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Res. 24322-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/06/2026

Neighborhood amparo against private school project operators: inadmissibleAmparo vecinal contra sujetos privados de proyecto educativo: inadmisible

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OutcomeResultado

Dismissed outrightRechazado de plano

The Constitutional Chamber dismissed the amparo outright for failure to meet the requirements of Article 57 of the Constitutional Jurisdiction Law: the private respondents are not in a position of power that prevents the petitioner from seeking protection through other jurisdictional avenues, and the petitioner must first resort to competent administrative authorities or ordinary courts.La Sala rechazó de plano el recurso de amparo por incumplimiento del artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: los sujetos privados recurridos no se encuentran en posición de poder que impida al recurrente buscar tutela mediante otras vías jurisdiccionales, debiendo acudir primero a las autoridades administrativas competentes o a la vía de legalidad ordinaria.

SummaryResumen

A resident of Condominio Los Cerros de Escazú filed an amparo action exclusively against the private parties responsible for the True North educational project (True North Personalized Learning School), which abuts his residential complex in Escazú. He alleged current harms to health, rest, privacy, and the right to a healthy environment caused by noise, dust, vibrations, machinery traffic, electrical hazards, water mismanagement, potential hydrological and environmental protection zones, and geotechnical slope instability. He also raised the risk of an eventual enrollment of up to 800 students without comprehensive permit verification. The Constitutional Chamber dismissed the amparo outright for failure to meet the admissibility requirements of Article 57 of the Constitutional Jurisdiction Law: the private respondents are not in a position of power that prevents the petitioner from seeking relief through other jurisdictional avenues. The Chamber directed that claims be pursued before competent administrative authorities or through ordinary courts.Un condómino del Condominio Los Cerros de Escazú interpuso recurso de amparo exclusivamente contra los sujetos privados responsables del proyecto educativo True North (Centro Educativo True North Personalized Learning School), que colinda con su conjunto residencial. Alegó afectaciones actuales a salud, descanso, privacidad y ambiente sano derivadas de ruido, polvo, vibraciones, tránsito de maquinaria, riesgos eléctricos, manejo inadecuado de aguas, posible existencia de zonas de protección hídrica y ambiental, y riesgo geotécnico en taludes. Planteó además el riesgo de una eventual matrícula de hasta 800 estudiantes sin verificación integral de permisos. La Sala Constitucional rechazó el recurso de plano por incumplimiento de los supuestos de admisibilidad del artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: los recurridos privados no se encuentran en posición de poder tal que impida al afectado acudir a otras vías jurisdiccionales. La Sala indicó que las pretensiones deben canalizarse ante autoridades administrativas competentes o en la vía de legalidad ordinaria.

Key excerptExtracto clave

Nevertheless, the admissibility requirements for amparo set out in Article 57 of the Constitutional Jurisdiction Law are not met, since the respondent (a private-law subject) is not, in fact or in law, in such a position of power that the protected party cannot seek timely and effective protection through jurisdictional remedies other than the constitutional route. In addition, the claims raised cannot be the subject of an amparo action; the proper course is for the demands and concerns set out here, as well as the complaints regarding the pollution mentioned and other allegations, to be brought before the competent administrative authorities (as the petitioner indicates has already been done and is under way), so that those authorities may take the appropriate measures to address the reported problem or, failing that, for the petitioner to bring the claim through the ordinary courts. The foregoing does not preclude the interested party from resorting to the constitutional route after an unreasonable period has elapsed without effective action by the Administration, and provided there is a threat or violation of a fundamental right, which is not alleged in this amparo, as explained above. Accordingly, the action is dismissed outright.No obstante, se incumplen los supuestos de admisibilidad del amparo dispuestos en el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la parte recurrida (sujeto de derecho privado) no se encuentra de hecho o de derecho en una posición de poder tal, que la parte tutelada no pueda ampararse, oportuna y efectivamente, por medio de otros remedios jurisdiccionales diferentes a la vía constitucional. Aunado a ello, lo alegado no puede ser objeto de amparo, pues lo procedente es que las pretensiones y dudas aquí expuestas, así como los reclamos en torno a la contaminación mencionada y demás alegatos, sean planteados ante las autoridades administrativas competentes (como indica que ya se ha hecho y se encuentra en trámite), a fin de que aquellas tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, plantee su reclamo en la vía de legalidad ordinaria. Lo anterior no obsta para que la parte interesada acuda a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental, lo que no se alega en este amparo, tal y como se explicó. Ergo, se rechaza de plano el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la parte recurrente manifiesta expresamente que acude en amparo en contra de los sujetos de derecho privado vinculados con el proyecto True North (Centro Educativo True North Personalized Learning School), que colinda con el Condominio Los Cerros de Escazú, a efectos de que se impida la operación de este centro (el cual ya está en funciones), debido a la contaminación sónica y de polvo, pérdida de privacidad, riesgo por instalaciones eléctricas provisionales, así como en lo atinente a aguas, posible existencia de zonas de protección, riesgo geotécnico, deslizamiento, entre otros."

    "The petitioner expressly states that the amparo is brought against the private-law subjects linked to the True North project (True North Personalized Learning School), which abuts Condominio Los Cerros de Escazú, in order to halt the operation of this center (which is already in operation) due to noise and dust pollution, loss of privacy, risks from provisional electrical installations, water-related concerns, the possible existence of protection zones, geotechnical risk, landslides, among others."

    Considerando I — Objeto del recurso

  • "la parte recurrente manifiesta expresamente que acude en amparo en contra de los sujetos de derecho privado vinculados con el proyecto True North (Centro Educativo True North Personalized Learning School), que colinda con el Condominio Los Cerros de Escazú, a efectos de que se impida la operación de este centro (el cual ya está en funciones), debido a la contaminación sónica y de polvo, pérdida de privacidad, riesgo por instalaciones eléctricas provisionales, así como en lo atinente a aguas, posible existencia de zonas de protección, riesgo geotécnico, deslizamiento, entre otros."

    Considerando I — Objeto del recurso

  • "El amparo contra sujetos de derecho privado procede cuando la acción u omisión de una persona privada coloca al afectado en una posición de subordinación, indefensión o afectación directa de derechos fundamentales."

    "Amparo against private-law subjects is admissible when the action or omission of a private party places the affected person in a position of subordination, defenselessness, or direct violation of fundamental rights."

    Resultando 1 — Procedencia del amparo contra sujetos privados

  • "El amparo contra sujetos de derecho privado procede cuando la acción u omisión de una persona privada coloca al afectado en una posición de subordinación, indefensión o afectación directa de derechos fundamentales."

    Resultando 1 — Procedencia del amparo contra sujetos privados

  • "La pretensión constitucional no consiste en declarar por esta vía la ilegalidad ordinaria del proyecto ni sustituir a los órganos técnicos. La pretensión es impedir que continúe o se amplíe una operación privada de alto impacto mientras no conste, de manera técnica y documentada, que cumple integralmente las condiciones exigibles y que existen medidas suficientes para proteger a los vecinos colindantes."

    "The constitutional claim does not seek a declaration of ordinary illegality of the project through this route, nor to substitute the technical bodies. The claim is to prevent a high-impact private operation from continuing or expanding until it is technically and documentarily established that it fully meets all applicable requirements and that sufficient measures exist to protect neighboring residents."

    Resultando 1 — Objeto constitucional del recurso

  • "La pretensión constitucional no consiste en declarar por esta vía la ilegalidad ordinaria del proyecto ni sustituir a los órganos técnicos. La pretensión es impedir que continúe o se amplíe una operación privada de alto impacto mientras no conste, de manera técnica y documentada, que cumple integralmente las condiciones exigibles y que existen medidas suficientes para proteger a los vecinos colindantes."

    Resultando 1 — Objeto constitucional del recurso

  • "Por tanto: Se rechaza de plano el recurso."

    "Therefore: The action is dismissed outright."

    Por tanto

  • "Por tanto: Se rechaza de plano el recurso."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

FILE NO. 26-018877-0007-CO PROCEEDING: WRIT OF AMPARO RULING No. 2026024322 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the thirtieth of June, two thousand twenty-six.

Writ of amparo (recurso de amparo) filed by Nombre01, national identity document (cédula de identidad) CED02, against PRIVATE PARTIES RESPONSIBLE FOR THE TRUE NORTH PROJECT (TRUE NORTH PERSONALIZED LEARNING SCHOOL EDUCATIONAL CENTER).

Recitals:

  1. 1By written submission received at the Chamber's registry on May 27, 2026, the petitioner files a writ of amparo against "PRIVATE PARTIES RESPONSIBLE FOR THE TRUE NORTH PROJECT." The petitioner states the following: "The writ is directed against the private parties responsible, promoters, operators, builders, developers, registered owners, responsible professionals, or beneficiaries of the project. With respect to the Municipality of Escazú, MEP, Ministry of Health, Fire Department, CFIA, SETENA, SINAC/MINAE, the competent Conservation Area, the Directorate of Water, AYA, the competent electric utility, MOPT/COSEVI, CNE, or other institutions, the request is solely that the Chamber require them within a peremptory deadline to carry out or certify inspections, reports, certifications, and measures taken within their respective jurisdictions, without designating them as principal respondents at this stage.APPEARANCE, STANDING, AND MEANS OF NOTIFICATION. Nombre01, national identity document CED01, a condominium resident (condómino) of Condominio Los Cerros de Escazú and a neighbor directly affected by the construction process, partial operation, or eventual progressive opening of the project identified as True North / New True North Campus, respectfully files this writ of amparo against the private parties responsible, promoters, title holders, operators, builders, developers, registered owners, responsible professionals, and all other legal or natural persons connected to the project. We appear in defense of our fundamental rights to health, physical and psychological integrity, peace and quiet, rest, residential privacy, a healthy environment, human safety, accessibility, residential security, and the peaceful enjoyment of our home, as well as in protection of the neighborhood interests of Condominio Los Cerros de Escazú against a private activity that directly impacts the residential surroundings.PRIVATE RESPONDENTS AND REQUESTED IDENTIFICATION. This writ is directed against the private law subjects connected with the True North / New True North Campus project, including, as applicable and as verified through property registry, municipal, construction, educational, and technical channels: True North / True North Personalized Learning School Educational Center, as operator, beneficiary, or educational user of the project. The company that owns, develops, promotes, or constructs the new campus, as reflected in the National Registry, the municipal file (expediente municipal), the CFIA/APC contract, building permits (permisos constructivos), and administrative documentation. The construction company, technical management, responsible professionals, occupational safety officer, and those responsible for electrical, hydro-sanitary, stormwater, earthworks (movimientos de tierra), walls, slopes (taludes), drainage, and all other material supervisors of the project.The legal representatives, administrators, apparent officers, or operational managers identified through the municipal file, National Registry, CFIA/APC, sanitary, educational, environmental, electrical, hydrological, and human-safety permits. The private respondents are requested to provide full identification of the title-holding legal entity, current legal representation (personería), legal representative, registered owner, registered property parcel and cadastral plan (plano catastrado), municipal file, building permit, CFIA/APC contract, operating sanitary permit, educational authorization, Fire Department approval (visto bueno de Bomberos), Ley 7600 certifications, traffic studies, environmental clearance (viabilidad ambiental) or environmental instruments, water studies, drainage, electricity, geotechnical and slope-stability studies, mitigation measures, and any authorization for partial opening, educational use, current classes, or progressive student enrollment.DELIMITATION REGARDING PUBLIC INSTITUTIONS. At this stage the writ is not filed as a principal amparo against the Municipality of Escazú or against the Ministry of Public Education, Ministry of Health, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, SETENA, SINAC/MINAE, the competent Conservation Area, the Directorate of Water, AYA, the competent electricity distribution company, MOPT, COSEVI, CNE, or other public institutions. The procedural reason is that there are pending neighborhood administrative proceedings and the petitioners wish those institutions to exercise their technical competencies without, for the time being, being treated as principal respondents. However, the nature of the case requires that they be asked within a peremptory deadline to report what they have inspected, what permits exist, what corrective or preventive measures were ordered, and whether real conditions for any partial operation or student enrollment exist.The requested requirement is instrumental, preventive, and for the better resolution of the matter. The Chamber is not asked to substitute for ordinary administrative competencies. The request is to prevent a de facto situation from becoming consolidated before an integral certification covering human safety, health, education, accessibility, traffic, electrification, water, environment, conservation areas, terrain stability, and protection of neighboring third parties is in place. CONSTITUTIONAL PURPOSE OF THE WRIT. The purpose of this amparo is to obtain urgent constitutional protection against current impacts and imminent risks arising from the construction, partial operation, or eventual progressive Noñh opening of the True North / New True North Campus educational project, which is adjacent to or in immediate proximity of Condominio Los Cerros de Escazú. The constitutional claim does not seek to declare the project ordinarily unlawful through this channel, nor to substitute for technical bodies.The claim is to prevent the continuation or expansion of a high-impact private operation while it has not been technically and documentarily verified that it fully meets the applicable requirements and that sufficient measures exist to protect neighboring residents. The impacts and risks justifying precautionary intervention include: Noise, vibrations, hammering, cutting, machinery, loading and unloading, truck traffic, and possible construction activity outside permitted hours. Dust, particles, mud, waste, runoff (escorrentías), and potential respiratory and sanitary impacts on residents. Loss of privacy, direct visual exposure toward homes, disruption of rest, stress, and harm to the home as a protected space. Risks from provisional or permanent electrical installations, service connections, panels, conduits, channeling, transformers, energization, trenches, ditches, and works near the residential perimeter.Risks related to drinking water, stormwater, wastewater, sewage, gray water, drainage, outflows, sewerage, sludge management, surface runoff, and impacts on the condominium's existing infrastructure or receiving water bodies. Possible existence of a protection zone (zona de protección), environmentally sensitive area, conservation area, watercourse, stream, spring (naciente), relevant vegetation cover (cobertura vegetal), slope, or environmental condition requiring input from SETENA, SINAC/MINAE, the competent Conservation Area, the Directorate of Water, or another authority. Geotechnical risk, landslides, earthworks, slope stability, compaction, retaining walls, drainage, terrain cuts, soil saturation, and management of stormwater on gradients. Current or recent delivery of classes or educational activities in part of the property or in an area connected to the project while construction, fitting-out, or operative-impact conditions persist, an aspect that must be expressly certified with precision.Possible future increase in enrollment or capacity to approximately 800 students, an aspect that is not asserted as a certified fact but is requested to be expressly verified. If confirmed, the impact on traffic, noise, buses, parking, security, suppliers, arrival and departure times, water, electricity, evacuation, privacy, and residential quality of life would be substantially greater than the current impact. It is not asserted as a settled fact that the project lacks permits. The private respondents and the competent institutions are specifically asked to certify documentarily the existence, validity, scope, and conditions of all required permits, authorizations, inspections, studies, and mitigation measures. Regarding electricity, it must be verified whether there are permits, approved designs, plans, authorizations for service connections, transformers, conduits, channeling, panels, energization, provisional or permanent works, service routes, coordination with the distribution company, and safety measures vis-à-vis neighboring residents.Regarding water, the management of drinking water, stormwater, wastewater, sewage, gray water, drainage, outflows, sanitary sewerage, runoff, infiltration, sludge, sediment, and possible impacts on watercourses, streams, springs, protection zones, or the condominium's existing infrastructure must be verified. Regarding environmental and conservation-area matters, it must be verified whether the project is located near a protection zone, environmentally sensitive area, body of water, stream, spring, relevant vegetation cover, slope, or zone subject to input from SETENA, SINAC/MINAE, the competent Conservation Area, the Directorate of Water, or another authority. Regarding geotechnical and risk matters, slope stability, earthworks, cuts, fills, compaction, retaining walls, drainage, gradients, landslide risk, soil saturation, and the cumulative effects of stormwater on homes, boundary walls, property lines, roads, common areas, and adjacent properties must be verified.

If the project is legally compliant and continues to completion, the protection of neighboring residents cannot rest solely on temporary measures. An order must be issued requiring the design, construction, and maintenance of a permanent barrier, wall, or acoustic, visual, privacy, and perimeter-security screen, technically supported and compatible with drainage, structural safety, accessibility, maintenance, and applicable regulations. The continuation of construction, partial operation, progressive opening, expansion of classes, or mass enrollment of students without prior comprehensive verification may render any eventual favorable judgment illusory, since the harm to health, rest, privacy, safety, and the residential environment occurs day by day and may worsen cumulatively. RECENT PUBLIC FACT REGARDING MUNICIPAL OVERSIGHT: RULING N.° 2026016897. The recent public fact of the Delfino.cr publication of May 21, 2026, entitled "Sala IV condena a Municipalidad de San José por no concluir investigación sobre permiso de Escalante Verde," is submitted, reporting that the Sala Constitucional issued ruling No. Telf01, dated May 15, 2026, related to the Escalante Verde project, the Municipalidad de San José, SETENA, and other institutions.

According to that report, the Sala Constitucional partially upheld the writ but left SETENA's environmental clearance and the municipal building permit in force. Therefore, this precedent is not invoked as an automatic annulment of permits or as an identical case. Its constitutional relevance is different: according to the publication, the Chamber partially granted the amparo due to the municipality's failure to carry out and conclude an internal investigation into the processing of the building permit, and ordered documentary restoration, resolution, possible disciplinary proceedings, and follow-up on the citizen complaint. In the present case, this precedent is used as a cautious analogical criterion: the formal existence of permits does not eliminate the need for genuine oversight, serious investigation, complete documentation, follow-up on complaints, technical inspections, mitigation measures, and effective protection of neighboring residents' quality of life.

As a complete official copy of the ruling has not yet been obtained, the report and available screenshot are submitted, without prejudice to providing the official ruling when obtained through the institutional channels of the Sala Constitucional. (…) ADMISSIBILITY OF AMPARO AGAINST PRIVATE PARTIES. Amparo against private law subjects is admissible when the action or omission of a private person places the affected party in a position of subordination, defenselessness, or direct infringement of fundamental rights. In this case, the neighboring residents do not control the construction, do not have full access to the technical files, cannot stop the noise, dust, traffic, visual exposure, energization, water management, slopes, or educational opening, and depend on the private operator and developer to comply with prevention and mitigation measures. The scale of the project, its adjacency to a residential condominium, the possible partial educational operation, the possibility of a significant enrollment, the accumulated technical risks, and the current impact already reported place the petitioners in a position of material vulnerability vis-à-vis an organized, technically complex, and high-impact private activity.

(…) PERMANENT PROTECTIVE WALL OR BARRIER IF THE PROJECT IS LEGALLY COMPLIANT. The petitioners do not request that the project be presumed unlawful. If, after the technical verifications, the project is found to be legally compliant and may continue to completion, a permanent structural solution must be guaranteed to protect neighboring residents against noise, visual exposure, loss of privacy, internal traffic, school activity, equipment, courtyards, people flows, and other ordinary impacts of a large-scale educational center. Accordingly, an order is requested that, prior to full operation or upon completion of construction if technically appropriate, the private parties responsible design, construct, and maintain a permanent acoustic, visual, privacy, and perimeter-security wall, screen, or barrier with verifiable technical specifications. This solution must include, as applicable: acoustic study, height, continuity, materials, sound absorption or insulation, structural safety, compatibility with drainage and stormwater, maintenance, visual treatment, municipal compliance, protection against runoff, slope stability, and the absence of new risks to the condominium.

(…) For the foregoing reasons, we respectfully request of the Sala Constitucional: To admit this writ of amparo against the private parties responsible, promoters, operators, builders, developers, registered owners, responsible professionals, or beneficiaries of the True North / New True North Campus project. To order the private respondents to submit a complete report and to formally identify the title-holding company, legal representative, registered owner, construction company, technical director, responsible professionals, occupational safety officer, and the persons responsible for electrical, hydro-sanitary, stormwater, geotechnical, environmental, and operational matters of the project. To record as reported that, as the petitioners assert and must be certified, classes or educational activities are already being conducted in part of the property or in an area connected to the project while construction conditions persist, generating current impacts on health, peace and quiet, rest, privacy, security, and residential quality of life.

To order as an urgent precautionary measure that the private respondents refrain from executing, expanding, or consolidating any additional partial opening, regular educational operation, mass student enrollment, expansion of enrollment, ordinary use of classrooms, administrative operations open to the public, or intensive use of facilities until the reports, inspections, and peremptory technical certifications requested herein are on record. To order the private respondents to limit or suspend noisy, invasive, high-impact construction activities, activities outside permitted hours, loading and unloading, excavation, energization, heavy traffic, water management, earthworks, or similar activities until permits, authorized hours, mitigation measures, and effective controls are certified. To order the private respondents to immediately implement temporary acoustic, visual, dust, privacy, perimeter-security, traffic, water, electrical, drainage, and slope-stability protection measures, especially at the points of adjacency or direct exposure toward the affected homes.

To require within a peremptory deadline, without designating them as principal respondents at this stage, technical reports, inspections, certifications, and details of measures adopted by the Municipality of Escazú, MEP, Ministry of Health, Bomberos, CFIA, the competent electric utility, AYA, the Directorate of Water, SETENA, SINAC/MINAE, the competent Conservation Area, MOPT/COSEVI, CNE, or the applicable technical authority, regarding permits, partial operation, current classes, enrollment, capacity, safety, health, accessibility, traffic, electricity, water, environment, conservation, landslides, terrain stability, and protective measures for neighboring properties. To require that the current and projected enrollment, occupancy, and capacity of the educational center be expressly certified, including whether there is an authorization, plan, capacity, or projection close to 800 students, and what technical studies support that operational load.

To order that, if the project is legally compliant and continues to completion, the private respondents design, construct, and maintain, prior to full operation or upon completion of construction if technically appropriate, a permanent acoustic, visual, privacy, and perimeter-security wall, screen, or barrier with verifiable technical specifications, acoustic study, height, materials, continuity, drainage, structural safety, maintenance, and regulatory compliance. To record as submitted the recent public fact relating to ruling N.° 2026016897 of the Sala Constitucional, per the Delfino.cr report and screenshot, without prejudice to subsequently providing an official copy of the full ruling once obtained through institutional channels. To order any other conservation or safety measure the Chamber deems prudent to prevent material risks, avoid additional harm, and preserve the usefulness of the constitutional proceeding.

To order the responsible parties, if appropriate upon deciding the merits, to cease or correct the harmful conduct, adopt permanent mitigation measures, provide complete information, and assume the corresponding legal consequences."

  1. 2Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional authorizes the Chamber to summarily reject, on the merits or otherwise, at any time—even at the time of filing—any motion brought before it that is manifestly inadmissible, or when the Chamber considers that there are sufficient elements to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of a prior, identical or similar motion that was already rejected.

The ruling is drafted by Justice Castillo Víquez; and,

Considering:

I. SUBJECT MATTER OF THE WRIT

The petitioner expressly states that the amparo is filed against the private law subjects connected with the True North project (True North Personalized Learning School Educational Center), which is adjacent to Condominio Los Cerros de Escazú, in order to prevent the operation of this center (which is already in operation), on grounds of noise and dust pollution, loss of privacy, risks from provisional electrical installations, as well as concerns regarding water, the possible existence of protection zones, geotechnical risk, landslides, and other matters. The petitioner notes that complaints have been filed with the competent administrative authorities. The petitioner states that this amparo does not allege the absence of permits but rather seeks to have the private parties certify their existence. The petitioner asks that, "prior to full operation or upon completion of construction if technically appropriate, the private parties responsible design, construct, and maintain a permanent acoustic, visual, privacy, and perimeter-security wall, screen, or barrier with verifiable technical specifications." The petitioner requests the Chamber's intervention.

II. ON THE SPECIFIC CASE

In the matter at hand (sub lite), the petitioner expressly and repeatedly states that the amparo is not filed against public institutions (since "The procedural reason is that there are pending neighborhood administrative proceedings and the petitioners wish those institutions to exercise their technical competencies without, for the time being, being treated as principal respondents"), but exclusively against the private law subjects connected with the True North project (True North Personalized Learning School Educational Center), which is adjacent to Condominio Los Cerros de Escazú, in order to prevent the operation of this center until such time as those parties certify that they do hold permits. However, the admissibility requirements for amparo set out in Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional are not met, since the respondent (a private law subject) is not, in fact or in law, in such a position of power that the protected party cannot effectively and timely seek redress through other jurisdictional remedies outside the constitutional avenue.

Moreover, what is alleged cannot be the subject of an amparo, since the appropriate course of action is for the claims and concerns set out herein, as well as the complaints regarding the pollution mentioned and the other allegations, to be brought before the competent administrative authorities (as the petitioner indicates has already been done and is currently in progress), so that those authorities may take the pertinent measures to resolve the reported problem or, failing that, for the claim to be pursued through the ordinary legality avenue. This does not prevent the interested party from resorting to the constitutional avenue after an unreasonable period of time has elapsed without effective action by the Administration, and provided there is a threat or infringement of a fundamental right, which is not alleged in this amparo, as explained above. Therefore, the writ is summarily rejected.

III. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE

The parties are advised that, if any paper document, object, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device has been submitted, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The writ is summarily rejected.

Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

FILE NO. 26-018877-0007-CO

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Revisión del Documento PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2026024322 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra SUJETOS PRIVADOS RESPONSABLES DEL PROYECTO TRUE NORTH (CENTRO EDUCATIVO TRUE NORTH PERSONALIZED LEARNING SCHOOL).

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la secretaría de la Sala el 27 de mayo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra “SUJETOS PRIVADOS RESPONSABLES DEL PROYECTO TRUE NORTH. Indica lo siguiente: “El recurso se dirige contra los sujetos privados responsables, promotores, operadores, constructores, desarrolladores, propietarios registrales, profesionales responsables o beneficiarios del proyecto. Respecto de la Municipalidad de Escazú, MEP, Ministerio de Salud, Bomberos, CFIA, SETENA, SINAC/MINAE, Área de Conservación competente, Dirección de Agua, AYA, empresa eléctrica competente, MOPT/COSEVI, CNE u otras instituciones, se solicita únicamente que la Sala les requiera en plazo perentorio la realización o acreditación de inspecciones, informes, certificaciones y medidas tomadas dentro de sus competencias, sin tenerlas como recurridas principales en esta etapa. COMPARECENCIA, LEGITIMACIÓN Y MEDIOS PARA NOTIFICACIÓN.Nombre01, cédula de identidad CED01, condómino del Condominio Los Cerros de Escazú y vecino directamente afectados por el proceso constructivo, operación parcial o eventual apertura progresiva del proyecto identificado como True North / Nuevo Campus True North, comparecemos respetuosamente a interponer recurso de amparo contra los sujetos privados responsables, promotores, titulares, operadores, constructores, desarrolladores propietarios registrales, profesionales responsables y demás personas jurídicas o físicas vinculadas al proyecto. Comparecemos en defensa de nuestros derechos fundamentales a la salud, integridad física y psíquica, tranquilidad, descanso, privacidad domiciliaria, ambiente sano, seguridad humana, accesibilidad, seguridad residencial y disfrute pacífico de la vivienda, así como en tutela de intereses vecinales del Condominio Los Cerros de Escazú frente a una actividad privada de impacto directo sobre el entorno residencial.RECURRIDOS PRIVADOS E INDIVIDUALIZACIÓN SOLICITADA. El presente recurso se dirige contra los sujetos de derecho privado vinculados con el proyecto True North / Nuevo Campus True North, incluyendo, según corresponda y se verifique registral, municipal, constructiva, educativa y técnicamente: True North / Centro Educativo True North Personalized Learning School, en cuanto operador, beneficiario o usuario educativo del proyecto. La sociedad propietaria, desarrolladora, promotora o constructora del nuevo campus, dato que debe constar en Registro Nacional, expediente municipal, contrato CFIA/APC, permisos constructivos y documentación administrativa. La empresa constructora, dirección técnica, profesionales responsables, responsable de seguridad ocupacional, responsables de obras eléctricas, hidrosanitarias, pluviales, movimiento de tierras, muros, taludes, drenajes y demás encargados materiales del proyecto.Los representantes legales, administradores, personeros aparentes o responsables operativos que resulten identificados a partir del expediente municipal, Registro Nacional, CFIA/APC, permisos sanitarios, educativos, ambientales, eléctricos, hidrológicos y de seguridad humana. Se solicita que los recurridos privados aporten la identificación completa de la persona jurídica titular, personería vigente, representante legal, propietario registral, finca y plano catastrado, expediente municipal, permiso constructivo, contrato CFIA/APC, permiso sanitario dé funcionamiento, autorización educativa, visto bueno de Bomberos, certificaciones de Ley 7600 estudios de tránsito, viabilidad o instrumentos ambientales, estudios de aguas, drenajes, electricidad, geotecnia, estabilidad de taludes, medidas de mitigación y cualquier autorizacióñ de apertura parcial, uso educativo, clases actuales o ingreso progresivo de estudiantes.DELIMITACIÓN SOBRE INSTITUCIONES PÚBLICAS En esta etapa el recurso no se plantea como amparo principal contra la Municipalidad de Escazú ni contra el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, SETENA, SINAC/MINAE, Área de Conservación competente, Dirección de Agua, AYA, empresa distribuidora de electricidad competente, MOPT, COSEVI, CNE u otras instituciones públicas. La razón procesal es que existen gestiones administrativas vecinales pendientes y los recurrentes desean que dichas instituciones ejerzan sus competencias técnicas sin que, por ahora, sean tenidas como recurridas principales. Sin embargo, la naturaleza del caso exige que se les requiera en plazo perentorio informar qué han inspeccionado, qué permisos existen, qué medidas correctivas o preventivas se ordenaron, y si existen condiciones reales para cualquier operación parcial o ingreso de estudiantes.El requerimiento solicitado tiene carácter instrumental, preventivo y para mejor resolver. No se pide a la Sala sustituir competencias administrativas ordinarias. Se pide evitar que una situación de hecho se consolide antes de contar con certificación integral sobre seguridad humana, salud, educación, accesibilidad, tránsito, electrificación, aguas, ambiente, zona de protección, estabilidad del terreno y protección de terceros colindantes. OBJETO CONSTITUCIONAL DEL RECURSO El objeto del presente amparo es obtener tutela constitucional urgente frente a afectaciones actuales y riesgos inminentes derivados de la obra, operación parcial o eventual apertura Noñh progresiva del proyecto educativo True North / Nuevo Campus, en colindancia o cercanía inmediata con el Condominio Los Cerros de Escazú. La pretensión constitucional no consiste en declarar por esta vía la ilegalidad ordinaria del proyecto ni sustituir a los órganos técnicos.La pretensión es impedir que continúe o se amplíe una operación privada de alto impacto mientras no conste, de manera técnica y documentada, que cumple integralmente las condiciones exigibles y que existen medidas suficientes para proteger a los vecinos colindantes. Las afectaciones y riesgos que justifican la intervención cautelar incluyen: Ruido, vibraciones, golpes, cortes, maquinaria, carga y descarga, tránsito de camiones posible actividad constructiva fuera de horarios permitidos. Polvo, partículas, lodos, residuos, escorrentías y posibles afectaciones respiratorias sanitarias a residentes. Pérdida de privacidad, exposición visual directa hacia viviendas, alteración del descanso, estrés y afectación al hogar como espacio protegido. Riesgos por instalaciones eléctricas provisionales o permanentes, acometidas, tableros, ductos, canalizaciones, transformadores, energización, trincheras, zanjas y obras cercanas al perímetro residencial.Riesgos relacionados con aguas potables, pluviales, servidas, residuales, negras, grises, drenajes, desfogues, alcantarillado, manejo de lodos, escorrentía superficial e impactos sobre la infraestructura del condominio o cuerpos receptores. Posible existencia de zona de protección, área ambientalmente sensible, área de conservación, cauce, quebrada, naciente, cobertura vegetal, talud o condición ambiental que requiera criterio de SETENA, SINAC/MINAE, Área de Conservación competente, Dirección de Agua u otra autoridad. Riesgo geotécnico, deslizamientos, movimientos de tierra, estabilidad de taludes, compactación, drenajes, muros de contención, cortes de terreno, saturación de suelos manejo de aguas en pendientes. Impartición actual de clases o actividades educativas en una parte del inmueble o zona vinculada al proyecto, mientras subsisten condiciones de obra, construcción, acondicionamiento o impacto operativo, extremo que debe certificarse con precisión.Posible incremento futuro de aforo o matrícula hasta aproximadamente 800 estudiantes, extremo que debe ser certificado, porque de confirmarse implicaría un impacto materialmente mayor en tránsito, ruido, seguridad, buses, parqueos, proveedores, privacidad y calidad de vida. Ausencia o insuficiencia de barreras temporales y permanentes de mitigación acústica, visual, de polvo y de seguridad perimetral. Necesidad de una solución técnica permanente de protección sonora, visual, de privacidad y RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS El proyecto True North / Nuevo Campus True North se desarrolla en Escazú, en colindancia o cercanía inmediata con el Condominio Los Cerros de Escazú, zona residencial donde habitan familias, personas adultas mayores, personas que teletrabajan, estudiantes y residentes que requieren condiciones razonables de salud, seguridad, descanso, privacidad y habitabilidad. Desde enero de 2026, según lo reportado por vecinos, se han presentado ruidos, vibraciones, tránsito de maquinaria y vehículos, carga y descarga, polvo, exposición visual, alteración de la tranquilidad residencial y preocupación por operación parcial o progresiva del proyecto.El 4 de mayo de 2026 se fechó una denuncia vecinal relacionada con incumplimiento de horarios de construcción, ruido, vibraciones y molestias significativas vinculadas al proyecto True North / Nuevo Campus. Dicha denuncia fue recibida por la Municipalidad de Escazú el 11 de mayo de 2026, con sello visible de Plataforma de Servicios / Ventanilla 1. Se aporta copia fotográfica del frente del escrito y de su página de firmas con recibido municipal. Ver Anexo A-l. 1 y A-l .2. El 18 de mayo de 2026, Xinia Mora Solano y Nombre01 presentaron coadyuvancia municipal, ampliación de hechos, aporte de prueba y solicitud de medidas cautelares administrativas dentro de la denuncia vecinal relacionada con el proyecto. Dicha gestión consta en copia escaneada con sello de recibido municipal de fecha 18 de mayo de 2026. Ver Anexo A-2. La documentación disponible y el oficio municipal aportado hacen referencia al permiso municipal 077-25 y contrato CFIA 1145946, datos que deben ser certificados oficialmente por el expediente municipal, CFIA/APC y los responsables privados.Según oficio municipal COR-lG-0422-2026, de 18 de mayo de 2026, la Municipalidad de Escazú indicó que, por denuncias recibidas, emitió notificación preventiva N. 0 0583 el 19 de enero de 2026; que el 28 de abril de 2026 la Policía Municipal generó acta de apercibimiento N. 0 00345 por incumplimiento de horario; que, por reincidencia comprobada, se emitió orden de clausura N. 0 0956 del 30 de abril de 2026; y que la clausura se mantuvo hasta que el responsable del proyecto acreditó un compromiso formal y verificable de ajustar las actividades constructivas al horario del artículo 5.13 del Plan Regulador, levantándose mediante oficio COR-lG-0396-2026. Estos hechos demuestran conocimiento municipal previo, antecedentes de reincidencia y necesidad de seguimiento técnico estricto. Ver Anexo A-3.1 y A-3.2. La afectación denunciada no es meramente futura. Los recurrentes alegan afectaciones actuales a salud, tranquilidad, descanso, privacidad, bienestar residencial, limpieza, seguridad y calidad de vida por ruido, polvo, vibraciones, tránsito, estrés, exposición visual y presencia continua de actividad constructiva u operativa.Los recurrentes manifiestan que ya se están impartiendo clases o actividades educativas en una parte del inmueble o zona vinculada al proyecto, mientras subsisten obras, acondicionamientos o condiciones propias de zona en construcción. Este extremo debe ser certificado en forma expresa por los recurridos privados y por las instituciones competentes, indicando ubicación exacta, cantidad de estudiantes, personal presente, horarios, rutas de ingreso y salida, separación física respecto de obra activa, medidas sanitarias, seguridad humana, evacuación, accesibilidad y control de riesgos. La operación parcial actual o reciente, de confirmarse, agrava la urgencia del amparo, porque no se trata solo de molestias constructivas sino de convivencia simultánea entre obra, uso educativo, tránsito de estudiantes y afectación residencial. IO. Los recurrentes han tenido conocimiento de que la matrícula, ocupación o aforo proyectado podría llegar hasta aproximadamente 800 estudiantes.Este dato no se afirma como hecho certificado; se solicita que sea verificado de forma expresa. Si se confirma, el impacto sobre tránsito, ruido, buses, parqueos, seguridad, proveedores, horarios de entrada y salida, aguas, electricidad, evacuación, privacidad y calidad de vida residencial sería sustancialmente mayor que el impacto actual. No se afirma como hecho cerrado que el proyecto carezca de permisos. Precisamente se solicita que los recurridos privados y las instituciones competentes certifiquen documentalmente la existencia, vigencia, alcance y condiciones de todos los permisos, autorizaciones, inspecciones, estudios y medidas de mitigación exigibles. En materia eléctrica, debe verificarse si existen permisos, diseños aprobados, planos, autorizaciones de acometidas, transformadores, ductos, canalizaciones, tableros, energización, obras provisionales o permanentes, rutas de servicio, coordinación con la empresa distribuidora y medidas de seguridad frente a vecinos colindantes.En materia de aguas, debe verificarse el manejo de agua potable, aguas pluviales, servidas, residuales, negras, grises, drenajes, desfogues, alcantarillado sanitario, escorrentías, infiltraciones, lodos, sedimentos, posibles afectaciones a cauces, quebradas, nacientes, zonas de protección o infraestructura existente del condominio. En materia ambiental y de área de conservación, debe verificarse si el proyecto se ubica cerca de una zona de protección, área ambientalmente sensible, cuerpo de agua, quebrada, naciente, cobertura vegetal relevante, talud o zona sujeta a criterio de SETENA, SINAC/MINAE, Área de Conservación competente, Dirección de Agua u otra autoridad. En materia geotécnica y de riesgos, debe verificarse la estabilidad de taludes, movimientos de tierra, cortes, rellenos, compactación, muros de contención, drenajes, pendientes, riesgo de deslizamientos, saturación de suelos y efectos acumulativos de aguas pluviales sobre viviendas, tapias, linderos, vías, zonas comunes y colindancias.Si el proyecto se encuentra a derecho y continúa hast a su conclusión, la protección de vecinos no puede depender únicamente de medidas temporales. Debe ordenarse que se diseñe, construya y mantenga una barrera permanente, muro o pantalla de protección sonora, visual, de privacidad y seguridad perimetral, técnicamente respaldada y compatible con drenajes, seguridad estructural, accesibilidad, mantenimiento y normativa aplicable. La continuidad de la obra, operación parcial, apertura progresiva, ampliación de clases o ingreso masivo de estudiantes sin verificación integral previa puede volver ilusoria una eventual sentencia estimatoria, pues los daños a salud, descanso, privacidad, seguridad ambiente residencial se producen día a día y pueden agravarse de forma acumulativa. HECHO PÚBLICO RECIENTE SOBRE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL: RESOLUCIÓN N.0 2026016897 Se aporta como hecho público reciente la publicación de Delfino.cr del 21 de mayo de 2026, titulada "Sala IV condena a Municipalidad de San José por no concluir investigación sobre permiso de Escalante Verde", en la cual se informa que la Sala Constitucional dictó la resolución N. Telf01, de 15 de mayo de 2026, relacionada con el proyecto Escalante Verde, la Municipalidad de San José, SETENA y otras instituciones.Según esa nota, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso, pero mantuvo en firme la viabilidad ambiental de SETENA y el permiso de construcción municipal. Por tanto, este antecedente no se invoca como anulación automática de permisos ni como caso idéntico. Su relevancia constitucional es distinta: según la publicación, la Sala acogió parcialmente el amparo por la omisión municipal de realizar y concluir una investigación intema sobre el trámite del permiso constructivo, y ordenó actuaciones de reposición documental, resolución, eventuales procedimientos disciplinarios y seguimiento de la denuncia ciudadana. En este caso, dicho antecedente se usa como criterio analógico prudente: la existencia formal de permisos no elimina la necesidad de fiscalización real, investigación seria, documentación completa, seguimiento de denuncias, inspecciones técnicas, medidas de mitigación y protección efectiva a la calidad de vida de vecinos colindantes.Como todavía no se cuenta con copia íntegra oficial del voto, se aporta la nota y captura disponible, sin perjuicio de aportar la resolución oficial cuando sea obtenida por los canales institucionales de la Sala Constitucional. (…) PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA SUJETOS PRIVADOS El amparo contra sujetos de derecho privado procede cuando la acción u omisión de una persona privada coloca al afectado en una posición de subordinación, indefensión o afectación directa de derechos fundamentales. En este caso, los vecinos colindantes no controlan la obra, no tienen acceso pleno a los expedientes técnicos, no pueden detener ruidos, polvo, tránsito, exposición visual, energización, manejo de aguas, taludes o apertura educativa, y dependen de que el operador y desarrollador privado cumplan medidas de prevención y mitigación. La escala del proyecto, su colindancia con un condominio residencial, la eventual operación educativa parcial, la posibilidad de un aforo significativo, los riesgos técnicos acumulados y la afectación actual denunciada colocan a los recurrentes en una situación de vulnerabilidad material frente a una actividad privada organizada, técnicamente compleja y de alto impacto.(…) MURO O BARRERA PERMANENTE DE PROTECCIÓN SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA A DERECHO Los recurrentes no solicitan que se presuma ilegalidad del proyecto. Si, luego de las verificaciones técnicas, el proyecto se encuentra a derecho y puede continuar hasta su conclusión, debe garantizarse una solución estructural permanente que proteja a los vecinos colindantes frente a ruido, exposición visual, pérdida de privacidad, tránsito interno, actividad escolar, equipos, patios, flujos de personas y demás impactos ordinarios de un centro educativo de gran escala. Por ello se solicita ordenar que, antes de la operación plena o al finalizar la obra si técnicamente corresponde, los responsables privados diseñen, construyan y mantengan un muro, pantalla o barrera permanente de protección sonora, visual, de privacidad y seguridad perimetral, con especificaciones técnicas verificables. Dicha solución debe incluir, según corresponda: estudio acústico, altura, continuidad, materiales, absorción o aislamiento sonoro, seguridad estructural, compatibilidad con drenajes y aguas pluviales, mantenimiento, tratamiento visual, cumplimiento municipal, protección contra escorrentías, estabilidad de taludes y ausencia de nuevos riesgos para el condominio.(…) Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Sala Constitucional: Dar curso al presente recurso de amparo contra los sujetos privados responsables, promotores, operadores, constructores, desarrolladores, propietarios registrales, profesionales responsables o beneficiarios del proyecto True North / Nuevo Campus.Ordenar a los recurridos privados rendir informe completo e identificar formalmente a la sociedad titular, representante legal, propietario registral, constructora, director técnico, profesionales responsables, responsable de seguridad ocupacional, responsable eléctrico, hidrosanitario, pluvial, geotécnico, ambiental y operativo del proyecto. Tener por denunciado que, según manifiestan los recurrentes y debe certificarse, ya se imparten clases o actividades educativas en una parte del inmueble o zona vinculada al proyecto mientras subsisten condiciones de obra, generando afectaciones actuales a salud, tranquilidad, descanso, privacidad, seguridad y calidad de vida residencial. Ordenar como medida cautelarísima que los recurridos privados se abstengan de ejecutar, ampliar o consolidar cualquier apertura parcial adicional, operación educativa regular, ingreso masivo de estudiantes, ampliación de matrícula, uso ordinario de aulas, funcionamiento administrativo abierto al público o uso intensivo de instalaciones hasta que consten en autos los informes, inspecciones y certificaciones técnicas perentorias solicitadas.Ordenar a los recurridos privados limitar o suspender actividades constructivas ruidosas, invasivas, de alto impacto, fuera de horario, de carga y descarga, excavación, energización, tránsito pesado, manejo de aguas, movimientos de tierra o similares mientras no se acrediten permisos, horarios autorizados, medidas de mitigación y controles efectivos. Ordenar a los recurridos privados implementar de inmediato medidas temporales de protección acústica, visual, de polvo, privacidad, seguridad perimetral, tránsito, aguas, electricidad, drenajes y estabilidad de taludes, especialmente en los puntos de colindancia o exposición directa hacia las viviendas afectadas. Requerir en plazo perentorio, sin tenerlas por recurridas principales en esta etapa, informes técnicos, inspecciones, certificaciones y detalle de medidas adoptadas por la Municipalidad de Escazú, MEP, Ministerio de Salud, Bomberos, CFIA, empresa eléctrica competente, AYA, Dirección de Agua, SETENA, SINAC/MINAE, Área de Conservación competente, MOPT/ COSEVI, CNE o autoridad técnica que corresponda, sobre permisos, operación parcial, clases actuales, matrícula, aforo, seguridad, salud, accesibilidad, tránsito, electricidad, aguas, ambiente, conservación, deslizamientos, estabilidad del terreno y medidas de protección a colindantes.Requerir que se certifique expresamente la matrícula, ocupación y aforo actual y proyectado del centro educativo, incluyendo si existe autorización, planificación, capacidad o proyección cercana a 800 estudiantes, y qué estudios técnicos respaldan esa carga operativa. Ordenar que, si el proyecto se encuentra a derecho y continúa hasta su conclusión, los recurridos privados diseñen, construyan y mantengan, antes de la operación plena o al finalizar la obra si técnicamente corresponde, un muro, pantalla o barrera permanente de protección sonora, visual, de privacidad y seguridad perimetral, con especificaciones técnicas verificables, estudio acústico, altura, materiales, continuidad, drenajes, seguridad estructural, mantenimiento y cumplimiento normativo. Tener por aportado como anexo el hecho público reciente relativo a la resolución N. O 2026016897 de la Sala Constitucional, según nota y captura de Delfino.cr, sin perjuicio de aportar posteriormente copia oficial del voto íntegro una vez sea obtenida por los canales institucionales.Ordenar cualquier otra medida de conservación o seguridad que la Sala estime prudente para prevenir riesgos materiales, evitar daños adicionales y preservar la utilidad del proceso constitucional. Condenar a los responsables, si así procede al resolverse el fondo, a cesar o corregir las conductas lesivas, adoptar medidas permanentes de mitigación, brindar información completa y asumir las consecuencias legales correspondientes”.
  2. 2El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I. OBJETO DEL RECURSO

La parte recurrente manifiesta expresamente que acude en amparo en contra de los sujetos de derecho privado vinculados con el proyecto True North (Centro Educativo True North Personalized Learning School), que colinda con el Condominio Los Cerros de Escazú, a efectos de que se impida la operación de este centro (el cual ya está en funciones), debido a la contaminación sónica y de polvo, pérdida de privacidad, riesgo por instalaciones eléctricas provisionales, así como en lo atinente a aguas, posible existencia de zonas de protección, riesgo geotécnico, deslizamiento, entre otros. Comenta que se han planteado denuncias ante las autoridades administrativas competentes. Menciona que en este amparo no acusa la carencia de permisos, sino que lo pretendido es que los sujetos privados certifiquen su existencia. Pide que, “antes de la operación plena o al finalizar la obra si técnicamente corresponde, los responsables privados diseñen, construyan y mantengan un muro, pantalla o barrera permanente de protección sonora, visual, de privacidad y seguridad perimetral, con especificaciones técnicas verificables”. Solicita la intervención de la Sala.

II. SOBRE EL CASO CONCRETO

En el sub lite, la parte recurrente manifiesta expresamente y de manera reiterativa, que no acude en amparo en contra de instituciones públicas (en tanto “La razón procesal es que existen gestiones administrativas vecinales pendientes y los recurrentes desean que dichas instituciones ejerzan sus competencias técnicas sin que, por ahora, sean tenidas como recurridas principales”). sino exclusivamente en contra de los sujetos de derecho privado vinculados con el proyecto True North (Centro Educativo True North Personalized Learning School), que colinda con el Condominio Los Cerros de Escazú, a efectos de que se impida la operación de este centro, hasta tanto no certifiquen que sí cuentan con permisos. No obstante, se incumplen los supuestos de admisibilidad del amparo dispuestos en el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la parte recurrida (sujeto de derecho privado) no se encuentra de hecho o de derecho en una posición de poder tal, que la parte tutelada no pueda ampararse, oportuna y efectivamente, por medio de otros remedios jurisdiccionales diferentes a la vía constitucional.

Aunado a ello, lo alegado no puede ser objeto de amparo, pues lo procedente es que las pretensiones y dudas aquí expuestas, así como los reclamos en torno a la contaminación mencionada y demás alegatos, sean planteados ante las autoridades administrativas competentes (como indica que ya se ha hecho y se encuentra en trámite), a fin de que aquellas tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, plantee su reclamo en la vía de legalidad ordinaria. Lo anterior no obsta para que la parte interesada acuda a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental, lo que no se alega en este amparo, tal y como se explicó. Ergo, se rechaza de plano el recurso.

III. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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