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Res. 26885-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/07/2026

ASADA Potable Water Denial Is Ordinary Legality, Amparo DeniedAcceso a agua potable ante ASADA irregular: legalidad ordinaria

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Sala declared the amparo denied, finding that the dispute over potable water service access from ASADA Sonafluca is an ordinary legality matter to be resolved through administrative or regular judicial proceedings.La Sala declaró sin lugar el amparo al concluir que el conflicto sobre acceso al servicio de agua potable ante la ASADA Sonafluca constituye un asunto de legalidad ordinaria que debe ventilarse en sede administrativa o jurisdiccional común.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denies the amparo filed by a lot purchaser in Sonafluca de La Fortuna de San Carlos claiming violation of his fundamental right to potable water. The claimant had bought land relying on water availability certificate AS-SFSE-2024-025 issued by ASADA Sonafluca, but the meter installed in October 2024 was removed the next day because the certificate had been issued without Board authorization through alleged fraud by the previous owner, who was the association's fiscal officer. AyA had revoked the ASADA's service delegation due to technical and administrative incapacity, leaving more than 4,500 users without a legal operator, and the Administrative Court granted AyA interim administration of the aqueduct. The Sala holds that the dispute is an ordinary legality matter exceeding the scope of amparo, cites precedent Voto 2025-001319 addressing the same facts, and directs the claimant to administrative or regular judicial channels.La Sala Constitucional rechaza el recurso de amparo interpuesto por el comprador de un lote en Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, quien alegó violación de su derecho al agua potable. El accionante adquirió el terreno confiando en la constancia AS-SFSE-2024-025 emitida por la ASADA Sonafluca, pero el medidor instalado en octubre de 2024 fue retirado al día siguiente al determinarse que la constancia fue emitida sin autorización de la Junta Directiva, en el contexto de maniobras fraudulentas del anterior propietario, quien era fiscal de la asociación. El AyA había revocado la delegación del servicio a la ASADA por incapacidad técnica y administrativa, dejando a más de 4.500 usuarios sin operador legal, y el Tribunal Contencioso Administrativo otorgó a AyA la administración temporal del acueducto. La Sala concluye que el conflicto es de legalidad ordinaria que excede el amparo, cita el precedente Voto 2025-001319 que ya analizó los mismos hechos con idéntica conclusión, y remite al accionante a las vías administrativas y jurisdiccionales comunes.

Key excerptExtracto clave

Against this backdrop, in the terms set forth in the filing, no situation arises at this time that warrants the intervention of the Sala. In these circumstances, it must be noted that the determination of whether the requirements for granting the requested service have been met, as well as the determination of the possible fraudulent act referenced by the defendant, are matters that exceed the summary nature of this amparo proceeding. Accordingly, establishing whether in the specific case the installation or removal of the water meter at issue is warranted constitutes a legality dispute that must be resolved before the competent administrative or ordinary judicial authorities, venues where the merits of the matter may be broadly debated. On this point, this Chamber, in the precedent cited above, has already ruled on the facts related to water tap No. 1140 and certificate No. AS-SFSE-2024-025, as well as the installation and removal that occurred in October 2024. As stated, those matters are properly to be debated in ordinary proceedings, where the parties may submit their positions to adversarial scrutiny and produce evidence broadly.Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala. Así las cosas, debe advertirse que la determinación respecto del cumplimiento de requisitos para el otorgamiento del servicio pretendido, así como la determinación del posible acto fraudulento que refiere la parte accionada, constituyen aspectos que exceden la naturaleza sumaria de este recurso de amparo. De tal manera, establecer si en el caso concreto resulta procedente la instalación, o bien, la desinstalación del medidor de marras, constituye un conflicto de legalidad que deberá ventilarse ante las instancias administrativas o jurisdiccionales comunes competentes, sedes en las que se podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto. Sobre el particular, esta Cámara, en el precedente transcrito ut supra, ya se pronunció sobre los hechos vinculados con la paja de agua nro. 1140 y la constancia nro. AS-SFSE-2024-025, así como con instalación y desinstalación ocurrida en octubre de 2024. Justamente, tal y como se indicó, esos extremos son propios de ser discutidos en las vías ordinarias, donde las partes legitimadas pueden someter a contradictorio su posición y evacuar de forma amplia pruebas.

Pull quotesCitas destacadas

  • "no sólo el recurrente sino más de cuatro mil quinientas personas usuarias se encuentran en alto grado de vulnerabilidad al no contar con un operador legal a cargo del servicio público que pueda resolver su situación."

    "Not only the claimant but more than four thousand five hundred users are at a high degree of vulnerability, lacking a legal operator in charge of the public service that can resolve their situation."

    Resultando 5 — Informe ICAA, Gerencia General

  • "no sólo el recurrente sino más de cuatro mil quinientas personas usuarias se encuentran en alto grado de vulnerabilidad al no contar con un operador legal a cargo del servicio público que pueda resolver su situación."

    Resultando 5 — Informe ICAA, Gerencia General

  • "La transferencia de propiedad del lote entre el señor Nombre02 y usted no conlleva, automáticamente, la transferencia del derecho al servicio de agua potable asociado a la paja N.° 1140, toda vez que ese servicio nunca fue formalmente aprobado por la Junta Directiva ni inscrito regularmente en los registros de esta ASADA."

    "The transfer of property of the lot from Nombre02 to you does not automatically entail the transfer of the right to the potable water service associated with tap No. 1140, since that service was never formally approved by the Board of Directors nor regularly registered in this ASADA's records."

    Resultando 6 — Oficio ASADA-SFJD-007-2026

  • "La transferencia de propiedad del lote entre el señor Nombre02 y usted no conlleva, automáticamente, la transferencia del derecho al servicio de agua potable asociado a la paja N.° 1140, toda vez que ese servicio nunca fue formalmente aprobado por la Junta Directiva ni inscrito regularmente en los registros de esta ASADA."

    Resultando 6 — Oficio ASADA-SFJD-007-2026

  • "En el caso concreto se estima que el recurso es admisible, por cuanto la Asada recurrida presta un servicio público."

    "In the specific case, the appeal is deemed admissible because the defendant ASADA provides a public service."

    Considerando I — Admisibilidad del recurso contra sujeto de derecho privado

  • "En el caso concreto se estima que el recurso es admisible, por cuanto la Asada recurrida presta un servicio público."

    Considerando I — Admisibilidad del recurso contra sujeto de derecho privado

  • "si el recurrente sostiene que no tuvo conocimiento ni participación en las presuntas irregularidades y, además que, pese a lo ocurrido, no se le debía retirar el medidor, puede formular las gestiones que estime pertinentes ante el prestador del servicio, en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria."

    "If the claimant maintains that he had no knowledge of or participation in the alleged irregularities, and that, notwithstanding what occurred, the meter should not have been removed, he may file such claims as he deems appropriate before the service provider in administrative proceedings or through ordinary judicial channels."

    Considerando IV

  • "si el recurrente sostiene que no tuvo conocimiento ni participación en las presuntas irregularidades y, además que, pese a lo ocurrido, no se le debía retirar el medidor, puede formular las gestiones que estime pertinentes ante el prestador del servicio, en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

EV Template Generation: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj Resolution No. 2026026885 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty-five minutes on the seventeenth of July, two thousand and twenty-six.

Writ of amparo (recurso de amparo) processed under case file no. 26-016395-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, against the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (Asada) SONAFLUCA DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

Recitals:

  1. 1By written submission incorporated into the digital case file on May 11, 2026, the petitioner files a writ of amparo against the Asada Sonafluca de La Fortuna de San Carlos. The petitioner states: "My intention is not to create conflict with any of the parties involved. I have always sought to maintain a respectful relationship with both the ASADA and the former owner of the lot. My sole interest is to exercise my right to access to drinking water and to make use of the property I acquired with such great effort. To purchase this lot, I gave up savings I had accumulated over many years of work and used part of my CCSS retirement fund and loan. It was an important decision for me, as my intention was to build something small and begin a personal life project. In order to proceed with the purchase, I was given a certificate issued by the ASADA (AS‑SFSE‑2024‑025), which stated that there was a service associated with water tap (paja) no. 1140.This certificate was an essential element in obtaining the survey plan endorsement (visado del plano) and in making the decision to acquire the land. Had I been informed from the outset that there was no water availability or that the certificate was not valid, I would never have made the purchase or committed my resources. Because I live more than five hours from where the lot is located, the former owner, Mr. Nombre02, helped me with payments and procedures before the ASADA as a practical favor. At all times I acted in the belief that these were being carried out correctly and in accordance with normal procedures. I never had any knowledge of internal conflicts between the ASADA and the former owner, nor did I participate in any irregular transaction. In October 2024, payments were made related to the reinstatement or reconnection of the service, and on the 16th of that month the ASADA installed the water meter (medidor) at the property.However, the following day the meter was removed without any direct communication to me. Subsequently, the ASADA indicated that there were irregularities in the procedures carried out, which amounts to an internal conflict between that entity and the former owner. However, this conflict has nothing to do with me. Despite this, I am directly affected, as I acquired the lot in good faith based on a certificate issued by the ASADA itself. I am currently unable to use the acquired property, as I do not have access to the drinking water service. This causes me real harm, both economic and personal, as I am unable to carry out the project for which I acquired the lot, despite the financial effort made. (…) PETITION I respectfully request that the situation described be analyzed and that my fundamental rights be protected, so that I may be provided with a fair and reasonable solution regarding access to the drinking water service for the acquired property."
  2. 2By resolution issued at 7:33 a.m. on May 28, 2026, the President of the Chamber ordered: "Prior to resolving what is appropriate in the WRIT OF AMPARO processed under case file No. 26-016395-0007-CO, filed by Nombre01, the petitioning party must submit, within THREE DAYS from notification of this ruling, a CURRENT CERTIFICATE OF LEGAL STANDING (CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE) of ASADA Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, as well as the EXACT ADDRESS designated by its legal representative or registered agent for the purposes of notification—information that is essential to resolve what the law requires—under warning that the writ will be summarily dismissed if this is not done (articles 38 and 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). The petitioning party is advised that it may not provide a fax number for these purposes, as the respondent may only be notified by that means if it has previously authorized such notification, in accordance with articles 19 and 34 of the Ley de Notificaciones Judiciales, nor may it provide an email address or any other technological means of communication, unless the respondent itself has previously requested accreditation of such means for notification purposes (articles 18, 34 and 39 of said Ley de Notificaciones Judiciales).Similarly, any additional evidence in support of the petitioner's claims must be submitted. All of the foregoing is required because such information is essential to resolve what the law requires, and under warning that the writ will be summarily dismissed if this is not done (articles 38 and 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional)."
  3. 3On May 28, 2026, the certificate of legal standing (personería jurídica) of the Asada was submitted.
  4. 4By resolution issued at 1:30 p.m. on May 28, 2026, the President of the Chamber ordered: "The preliminary requirement set forth in the resolution of seven hours thirty-three minutes of the twenty-eighth of May of two thousand and twenty-six, as recorded in the electronic case file, having been complied with, this writ shall proceed. Having reviewed the writ of amparo processed under case file no. 26-016395-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, against the ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO RURAL DE SONAFLUCA DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS, it is resolved: pursuant to articles 43, 44 and 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the executive director of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the legal representative of ASADA Sonafluca de La Fortuna de San Carlos shall report on the facts alleged by the petitioner, in summary: that the petitioner acquired a lot for the construction of a residence, and in order to proceed with the purchase was given a certificate issued by the respondent ASADA, numbered AS-SFSE-2024-025, which stated that there was a service associated with water tap no. 1140—a certificate that was an essential element in obtaining the survey plan endorsement and the reason the petitioner decided to acquire the real property.The petitioner explains that, being more than five hours away from the location of the acquired lot, the former owner offered to pay the amounts owed for the drinking water service to the respondent ASADA, and that the petitioner was unaware at the time of conflicts between the ASADA and the former owner. The petitioner asserts that in October 2024, payments were made related to the reinstatement or reconnection of the service, and on the 16th of that month the ASADA installed the meter at the property; however, the following day the meter was removed without any direct communication to the petitioner. Subsequently, the ASADA indicated that there were irregularities in the procedures carried out, which amounts to an internal conflict between that entity and the former owner—a conflict that has no connection to the protected party; notwithstanding, the latter is directly affected, having acquired the lot in good faith based on a certificate issued by the ASADA itself.The petitioner is currently unable to use the acquired property, as there is no access to the drinking water service, which has caused real harm, both economic and personal, by preventing the development of the project for which the lot was acquired, despite the financial effort made. As a result, the petitioner considers fundamental rights to have been violated and requests that the writ be granted with all applicable legal consequences."
  5. 5By written submission incorporated into the digital case file on June 4, 2026, José Darío Guzmán Álvarez, general manager of ICAA, submits his report in the following terms: "Regarding the facts set forth in the filing brief, none of them refer to my institution; all of them correspond to alleged actions by the ASADA of Sonafluca. LEGAL CONSIDERATIONS The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not violated any constitutional right of the petitioner, as none of the alleged facts make reference to my institution. AyA's conduct has conformed to compliance with the applicable legal framework in relation to the generalized problems presented by the ASADA of Sonafluca regarding its technical, administrative, financial, and operational incapacity to provide the drinking water supply and sanitation service delegated to it, as evidenced in report SG-GSD-2026-00478 dated April 9, 2026 (see exhibit 01).By memorandum GG-2026-01192 dated April 10, 2026 (see exhibit 02), this General Management brought to the attention of AyA's Board of Directors (Junta Directiva) the aforesaid incapacity of the ASADA of Sonafluca, for the Board of Directors to evaluate the possibility of initiating an eventual revocation of the delegation and the rescission of the agreement entered into with said Association. Once the proper summary administrative proceeding (procedimiento administrativo sumario) had been carried out in accordance with articles 36 and 97 of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales, executive decree 42582-S-MINAE, in conjunction with articles 320 and following of the Ley General de la Administración Pública, AyA's Board of Directors adopted resolution AN-2026-0171 dated May 13, 2026 (see exhibit 03), which revoked the delegation of the public drinking water supply service provided by the Asociación Administradora de Acueducto Rural de Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, legal entity identification number CED01, and consequently rescinded the delegation agreement (convenio de delegación) entered into with AyA.As a logical consequence of the ASADA of Sonafluca's lack of legal authorization to provide the drinking water supply service, the aforementioned resolution (see exhibit 03) directs the Deputy Management of Peripheral Systems to assume direct provision of the service in that community. Throughout the summary proceeding, the right of defense of the ASADA of Sonafluca was guaranteed and respected by informing said Association of the technical reports comprising case file 2026-001-S. The Association's rebuttal and opposition were also considered, as were the arguments put forward in the motion for reconsideration (recurso de reposición) filed. The Board of Directors decided to uphold the decision adopted by AyA Board of Directors resolution AN-2026-0171, thereby exhausting the administrative remedies. In compliance with the Board of Directors' resolution, memorandum GG-2026-01577 dated May 13, 2026 (see exhibit 04) instructed that a visit be scheduled for May 18, 2026 for the implementation of said resolution.However, as recorded in the administrative minutes prepared for that purpose (see exhibit 05), the Board of Directors of the ASADA of Sonafluca opposed the handover; therefore, AyA has not yet begun operating the aqueduct system of that community. At this time there is no legally responsible operator of the drinking water supply system in the community of Sonafluca. On one hand, the ASADA has been legally disqualified from continuing to operate, maintain, and develop the aqueduct system, since the delegation has been revoked and the corresponding agreement rescinded; on the other hand, the Board of Directors of the Association has refused to hand over the system to AyA (the holder of said service provision and the national regulatory authority), so that not only the petitioner but more than four thousand five hundred users find themselves in a highly vulnerable situation, lacking a legally authorized operator responsible for the public service that could resolve their situation.The petitioner states that "in October 2024, payments were made related to the reinstatement or reconnection of the service, and on the 16th of that month the ASADA installed the meter at the property. However, the following day the meter was removed without any direct communication to me. Subsequently, the ASADA indicated that there were irregularities in the procedures carried out, which amounts to an internal conflict between that entity and the former owner. However, this conflict has nothing to do with me. Despite this, I am directly affected, as I acquired the lot in good faith based on a certificate issued by the ASADA itself" (emphasis in original). Articles 100, 101, 102, and 103 of the Reglamento de ASADAS provide that, in the event of disputes by users, they may file the remedies established in the Ley General de la Administración Pública. It falls to the Board of Directors of the Association to resolve all motions for revocation (recursos de revocatoria) filed against acts issued by that body, and to this General Management to resolve any appeals (recursos de apelación) concerning technical and operational aspects of the systems or affecting the provision of the respective service.However, in the specific case at hand, until AyA is able to assume direct provision of services in the community of Sonafluca, it is impossible for us to comply with what the legal framework dictates in protection of the constitutional principles of health and life. Although this General Management did not become aware in administrative proceedings of the facts specifically alleged by the petitioner through the appellate mechanisms established in the Ley General de la Administración Pública, in memorandum GSD-UEN-GAR-2025-05116 dated December 19, 2025 (see exhibit 06), Engineer José Antonio Arias Arias, head of the Huetar Norte Rural Aqueducts Regional Office, directed the petitioner in the following terms: "(…) For his part, Mr. Nombre01, in his capacity as current owner of the property and a directly affected third party, must channel his proceedings through the ordinary administrative route before the Asada, formally requesting information on the current administrative status of the water service associated with the property and, should no previously recognized right exist, the requirements, procedures, and technical feasibility for a possible application for a water availability permit (disponibilidad) or incorporation into the system, in accordance with the applicable regulations and the capacity of the aqueduct (…)" (emphasis in original).It is not surprising that the petitioner refers in the filing brief to the ASADA of Sonafluca citing "irregularities in the procedures carried out," nor that the ASADA carries out actions such as the installation and removal of a meter—without, in appearance, having followed the due process established in AyA's Reglamento de Prestación de Servicios. Unfortunately, until AyA assumes provision of the service, it is impossible for my institution to correct or remedy possible irregular acts by the ASADA. Among the conclusions of report SG-GSD-2026-00478 dated April 9, 2026 (see exhibit 01), which supported the summary proceeding that resulted in the revocation of the delegation and the rescission of the agreement with the ASADA of Sonafluca, the following is stated: "(…) Failures to comply with the Reglamento de ASADAS as well as the Reglamento de Prestación de Servicios Públicos are evident, and not due to a lack of technical support but rather due to a lack of governance, constant changes in the board, and the Asada's refusal to comply with the directions of AyA as the technical regulatory authority.The constant changes in the appointments to the positions of the Board of Directors and the Auditor (Fiscal) of the ASADA, as well as the instability in the contracting of administrators, including operational staff, prevents adequate follow-up, affects decision-making, and undermines community commitment to addressing the needs currently affecting the population (…) The current commercial management is deficient insofar as, faced with the impossibility of granting new water availability permits (disponibilidades), it has tolerated the persistence of illicit connections and irregular practices that contravene the applicable regulations and, moreover, cause detriment to the existing services. This entire situation warrants the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in the exercise of its regulatory role as authorized by the Ley Constitutiva, to take action and define the path to resolving the problems that the Sonafluca aqueduct has been facing for several years now—problems that the delegated operator (ASADA Sonafluca) has been unable to resolve." (emphasis in original).It should be noted that—although there has been no administrative ruling on the petitioner's specific case—conduct inconsistent with AyA's Reglamento de Prestación de Servicios in the area of commercial management is a constant in the community of Sonafluca, and that is why this Institute has exercised all the powers and competencies established by the legal framework in order to address the ASADA's technical, administrative, operational, and financial incapacity through direct operation of the public service of which AyA is the holder and national regulatory authority by law. It is reiterated that—since there is no legally responsible operator of the drinking water supply system in the community of Sonafluca—the situation presented by the petitioner and by any other user in that community cannot be legitimately resolved by the ASADA, as it lacks the legal authorization to do so. In this regard, it is essential that AyA be permitted to begin operating the aqueduct of the community of Sonafluca in order to satisfy the fundamental right of access to drinking water, the fundamental right to health and life, to effectively protect the overriding public interest in the provision of the service, and to safeguard the legal certainty of users (such as the petitioner), addressing the technical, administrative, operational, and financial deficiencies that were established in the summary proceeding conducted by AyA's Board of Directors in case file 2026-001.From what has been set forth in the legal argument, it is clearly concluded that this Institute has not violated any constitutional right of the petitioner, and that its conduct has conformed to the provisions of the applicable legal framework, consistent with the principle of legality established in article 11 of the Constitución Política and article 11 of the Ley General de la Administración Pública, no. 6227. REQUESTS Based on the foregoing, the Honorable Constitutional Chamber is requested to order the Board of Directors of the ASADA of Sonafluca to hand over the aqueduct system to AyA and thereby carry out resolution AN-2026-0171 dated May 13, 2026, so that the direct provision of the service is rendered by AyA as the holder and regulatory authority by law, in order to resolve the commercial problems existing in the community and raised by the petitioner. It is also requested that the writ be dismissed as regards AyA, and that no costs be awarded against this Institute."
  6. 6By written submission incorporated into the digital case file on June 4, 2026, Beatriz Céspedes Cortés, president of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Sonafluca, responds to the order as follows: "We are submitting the documents requested in connection with what was set forth by Mr. Nombre01 in filing his writ of amparo, documents that have been certified by Ms. María Cecilia Varela Venegas, secretary of the Board of Directors of the Asada, as evidenced in the accompanying note. We must note with concern that nowhere in Mr. Nombre01's filing does he specify, in order to demonstrate his good faith in purchasing the lot from Nombre02, the date on which the purchase was made, which would give us greater legal certainty as to when the events claimed by Mr. Nombre01 took place—since we do not know whether it was a matter between seller and buyer or whether, by purchasing, he effectively 'acquired rights' that, as we will proceed to explain, were a spurious act carried out by Nombre02 to fraudulently obtain a water service connection (prevista), taking advantage of his position as Auditor of the Asada.The other matter that greatly concerns us is that we do not know which property Mr. Nombre01 is referring to, since the one he expressly identifies as 'registered under reference 2024-038351-C' does not exist upon verification with the Registro Público, as seen in the image we are incorporating; we are therefore confused because we do not know what property is being referred to. (…) This matter is not unknown to this Chamber, since the issue presented here was already heard and decided by the Constitutional Chamber in a writ of amparo filed at the time by Nombre02, recorded in case file 24-033523-0007-CO, by Resolution No. 2025-001319, in which this Constitutional Chamber issued a precise ruling on the irregular circumstances under which Nombre02, serving as Auditor of the Board and as an interested real estate developer, took advantage of his position to have a water service connection installed without the required approval of the Board of Directors, through a spurious certificate issued by the person who at the time served as Administrator, acting beyond her authority.We do wish to point out that the brief submitted by Mr. Nombre01 to this Chamber fails to specify precisely the date of purchase of the land, in order to determine whether the purchase was made in good faith between Nombre03 [sic]. Immediately upon learning of the irregularity and upon the plumber's (fontanero's) declaration that he had been deceived, steps were taken to withdraw the service under the supervision of the new Administrator, as evidenced in the documents submitted. As this Chamber is aware, the entity that oversees water availability permits (disponibilidades de servicio de agua) is the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (ICAA), which establishes and determines whether an Asada may grant water availability permits to residents or real estate developments, especially for those Asadas—such as ours—that have signed the delegation agreement and are governed by the Reglamento de Asadas prepared by ICAA, an instrument that determines what valid rights regarding water are established by our Constitución Política in its Artículo 50.It goes without saying that real estate developments must comply with a clearly defined set of regulations from institutions such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), in order to be legally authorized to sell lots in good faith. That is to say, the Asada may only grant water availability permits if ICAA expressly authorizes it to do so—and in this case, the institution's position was categorical on the matter. In fact, even when this Asada sought, on humanitarian grounds, to manage water availability permits for a group of highly vulnerable individuals—due to medical conditions, age, or to avoid losing a housing subsidy (bono de vivienda)—ICAA was categorical in directing us to abandon such efforts, under penalty of legal liability. Today, through our perseverance and effort, we have opened a small window to begin, through an agreement signed with ICAA, the granting of a group of water availability permits to a developer and to residents of the community who have been filling out application forms since 2018 and have responsibly been waiting for their permits, all of them having, without exception, purchased in good faith, fully aware that ICAA has resisted—rightly or not—making Artículo 50 of the Constitution a full exercise of the rights it establishes.Mr. Nombre01 is not a stranger to our offices; he has come to us and we have explained the situation of which he was a victim, how the person who sold him the property acted, and the Constitutional Chamber's ruling regarding the claims to enforce a right of spurious origin. Distinguished Magistrates, we stand ready to provide any additional information you may require or to elaborate further on the constraints imposed on us by ICAA, in the effort to ensure that everyone, without exception, has full access to water as established in our Artículo 50 of the Constitution."
  7. 7By written submission incorporated into the digital case file on June 29, 2026, José Darío Guzmán Álvarez, general manager of ICAA, appears in the proceedings. He states: "I appear to submit, as EVIDENCE FOR BETTER JUDGMENT, resolution 2026-004291 issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea, at eleven hours twenty-one minutes on the twenty-sixth of June of two thousand and twenty-six, in which the anticipatory precautionary measure (medida cautelar anticipada) sought by this Institute against the ASADA of Sonafluca is granted, and the temporary administration of the drinking water supply service is awarded to AyA in the said community."
  8. 8The legal requirements governing the proceedings have been observed.

The opinion is written by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.On the admissibility of the writ of amparo against a private law entity. The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in its article 57, sets forth the circumstances under which amparo against the actions or omissions of private law entities is admissible, and states that this type of claim is admissible when such entities act or are required to act in the exercise of public functions or powers, or are, in fact or in law, in a position of power such that ordinary judicial remedies are clearly insufficient or untimely to guarantee the rights or fundamental liberties referred to in article 2, subparagraph a) of the same law. In the specific case, the writ is deemed admissible, since the respondent Asada provides a public service.

II.Subject matter of the writ. The petitioner states that, in order to proceed with the purchase of a lot, certificate no. AS-SFSE-2024-025, issued by the Asada of Sonafluca, was provided to the petitioner, indicating that there was a service associated with water tap no. 1140. The petitioner notes that this was essential for the survey plan endorsement and the decision to acquire the land, since otherwise the purchase would never have been made. The petitioner asserts that, as a favor, the former owner (Nombre02) assisted with payments and procedures before the Asada. The petitioner states that at all times the petitioner acted in the belief that the procedures were being carried out normally. The petitioner asserts that there was never any knowledge of conflicts between the Asada and the prior owner, nor any participation in "any irregular transaction." The petitioner maintains that in October 2024, payments were made "related to the reinstatement or reconnection of the service" and, furthermore, that on the 16th of that month the meter was installed at the property; however, the following day it was removed without any direct communication to the petitioner.

The petitioner states that the Asada subsequently explained that there are irregularities in the procedures, but that this is a conflict between the association and the former owner. The petitioner affirms having acquired the lot in good faith based on a certificate from the Asada. The petitioner claims to be unable to use the property, as there is no access to the drinking water service. The petitioner asserts the inability to carry out the project for which the real property was acquired. The petitioner requests that a fair and reasonable solution be provided regarding access to the water service.

III. Established facts. The following facts are considered proven as relevant to the resolution of this matter

  • a)The petitioner, by official letter dated January 20, 2026, addressed to the administrator of the ASADA of Sonafluca, stated: "I. BACKGROUND 1. On June 10, 2024, the ASADA issued Water Availability Certificate (Constancia de Disponibilidad de Agua) ASF‑CT‑2024‑02, valid through June 2025. 2. Based on that availability, the Municipality of San Carlos approved the Plan Endorsement (Visado del Plano) V48157, 2024-038351-C. 3. Subsequently, ASADA personnel installed the corresponding water meter on my property. 4. However, Mr. Nombre02 verbally informed me that the meter would be removed because the ASADA claims there is no availability, contradicting official documents previously issued by that same ASADA. 5. Also attached is certificate AS‑SFSE‑2024‑025, issued by that ASADA, which certifies that THERE IS A POTABLE WATER SERVICE INSTALLED AT THE FRONT OF THE PROPERTY, corresponding to water service connection (paja) No. 1140.

That document served as the basis for the approval of the Municipal Plan Endorsement of plan 2024‑038351‑C and constitutes a prior formal acknowledgment of the existence of the service. 6. Also attached are official receipts No. 132165 (10/10/2024) and No. 132682 (17/10/2024), issued by that ASADA for 'Service stub (prevista) installation,' both linked to connection 1140 and meter 406399. These receipts constitute formal administrative billing acts demonstrating that the ASADA acknowledged the service and processed official payments, thereby generating legal effects that cannot subsequently be disregarded without a reasoned administrative decision. II. REFERENCE TO A RULING OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in case file 24‑033523‑0007‑CO, found internal documentary contradictions within the ASADA between certificate AS‑SFSE‑2024‑025 and a subsequent document dated October 31, 2024.

It also determined that the ASADA violated the right of petition (derecho de petición) by failing to respond to a formal request, and ordered the Chairwoman to issue a response within three days under threat of criminal sanction. This ruling demonstrates recent administrative irregularities that directly affect my case. III. REFERENCE TO THE AyA'S RESPONSE (OFFICIAL LETTER GSD‑UEN‑GAR‑2025‑05116) Through official letter GSD‑UEN‑GAR‑2025‑05116, issued on December 19, 2025, the AyA expressly indicated that this matter must be resolved through the ASADA's administrative process, and that the ASADA is obligated to issue a formal, reasoned, and legally grounded response. The AyA also acknowledged my status as owner and directly affected third party, which grants me standing to formally request clarification of the administrative situation of the water service associated with the lot. IV. VESTED RIGHT (DERECHO ADQUIRIDO) AND PRINCIPLE OF LEGITIMATE EXPECTATION (PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA) The documents issued by that ASADA produced valid legal effects (plan endorsement, meter installation).

Their subsequent disregard has no legal basis unless there is a duly reasoned formal administrative act. V. REQUESTS 1. Immediate reinstatement of the meter and potable water service. 2. Delivery of the formal written administrative act supporting the decision to remove the meter. 3. Access to the administrative file for the service. 4. Observance of the valid availability certificate ASF‑CT‑2024‑02 and existing service AS-SFSE-2024-025." (Evidence submitted by the respondent party and the ASADA.)

  • b)The Chairwoman of the ASADA of Sonafluca, by official letter dated March 17, 2026, addressed to the petitioner, stated: "(…) Subject: Formal response to administrative complaint and request for certification — Connection No. 1140, Official Letter ASADA-SFJD-007-2026. Reference: Administrative complaint of January 20, 2026, and request for certification of March 16, 2026, both signed by you. Dear Mr. Nombre01: In response to the above-referenced communications, the Board of Directors of the Administrating Association of the Rural Aqueduct of Sonafluca (ASADA Sonafluca), legal entity number CED01, provides you with the following formal and reasoned response, as required by the General Law of Public Administration, Art. 27 of the Constitution, and the right of petition. I. On the background of the case This ASADA has thoroughly reviewed the administrative file relating to connection No. 1140 and the documents you invoke as the basis for your requests.

That review reveals the following determinative facts: 1. Ownership of the documents: Certificate AS-SFSE-2024-025 of August 12, 2024, which you cite as the basis for your rights, was issued in the name of Mr. Nombre02, not in your name. That certificate was processed by Mr. Nombre02 before this ASADA without the authorization of the Board of Directors. 2. Water availability certificate: Water Availability Certificate ASF-CT-2024-02 of June 10, 2024, was likewise processed within the context of the procedure managed by Mr. Nombre02. Neither of these documents was issued in your name or as the result of a direct application by you before this ASADA. 3. Installation and removal of the meter: Meter No. 406399 was installed on October 16, 2024, and removed the following day, October 17, 2024, upon determination that the activation of service for connection 1140 did not have the formal approval of the Board of Directors of this ASADA, an indispensable requirement under the ASADAS Regulations and the established internal procedures.

The amounts charged through receipts No. 132165 and No. 132682 were refunded to Mr. Nombre02 according to voucher No. 25445555. 4. Irregularity in the issuance of the certificate: Certificate AS-SFSE-2024-025 was issued by the then-acting aqueduct administrator, Ms. Yefrini González Calderón, without the authorization of the Board of Directors of this ASADA. That action was carried out outside the established regular procedure, which taints the document with irregularity from its very inception. 5. Transfer of the lot: The transfer of ownership of the lot from Mr. Nombre02 to you does not automatically entail the transfer of the right to the potable water service associated with connection No. 1140, inasmuch as that service was never formally approved by the Board of Directors nor regularly registered in this ASADA's records. (…) III. On the response to the administrative complaint of January 20, 2026 You state in your request of March 16, 2026, that you had not received a response to your administrative complaint of January 20, 2026.

This ASADA hereby places on record that on February 3, 2026, within the statutory deadline, it formally referred the file for connection No. 1140 to the Legal Department of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), in its capacity as the sector's regulatory authority, in order to obtain a binding technical-legal opinion prior to issuing a final resolution. That referral constituted this ASADA's institutional response to your complaint. Documented referral to the AyA On February 3, 2026, this ASADA formally referred the file for connection No. 1140 to the AyA's Legal Department. This response is issued as a complement to that referral and now that this Board of Directors has had the opportunity to review the complete file. IV. On the current flow restriction This ASADA is subject to a formal restriction on the granting of new water availability certificates. This restriction remains in effect until the interconnection process for certain sources is completed.

Additionally, pursuant to current regulations, when the lot requesting service is part of a development or urbanization project, the developer is responsible for submitting the technical water availability study to the AyA, this being a prior and indispensable requirement before this ASADA can grant service. This condition applies to your case. V. Formal response to each point of your request ASADA's Position Based on the facts and considerations set forth in the preceding sections, the Board of Directors of ASADA Sonafluca resolves to deny the requests submitted, for the reasons detailed below. 6. 1. Reinstatement of the meter and service: Denied. Connection No. 1140 cannot be reinstated or reactivated under current conditions, because: (a) the service was never formally approved by the Board of Directors; (b) there is a current flow restriction acknowledged by the AyA; (c) ownership of the documents that supported the original installation belongs to Mr.

Nombre02, not to you. Reinstatement of the meter would require, at a minimum, that the flow restriction be lifted, that the project developer submit the corresponding technical study to the AyA, and that formal approval be obtained from the Board of Directors. 7. 2. Reasoned administrative act supporting the removal of the meter: Partially addressed. The administrative act supporting the removal of the meter is the Board of Directors' decision not to endorse a service activation carried out without its authorization, in a context of flow restriction. Certificate AS-SFSE-2024-025 was irregularly issued by the then-acting administrator without Board of Directors authorization, and therefore lacks the required institutional backing. This is the technical and legal basis for the removal. 8. 3. Access to the administrative file: Addressed. This ASADA hereby informs you that you have the right to access the administrative file for connection No. 1140 pursuant to Art. 30 of the Political Constitution and the General Law of Public Administration.

To exercise that right, you are asked to schedule an appointment with this ASADA's administration during business hours, bringing your national identity document and proof of your link to the property through a title document. 9. 4. Observance of the valid availability certificate ASF-CT-2024-02: Denied. Availability certificate ASF-CT-2024-02 was issued in a context prior to the determination of irregularity in the procedure. The currently effective flow restriction prevails over any previously issued availability certificate, pursuant to the AyA's regulatory procedures. The lifting of that restriction depends on the completion of the interconnection process with other sources. 10. 5. Certification of the status of connection 1140: Addressed. This response constitutes the certification of the status of the file for connection No. 1140: the service is inactive; the connection is registered in this ASADA's records but has not been formally activated by the Board of Directors.

The complete file is available for review as indicated in point 3. ASADA's Recommendation This ASADA recommends that you coordinate with the project developer (Mr. Nombre02) so that he may submit the technical water availability study to the AyA, which is the prior and indispensable requirement for this ASADA to be able to evaluate any service request for lots within that project. Without that study, it is not possible to move forward with any availability procedure." (Evidence submitted by the petitioner and the ASADA.)

IV.On the specific case. In the case under examination, the petitioner states that, in order to proceed with the purchase of a lot, he was given certificate No. AS-SFSE-2024-025, issued by the ASADA of Sonafluca, which stated that there was a service associated with connection No. 1140. He notes that this was essential to the plan endorsement and to his decision to purchase the land, since, had it not been the case, he would never have made the purchase. He asserts that, as a favor, the previous owner (Nombre02) assisted him with payments and procedures before the ASADA. He states that at all times he acted in reliance on the belief that the procedures were being carried out in the normal manner. He asserts that he was never aware of any conflicts between the ASADA and the previous owner, nor did he participate in "any irregular proceeding." He maintains that in October 2024 the payments "related to the reinstallation or reconnection of the service" were made and, moreover, that on the 16th of that month the meter was installed on the property; however, the following day it was removed without any direct communication to him.

He states that the ASADA subsequently explained that there were irregularities in the procedures, but that this is a dispute between that association and the previous owner. He asserts that he purchased the lot in good faith based on a certificate from the ASADA. He claims that he cannot use the property, since he does not have access to potable water service. He asserts that he cannot carry out the project for which he acquired the property. He requests that a fair and reasonable solution be provided with respect to access to water service.

From the review of the record, it is established that the petitioner, by official letter dated January 20, 2026, addressed to the administrator of the ASADA of Sonafluca, stated: "I. BACKGROUND 1. On June 10, 2024, the ASADA issued Water Availability Certificate ASF‑CT‑2024‑02, valid through June 2025. 2. Based on that availability, the Municipality of San Carlos approved the Plan Endorsement V48157, 2024-038351-C. 3. Subsequently, ASADA personnel installed the corresponding water meter on my property. 4. However, Mr. Nombre02 verbally informed me that the meter would be removed because the ASADA claims there is no availability, contradicting official documents previously issued by that same ASADA. 5. Also attached is certificate AS‑SFSE‑2024‑025, issued by that ASADA, which certifies that THERE IS A POTABLE WATER SERVICE INSTALLED AT THE FRONT OF THE PROPERTY, corresponding to connection No. 1140.

That document served as the basis for the approval of the Municipal Plan Endorsement of plan 2024‑038351‑C and constitutes a prior formal acknowledgment of the existence of the service. 6. Also attached are official receipts No. 132165 (10/10/2024) and No. 132682 (17/10/2024), issued by that ASADA for 'Service stub installation,' both linked to connection 1140 and meter 406399. These receipts constitute formal administrative billing acts demonstrating that the ASADA acknowledged the service and processed official payments, thereby generating legal effects that cannot subsequently be disregarded without a reasoned administrative decision. II. REFERENCE TO A RULING OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER The Constitutional Chamber, in case file 24‑033523‑0007‑CO, found internal documentary contradictions within the ASADA between certificate AS‑SFSE‑2024‑025 and a subsequent document dated October 31, 2024.

It also determined that the ASADA violated the right of petition by failing to respond to a formal request, and ordered the Chairwoman to issue a response within three days under threat of criminal sanction. This ruling demonstrates recent administrative irregularities that directly affect my case. III. REFERENCE TO THE AyA'S RESPONSE (OFFICIAL LETTER GSD‑UEN‑GAR‑2025‑05116) Through official letter GSD‑UEN‑GAR‑2025‑05116, issued on December 19, 2025, the AyA expressly indicated that this matter must be resolved through the ASADA's administrative process, and that the ASADA is obligated to issue a formal, reasoned, and legally grounded response. The AyA also acknowledged my status as owner and directly affected third party, which grants me standing to formally request clarification of the administrative situation of the water service associated with the lot. IV. VESTED RIGHT AND PRINCIPLE OF LEGITIMATE EXPECTATION The documents issued by that ASADA produced valid legal effects (plan endorsement, meter installation).

Their subsequent disregard has no legal basis unless there is a duly reasoned formal administrative act. V. REQUESTS 1. Immediate reinstatement of the meter and potable water service. 2. Delivery of the formal written administrative act supporting the decision to remove the meter. 3. Access to the administrative file for the service. 4. Observance of the valid availability certificate ASF‑CT‑2024‑02 and existing service AS-SFSE-2024-025." The Chairwoman of the ASADA of Sonafluca, by official letter dated March 17, 2026, addressed to the petitioner, stated: "(…) Subject: Formal response to administrative complaint and request for certification — Connection No. 1140, Official Letter ASADA-SFJD-007-2026. Reference: Administrative complaint of January 20, 2026, and request for certification of March 16, 2026, both signed by you. Dear Mr. Nombre01: In response to the above-referenced communications, the Board of Directors of the Administrating Association of the Rural Aqueduct of Sonafluca (ASADA Sonafluca), legal entity number CED01, provides you with the following formal and reasoned response, as required by the General Law of Public Administration, Art. 27 of the Constitution, and the right of petition.

I. On the background of the case This ASADA has thoroughly reviewed the administrative file relating to connection No. 1140 and the documents you invoke as the basis for your requests. That review reveals the following determinative facts: 1. Ownership of the documents: Certificate AS-SFSE-2024-025 of August 12, 2024, which you cite as the basis for your rights, was issued in the name of Mr. Nombre02, not in your name. That certificate was processed by Mr. Nombre02 before this ASADA without the authorization of the Board of Directors. 2. Water availability certificate: Water Availability Certificate ASF-CT-2024-02 of June 10, 2024, was likewise processed within the context of the procedure managed by Mr. Nombre02. Neither of these documents was issued in your name or as the result of a direct application by you before this ASADA. 3. Installation and removal of the meter: Meter No. 406399 was installed on October 16, 2024, and removed the following day, October 17, 2024, upon determination that the activation of service for connection 1140 did not have the formal approval of the Board of Directors of this ASADA, an indispensable requirement under the ASADAS Regulations and the established internal procedures.

The amounts charged through receipts No. 132165 and No. 132682 were refunded to Mr. Nombre02 according to voucher No. 25445555. 4. Irregularity in the issuance of the certificate: Certificate AS-SFSE-2024-025 was issued by the then-acting aqueduct administrator, Ms. Yefrini González Calderón, without the authorization of the Board of Directors of this ASADA. That action was carried out outside the established regular procedure, which taints the document with irregularity from its very inception. 5. Transfer of the lot: The transfer of ownership of the lot from Mr. Nombre02 to you does not automatically entail the transfer of the right to the potable water service associated with connection No. 1140, inasmuch as that service was never formally approved by the Board of Directors nor regularly registered in this ASADA's records. (…) III. On the response to the administrative complaint of January 20, 2026 You state in your request of March 16, 2026, that you had not received a response to your administrative complaint of January 20, 2026.

This ASADA hereby places on record that on February 3, 2026, within the statutory deadline, it formally referred the file for connection No. 1140 to the Legal Department of the AyA, in its capacity as the sector's regulatory authority, in order to obtain a binding technical-legal opinion prior to issuing a final resolution. That referral constituted this ASADA's institutional response to your complaint. Documented referral to the AyA On February 3, 2026, this ASADA formally referred the file for connection No. 1140 to the AyA's Legal Department. This response is issued as a complement to that referral and now that this Board of Directors has had the opportunity to review the complete file. IV. On the current flow restriction This ASADA is subject to a formal restriction on the granting of new water availability certificates. This restriction remains in effect until the interconnection process for certain sources is completed.

Additionally, pursuant to current regulations, when the lot requesting service is part of a development or urbanization project, the developer is responsible for submitting the technical water availability study to the AyA, this being a prior and indispensable requirement before this ASADA can grant service. This condition applies to your case. V. Formal response to each point of your request ASADA's Position Based on the facts and considerations set forth in the preceding sections, the Board of Directors of ASADA Sonafluca resolves to deny the requests submitted, for the reasons detailed below. 6. 1. Reinstatement of the meter and service: Denied. Connection No. 1140 cannot be reinstated or reactivated under current conditions, because: (a) the service was never formally approved by the Board of Directors; (b) there is a current flow restriction acknowledged by the AyA; (c) ownership of the documents that supported the original installation belongs to Mr.

Nombre02, not to you. Reinstatement of the meter would require, at a minimum, that the flow restriction be lifted, that the project developer submit the corresponding technical study to the AyA, and that formal approval be obtained from the Board of Directors. 7. 2. Reasoned administrative act supporting the removal of the meter: Partially addressed. The administrative act supporting the removal of the meter is the Board of Directors' decision not to endorse a service activation carried out without its authorization, in a context of flow restriction. Certificate AS-SFSE-2024-025 was irregularly issued by the then-acting administrator without Board of Directors authorization, and therefore lacks the required institutional backing. This is the technical and legal basis for the removal. 8. 3. Access to the administrative file: Addressed. This ASADA hereby informs you that you have the right to access the administrative file for connection No. 1140 pursuant to Art. 30 of the Political Constitution and the General Law of Public Administration.

To exercise that right, you are asked to schedule an appointment with this ASADA's administration during business hours, bringing your national identity document and proof of your link to the property through a title document. 9. 4. Observance of the valid availability certificate ASF-CT-2024-02: Denied. Availability certificate ASF-CT-2024-02 was issued in a context prior to the determination of irregularity in the procedure. The currently effective flow restriction prevails over any previously issued availability certificate, pursuant to the AyA's regulatory procedures. The lifting of that restriction depends on the completion of the interconnection process with other sources. 10. 5. Certification of the status of connection 1140: Addressed. This response constitutes the certification of the status of the file for connection No. 1140: the service is inactive; the connection is registered in this ASADA's records but has not been formally activated by the Board of Directors.

The complete file is available for review as indicated in point 3. ASADA's Recommendation This ASADA recommends that you coordinate with the project developer (Mr. Nombre02) so that he may submit the technical water availability study to the AyA, which is the prior and indispensable requirement for this ASADA to be able to evaluate any service request for lots within that project. Without that study, it is not possible to move forward with any availability procedure." From this standpoint, as framed in the petition for relief, no situation is identified that would, at this time, warrant the intervention of the Chamber.

Relevant to the case under examination, this Chamber, in ruling No. 2025001319 issued at 9:20 a.m. on January 17, 2025, held:

"V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at bar, the petitioner states that he has a service stub for the installation of potable water service on his property, identified as connection No. 1140. He states that on October 10, 2024, the respondent ASADA charged him for the reconnection of the service stub, and that on October 15 of that same month the corresponding meter was reinstalled. However, he claims that the following day (October 16), the Chairwoman of the ASADA ordered the immediate removal of the service. He requests that the respondent party be ordered to proceed with the reinstallation of the service. (…)

From the review of the record, it is established that on October 16, 2024, a plumber from the respondent ASADA installed a meter on the petitioner's property; however, on October 17, 2024, the ASADA ordered the removal of the meter, since the service connection had not been approved by the Board of Directors. In certificate No. AS-SFSE-2024-025 of August 12, 2024, the administrator of the respondent ASADA stated: 'There is a potable water service installed at the front of the property. There is no sanitary sewage system available at the front of the property. The existing service corresponds to connection No. 1140, registered in the name of Nombre02 (…).' However, in the certificate of October 31, 2024, signed by the Chairwoman, the administrator, and the plumber of the respondent ASADA, it is stated: 'This document certifies that the person who verified the existence of the meter alleged by Nombre02 was Mr. Félix Ángel Ledezma Arce, for the preparation of certificate No. AS-SFSE-2024-025, who attests and affirms to us that NO meter existed at the time of the inspection, nor was any potable water service installed.' (…)

First, while the petitioner requests that this Chamber order the respondent ASADA to reinstall the meter in order to obtain the requested service, the record reflects that the situation involves an ordinary-law legality dispute that falls outside the competence of this Chamber.

In this regard, while the petitioner alleges that the respondent association ordered the removal of a meter that had already been installed on his property, it is equally true that, for its part, the Chairwoman of the respondent ASADA explains that the protected party, who was even a member of that association's Board of Directors, improperly induced the plumber to carry out the meter installation, which she argues constituted a fraudulent act, since there is insufficient flow to grant water availability certificates and it was not possible to provide the service. On that basis, the respondent association argues that the protected party took advantage of his position, used a certificate that is false and void, and ultimately carried out an illegitimate installation, which is why the removal that is challenged in these proceedings was ordered.

Under these circumstances, it must be noted that determining whether the requirements for the granting of the requested service have been met, as well as determining the possible fraudulent act referred to by the respondent party, are matters that exceed the summary nature of this writ of amparo (recurso de amparo). Accordingly, determining whether the installation or removal of the meter in question is appropriate in the specific case constitutes a legality dispute that must be litigated before the competent ordinary administrative or judicial bodies, venues in which the substance of the matter may be fully argued.

Therefore, the petition is dismissed with respect to this point." On the matter, this Chamber, in the precedent quoted above, has already ruled on the facts linked to water service connection No. 1140 and certificate No. AS-SFSE-2024-025, as well as the installation and removal that occurred in October 2024. As stated, those matters are properly suited for discussion through ordinary channels, where the parties with standing may present their positions in an adversarial proceeding (contradictorio) and fully produce evidence. Likewise, if the petitioner maintains that he had no knowledge of or participation in the alleged irregularities and, furthermore, that notwithstanding what occurred, the meter should not have been removed, he may file such motions as he deems appropriate with the service provider, through administrative channels or ordinary judicial proceedings. It is in those procedural venues that the ordinary authorities can analyze in detail the dates of the actions, the ownership of the property, the conditions of the purchase of the asset, the responsibilities of the persons involved, and the appropriateness or otherwise of the service connection.

For the foregoing reasons, the petition is dismissed.

IV.Documentation submitted to the file. The parties are hereby notified that, should they have submitted any paper documents or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this ruling. It is hereby noted that all material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the "Regulations on the Electronic File before the Judicial Branch" (approved by the Plenary Court in Article XXVI of Session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in Official Judicial Gazette No. 19 of January 26, 2012) and Art. LXXXI of Session of the Superior Council of the Judicial Branch No. 43-12 of May 3, 2012.

Therefore:

The petition is dismissed.

Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters south of the Iglesia del Perpetuo Socorro).

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EV Generación de Machote: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-016395-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUDEUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (Asada) SONAFLUCA DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

Resultando:

  1. 1Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de mayo de 2026, la persona accionante interpone recurso de amparo en contra de la Asada Sonafluca de La Fortuna de San Carlos. Manifiesta: “Mi intención no es generar conflicto con ninguna de las partes involucradas. Tanto con la ASADA como con el antiguo propietario del lote he tratado siempre de mantener una relación respetuosa. Mi único interés es poder ejercer mi derecho al acceso al agua potable y utilizar la propiedad que adquirí con tanto esfuerzo. Para adquirir este lote renuncié a los ahorros que había acumulado durante muchos años de trabajo y utilicé parte de mi fondo de retiro y préstamo de la CCSS. Era una decisión importante para mí, ya que la intención era construir algo pequeño y comenzar un proyecto personal de vida. Para poder avanzar con la compra, se me entregó una constancia emitida por la ASADA (AS‑SFSE‑2024‑025), en la cual se indicaba que existía un servicio asociado a la paja 1140.Esta constancia fue un elemento esencial para poder visar el plano y tomar la decisión de adquirir el terreno. De habérseme informado desde el inicio que no existía disponibilidad de agua o que dicha constancia no era válida, nunca habría realizado la compra ni comprometido mis recursos. Debido a que resido a más de cinco horas de distancia del lugar donde se ubica el lote, el antiguo propietario, el señor Nombre02, me ayudó con los pagos y trámites ante la ASADA como un favor práctico. En todo momento actué confiando en que estos se estaban realizando correctamente conforme a los procedimientos normales. Nunca tuve conocimiento de conflictos internos entre la ASADA y el antiguo propietario, ni participé en ninguna gestión irregular. En octubre de 2024 se realizaron pagos relacionados con la reinstalación o reconexión del servicio, y el día 16 de octubre la ASADA instaló el medidor en la propiedad.Sin embargo, al día siguiente el medidor fue retirado sin que mediara comunicación directa hacia mí. Posteriormente, la ASADA ha indicado que existen irregularidades en los trámites realizados, lo cual corresponde a un conflicto interno entre dicha entidad y el antiguo propietario. Sin embargo, este conflicto no tiene relación conmigo. Pese a ello, me encuentro directamente afectado, ya que adquirí el lote de buena fe basándome en una constancia emitida por la propia ASADA. Actualmente no puedo utilizar la propiedad adquirida, ya que no cuento con acceso al servicio de agua potable. Esto me genera una afectación real, tanto económica como personal, al no poder desarrollar el proyecto para el cual adquirí el lote, a pesar del esfuerzo económico realizado. (…) PETITORIA Solicito respetuosamente que se analice la situación expuesta y se protejan mis derechos fundamentales, a efectos de que se me brinde una solución justa y razonable respecto al acceso al servicio de agua potable para la propiedad adquirida”.
  2. 2Mediante resolución de las 7:33 horas de 28 de mayo de 2026, la Presidencia de la Sala dispuso: “De previo a resolver lo que proceda en el RECURSO DE AMPARO que se tramita en el expediente No. 26-016395-0007-CO, interpuesto por Nombre01, aporte la parte recurrente, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, la CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE DE ASADA Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, así como la DIRECCIÓN EXACTA del lugar señalado por su representante legal o agente residente para efectos de notificación, información que resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda, bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Se le advierte a la parte recurrente que no podrá aportar para dichos efectos un número de fax, ya que el recurrido podría ser notificado por ese medio, sólo si así lo hubiese autorizado previamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, así como tampoco podrá aportar la dirección de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico de comunicación, a menos que el propio recurrido haya solicitado de previo a esto la acreditación de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones Judiciales).De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho. Todo lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)”.
  3. 3El 28 de mayo de 2026, se aportó la personería jurídica de la Asada.
  4. 4Mediante resolución de las 13:30 horas de 28 de mayo de 2026, la Presidencia dispuso: “Por cumplida la prevención contenida en resolución de las siete horas treinta y tres minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiséis, que consta en el expediente electrónico, désele trámite a este recurso. Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-016395-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra la ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO RURAL DE SONAFLUCA DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS, se resuelve: en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen el director ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el representante legal de la ASADA Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: que adquirió un terreno para construcción de vivienda, y para avanzar con su compra se le entregó una constancia emitida por la ASADA accionada, número AS-SFSE-2024-025, en la cual se indicaba que existía un servicio asociado a la paja 1140, constancia que fue un elemento esencial para poder visar el plano y motivo por el que tomó la decisión de adquirir el bien inmueble.Expone que, por encontrarse a más de cinco horas de la ubicación del terreno adquirido, el antiguo propietario se ofreció a cancelar los montos por el servicio de agua potable ante la ASADA accionada, desconociendo en el momento los conflictos entre la ASADA y el antiguo propietario. Aduce que, en octubre de 2024, realizó pagos relacionados con la reinstalación o reconexión del servicio, y el día 16 de octubre la ASADA instaló el medidor en la propiedad. Sin embargo, al día siguiente el medidor fue retirado sin que mediara comunicación directa hacia su persona. Posteriormente, la ASADA le indicó que existían irregularidades en los trámites realizados, lo cual corresponde a un conflicto interno entre dicha entidad y el antiguo propietario. Conflicto que no tiene relación con el amparado; pese a lo anterior, se encuentra directamente afectado, al adquirir el lote de buena fe basándose en una constancia emitida por la propia ASADA.Actualmente, no puede utilizar la propiedad adquirida, ya que no cuenta con acceso al servicio de agua potable. Lo que le ha generado una afectación real, tanto económica como personal, al no poder desarrollar el proyecto para el cual adquirió el lote, a pesar del esfuerzo económico realizado. Tras lo cual, considera lesionados sus derechos fundamentales y solicita se declare con lugar el recurso con sus consecuencias”.
  5. 5Por escrito incorporado al expediente digital el 4 de junio de 2026, rinde informe José Darío Guzmán Álvarez, gerente general del ICAA, en los siguientes términos: “En relación con los hechos del escrito de interposición, ninguno de ellos refiere a mi representada, todos corresponden a supuestas actuaciones de la ASADA de Sonafluca. CONSIDERACIONES DE DERECHO El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha violentado derecho constitucional alguno del recurrente, pues ninguno de los hechos alegados hace referencia a mi representada. El actuar de AyA se ha ajustado al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y aplicable en relación con la problemática generalizada que presenta la ASADA de Sonafluca en cuanto a la incapacidad técnica, administrativa, financiera y operativa para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento que le fue dado en delegación según se evidencia en informe SG-GSD-2026-00478 de fecha 09 de abril del 2026 (ver prueba 01).Mediante memorando GG-2026-01192 de fecha 10 de abril de 2026 (ver prueba 02), esta Gerencia General sometió a conocimiento de la Junta Directiva de AyA la referida incapacidad de la ASADA de Sonafluca para la valoración por parte del órgano colegiado de gestionar una eventual revocación de la delegación y la rescisión del convenio suscrito con dicha Asociación. Una vez ejecutado el debido procedimiento administrativo sumario conforme disponen los artículos 36 y 97 del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales, decreto ejecutivo 42582-S-MINAE en concordancia con los artículos 320 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, la Junta Directiva de AyA adoptó el acuerdo AN-2026-0171 de fecha 13 de mayo del 2026 (ver prueba 03) en el cual se revocó la delegación del servicio público de agua potable suministrado por la Asociación Administradora de Acueducto Rural de Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, cédula jurídica número CED01 y consecuentemente, rescinde el convenio de delegación suscrito con AyA.Como una consecuencia lógica de la carencia de habilitación legal de la ASADA de Sonafluca para prestar el servicio de abastecimiento de agua potable, en el referido acuerdo (ver prueba 03) la Junta Directiva ordena a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos asumir la prestación directa del servicio en dicha comunidad. A lo largo de la ejecución del procedimiento sumario, se garantizó y se respetó el derecho a la defensa de la ASADA de Sonafluca poniendo en conocimiento de la referida Asociación, los informes técnicos que conformaban el expediente 2026-001-S. Asimismo, se conoció el descargo y oposición de dicha organización, así como los alegatos formulados en el recurso de reposición interpuesto. El Órgano Colegiado definió mantener la decisión adoptada mediante acuerdo de Junta Directiva de AyA número AN-2026-0171, con lo cual se dio por agotada la vía administrativa. En cumplimiento de lo dispuesto por el Órgano Colegiado, en memorando GG-2026-01577 de fecha 13 de mayo de 2026 (ver prueba 04), se instruyó la programación de la visita para el día 18 de mayo del 2026 para la referida ejecución.Sin embargo, tal y como consta en el acta administrativa levantada al efecto (ver prueba 05), existió oposición por parte de la Junta Directiva de la ASADA de Sonafluca y por ende, el AyA no se encuentra operando aún el sistema de acueducto de dicha comunidad. En este momento no existe un operador legalmente responsable del sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Sonafluca. Por un lado, la ASADA ha quedado inhabilitada legalmente para continuar con la operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de acueducto al haberse revocado la delegación y rescindido el convenio respectivo y, por otro lado, la Junta Directiva de la Asociación se ha opuesto a entregar el sistema al AyA (titular de dicha prestación y ente rector a nivel nacional), por lo que, no sólo el recurrente sino más de cuatro mil quinientas personas usuarias se encuentran en alto grado de vulnerabilidad al no contar con un operador legal a cargo del servicio público que pueda resolver su situación.Alude el recurrente que “en octubre de 2024 se realizaron pagos relacionados con la reinstalación o reconexión del servicio, y el día 16 de octubre la ASADA instaló el medidor en la propiedad. Sin embargo, al día siguiente el medidor fue retirado sin que mediara comunicación directa hacia mí. Posteriormente, la ASADA ha indicado que existen irregularidades en los trámites realizados, lo cual corresponde a un conflicto interno entre dicha entidad y el antiguo propietario. Sin embargo, este conflicto no tiene relación conmigo. Pese a ello, me encuentro directamente afectado, ya que adquirí el lote de buena fe basándome en una constancia emitida por la propia ASADA” (lo destacado es propio). Los artículos 100, 101, 102 y 103 del Reglamento de ASADAS, disponen que, en caso de inconformidades por parte de los usuarios, pueden interponer los recursos que establece la Ley General de la Administración Pública.Corresponde a la Junta Directiva de la Asociación resolver todos los recursos de revocatoria que se interpongan, contra los actos emanados por esa instancia y a esta Gerencia General, resolver los recursos de apelación se refieran a aspectos técnicos y operativos de los sistemas o incidan en la prestación del respectivo servicio. Sin embargo, para el caso concreto hasta tanto el AyA no logre asumir la prestación directa de los servicios en la comunidad de Sonafluca, nos es imposible cumplir con lo que dicta el ordenamiento jurídico en protección de los principios constitucionales de salud y vida. Si bien, esta Gerencia no tuvo conocimiento en sede administrativa de los hechos referidos propiamente por el recurrente a través de los mecanismos recursivos establecidos en la Ley General de la Administración Público, en memorando GSD-UEN-GAR-2025-05116 de fecha 19 de diciembre del 2025 (ver prueba 06), el Ing. José Antonio Arias Arias jefe de la Oficina Regional de Acueductos Rurales Huetar Norte, orientó al recurrente en los siguientes términos:“(…) Por su parte, el señor Nombre01, en su condición de actual propietario del inmueble y tercero directamente afectado, deberá canalizar sus gestiones por la vía administrativa ordinaria ante la Asada, solicitando información formal sobre de la situación administrativa actual del servicio de agua asociado a la propiedad y, en caso de no existir un derecho previamente reconocido, los requisitos, procedimientos y viabilidad técnica para una eventual solicitud de disponibilidad o incorporación al sistema, conforme a la normativa vigente y a la capacidad del acueducto (…) (lo destacado es propio).No es de sorprender lo referido por el recurrente en su escrito, respecto de que la ASADA de Sonafluca alude “irregularidades en los trámites realizados” ni tampoco, el que ejecute acciones como la colocación y retiro de un medidor- sin que en apariencia- se haya ejecutado el debido proceso establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios de AyA. Lamentablemente hasta tanto el AyA no asuma la prestación del servicio se hace imposible a mi representada enderezar o corregir posibles actuaciones irregulares de la ASADA. Dentro de las conclusiones de informe SG-GSD-2026-00478 de fecha 09 de abril del 2026 (ver prueba 01) que sustentó el procedimiento administrativo sumario que resultó en la revocación de la delegación y rescisión del convenio con la ASADA de Sonafluca, se indica lo siguiente: “(…) Se evidencian incumplimientos al Reglamento de ASADAS así como al Reglamento de Prestación de Servicios Públicos, y no por falta de acompañamiento técnico sino por la falta de gobernanza, cambios constantes en la junta y negativa de la Asada a cumplir con lo indicado por AyA como ente rector técnico.Los cambios constantes en los nombramientos de los cargos de Junta Directiva y Fiscalía de la ASADA, así como la inestabilidad en las contrataciones de Administradores, inclusive de personal operativo, no permite el seguimiento adecuado, afecta la toma de decisiones y el compromiso por parte de la comunidad para atender las necesidades que aquejan actualmente a la población (…) La gestión comercial actual es deficiente en la medida que ante la imposibilidad de otorgar nuevas disponibilidades han tolerado la permanencia de conexiones ilícitas y prácticas irregulares que contravienen la reglamentación vigente, pero además causan detrimento de los servicios actuales. Toda esta situación amerita que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el ejercicio rector según lo faculta la Ley Constitutiva, tome acciones al respecto y defina la ruta de solución a la problemática que presenta ya hace varios años el acueducto de Sonafluca, misma que el operador delegado (ASADA Sonafluca) no ha sido capaz de resolver.” (lo destacado es propio).Nótese que -si bien no ha existido pronunciamiento en sede administrativa sobre el caso del recurrente-, las actuaciones desajustadas al Reglamento de Prestación de Servicios de AyA en materia de gestión comercial, es una constante en la comunidad de Sonafluca y por ello es que este Instituto ha ejercido todas las facultades y competencias que el ordenamiento jurídico establece con la finalidad de solventar la incapacidad técnica, administrativa, operativa y financiera de la ASADA, a través de la operación directa del servicio público del cual AyA es el titular y ente rector a nivel nacional por ley. Se reitera que -al no existir un operador legalmente responsable del sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Sonafluca-, la situación planteada por el recurrente y por cualquier otra persona usuaria de dicha comunidad, no puede ser legítimamente resuelta por la ASADA, debido a que carece de habilitación legal para ello.En este sentido, es fundamental que le sea permitido al AyA entrar en operación del acueducto de la comunidad de Sonafluca en aras de satisfacer el derecho fundamental al acceso al agua potable, el derecho fundamental a la salud y la vida, tutelar efectivamente el interés público superior en la prestación del servicio y salvaguardar la seguridad jurídica de las personas usuarias (como lo es el recurrente), solventando las deficiencias técnicas, administrativas, operativas y financieras que se han acreditado en el proceso administrativo sumario instruido por la Junta Directiva de AyA en el expediente 2026-001. De lo expuesto en la argumentación de derecho, se concluye con absoluta claridad que este Instituto no ha violentado derecho constitucional alguno del recurrente, siendo que su actuar se ha ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente y aplicable conforme el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, número 6227.PRETENSIONES Con fundamento en lo expuesto en el presente informe, se solicita a la Honorable Sala Constitucional se ordene a la Junta Directiva de la ASADA de Sonafluca entregue el sistema de acueducto al AyA y con ello se ejecute el acuerdo AN-2026-0171 de fecha 13 de mayo de 2026, de manera tal que la prestación directa del servicio sea brindada por parte de AyA como titular y ente rector por ley, para solventar las problemáticas comerciales existentes en la comunidad y expuestas por el recurrente. Asimismo, se solicita declare sin lugar el recurso interpuesto en cuanto a AyA, no se condene en costas a este Instituto”.
  6. 6Por escrito incorporado al expediente digital el 4 de junio de 2026, contesta la audiencia Beatriz Céspedes Cortés, presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Sonafluca. Manifiesta: “les estamos haciendo llegar los documentos solicitados con relación a lo expuesto por el señor Nombre01, en la presentación de su recurso de amparo, documentos que van certificados por la señora María Cecilia Varela Venegas, secretaria de la Junta Directiva de la Asada de la cual consta nota adjunta. Debemos señalar con preocupación que en ninguna parte del alegato del señor Nombre01, se señala para demostrar su buena fe en la compra del terreno a Nombre02, la fecha en que se realizó la compra, lo que nos daría más certeza jurídica en que (sic) momento se dieron los acontecimientos que el señor Nombre01 reclama, pues no sabemos si fue un tema entre vendedor y comprador o efectivamente que al comprar "adquirió derechos" que como procederemos a explicar fueron un acto espurio llevado adelante por parte de Nombre02 para hacerse fraudulentamente de una disponibilidad de agua, aprovechando su condición de Fiscal de la Asada.Lo otro que nos preocupa mucho, es que no sabemos de cuál propiedad el señor Nombre01 habla, pues la que señala expresamente dice que está "inscrita bajo las citas 2024-038351-C" pero verificando ante el Registro Público no existe, como se ve en la imagen que incorporamos, entonces nos confunde porque no sabemos a qué propiedad se refiere, (…) Este asunto no es ajeno a esta Sala, pues el asunto que aquí se expone ya fue conocido y resuelto por la Sala Constitucional, ante recurso de amparo presentado por Nombre02 en su momento y que consta en el Expediente 24-033523-0007-CO, mediante la Resolución N° 2025-001319, donde esta Sala Constitucional emite un criterio preciso sobre las condiciones irregulares en que Nombre02 siendo Fiscal de la Junta y desarrollador urbanístico interesado, aprovecho su condición para que se le instalara una prevista sin aprobación de la Junta Directiva como corresponde y mediante una certificación espuria otorgada por quien fungí a como Administradora, sobrepasando sus facultades.Si queremos sen alar que el escrito presentado por el señor Nombre01 ante esta Sala, es omiso en sen alar de manera precisa la fecha de compra del terreno, para determinar si la compra del terreno fue de buena fe entre Nombre03 (sic) Inmediatamente conocida la irregularidad y la declaración del fontanero del engaño de que había sido objeto, se procedió retirar el servicio, bajo la supervisión del nuevo Administrador, como consta en los documentos que se presentan. Como esta Sala tiene conocimiento, quien tutela las disponibilidades de servicio de agua, es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (ICAA), quien establece y determina si una Asada puede otorgar disponibilidades de agua para los vecinos o los desarrollos urbanísticos, sobre todo para aquellas Asadas que -como la nuestra-, han firmado el Convenio de Delegación y que se regula por el Reglamento de Asadas elaborado por el ICAA, instrumento que determina cuáles son los derechos válidos, que sobre el agua establece nuestra Constitución Política, en su Artículo 50.No sobra decir, que para los desarrollos urbanísticos debe cumplirse con toda una normativa claramente definida por instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para estar legitimado para vender lotes de buena fe. Es decir, la Asada solo puede otorgar disponibilidades de agua, si hay autorización expresa del ICAA, que, como en este caso fue categórica la institución al referirse al asunto. Incluso, ante la pretensión de esta Asada de gestionar por humanidad la disponibilidad de agua para un grupo de personas altamente vulnerables, por su condición médica, de edad o para no perder un bono de vivienda, el ICAA fue categórico en que debíamos abandonar tal empeño, so pena de someternos a responsabilidades legales. Hoy, por nuestra persistencia y esfuerzo, hemos abierto una pequen a ventana para iniciar, mediante un convenio firmado con el ICAA, la entrega de un grupo de disponibilidades, para un desarrollador y para vecinos de la comunidad, los cuales llenaron documentos de solicitud desde el 2018 y han estado responsablemente a la espera de su disponibilidad, habiendo todos, sin excepción, comprado de buena fe, conocedores plenamente de que el ICAA se resiste, con razón o no, a hacer del Artículo 50 Constitucional un ejercicio pleno de los alcances que éste (sic) establece.Don Nombre01 no es una persona extraña en nuestras oficinas, él se ha acercado y le hemos expuesto la situación de la que fue víctima, cómo fue que actuó quien le vendió la propiedad y la resolución de la Sala Constitucional ante las pretensiones de que se hiciera valer un derecho de origen espurio. Estimadas señoras y señores Magistrados, nos manifestamos en la mejor disposición de atender cualquier tipo de información adicional que requieran o ampliar sobre las limitaciones a que nos arrincona el ICAA, en procura de que todos, sin excepción, tengamos acceso pleno al agua como lo establece nuestro Artículo 50 Constitucional”.
  7. 7Por escrito incorporado al expediente digital el 29 de junio de 2026, se apersona José Darío Guzmán Álvarez, gerente general del ICAA. Expone: “me presento a aportar como PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER la resolución 2026-004291 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea, a las once horas con veintiuno minutos del veintiséis de junio del dos mil veintiséis en la cual se declara con lugar la medida cautelar anticipada solicitada por este Instituto en contra de la ASADA de Sonafluca y se otorga la administración temporal del servicio de abastecimiento de agua potable al AyA en la referida comunidad”.
  8. 8En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.Sobre la admisibilidad del recurso de amparo contra sujeto de derecho privado. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 57, estipula en cuáles supuestos es admisible el amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, y señala que resulta admisible este tipo de demanda cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de hecho o de derecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2 inciso a) eiusdem. En el caso concreto se estima que el recurso es admisible, por cuanto la Asada recurrida presta un servicio público.

II.Objeto del recurso. La parte accionante indica que, para avanzar en la compra de un lote, se le entregó la constancia nro. AS-SFSE-2024-025 emitida por la Asada de Sonafluca, en la que se consignó que existía un servicio asociado a la paja nro. 1140. Menciona que lo anterior fue esencial para el visado del plano y tomar la decisión de adquirir el terreno, ya que, de lo contrario, nunca habría realizado la compra. Asevera que, como favor, el antiguo propietario (Nombre02) lo ayudó con los pagos y trámites ante la Asada. Manifiesta que en todo momento actuó confiando en que se los procedimientos se estaban llevando a cabo de manera normal. Asevera que nunca tuvo conocimiento de conflictos entre la Asada y el dueño previo, ni tampoco participó en “ninguna gestión irregular”. Sostiene que en octubre de 2024 se hicieron los pagos “relacionados con la reinstalación o reconexión del servicio” y, además, el 16 de ese mes se instaló el medidor en la propiedad; sin embargo, al día siguiente se retiró sin comunicación directa hacia su persona.

Refiere que, posteriormente, la Asada explicó que existen irregularidades en los trámites, pero ello es un conflicto entre esa asociación y el antiguo propietario. Afirma que adquirió el lote de buena fe con base en una constancia de la Asada. Reclama que no puede utilizar la propiedad, pues no cuenta con acceso al servicio de agua potable. Asevera que no puede llevar a cabo el proyecto para el cual adquirió el bien inmueble. Pide que se le brinde una solución justa y razonable con respecto al acceso al servicio de agua.

III. Hechos probados. De importancia para la resolución de este asunto se estiman como demostrados los siguientes hechos

  • a)El accionante, por oficio fechado 20 de enero de 2026 dirigido a la administradora de la Asada de Sonafluca, señaló: “I. ANTECEDENTES 1. El día 10 de junio del 2024, la ASADA emitió la Constancia de Disponibilidad de Agua ASF‑CT‑2024‑02, con vigencia hasta junio del 2025. 2. Con base en dicha disponibilidad, la Municipalidad de San Carlos aprobó el Visado del Plano V48157, 2024-038351-C. 3. Posteriormente, personal de la ASADA instaló el medidor de agua correspondiente en mi propiedad. 4. Sin embargo, por parte del Sr. Nombre02 me informa verbalmente que el medidor sería retirado por que la Asada alega inexistencia de disponibilidad, contradiciendo documentos oficiales emitidos previamente por esa misma ASADA. 5. Asimismo, se adjunta la constancia AS‑SFSE‑2024‑025, emitida por esa ASADA, en la cual se certifica que EXISTE UN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD, correspondiente a la paja N.º 1140.

Dicho documento sirvió como base para la aprobación del Visado Municipal del plano 2024‑038351‑C y constituye reconocimiento formal previo de la existencia del servicio. 6. Se adjuntan también los recibos oficiales N.º 132165 (10/10/2024) y N.º 132682 (17/10/2024), emitidos por esa ASADA por concepto de 'Instalación de prevista', ambos vinculados a la paja 1140 y al medidor 406399. Estos comprobantes constituyen actos administrativos de cobro formal que demuestran que la ASADA reconoció el servicio y procesó pagos oficiales, generando efectos jurídicos que no pueden ser desconocidos posteriormente sin resolución motivada. II. REFERENCIA A SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL La Sala Constitucional, en el expediente 24‑033523‑0007‑CO, evidenció contradicciones documentales internas dentro de la ASADA entre la constancia AS‑SFSE‑2024‑025 y un documento posterior del 31 de octubre de 2024. Asimismo, determinó que la ASADA violentó el derecho de petición al no responder una gestión formal y ordenó a la Presidenta emitir respuesta en tres días bajo apercibimiento penal.

Esta sentencia demuestra irregularidades administrativas recientes que afectan directamente mi caso. III. REFERENCIA A RESPUESTA DEL AyA (OFICIO GSD‑UEN‑GAR‑2025‑05116) Mediante oficio GSD‑UEN‑GAR‑2025‑05116, emitido el 19 de diciembre del 2025, el AyA indicó expresamente que esta situación debe resolverse en sede administrativa por parte de la ASADA, siendo obligación emitir una respuesta formal, motivada y fundamentada conforme a derecho. El AyA también reconoce mi condición de propietario y tercero directamente afectado, lo cual me legitima para solicitar formalmente la aclaración de la situación administrativa del servicio de agua asociado al lote. IV. DERECHO ADQUIRIDO Y PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA Los documentos emitidos por esa ASADA produjeron efectos jurídicos válidos (visado de plano, instalación de medidor). Su desconocimiento posterior carece de fundamento legal si no existe acto administrativo formal debidamente motivado.

V. SOLICITUDES 1. Restitución inmediata del medidor y del servicio de agua potable. 2. Entrega del acto administrativo formal y escrito que respalde la decisión de retirar el medidor. 3. Acceso al expediente administrativo del servicio. 4. Respeto a la disponibilidad vigente ASF‑CT‑2024‑02 y servicio existente AS-SFSE-2024- 025”. (Prueba aportada por la parte accionada y la Asada).

  • b)La presidenta de la Asada de Sonafluca, por oficio de 17 de marzo de 2026 dirigido al accionante, consignó: “(…) Asunto: Respuesta formal a reclamo administrativo y solicitud de certificación - Paja No. 1140 Oficio ASADA-SFJD-007-2026. Referencia: Reclamo administrativo del 20 de enero de 2026 y solicitud de certificación del 16 de marzo de 2026, ambos suscritos por usted. Estimado señor Nombre01: En atención a las comunicaciones de referencia, la Junta Directiva de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Sonafluca (ASADA Sonafluca), cédula jurídica CED01, le brinda la siguiente respuesta formal y motivada, conforme lo exigen la Ley General de la Administración Pública, el artículo 27 constitucional y el derecho de petición. I. Sobre los antecedentes del caso Esta ASADA ha revisado exhaustivamente el expediente administrativo relacionado con la paja N.° 1140 y los documentos que usted invoca como fundamento de sus solicitudes.

De dicha revisión se desprenden los siguientes hechos determinantes: 1. Titularidad de los documentos: La constancia AS-SFSE-2024-025 del 12 de agosto de 2024, que usted cita como sustento de sus derechos, fue emitida a nombre del señor Nombre02 , y no a nombre de usted. Dicha constancia fue tramitada por el señor Nombre02 ante esta ASADA, sin que mediara autorización de la Junta Directiva. 2. Constancia de disponibilidad: La constancia de disponibilidad de agua ASF-CT-2024-02 del 10 de junio de 2024 fue igualmente tramitada en el contexto del proceso gestionado por el señor Nombre02. Ninguno de estos documentos fue emitido a su nombre ni como resultado de una gestión directa suya ante esta ASADA. 3. Instalación y retiro del medidor: El medidor N.° 406399 fue instalado el 16 de octubre de 2024 y retirado al día siguiente, 17 de octubre de 2024, al determinarse que la activación del servicio de la paja 1140 no contaba con la aprobación formal de la Junta Directiva de esta ASADA, requisito indispensable conforme al Reglamento de ASADAS y a los procedimientos internos establecidos.

Los montos cobrados mediante los recibos N.° 132165 y N.° 132682 fueron reintegrados al señor Nombre02 según comprobante N.° 25445555. 4. Irregularidad en la emisión de la constancia: La constancia AS-SFSE-2024-025 fue emitida por la administradora del acueducto en funciones a la fecha, señora Yefrini González Calderón, sin contar con la autorización de la Junta Directiva de esta ASADA. Dicha actuación se realizó al margen del procedimiento regular establecido, lo que vicia de irregularidad el documento desde su origen. 5. Transferencia del lote: La transferencia de propiedad del lote entre el señor Nombre02 y usted no conlleva, automáticamente, la transferencia del derecho al servicio de agua potable asociado a la paja N.° 1140, toda vez que ese servicio nunca fue formalmente aprobado por la Junta Directiva ni inscrito regularmente en los registros de esta ASADA. (…) III. Sobre la respuesta al reclamo administrativo del 20 de enero de 2026 Usted señala en su solicitud del 16 de marzo de 2026 no haber recibido respuesta a su reclamo administrativo del 20 de enero de 2026.

Esta ASADA hace constar que el 3 de febrero de 2026, dentro del plazo legal, trasladó formalmente el expediente de la paja No. 1140 al Área Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en su calidad de ente rector del sector, con el fin de obtener criterio técnico-jurídico vinculante antes de emitir una resolución definitiva. Dicho traslado constituyó la respuesta institucional de esta ASADA a su reclamo. Traslado al AyA documentado El 03 de febrero de 2026, esta ASADA trasladó formalmente el expediente de la paja No. 1140 al Área Jurídica del AyA. La presente respuesta se emite en complemento a ese traslado y una vez que esta Junta Directiva ha tenido oportunidad de revisar el expediente completo. IV. Sobre la restricción de caudal vigente Esta ASADA se encuentra bajo una restricción formal para el otorgamiento de nuevas disponibilidades de agua, Esta restricción se mantiene vigente en tanto no se concluya el proceso de interconexión de algunas fuentes.

Adicionalmente, conforme a la normativa vigente, cuando el lote que solicita el servicio forma parte de un proyecto de desarrollo o urbanización, corresponde al desarrollador presentar el estudio técnico de disponibilidad hídrica ante el AyA, siendo este requisito previo e indispensable para que esta ASADA pueda otorgar el servicio. Esta condición es aplicable a su caso. V. Respuesta formal a cada punto de su solicitud Posición de la ASADA Con fundamento en los hechos y consideraciones expuestos en los apartados anteriores, la Junta Directiva de ASADA Sonafluca resuelve denegar las solicitudes presentadas, por las razones que se detallan a continuación. 6. 1. Restitución del medidor y del servicio: Se deniega. La paja No. 1140 no puede ser restituida ni reactivada en las condiciones actuales, por cuanto: (a) el servicio nunca fue formalmente aprobado por la Junta Directiva. (b) existe una restricción de caudal vigente reconocida por el AyA.

(c) la titularidad de los documentos que sustentaron la instalación original corresponde al señor Nombre02, no a usted. La restitución del medidor requeriría, como mínimo, que se levante la restricción de caudal, que el desarrollador del proyecto presente el estudio técnico correspondiente ante el AyA y que se obtenga la aprobación formal de la Junta Directiva. 7. 2. Acto administrativo motivado que respalda el retiro del medidor: Se atiende parcialmente. El acto administrativo que respalda el retiro del medidor es la decisión de la Junta Directiva de esta ASADA de no avalar una activación de servicio realizada sin su autorización, en un contexto de restricción de caudal. La constancia AS-SFSE-2024-025 fue emitida irregularmente por la administradora en funciones sin autorización de la Junta Directiva, por lo que carece del respaldo institucional requerido. Este es el fundamento técnico y jurídico del retiro. 8. 3.

Acceso al expediente administrativo: Se atiende. Esta ASADA le hace saber que tiene derecho a acceder al expediente administrativo de la paja No. 1140 conforme al artículo 30 de la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública. Para ejercer ese derecho, le solicitamos coordinar una cita con la administración de esta ASADA en horario hábil, aportando su cédula de identidad y acreditando su vínculo con el inmueble mediante documento de propiedad. 9. 4. Respeto a la disponibilidad vigente ASF-CT-2024-02: Se deniega. La constancia de disponibilidad ASF-CT-2024-02 fue emitida en un contexto anterior a la determinación de irregularidad del proceso. La restricción de caudal actualmente vigente prevalece sobre cualquier constancia de disponibilidad emitida previamente, conforme a los procedimientos regulatorios del AyA. El levantamiento de esa restricción depende de la conclusión del proceso de interconexión de otras fuentes. 10. 5.

Certificación del estado de la paja 1140: Se atiende. Esta respuesta constituye la certificación del estado del expediente de la paja No. 1140: el servicio se encuentra inactivo, la paja está registrada en los archivos de esta ASADA pero sin activación formal aprobada por la Junta Directiva. El expediente completo está disponible para revisión conforme a lo indicado en el punto 3. Recomendación de la ASADA Esta ASADA le recomienda coordinar con el desarrollador del proyecto (señor Nombre02) para que presente el estudio técnico de disponibilidad hídrica ante el AyA, que es el requisito previo indispensable para que esta ASADA pueda evaluar cualquier solicitud de servicio para lotes en ese proyecto. Sin ese estudio, no es posible avanzar en ninguna gestión de disponibilidad”. (Prueba aportada por la parte accionante y la Asada).

IV.Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte accionante indica que, para avanzar en la compra de un lote, se le entregó la constancia nro. AS-SFSE-2024-025 emitida por la Asada de Sonafluca, en la que se consignó que existía un servicio asociado a la paja nro. 1140. Menciona que lo anterior fue esencial para el visado del plano y tomar la decisión de adquirir el terreno, ya que, de lo contrario, nunca habría realizado la compra. Asevera que, como favor, el antiguo propietario (Nombre02) lo ayudó con los pagos y trámites ante la Asada. Manifiesta que en todo momento actuó confiando en que se los procedimientos se estaban llevando a cabo de manera normal. Asevera que nunca tuvo conocimiento de conflictos entre la Asada y el dueño previo, ni tampoco participó en “ninguna gestión irregular”. Sostiene que en octubre de 2024 se hicieron los pagos “relacionados con la reinstalación o reconexión del servicio” y, además, el 16 de ese mes se instaló el medidor en la propiedad; sin embargo, al día siguiente se retiró sin comunicación directa hacia su persona.

Refiere que, posteriormente, la Asada explicó que existen irregularidades en los trámites, pero ello es un conflicto entre esa asociación y el antiguo propietario. Afirma que adquirió el lote de buena fe con base en una constancia de la Asada. Reclama que no puede utilizar la propiedad, pues no cuenta con acceso al servicio de agua potable. Asevera que no puede llevar a cabo el proyecto para el cual adquirió el bien inmueble. Pide que se le brinde una solución justa y razonable con respecto al acceso al servicio de agua.

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que el accionante, por oficio fechado 20 de enero de 2026 dirigido a la administradora de la Asada de Sonafluca, señaló: “I. ANTECEDENTES 1. El día 10 de junio del 2024, la ASADA emitió la Constancia de Disponibilidad de Agua ASF‑CT‑2024‑02, con vigencia hasta junio del 2025. 2. Con base en dicha disponibilidad, la Municipalidad de San Carlos aprobó el Visado del Plano V48157, 2024-038351-C. 3. Posteriormente, personal de la ASADA instaló el medidor de agua correspondiente en mi propiedad. 4. Sin embargo, por parte del Sr. Nombre02 me informa verbalmente que el medidor sería retirado por que la Asada alega inexistencia de disponibilidad, contradiciendo documentos oficiales emitidos previamente por esa misma ASADA. 5. Asimismo, se adjunta la constancia AS‑SFSE‑2024‑025, emitida por esa ASADA, en la cual se certifica que EXISTE UN SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD, correspondiente a la paja N.º 1140.

Dicho documento sirvió como base para la aprobación del Visado Municipal del plano 2024‑038351‑C y constituye reconocimiento formal previo de la existencia del servicio. 6. Se adjuntan también los recibos oficiales N.º 132165 (10/10/2024) y N.º 132682 (17/10/2024), emitidos por esa ASADA por concepto de 'Instalación de prevista', ambos vinculados a la paja 1140 y al medidor 406399. Estos comprobantes constituyen actos administrativos de cobro formal que demuestran que la ASADA reconoció el servicio y procesó pagos oficiales, generando efectos jurídicos que no pueden ser desconocidos posteriormente sin resolución motivada. II. REFERENCIA A SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL La Sala Constitucional, en el expediente 24‑033523‑0007‑CO, evidenció contradicciones documentales internas dentro de la ASADA entre la constancia AS‑SFSE‑2024‑025 y un documento posterior del 31 de octubre de 2024. Asimismo, determinó que la ASADA violentó el derecho de petición al no responder una gestión formal y ordenó a la Presidenta emitir respuesta en tres días bajo apercibimiento penal.

Esta sentencia demuestra irregularidades administrativas recientes que afectan directamente mi caso. III. REFERENCIA A RESPUESTA DEL AyA (OFICIO GSD‑UEN‑GAR‑2025‑05116) Mediante oficio GSD‑UEN‑GAR‑2025‑05116, emitido el 19 de diciembre del 2025, el AyA indicó expresamente que esta situación debe resolverse en sede administrativa por parte de la ASADA, siendo obligación emitir una respuesta formal, motivada y fundamentada conforme a derecho. El AyA también reconoce mi condición de propietario y tercero directamente afectado, lo cual me legitima para solicitar formalmente la aclaración de la situación administrativa del servicio de agua asociado al lote. IV. DERECHO ADQUIRIDO Y PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA Los documentos emitidos por esa ASADA produjeron efectos jurídicos válidos (visado de plano, instalación de medidor). Su desconocimiento posterior carece de fundamento legal si no existe acto administrativo formal debidamente motivado.

V. SOLICITUDES 1. Restitución inmediata del medidor y del servicio de agua potable. 2. Entrega del acto administrativo formal y escrito que respalde la decisión de retirar el medidor. 3. Acceso al expediente administrativo del servicio. 4. Respeto a la disponibilidad vigente ASF‑CT‑2024‑02 y servicio existente AS-SFSE-2024- 025”. La presidenta de la Asada de Sonafluca, por oficio de 17 de marzo de 2026 dirigido al accionante, consignó: “(…) Asunto: Respuesta formal a reclamo administrativo y solicitud de certificación - Paja No. 1140 Oficio ASADA-SFJD-007-2026. Referencia: Reclamo administrativo del 20 de enero de 2026 y solicitud de certificación del 16 de marzo de 2026, ambos suscritos por usted. Estimado señor Nombre01: En atención a las comunicaciones de referencia, la Junta Directiva de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Sonafluca (ASADA Sonafluca), cédula jurídica CED01, le brinda la siguiente respuesta formal y motivada, conforme lo exigen la Ley General de la Administración Pública, el artículo 27 constitucional y el derecho de petición.

I. Sobre los antecedentes del caso Esta ASADA ha revisado exhaustivamente el expediente administrativo relacionado con la paja N.° 1140 y los documentos que usted invoca como fundamento de sus solicitudes. De dicha revisión se desprenden los siguientes hechos determinantes: 1. Titularidad de los documentos: La constancia AS-SFSE-2024-025 del 12 de agosto de 2024, que usted cita como sustento de sus derechos, fue emitida a nombre del señor Nombre02 , y no a nombre de usted. Dicha constancia fue tramitada por el señor Nombre02 ante esta ASADA, sin que mediara autorización de la Junta Directiva. 2. Constancia de disponibilidad: La constancia de disponibilidad de agua ASF-CT-2024-02 del 10 de junio de 2024 fue igualmente tramitada en el contexto del proceso gestionado por el señor Nombre02. Ninguno de estos documentos fue emitido a su nombre ni como resultado de una gestión directa suya ante esta ASADA. 3.

Instalación y retiro del medidor: El medidor N.° 406399 fue instalado el 16 de octubre de 2024 y retirado al día siguiente, 17 de octubre de 2024, al determinarse que la activación del servicio de la paja 1140 no contaba con la aprobación formal de la Junta Directiva de esta ASADA, requisito indispensable conforme al Reglamento de ASADAS y a los procedimientos internos establecidos. Los montos cobrados mediante los recibos N.° 132165 y N.° 132682 fueron reintegrados al señor Nombre02 según comprobante N.° 25445555. 4. Irregularidad en la emisión de la constancia: La constancia AS-SFSE-2024-025 fue emitida por la administradora del acueducto en funciones a la fecha, señora Yefrini González Calderón, sin contar con la autorización de la Junta Directiva de esta ASADA. Dicha actuación se realizó al margen del procedimiento regular establecido, lo que vicia de irregularidad el documento desde su origen. 5.

Transferencia del lote: La transferencia de propiedad del lote entre el señor Nombre02 y usted no conlleva, automáticamente, la transferencia del derecho al servicio de agua potable asociado a la paja N.° 1140, toda vez que ese servicio nunca fue formalmente aprobado por la Junta Directiva ni inscrito regularmente en los registros de esta ASADA. (…) III. Sobre la respuesta al reclamo administrativo del 20 de enero de 2026 Usted señala en su solicitud del 16 de marzo de 2026 no haber recibido respuesta a su reclamo administrativo del 20 de enero de 2026. Esta ASADA hace constar que el 3 de febrero de 2026, dentro del plazo legal, trasladó formalmente el expediente de la paja No. 1140 al Área Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en su calidad de ente rector del sector, con el fin de obtener criterio técnico-jurídico vinculante antes de emitir una resolución definitiva.

Dicho traslado constituyó la respuesta institucional de esta ASADA a su reclamo. Traslado al AyA documentado El 03 de febrero de 2026, esta ASADA trasladó formalmente el expediente de la paja No. 1140 al Área Jurídica del AyA. La presente respuesta se emite en complemento a ese traslado y una vez que esta Junta Directiva ha tenido oportunidad de revisar el expediente completo. IV. Sobre la restricción de caudal vigente Esta ASADA se encuentra bajo una restricción formal para el otorgamiento de nuevas disponibilidades de agua, Esta restricción se mantiene vigente en tanto no se concluya el proceso de interconexión de algunas fuentes. Adicionalmente, conforme a la normativa vigente, cuando el lote que solicita el servicio forma parte de un proyecto de desarrollo o urbanización, corresponde al desarrollador presentar el estudio técnico de disponibilidad hídrica ante el AyA, siendo este requisito previo e indispensable para que esta ASADA pueda otorgar el servicio.

Esta condición es aplicable a su caso. V. Respuesta formal a cada punto de su solicitud Posición de la ASADA Con fundamento en los hechos y consideraciones expuestos en los apartados anteriores, la Junta Directiva de ASADA Sonafluca resuelve denegar las solicitudes presentadas, por las razones que se detallan a continuación. 6. 1. Restitución del medidor y del servicio: Se deniega. La paja No. 1140 no puede ser restituida ni reactivada en las condiciones actuales, por cuanto: (a) el servicio nunca fue formalmente aprobado por la Junta Directiva. (b) existe una restricción de caudal vigente reconocida por el AyA. (c) la titularidad de los documentos que sustentaron la instalación original corresponde al señor Nombre02, no a usted. La restitución del medidor requeriría, como mínimo, que se levante la restricción de caudal, que el desarrollador del proyecto presente el estudio técnico correspondiente ante el AyA y que se obtenga la aprobación formal de la Junta Directiva. 7. 2.

Acto administrativo motivado que respalda el retiro del medidor: Se atiende parcialmente. El acto administrativo que respalda el retiro del medidor es la decisión de la Junta Directiva de esta ASADA de no avalar una activación de servicio realizada sin su autorización, en un contexto de restricción de caudal. La constancia AS-SFSE-2024-025 fue emitida irregularmente por la administradora en funciones sin autorización de la Junta Directiva, por lo que carece del respaldo institucional requerido. Este es el fundamento técnico y jurídico del retiro. 8. 3. Acceso al expediente administrativo: Se atiende. Esta ASADA le hace saber que tiene derecho a acceder al expediente administrativo de la paja No. 1140 conforme al artículo 30 de la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública. Para ejercer ese derecho, le solicitamos coordinar una cita con la administración de esta ASADA en horario hábil, aportando su cédula de identidad y acreditando su vínculo con el inmueble mediante documento de propiedad. 9. 4.

Respeto a la disponibilidad vigente ASF-CT-2024-02: Se deniega. La constancia de disponibilidad ASF-CT-2024-02 fue emitida en un contexto anterior a la determinación de irregularidad del proceso. La restricción de caudal actualmente vigente prevalece sobre cualquier constancia de disponibilidad emitida previamente, conforme a los procedimientos regulatorios del AyA. El levantamiento de esa restricción depende de la conclusión del proceso de interconexión de otras fuentes. 10. 5. Certificación del estado de la paja 1140: Se atiende. Esta respuesta constituye la certificación del estado del expediente de la paja No. 1140: el servicio se encuentra inactivo, la paja está registrada en los archivos de esta ASADA pero sin activación formal aprobada por la Junta Directiva. El expediente completo está disponible para revisión conforme a lo indicado en el punto 3. Recomendación de la ASADA Esta ASADA le recomienda coordinar con el desarrollador del proyecto (señor Nombre02) para que presente el estudio técnico de disponibilidad hídrica ante el AyA, que es el requisito previo indispensable para que esta ASADA pueda evaluar cualquier solicitud de servicio para lotes en ese proyecto. Sin ese estudio, no es posible avanzar en ninguna gestión de disponibilidad”.

Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, se descarta alguna situación que, en este momento, amerite la intervención de la Sala.

Atinente al sub examine, este Tribunal, en la sentencia nro. 2025001319 de las 9:20 horas de 17 de enero de 2025, dispuso:

“V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que tiene una prevista para la instalación del servicio de agua potable en su propiedad, identificada con la paja nro. 1140. Señala que el 10 de octubre de 2024, la Asada recurrida le hizo un cobro por la reconexión de la prevista, y el 15 de ese mismo mes se le reinstaló el medidor respectivo. Sin embargo, acusa que al día siguiente (16 de octubre), la presidenta de la Asada ordenó la inmediata desinstalación del servicio. Solicita se ordene a la parte accionada proceder con la reinstalación del servicio. (…)

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que el 16 de octubre de 2024, un fontanero de la Asada recurrida instaló un medidor en la propiedad del accionante; sin embargo, el 17 de octubre de 2024 la Asada ordenó la desinstalación del medidor, toda vez que la conexión del servicio no contaba con la aprobación de la junta directiva. En la constancia nro. AS-SFSE-2024-025 de 12 de agosto de 2024, la administradora de la Asada recurrida indicó: “Existe un servicio de agua potable instalado al frente de la propiedad. No hay disponibilidad de sistema de alcantarillado sanitario al frente de la propiedad. El servicio existente corresponde a la paja N° 1140, registrado a nombre de, Nombre02 (…)”. Sin embargo, en la constancia de 31 de octubre de 2024, suscrita por la presidenta, el administrador y el fontanero de la Asada recurrida, se consigna: “Este documento hace constar que quien revisó la existencia del medidor que alega Nombre02 fue el señor Félix Ángel Ledezma Arce para la elaboración de la constancia N° AS-SFSE-2024-025 quien da fe y nos afirma que NO existía medidor en el momento de la inspección, y tampoco un servicio de agua potable instalado.”. (…)

En primer lugar, si bien el accionante solicita a este Tribunal que le ordene a la Asada recurrida la reinstalación del medidor para obtener el servicio pretendido, de los autos se advierte que la situación atañe a un conflicto de legalidad ordinaria, que excede las competencias de esta Sala.

Al respecto, si bien por un lado el recurrente acusa que la asociación recurrida ordenó la desinstalación de un medidor que ya se había puesto en su propiedad, no menos cierto es que, por su parte, la presidenta de la Asada recurrida explica que el tutelado, quien incluso fue miembro de la junta directiva de esa asociación, requirió de manera espuria al fontanero que realizara la instalación del medidor, lo cual arguye que se trató de un acto fraudulento, pues no se cuenta con el suficiente caudal para otorgar disponibilidades de agua y no era posible brindar el servicio. En ese tanto, argumenta la asociación recurrida que el amparado se aprovechó de su investidura, que utilizó una constancia que es falsa y nula, y que, en definitiva, realizó una instalación ilegítima, por lo que se procedió a ordenar la desinstalación que se acusa en el sub iudice.

Así las cosas, debe advertirse que la determinación respecto del cumplimiento de requisitos para el otorgamiento del servicio pretendido, así como la determinación del posible acto fraudulento que refiere la parte accionada, constituyen aspectos que exceden la naturaleza sumaria de este recurso de amparo. De tal manera, establecer si en el caso concreto resulta procedente la instalación, o bien, la desinstalación del medidor de marras, constituye un conflicto de legalidad que deberá ventilarse ante las instancias administrativas o jurisdiccionales comunes competentes, sedes en las que se podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto.

Ergo, se declara sin lugar el recurso en relación con este extremo”.

Sobre el particular, esta Cámara, en el precedente transcrito ut supra, ya se pronunció sobre los hechos vinculados con la paja de agua nro. 1140 y la constancia nro. AS-SFSE-2024-025, así como con instalación y desinstalación ocurrida en octubre de 2024. Justamente, tal y como se indicó, esos extremos son propios de ser discutidos en las vías ordinarias, donde las partes legitimadas pueden someter a contradictorio su posición y evacuar de forma amplia pruebas. De igual manera, si el recurrente sostiene que no tuvo conocimiento ni participación en las presuntas irregularidades y, además que, pese a lo ocurrido, no se le debía retirar el medidor, puede formular las gestiones que estime pertinentes ante el prestador del servicio, en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria. En ese sentido, es en tales cauces procesales donde las autoridades comunes pueden analizar con detalle las fechas de las actuaciones, la titularidad del inmueble, las condiciones de la compra del bien, las responsabilidades de las personas involucradas y la procedencia o no de la conexión del servicio.

Por las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso.

IV.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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