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Res. 26871-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/07/2026
OutcomeResultado
The Sala Constitucional dismissed the amparo outright because petitioners failed to provide sufficient comparative parameters to establish a prima facie equality violation; Justice Rueda Leal dissented and would have admitted the case.La Sala Constitucional rechazó de plano el amparo por no haber aportado los recurrentes parámetros de comparación suficientes para acreditar una violación al principio de igualdad; el magistrado Rueda Leal salvó el voto y ordenó cursar el amparo.
SummaryResumen
The Sala Constitucional dismissed outright an amparo filed by the APRAN Association — comprising shore fishers who hand-line fish from the Puntarenas cruise pier — against INCOPESCA fishing ban decree AJDIP/101-2026 for the period May–July 2026. The petitioners alleged that, while regulations provide IMAS subsidies for artisanal fishers during the ban, their members were excluded, constituting discrimination contrary to Article 33 of the Constitution. The majority held that the petitioners failed to provide sufficient comparative parameters to establish a prima facie equality violation, and that disputes over which categories of fishers must comply with the ban belong before administrative tribunals, not the constitutional court. The Court reaffirmed the State's duty to protect hydrobiological resources under Article 50. Justice Rueda Leal dissented, concluding the situation could implicate rights to work, equality, environment, and commercial freedom.La Sala Constitucional rechazó de plano el recurso de amparo interpuesto por la Asociación APRAN —integrada por pescadores de orilla del muelle de cruceros de Puntarenas que practican pesca con cuerda en mano— contra el decreto de veda AJDIP/101-2026 emitido por la junta directiva de INCOPESCA para el período mayo–julio 2026. Los recurrentes alegaban que, si bien la normativa prevé subsidios del IMAS para pescadores artesanales durante la veda, sus agremiados quedaron excluidos, lo cual constituía discriminación contraria al artículo 33 constitucional. La mayoría del Tribunal estimó que no se aportaron parámetros de comparación suficientes para acreditar prima facie la violación al principio de igualdad, y que las disputas sobre qué categorías de pescadores deben cumplir la veda corresponden a la sede administrativa, no a la constitucional. La Sala reafirmó el deber del Estado de proteger los recursos hidrobiológicos conforme al artículo 50 constitucional. El magistrado Rueda Leal salvó el voto considerando que la situación podía afectar los derechos al trabajo, la igualdad, el ambiente y la libertad de comercio.
Key excerptExtracto clave
III.- Protection of hydrobiological resources. Various reasons compel the State to make its best efforts to adequately protect its vast territorial sea, exclusive economic zone, and inland waters. On one hand, it has an unavoidable duty to ensure the preservation of the environment, which of course includes adopting the measures necessary to prevent damage to marine and aquatic ecosystems in general, protecting the species of living beings that inhabit those environments, preventing contamination of the seas and inland waters, and reacting firmly against actions that threaten the integrity of the aquatic environment. If the petitioner challenges the legality of the resolution and which types of fishers must comply with the imposed ban, that is a conflict outside the competence of this Constitutional Court, as this forum is not the appropriate venue to question the timeliness and convenience of the adopted measure; rather, it is in the administrative forum where the propriety of the fishing ban must be debated. This Court has indicated that in those cases where a violation of Article 33 of the Political Constitution is alleged, it is not enough for the petitioner to assert that two subjects have been treated differently to prove a breach of that constitutional norm; the party alleging a violation of this principle is obligated to provide ab initio sufficient elements that suggest — with a reasonable degree of probability — that an unjustified differential treatment has been given to equal situations.III.- La protección de los recursos hidrobiológicos. Diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio ambiente acuático. Si el accionante cuestiona la legalidad del acuerdo y cuáles tipos de pescadores deben cumplir con la veda impuesta, ello es un conflicto ajeno al ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por no ser esta sede la idónea para cuestionar la oportunidad y conveniencia de la medida adoptada, sino que será en sede administrativa en donde se discuta la procedencia de la veda impuesta en la pesca. esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales.
Pull quotesCitas destacadas
"debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente. Los frutos de ese desarrollo no deben quedar en manos de unos pocos actores, sino que debe permitirse a los pequeños y medianos productores beneficiarse del acceso a los medios de subsistencia y enriquecimiento."
"The Administration must promote a sustainable use of natural resources, thereby enabling the country to develop economically without compromising the integrity of the environment. The fruits of that development must not remain in the hands of a few actors; small and medium producers must be allowed to benefit from access to means of subsistence and enrichment."
Considerando II — Sentencia 2004-10484 citada
"debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente. Los frutos de ese desarrollo no deben quedar en manos de unos pocos actores, sino que debe permitirse a los pequeños y medianos productores beneficiarse del acceso a los medios de subsistencia y enriquecimiento."
Considerando II — Sentencia 2004-10484 citada
"no se infieren elementos suficientes –ni siquiera indiciarios- que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad. En conclusión, de lo reclamado no se desprende alguna posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto."
"Sufficient elements — not even circumstantial ones — can be inferred that would indicate a possible violation of the principle of equality. In conclusion, what is claimed does not reveal any possible violation of fundamental rights that would allow admission for full review on the merits."
Considerando II — ratio del rechazo
"no se infieren elementos suficientes –ni siquiera indiciarios- que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad. En conclusión, de lo reclamado no se desprende alguna posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto."
Considerando II — ratio del rechazo
"estimo que lo acusado implica aspectos de relevancia constitucional y admisibles de ser conocidos ante esa Sala, ante la eventual lesión a varios derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la igualdad, al ambiente y a la libertad de comercio."
"I believe that what is alleged implies aspects of constitutional relevance that are admissible before this Court, given the potential violation of several constitutional rights, such as the right to work, equality, a healthy environment, and freedom of commerce."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"estimo que lo acusado implica aspectos de relevancia constitucional y admisibles de ser conocidos ante esa Sala, ante la eventual lesión a varios derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la igualdad, al ambiente y a la libertad de comercio."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"el artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado."
"Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal persons are not holders of the rights enshrined in that treaty."
Voto salvado Rueda Leal — OC-22/16 de la CIDH
"el artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado."
Voto salvado Rueda Leal — OC-22/16 de la CIDH
Full documentDocumento completo
Document Review CASE FILE CED01 PROCEEDINGS: WRIT OF AMPARO (RECURSO DE AMPARO) RESOLUCIÓN Nº 2026026871 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty-five minutes on the seventeenth of July, two thousand and twenty-six.
Writ of amparo filed by Nombre01, national identity number (cédula de identidad) CED02, in his capacity as legal representative of the Association APRAN, against NO EXPLICITLY INDICATED PARTY.
Background:
Drafted by Justice (Magistrado) Castillo Víquez; and,
Considering:
The petitioner claims to be the representative of the Association APRAN and expresses disagreement with fishing ban decree AJDIP/101-2026 issued by the INCOPESCA board of directors, alleging a violation of his members' right to equality, inasmuch as they have been left without the IMAS economic subsidy.
In a matter similar to the one at hand, judgment No. 2021-014045 of 13:33 hours on June 18, 2021, the majority of the Constitutional Tribunal decided to summarily dismiss the writ, based on the following reasoning:
"(…) I.- Subject matter of the writ. The petitioner claims that he is being prohibited from fishing during the ban period, despite being an artisanal fisherman who causes no environmental harm, thereby violating his fundamental rights.
II.On the specific case. Before addressing the merits, the Chamber considers it necessary to recall that the writ of amparo has been instituted solely to provide timely protection against violations of, or imminent threats to, fundamental rights and freedoms. Therefore, in general, its admissibility is conditioned not only on demonstrating the existence of a disturbance—or threat of disturbance—to one or more of the rights or guarantees set forth in the Political Constitution or in the international human rights instruments ratified by the country, but also on showing that the alleged harm constitutes a direct and flagrant threat to or breach of those rights, one whose urgent nature does not permit waiting for ordinary judicial remedies to take effect. Its purpose is not the review of legality, which, in accordance with our legal system, rests with the corresponding administrative bodies and ordinary courts through the procedures established for that purpose. In the specific case, what is being challenged is a resolution (acuerdo) adopted by INCOPESCA to declare a fishing ban. Regarding the authority to impose restrictions on the exploitation of marine resources, the Chamber has ruled, in the relevant part:
'III.- Protection of hydrobiological resources (recursos hidrobiológicos). Several reasons compel the State to make its best efforts to adequately protect its vast territorial sea (mar territorial), exclusive economic zone (zona económica exclusiva), and internal waters. On one hand, it has an inescapable duty to ensure the preservation of the environment, which of course includes adopting whatever measures are necessary to prevent damage to marine and aquatic ecosystems in general, to protect the species inhabiting those environments, to prevent pollution of the seas and internal waters, and to respond forcefully to any actions threatening the integrity of the aquatic environment. Likewise, the State is equally compelled by the Political Constitution to guarantee decent and sufficient means of subsistence for all its inhabitants, seeking an adequate distribution of the wealth generated.
In that context, the Administration must promote the sustainable use of natural resources, thereby enabling the country to develop economically without compromising the integrity of the environment. The fruits of such development must not remain in the hands of a few actors; small and medium-sized producers must be allowed to benefit from access to the means of subsistence and enrichment. The Chamber understands this to be the spirit generally animating the draft Fisheries and Aquaculture Law, legislative bill (expediente legislativo) number 15.065. On one hand, the aim is to protect an ecosystem essential to the survival of the biosphere. At the same time, it recognizes that fisheries and aquaculture constitute lawful economic activities of great importance to the food security of the population and generators of considerable benefits for those engaged in them and for the country; however, given the sensitivity and importance of the environment in which they take place, they must be subject to strict regulation.
It also proceeds from the need to defend the public heritage, particularly with respect to the hydrobiological resources belonging to the Nation as public goods (bienes públicos).' (Judgment No. 2004-10484 of 9:52 hours on September 24, 2004).
These criteria apply to the specific case, since it is evidently the responsibility of the State, acting through the respondent Institute, to adopt the necessary measures to protect the integrity, conservation, and rational and sustainable use of the country's resources, thereby fulfilling the mandate contained in constitutional Article 50.
If the plaintiff challenges the legality of the resolution and which categories of fishermen must comply with the imposed fishing ban, that dispute falls outside the scope of this Constitutional Tribunal's jurisdiction, since this is not the appropriate forum to question the appropriateness and advisability of the measure adopted; rather, the merits of the imposed fishing ban shall be debated in administrative proceedings (sede administrativa). (See also judgments Nos. 2005007332 of 15:11 hours on June 14, 2005; 2011008904 of 15:29 hours on July 5, 2011; and 2020009640 of 9:10 hours on May 26, 2020).
Finally, regarding the allegation that unequal treatment is being applied because only large-scale commercial fishermen are provided a subsidy from IMAS, this Chamber has held that in cases where a violation of Article 33 of the Political Constitution is alleged, it is not sufficient for the petitioning party to assert that two parties have been treated differently in order to establish a breach of the constitutional provision, since the party alleging a violation of this principle is obligated to provide ab initio sufficient elements suggesting—with a reasonable degree of probability—that an unjustified differential treatment has been applied to identical situations. That is, no sufficient elements—not even circumstantial ones—can be inferred that would indicate a possible violation of the principle of equality. In conclusion, the claims made do not reveal any possible violation of fundamental rights that would warrant the admission of this matter for substantive review.
Por tanto:
The writ is summarily dismissed. Justice Rueda Leal dissents and orders the amparo to proceed.— JUSTICE RUEDA LEAL DISSENTS AND ORDERS THE AMPARO TO PROCEED. In the sub lite, the petitioning party claims that, through decree No. AJDID/090-2021, adopted at the session of April 14, 2021, the JAPDEVA board of directors established a total fishing ban from June 1 to August 31, 2021, from 'Punta Torres known as el Peñón, to the lighthouse of Isla Negritos to the outside, and from there to the eastern part of Punta Cuchillos on the Nicoya peninsula, and from that line inland to the mouth of the río Tempisque.' In this regard, the petitioner considers the right to equality to have been violated, since, as claimed, shore fishermen, sport fishermen, and artisanal fishermen do not receive any type of subsidy during the fishing ban, while large-scale commercial fishermen, who cause damage to the environment and ecosystems, are provided one by IMAS.
The petitioner argues feeling discriminated against, precisely because he is a hand-line fisherman, and furthermore sells his catch to provide for his family. The petitioner also mentions a contradiction in the decree, whereby, on one hand, certain species are protected and, on the other, their fishing is authorized. Additionally, the petitioner claims that the decree was not announced through any national media outlet but only via internet, a technology that most fishermen do not master or lack entirely. In this regard, contrary to the majority's position, I consider that what is alleged raises matters of constitutional relevance admissible before this Chamber, given the potential violation of several constitutional rights, including the right to work, the right to equality, the right to a healthy environment, and the freedom of commerce. Therefore, in order to verify or rule out a violation of such rights, additional elements of knowledge are required, which is why I dissent and order this amparo to proceed. (…)" (Emphasis and underlining added.)
In the sub iudice, the petitioning party does not provide elements of evidence or comparative benchmarks that would allow for an assessment of the alleged violation of the right to equality; consequently, the writ must be summarily dismissed on the basis of the foregoing considerations, as is hereby ordered.
I must note that since judgment No. 2019002355 of 9:30 hours on February 12, 2019, my position regarding writs of amparo filed on behalf of a legal entity (persona jurídica) has been as follows:
"…in Advisory Opinion (Opinión Consultiva) 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights stated that while some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions—such as trade unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups—the fact remains that 'Article 1.2 of the American Convention (Convención Americana) only enshrines rights in favor of natural persons (personas físicas), and therefore legal entities are not holders of the rights enshrined in that treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Nombre03 and others v. Venezuela); however, for this to be protected before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a mere link between the two persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, rather than of legal entities, are effectively being protected.
Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, in such a way that the participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (Emphasis added) (OC. 22/16)." In the sub lite, the writ is filed by the representative of the Association of Entrepreneurial Fishermen Renewed in Action against the provisions of fishing ban decree AJDIP/101-2026, on the grounds that it violates the right to equality of its members. I consider that, given the legal nature of this association, there exists an essential relationship between the alleged harm to the legal entity and the potential violation affecting a natural person.
Now, in the sub examine, I respectfully depart from the majority's position, as I did in judgment No. 2021014045 of 13:33 hours on June 18, 2021, cited by the majority, in which I stated:
"JUSTICE RUEDA LEAL DISSENTS AND ORDERS THE AMPARO TO PROCEED. In the sub lite, the petitioning party claims that, through decree No. AJDID/090-2021, adopted at the session of April 14, 2021, the JAPDEVA board of directors established a total fishing ban from June 1 to August 31, 2021, from 'Punta Torres known as el Peñón, to the lighthouse of Isla Negritos to the outside, and from there to the eastern part of Punta Cuchillos on the Nicoya peninsula, and from that line inland to the mouth of the río Tempisque.' In this regard, the petitioner considers the right to equality to have been violated, since, as claimed, shore fishermen, sport fishermen, and artisanal fishermen do not receive any type of subsidy during the fishing ban, while large-scale commercial fishermen, who cause damage to the environment and ecosystems, are provided one by IMAS. The petitioner argues feeling discriminated against, precisely because he is a hand-line fisherman, and furthermore sells his catch to provide for his family.
The petitioner also mentions a contradiction in the decree, whereby, on one hand, certain species are protected and, on the other, their fishing is authorized. Additionally, the petitioner claims that the decree was not announced through any national media outlet but only via internet, a technology that most fishermen do not master or lack entirely. In this regard, contrary to the majority's position, I consider that what is alleged raises matters of constitutional relevance admissible before this Chamber, given the potential violation of several constitutional rights, including the right to work, the right to equality, the right to a healthy environment, and the freedom of commerce. Therefore, in order to verify or rule out a violation of such rights, additional elements of knowledge are required, which is why I dissent and order this amparo to proceed." In the sub examine, consistent with the above line of reasoning, I dissent, as I consider that the situation described could violate the petitioning party's rights to work, equality, a healthy environment, and freedom of commerce.
I therefore find it necessary to obtain additional elements of knowledge in order to verify or rule out whether, in the instant case, any constitutionally rooted violation of the fundamental rights of the protected party occurred that would warrant this Tribunal's intervention.
IV.Documentation submitted to the case file. The parties are hereby notified that if any paper documents, objects, or evidence contained in any additional electronic, computing, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the court office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena at session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The writ is summarily dismissed. Justice Rueda Leal dissents and orders the amparo to proceed.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Phone numbers: Telf01 / ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2026026871 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad n.° CED02, en su condición de representante legal de la Asociación APRAN, contra NO INDICA EXPRESAMENTE.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
El recurrente dice ser representante de la Asociación APRAN, manifiesta su disconformidad con el decreto de veda AJDIP/101-2026 emitido por la Junta Directiva de INCOPESCA, por la violación a su derecho a la igualdad, toda vez que, a sus agremiados se les ha dejado sin el subsidio económico del IMAS.
En un asunto similar al que aquí se plantea, sentencia n.° 2021-014045 de las 13:33 horas del 18 de junio de 2021, la mayoría del Tribunal Constitucional dispuso rechazar de plano el recurso, con base en el siguiente orden de consideraciones:
“(…) I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que se le está prohibiendo pescar en tiempo de veda, a pesar de que ser pescador artesanal y no causa ningún daño al ambiente, violentando sus derechos fundamentales.
II.Sobre el caso concreto. De previo a entrar en materia, la Sala considera necesario recordar que el recurso de amparo ha sido instituido únicamente para brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales. De ahí que, en general, su procedencia esté condicionada no sólo a que se acredite la existencia de una turbación -o amenaza de turbación- a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país; sino a que, además, el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos, que por su carácter apremiante no permita esperar a que surtan efecto los remedios jurisdiccionales ordinarios. Su objeto no es el control de legalidad que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra en manos de las instancias administrativas correspondientes y de los jueces ordinarios, mediante los procedimientos previstos para tal propósito. En el caso concreto, se cuestiona un acuerdo adoptado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura para declarar una veda para la pesca. Sobre las facultades de imponer limitaciones a la explotación de los recursos marítimos, ha resuelto la Sala en lo conducente:
"III.- La protección de los recursos hidrobiológicos. Diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio ambiente acuático. Asimismo, el Estado está igualmente compelido por la Constitución Política a garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada.
En ese contexto, debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente. Los frutos de ese desarrollo no deben quedar en manos de unos pocos actores, sino que debe permitirse a los pequeños y medianos productores beneficiarse del acceso a los medios de subsistencia y enriquecimiento. Entiende la Sala que ese es el espíritu que anima en general el proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura, expediente legislativo número 15.065. Por un lado, se busca tutelar un ecosistema esencial para la sobrevivencia de la biosfera. Al mismo tiempo, reconoce que la actividad pesca y acuicultura constituyen actividades económicas lícitas y de gran importancia para la salud alimentaria de la población y generadoras de considerables beneficios para quienes a ellas se dedican y para el país, pero que por la delicadeza e importancia del medio en que se desarrollan, deben estar sometidas a una estricta regulación.
Parte asimismo de la necesidad de defender el patrimonio público, en particular en lo concerniente a los recursos hidrobiológicos que le pertenecen a la Nación en su condición de bienes públicos." (Sentencia n° 2004-10484 de las 9:52 hrs. del 24 de setiembre de 2004).
Estos criterios son aplicables al caso concreto, pues evidentemente le corresponde al Estado, a través de Instituto accionado, adoptar las medidas necesarias tendientes a tutelar la integridad, protección y uso racional y sustentable de los recursos de nuestro país, cumpliendo así con el mandato contenido en el artículo 50 constitucional.
Si el accionante cuestiona la legalidad del acuerdo y cuáles tipos de pescadores deben cumplir con la veda impuesta, ello es un conflicto ajeno al ámbito de competencias de este Tribunal Constitucional, por no ser esta sede la idónea para cuestionar la oportunidad y conveniencia de la medida adoptada, sino que será en sede administrativa en donde se discuta la procedencia de la veda impuesta en la pesca. (En igual sentido ver sentencias números 2005007332 de las 15:11 horas del 14 de junio de 2005, 2011008904 de las 15:29 horas del 5 de julio de 2011 y 2020009640 de las 9:10 horas del 26 de mayo de 2020).
Por último, en cuanto al alegato que se le está dando un trato desigual, ya que solo a los pescadores comerciales a gran escala se les brinda un subsidio otorgado por el IMAS, esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales. Es decir, no se infieren elementos suficientes –ni siquiera indiciarios- que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad. En conclusión, de lo reclamado no se desprende alguna posible lesión a derechos fundamentales que permita la admisión a estudio de fondo de este asunto.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena dar curso al amparo.- EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y CURSA EL AMPARO. En el sub lite, la parte recurrente acusa que, mediante decreto n.º AJDID/090-2021, tomado en la sesión del 14 de abril de 2021, la junta directiva de JAPDEVA estableció una veda de pesca total del 1º de junio al 31 de agosto de 2021, desde “Punta Torres conocida como el Peñón, al faro de la Isla Negritos afuera, y de ahí hasta la parte Este de Punta Cuchillos en la península de Nicoya, y de esa línea aguas adentro hasta la desembocadura del río tempisque”. Al respecto, el petente estima lesionado el derecho a la igualdad, toda vez que, según reclama, los pescadores de orilla, deportivos y artesanales no reciben algún tipo de subsidio durante la veda, mientras que a los comerciales a gran escala, quienes causan daño al ambiente y a los ecosistemas, el IMAS les brinda uno.
En este sentido, arguye sentirse discriminado, ya que, justamente, él es un pescador de cuerda en mano; además, lo que pesca lo vende para llevar sustento a su familia. Por otro lado, menciona que existe una contradicción en el decreto, toda vez que, por un lado, se protegen determinadas especies y, por otro, se autoriza su pesca. Sumado a ello, acusa que este decreto no fue notificado por ningún medio de comunicación nacional, sino vía internet, tecnología que la mayoría de pescadores no domina o de la que del todo carece. Al respecto, contrario al criterio de la mayoría, estimo que lo acusado implica aspectos de relevancia constitucional y admisibles de ser conocidos ante esa Sala, ante la eventual lesión a varios derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la igualdad, al ambiente y a la libertad de comercio. Por ende, a fin de acreditar o descartar la lesión a tales derechos, se requiere de mayores elementos de conocimiento, motivo por el cual salvo el voto y curso este amparo. (…)” (El destacado y subrayado es propio).
En el sub iudice la parte recurrente no aporta elementos de juicio o parámetros de comparación que permitan entrar a valorar la supuesta lesión al derecho a la igualdad, en consecuencia, procede rechazar de plano este recurso con base en las consideraciones precitadas, como en efecto se dispone.
Debo advertir que desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo, cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:
“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre03 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
En el sub lite, el recurso es interpuesto por el representante de la Asociación de Pescadores Emprendedores Renovados en Acción en contra de lo dispuesto en el decreto de veda AJDIP/101-2026, por considerar que lesiona el derecho a la igualdad de sus agremiados, considero que, por la naturaleza jurídica de esta, existe una relación esencial entre la argüida afectación a una persona jurídica y la eventual lesión a una física.
Ahora bien, en el sub examine, respetuosamente me separo del criterio de mayoría, como lo hice en la sentencia nro. 2021014045 de las 13:33 horas del 18 de junio de 2021 citada por la mayoría, en la que indiqué:
“EL MAGISTRADO RUEDA LEAL SALVA EL VOTO Y CURSA EL AMPARO. En el sub lite, la parte recurrente acusa que, mediante decreto n.º AJDID/090-2021, tomado en la sesión del 14 de abril de 2021, la junta directiva de JAPDEVA estableció una veda de pesca total del 1º de junio al 31 de agosto de 2021, desde “Punta Torres conocida como el Peñón, al faro de la Isla Negritos afuera, y de ahí hasta la parte Este de Punta Cuchillos en la península de Nicoya, y de esa línea aguas adentro hasta la desembocadura del río tempisque”. Al respecto, el petente estima lesionado el derecho a la igualdad, toda vez que, según reclama, los pescadores de orilla, deportivos y artesanales no reciben algún tipo de subsidio durante la veda, mientras que a los comerciales a gran escala, quienes causan daño al ambiente y a los ecosistemas, el IMAS les brinda uno. En este sentido, arguye sentirse discriminado, ya que, justamente, él es un pescador de cuerda en mano; además, lo que pesca lo vende para llevar sustento a su familia.
Por otro lado, menciona que existe una contradicción en el decreto, toda vez que, por un lado, se protegen determinadas especies y, por otro, se autoriza su pesca. Sumado a ello, acusa que este decreto no fue notificado por ningún medio de comunicación nacional, sino vía internet, tecnología que la mayoría de pescadores no domina o de la que del todo carece. Al respecto, contrario al criterio de la mayoría, estimo que lo acusado implica aspectos de relevancia constitucional y admisibles de ser conocidos ante esa Sala, ante la eventual lesión a varios derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la igualdad, al ambiente y a la libertad de comercio. Por ende, a fin de acreditar o descartar la lesión a tales derechos, se requiere de mayores elementos de conocimiento, motivo por el cual salvo el voto y curso este amparo.”.
En el sub examine, de forma consecuente con la línea mencionada, salvo el voto toda vez que considero que la situación expuesta podría vulnerar los derechos al trabajo, a la igualdad, al ambiente y a la libertad de comercio de la parte recurrente. De ahí que estimo necesario contar con más elementos de conocimiento a los efectos comprobar o descartar si en la especie acaeció alguna lesión de raigambre constitucional de los derechos fundamentales de la parte amparada que amerite la intervención de este Tribunal.
IV.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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