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Res. 23771-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/06/2026
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo for violation of the right to petition and prompt response, as the Municipality of Osa took over two months to provide information on Coastal Zone administrative files without notifying the petitioner of any delay, responding only after the amparo was served; the majority declined to award costs or damages, with partial dissents from two justices.La Sala declaró con lugar el amparo por violación al derecho de petición y pronta respuesta, ya que la Municipalidad de Osa tardó más de dos meses en entregar información sobre expedientes de Zona Marítimo Terrestre sin notificar las razones de la demora, respondiendo solo tras la notificación del curso del amparo; la mayoría no impuso costas ni daños, con votos salvados parciales de dos magistrados.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed against the Municipality of Osa for violation of the right to petition and prompt response (Art. 27 of the Constitution and Art. 32 of the Constitutional Jurisdiction Law). In April 2026 the petitioner requested certified copies of a Coastal Maritime Zone (ZMT) administrative file concerning a company's application—including documents supporting a visado denial—and the municipality failed to respond within the 10-business-day legal deadline, citing technical-legal complexity without notifying the petitioner. The Chamber held that invoking 'complex processing' without informing the requester does not justify the delay, especially since the response was delivered only after the amparo was served. The majority granted the amparo without awarding costs, damages, or losses under Art. 52 LJC. Two justices issued partial dissents: one would impose costs and damages; the other would order indemnification only, reasoning that late compliance after an amparo should not shield the administration from liability.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa por violación al derecho de petición y pronta respuesta (artículos 27 constitucional y 32 de la LJC). El recurrente solicitó en abril de 2026 copias certificadas del expediente de Zona Marítimo Terrestre de una sociedad —incluyendo los documentos que fundamentaron la negativa de un visado— y la municipalidad no respondió en el plazo legal de diez días hábiles, alegando complejidad técnico-jurídica sin comunicarlo al peticionario. La Sala consideró que invocar una 'tramitación compleja' sin notificar al administrado no justifica el incumplimiento, siendo determinante que la respuesta fue entregada únicamente tras notificarse el curso del amparo. La mayoría declaró el recurso con lugar sin condenatoria en costas, daños y perjuicios con base en el artículo 52 LJC. Dos magistrados salvaron parcialmente el voto: uno exigiría costas, daños y perjuicios; la otra ordenaría la condenatoria en daños pero no en costas.
Key excerptExtracto clave
While the respondent municipality notes that through legal opinion CR-PSJ-52-2026 it analyzed the nature of the petitioner's requests, determining they required review of administrative files, documentary verification, technical analysis, legal assessment, possible administrative remediation, and review of records related to Coastal Zone proceedings, there is no indication that these circumstances were communicated to the petitioner. Consequently, the mere invocation of an alleged 'complex processing,' without explaining to the petitioner why the information could not be delivered within the ordinary legal deadline, does not constitute sufficient justification for withholding the response until June 15, 2026. This is even more evident given that the respondent authority stated that through oficio PZM-0196-2026 of June 15, 2026, the Coastal Zone Department proceeded to provide the petitioner with the information requested since April 8, 2026. Said notice was served on June 15, 2026 itself, meaning the delivery of information occurred solely as a consequence of the notification of the order admitting the amparo. Accordingly, it is appropriate to grant the amparo in the terms set out in the operative part of this ruling.Al respecto si bien acota la municipalidad recurrida que mediante criterio legal CR-PSJ-52-2026 se analizó la naturaleza de las gestiones planteadas por el recurrente, determinándose que estas requerían revisión de expedientes administrativos, verificación documental, análisis técnico, valoración jurídica, eventual saneamiento administrativo y revisión de antecedentes relacionados con trámites de Zona Marítimo Terrestre, no consta que tales circunstancias hayan sido comunicadas al recurrente. En consecuencia, la sola invocación de una supuesta "tramitación compleja", sin la explicación al recurrente del por qué dicha información no podía ser entregada dentro del plazo legal ordinario, no constituye justificación suficiente para atender la solicitud hasta el 15 de junio de 2026. Lo anterior resulta aún más evidente si se considera que la autoridad recurrida indicó que mediante oficio PZM-0196-2026 de fecha 15 de junio de 2026 el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, procedió a otorgar al recurrente la información solicitada desde el 8 de abril de 2026. Dicho oficio le fue notificado el mismo 15 de junio del 2026, por lo que la entrega de la información se produjo únicamente como consecuencia de la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso. En virtud de ello, se estima procedente declarar con lugar el recurso de amparo en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar."
"The right to petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Constitution and 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, obliges public officials to resolve citizens' requests within ten business days from the date of submission, unless a different deadline for response has been established."
Considerando VI — Voto salvado parcial Magistrado Salazar Alvarado
"El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar."
Considerando VI — Voto salvado parcial Magistrado Salazar Alvarado
"La respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales."
"A response or access granted by the respondent Administration after the relevant deadline has expired — even when it comes before the amparo proceedings are served, or, as in this case, on the occasion of such service — does not constitute timely compliance with the obligation imposed by Articles 27 and 30 of the Constitution."
Considerando VI — Voto salvado parcial Magistrado Salazar Alvarado
"La respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales."
Considerando VI — Voto salvado parcial Magistrado Salazar Alvarado
"Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo."
"Under the majority's thesis, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when an amparo has been filed."
Considerando VII — Voto salvado parcial Magistrada Garro Vargas
"Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo."
Considerando VII — Voto salvado parcial Magistrada Garro Vargas
"la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo."
"The affected party retains the possibility of bringing a separate proceeding, if it sees fit, to demonstrate that it has suffered some form of harm."
Considerando V — mayoría
"la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo."
Considerando V — mayoría
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-sixth of June, two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, against the MUNICIPALIDAD DE OSA.
Background:
"From the administrative background it is apparent that the requests filed by the petitioner did not constitute a simple information request requiring immediate attention, but rather matters connected to administrative files of the Maritime Terrestrial Zone, concessions, permits, administrative actions, registry verifications, documentary review, and technical-legal analysis. For this reason, the Municipal Mayor's Office (Alcaldía Municipal) deemed it necessary to request the corresponding legal opinions from the institutional legal advisory service, in order to have a comprehensive, objective, and legally grounded assessment before issuing a definitive response. In this regard, it must be noted that, by means of legal opinion CR-PSJ-52-2026, the nature of the matters raised was analyzed, and it was determined that they required review of administrative files, documentary verification, technical analysis, legal evaluation, potential administrative regularization (saneamiento administrativo), and review of background records related to Maritime Terrestrial Zone proceedings; the foregoing demonstrates that the administration did not remain inactive, but rather activated the internal mechanisms necessary to address the request in a responsible and legally grounded manner.
SECOND: That by means of official communication PZM-0196-2026 (attached hereto), dated June 15, 2026, from the Maritime Terrestrial Zone Department, a reply was provided to the petitioner, and notification thereof was made on June 15, 2026, as evidenced by the notification receipt (attached hereto)."
The opinion is drafted by Justice Castillo Víquez; and,
Considering:
I.In light of the fact that the respondent municipality failed to indicate in its sworn report whether the email addresses ...01 and ...02 are recognized as official means of communication, this fact is taken as established, and the constitutionality of this matter is analyzed in accordance with the provisions of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
The petitioning party states that on April 8, 2026, they sent a formal written request to the Maritime Terrestrial Zone Department of the Municipalidad de Osa, requesting: "a) A complete certified copy of official communication PZM-0067-2026. b) A complete certified copy of the administrative file related to the application submitted on May 24, 2024, in the name of the company 3-102-904975 Sociedad de Responsabilidad Limitada. c) Copies of all documents, technical reports, legal opinions, inspections, and internal communications that support the rationale used to deny the endorsement." The petitioner alleges that, as of the date this petition was filed, no response has been received.
The following facts, which are relevant to the decision in this matter, are considered duly proven, either because they have been established as such or because the respondent failed to address them, as required by the initial order:
1. On April 8, 2026, the petitioner sent to the email addresses ...01 and ...02 a written request to the Maritime Terrestrial Zone Department of the Municipalidad de Osa, requesting: "a) A complete certified copy of official communication PZM-0067-2026. b) A complete certified copy of the administrative file related to the application submitted on May 24, 2024, in the name of the company 3-102-904975 Sociedad de Responsabilidad Limitada. c) Copies of all documents, technical reports, legal opinions, inspections, and internal communications that support the rationale used to deny the endorsement" (see electronic record); 2. By means of legal opinion CR-PSJ-52-2026, the respondent municipality analyzed the nature of the matters raised by the petitioner, determining that they required review of administrative files, documentary verification, technical analysis, legal evaluation, potential administrative regularization, and review of background records related to Maritime Terrestrial Zone proceedings (see electronic record).
3. By means of official communication PZM-0196-2026, dated June 15, 2026, the Maritime Terrestrial Zone Department responded to the petitioner, and the response was notified to the petitioner on June 15, 2026 (see electronic record); 4. By resolution at 16:03 hours on June 10, 2026, the present amparo was admitted for processing; that resolution was notified to the respondent authority on June 12, 2026 (see electronic record).
In the sub examine, it is considered established that on April 8, 2026, the petitioner sent to the email addresses ...01 and ...02 a written request to the Maritime Terrestrial Zone Department of the Municipalidad de Osa, requesting: "a) A complete certified copy of official communication PZM-0067-2026. b) A complete certified copy of the administrative file related to the application submitted on May 24, 2024, in the name of the company 3-102-904975 Sociedad de Responsabilidad Limitada. c) Copies of all documents, technical reports, legal opinions, inspections, and internal communications that support the rationale used to deny the endorsement." In this regard, while the respondent municipality notes that, by means of legal opinion CR-PSJ-52-2026, the nature of the matters raised by the petitioner was analyzed and it was determined that they required review of administrative files, documentary verification, technical analysis, legal evaluation, potential administrative regularization, and review of background records related to Maritime Terrestrial Zone proceedings, there is no indication that these circumstances were communicated to the petitioner.
Accordingly, the mere invocation of an alleged "complex processing," without explaining to the petitioner why the requested information could not be delivered within the ordinary statutory timeframe, does not constitute sufficient justification for addressing the request only on June 15, 2026. This is all the more evident when one considers that the respondent authority stated that, by means of official communication PZM-0196-2026, dated June 15, 2026, the Maritime Terrestrial Zone Department proceeded to provide the petitioner with the information that had been requested since April 8, 2026. That communication was notified to the petitioner on that same date, June 15, 2026, meaning that the information was delivered solely as a result of the notification of the resolution admitting the present petition for processing. In light of the foregoing, it is appropriate to grant the writ of amparo in the terms set forth in the operative part (parte dispositiva) of this judgment.
V.ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES (condenatoria en costas, daños y perjuicios) IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon further deliberation, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, pursuant to the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged act, the petition shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if warranted"), the grant should be issued without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express statutory text requiring the operative part of the judgment to declare the petition granted when the grievance is remedied while the amparo is pending, it is equally true that that same paragraph in fine provides that the grant is issued "solely for the purposes of compensation and costs, if warranted." It is worth emphasizing that the Law states "if warranted," which means that whether compensation and costs are or are not warranted depends on an assessment, evaluation, or weighing by the Court.
In cases such as this one, the content of the protected party's claim and the respondent authority's conduct in recognizing it suggest that the harms, injuries, or disruptions alleged are not directly connected to an impact on a constitutional right of a plainly patrimonial nature (as would be the case, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to note the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states that: "every resolution granting the petition shall, in the abstract, order compensation for damages and losses caused and payment of the costs of the proceedings, reserving their quantification for the enforcement stage," where no possibility is contemplated for assessing whether compensation and costs are or are not warranted. The principles of Constitutional Law, of Public Law and General Procedural Law, or, where applicable, of International or Community Law, and, in order of priority, the Ley General de la Administración Pública, the Código Procesal Contencioso Administrativo, and other procedural codes, serve as supplementary sources for the application and interpretation of the provisions of the Ley de la Jurisdicción Constitucional — cf.
Article 14. For administrative contentious proceedings, the legislature established a provision fully applicable by analogy to the present case, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic applicable in any area of law. In any event, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they see fit, to ordinary proceedings in order to demonstrate that they have suffered some form of harm. Based on the foregoing, the majority considers it appropriate to resolve this petition without an award of costs, damages, and losses.
While I agree with the majority opinion, which grants the petition on account of a violation of the right of petition (derecho de petición) and prompt resolution (pronta resolución), I consider that the petition should be granted but with the imposition on the respondent party of payment of costs as well as compensation for damages and losses, for the following reasons.
The right of petition and prompt resolution, enshrined in Article 27 of the Constitución Política and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, obligates public officials to resolve requests submitted by private parties (administrados) within ten business days from the date of submission of such requests, unless a different response deadline has been specified. However, Article 32, as cited above, also provides that, in deciding the petition, the Chamber shall assess the reasons adduced for considering that timeframe insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obligated to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a response. For purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind what is set forth by the provisions cited above.
Article 27 of the Constitución Política provides as follows:
"Freedom of petition is guaranteed, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain prompt resolution." For its part, Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides as follows:
"When the amparo concerns the right of petition and to obtain prompt resolution, established in Article 27 of the Constitución Política, and no deadline has been specified for a response, the violation shall be deemed to have occurred once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed with the administrative office, without prejudice to the Court's ability, in deciding the petition, to assess the reasons adduced for considering that timeframe insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter." In the same vein, the Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is subject to judicial protection by means of the writ of amparo established under Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política, for those cases in which the petitioner considers that the Administration's material conduct, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to note what is provided in Article 6 of that statute:
"Filing of written requests and response deadline. The written document presenting the petition, along with any other documents and communications submitted to the relevant public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall obligate the administration to acknowledge receipt thereof, and the administration must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational rules of each entity…" Thus, in amparo petitions referring to the alleged violation of this right, there is an express statutory provision — constitutionally validated by the law governing this jurisdiction — that requires the requested information to be provided within the ten business days following the request, as set forth in Articles 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and 27 of the Constitución Política, as indicated above. Additionally, this timeframe is reiterated in Article 6 of Ley N° 9097, which reinforces the legislature's intent with respect to the protection of this right.
Likewise, the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 51, provides:
"…every resolution granting the petition shall, in the abstract, order compensation for damages and losses caused and payment of the costs of the proceedings, and shall reserve their quantification for the enforcement stage." This last provision establishes the general system governing compensation and payment of costs, which the majority refers to as the "natural or normal form of termination of the proceedings, where there is a ruling on the merits and recognition of the facts that have violated fundamental rights…" Consequently, in the case before us, the violation of the constitutionally endorsed ten-business-day deadline — which, incidentally, is not required for other amparo petitions, except for the right of rectification and response (Article 68 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional) — is established.
Therefore, and with all due respect for the majority's position, what is warranted in this regard is to consider the violation of the right of petition and prompt resolution — as well as the right of access to public information (Article 30 of the Constitución Política), which guarantees free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest — as established, and to order the respondent authority to pay costs, damages, and losses.
Thus, since this is a deadline that is constitutionally endorsed — both by the legislature and by this Constitutional Court — its non-compliance entails a violation of the fundamental right in question, which led the petitioning party to file the present writ of amparo as a mechanism to obtain a response to their request or access to the information sought. This is true regardless of whether the response or delivery of information occurred before or as a consequence of the amparo; because what is certain is that the private party ultimately had their constitutional right satisfied as a result of having filed the writ of amparo, which they were compelled to submit, along with all the inconveniences and costs that this entails. It bears repeating that the response or access granted by the respondent Administration that occurs after the relevant deadline has expired — even if it comes before notification that the amparo has been admitted for processing, or, as in this case, upon notification of said admission — does not constitute timely compliance with the obligation imposed by Articles 27 and 30 of the Constitución Política.
It is clear that in such a scenario, that untimely response constitutes a satisfaction of the protected party's claim; however, this does not preclude recognition of the damages and losses that such indolence may have caused to the petitioner, nor of the costs associated with the exercise of the present procedural action, which was necessary to safeguard their fundamental rights, as authorized by Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Accordingly, I partially dissent and impose on the respondent party the payment of costs, damages, and losses.
Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) provides: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged act, the petition shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if warranted." My interpretation of that provision is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if warranted" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely and only to these: to costs.
Certainly, under Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to a writ of amparo is not compensatory in nature but rather restitutory; however, Article 51 of the LJC states: "Every resolution granting the petition shall, in the abstract, order compensation for damages and losses caused and payment of the costs of the proceedings, and shall reserve their quantification for the enforcement stage." If the right has been violated and the Chamber so finds — even in cases where it has been restored — damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract order of compensation for these is warranted. If such an abstract order were not issued, and if damages and losses had in fact been incurred, there would be no legal basis — derived from this proceeding — for claiming them, which could result in a violation of Article 41 of the CP. If, despite the abstract order having been issued, no damages or losses have in fact been incurred, the judge in ordinary proceedings will so declare, since only that judge has jurisdiction to establish the real existence and extent of such damages and losses.
In light of the position defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, such an approach would end up incentivizing the Administration to respect rights only when faced with a writ of amparo. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if the Chamber deems it just, it may order an award of costs even when the right has been restored.
For the foregoing reasons, I partially dissent with respect to the operative part and order compensation for damages and losses in the abstract, but not an award of costs.
This Chamber must advise the parties that, should they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device or by electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology means, these must be retrieved from the office within thirty business days of receiving notification of this judgment; otherwise, all such materials will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N°27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial N°19 of January 26, 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N°43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The petition is granted, without a special award of costs, damages, and losses. Justice Salazar Alvarado records separate reasons and partially dissents, solely for purposes of compensation, and imposes on the respondent party the payment of costs, damages, and losses. Justice Garro Vargas partially dissents and orders compensation for damages and losses in the abstract, but not an award of costs.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiseis de junio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo presentado por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.
Resultando:
“De los antecedentes administrativos se desprende que las gestiones presentadas por el recurrente no correspondían a una simple solicitud de información de atención inmediata, sino a asuntos vinculados con expedientes administrativos de la Zona Marítimo Terrestre, concesiones, permisos, actuaciones administrativas, verificaciones registrales, revisión documental y análisis técnico-jurídico. Por tal razón, la Alcaldía Municipal estimó necesario solicitar los criterios legales correspondientes a la asesoría jurídica institucional, con el fin de contar con una valoración integral, objetiva y conforme a derecho antes de emitir una respuesta definitiva. En ese sentido, debe destacarse que mediante el criterios legal CR-PSJ-52-2026 se analizó la naturaleza de las gestiones planteadas, determinándose que estas requerían revisión de expedientes administrativos, verificación documental, análisis técnico, valoración jurídica, eventual saneamiento administrativo y revisión de antecedentes relacionados con trámites de Zona Marítimo Terrestre, lo anterior evidencia que la administración no permaneció inactiva, sino que activó los mecanismos internos necesarios para atender la gestión de manera responsable y jurídicamente fundamentada.
SEGUNDO: Que mediante el oficio PZM-0196-2026 (se adjunta) de fecha del día 15 de junio de 2026 de Departamento de Zona Marítimo Terrestre, se procedió a contestar al recurrente, y se procedo a su comunicación el día 15 de junio del 2026, tal y como se demuestra en el comprobante (se adjunta) de notificación.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.En vista de que la municipalidad recurrida omitió indicar en el informe rendido bajo juramento, si los correos electrónicos: ...01 y ...02; se encuentran previstos como mecanismo oficial de comunicación, se tiene por cierto este hecho, y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Señala la parte recurrente que el 08 de abril de 2026 remitió formal solicitud escrita al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, requiriendo: “a) Copia certificada íntegra del oficio PZM-0067-2026. b) Copia certificada completa del expediente administrativo relacionado con la solicitud presentada el 24 de mayo de 2024 a nombre de la sociedad 3-102-904975 Sociedad de Responsabilidad Limitada. c) Copia de todos los documentos, informes técnicos, criterios legales, inspecciones y comunicaciones internas que sustentan el criterio utilizado para negar el visado”. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no ha obtenido una respuesta.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
1. El recurrente envió el 08 de abril de 2026, a las direcciones electrónicas: ...01 y ...02; solicitud escrita al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, requiriendo: “a) Copia certificada íntegra del oficio PZM-0067-2026. b) Copia certificada completa del expediente administrativo relacionado con la solicitud presentada el 24 de mayo de 2024 a nombre de la sociedad 3-102-904975 Sociedad de Responsabilidad Limitada. c) Copia de todos los documentos, informes técnicos, criterios legales, inspecciones y comunicaciones internas que sustentan el criterio utilizado para negar el visado” (ver registro electrónico); 2. Mediante el criterio legal CR-PSJ-52-2026 la municipalidad recurrida analizó la naturaleza de las gestiones planteadas por el recurrente, determinándose que estas requerían revisión de expedientes administrativos, verificación documental, análisis técnico, valoración jurídica, eventual saneamiento administrativo y revisión de antecedentes relacionados con trámites de Zona Marítimo Terrestre (ver registro electrónico).
3. Mediante el oficio PZM-0196-2026 de fecha 15 de junio de 2026 el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, procedió a contestar al recurrente, el cual fue notificado al recurrente el 15 de junio del 2026 (ver registro electrónico); 4. Por resolución de las 16:03 horas del 10 de junio del 2026, se dio curso al presente amparo, resolución que fue notificada a la autoridad recurrida el 12 de junio de 2026 (ver registro electrónico).
En el sub examine, se tiene por acreditado que el recurrente envió el 08 de abril de 2026, a las direcciones electrónicas: ...01 y ...02; una solicitud escrita al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, requiriendo: “a) Copia certificada íntegra del oficio PZM-0067-2026. b) Copia certificada completa del expediente administrativo relacionado con la solicitud presentada el 24 de mayo de 2024 a nombre de la sociedad 3-102-904975 Sociedad de Responsabilidad Limitada. c) Copia de todos los documentos, informes técnicos, criterios legales, inspecciones y comunicaciones internas que sustentan el criterio utilizado para negar el visado”. Al respecto si bien acota la municipalidad recurrida que mediante criterio legal CR-PSJ-52-2026 se analizó la naturaleza de las gestiones planteadas por el recurrente, determinándose que estas requerían revisión de expedientes administrativos, verificación documental, análisis técnico, valoración jurídica, eventual saneamiento administrativo y revisión de antecedentes relacionados con trámites de Zona Marítimo Terrestre, no consta que tales circunstancias hayan sido comunicadas al recurrente.
En consecuencia, la sola invocación de una supuesta “tramitación compleja”, sin la explicación al recurrente del por qué dicha información no podía ser entregada dentro del plazo legal ordinario, no constituye justificación suficiente para atender la solicitud hasta el 15 de junio de 2026. Lo anterior resulta aún más evidente si se considera que la autoridad recurrida indicó que mediante oficio PZM-0196-2026 de fecha 15 de junio de 2026 el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, procedió a otorgar al recurrente la información solicitada desde el 8 de abril de 2026. Dicho oficio le fue notificado el mismo 15 de junio del 2026, por lo que la entrega de la información se produjo únicamente como consecuencia de la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso. En virtud de ello, se estima procedente declarar con lugar el recurso de amparo en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.
V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.
El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.
El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:
“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.
Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:
“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.
En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:
“Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.
De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.
Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.
Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.
Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales.
Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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