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Res. 27369-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/07/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber summarily rejected the amparo as a contractual dispute of mere legality beyond its jurisdiction, directing the Brörán indigenous family to seek recognition as PSA contract beneficiary through ordinary courts.La Sala rechazó de plano el amparo por tratarse de un conflicto contractual de mera legalidad ajeno a la jurisdicción constitucional, remitiendo a la familia indígena Brörán a la vía jurisdiccional ordinaria para reclamar su reconocimiento como beneficiaria del contrato de PSA.
SummaryResumen
The Costa Rican Constitutional Chamber summarily rejects an amparo filed by the Asociación Cultural Indígena Teribe —an association of a Brörán indigenous family with material possession of 53.1 hectares in the Térraba Indigenous Territory, Buenos Aires de Puntarenas— against FONAFIFO and the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba. The family alleged wrongful exclusion from environmental-services payment contract No. PN-01-222-0050-2019 (forest-protection modality, 2019–2029), despite FONAFIFO's own pre-contract technical study having identified them as beneficiaries of the 53.1-hectare parcel. The Court holds the amparo inadmissible: the contractual dispute is a matter of ordinary legality beyond its competence, and the equality claim lacks the comparative elements required under the summary amparo process. Petitioners are directed to pursue relief through ordinary courts.La Sala Constitucional rechaza de plano el recurso de amparo interpuesto por la Asociación Cultural Indígena Teribe —integrada por la familia Brörán con posesión material de 53,1 hectáreas en el Territorio Indígena Térraba, Buenos Aires de Puntarenas— contra el FONAFIFO y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba. La familia alegó que fue excluida del contrato de pago de servicios ambientales n.° PN-01-222-0050-2019 (modalidad protección de bosque, 2019-2029), pese a que el propio estudio técnico previo de FONAFIFO las identificaba como beneficiarias de las 53,1 hectáreas en cuestión. La Sala declara el amparo inadmisible al estimar que el conflicto sobre la actuación contractual es un asunto de mera legalidad ajeno a su competencia, y que el alegato de violación al principio de igualdad carece de los elementos comparativos exigidos en la vía constitucional sumaria. Remite a la parte recurrente a la jurisdicción ordinaria.
Key excerptExtracto clave
On this matter, it should be clarified that it is not within this Court's competence to determine whether the contractual conduct of the respondent authority was proper, as this is a matter of mere legality outside the scope of this Chamber's jurisdiction and must therefore be raised and resolved through the ordinary courts. Nor may this Court act as a mediator between a given natural or legal person —whether the latter is a public or private law entity— to intercede on behalf of a third party in order to obtain what it seeks. For this reason, the petitioner must, if it so chooses, raise its complaints or claims before the respondent authorities or in the competent judicial forum, where it may fully litigate the merits of the matter and enforce its claims. This Chamber has repeatedly held that it is not sufficient for the petitioner to simply assert, without more, that in a given case a different treatment between two persons has occurred in order to establish that breach. On the contrary, whoever alleges the violation is obliged to provide elements that allow a full comparison between the subjects treated differently. However, given the eminently summary nature of the amparo process, it is obvious that the comparative element must be of such a nature that it does not require prior analysis of the petitioner's situation in the sphere of ordinary legality. Consequently, the appeal is declared inadmissible.Sobre el particular, conviene aclarar que no compete a este Tribunal determinar si la actuación contractual de la autoridad recurrida, por cuanto se trata de un tema de mera legalidad ajeno al ámbito de competencia de esta Sala, por lo que deberá ser planteado y resuelto en la vía ordinaria. Tampoco, puede este Tribunal fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea esta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende. Por ello, deberá la parte recurrente, a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha establecido que no le basta a la parte recurrente afirmar, sin más, que en un caso dado se ha producido un trato distinto entre dos sujetos, para tener por demostrado ese quebranto. Por el contrario, quien alega la violación, está obligado a aportar elementos que permitan efectuar una comparación plena entre los sujetos tratados en forma diferente. Sin embargo, dado el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, es obvio que el elemento de comparación debe ser de tal naturaleza que no haga necesario entrar a analizar, de previo, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria. En consecuencia, el recurso se declara inadmisible.
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"el propio fondo elaboró el 31 de mayo de 2019, o sea, cuatro meses antes de la firma del contrato, el estudio técnico del proyecto número PN-01-222-0050-2019, donde se identificó expresamente a la Asociación Cultural Indígena Teribe, como beneficiaria del servicio ambiental correspondiente a la finca número de 53,1 hectáreas y al señor Nombre02 como beneficiario de la finca de matrícula número con 21,8 hectáreas y, pese a que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal tenía conocimiento previo a la firma del contrato, excluyeron al recurrente de este."
"The Fund itself prepared, on May 31, 2019 — that is, four months before the contract was signed — the technical study for project No. PN-01-222-0050-2019, which expressly identified the Asociación Cultural Indígena Teribe as the beneficiary of the environmental service corresponding to the 53.1-hectare parcel and Mr. Nombre02 as the beneficiary of the 21.8-hectare parcel; and despite the fact that FONAFIFO had prior knowledge of this before signing the contract, they excluded the petitioner from it."
Resultando 1
"el propio fondo elaboró el 31 de mayo de 2019, o sea, cuatro meses antes de la firma del contrato, el estudio técnico del proyecto número PN-01-222-0050-2019, donde se identificó expresamente a la Asociación Cultural Indígena Teribe, como beneficiaria del servicio ambiental correspondiente a la finca número de 53,1 hectáreas y al señor Nombre02 como beneficiario de la finca de matrícula número con 21,8 hectáreas y, pese a que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal tenía conocimiento previo a la firma del contrato, excluyeron al recurrente de este."
Resultando 1
"Al suscribir el contrato, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba garantizó al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal en su cláusula séptima, inciso h, que tenía posesión y propiedad sobre la totalidad del área contratada, pese a que, si bien la asociación ostenta la propiedad registral de la finca, la posesión material no le corresponde a la familia de apellido bre01, s, siendo la garantía ofrecida materialmente falsa."
"Upon signing the contract, the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba guaranteed to FONAFIFO, in clause seven, subsection h, that it held possession and ownership over the entire contracted area; yet, while the association holds registered title to the property, material possession does not correspond to it but to the family in question, making the guarantee offered materially false."
Resultando 1
"Al suscribir el contrato, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba garantizó al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal en su cláusula séptima, inciso h, que tenía posesión y propiedad sobre la totalidad del área contratada, pese a que, si bien la asociación ostenta la propiedad registral de la finca, la posesión material no le corresponde a la familia de apellido bre01, s, siendo la garantía ofrecida materialmente falsa."
Resultando 1
"Se rechaza de plano el recurso."
"The appeal is rejected outright."
Por tanto
"Se rechaza de plano el recurso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
PROCEEDING: AMPARO PETITION (RECURSO DE AMPARO) RULING Nº 2026027369 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty-five minutes on the seventeenth of July, two thousand and twenty-six.
Amparo petition filed by Nombre01, national identity card (cédula de identidad) CED02, on behalf of ASOCIACION CULTURAL INDIGENA TERIBE, legal entity identification number (cédula jurídica) CED01, against the FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL and the ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO INDIGENA DE TERRABA.
Background:
The opinion is authored by Justice Castillo Víquez; and,
Considering:
From the instant case, it is clear that the petitioning party's claim is to express its disagreement with its failure to be included as a beneficiary in contract number PN-01-222-0050-2019 entered into between the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba and the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, in which it was warranted, under clause seven, subparagraph h, that the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal held possession and ownership over the entirety of the contracted area; yet, even though the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba holds registered title to the property, actual physical possession belongs to the Nombre01 family, making the warranty provided materially false. The petitioner requests this Court's intervention.
In this regard, it is appropriate to clarify that it is not within the competence of this Court to determine whether the contractual conduct of the respondent authority was lawful, as this is a matter of ordinary legality (mera legalidad) that falls outside this Court's jurisdiction and must therefore be raised and resolved through the ordinary courts (vía ordinaria). Nor can this Court act as a mediator with respect to any particular natural or legal person — whether the latter is governed by public or private law — to intercede on behalf of a third party so that such party may obtain what it seeks. Accordingly, the petitioning party should, if it sees fit, raise its objections or claims before the respondent authorities or before the competent judicial forum, before which it may broadly discuss the merits of the matter and assert its claims. In light of the foregoing, the petition is inadmissible and is so declared.
Furthermore, with respect to the grievances raised by the petitioning party regarding the alleged violation of the principle of equality and non-discrimination, it should be noted that, on repeated occasions, this Court has established that it is not sufficient for the petitioning party to merely assert, without more, that in a given case a different treatment was applied to two subjects, in order for such a violation to be considered established. On the contrary, the party alleging the violation is obligated to provide elements that allow for a full comparison between the subjects treated differently. However, given the eminently summary nature of the amparo proceeding (proceso de amparo), it is evident that the element of comparison must be of such a nature that it does not require prior analysis of the affected party's situation under ordinary law. Nor, however, would it fall within the jurisdiction of this Court to evaluate, determine, or classify each particular case in order to grant what is sought. By virtue of the foregoing, the petitioning party should raise its objections or claims through the appropriate ordinary legal forum. Consequently, the petition is declared inadmissible.
The parties are hereby notified that, should they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the court office (despacho) within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial número 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The petition is dismissed outright.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Phone numbers: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
Revisión del Documento PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2026027369 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, a favor de ASOCIACION CULTURAL INDIGENA TERIBE, cédula jurídica CED01, contra el FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL, la ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO INDIGENA DE TERRABA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
Del sub-lite, se desprende que la pretensión de la parte recurrente es manifestar su disconformidad con la falta de inclusión como beneficiaria en el contrato número PN-01-222-0050-2019 contraído entre la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal donde se garantizó al en su clausula séptima inciso h que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal tenía posesión y propiedad sobre la totalidad del área contratada, pese a que si bien la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Térraba ostenta la propiedad registral de la finca la posesión material le corresponde a la familia de apellido Nombre01, siendo la garantía ofrecida materialmente falsa. Solicita la intervención de esta Sala.
Sobre el particular, conviene aclarar que no compete a este Tribunal determinar si la actuación contractual de la autoridad recurrida, por cuanto se trata de un tema de mera legalidad ajeno al ámbito de competencia de esta Sala, por lo que deberá ser planteado y resuelto en la vía ordinaria. Tampoco, puede este Tribunal fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea esta última de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que pretende. Por ello, deberá la parte recurrente, a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En mérito de lo expuesto, el recurso deviene inadmisible y así se declara.
Ahora bien, Respecto a los agravios expuestos por la parte recurrente, en cuanto a la alegada violación al principio de igualdad y no discriminación, cabe destacar que, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha establecido que no le basta a la parte recurrente afirmar, sin más, que en un caso dado se ha producido un trato distinto entre dos sujetos, para tener por demostrado ese quebranto. Por el contrario, quien alega la violación, está obligado a aportar elementos que permitan efectuar una comparación plena entre los sujetos tratados en forma diferente. Sin embargo, dado el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, es obvio que el elemento de comparación debe ser de tal naturaleza que no haga necesario entrar a analizar, de previo, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria. No obstante, tampoco le correspondería a esta sede constitucional entrar a valorar, determinar ni calificar, cada caso particular, para otorgar lo que se pretende. En virtud de lo anterior, deberá la parte recurrente plantear sus inconformidades o reclamos en la vía de legalidad correspondiente. En consecuencia, el recurso se declara inadmisible.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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