← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 27791-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/07/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Court dismissed the action outright for lack of active standing, holding that status as a citizen and sport mountaineer does not satisfy any of the grounds in Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional rechazó de plano la acción por falta de legitimación activa, al determinar que la condición de ciudadano y practicante de montañismo deportivo no satisface ninguno de los supuestos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
SummaryResumen
The Constitutional Court dismissed outright an unconstitutionality action against Law 10861, which amended the National Parks Service Law (Law 6084) by expanding entry prohibitions, imposing fines of three base salaries for unauthorized entry, aggravated penalties for repeat offenders, one-year entry bans, and additional fines for specialized rescue operations. The plaintiff, a habitual sport mountaineer, argued the law effectively bans autonomous mountaineering, that sanctions are disproportionate absent proven environmental harm, and that the law fails to distinguish between impact levels. The Court found the plaintiff's standing—as a citizen and recreational athlete—did not satisfy any of the grounds in Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law: no pending base proceeding, no diffuse interest, no corporate interest. Two magistrates wrote separately on the diffuse-interest analysis but agreed on inadmissibility.La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley n.° 10861, que reformó la Ley del Servicio de Parques Nacionales (Ley 6084) expandiendo las prohibiciones de ingreso a sitios no autorizados, estableciendo multas de tres salarios base por ingreso no autorizado, agravantes por reincidencia, prohibición de ingreso por un año y multas adicionales por rescates especializados. El accionante, practicante habitual de montañismo deportivo, argumentó que la norma produce una prohibición material del montañismo autónomo, que las sanciones son desproporcionadas ante la ausencia de daño ambiental acreditado y que la ley no distingue entre niveles de impacto. La Sala determinó que la legitimación invocada —condición de ciudadano y deportista— no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: no existe asunto previo pendiente, no se acredita interés difuso ni corporativo. Dos magistrados consignaron razones diferentes sobre el análisis del interés difuso, pero coincidieron en la inadmisibilidad.
Key excerptExtracto clave
IV.- ON STANDING TO FILE AN UNCONSTITUTIONALITY ACTION. In this case, the plaintiff grounds the standing invoked on his status as a citizen and habitual sport mountaineer. [...] This, however, does not fit any of the grounds set forth in Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law—whether the existence of a pending base proceeding, the defense of diffuse or collective interests, or the absence of direct individual harm that would enable the expanded standing provided for in the second paragraph of that provision. It must also be recalled that the mere fact that a normative provision may generally affect a person's interests or activities—as occurs here with the practice of sport mountaineering—is not, by itself, sufficient to confer active standing in an unconstitutionality action. To hold otherwise would distort this procedural mechanism and transform it into an unrestricted popular action open to any citizen on the basis of a mere personal affinity or interest in the regulated subject matter, which is contrary to the framework established by the legislature in Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law. V.- CONCLUSION.- The mere invocation of one's status as a citizen and practitioner of a sporting activity, without the existence of a pending base proceeding or proof of an individual, direct, and immediate harm resulting from application of the challenged norm, is insufficient to satisfy the standing requirement and renders this action inadmissible.IV.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el caso concreto, la parte actora fundamenta la legitimación que le asiste para interponer la presente acción, en su condición de ciudadano y practicante del montañismo deportivo. [...] Esto, sin embargo, no encuadra en ninguno de los supuestos que dispone el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea la existencia de un asunto previo pendiente de resolución, la defensa de intereses difusos o colectivos, o la inexistencia de lesión individual directa que habilite la legitimación ampliada prevista en el párrafo segundo de esa norma. Debe recordarse, además, que el hecho de que una disposición normativa pueda incidir, en términos generales, sobre los intereses o actividades de una persona —como ocurre en este caso con la práctica del montañismo deportivo— no resulta, por sí solo, suficiente para conferir legitimación activa en la acción de inconstitucionalidad. Admitir lo contrario implicaría desnaturalizar este mecanismo procesal y convertirlo en una acción popular irrestricta, abierta a cualquier ciudadano con base en una mera afinidad o interés personal en la materia regulada, lo cual resulta contrario al diseño establecido por el legislador en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. V.- CONCLUSIÓN.- La sola invocación de la condición de ciudadano y practicante de una actividad deportiva, sin la existencia de una gestión base pendiente de resolución ni la acreditación de una afectación individual, directa e inmediata derivada de la aplicación de la norma impugnada, resulta insuficiente para tener por satisfecho el requisito de legitimación, y determina la inadmisibilidad de la presente acción.
Pull quotesCitas destacadas
"La sola invocación de la condición de ciudadano y practicante de una actividad deportiva, sin la existencia de una gestión base pendiente de resolución ni la acreditación de una afectación individual, directa e inmediata derivada de la aplicación de la norma impugnada, resulta insuficiente para tener por satisfecho el requisito de legitimación, y determina la inadmisibilidad de la presente acción."
"The mere invocation of one's status as a citizen and practitioner of a sporting activity, without the existence of a pending base proceeding or proof of an individual, direct, and immediate harm resulting from application of the challenged norm, is insufficient to satisfy the standing requirement and renders this action inadmissible."
Considerando V — Conclusión
"La sola invocación de la condición de ciudadano y practicante de una actividad deportiva, sin la existencia de una gestión base pendiente de resolución ni la acreditación de una afectación individual, directa e inmediata derivada de la aplicación de la norma impugnada, resulta insuficiente para tener por satisfecho el requisito de legitimación, y determina la inadmisibilidad de la presente acción."
Considerando V — Conclusión
"Admitir lo contrario implicaría desnaturalizar este mecanismo procesal y convertirlo en una acción popular irrestricta, abierta a cualquier ciudadano con base en una mera afinidad o interés personal en la materia regulada, lo cual resulta contrario al diseño establecido por el legislador en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
"To hold otherwise would distort this procedural mechanism and transform it into an unrestricted popular action open to any citizen on the basis of a mere personal affinity or interest in the regulated subject matter, which is contrary to the framework established by the legislature in Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law."
Considerando IV
"Admitir lo contrario implicaría desnaturalizar este mecanismo procesal y convertirlo en una acción popular irrestricta, abierta a cualquier ciudadano con base en una mera afinidad o interés personal en la materia regulada, lo cual resulta contrario al diseño establecido por el legislador en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
Considerando IV
"En el caso del accionante, tal como refiere la Mayoría, la normativa impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, sino determinada. De modo que, en este caso, lo que se vislumbra es una situación que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso."
"In the plaintiff's case, as the Majority notes, the challenged legislation does not produce a socially diffuse harm but rather a determinate one. Thus, what is visible here is a situation that, while it may be shared by a certain group of people, is not of sufficient magnitude to qualify as a diffuse interest."
Considerando VI — Razones diferentes de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal
"En el caso del accionante, tal como refiere la Mayoría, la normativa impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, sino determinada. De modo que, en este caso, lo que se vislumbra es una situación que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso."
Considerando VI — Razones diferentes de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal
"el hecho de que una disposición normativa pueda incidir, en términos generales, sobre los intereses o actividades de una persona —como ocurre en este caso con la práctica del montañismo deportivo— no resulta, por sí solo, suficiente para conferir legitimación activa en la acción de inconstitucionalidad."
"The mere fact that a normative provision may generally affect a person's interests or activities—as occurs here with the practice of sport mountaineering—is not, by itself, sufficient to confer active standing in an unconstitutionality action."
Considerando IV
"el hecho de que una disposición normativa pueda incidir, en términos generales, sobre los intereses o actividades de una persona —como ocurre en este caso con la práctica del montañismo deportivo— no resulta, por sí solo, suficiente para conferir legitimación activa en la acción de inconstitucionalidad."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Document Review File: 26-018281-0007-CO SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-second of July, two thousand twenty-six.
Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) brought by [Nombre 001], of legal age, resident of Ciudad Quesada, holder of national identity document number [Valor 001], against Law No. 10861, published in Supplement No. 39 to La Gaceta No. 71 of April 20, 2026, entitled "Amendment of Article 8 and addition of Articles 9 bis and 9 ter to Ley 6084, Ley del Servicio de Parques Nacionales, of August 24, 1977," processed under Legislative File No. 22.878.
Findings:
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considering:
I.SUBJECT MATTER OF THE ACTION.- Law No. 10861, published in Supplement No. 39 to La Gaceta No. 71 of April 20, 2026, entitled "Amendment of Article 8 and addition of Articles 9 bis and 9 ter to Ley 6084, Ley del Servicio de Parques Nacionales, of August 24, 1977," processed under Legislative File No. 22.878, is hereby challenged.
II.REQUIREMENTS AND FORMALITIES FOR THE ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY.- Article 75, first paragraph in fine, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional requires, for purposes of the admissibility of an action of unconstitutionality through the mechanism of concrete constitutional review (control de constitucionalidad concreto), the existence of a pending judicial proceeding or administrative appeal (recurso administrativo) to be heard and decided. The Ley de la Jurisdicción provides that such a pending matter may be a habeas corpus petition or an amparo appeal, or, in the administrative sphere, a proceeding that is in the phase of exhaustion of administrative channels (agotamiento de la vía administrativa). In any of these "pending matters to be resolved"—which are exhaustively enumerated—the unconstitutionality of the challenged provision must be invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered to have been injured.
This means that it is necessary to verify the existence of a matter in which the fundamental rights of individuals are at stake and in which the challenged provisions have a direct bearing on the resolution of the case (see, in the same vein, judgments numbers 1668-90, 4085-93, 798-94, 3615-94, 409-I-95, 851-95, 4190-95, and 791-96). With respect to this requirement, this Chamber recently reiterated in judgment No. 2021-027589 of 9:15 hours on December 8, 2021, that:
"Likewise, regarding the requirement that the action constitute a reasonable means of protecting the substantive legal situation deemed to have been injured, this Tribunal has explained that such requirement:
'(…) does not refer to a mere procedural formality, nor is it an innocuous or inconsequential detail designed to complicate and obstruct constitutional review. It is a direct manifestation of the principle according to which the jurisdictional function, of which constitutional review forms a substantial and fundamental part, is exercised through the resolution of real controversies that find remedy in a final judgment' (vote No. 2016-002043 of 11:46 hrs. on February 10, 2016).
(…) Therefore, when standing in an action of unconstitutionality derives from Article 75, first paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, that is, from the existence of a prior pending matter to be resolved, it is necessary to analyze whether what is decided in the action will have a direct and decisive influence on the underlying matter. This Chamber, in vote No. 2592-93, indicated that between the underlying case and the action of unconstitutionality 'there must exist such a connection that, if the former is upheld, it directly impacts the underlying case as an additional procedural remedy in favor of the rights of the party,' and further added that such connection must persist until the final judgment is rendered in the constitutional proceedings (vote No. 3040-97)."
III.ADDITIONAL FORMALITIES.- Furthermore, the legislature designed the action of unconstitutionality as a markedly formal proceeding, unlike what occurs with habeas corpus and amparo petitions, which are characterized by their informal structure and their immediate protective orientation. Consequently, failure to comply with any of the legally established requirements empowers the Chamber to summarily reject the action, pursuant to the provisions of Article 9, first paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In this regard, in addition to adequately substantiating the standing available to the petitioner, the petitioning party must demonstrate the conditions upon which that standing rests, provide the relevant powers of attorney and certifications, and comply with a series of additional formalities, including: the express and precise identification of the challenged provisions, a clear and sufficient legal basis with specific citation of the constitutional norms and principles alleged to have been infringed (Article 78), authentication of the submission by a licensed attorney, payment of the corresponding stamps, and, in cases of indirect action, a certified literal copy of the pleading in which the reservation of unconstitutionality (reserva de inconstitucionalidad) was made in the prior proceeding (Articles 75 and 79).
In this case, the action fails to comply with several requirements established by the Ley de la Jurisdicción Constitucional. However, it is unnecessary to issue any curative notice, as the action is inadmissible for the reason set forth below.
IV.ON STANDING TO BRING AN ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY.- In the instant case, the petitioner bases his standing to bring this action on his status as a citizen and practitioner of sport mountaineering. In this regard, he states: "I appear in my capacity as a Costa Rican citizen, as authorized by Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which empowers any person to bring an action of unconstitutionality against provisions that injure fundamental rights. I also act as a habitual practitioner of sport mountaineering. The absence of adequate public alternatives for the practice of this discipline places those of us who engage in it in a situation of material restriction on the legitimate exercise of sport, exposing us to disproportionate administrative sanctions arising from entry into protected areas without necessarily causing any proven environmental damage." This, however, does not fall within any of the scenarios provided for by Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, namely: the existence of a prior pending matter to be resolved, the defense of diffuse or collective interests (intereses difusos o colectivos), or the absence of a direct individual injury that would enable the expanded standing provided for in the second paragraph of that provision.
Regarding diffuse interests (intereses difusos), it is important to recall that, according to the established jurisprudence of this Chamber, such interests are understood as a special type of interest whose manifestation is less concrete and individualizable than that of a collective interest, but which cannot be so broad and generic as to be confused with the interest recognized in all members of society to uphold constitutional legality—since the latter, as has been repeatedly stated, is excluded from the current system of constitutional review. These are interests distributed among each of the governed individuals, mediate and diffuse if you will, but nonetheless verifiable, for the protection—before this Chamber—of certain constitutional rights of singular relevance to the adequate and harmonious development of society, such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public expenditure, among others.
It is clear that the petitioner's situation does not fall under this category. Second, a corporate interest (interés corporativo) is likewise not established. This form of standing has been recognized by the Chamber when a trade or associative organization appears in defense of the core interests that constitute its institutional purpose, so that the challenge is directed at protecting the interests of the group that the entity organically and stably represents. In this case, the petitioner appears in a strictly personal capacity, without the backing of any associative structure that would enable him to represent interests beyond his own, so this avenue is likewise not available to him. It should also be recalled that the mere fact that a regulatory provision may, in general terms, affect the interests or activities of a person—as occurs in this case with the practice of sport mountaineering—is not, in and of itself, sufficient to confer active standing in an action of unconstitutionality.
To hold otherwise would be to distort this procedural mechanism and convert it into an unrestricted popular action, open to any citizen on the basis of a mere affinity or personal interest in the regulated subject matter, which is contrary to the framework established by the legislature in Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
V.CONCLUSION.- The mere invocation of the status of citizen and practitioner of a sporting activity, without the existence of a pending underlying proceeding or the demonstration of a direct, individual, and immediate injury arising from the application of the challenged provision, is insufficient to satisfy the standing requirement and renders the present action inadmissible. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal record different reasons with respect to standing based on diffuse interests.
VI.DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, with respect to diffuse interests, drafted by the latter. As we have expressed in other cases, we consider that a defining quality of a diffuse interest is precisely that its impact is general—that is, it affects an entire population or broad sectors thereof—within a context in which the affected individuals need not know one another (they may even lack any legal nexus or relationship with each other), but where it is necessary to have a shared situation of harm or risk to a constitutional interest that, equally and without any need for individualization, encompasses and aggregates all of society in the abstract. The purpose of its protection is to satisfy a need of society as such, and it therefore transcends the needs of any individual human being, whether considered individually or collectively. In judgment No. 2019-17397 of 12:54 hours on September 11, 2019, this Tribunal reiterated the following:
"(…) Second, there is the possibility of acting in defense of 'diffuse interests'; this concept, the content of which has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in judgment No. 3750-93 of this tribunal, of fifteen hours on July 30, nineteen ninety-three: '… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be in our law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that against them there are identified or easily identifiable specific persons, or personalized groups, whose standing would derive not from diffuse interests but from corporate interests pertaining to a community as a whole. They are therefore individual interests, but at the same time diluted among more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and therefore receive a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is aptly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each of them.
That is to say, diffuse interests partake of a dual nature, since they are simultaneously collective—by being common to a generality—and individual, and can therefore be claimed as such.' In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons who are not formally organized, but are united by a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is dispersed, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of individuals. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could bring under the second paragraph of Article 75 must necessarily relate to provisions that affect that person as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier 'diffuse,' such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public expenditure, among others.
In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned interests transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community as a whole and not particular groups thereof; environmental damage does not merely affect the residents of a region or the consumers of a product, but injures or seriously jeopardizes the natural heritage of the entire country and even of Humanity; in the same way, ensuring the sound management of public funds authorized in the national budget is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not merely of any particular group. On the other hand, the enumeration made by the Sala Constitucional amounts to no more than a simple description inherent in its obligation—as a judicial body—to confine itself to deciding the cases submitted to it, without this in any way implying that only those interests that the Chamber has expressly already recognized as such may be considered diffuse interests; this would entail an undesirable reversal of the scope of the Rule of Law and its correlative 'State of Rights,' which—as in the Costa Rican model—proceeds from the premise that what must be express are the limits on freedoms, since freedoms are inherent in the human condition itself and therefore require no official recognition.
Finally, when the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional speaks of interests 'that concern the community as a whole,' it refers to the legal interests described in the preceding lines, that is, those whose ownership rests with the very holders of sovereignty, with each of the inhabitants of the Republic.
This does not mean, therefore, that any person may approach the Sala Constitucional to protect any interests whatsoever (popular action), but rather that every individual may act in defense of those interests that affect the entire national community, without it being valid in this area either to attempt any exhaustive enumeration" (see judgment No. 2007-01145)." Consistent with the foregoing and with what has been upheld by this Tribunal in its jurisprudence, these are therefore individual interests, but at the same time diluted among more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and therefore receive a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is aptly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each of them. It is precisely for this reason that, starting from judgment No. 2021-2185 of 12:51 hours on February 3, 2021, we consider, unlike the Majority of this Tribunal, that some of these interests may be manifested in a particular concrete case without thereby losing their character as a diffuse interest, as occurs with environmental protection, the impact of which affects an individual person and all persons in general; and such impact may be individualized in a specific situation, as for example, the construction of a factory in a particular neighboring sector without the corresponding environmental studies, the negative effects of which impinge on the planet's ozone layer.
Undoubtedly, the outcome of any claim or proceeding that a neighbor might bring against that factory will not only affect that person's own interests, but also those of the broader community. For this reason, it constitutes a diffuse interest; and yet it is also the subject of a specific individualized situation. However, this does not mean, in any way, that in every invoked situation the existence of a diffuse interest can be claimed, even if it may be the subject of a particular situation. It must be recalled that for an interest to be considered "diffuse," it must not only affect a community, but must also be dispersed and diffused throughout that community. If it does not produce such an effect, it cannot be considered a diffuse interest. In the petitioner's case, as the Majority notes, the challenged regulation does not produce a socially diffused impact, but rather a determinate one.
Therefore, what can be discerned in this case is a situation that, while it may be shared by some group of individuals, is not of a magnitude sufficient to be considered a diffuse interest. For the reason stated, we concur with the Majority in dismissing this action.
VII.DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE.- The parties are hereby notified that, should they have submitted any document in paper form, as well as any objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the date of notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The action is summarily rejected.- Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal provide different reasons regarding standing based on diffuse interests.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
FILE No. 26-018281-0007-CO
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de julio de dos mil veintiseis .
Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], mayor, vecino de Ciudad Quesada, portador de la cédula de identidad número [Valor 001], contra la Ley n.° 10861, publicada en el Alcance n.° 39 a La Gaceta n.° 71 del 20 de abril de 2026, denominada “Reforma del artículo 8 y adición de los artículos 9 bis y 9 ter a la Ley 6084, Ley del Servicio de Parques Nacionales, del 24 de agosto de 1977”, tramitada bajo el Expediente Legislativo n.° 22.878.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.OBJETO DE LA ACCIÓN.- Se impugna la Ley n.° 10861, publicada en el Alcance n.° 39 a La Gaceta n.° 71 del 20 de abril de 2026, denominada “Reforma del artículo 8 y adición de los artículos 9 bis y 9 ter a la Ley 6084, Ley del Servicio de Parques Nacionales, del 24 de agosto de 1977”, tramitada bajo el Expediente Legislativo n.° 22.878.
- El artículo 75, párrafo 1o. in fine, de la Ley de Jurisdicción Constitucional exige para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía del control de constitucionalidad concreto, que exista un proceso jurisdiccional o recurso administrativo pendiente de ser conocido y resuelto. La Ley de la Jurisdicción admite que ese asunto pendiente pueda ser un recurso de hábeas corpus o de amparo, o bien, en la sede administrativa, un procedimiento que esté en la fase de agotamiento de la vía administrativa. En cualquiera de estos “asuntos pendientes de resolver”, que son taxativos, deberá invocarse la inconstitucionalidad de lo impugnado como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considere lesionado. Esto quiere decir, que es necesario que se verifique la existencia de un asunto en el que estén de por medio los derechos fundamentales de las personas y en el cual las normas impugnadas tengan una incidencia directa para la resolución del caso (véanse, en igual sentido, las sentencias números 1668-90, 4085-93, 798-94, 3615-94, 409-I-95, 851-95, 4190-95 y 791-96). En cuanto a tal exigencia, recientemente, en la sentencia nro. 2021-027589 de las 9:15 horas del 8 de diciembre de 2021, esta Sala reiteró que:
“Asimismo, respecto al requerimiento que la acción sea medio razonable de amparar la situación jurídica sustancial que se estima lesionada, este Tribunal ha explicado que tal requisito:
“(…) no hace referencia a una simple formalidad procesal, ni se trata de un detalle inocuo e intranscendente para complicar y entorpecer el control de constitucionalidad. Se trata de una manifestación directa del principio según el cual la función jurisdiccional, de la cual forma parte sustancial y fundamental el control de constitucionalidad, se ejerce mediante la resolución de controversias reales, que encuentran remedio en una sentencia definitiva” (voto No. 2016-002043 de las 11:46 hrs. del 10 de febrero de 2016).
(...) Ergo, cuando la legitimación en una acción de inconstitucionalidad deriva del artículo 75, párrafo 1o., de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es decir, de la existencia de un asunto previo pendiente de resolución, es preciso analizar si lo que se resuelva en la acción tendrá influencia directa y decisiva en el asunto principal. Esta Sala, en el voto nro. 2592-93, indicó que entre el juicio base y la acción de inconstitucionalidad “debe existir una conexidad tal, que la primera de ser acogida, incida en forma directa en el juicio base, como un remedio procesal más a favor de los derechos de la parte” y luego añadió que tal conexidad debe subsistir hasta el dictado de la sentencia de fondo en el proceso de constitucionalidad (voto nro. 3040-97).”
Por otra parte, el legislador diseñó la acción de inconstitucionalidad como un proceso marcadamente formal, a diferencia de lo que ocurre con los recursos de hábeas corpus y amparo, los cuales se caracterizan por su estructura informal y su orientación tutelar inmediata. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos legalmente establecidos faculta a la Sala para rechazar la acción de plano, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En ese sentido, además de fundamentar adecuadamente la legitimación que le asiste, la parte accionante debe acreditar las condiciones en que dicha legitimación se sustenta, aportar los poderes y certificaciones correspondientes, y cumplir con una serie de formalidades adicionales, tales como: la determinación expresa y precisa de la normativa impugnada, una fundamentación clara y suficiente, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se estimen infringidos (artículo 78), la autenticación del escrito por un profesional en derecho, el pago de los timbres correspondientes y, en los casos de acción indirecta, la certificación literal del escrito en el que se haya formulado la reserva de inconstitucionalidad en el asunto previo (artículos 75 y 79).
En este caso, la acción incumple varios de los requisitos que dispone la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, resulta innecesario hacer prevención alguna en tanto la acción deviene inadmisible por la razón que se expone a continuación.
En el caso concreto, la parte actora fundamenta la legitimación que le asiste para interponer la presente acción, en su condición de ciudadano y practicante del montañismo deportivo. En ese sentido, expresa: “Comparezco en mi condición de ciudadano costarricense, conforme lo autoriza el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que faculta a toda persona para interponer acción de inconstitucionalidad contra normas que lesionen derechos fundamentales. Actúo además como practicante habitual de montañismo deportivo. La ausencia de alternativas públicas adecuadas para la práctica de esta disciplina coloca a quienes la ejercemos en una situación de restricción material para el ejercicio legítimo del deporte, exponiéndonos a sanciones administrativas desproporcionadas derivadas del ingreso a zonas protegidas sin causar necesariamente daño ambiental acreditado.” Esto, sin embargo, no encuadra en ninguno de los supuestos que dispone el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea la existencia de un asunto previo pendiente de resolución, la defensa de intereses difusos o colectivos, o la inexistencia de lesión individual directa que habilite la legitimación ampliada prevista en el párrafo segundo de esa norma.
En relación con los intereses difusos, es importante recordar que según la jurisprudencia reiterada de esta Sala, por tales se entiende un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del interés colectivo, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, ante esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y el buen manejo del gasto público, entre otros.
Es claro que la situación del accionante no encuentra en este supuesto. En segundo lugar, tampoco se configura un interés corporativo. Esta modalidad de legitimación ha sido reconocida por la Sala cuando una organización gremial o asociativa comparece en defensa del núcleo de intereses que constituye su razón de ser institucional, de modo que la impugnación se dirige a proteger los intereses del colectivo que esa entidad representa de manera orgánica y estable. En este caso, el accionante comparece a título estrictamente personal, sin respaldo en ninguna estructura asociativa que lo habilite para representar intereses más allá de los propios, por lo que esta vía tampoco le resulta accesible. Debe recordarse, además, que el hecho de que una disposición normativa pueda incidir, en términos generales, sobre los intereses o actividades de una persona —como ocurre en este caso con la práctica del montañismo deportivo— no resulta, por sí solo, suficiente para conferir legitimación activa en la acción de inconstitucionalidad.
Admitir lo contrario implicaría desnaturalizar este mecanismo procesal y convertirlo en una acción popular irrestricta, abierta a cualquier ciudadano con base en una mera afinidad o interés personal en la materia regulada, lo cual resulta contrario al diseño establecido por el legislador en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
V.CONCLUSIÓN.- La sola invocación de la condición de ciudadano y practicante de una actividad deportiva, sin la existencia de una gestión base pendiente de resolución ni la acreditación de una afectación individual, directa e inmediata derivada de la aplicación de la norma impugnada, resulta insuficiente para tener por satisfecho el requisito de legitimación, y determina la inadmisibilidad de la presente acción. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal consignan razones diferentes en relación con la legitimación por intereses difusos.
VI.RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, en lo que respecta a intereses difusos, con redacción del último. Tal como lo hemos expresados en otros casos, estimamos que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello, es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En sentencia nro. 2019-17397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, este Tribunal reiteró lo siguiente:
“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas.
Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros.
Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente ha ya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial.
Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República.
No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007- 01145).” En consonancia con lo expuesto y sostenido por este Tribunal en su jurisprudencia, se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es por ello, precisamente, que, a partir de la sentencia nro. 2021-2185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, consideramos, a diferencia de la Mayoría de este Tribunal, que algunos de estos intereses pueden estar plasmados en un caso particular en concreto, sin perder por ello su condición de interés difuso, tal como ocurre con la protección al ambiente, cuyo impacto afecta a una persona y a todos en general; y puede ser individualizada tal afectación en una situación en particular, como por ejemplo, la construcción de una fábrica en un sector vecino determinado, sin los estudios ambientales respectivos, cuyos efectos negativos incidan en la capa de ozono del planeta.
Indudablemente el resultado de un reclamo o proceso que pueda plantear un vecino contra esa fábrica, no solo incidirá en sus intereses propios, sino también en el resto de la colectividad. Por ello, constituye un interés difuso; y, sin embargo, también es objeto de una situación particular individualizada. Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el caso del accionante, tal como refiere la Mayoría, la normativa impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, sino determinada. De modo que, en este caso, lo que se vislumbra es una situación que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso. Por el motivo expuesto coincidimos con la Mayoría en desestimar esta acción
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano la acción.- Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal dan razones diferentes en cuanto a la legitimación por intereses difusos.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Document not found. Documento no encontrado.