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Res. 26652-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/07/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber rejected the amparo outright as premature — the two-month LGAP Art. 261 deadline had not elapsed since the municipal complaint — and because the petitioner improperly sought to have the Chamber act as a complaint-processing body in substitution of the active administration.La Sala Constitucional rechazó de plano el recurso de amparo por ser prematuro — no había vencido el plazo de dos meses del artículo 261 LGAP desde la denuncia municipal — y por pretender que la Sala sustituyera a la administración activa como instancia tramitadora de denuncias ambientales.
SummaryResumen
A resident of Purral, Goicoechea, filed a constitutional amparo against the Municipalidad de Goicoechea alleging the municipality's failure to address an illegal open-air dump 350 meters from his home, invoking constitutional rights to health and a healthy environment (Art. 50). The petitioner had lodged a complaint through the municipal ombudsman's online portal on June 13, 2026 and, receiving no response, filed the amparo on July 2, 2026. The Constitutional Chamber rejected the amparo outright on two grounds: the action was premature because the two-month period under Art. 261 LGAP had not elapsed, leaving the municipality still within its allotted time to respond; and the Chamber cannot serve as a generic complaint-processing body for environmental matters, since doing so would require it to substitute for the active administration — a role incompatible with the summary nature of constitutional jurisdiction.Un vecino de Purral, Goicoechea, interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Goicoechea alegando omisión en atender un botadero clandestino a cielo abierto situado a 350 metros de su residencia, con afectación al derecho constitucional a la salud y a un ambiente sano (artículo 50). El recurrente había denunciado la situación mediante la Contraloría de Servicios municipal el 13 de junio de 2026 y, sin recibir respuesta, presentó el amparo el 2 de julio de 2026. La Sala Constitucional rechazó de plano el recurso por dos razones: primero, el amparo era prematuro porque no había transcurrido el plazo de dos meses que el artículo 261 de la LGAP concede a la Administración para resolver; segundo, la Sala no puede fungir como instancia tramitadora de denuncias ambientales ni sustituir a la administración activa, pues ello es incompatible con la naturaleza sumaria de la jurisdicción constitucional y las competencias propias de cada despacho público.
Key excerptExtracto clave
In the present case, while an exceptional situation is raised that could potentially be protected by this Chamber — as it relates to an alleged violation of public health and the environment — the amparo is in fact premature, because the complaint whose lack of action and resolution is challenged was filed on June 13, 2026, and the amparo was filed on July 2, 2026, that is, less than one month after the complaint was lodged. Accordingly, it cannot be said that an excessive or unreasonable period has elapsed without the respondent authority resolving the matter, since the two-month deadline established by Article 261 of the General Law of Public Administration has not yet run, meaning the respondent authorities were still within the period to render a final decision. Secondly, the purpose of the amparo is to provide timely protection against direct violations of or threats to fundamental rights and freedoms — not to serve as a generic instrument for channeling requests of other kinds. Therefore, it cannot be argued that, through the amparo mechanism, the Constitutional Chamber should act as a mere complaint-processing body for environmental matters, since doing so would not only require complex evidentiary proceedings incompatible with the summary nature of this forum, but would also directly substitute for administrative will and supplant public offices in the management of matters within their competence. Neither does it fall to this Court to investigate the facts, gather evidence, determine the municipality's liability, or impose sanctions or measures, as these are functions proper to the Administration whose disputes must be resolved through the ordinary legal channels.Ahora bien, en el caso concreto, si bien se plantea un supuesto de excepción, que eventualmente podría ser tutelado por esta Sala, pues está relacionado con una presunta afectación a la salud pública y al ambiente, lo cierto es que, el amparo resulta prematuro, pues la gestión cuya falta de acción y solución se reclama en este amparo, se presentó el 13 de junio de 2026 y el amparo se presentó el 02 de julio de 2026, es decir, menos de un mes después de presentada la denuncia, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable, sin que la autoridad recurrida resuelva, toda vez que, no ha transcurrido el plazo de dos meses que dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que las autoridades recurridas aún se encontraban en plazo para resolver en definitiva su gestión. En segundo lugar, la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas directas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones de otros tipos. En virtud de lo anterior, no puede pretenderse que, por la vía del amparo, la Sala Constitucional haga las veces de una mera instancia tramitadora de denuncias en materia ambiental, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Tampoco le compete a este Tribunal investigar los hechos, recabar prueba, determinar la responsabilidad del municipio, ni imponer sanciones o medidas, por cuanto se trata de una labor propia de la Administración cuyos diferendos deben dirimirse en la vía legal ordinaria.
Pull quotesCitas destacadas
"el amparo resulta prematuro, pues la gestión cuya falta de acción y solución se reclama en este amparo, se presentó el 13 de junio de 2026 y el amparo se presentó el 02 de julio de 2026, es decir, menos de un mes después de presentada la denuncia, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable."
"The amparo is premature, since the complaint whose lack of action and resolution is challenged was filed on June 13, 2026, and the amparo was filed on July 2, 2026 — that is, less than one month after the complaint was lodged — so it cannot be considered that an excessive or unreasonable period has elapsed."
Considerando II
"el amparo resulta prematuro, pues la gestión cuya falta de acción y solución se reclama en este amparo, se presentó el 13 de junio de 2026 y el amparo se presentó el 02 de julio de 2026, es decir, menos de un mes después de presentada la denuncia, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable."
Considerando II
"no puede pretenderse que, por la vía del amparo, la Sala Constitucional haga las veces de una mera instancia tramitadora de denuncias en materia ambiental, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia."
"It cannot be argued that, through the amparo mechanism, the Constitutional Chamber should act as a mere complaint-processing body for environmental matters, since doing so would not only require complex evidentiary proceedings incompatible with the summary nature of this forum, but would also directly substitute for administrative will and supplant public offices in the management of matters within their competence."
Considerando II
"no puede pretenderse que, por la vía del amparo, la Sala Constitucional haga las veces de una mera instancia tramitadora de denuncias en materia ambiental, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia."
Considerando II
"Tampoco le compete a este Tribunal investigar los hechos, recabar prueba, determinar la responsabilidad del municipio, ni imponer sanciones o medidas, por cuanto se trata de una labor propia de la Administración cuyos diferendos deben dirimirse en la vía legal ordinaria."
"Neither does it fall to this Court to investigate the facts, gather evidence, determine the municipality's liability, or impose sanctions or measures, as these are functions proper to the Administration whose disputes must be resolved through the ordinary legal channels."
Considerando II
"Tampoco le compete a este Tribunal investigar los hechos, recabar prueba, determinar la responsabilidad del municipio, ni imponer sanciones o medidas, por cuanto se trata de una labor propia de la Administración cuyos diferendos deben dirimirse en la vía legal ordinaria."
Considerando II
"la acumulación de residuos y botaderos clandestinos constituyen focos de contaminación incompatibles con el artículo 50 constitucional cuando las autoridades competentes no ejercen adecuadamente sus potestades de control y saneamiento."
"The accumulation of waste and clandestine dumps constitute sources of contamination incompatible with Article 50 of the Constitution when the competent authorities do not adequately exercise their powers of control and sanitation."
Resultando 1 — alegatos del recurrente citando jurisprudencia previa de la Sala
"la acumulación de residuos y botaderos clandestinos constituyen focos de contaminación incompatibles con el artículo 50 constitucional cuando las autoridades competentes no ejercen adecuadamente sus potestades de control y saneamiento."
Resultando 1 — alegatos del recurrente citando jurisprudencia previa de la Sala
Full documentDocumento completo
Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty-five minutes on the fourteenth of July of two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed by Nombre01, national identity card (cédula de identidad) number CED01; against the MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.
Background:
Drafted by Justice Castillo Víquez; and,
Considering:
The petitioner states that he resides in Purral and that 350 meters from his home there is a vacant lot, in front of which an open-air dump of garbage and waste of every kind has formed, thereby becoming a clandestine open-air dumping site. Despite the Municipality having full knowledge of this problem and holding express legal competencies in the area of integral waste management, environmental sanitation, and public health protection, it has failed to take effective, timely, and immediate actions to eliminate the dump, collect the waste, and prevent new accumulations of garbage, thereby engaging in an omissive administrative conduct contrary to the principles of efficiency, continuity, and legality that govern public functions. He states that on June 13, 2026, he filed a complaint through the municipality's official website by completing an online form. However, as of the date of filing this amparo, no response has been issued to him. He considers that the foregoing infringes his fundamental rights to health and to a healthy environment. He requests that the respondent be ordered to immediately proceed with the comprehensive cleanup of the site and to adopt measures of surveillance, control, and prevention to avoid new accumulations of waste.
Having reviewed the claims and petitions of the petitioner, it is necessary to clarify, in the first place, that the right of petition (derecho de petición), established in Article 27 of the Constitution, understood as the right of every citizen to address in writing any public official or official entity for the purpose of presenting a matter of personal interest, refers to pure and simple requests for information, in which case the response must ordinarily be provided within 10 business days of receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and other applicable regulations. Unlike pure and simple petitions, there are other situations in which Article 27 of the Constitution, strictly speaking, does not apply, but rather Article 41 of the Fundamental Charter (Carta Fundamental): "By resorting to the laws, all persons must find redress for injuries or damages received to their person, property, or moral interests.
Justice must be rendered promptly, fully, without denial, and in strict conformity with the laws"; a position adopted in Article 3 of the Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, according to which requests, claims, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system has established a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated by said law are not subject to the right of petition. In that regard, except for special deadlines established by law, the deadlines set forth in the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) apply. Nevertheless, beginning with vote number 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) — with some exceptions — those matters in which the question is whether a public authority has complied with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative procedures, in order to resolve by final administrative act (acto final) an administrative proceeding — initiated ex officio or at the request of a party — or to consider applicable administrative remedies.
Now, in the present case, while an exceptional situation is raised that could potentially be protected by this Chamber, since it relates to an alleged impact on public health and the environment, the fact remains that the writ of amparo is premature, because the administrative filing whose lack of action and resolution is challenged in this amparo was submitted on June 13, 2026, and the amparo was filed on July 2, 2026, that is, less than one month after the complaint was submitted, and therefore it cannot be considered that an excessive and unreasonable period of time has elapsed without the respondent authority resolving the matter, given that the two-month period provided for in Article 261 of the Ley General de la Administración Pública had not yet elapsed, meaning the respondent authorities were still within the legally allotted time to render a final decision on the filing.
In the second place, the purpose of the writ of amparo is to provide timely protection against direct violations or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as a general instrument for channeling other types of petitions. Accordingly, it cannot be expected that, through amparo proceedings, the Constitutional Chamber act as a mere processing body for environmental complaints, since this would not only require complex evidentiary proceedings incompatible with the summary nature of this forum (sede), but would also directly substitute the administrative will and supplant public offices in the management of matters within their competence. For this reason, the Chamber has declined to hear complaints of this type directly. In this regard, it must be noted that the corresponding complaints must be formally filed in writing before the competent authorities in order to present a matter of personal interest. It should be noted that this does not mean that the Chamber requires exhaustion of administrative remedies, but simply acknowledges that, as stated above, this jurisdiction cannot directly substitute the active Administration.
In the present case, the petitioner seeks to have this Chamber, in the absence of a response to his complaint, issue an order to the municipality to proceed with the cleanup of the site and adopt surveillance measures. While the respective complaint was filed, the fact remains that a reasonable period of time has not elapsed for the respondent authority to follow the procedure and issue the appropriate resolution. On the contrary, the petitioner is seeking to have this Chamber act as a complaint-processing body and replace the administration in the management of its competencies, which is outside the scope of this specialized jurisdiction. Nor does it fall within this Tribunal's competence to investigate the facts, gather evidence, determine the municipality's liability, or impose sanctions or measures, as these are tasks proper to the Administration, whose disputes must be resolved through ordinary legal channels (vía legal ordinaria).
Under these circumstances, the writ is inadmissible.
The petitioner is hereby notified that if any paper documents have been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, such materials must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The writ is dismissed outright.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección03, Dirección04, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del catorce de julio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad número CED01; contra la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
El recurrente manifiesta que reside en Purral y a 350 metros de su casa existe un lote baldío y frente a ese inmueble se ha formado un botadero de basura y de desechos de toda índole, por lo que se ha convertido en un tiradero clandestino a cielo abierto. Pese a que la Municipalidad tiene pleno conocimiento de dicha problemática y ostenta competencias legales expresas en materia de gestión integral de residuos, saneamiento ambiental y protección de la salud pública, ha omitido adoptar acciones efectivas, oportunas e inmediatas para eliminar el botadero, recolectar los residuos y prevenir nuevas acumulaciones de basura, incurriendo así en una actuación administrativa omisiva contraria a los principios de eficiencia, continuidad y legalidad que rigen la función pública. Refiere que el 13 de junio de 2026 interpuso una denuncia a través del sitio web oficial de la municipalidad, donde completó un formulario. Sin embargo, a la fecha de interposición de este amparo no se le ha resuelto. Estima que lo anterior lesiona sus derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano. Solicita que se ordene a la recurrida que, de manera inmediata proceda con la limpieza integral del botadores y se adopten las medidas de vigilancia, control y prevención para evitar una nueva acumulación de desechos.
Vistos los reclamos y pretensiones de la parte recurrente, es preciso aclarar en primer término que, que el derecho de petición, establecido en el ordinal 27 constitucional, entendido como la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, se refiere a peticiones puras y simples de información, en cuyo caso normalmente la respuesta deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. A diferencia de las peticiones puras y simples, existen otros supuestos, en los que el artículo 27 Constitucional, en sentido estricto, no es el aplicable, sino el numeral 41 de la Carta Fundamental: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.
Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”; tesis que fue recogida en el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, según el cual no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, reclamos, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley. En sentido, salvo plazos especiales que establezca la ley, se aplican los plazos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325). No obstante, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones—– aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo —incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes.
Ahora bien, en el caso concreto, si bien se plantea un supuesto de excepción, que eventualmente podría ser tutelado por esta Sala, pues está relacionado con una presunta afectación a la salud pública y al ambiente, lo cierto es que, el amparo resulta prematuro, pues la gestión cuya falta de acción y solución se reclama en este amparo, se presentó el 13 de junio de 2026 y el amparo se presentó el 02 de julio de 2026, es decir, menos de un mes después de presentada la denuncia, por lo que no puede considerarse que haya transcurrido un plazo excesivo e irrazonable, sin que la autoridad recurrida resuelva, toda vez que, no ha transcurrido el plazo de dos meses que dispone el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que las autoridades recurridas aún se encontraban en plazo para resolver en definitiva su gestión.
En segundo lugar, la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas directas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones de otros tipos. En virtud de lo anterior, no puede pretenderse que, por la vía del amparo, la Sala Constitucional haga las veces de una mera instancia tramitadora de denuncias en materia ambiental, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. De allí que la Sala se haya negado a conocer directamente denuncias de este tipo. En este sentido, debe mencionarse que las correspondientes denuncias deben ser presentadas formalmente por escrito, ante las autoridades competentes en la materia con el fin de exponer un asunto de su interés. Tómese en cuenta que esto último no significa que la Sala exija agotar la vía administrativa, sino la simple aceptación de que, como se dijo anteriormente, esta jurisdicción no puede sustituir directamente a la Administración activa.
En el presente caso, el recurrente pretende que, ante la falta de respuesta a su denuncia, esta Sala emita una orden a la municipalidad para que proceda a la limpieza del lugar y tome medidas de vigilancia. Si bien, se planteó la respectiva denuncia, lo cierto es que no ha transcurrido un plazo prudencial para que la autoridad recurrida siga el procedimiento y resuelva lo que corresponda. Por el contrario, pretende que esta Sala funja como instancia tramitadora de denuncias y reemplace a la administración en la gestión de sus competencias, lo que resulta ajeno a las competencias de esta jurisdicción especializada. Tampoco le compete a este Tribunal investigar los hechos, recabar prueba, determinar la responsabilidad del municipio, ni imponer sanciones o medidas, por cuanto se trata de una labor propia de la Administración cuyos diferendos deben dirimirse en la vía legal ordinaria.
Así las cosas, el recurso resulta inadmisible.
Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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