting and backfilling with earth, among other activities, on a parcel located along the Costanera Sur route, where a wide variety of flora and fauna is found.
The petitioner alleges that, to that end, the municipality does not hold the requisite permits to carry out said works, which is causing environmental harm and harm to the community of Garabito, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.
This Chamber must advise the parties that, should any paper documents, objects, evidence stored on any additional device, or electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology media have been submitted, these must be retrieved from the office within thirty business days of receipt of notification of this decision; otherwise, all such items will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena at Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The writ is denied. Magistrate Salazar Alvarado appends a separate note.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE No. 26-012438-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de agosto de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-012438-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE GARABITO.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
La parte recurrente indica que la municipalidad accionada realiza desde el mes de enero de 2026 una serie de trabajos en la zona de Playa Hermosa, frente a los restaurantes Bowies Point Bar, Vida Hermosa Beach Bar y Restaurant. Reclama que, pese a lo anterior, los trabajos involucran la tala y desmonte de árboles, despalmar, retirar escombros, cortar y rellenar con tierra, entre otros, en un terreno que se ubica sobre la ruta Costanera Sur, en el que se encuentra gran variedad de flora y fauna. Alega que, para tal efecto, el municipio no cuenta con los permisos respectivos para ejecutar dichos trabajos, lo que ocasiona daño ambiental y a la comunidad de Garabito.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia Nº 1998-180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998).
La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas.
De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. Según lo establece nuestra Constitución Política en el numeral 169, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido, este Tribunal ya ha dicho que el interés local se entiende como todo aquel de naturaleza pública que importa al cantón de manera directa e inmediata, de suerte tal que la municipalidad respectiva está, no solo facultada, sino también obligada a ocuparse de todo lo que favorezca a su cantón (ver Sentencia N° 2014-002127).
En el sub examine, la parte recurrente aduce que la municipalidad accionada realiza desde el mes de enero de 2026 una serie de trabajos en la zona de Playa Hermosa, frente a los restaurantes Bowies Point Bar, Vida Hermosa Beach Bar y Restaurant. Reclama que, pese a lo anterior, los trabajos involucran la tala y desmonte de árboles, despalmar, retirar escombros, cortar y rellenar con tierra, entre otros, en un terreno que se ubica sobre la ruta Costanera Sur, en el que se encuentra gran variedad de flora y fauna. Alega que, para tal efecto, el municipio no cuenta con los permisos respectivos para ejecutar dichos trabajos, lo que ocasiona daño ambiental y a la comunidad de Garabito. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que el cantón de Garabito cuenta con plan regulador parcial costero, siendo que en la distribución hay predios que le corresponden a la Municipalidad de Garabito para uso comunal, uno de ellos es al que se refieren en este amparo, ubicado al frente del local comercial Bowies Point.
La municipalidad accionada está realizando trabajos de limpieza general al predio en mención, pues se trata de un lote para uso comunal. Los trabajos consistieron en limpiar basura no tradicional que los mismos vecinos y comerciantes colocaban ahí, remover la capa vegetal y maleza de menor tamaño, los árboles existentes (la mayoría frutales) se dejaron ya que estos no generan peligro y son parte del entorno natural. Por ser un terreno municipal destinado para uso comunal y no ser un bosque, no es necesario tramitar permiso alguno. Ante este panorama, estima la Sala que se debe declarar sin lugar el recurso. Contrario a lo acusado por la parte recurrente, no se trata de una situación que esté afectando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que más bien en dicho lugar existía un depósito de basura no tradicional, de manera clandestina, que se utilizaba por parte de algunas personas y que estaba generando problemas ambientales que debían ser atendidos por la municipalidad, al tratarse de un predio de uso comunal.
Inclusive, en la prueba fotográfica aportada por el municipio, la Sala logra verificar la situación ambiental en la que se encontraba el lugar. De este modo, no estima este Tribunal que con los hechos mencionados se haya infringido el ordinal 50, de la Carta Política, motivo por el cual procede la desestimatoria del amparo.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que la municipalidad accionada realiza desde el mes de enero de 2026 una serie de trabajos en la zona de Playa Hermosa, frente a los restaurantes Bowies Point Bar, Vida Hermosa Beach Bar y Restaurant. Reclama que, pese a lo anterior, los trabajos involucran la tala y desmonte de árboles, despalmar, retirar escombros, cortar y rellenar con tierra, entre otros, en un terreno que se ubica sobre la ruta Costanera Sur, en el que se encuentra gran variedad de flora y fauna. Alega que, para tal efecto, el municipio no cuenta con los permisos respectivos para ejecutar dichos trabajos, lo que ocasiona daño ambiental y a la comunidad de Garabito, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Document not found. Documento no encontrado.