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Res. 25682-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/07/2026
OutcomeResultado
The Court denied the amparo, finding that the geographic scope of the municipal moratorium falls outside amparo's summary jurisdiction, that no unreasonable delay in organizing the requested plebiscite was established, and that no prior unanswered petition to AyA had been filed to trigger any institutional obligation.La Sala rechazó el amparo al concluir que la delimitación territorial de la moratoria municipal excede la competencia sumaria del recurso, que no hubo mora irrazonable respecto al plebiscito solicitado, y que no existía ninguna gestión previa pendiente ante el AyA que obligara a esa institución a actuar.
SummaryResumen
The Constitutional Court dismissed the amparo filed on behalf of ASOCLIMA against the Municipality of San Ramón and the Costa Rican Water and Sewer Institute (AyA), amid a declared water emergency in the Piedades Norte district of Alajuela. The petitioner argued that the municipal moratorium on poultry and pork farm permits did not cover the entire district; that the Municipal Council had not called the requested district plebiscite; and that AyA failed to act on the drinking-water crisis even after SETENA granted Megatrópico S.A. environmental viability to operate a 32,000-chicken farm within the Montes del Aguacate Biological Corridor and the canton's primary water recharge area. The Court rejected all three claims: the geographic scope of the municipal moratorium agreement exceeds amparo's summary jurisdiction; the plebiscite was requested only nine days before the amparo was filed, insufficient to establish unreasonable delay; and no prior pending petition to AyA existed that awaited a response.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto en favor de ASOCLIMA contra la Municipalidad de San Ramón y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), dentro de un contexto de emergencia hídrica declarada en el Distrito de Piedades Norte, Alajuela. El recurrente alegaba que la moratoria municipal sobre permisos de granjas avícolas y porcinas no cubría la totalidad del distrito; que el Concejo Municipal no había convocado el plebiscito distrital solicitado; y que el AyA omitió adoptar medidas ante la escasez de agua potable, pese a que Megatrópico S.A. obtuvo viabilidad ambiental de la SETENA para operar una granja de 32.000 pollos dentro del Corredor Biológico Montes del Aguacate y la zona de recarga acuífera del cantón. La Sala rechazó los tres reclamos: la delimitación territorial del acuerdo municipal excede la competencia sumaria del amparo; el plebiscito fue solicitado apenas nueve días antes de la interposición del recurso, lo que no acredita mora irrazonable; y no existe gestión previa pendiente ante el AyA que esté sin respuesta.
Key excerptExtracto clave
In this regard, the petitioner must be advised that it is not for this Court to review what was agreed or to determine whether a specific area of the Piedades Norte district should have been included in the agreement, as such a matter exceeds both the summary nature of the amparo remedy and this Tribunal's jurisdiction as defined by law and the Constitution itself. Any discussion on the matter must be raised and resolved before the Administration, or, as the case may be, before the ordinary courts of legality. Furthermore, regarding the alleged failure to act on the request to call a plebiscite on whether to prohibit future operating permits for farms, mining, and other activities in the Piedades Norte district, it is noted that the request was submitted on April 8, 2026, while the amparo was filed on April 17 of the same year. Such a short interval is not of a magnitude sufficient to establish, prima facie, that at the time the petitioner raised the claim, the delay was unreasonable and disproportionate so as to warrant the Court's intervention. In any event, there is no evidence that the petitioner had, prior to filing this amparo, submitted any formal request to the Costa Rican Water and Sewer Institute, as no copy bearing a receipt stamp or any email submission was provided, and it therefore cannot be established that the respondent institute has any complaint pending resolution. Accordingly, in the terms in which the resource was framed, no constitutional violation warranting the Court's intervention at this time is found, and the amparo is dismissed.Al respecto, debe advertir el accionante que no le corresponde a esta Sala revisar lo acordado ni determinar si debió incluirse dentro del acuerdo alguna área específica del distrito de Piedades Norte, ya que tal extremo excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal, delimitada en la Ley y la propia Constitución Política. Cualquier discusión al respecto debe ser expuesta y resuelta ante la Administración, o dado el caso ante la jurisdicción de legalidad ordinaria. Por otra parte, en cuanto a la alegada omisión de atender la solicitud de convocar a un plebiscito para consultar sobre la posibilidad de no permitir futuros permisos de operación de granjas, minería y otras actividades en el distrito de Piedades Norte, se observa que la solicitud fue gestionada el 8 de abril de 2026, mientras que el recurso de amparo fue interpuesto el 17 de abril siguiente. Semejante lapso no es de tal envergadura como para sostener prima facie que, al momento en que el petente planteó el reclamo, se esté frente a un plazo irrazonable y desproporcionado que amerite la intervención de la Sala. En todo caso, no se observa que el recurrente haya incoado -previo a la interposición de este amparo- alguna gestión dirigida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues no aportó copia con sello de recibido de algún documento o remisión de algún correo electrónico en ese sentido, por lo que no consta que el instituto recurrido cuente con alguna denuncia pendiente de atender y contestar. Por consiguiente, en los términos en que fue planteado el recurso, se descarta una lesión de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala en este momento, por lo que se desestima el amparo.
Pull quotesCitas destacadas
"no le corresponde a esta Sala revisar lo acordado ni determinar si debió incluirse dentro del acuerdo alguna área específica del distrito de Piedades Norte, ya que tal extremo excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal, delimitada en la Ley y la propia Constitución Política."
"It is not for this Court to review what was agreed or to determine whether a specific area of the Piedades Norte district should have been included in the agreement, as such a matter exceeds both the summary nature of the amparo remedy and this Tribunal's jurisdiction as defined by law and the Constitution itself."
Considerando V
"no le corresponde a esta Sala revisar lo acordado ni determinar si debió incluirse dentro del acuerdo alguna área específica del distrito de Piedades Norte, ya que tal extremo excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal, delimitada en la Ley y la propia Constitución Política."
Considerando V
"Este acuerdo, además, viene a hacer patente el principio precautorio, pues siendo que se reconoce que no existe, actualmente, certeza sobre la no afectación a zonas de recarga, precisamente se viene a suspender este tipo de emisión de uso de suelos y licencias comerciales en dicha zona, hasta que existe certeza sobre el hecho que no se va a dar afectación a las áreas de recarga acuífera."
"This agreement also makes manifest the precautionary principle: since there is currently no certainty that water recharge zones will not be affected, the issuance of land-use certificates and commercial licenses in that zone is suspended precisely until there is certainty that the water recharge areas will not be harmed."
Informe bajo juramento de la Municipalidad de San Ramón (Considerando III, hecho probado b)
"Este acuerdo, además, viene a hacer patente el principio precautorio, pues siendo que se reconoce que no existe, actualmente, certeza sobre la no afectación a zonas de recarga, precisamente se viene a suspender este tipo de emisión de uso de suelos y licencias comerciales en dicha zona, hasta que existe certeza sobre el hecho que no se va a dar afectación a las áreas de recarga acuífera."
Informe bajo juramento de la Municipalidad de San Ramón (Considerando III, hecho probado b)
"se estarían avalando usos de agua para abastecer necesidades de segundo orden (consumo e higiene animal industrial) por encima de las necesidades de consumo humano de primer orden que aún falta resolver."
"Water uses to supply second-order needs — industrial animal consumption and hygiene — would be endorsed above first-order human consumption needs that remain unresolved."
Alegaciones del recurrente, hecho 9 (Resultando 1)
"se estarían avalando usos de agua para abastecer necesidades de segundo orden (consumo e higiene animal industrial) por encima de las necesidades de consumo humano de primer orden que aún falta resolver."
Alegaciones del recurrente, hecho 9 (Resultando 1)
"no se observa que el recurrente haya incoado -previo a la interposición de este amparo- alguna gestión dirigida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues no aportó copia con sello de recibido de algún documento o remisión de algún correo electrónico en ese sentido, por lo que no consta que el instituto recurrido cuente con alguna denuncia pendiente de atender y contestar."
"There is no evidence that the petitioner, prior to filing this amparo, submitted any formal request to the Costa Rican Water and Sewer Institute, as no copy bearing a receipt stamp or any email submission was provided, and it therefore cannot be established that the respondent institute has any complaint pending resolution."
Considerando V
"no se observa que el recurrente haya incoado -previo a la interposición de este amparo- alguna gestión dirigida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues no aportó copia con sello de recibido de algún documento o remisión de algún correo electrónico en ese sentido, por lo que no consta que el instituto recurrido cuente con alguna denuncia pendiente de atender y contestar."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Template Generation EV: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty-five minutes on the tenth of July, two thousand twenty-six.
Amparo action (recurso de amparo) filed under case number 26-013393-0007-CO, brought by Nombre01, national identity card (cédula de identidad) CED01, on behalf of ASOCIACIÓN POR UN CLIMA MEJOR COSTA RICA (ASOCLIMA), against the MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Background Facts:
The opinion is drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
I.On the exception under Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, beginning with judgment number 2008002545 issued at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Court has referred to the administrative-contentious jurisdiction (contencioso administrativo)—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the Public Administration has or has not complied with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sectoral laws governing special administrative procedures, for the purpose of resolving by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or for considering applicable administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exceptional circumstance is presented, since what is before the Court is an environmental complaint that is alleged not to have been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, the Court proceeds to resolve the specific situation claimed in this amparo.
II.Subject matter of the appeal. The appellant alleges that in the forested area of Cerro del Azahar and in the area of Bosque Nuboso La Paz, located in the district of Piedades Norte in San Ramón de Alajuela, there are the principal aquifer recharge areas (áreas de recarga acuífera) that feed the sub-basins (subcuencas) of Río San Pedro and Río La Paz. He states that for multifactorial reasons these areas have suffered from a shortage of water to meet the demand for human consumption and other secondary uses. For this reason, the Municipal Council (Concejo Municipal) of San Ramón declared a cantonal emergency; however, he recently learned that the operation of a broiler poultry farm belonging to Megatrópico S. A. had been authorized. He contends that the location of that farm is within the canton's aquifer recharge area, and that a complaint was therefore filed with the Environmental Department of the respondent municipality, where it was confirmed that earthworks (movimientos de tierra) and construction had been carried out without permits, resulting in the site's closure.
He claims that a couple of days later, the company paid a fine and was granted the municipal permit. He considers that decision to have been incorrect, since it is evident that the farm is located in an aquifer recharge zone. For this reason, several associations submitted a document to the council requesting an urgent precautionary moratorium on the issuance of operating permits for poultry and pig farms, mining, and other high-impact industrial activities. He states that, at the same time, it was requested that a plebiscite be convened to consult on the advisability and opportunity of prohibiting future licenses for this type of secondary-order economic activities, at a time when the population has long been suffering from a shortage of water for human consumption. He notes that the resolution adopted by the respondent council was limited to the protection zone of Cerro Azahar, Bajo La Paz, and Bosque Nuboso La Paz; however, the remainder of the district was left without any restriction.
Furthermore, the request for a plebiscite has not been addressed. On another point, the appellant asserts that ICAA is aware of the declared water emergency being experienced in San Ramón, yet no measures have been taken to resolve the problem of water for human consumption. He requests the intervention of the Court.
III.Proven facts. The following facts, which are of importance for the decision in this matter, are considered duly established:
Regarding the Municipalidad de San Ramón:
In the same vein, immediate intervention and suspension of the effects of the Environmental Viability resolution (Resolución No.16642025-SETENA) issued in the absence and without knowledge of community input are suggested and requested, ordering the opening of an investigation into the true environmental conditions of the site where the poultry farm is intended to be located, with the active participation of AYA and the Dirección de Aguas del MINAE. Likewise, an exhortation shall be directed to SETENA to take into account the pro-environment arguments set forth in this matter and to consider them when it becomes aware of and resolves matters concerning Environmental Viabilities in the area of the district of Piedades Norte de San Ramón. 7.- To notify the Executive Presidency of AYA of this Resolution in its entirety and to request, to the extent possible, assistance through its Environmental Management Unit so as to help obtain WATER BALANCE STUDIES (ESTUDIOS DE BALANCE HÍDRICO) of the AQUIFER RECHARGE ZONES of the sub-basins of Río la Paz and Río San Pedro in the area of the district of Piedades Norte de San Ramón and to determine the potential and current environmental risks omitted in the Environmental Viability of interest herein. 8.- To request that the Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), in its capacity as the governing body for the use of water resources for various human uses, kindly report whether any registered water-use concession (concesión de uso de aguas) relating to the poultry farm project contained in the file referenced in Resolución No. 1664-2025-SETENA appears in its records.
Likewise, to notify the Office of the Minister of MINAE of whatever is definitively resolved by the Concejo Municipal on this matter, for action in its capacity as the hierarchical superior.- 9.- Publication of the required Legal Notice (Edicto de Ley) with reference to the Popular Consultation" (see submitted evidence).
B. A binding plebiscite on this subject is held within the community. C. Legislative bill 23829, "REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY Nº 4240 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS REFORMAS," which seeks to consolidate municipal autonomy in local territorial planning and land-use management of Municipalities, is approved. 3. To formally request that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), as well as SETENA, appear before and submit to this Municipality a detailed technical report regarding the granting of water availability and the environmental viability permit issued to the poultry farm structure of the company "Megatrópico," located in the district of Piedades Norte. 4.- The following area is added for the purposes of this motion: El Cerro del Azahar and the aquifer recharge zones. 5.- To urge SETENA that, every time a proceeding of this nature is carried out, a site inspection be conducted in coordination with the local government. 6.
So that, in accordance with Article 44 of the Municipal Code (Código Municipal), this resolution be exempted from referral to committee. This resolution is exempted from referral to committee, approved on the merits, and declared definitively approved, with seven votes in favor" (see the report submitted under oath and the evidence presented).
Regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
Sole fact. That the appellant has made any filing before ICAA that remains pending resolution.
V.On the specific case. In the matter at hand, the appellant alleges that in the forested area of Cerro del Azahar and in the area of Bosque Nuboso La Paz, located in the district of Piedades Norte in San Ramón de Alajuela, there are the principal aquifer recharge areas that feed the sub-basins of Río San Pedro and Río La Paz. He states that for multifactorial reasons these areas have suffered from a shortage of water to meet the demand for human consumption and other secondary uses. For this reason, the Concejo Municipal of San Ramón declared a cantonal emergency; however, he recently learned that the operation of a broiler poultry farm belonging to Megatrópico S. A. had been authorized. He contends that the location of that farm is within the canton's aquifer recharge area, and that a complaint was therefore filed with the Environmental Department of the respondent municipality, where it was confirmed that earthworks and construction had been carried out without permits, resulting in the site's closure.
He claims that a couple of days later, the company paid a fine and was granted the municipal permit. He considers that decision to have been incorrect, since it is evident that the farm is located in an aquifer recharge zone. For this reason, several associations submitted a document to the council requesting an urgent precautionary moratorium on the issuance of operating permits for poultry and pig farms, mining, and other high-impact industrial activities. He states that, at the same time, it was requested that a plebiscite be convened to consult on the advisability and opportunity of prohibiting future licenses for this type of secondary-order economic activities, at a time when the population has long been suffering from a shortage of water for human consumption. He notes that the resolution adopted by the respondent council was limited to the protection zone of Cerro Azahar, Bajo La Paz, and Bosque Nuboso La Paz; however, the remainder of the district was left without any restriction.
Furthermore, the request for a plebiscite has not been addressed. On another point, he asserts that ICAA is aware of the declared water emergency being experienced in San Ramón, yet no measures have been taken to resolve the problem of water for human consumption. He requests the intervention of the Court.
Specifically, with respect to the Municipalidad de San Ramón, the appellant raises two claims: 1) that the resolution adopted by the municipal council did not protect the entirety of the district of Piedades Norte; and 2) that the request to convene a plebiscite to consult on the possibility of prohibiting future farm operating permits, mining, and other activities has not been addressed.
Regarding the first point, this Court notes that by resolution no. 02 adopted by the Concejo Municipal of San Ramón at extraordinary session no. 173 on April 8, 2026, the following was resolved: "1. To suspend the issuance of new business licenses and land-use certificates for new industrial poultry farms and industrial pig farms in the district of Piedades Norte, specifically in the Bajo La Paz sector and the protected zones, in order to protect the environment, the Bosque Nuboso de Bajo La Paz, and to mitigate potential harm to the water catchments of the district of Piedades Norte, and also, on the recommendation of the legal department, to address current or potential risks affecting the various areas of the district of Piedades Norte and its development. 2. That said restriction and suspension of permits for industrial poultry farms and industrial pig farms shall remain in force until one of the following conditions ensuring environmental protection has been met: A. A Regulatory Plan is prepared and approved that clearly defines and establishes the restrictions for the area that is the subject of this motion.
B. A binding plebiscite on this subject is held within the community. C. Legislative bill 23829, "REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY Nº 4240 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS REFORMAS," which seeks to consolidate municipal autonomy in local territorial planning and land-use management of Municipalities, is approved. 3. To formally request that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), as well as SETENA, appear before and submit to this Municipality a detailed technical report regarding the granting of water availability and the environmental viability permit issued to the poultry farm structure of the company "Megatrópico," located in the district of Piedades Norte. 4.- The following area is added for the purposes of this motion: El Cerro del Azahar and the aquifer recharge zones. 5.- To urge SETENA that, every time a proceeding of this nature is carried out, a site inspection be conducted in coordination with the local government. 6.
So that, in accordance with Article 44 of the Código Municipal, this resolution be exempted from referral to committee. This resolution is exempted from referral to committee, approved on the merits, and declared definitively approved, with seven votes in favor." In this regard, the appellant must be advised that it is not for this Court to review what was resolved or to determine whether any specific area of the district of Piedades Norte should have been included in the resolution, since such a matter exceeds both the summary nature of the amparo appeal and the jurisdiction of this Tribunal, as delimited by law and the Political Constitution itself. Any discussion in this regard must be raised and resolved before the Administration, or, as the case may be, before the ordinary courts of law (jurisdicción de legalidad ordinaria).
Furthermore, regarding the alleged failure to act on the request to convene a plebiscite to consult on the possibility of prohibiting future operating permits for farms, mining, and other activities in the district of Piedades Norte, it is noted that the request was filed on April 8, 2026, while the writ of amparo (recurso de amparo) was lodged on the following April 17. Such a period of time is not of such magnitude as to sustain prima facie that, at the time the petitioner raised the claim, there exists an unreasonable and disproportionate delay warranting intervention by the Sala.
Finally, regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the appellant asserts that the institution is aware of the declared water emergency situation affecting San Ramón, yet no measures have been taken to resolve the problem of water for human consumption.
In this regard, the respondent authorities deny the facts and indicate that the project known as "Mejoras en el Acueducto de San Ramón-Palmares, Etapa II" is currently under execution. Among the communities in the canton of San Ramón that will benefit, the following may be listed: San Ramón, San Juan, San Isidro, Los Ángeles, Alfaro, San Rafael, and Piedades Norte. The scope of the project covers the final design and construction of various works, including improvements to conduction, distribution, and pumping pipelines, household service connections (acometidas domiciliares), installation of valves, construction of storage tanks, and improvements to existing pumping systems and tanks, among other complementary works.
In any event, there is no indication that the appellant filed—prior to the lodging of this amparo—any request directed to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as no copy bearing a receipt stamp of any document or email transmission to that effect was submitted; accordingly, there is no evidence that the respondent institute has any complaint pending attention and response.
Consequently, in the terms in which the appeal was raised, any constitutionally grounded injury (lesión de raigambre constitucional) that would warrant intervention by the Sala at this time is ruled out, and the amparo is therefore dismissed.
VI.Note by Justice Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported the position of this Court that, when a litigant (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and effective justice in the administrative forum (sede administrativa), the proper forum to hear the legal dispute is the Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo), and not this Sala. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is amenable to judicial protection (tutela judicial) through the writ of amparo provided for in article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, read in conjunction with article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights.
In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to modify its line of case law (línea jurisprudencial); this Court, pursuant to article 7 of its governing Law, has the exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, with the exception of those constitutional legal disputes that this Sala itself has recognized as exceptional circumstances—which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of the amparo—in all other cases, and for the reasons stated by this Court (sentencia N° 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), jurisdiction lies with the judges of the administrative-contentious jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso-administrativo), all of which is consistent with article 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitutional Law (el Derecho de la Constitución) (values, principles, and norms), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
VII.Note by Justice Rueda Leal. I must note that since sentencia nro. 2019002355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, my position has been the following with regard to writs of amparo filed on behalf of a legal entity (persona jurídica):
"…in Advisory Opinion 22-16 (Opinión Consultiva 22-16) of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights (Corte Interamericana de Derechos Humanos) indicated that, although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as trade unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons (personas físicas), so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Nombre02 et al. v. Venezuela); however, in order for this to be cognizable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between the two persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not those of legal entities, are effectively being protected.
Indeed, one must prove something beyond the mere participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that such participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)".
In the sub lite, the amparo is filed on behalf of Nombre03. In light of the foregoing, I consider that, by virtue of the legal nature involved, in the sub examine an essential relationship exists between one natural person (persona natural) and another natural person (persona física), which justifies analysis of the allegations with a view to determining whether or not a violation of any fundamental right has occurred.
VIII.Documentation Submitted to the Case File (expediente). The parties are hereby notified that, if any paper documents or objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, such items must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in article XXVI of session nro. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial nro. 19 of January 26, 2012) and article LXXXI of session nro. 43-12 of the Consejo Superior del Poder Judicial of May 3, 2012.
Por tanto:
The appeal is denied. Justice Castillo Víquez appends a note. Justice Rueda Leal appends a note. So notified.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
EV Generación de Machote: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diez de julio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-013393-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de ASOCIACIÓN POR UN CLIMA MEJOR COSTA RICA (ASOCLIMA), contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Sobre la excepción del artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008002545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia ambiental la cual se acusa que no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo.
II.Objeto del recurso. El recurrente alega que en el área boscosa del Cerro del Azahar y en el área del Bosque Nuboso La Paz, situados en el distrito de Piedades Norte de San Ramón de Alajuela, se encuentran las principales áreas de recarga acuífera que surten las subcuencas del Río San Pedro y Río La Paz. Menciona que por causas multifactoriales han sufrido de faltante de líquido para satisfacer la demanda de consumo humano y otros usos secundarios. Por ello, el Concejo Municipal de San Ramón declaró una emergencia cantonal; sin embargo, recientemente se enteró de que se autorizó la operación de una granja avícola de pollos de crecimiento perteneciente a Megatrópico S. A. Aduce que la ubicación de esa granja se encuentra en el área de recarga acuífera del cantón, por lo que se gestionó la denuncia ante el Departamento Ambiental de la municipalidad recurrida, donde se constató que se habían realizado movimientos y construcciones sin permisos, por lo que se clausuró.
Reclama que un par de días después, la empresa pagó una multa y se le concedió el permiso municipal. Considera que esa decisión fue incorrecta, pues es evidente que la granja está en zona de recarga acuífera. Por ello, varias asociaciones gestionaron ante el concejo un documento en el que solicitaron una medida cautelar urgente de moratoria en el otorgamiento de permisos de operación de granjas avícolas y porcinas, minería y otras actividades industriales de alto impacto. Afirma que, al mismo tiempo, ese solicitó que se convocara a un plebiscito para consultar la conveniencia y oportunidad de no permitir futuras licencias para este tipo de actividades económicas de segundo orden, cuando la población lleva tiempo sufriendo de un faltante de agua para consumo humano. Menciona que el acuerdo tomado por el concejo recurrido se limitó a la zona de protección de Cerro Azahar, Bajo La Paz y bosque nuboso La Paz; sin embargo, el resto del distrito quedó sin limitación alguna.
Además, no se ha atendido la solicitud de plebiscito. Por otra parte, el recurrente afirma que el ICAA conoce la situación de emergencia hídrica declarada que vive San Ramón, sin que se hayan tomado medidas para solucionar el problema de agua para consumo humano. Solicita la intervención de la Sala.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
En cuanto a la Municipalidad de San Ramón:
En el mismo sentido, se les sugiere y solicita la inmediata intervención y suspensión de efectos de la resolución de Viabilidad Ambiental (Resolución No.16642025-SETENA) dictada en ausencia y desconocimiento del criterio comunitario, ordenando la apertura de una investigación de las verdaderas condiciones ambientales del sitio donde se pretende ubicar la granja avícola y con activa participación del AYA y de la Dirección de Aguas del MINAE. Igualmente se le dirigirá exhorto a la SETENA para que tome en cuenta los argumentos pro ambiente esbozados en este asunto y en caso de conocer y resolver sobre Viabilidades Ambientales en la zona del distrito de Piedades Norte de San Ramón. 7.- Notificar de este Acuerdo a la Presidencia Ejecutiva del AYA para que tome nota del mismo en su generalidad y para solicitarle dentro de sus posibilidades, nos proporcione la ayuda mediante su Unidad de Gestión Ambiental a efectos de que nos ayude a obtener los ESTUDIOS DE BALANCE HÍDRICO de las ZONAS DE RECARGA ACUIFERA de las subcuencas del Río la Paz y del Río San Pedro en la zona del distrito de Piedades Norte de San Ramón y determinar los riesgos ambientales potenciales y actuales omitidos en la Viabilidad Ambiental de interés aquí. 8.- Solicitar al Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que en ejercicio de entidad rectora del uso del recurso hídrico para usos humanos varios, se sirva informar si en sus registros consta inscrita y registrada alguna concesión de uso de aguas con relación al proyecto de granja avícola que se contiene en el Expediente: en la Resolución No. 1664-2025-SETENA.
Igualmente se notifique al Despacho del Ministro del MINAE, lo resuelto en definitiva por el Concejo Municipal sobre este asunto , para lo de su cargo como Superior Jerárquico.- 9.- Publíquese el Edicto de Ley con referencia a la Consulta popular” (véase prueba aportada).
B. Se realice un plebiscito vinculante sobre este tema en la comunidad. C. Se apruebe el respectivo expediente legislativo 23829 "REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY Nº 4240 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS REFORMAS”, el cual busca la consolidación de la autonomía municipal en la planificación de los territorios locales y el ordenamiento territorial de las Municipalidades. 3. Solicitar formalmente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como a SETENA, que se presente y rinda un informe técnico y detallado ante esta Municipalidad respecto del otorgamiento de disponibilidad de agua y permiso de viabilidad ambiental, conferida a la estructura avícola de la empresa "Megatrópico", ubicada en el distrito de Piedades Norte. 4.- Se agrega la siguiente zona para efectos de esta moción: El Cerro del Azahar y las zonas de recarga acuífera. 5.- Instar a SETENA a que cada vez que se haga un trámite de esta índole, se realice una inspección en sitio y que se haga en coordinación con el gobierno local. 6.
Para que de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal, se exima este acuerdo del trámite de comisión. Este acuerdo se exime de trámite de comisión, se aprueba por el fondo y se declara definitivamente aprobado, con siete votos a favor” (véase informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
En cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
Único. Que el recurrente haya realizado alguna gestión ante el ICAA que se encuentre pendiente de resolución.
V.Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente alega que en el área boscosa del Cerro del Azahar y en el área del Bosque Nuboso La Paz, situados en el distrito de Piedades Norte de San Ramón de Alajuela, se encuentran las principales áreas de recarga acuífera que surten las subcuencas del Río San Pedro y Río La Paz. Menciona que por causas multifactoriales han sufrido de faltante de líquido para satisfacer la demanda de consumo humano y otros usos secundarios. Por ello, el Concejo Municipal de San Ramón declaró una emergencia cantonal; sin embargo, recientemente se enteró de que se autorizó la operación de una granja avícola de pollos de crecimiento perteneciente a Megatrópico S. A. Aduce que la ubicación de esa granja se encuentra en el área de recarga acuífera del cantón, por lo que se gestionó la denuncia ante el Departamento Ambiental de la municipalidad recurrida, donde se constató que se habían realizado movimientos y construcciones sin permisos, por lo que se clausuró.
Reclama que un par de días después, la empresa pagó una multa y se le concedió el permiso municipal. Considera que esa decisión fue incorrecta, pues es evidente que la granja está en zona de recarga acuífera. Por ello, varias asociaciones gestionaron ante el concejo un documento en el que solicitaron una medida cautelar urgente de moratoria en el otorgamiento de permisos de operación de granjas avícolas y porcinas, minería y otras actividades industriales de alto impacto. Afirma que, al mismo tiempo, ese solicitó que se convocara a un plebiscito para consultar la conveniencia y oportunidad de no permitir futuras licencias para este tipo de actividades económicas de segundo orden, cuando la población lleva tiempo sufriendo de un faltante de agua para consumo humano. Menciona que el acuerdo tomado por el concejo recurrido se limitó a la zona de protección de Cerro Azahar, Bajo La Paz y bosque nuboso La Paz; sin embargo, el resto del distrito quedó sin limitación alguna.
Además, no se ha atendido la solicitud de plebiscito. Por otra parte, aduce que el ICAA conoce la situación de emergencia hídrica declarada que vive San Ramón, sin que se hayan tomado medidas para solucionar el problema de agua para consumo humano. Solicita la intervención de la Sala.
Puntualmente, en cuanto a la Municipalidad de San Ramón, el recurrente realiza dos reclamos: 1) que el acuerdo tomado por el concejo municipal no resguardó la totalidad del distrito de Piedades Norte; y, 2) que no se ha atendido la solicitud de convocar a un plebiscito para consultar sobre la posibilidad de no permitir futuros permisos de operación de granjas, minería y otras actividades.
En cuanto al primer aspecto, esta Sala observa que por acuerdo nro. 02 tomado por el Concejo Municipal de San Ramón en la sesión nro. 173 Extraordinaria del 8 de abril de 2026, lo siguiente: “1. Suspender el otorgamiento de nuevas patentes y certificados de uso de suelo para nuevas granjas avícolas y granjas porcinas industriales en el distrito de Piedades Norte, específicamente en el sector de Bajo La Paz y las zonas protegidas, esto a efectos de proteger el medio ambiente, el Bosque Nuboso de Bajo La Paz y atenuar los daños potenciales a las captaciones de agua del distrito de Piedades Norte, también con recomendación del departamento legal, para actuales o potenciales riesgos de las distintas áreas del distrito de Piedades Norte y el desarrollo del mismo. 2. Que dicha restricción y suspensión de permisos de granjas avícolas y granjas porcinas industriales se mantenga vigente, hasta que se concurran algunas de las siguientes condiciones que garanticen la protección del entorno: A. Que se realice y apruebe un Plan Regulador que defina y establezca las restricciones claras para la zona objeto de la presente moción.
B. Se realice un plebiscito vinculante sobre este tema en la comunidad. C. Se apruebe el respectivo expediente legislativo 23829 "REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY Nº 4240 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS REFORMAS”, el cual busca la consolidación de la autonomía municipal en la planificación de los territorios locales y el ordenamiento territorial de las Municipalidades. 3. Solicitar formalmente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como a SETENA, que se presente y rinda un informe técnico y detallado ante esta Municipalidad respecto del otorgamiento de disponibilidad de agua y permiso de viabilidad ambiental, conferida a la estructura avícola de la empresa "Megatrópico", ubicada en el distrito de Piedades Norte. 4.- Se agrega la siguiente zona para efectos de esta moción: El Cerro del Azahar y las zonas de recarga acuífera. 5.- Instar a SETENA a que cada vez que se haga un trámite de esta índole, se realice una inspección en sitio y que se haga en coordinación con el gobierno local. 6.
Para que de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal, se exima este acuerdo del trámite de comisión. Este acuerdo se exime de trámite de comisión, se aprueba por el fondo y se declara definitivamente aprobado, con siete votos a favor”.
Al respecto, debe advertir el accionante que no le corresponde a esta Sala revisar lo acordado ni determinar si debió incluirse dentro del acuerdo alguna área específica del distrito de Piedades Norte, ya que tal extremo excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal, delimitada en la Ley y la propia Constitución Política. Cualquier discusión al respecto debe ser expuesta y resuelta ante la Administración, o dado el caso ante la jurisdicción de legalidad ordinaria.
Por otra parte, en cuanto a la alegada omisión de atender la solicitud de convocar a un plebiscito para consultar sobre la posibilidad de no permitir futuros permisos de operación de granjas, minería y otras actividades en el distrito de Piedades Norte, se observa que la solicitud fue gestionada el 8 de abril de 2026, mientras que el recurso de amparo fue interpuesto el 17 de abril siguiente. Semejante lapso no es de tal envergadura como para sostener prima facie que, al momento en que el petente planteó el reclamo, se esté frente a un plazo irrazonable y desproporcionado que amerite la intervención de la Sala.
Finalmente, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el recurrente afirma que la institución conoce la situación de emergencia hídrica declarada que vive San Ramón, sin que se hayan tomado medidas para solucionar el problema de agua para consumo humano.
Al respecto, las autoridades recurridas niegan los hechos e indican que actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de "Mejoras en el Acueducto de San Ramón-Palmares, Etapa II". Dentro de los poblados beneficiados del cantón de San Ramón se pueden enunciar: San Ramón, San Juan, San Isidro, Los Ángeles, Alfaro, San Rafael y Piedades Norte. El alcance del proyecto abarca el diseño final y la construcción de diversas obras, como mejoras en tuberías de conducción, distribución e impulsión, acometidas domiciliares, instalación de válvulas, construcción de tanques de almacenamiento y mejoras en sistemas de bombeo y tanques existentes, entre otras obras complementarias.
En todo caso, no se observa que el recurrente haya incoado -previo a la interposición de este amparo- alguna gestión dirigida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues no aportó copia con sello de recibido de algún documento o remisión de algún correo electrónico en ese sentido, por lo que no consta que el instituto recurrido cuente con alguna denuncia pendiente de atender y contestar.
Por consiguiente, en los términos en que fue planteado el recurso, se descarta una lesión de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala en este momento, por lo que se desestima el amparo.
VI.Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento.
VII.Nota del magistrado Rueda Leal. Debo advertir que desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica:
“…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre02 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
En el sub lite, el recurso de amparo es interpuesto a favor de Nombre03. En virtud de lo anterior, considero que, por su naturaleza jurídica, en el sub examine se presenta una relación esencial entre una persona natural y otra física, lo que justifica el análisis de lo alegado con miras a determinar si se ha dado o no una vulneración a algún derecho fundamental.
VIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Rueda Leal consigna nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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