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Res. 23570-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/06/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Court ordered the Municipality of Talamanca and the Ministry of Health to formally process the petitioner's environmental complaints within 15 days for failing to do so; condemned the municipality and the State to pay costs, damages, and losses; dismissed the amparo as to the PGR, which had acted timely, and referred the migration-related claim to the administrative courts.La Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Talamanca y al Ministerio de Salud atender formalmente las denuncias ambientales del recurrente en 15 días por omisión en su tramitación; condenó al municipio y al Estado al pago de costas, daños y perjuicios; desestimó el recurso respecto a la PGR, que actuó oportunamente, y remitió el reclamo contra Migración a la jurisdicción contencioso-administrativa.
SummaryResumen
The petitioner filed an amparo against MINAE, the Ministry of Health, the Municipality of Talamanca, the PGR, and the Immigration Authority, alleging that no institution had acted on his January 16, 2026 complaints about illegal occupation of the public maritime-terrestrial zone (ZMT) in Puerto Viejo and Cocles, Talamanca. Improvised commercial structures ('chinamos') operating without concessions or environmental and sanitary permits were allegedly damaging coastal vegetation — beach almonds, coconut palms, understory — forming part of a biological corridor linked to the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge and Cahuita National Park. The Constitutional Court partially granted the amparo: it ordered the Municipality of Talamanca and the Ministry of Health to formally process the complaints within 15 days. MINAE was also found in violation due to excessive delay in communicating its actions to the petitioner. The PGR was absolved for having timely forwarded the complaint to the Environmental Administrative Tribunal and the municipality. The migration-related claim was referred to the administrative courts.El recurrente interpuso amparo contra el MINAE, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Talamanca, la PGR y la Dirección de Migración, alegando que ninguna autoridad atendió sus denuncias del 16 de enero de 2026 sobre la ocupación ilegal de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Puerto Viejo y Cocles, cantón de Talamanca. Los 'chinamos' y estructuras comerciales sin concesión ni permisos ambientales o sanitarios estarían degradando vegetación costera —almendros de playa, cocoteros, sotobosque— que forma parte de un corredor biológico vinculado al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y al Parque Nacional Cahuita. La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso: ordenó a la Municipalidad de Talamanca y al Ministerio de Salud atender formalmente las denuncias en 15 días. El MINAE también fue estimado por haber tardado excesivamente en comunicar sus acciones al recurrente. La PGR fue absuelta por haber trasladado la denuncia oportunamente al Tribunal Ambiental Administrativo y al municipio. El reclamo contra Migración fue remitido a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
V.- Unproven fact. The following fact, material to the resolution of this case, was not established: SOLE. That the authorities of the Ministry of Health and the Municipality of Talamanca attended to the complaints filed by the petitioner on January 16, 2026. The respondent authorities do not deny the facts attributed to them and merely state that: 'In January 2026 the petitioner filed a complaint at the Central Level, which was forwarded to the Talamanca Health Rectory Area, which, due to an involuntary error, was not formally registered by that local office. However, this matter has been reviewed in the field through the actions of the health authorities, within our powers.' That said, even though the authorities claim to have 'reviewed the situation in the field,' there is no record that the complaint was formally processed. Accordingly, the amparo is granted as to this issue. It is established that the Ministry of Environment and Energy received the petitioner's complaint on January 16, 2026 and, although it analyzed the claim and decided to refer the matter to the Municipality of Talamanca on competence grounds, it was not until May 4, 2026 — after the amparo admission order — that the petitioner was notified of the actions taken regarding the complaint. Therefore, since the waiting period to attend to the petitioner's matter was excessive and the corrective measure was not taken until after the amparo was filed, the amparo is granted as to this issue.V.- Hecho no probado. No logra acreditarse el siguiente hecho, de importancia para la resolución de este asunto: ÚNICO. Que las autoridades del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca hayan atendido las denuncias interpuestas por el recurrente el 16 de enero de 2026. Al respecto, las autoridades recurridas no rechazan los hechos que se les atribuyen y se limitan a indicar que: "En enero del 2026 el recurrente interpuso una denuncia ante el Nivel Central, misma que fue remitida al Área Rectora de Salud de Talamanca, la cual por un error involuntario no fue registrada formalmente por esta área local. Sin embargo, este asunto se ha revisado en campo a través de las actuaciones propias de las autoridades de salud, dentro de nuestras potestades". Así las cosas, si bien las autoridades afirman que han "revisado en campo" la situación denunciada por el accionante, no consta que su gestión haya sido formalmente atendida. En consecuencia, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Consta que el Ministerio de Ambiente y Energía recibió la denuncia del recurrente desde el 16 de enero de 2026 y, si bien analizó el reclamo y decidió remitir la gestión a la Municipalidad de Talamanca por competencia, fue hasta el 4 de mayo de 2026 -con posterioridad de la resolución de curso del amparo- que se le comunicó al recurrente el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-089-2026 en el que constan las acciones realizadas en relación con su denuncia. En consecuencia, como el plazo de espera para atender la gestión de la amparada fue excesivo y la medida correctiva no se tomó sino con posterioridad a la notificación del curso este amparo, procede estimar el recurso de amparo en cuanto a este extremo.
Pull quotesCitas destacadas
"no consta que la Municipalidad de Talamanca haya comunicado al recurrente las gestiones realizadas para atender su reclamo, por lo que procede estimar el recurso de amparo en cuanto a este extremo."
"There is no record that the Municipality of Talamanca communicated to the petitioner the steps taken to address the complaint, and therefore the amparo must be granted as to this issue."
Considerando VI
"no consta que la Municipalidad de Talamanca haya comunicado al recurrente las gestiones realizadas para atender su reclamo, por lo que procede estimar el recurso de amparo en cuanto a este extremo."
Considerando VI
"es precisamente la Municipalidad de Talamanca -y no la Procuraduría- quien tiene conocimiento directo de los ocupantes ilegales, administra el registro de concesiones y permisos, realiza las inspecciones físicas y cuenta con los instrumentos legales y fácticos para ejecutar el desalojo de los infractores y restaurar el libre tránsito y uso público de la zona pública."
"It is precisely the Municipality of Talamanca — not the PGR — that has direct knowledge of the illegal occupants, administers the registry of concessions and permits, conducts physical inspections, and holds the legal and factual instruments to carry out the eviction of violators and restore free access and public use of the coastal zone."
Informe PGR, citado en Considerando VI
"es precisamente la Municipalidad de Talamanca -y no la Procuraduría- quien tiene conocimiento directo de los ocupantes ilegales, administra el registro de concesiones y permisos, realiza las inspecciones físicas y cuenta con los instrumentos legales y fácticos para ejecutar el desalojo de los infractores y restaurar el libre tránsito y uso público de la zona pública."
Informe PGR, citado en Considerando VI
"Se les ordena a Rugeli Morales Rodríguez y Mariela de los Ángeles Marín Mena, cada uno en su respectiva condición de alcalde de Talamanca y directora general de salud con recargo de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, atiendan como en Derecho corresponde las denuncias del recurrente gestionadas desde el 16 de enero de 2026 y le notifiquen lo pertinente."
"Rugeli Morales Rodríguez and Mariela de los Ángeles Marín Mena, in their respective capacities as Mayor of Talamanca and Acting Director General of Health with charge of the Environmental Health Directorate, or whoever holds those offices, are hereby ordered to, within FIFTEEN DAYS from notification of this ruling, attend as required by law to the petitioner's complaints filed since January 16, 2026 and notify the relevant actions taken."
Por tanto
"Se les ordena a Rugeli Morales Rodríguez y Mariela de los Ángeles Marín Mena, cada uno en su respectiva condición de alcalde de Talamanca y directora general de salud con recargo de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, atiendan como en Derecho corresponde las denuncias del recurrente gestionadas desde el 16 de enero de 2026 y le notifiquen lo pertinente."
Por tanto
"La ocupación ilegal, la eliminación de vegetación, la compactación del suelo, la generación de residuos y la perturbación humana asociada a estas actividades fragmentan y degradan dicho corredor biológico, produciendo un impacto ambiental acumulativo, grave y potencialmente irreversible, sin destacar la afectación a la belleza escénica propia del caribe sur."
"The illegal occupation, removal of vegetation, soil compaction, waste generation, and associated human disturbance fragment and degrade this biological corridor, producing a cumulative, serious, and potentially irreversible environmental impact, not to mention the harm to the scenic beauty characteristic of the Caribbean south."
Hecho probado i — denuncia ante MINAE
"La ocupación ilegal, la eliminación de vegetación, la compactación del suelo, la generación de residuos y la perturbación humana asociada a estas actividades fragmentan y degradan dicho corredor biológico, produciendo un impacto ambiental acumulativo, grave y potencialmente irreversible, sin destacar la afectación a la belleza escénica propia del caribe sur."
Hecho probado i — denuncia ante MINAE
Full documentDocumento completo
EV Template Generation: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-sixth of June, two thousand and twenty-six.
Amparo petition (recurso de amparo) docketed under case no. 26-013062-0007-CO, filed by Nombre01, national identification number CED01, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.
Background:
It is noted that, as health authorities, we issue PSFs to sites or establishments with a defined structure in which the physical-health aspects are assessed; we do not do so for temporary infrastructure in public locations, except in cases of health authorizations that comply with all requirements established under current regulations in this area.' CONCLUSION: From the foregoing, it is determined that, in light of the regulations cited—the 'Reglamento general para Permisos Sanitarios de Funcionamiento, Permisos de Habilitación y Autorizaciones para Eventos Temporales de Concentración Masiva de Personas, otorgados por el Ministerio de Salud,' Decreto Ejecutivo N°43432-S, and the Ley General de Salud, Ley N°5395—this Ministry has jurisdiction only to process and regulate matters relating to PSF applications submitted through the single window that meet the technical and legal requirements, so as to be able to conduct inspections of those permit applications and, if appropriate, to issue the PSF; for this reason, it will fall to the local Municipality to assume the authority to exercise health oversight and control through its municipal inspectors, since for our purposes in health matters we can only conduct physical-health inspections if they are covered by the Reglamento especial para el control de riesgos sanitarios en ventas autorizadas in accordance with Article 218 bis of the Ley General de Salud, Decreto Ejecutivo Nº41332-S-MTSS.
Under these circumstances, we consider that this Ministry has not violated the fundamental rights of the appellant in any way. PETITION: By virtue of the foregoing, I respectfully request that this Honorable Constitutional Tribunal DECLARE THE PRESENT WRIT OF AMPARO WITHOUT MERIT, inasmuch as this Ministry has not violated any fundamental right of the appellant; and I therefore reiterate, respectfully, the request that THE UNDERSIGNED ACTING DIRECTOR GENERAL OF HEALTH WITH ADDITIONAL RESPONSIBILITY FOR THE DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND THE MINISTRY OF HEALTH BE ABSOLVED OF ALL LIABILITY AND THAT THE PRESENT WRIT OF AMPARO BE DECLARED WITHOUT MERIT."
| TYPE OF ACTION | DATE OF EXECUTION |
|---|---|
| Service of notice of writ in Puerto Viejo sector | May 19 and 20, 2026 |
| Service of notice of writ in Playa Cocles sector | May 26 and 27, 2026 |
| Service of notice of writ in Punta Uva sector | June 2 and 3, 2026 |
| Compliance review of notice served | |
| Puerto Viejo sector | June 9 and 10, 2026 |
| Playa Cocles sector | June 9 and 10, 2026 |
| Punta Uva sector | June 9 and 10, 2026 |
| Forced eviction in case of non-compliance | |
| Puerto Viejo sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
| Playa Cocles sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
| Punta Uva sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
The opinion is drafted by Justice (Magistrado) Rueda Leal; and,
Considering:
I.Preliminary matter. In view of the fact that the head of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Talamanca failed to respond to the hearing within the deadline set by this Tribunal in the scheduling resolution in the case at hand (sub lite), the writ is resolved in accordance with Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and taking into consideration the evidentiary elements appearing in the case record (autos).
II.On the exception under Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, beginning with judgment number 2008002545, issued at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative-contentious jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the Public Administration has or has not complied with the time limits set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or to rule on the applicable administrative appeals. In the present case, an exceptional scenario arises, since what is before the Court is an environmental complaint filed with the Office of the Attorney General of the Republic, the Ministry of Environment and Energy, the Municipality of Talamanca, and the Ministry of Health, which the complainant alleges has not been resolved within a reasonable time. With that clarification made, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this amparo petition.
III.Subject matter of the appeal. The petitioner alleges that on January 16, 2026, he filed formal complaints with the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, the Office of the Attorney General of the Republic, the Directorate General of Immigration and Foreigners (Dirección General de Migración y Extranjería), and the Municipality of Talamanca, on the grounds that, in the public zone (zona pública) of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT) of Puerto Viejo and Cocles, canton of Talamanca, an illegal occupation has taken hold through improvised structures known as "chinamos." He adds that certain commercial establishments, such as restaurants, have also privatized the area, to the detriment of public leisure, passage, and the scenic beauty inherent to the location. He states that within these structures, lucrative commercial activities are conducted without any concession, municipal permits, health permits, or environmental permits, in open violation of the legal order.
He asserts that these activities are carried out under absolutely inadequate conditions, without sanitary controls, without waste management, and without minimum infrastructure, thereby creating an evident risk to public health. He alleges that the occupation has caused serious environmental harm, affecting coastal vegetation—including beach almond trees (almendros de playa), coconut palms, and understory (sotobosque)—that forms part of a biological corridor of high ecological relevance, connected to the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo and to the Parque Nacional Cahuita. He accuses all the respondent authorities of having failed, despite their effective knowledge of the situation, to adopt effective measures, thereby allowing the illegality to persist, expand, and consolidate. He requests the intervention of the Chamber.
Regarding the Office of the Attorney General of the Republic:
The prolonged inaction of the competent authorities has allowed the consolidation of this illegal situation, creating a precedent that is highly harmful to the State, the environment, and the common use of public assets. I REQUEST: 1. That the Office of the Attorney General intervene ex officio in defense of the public domain. 2. That the competent institutions be formally urged to proceed with the immediate closure and eviction of the illegal occupiers. 3. That the possible administrative liability for omission on the part of officials who have tolerated this situation be analyzed. 4. I request to receive a formal response regarding the processing of this complaint" (see sworn report and supporting evidence submitted).
Regarding the Ministry of Health:
This situation not only constitutes a flagrant violation of the General Health Law (Ley General de Salud), but also represents a real and unacceptable risk to the public health of the local population and of tourists, as well as a factor of severe environmental degradation in a fragile coastal ecosystem of significant ecological importance, connected to a biological corridor of high relevance" (see evidence submitted).
Regarding the Ministry of Environment and Energy:
In the affected public zone there is characteristic natural vegetation, including coconut palms, beach almond trees, and understory, which perform essential ecological functions such as coastal stabilization, shelter, feeding, and biological connectivity for numerous species of wildlife, including migratory birds, sloths, squirrels, howler monkeys, and white-faced capuchin monkeys. Said coastal strip forms part of a continuous biological corridor extending from Puerto Viejo, Cocles, and Punta Uva to Manzanillo, functionally connecting with the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca–Manzanillo and its wetlands, a corridor indispensable for the safe movement of fauna and the conservation of biodiversity. The illegal occupation, the removal of vegetation, soil compaction, waste generation, and the associated human disturbance caused by these activities fragment and degrade said biological corridor, producing a cumulative, serious, and potentially irreversible environmental impact, not to mention the harm to the scenic beauty characteristic of the southern Caribbean" (see evidence submitted).
Likewise, said law provides that it is the duty of municipalities to directly oversee compliance with the rules governing the dominion, development, use, and exploitation of the Maritime-Terrestrial Zone, and that the usufruct and administration of the public zone and the restricted zone correspond to the municipality of the respective jurisdiction. In that regard, for the specific case of the Puerto Viejo sector, the direct administration of the Maritime-Terrestrial Zone corresponds to the Municipality of Talamanca, without prejudice to the environmental competencies that may correspond to SINAC when impacts on natural resources, ecosystems, wildlife, forest cover (cobertura boscosa), wetlands, mangroves, protected areas, or other elements under environmental stewardship are identified. In light of the foregoing, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-043-2026, dated March 7, 2026, this coordination formally forwarded to the Municipality of Talamanca the complaint filed by you, so that said Municipality may assess, within its competencies, the existence or non-existence of permits, concessions, municipal authorizations, administrative acts, case files, or any other related precedents concerning the structures and activities reported.
In that same official letter, ACLAC expressed its willingness to coordinate a possible joint on-site inspection, in order to facilitate a comprehensive assessment of the case in accordance with the competencies of each institution. Regarding the request for the immediate eviction of persons, structures, and activities: With respect to the request for immediate eviction, it is necessary to note that Law No. 6043 prohibits, without the proper legal authorization, erecting buildings or installations, felling trees, extracting products, or carrying out any other type of development, activity, or occupation within the Maritime-Terrestrial Zone. Likewise, said regulations establish that when competent authorities become aware of violations, they may proceed—after gathering the relevant information if deemed necessary—to evict violators and to destroy or demolish constructions, renovations, or installations carried out outside the law.
However, in order to validly proceed with eviction, demolition, or removal measures, the competent authority must first determine the exact location of the reported structures, their relationship to the public or restricted zone, the existence or non-existence of authorizations, permits, concessions, or administrative acts, as well as any other legal or technical conditions applicable to the specific case. For this reason, it is the responsibility of the Municipality of Talamanca, as the direct administrator of the Maritime-Terrestrial Zone within its jurisdiction, to carry out the corresponding administrative analysis and determine the appropriate course of action, without prejudice to the interinstitutional coordination that may be required with SINAC, the Public Security Force (Fuerza Pública), the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), or other competent authorities, should an illegal occupation or an associated environmental impact be established.
Regarding the adoption of preventive and corrective measures: In relation to the adoption of preventive and corrective measures to prevent the reinstallation of occupiers or the continuation of possible environmental harm, this coordination considers it essential that, in the first instance, the Municipality of Talamanca determine the legal status of the reported structures, activities, or occupations, as well as the existence of permits, concessions, authorizations, prior studies, or administrative case files related to the site. Once that municipal assessment has been completed, and should possible environmental impacts be identified, SINAC-ACLAC may evaluate, within its technical competencies, the preparation of reports, technical opinions, or environmental expert assessments, as appropriate. Should a possible environmental violation or eventual damage to natural resources be confirmed, such inputs may be forwarded to the Public Prosecutor's Office or to the competent administrative authority, so that appropriate preventive, corrective, precautionary, or judicial actions may be assessed in accordance with due process.
Likewise, SINAC-ACLAC remains willing to participate in a joint inspection with the Municipality of Talamanca, provided that such a proceeding is formally coordinated and allows the case to be addressed comprehensively, distinguishing aspects related to the administration of the Maritime-Terrestrial Zone from those that are strictly environmental in nature. Regarding the status of the complaint proceedings: As to the processing of your complaint, please be informed that, in addition to the internal referral made by the ACLAC Regional Directorate through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0044-2026, this coordination forwarded the case to the Municipality of Talamanca through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-043-2026, dated March 7, 2026. Subsequently, on Friday, April 17, 2026, the office of the Mayor (Alcaldía Municipal) of Talamanca communicated, by email, the assignment of municipal officials Helmer Zumbado Edwards, Byron Marchena Esquivel, and Jesús Alanís Nelson to attend to the note filed by you and to the official letter sent by SINAC-ACLAC.
Consequently, this Conservation Area remains awaiting the actions, assessments, or coordination that the Municipality of Talamanca, in its capacity as direct administrator of the Maritime-Terrestrial Zone in the canton, may decide to undertake, in order to determine whether a joint inspection should be conducted or other technical actions should be activated within the scope of SINAC-ACLAC's competencies. Finally, it is clarified that this response is issued within the competency framework of SINAC-ACLAC and does not substitute for the pronouncement that the Municipality of Talamanca must issue regarding permits, concessions, occupations, evictions, demolitions, or the administrative recovery of the Maritime-Terrestrial Zone. Nonetheless, this institution maintains its willingness to address, document, and refer to the corresponding authorities any verifiable environmental impact that may be confirmed on site" (see sworn report and evidence submitted).
Regarding the Municipality of Talamanca:
| TYPE OF ACTION | DATE OF EXECUTION |
|---|---|
| Notification of order in the Puerto Viejo sector | May 19 and 20, 2026 |
| Notification of order in the Playa Cocles sector | May 26 and 27, 2026 |
| Notification of order in the Punta Uva sector | June 2 and 3, 2026 |
| Review of compliance with the notification | |
| Puerto Viejo sector | June 9 and 10, 2026 |
| Playa Cocles sector | June 9 and 10, 2026 |
| Punta Uva sector | June 9 and 10, 2026 |
| Forced eviction in the event of non-compliance | |
| Puerto Viejo sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
| Playa Cocles sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
| Punta Uva sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
Regarding the Directorate General of Immigration and Foreigners:
Concurrently, it has been established that a significant portion of those engaged in said activities are foreign nationals who, according to publicly available information and direct observation, do not hold regular immigration status nor authorization to engage in remunerated activities in the country, in direct contravention of the General Law of Immigration and Foreigners (Ley General de Migración y Extranjería), Law No. 8764, as well as its regulations (…)" (see evidence submitted).
SOLE ITEM. That the authorities of the Ministry of Health and the Municipality of Talamanca have attended to the complaints filed by the petitioner on January 16, 2026.
VI.On the specific case. In the present matter, the petitioner alleges that on January 16, 2026, he filed formal complaints with the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, the Office of the Attorney General of the Republic, the Directorate General of Immigration and Foreigners, and the Municipality of Talamanca, on the grounds that, in the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone of Puerto Viejo and Cocles, canton of Talamanca, an illegal occupation has taken hold through improvised structures known as "chinamos." He adds that certain commercial establishments, such as restaurants, have also privatized the area, to the detriment of public leisure, passage, and the scenic beauty inherent to the location. He states that within these structures, lucrative commercial activities are conducted without any concession, municipal permits, health permits, or environmental permits, in open violation of the legal order.
He asserts that these activities are carried out under absolutely inadequate conditions, without sanitary controls, without waste management, and without minimum infrastructure, thereby creating an evident risk to public health. He alleges that the occupation has caused serious environmental harm, affecting coastal vegetation—including beach almond trees, coconut palms, and understory—that forms part of a biological corridor of high ecological relevance, connected to the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo and to the Parque Nacional Cahuita. He accuses all the respondent authorities of having failed, despite their effective knowledge of the situation, to adopt effective measures, thereby allowing the illegality to persist, expand, and consolidate. He requests the intervention of the Chamber.
As a first matter, with respect to the Ministry of Health, it is on record that on January 16, 2026, the petitioner filed the following complaint: "(…) I respectfully appear before that authority to bring to its attention facts of extreme sanitary, environmental, and legal gravity occurring in the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT), specifically in Puerto Viejo center and Cocles, canton of Talamanca, province of Limón. In said public zone, multiple chinamos and improvised structures operate from which activities involving the preparation and sale of food, beverages, crafts, and personal services such as massages and haircuts are carried out, all without sanitary permits, without inspections, without any oversight whatsoever, and entirely outside public health regulations. These activities are carried out under absolutely unsanitary conditions, given that: -There are no sanitary facilities (bathrooms) to meet the physiological needs of those who operate or visit these stalls. -Solid waste is generated on a constant basis, without adequate systems for collection, storage, or final disposal. -A significant portion of solid and liquid waste is thrown directly into the environment, including onto the beach and into the sea. -Other waste is handled in an improvised manner, without any technical, sanitary, or environmental criteria, worsening the contamination of the soil, the waters, and the coastal environment. -Foul odors are also generated, which are not appropriate for a tourist area.
This situation not only constitutes a flagrant violation of the General Health Law, but also represents a real and unacceptable risk to the public health of the local population and of tourists, as well as a factor of severe environmental degradation in a fragile coastal ecosystem of significant ecological importance, connected to a biological corridor of high relevance." The order admitting the amparo petition for processing was notified to the director of the Directorate for Protection of the Human Environment of the Ministry of Health on April 30, 2026.
In that regard, the respondent authorities do not deny the facts attributed to them and confine themselves to stating that: "In January 2026, the petitioner filed a complaint at the Central Level, which was forwarded to the local health governing area of Talamanca, which, due to an involuntary error, was not formally registered by that local office. However, this matter has been reviewed in the field through the actions carried out by the health authorities within our powers." That being so, while the authorities claim to have "reviewed in the field" the situation reported by the applicant, there is no record that his complaint was formally attended to. Consequently, the amparo petition is granted with respect to this issue, as will be indicated in the operative part of this judgment.
Furthermore, with respect to the Municipality of Talamanca, although the petitioner did not submit a copy of the complaint he claims to have filed on January 16, 2026, bearing a received stamp, the fact remains that the respondent authorities made no reference to that complaint but merely reported that they had prepared a table setting out the proposed intervention plan in response to the alleged illegitimate occupation in the zone, namely:
| TYPE OF ACTION | DATE OF EXECUTION |
|---|---|
| Notification of order in the Puerto Viejo sector | May 19 and 20, 2026 |
| Notification of order in the Playa Cocles sector | May 26 and 27, 2026 |
| Notification of order in the Punta Uva sector | June 2 and 3, 2026 |
| Review of compliance with the notification | |
| Puerto Viejo sector | June 9 and 10, 2026 |
| Playa Cocles sector | June 9 and 10, 2026 |
| Punta Uva sector | June 9 and 10, 2026 |
| Forced eviction in the event of non-compliance | |
| Puerto Viejo sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
| Playa Cocles sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
| Punta Uva sector | June 16, 17, and 18, 2026 |
In any event, it is on record that the Office of the Attorney General of the Republic had already forwarded the petitioner's complaint to the municipality as early as January 21, 2026. Likewise, the Ministry of Environment and Energy had also channeled the applicant's complaint as of March 7, 2026, which demonstrates that the Municipality of Talamanca had knowledge of the complaints filed.
With the foregoing clarified, there is no record that the Municipality of Talamanca communicated to the petitioner the steps taken to address his claim; therefore, the amparo petition is granted with respect to this issue.
Regarding MINAE, it is on record that on January 16, 2026, the petitioner filed a complaint with MINAE, in which he stated: "(…) I respectfully appear before your authority to bring to your attention facts of extreme environmental and legal gravity occurring in the public zone (zona pública) of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT), specifically in Puerto Viejo centro and Cocles, canton of Talamanca, province of Limón. In those sectors, in a public, notorious, permanent, and tolerated manner, multiple makeshift stalls (chinamos) and improvised structures have been installed within the public zone of the ZMT, from which lucrative commercial activities are carried out, such as the sale of food, handicrafts, and the provision of personal services, all without a concession, without legal authorization, without environmental viability (viabilidad ambiental), and in open violation of the public-domain legal regime (régimen jurídico demanial).
These occupations not only constitute an illegitimate usurpation of the public domain (dominio público) prohibited by the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N.° 6043, but also cause serious environmental harm by taking place within a coastal ecosystem of the highest ecological relevance. In the affected public zone there is characteristic natural vegetation, including coconut palms, sea almond trees, and understory (sotobosque), which perform essential ecological functions such as coastal stabilization, shelter, food provision, and biological connectivity for numerous species of wildlife, including migratory birds, sloths, squirrels, howler monkeys (monos congos), and white-faced capuchin monkeys (monos cariblancos). This coastal strip forms part of a continuous biological corridor (corredor biológico) extending from Puerto Viejo, Cocles, and Punta Uva to Manzanillo, functionally connecting with the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo and its wetlands—a corridor indispensable for the safe movement of fauna and the conservation of biodiversity.
The illegal occupation, the removal of vegetation, soil compaction, waste generation, and the associated human disturbance from these activities fragment and degrade this biological corridor, producing a cumulative, serious, and potentially irreversible environmental impact, not to mention the harm to the scenic beauty characteristic of the southern Caribbean coast." On January 19, 2026, the petitioner's complaint was forwarded to the Regional Directorate of the Área de Conservación la Amistad Caribe. On March 7, 2026, by official communication CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-043-2026, the complaint was forwarded to the Municipalidad de Talamanca. On May 4, 2026, by official communication CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-089-2026, the petitioner was notified as follows: "In response and follow-up to the complaint filed with the office of the Minister of MINAE, Mr. Franz Tattenbach Capra, concerning alleged occupations, structures, and activities in the public zone of the ZMT in the sectors of Puerto Viejo and Cocles, canton of Talamanca, and forwarded for attention by official communication CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0044-2026, dated January 20, 2026, we proceed to provide a response within the scope of SINAC-ACLAC's competencies.
In your written submission, you expressly requested: 'That MINAE immediately order and execute environmental protection, recovery, restoration, and restitution measures for the public zone of the ZMT in Puerto Viejo and Cocles.' 'That the immediate eviction of all persons, structures, and activities illegally occupying that zone be coordinated.' 'That effective preventive and corrective measures be adopted to prevent the reinstallation of these occupations and the continuation of environmental harm.' 'That I receive a formal response regarding the handling of this complaint.' These requests are addressed below in the order in which they were presented:
On the request for protection, recovery, restoration, and restitution of the public zone of the ZMT The Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N.° 6043, establishes that the ZMT constitutes part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible, it being an obligation of the State, its institutions, and all inhabitants to protect it and conserve its natural resources. Likewise, said law provides that municipalities are directly responsible for ensuring compliance with the rules governing the domain, development, use, and enjoyment of the ZMT, and that the usufruct and administration of the public zone and the restricted zone (zona restringida) fall to the municipality of the respective jurisdiction. In that regard, for the specific case of the Puerto Viejo sector, the direct administration of the ZMT falls to the Municipalidad de Talamanca, without prejudice to the environmental competencies that may correspond to SINAC when impacts to natural resources, ecosystems, wildlife, forest cover (cobertura boscosa), wetlands, mangroves, protection areas, or other elements under environmental oversight are identified.
For the foregoing reasons, by official communication CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-043-2026, dated March 7, 2026, this coordination formally forwarded to the Municipalidad de Talamanca the complaint submitted by you, so that said Municipality may assess, within its competencies, the existence or non-existence of permits, concessions, municipal authorizations, administrative acts, case files, or any other related background information concerning the reported structures and activities. In that same official communication, this coordination expressed its willingness to coordinate a possible joint on-site inspection, in order to facilitate a comprehensive assessment of the case in accordance with the competencies of each institution.
On the request for the immediate eviction of persons, structures, and activities With respect to the request for immediate eviction, it is necessary to note that Ley N.° 6043 prohibits, without proper legal authorization, the erection of buildings or installations, the cutting of trees, the extraction of products, or the carrying out of any other type of development, activity, or occupation within the ZMT. Likewise, said regulations establish that when competent authorities become aware of violations, they may proceed—after gathering the relevant information if deemed necessary—with the eviction of violators and the destruction or demolition of constructions, renovations, or installations carried out outside the law. Nevertheless, in order to validly proceed with eviction, demolition, or removal measures, the competent authority must first determine the exact location of the reported structures, their relationship to the public or restricted zone, the existence or non-existence of authorizations, permits, concessions, or administrative acts, as well as any other legal or technical conditions applicable to the specific case.
For the foregoing reasons, it is for the Municipalidad de Talamanca, as the direct administrator of the ZMT within its jurisdiction, to carry out the corresponding administrative analysis and determine the appropriate course of action, without prejudice to the inter-institutional coordination that may be required with SINAC, the Fuerza Pública, the Ministerio Público, or other competent authorities, should an illegal occupation or an associated environmental impact be established.
On the adoption of preventive and corrective measures In relation to the adoption of preventive and corrective measures to prevent the reinstallation of occupations or the continuation of possible environmental harm, this coordination considers it essential that, in the first instance, the Municipalidad de Talamanca determine the legal status of the reported structures, activities, or occupations, as well as the existence of permits, concessions, authorizations, prior studies, or administrative case files linked to the site. Once said municipal assessment has been conducted, and should possible environmental impacts be identified, SINAC-ACLAC may assess, within its technical competencies, the preparation of reports, technical opinions, or environmental expert assessments, as appropriate. Should a possible environmental violation or potential damage to natural resources be confirmed, said inputs may be forwarded to the Ministerio Público or the competent administrative authority, so that preventive, corrective, precautionary, or judicial measures appropriate in accordance with due process may be considered.
Likewise, SINAC-ACLAC maintains its willingness to participate in a joint inspection with the Municipalidad de Talamanca, provided that such proceedings are formally coordinated and allow the case to be addressed in a comprehensive manner, distinguishing ZMT administration matters from those that are strictly environmental.
On the status of the complaint proceedings With respect to the handling of your complaint, it is hereby reported that, in addition to the internal forwarding carried out by the ACLAC Regional Directorate by official communication CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0044-2026, this coordination forwarded the case to the Municipalidad de Talamanca by official communication CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-043-2026, dated March 7, 2026. Subsequently, on Friday, April 17, 2026, the office of the Mayor of Talamanca communicated by email the assignment of municipal officers Helmer Zumbado Edwards, Byron Marchena Esquivel, and Jesús Alanís Nelson to attend to the note submitted by you and the official communication sent by SINAC-ACLAC. Consequently, this Conservation Area awaits the actions, assessments, or coordination that the Municipalidad de Talamanca may undertake, in its capacity as direct administrator of the ZMT within the canton, to determine whether a joint inspection should be conducted or other technical actions within SINAC-ACLAC's scope of competence should be initiated.
Finally, it is clarified that this response is issued within the framework of SINAC-ACLAC's competencies and does not substitute for the ruling that the Municipalidad de Talamanca must issue regarding permits, concessions, occupations, evictions, demolitions, or the administrative recovery of the ZMT. Nevertheless, this institution maintains its willingness to attend to, document, and refer to the corresponding authorities any verifiable environmental impact confirmed on site." That being said, it is on record that MINAE received the petitioner's complaint as of January 16, 2026, and, while it analyzed the claim and decided to refer the matter to the Municipalidad de Talamanca on grounds of competency, it was not until May 4, 2026—after the writ of amparo (recurso de amparo) had been admitted for processing—that the petitioner was notified of official communication CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-089-2026 setting out the actions taken in connection with the complaint.
Consequently, since the waiting period for attending to the petitioner's complaint was excessive and the corrective measure was not taken until after notification of the admission of this writ of amparo, the writ must be granted with respect to this point.
On a separate matter, regarding the Procuraduría General de la República, it is on record that on January 16, 2026, the petitioner filed a petition in which he stated: "I respectfully appear before this Procuraduría to formally report an illegal, systematic, and tolerated occupation of the public domain, specifically of the public zone of the ZMT in Puerto Viejo centro and Cocles, canton of Talamanca, which prevents citizens from freely accessing said strip for recreation and enjoyment. In those areas, illegal commercial structures have been installed that carry out lucrative activities without a concession or authorization, in open contradiction with Ley N.° 6043 and with the principles governing the defense of public patrimony. These occupations also cause serious environmental harm by directly affecting the natural coastal vegetation—sea almond trees, coconut palms, and understory—that sustains a coastal biological corridor of enormous relevance, used by migratory birds, sloths, squirrels, howler monkeys, and white-faced capuchin monkeys, and functionally connecting with the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo and its wetlands and the scenic beauty characteristic of the southern Caribbean coast.
The prolonged inaction of the competent authorities has allowed this illegal situation to become entrenched, setting a highly damaging precedent for the State, the environment, and the common use of public assets. I REQUEST: 1. That the Procuraduría intervene ex officio in defense of the public domain. 2. That the competent institutions be formally urged to proceed with the immediate closure and eviction of the illegal occupations. 3. That the possible administrative liability for omission on the part of the officials who have tolerated this situation be analyzed. 4. That I receive a formal response regarding the handling of this complaint." Subsequently, by official communication DAA-OFI-65-2026 dated January 21, 2026, addressed to the Tribunal Ambiental Administrativo, Attorney Natalia Aguilar Porras stated: "Pursuant to Articles 111 and 112 of the Ley Orgánica del Ambiente, I am forwarding 1 image received from Licenciado Nombre01 (…01), corresponding to a complaint for illegal occupation of the public domain and environmental harm in the public zone of the ZMT–Puerto Viejo and Cocles, which was received in our offices.
We therefore request that proceedings be instituted in accordance with due process, to determine the merits of a possible violation of environmental protection legislation, and the consequent adoption of preventive or corrective measures, pursuant to the competencies conferred by Articles 1, 2, 98, 99, 101, 103, 106, 108, and 111 of the Ley Orgánica del Ambiente." Furthermore, by official communication DAA-OFI-66-2026 dated January 21, 2026, addressed to the Municipalidad de Talamanca, Attorney Natalia Aguilar Porras stated: "Pursuant to Articles 12, 13, and 20 of Ley No. 6043, I am forwarding 1 image received from Licenciado Nombre01 (…01), corresponding to a complaint for illegal occupation of the public domain and environmental harm in the public zone of the ZMT–Puerto Viejo and Cocles, which was received in our offices. This is submitted requesting that appropriate proceedings be instituted in accordance with the competencies of the municipal entity." Finally, by official communication DAA-OFI-67-2026 dated January 21, 2026, Attorney Natalia Aguilar Porras replied to the petitioner: "Please receive my kind regards.
In response to your complaint received in our offices (attached), I respectfully state: Pursuant to Article 111 of the Ley Orgánica del Ambiente, we have forwarded 1 attached image, constituting a complaint, to the Tribunal Ambiental Administrativo, which we have requested to institute proceedings in accordance with due process, to determine the merits of a possible violation of environmental protection legislation, and the consequent adoption of preventive or corrective measures. This is in accordance with the competencies conferred by Articles 1, 2, 98, 99, 101, 103, 106, 108, and 111 of the Ley Orgánica del Ambiente. We have also forwarded said complaint image to the Municipalidad de Talamanca, in conformity with Articles 12, 13, and 20 of Ley No. 6043." Said official communication was sent to the email address …01 at 6:10 p.m. on January 21, 2026.
That being said, it is clear that the Procuraduría General de la República did process the petitioner's complaint, referred it to the Municipalidad de Talamanca and to the Tribunal Ambiental Administrativo, and notified the petitioner of the actions taken, prior to the filing of the writ of amparo. Therefore, with respect to the Procuraduría as the respondent, the writ of amparo is denied.
Finally, with respect to the Dirección General de Migración y Extranjería, it is noted that on January 16, 2026, the petitioner filed a petition with the Dirección General de Migración y Extranjería in which he stated: "(…) I appear before this General Directorate to bring to your attention and to report facts of the utmost legal and administrative gravity, related to the carrying out of lucrative activities by foreign nationals who are allegedly in an irregular immigration status, in the public zone of the ZMT, specifically in Puerto Viejo centro and Cocles, canton of Talamanca, province of Limón. It is a public, notorious, permanent, and easily verifiable fact that in those sectors multiple improvised structures and makeshift stalls located within the public zone of the ZMT are in operation, from which commercial activities such as the sale of food, beverages, handicrafts, and the provision of personal services are carried out, without a concession, without administrative authorization, and in open violation of the public-domain legal regime.
Concurrently, it has been established that a significant portion of those engaging in such activities are foreign nationals who, according to publicly known information and direct observation, do not hold regular immigration status nor authorization to engage in remunerated activities in the country, in direct contravention of the Ley General de Migración y Extranjería, Ley N.° 8764, as well as its regulations (…)." In this regard, it should be noted that this complaint does not fall within the exceptions established in considerando I of this judgment, since what is claimed is that, in the petitioner's view, there are foreign nationals in irregular status engaging in commercial activities without authorization.
In that sense, it should be noted that the Presidency of the Sala Constitucional did not even admit the writ of amparo with respect to this point, since the alleged failure to resolve the petition filed by the petitioner would constitute, if proven, a violation of Article 41 of the Constitución Política, for which reason the claim must be brought before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), in accordance with the following considerations:
"III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE: A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PARTIES. The Sala Constitucional, since its founding, has applied broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations grounded in the infra-constitutional legal order or legality parameter, which bear an indirect connection to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be overlooked that the Constitution, by virtue of its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, indirectly underpins any conceivable substantive legal situation of individuals. However, upon more careful reflection, and following the enactment of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) and its entry into force on January 1, 2008, it has become evident that litigants now have access to a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, highly expeditious and swift by virtue of the various procedural mechanisms incorporated into the legal order by said legislation, such as shortened deadlines for carrying out the various procedural acts, broad standing, precautionary measures, a numerus apertus of admissible claims, orality—and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity—single-instance proceedings with appeal in expressly enumerated situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding or 'amparo de legalidad,' pure-law proceedings, new enforcement measures (coercive fines, substitutive or commissarial enforcement, attachment of fiscal-domain assets and some public-domain assets), the broad powers of the panel of enforcement judges, the extension and adaptation of jurisprudential effects to third parties, and the flexibility of the cassation appeal.
All of these novel procedural mechanisms have as their manifest purpose and aim to achieve procedural economy, speed, promptness, and the effective and full protection of the substantive legal situations of administered parties, all with guarantees of basic fundamental rights such as due process, the right of defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is a suitable channel, by virtue of its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the effective protection and safeguarding of the substantive legal situations of administered parties in cases where evidence must be gathered or certain questions of ordinary legality must be resolved.
AN EVIDENT QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or fails to comply with the deadlines prescribed by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sectoral laws for special administrative proceedings—for resolving by final act an administrative proceeding initiated ex officio or at the request of a party, or for hearing applicable administrative appeals—is a matter of ordinary legality that, going forward, may be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that inform the constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of substantive self-representation—that is, appearing without legal counsel—and the principle of no-cost access for petitioners. Consequently, outright dismissal is required, and the petitioner is to be informed that, if they see fit, they may resort to the contentious-administrative jurisdiction" (judgment No. 2008002545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008).
Therefore, with respect to this point, the writ is denied.
VII.Documentation submitted to the case file. The parties are hereby warned that, should they have submitted any paper documents, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is hereby noted that all material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by Corte Plena in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012) and Article LXXXI of session No. 43-12 of the Consejo Superior del Poder Judicial of May 3, 2012.
Por tanto:
The writ is partially granted. Rugeli Morales Rodríguez and Mariela de los Ángeles Marín Mena, in their respective capacities as mayor of Talamanca and director general of health additionally assigned to the Dirección de Salud Ambiental of the Ministerio de Salud, or whoever holds those positions, are hereby ordered to, within FIFTEEN DAYS from notification of this judgment, attend as required by law to the complaints filed by the petitioner since January 16, 2026, and to notify the petitioner accordingly. The foregoing is issued with the warning that, pursuant to Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a day-fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that they must comply with or cause to be complied with, issued in a writ of amparo, and fails to comply with it or fails to cause it to be complied with, provided the offense is not more severely penalized under other provisions. The Municipalidad de Talamanca and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be assessed in the course of execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the writ is denied. Notify the parties.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
EV Generación de Machote: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiseis de junio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 26-013062-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.
Resultando:
TIPO DE ACCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN Notificación de recurso en sector puerto viejo 19 y 20 de mayo 2026 Notificación de recurso en sector playa cocles 26 y 27 de mayo 2026 Notificación de recurso en sector punta uva 02 y 03 de junio 2026 Revisión de cumplimiento de la notificación Sector puerto viejo 09 y 10 de junio 2026 Sector playa cocles 09 y 10 de junio 2026 Sector punta uva 09 y 10 de junio 2026 Desalojo forzoso en caso de incumplimiento Sector puerto viejo 16, 17 y 18 de junio 2026 Sector playa cocles 16, 17 y 18 de junio 2026 Sector punta uva 16, 17 y 18 de junio 2026
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Cuestión previa. En vista de que el encargado del Departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Talamanca omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.
II.Sobre la excepción del artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008002545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia ambiental gestionada ante la Procuraduría General de la República, Ministerio de Ambiente y Energía, Municipalidad de Talamanca y Ministerio de Salud, la cual se acusa que no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta reclamada en este amparo.
III.Objeto del recurso. El recurrente alega que el 16 de enero de 2026 gestionó denuncias formales ante el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Procuraduría General de la República, Dirección General de Migración y Extranjería y la Municipalidad de Talamanca, pues en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Puerto Viejo y Cocles, cantón de Talamanca, se ha consolidado una ocupación ilegal mediante estructuras improvisadas tipo "chinamos". Añade que también algunos comercios como restaurantes privatizaron la zona, perjudicando el solaz, el paso y la belleza escénica propia del lugar. Señala que en dichas estructuras se desarrollan actividades comerciales lucrativas sin contar con concesión, permisos municipales, sanitarios ni ambientales, en abierta violación del ordenamiento jurídico. Afirma que esas actividades se realizan en condiciones absolutamente inadecuadas, sin controles sanitarios, sin manejo de residuos y sin infraestructura mínima, generando un riesgo evidente para la salud pública.
Alega que la ocupación ha provocado un grave daño ambiental, afectando la vegetación costera, incluyendo almendros de playa, cocoteros y sotobosque, que forman parte de un corredor biológico de alta relevancia ecológica, vinculado al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y al Parque Nacional Cahuita. Acusa que, pese al conocimiento efectivo de la situación, ninguna de las autoridades recurridas ha adoptado medidas eficaces, permitiendo la permanencia, expansión y consolidación de la ilegalidad. Solicita la intervención de la Sala.
IV.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
En cuanto a la Procuraduría General de la República:
La inacción prolongada de las autoridades competentes ha permitido la consolidación de esta situación ilegal, generando un precedente altamente lesivo para le Estado, el ambiente y el uso común de los bienes públicos. SOLICITO: 1. Que la Procuraduría intervenga de oficio en defensa del dominio público. 2. Que se inste formalmente a las instituciones competentes a proceder con el cierre y desalojo inmediato de las ocupaciones ilegales. 3. Que se analice la eventual responsabilidad administrativa por omisión de los funcionarios que han tolerado esta situación. 4. Solicito obtener respuesta formal del trámite correspondiente a la presente denuncia” (véase informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
En cuanto al Ministerio de Salud:
Esta situación no solo constituye una violación flagrante a la Ley General de Salud, sino que representa un riesgo real e inaceptable para la salud pública de la población local y de los turistas, así como un factor de degradación ambiental severa en un ecosistema costero frágil, ecológicamente trascendental y conectado a un corredor biológico de alta relevancia” (véase prueba aportada).
En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía:
En la zona pública afectada existe vegetación natural característica, incluyendo cocoteros, almendros de playa y sotobosque, los cuales cumplen funciones ecológicas esenciales como estabilización costera, refugio, alimentación y conectividad biológica para numerosas especies de fauna silvestre, entre ellas aves migratorias, perezosos, ardillas, monos congos y monos cariblancos. Dicha franja costera forma parte de un corredor biológico continuo que se extiende desde Puerto Viejo, Cocles y Punta Uva hasta Manzanillo, conectando funcionalmente con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo, y sus humedales, corredor indispensable para el desplazamiento seguro de la fauna y la conservación de la biodiversidad. La ocupación ilegal, la eliminación de vegetación, la compactación del suelo, la generación de residuos y la perturbación humana asociada a estas actividades fragmentan y degradan dicho corredor biológico, produciendo un impacto ambiental acumulativo, grave y potencialmente irreversible, sin destacar la afectación a la belleza escénica propia del caribe sur” (véase prueba aportada).
“Solicito obtener respuesta formal del trámite correspondiente a la presente denuncia”. Al respecto, se atienden sus solicitudes en el mismo orden planteado: Sobre la solicitud de protección, recuperación, restauración y restitución de la zona pública de la ZMT La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N.° 6043, establece que la Zona Marítimo Terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible, siendo obligación del Estado, sus instituciones y todos los habitantes protegerla y conservar sus recursos naturales. Asimismo, dicha ley dispone que corresponde a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas relativas al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la Zona Marítimo Terrestre, y que el usufructo y administración de la zona pública y la zona restringida corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva.
En ese sentido, para el caso concreto el sector de Puerto Viejo, la administración directa de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a la Municipalidad de Talamanca, sin perjuicio de las competencias ambientales que puedan corresponder al SINAC cuando se identifiquen afectaciones a recursos naturales, ecosistemas, vida silvestre, cobertura boscosa, humedales, manglares, áreas de protección u otros elementos bajo tutela ambiental. Por lo anterior, mediante oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-0432026, de fecha 07 de marzo del 2026, esta coordinación trasladó formalmente a la Municipalidad de Talamanca la denuncia presentada por su persona, con el fin de que dicha Municipalidad valore, dentro de sus competencias, la existencia o inexistencia de permisos, concesiones, autorizaciones municipales, actos administrativos, expedientes o cualquier otro antecedente relacionado con las estructuras y actividades denunciadas.
En ese mismo oficio, se manifestó la disposición del ACLAC para coordinar una eventual inspección conjunta en el sitio, a fin de facilitar una valoración integral del caso conforme a las competencias de cada institución. Sobre la solicitud de desalojo inmediato de personas, estructuras y actividades Con respecto a la solicitud de desalojo inmediato, resulta necesario indicar que la Ley N.° 6043 prohíbe, sin la debida autorización legal, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación dentro de la Zona Marítimo Terrestre. Asimismo, dicha normativa establece que, cuando las autoridades competentes tengan noticia de infracciones, podrán proceder, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de infractores y a la destrucción o demolición de construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas al margen de la ley.
No obstante, para efectos de proceder válidamente con medidas de desalojo, demolición o remoción, resulta necesario que la autoridad competente determine previamente la ubicación exacta de las estructuras denunciadas, su relación con la zona pública o restringida, la existencia o inexistencia de autorizaciones, permisos, concesiones o actos administrativos, así como cualquier otra condición jurídica o técnica que resulte aplicable al caso concreto. En razón de lo anterior, corresponde a la Municipalidad de Talamanca, como administradora directa de la Zona Marítimo Terrestre en su jurisdicción, realizar el análisis administrativo correspondiente y determinar las acciones procedentes, sin perjuicio de la coordinación interinstitucional que pueda requerirse con el SINAC, Fuerza Pública, Ministerio Público u otras autoridades competentes, en caso de acreditarse una ocupación ilegal o una afectación ambiental asociada.
Sobre la adopción de medidas preventivas y correctivas. En relación con la adopción de medidas preventivas y correctivas para impedir la reinstalación de ocupaciones o la continuidad de un posible daño ambiental, esta coordinación considera indispensable que, en primera instancia, la Municipalidad de Talamanca determine la situación legal de las estructuras, actividades u ocupaciones denunciadas, así como la existencia de permisos, concesiones, autorizaciones, estudios previos o expedientes administrativos vinculados con el sitio. Una vez realizada dicha valoración municipal, y en caso de que se identifiquen posibles afectaciones ambientales, el SINAC-ACLAC podrá valorar, dentro de sus competencias técnicas, la elaboración de informes, criterios técnicos o peritajes ambientales, según corresponda. De comprobarse una posible infracción ambiental o un eventual daño a recursos naturales, dichos insumos podrán ser remitidos al Ministerio Público o a la autoridad administrativa competente, a efectos de que se valoren las acciones preventivas, correctivas, cautelares o judiciales que procedan conforme al debido proceso.
Asimismo, el SINAC-ACLAC mantiene la disposición de participar en una inspección conjunta con la Municipalidad de Talamanca, siempre que dicha diligencia sea coordinada formalmente y permita abordar el caso de manera integral, diferenciando los aspectos de administración de la Zona Marítimo Terrestre de aquellos estrictamente ambientales. Sobre el estado del trámite de la denuncia. En cuanto al trámite dado a su denuncia, se informa que, además del traslado interno realizado por la Dirección Regional del ACLAC mediante oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0044-2026, esta coordinación remitió el caso a la Municipalidad de Talamanca mediante oficio CARTASINAC-ACLAC-PPCP-043-2026, de fecha 07 de marzo del 2026. Posteriormente, con fecha viernes 17 de abril del 2026, el despacho de la Alcaldía Municipal de Talamanca comunicó, por medio de correo electrónico, la asignación de los funcionarios municipales Helmer Zumbado Edwards, Byron Marchena Esquivel y Jesús Alanís Nelson para la atención de la nota presentada por su persona y del oficio remitido por el SINAC-ACLAC.
En consecuencia, esta Área de Conservación se mantiene a la espera de las actuaciones, valoraciones o coordinación que disponga la Municipalidad de Talamanca, en su condición de administradora directa de la Zona Marítimo Terrestre en el cantón, para determinar si corresponde realizar una inspección conjunta o activar otras acciones técnicas dentro del ámbito de competencia del SINAC-ACLAC. Finalmente, se aclara que la presente respuesta se emite dentro del marco competencial del SINAC-ACLAC y no sustituye el pronunciamiento que corresponde emitir a la Municipalidad de Talamanca respecto de permisos, concesiones, ocupaciones, desalojos, demoliciones o recuperación administrativa de la Zona Marítimo Terrestre. No obstante, esta institución mantiene su disposición de atender, documentar y remitir a las autoridades correspondientes cualquier afectación ambiental verificable que sea constatada en el sitio” (véase informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
En cuanto a la Municipalidad de Talamanca:
TIPO DE ACCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN Notificación de recurso en sector puerto viejo 19 y 20 de mayo 2026 Notificación de recurso en sector playa cocles 26 y 27 de mayo 2026 Notificación de recurso en sector punta uva 02 y 03 de junio 2026 Revisión de cumplimiento de la notificación Sector puerto viejo 09 y 10 de junio 2026 Sector playa cocles 09 y 10 de junio 2026 Sector punta uva 09 y 10 de junio 2026 Desalojo forzoso en caso de incumplimiento Sector puerto viejo 16, 17 y 18 de junio 2026 Sector playa cocles 16, 17 y 18 de junio 2026 Sector punta uva 16, 17 y 18 de junio 2026 En cuanto a la Dirección General de Migración y Extranjería:
De manera concurrente, se ha constatado que una parte significativa de quienes ejercen dichas actividades son personas extranjeras que, según información de conocimiento público y observación directa, no cuentan con estatus migratorio regular ni autorización para el ejercicio de actividades remuneradas en el país, contraviniendo de forma directa la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N.° 8764, así como su reglamento (…)” (véase prueba aportada).
ÚNICO. Que las autoridades del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Talamanca hayan atendido las denuncias interpuestas por el recurrente el 16 de enero de 2026.
VI.Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente alega que el 16 de enero de 2026 gestionó denuncias formales ante el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Procuraduría General de la República, Dirección General de Migración y Extranjería y la Municipalidad de Talamanca, pues en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de Puerto Viejo y Cocles, cantón de Talamanca, se ha consolidado una ocupación ilegal mediante estructuras improvisadas tipo "chinamos". Añade que también algunos comercios como restaurantes privatizaron la zona, perjudicando el solaz, el paso y la belleza escénica propia del lugar. Señala que en dichas estructuras se desarrollan actividades comerciales lucrativas sin contar con concesión, permisos municipales, sanitarios ni ambientales, en abierta violación del ordenamiento jurídico. Afirma que esas actividades se realizan en condiciones absolutamente inadecuadas, sin controles sanitarios, sin manejo de residuos y sin infraestructura mínima, generando un riesgo evidente para la salud pública.
Alega que la ocupación ha provocado un grave daño ambiental, afectando la vegetación costera, incluyendo almendros de playa, cocoteros y sotobosque, que forman parte de un corredor biológico de alta relevancia ecológica, vinculado al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y al Parque Nacional Cahuita. Acusa que, pese al conocimiento efectivo de la situación, ninguna de las autoridades recurridas ha adoptado medidas eficaces, permitiendo la permanencia, expansión y consolidación de la ilegalidad. Solicita la intervención de la Sala.
Como primer aspecto, en cuanto al Ministerio de Salud, consta que el 16 de enero de 2026, el recurrente gestionó la siguiente denuncia: “(…) comparezco respetuosamente ante esa autoridad para poner en su conocimiento hechos de extrema gravedad sanitaria, ambiental y jurídica que ocurren en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), específicamente en Puerto Viejo centro y Cocles, cantón de Talamanca, provincia de Limón. En dicha zona pública operan múltiples chinamos y estructuras improvisadas desde donde se desarrollan actividades de preparación y venta de alimentos, bebidas, artesanías y servicios personales como masajes y corte de cabello, todo ello sin contar con permisos sanitarios, sin inspecciones, sin control alguno y al margen absoluto de la normativa de salud pública. Estas actividades se desarrollan en condiciones absolutamente insalubres, toda vez que: -No existen servicios sanitarios (baños) para la atención de las necesidades fisiológicas de quienes operan o visitan esos puestos. -Se generan desechos sólidos de manera constante, sin sistemas adecuados de recolección, almacenamiento ni disposición final. -Una parte significativa de los residuos sólidos y líquidos es arrojada directamente al ambiente, incluyendo la playa y el mar. -Otros desechos son tratados de forma improvisada, sin ningún criterio técnico, sanitario o ambiental, agravando la contaminación del suelo, las aguas y el entorno costero. -También se generan malos olores, que no son propios de una zona turística.
Esta situación no solo constituye una violación flagrante a la Ley General de Salud, sino que representa un riesgo real e inaceptable para la salud pública de la población local y de los turistas, así como un factor de degradación ambiental severa en un ecosistema costero frágil, ecológicamente trascendental y conectado a un corredor biológico de alta relevancia”. La resolución de curso del amparo fue notificada al director de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud el 30 de abril de 2026.
Al respecto, las autoridades recurridas no rechazan los hechos que se les atribuyen y se limitan a indicar que: “En enero del 2026 el recurrente interpuso una denuncia ante el Nivel Central, misma que fue remitida al Área Rectora de Salud de Talamanca, la cual por un error involuntario no fue registrada formalmente por esta área local. Sin embargo, este asunto se ha revisado en campo a través de las actuaciones propias de las autoridades de salud, dentro de nuestras potestades”.
Así las cosas, si bien las autoridades afirman que han “revisado en campo” la situación denunciada por el accionante, no consta que su gestión haya sido formalmente atendida. En consecuencia, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, según se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia.
Por otra parte, en cuanto a la Municipalidad de Talamanca, si bien el recurrente no aportó copia con sello de recibido de la denuncia que asegura haber interpuesto el 16 de enero de 2026, lo cierto es que las autoridades recurridas no hicieron referencia a esa gestión, sino que se limitaron a informar que elaboraron una tabla con la propuesta de intervención ante la reclamada ocupación ilegítima en la zona, a saber:
TIPO DE ACCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN Notificación de recurso en sector puerto viejo 19 y 20 de mayo 2026 Notificación de recurso en sector playa cocles 26 y 27 de mayo 2026 Notificación de recurso en sector punta uva 02 y 03 de junio 2026 Revisión de cumplimiento de la notificación Sector puerto viejo 09 y 10 de junio 2026 Sector playa cocles 09 y 10 de junio 2026 Sector punta uva 09 y 10 de junio 2026 Desalojo forzoso en caso de incumplimiento Sector puerto viejo 16, 17 y 18 de junio 2026 Sector playa cocles 16, 17 y 18 de junio 2026 Sector punta uva 16, 17 y 18 de junio 2026 En todo caso, consta que la Procuraduría General de la República había remitido al municipio la denuncia del recurrente desde el 21 de enero de 2026. Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Energía también había canalizado la gestión del accionante desde el 7 de marzo de 2026, lo que evidencia que la Municipalidad de Talamanca tenía conocimiento de las gestiones incoadas.
Aclarado lo anterior, no consta que la Municipalidad de Talamanca haya comunicado al recurrente las gestiones realizadas para atender su reclamo, por lo que procede estimar el recurso de amparo en cuanto a este extremo.
En relación con Ministerio de Ambiente y Energía, consta que el 16 de enero de 2026, el recurrente interpuso denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Energía, en la que indicó: “(…) comparezco respetuosamente ante esa autoridad para poner en su conocimiento hechos de extrema gravedad ambiental y jurídica que ocurren en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), específicamente en Puerto Viejo centro y Cocles, cantón de Talamanca, provincia de Limón. En dichos sectores, de forma pública, notoria, permanente y tolerada, se han instalado múltiples chinamos y estructuras improvisadas dentro de la zona pública de la ZMT, desde donde se desarrollan actividades comerciales lucrativas tales como venta de alimentos, artesanías y prestación de servicios personales, todo ello sin concesión, sin autorización legal, sin viabilidad ambiental y en abierta violación del régimen jurídico demanial.
Estas ocupaciones no solo constituyen una usurpación ilegítima del dominio público prohibida por la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N.° 6043, sino que generan un grave daño ambiental al desarrollarse sobre un ecosistema costero de altísima relevancia ecológica. En la zona pública afectada existe vegetación natural característica, incluyendo cocoteros, almendros de playa y sotobosque, los cuales cumplen funciones ecológicas esenciales como estabilización costera, refugio, alimentación y conectividad biológica para numerosas especies de fauna silvestre, entre ellas aves migratorias, perezosos, ardillas, monos congos y monos cariblancos. Dicha franja costera forma parte de un corredor biológico continuo que se extiende desde Puerto Viejo, Cocles y Punta Uva hasta Manzanillo, conectando funcionalmente con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo, y sus humedales, corredor indispensable para el desplazamiento seguro de la fauna y la conservación de la biodiversidad.
La ocupación ilegal, la eliminación de vegetación, la compactación del suelo, la generación de residuos y la perturbación humana asociada a estas actividades fragmentan y degradan dicho corredor biológico, produciendo un impacto ambiental acumulativo, grave y potencialmente irreversible, sin destacar la afectación a la belleza escénica propia del caribe sur”. El 19 de enero de 2026, se trasladó la denuncia del tutelado a la Dirección Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe. El 7 de marzo de 2026, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-043-2026, se trasladó la denuncia a la Municipalidad de Talamanca. El 4 de mayo de 2026, mediante oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-089-2026 se le comunicó al recurrente: ““En atención y seguimiento a la denuncia presentada ante el despacho del señor Ministro de Ambiente y Energía, señor Franz Tattenbach Capra, relacionada con presuntas ocupaciones, estructuras y actividades en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre en los sectores de Puerto Viejo y Cocles, cantón de Talamanca, y trasladada para atención mediante oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0044-2026, de fecha 20 de enero del 2026, se procede a brindar respuesta dentro del ámbito de competencias del SINAC-ACLAC.
En su escrito, usted solicitó expresamente: “Que el MINAE ordene y ejecute de inmediato acciones de protección ambiental, recuperación, restauración y restitución de la zona pública de la ZMT en Puerto Viejo y Cocles”. “Que se coordine el desalojo inmediato de todas las personas, estructuras y actividades que ocupan ilegalmente dicha zona”. “Que se adopten medidas preventivas y correctivas eficaces para impedir la reinstalación de estas ocupaciones y la continuidad del daño ambiental”. “Solicito obtener respuesta formal del trámite correspondiente a la presente denuncia”. Al respecto, se atienden sus solicitudes en el mismo orden planteado: Sobre la solicitud de protección, recuperación, restauración y restitución de la zona pública de la ZMT La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N.° 6043, establece que la Zona Marítimo Terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible, siendo obligación del Estado, sus instituciones y todos los habitantes protegerla y conservar sus recursos naturales.
Asimismo, dicha ley dispone que corresponde a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas relativas al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la Zona Marítimo Terrestre, y que el usufructo y administración de la zona pública y la zona restringida corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva. En ese sentido, para el caso concreto el sector de Puerto Viejo, la administración directa de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a la Municipalidad de Talamanca, sin perjuicio de las competencias ambientales que puedan corresponder al SINAC cuando se identifiquen afectaciones a recursos naturales, ecosistemas, vida silvestre, cobertura boscosa, humedales, manglares, áreas de protección u otros elementos bajo tutela ambiental. Por lo anterior, mediante oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-0432026, de fecha 07 de marzo del 2026, esta coordinación trasladó formalmente a la Municipalidad de Talamanca la denuncia presentada por su persona, con el fin de que dicha Municipalidad valore, dentro de sus competencias, la existencia o inexistencia de permisos, concesiones, autorizaciones municipales, actos administrativos, expedientes o cualquier otro antecedente relacionado con las estructuras y actividades denunciadas.
En ese mismo oficio, se manifestó la disposición del ACLAC para coordinar una eventual inspección conjunta en el sitio, a fin de facilitar una valoración integral del caso conforme a las competencias de cada institución. Sobre la solicitud de desalojo inmediato de personas, estructuras y actividades Con respecto a la solicitud de desalojo inmediato, resulta necesario indicar que la Ley N.° 6043 prohíbe, sin la debida autorización legal, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación dentro de la Zona Marítimo Terrestre. Asimismo, dicha normativa establece que, cuando las autoridades competentes tengan noticia de infracciones, podrán proceder, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de infractores y a la destrucción o demolición de construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas al margen de la ley.
No obstante, para efectos de proceder válidamente con medidas de desalojo, demolición o remoción, resulta necesario que la autoridad competente determine previamente la ubicación exacta de las estructuras denunciadas, su relación con la zona pública o restringida, la existencia o inexistencia de autorizaciones, permisos, concesiones o actos administrativos, así como cualquier otra condición jurídica o técnica que resulte aplicable al caso concreto. En razón de lo anterior, corresponde a la Municipalidad de Talamanca, como administradora directa de la Zona Marítimo Terrestre en su jurisdicción, realizar el análisis administrativo correspondiente y determinar las acciones procedentes, sin perjuicio de la coordinación interinstitucional que pueda requerirse con el SINAC, Fuerza Pública, Ministerio Público u otras autoridades competentes, en caso de acreditarse una ocupación ilegal o una afectación ambiental asociada.
Sobre la adopción de medidas preventivas y correctivas. En relación con la adopción de medidas preventivas y correctivas para impedir la reinstalación de ocupaciones o la continuidad de un posible daño ambiental, esta coordinación considera indispensable que, en primera instancia, la Municipalidad de Talamanca determine la situación legal de las estructuras, actividades u ocupaciones denunciadas, así como la existencia de permisos, concesiones, autorizaciones, estudios previos o expedientes administrativos vinculados con el sitio. Una vez realizada dicha valoración municipal, y en caso de que se identifiquen posibles afectaciones ambientales, el SINAC-ACLAC podrá valorar, dentro de sus competencias técnicas, la elaboración de informes, criterios técnicos o peritajes ambientales, según corresponda. De comprobarse una posible infracción ambiental o un eventual daño a recursos naturales, dichos insumos podrán ser remitidos al Ministerio Público o a la autoridad administrativa competente, a efectos de que se valoren las acciones preventivas, correctivas, cautelares o judiciales que procedan conforme al debido proceso.
Asimismo, el SINAC-ACLAC mantiene la disposición de participar en una inspección conjunta con la Municipalidad de Talamanca, siempre que dicha diligencia sea coordinada formalmente y permita abordar el caso de manera integral, diferenciando los aspectos de administración de la Zona Marítimo Terrestre de aquellos estrictamente ambientales. Sobre el estado del trámite de la denuncia. En cuanto al trámite dado a su denuncia, se informa que, además del traslado interno realizado por la Dirección Regional del ACLAC mediante oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0044-2026, esta coordinación remitió el caso a la Municipalidad de Talamanca mediante oficio CARTASINAC-ACLAC-PPCP-043-2026, de fecha 07 de marzo del 2026. Posteriormente, con fecha viernes 17 de abril del 2026, el despacho de la Alcaldía Municipal de Talamanca comunicó, por medio de correo electrónico, la asignación de los funcionarios municipales Helmer Zumbado Edwards, Byron Marchena Esquivel y Jesús Alanís Nelson para la atención de la nota presentada por su persona y del oficio remitido por el SINAC-ACLAC.
En consecuencia, esta Área de Conservación se mantiene a la espera de las actuaciones, valoraciones o coordinación que disponga la Municipalidad de Talamanca, en su condición de administradora directa de la Zona Marítimo Terrestre en el cantón, para determinar si corresponde realizar una inspección conjunta o activar otras acciones técnicas dentro del ámbito de competencia del SINAC-ACLAC. Finalmente, se aclara que la presente respuesta se emite dentro del marco competencial del SINAC-ACLAC y no sustituye el pronunciamiento que corresponde emitir a la Municipalidad de Talamanca respecto de permisos, concesiones, ocupaciones, desalojos, demoliciones o recuperación administrativa de la Zona Marítimo Terrestre. No obstante, esta institución mantiene su disposición de atender, documentar y remitir a las autoridades correspondientes cualquier afectación ambiental verificable que sea constatada en el sitio”.
Así las cosas, consta que el Ministerio de Ambiente y Energía recibió la denuncia del recurrente desde el 16 de enero de 2026 y, si bien analizó el reclamo y decidió remitir la gestión a la Municipalidad de Talamanca por competencia, fue hasta el 4 de mayo de 2026 -con posterioridad de la resolución de curso del amparo- que se le comunicó al recurrente el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-089-2026 en el que constan las acciones realizadas en relación con su denuncia.
En consecuencia, como el plazo de espera para atender la gestión de la amparada fue excesivo y la medida correctiva no se tomó sino con posterioridad a la notificación del curso este amparo, procede estimar el recurso de amparo en cuanto a este extremo.
En otro orden de ideas, en cuanto a la Procuraduría General de la República, consta que el 16 de enero de 2026, el recurrente interpuso una gestión en la que indicó: “comparezco respetuosamente ante esta Procuraduría para denunciar formalmente una ocupación ilegal, sistemática y tolerada del dominio público, concretamente de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre en Puerto Viejo centro y Cocles, cantón de Talamanca, lo que impide el libre acceso de los ciudadanos a dicha franca para el solaz y disfrute. En dichas áreas se han instalado estructuras comerciales ilegales que desarrollan actividades lucrativas sin concesión ni autorización, en abierta contradicción con la Ley N.° 6043 y con los principios que rigen la defensa del patrimonio público. Estas ocupaciones generan además un grave daño ambiental, al afectar directamente la vegetación costera natural -almendros de playa, cocoteros y sotobosque- que sostiene un corredor biológico costero de enorme relevancia, utilizado por aves migratorias, perezosos, ardillas, monos congos y monos cariblancos, y conectando funcionalmente con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y sus humedales y la belleza escénica propia del caribe sur.
La inacción prolongada de las autoridades competentes ha permitido la consolidación de esta situación ilegal, generando un precedente altamente lesivo para le Estado, el ambiente y el uso común de los bienes públicos. SOLICITO: 1. Que la Procuraduría intervenga de oficio en defensa del dominio público. 2. Que se inste formalmente a las instituciones competentes a proceder con el cierre y desalojo inmediato de las ocupaciones ilegales. 3. Que se analice la eventual responsabilidad administrativa por omisión de los funcionarios que han tolerado esta situación. 4. Solicito obtener respuesta formal del trámite correspondiente a la presente denuncia”. Posteriormente, por oficio DAA-OFI-65-2026 del 21 de enero de 2026 dirigido al Tribunal Ambiental Administrativo, la procuradora Natalia Aguilar Porras indicó: “Con fundamento en los artículos 111 y 112 de la Ley Orgánica del Ambiente, traslado 1 imagen que recibimos del Licenciado Nombre01 (...01), que corresponde a una denuncia por ocupación ilegal del dominio público y daño ambiental en la zona pública de la ZMT-Puerto Viejo y Cocles, la cual fue recibida en nuestras oficinas.
Ante ello, solicitamos instruir el procedimiento observando el debido proceso, para que se determine el mérito de una posible infracción a la legislación tutelar del ambiente, y la consecuente adopción de medidas preventivas o correctivas, conforme a las competencias conferidas en los artículos 1, 2, 98, 99, 101, 103, 106, 108 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente”. Además, por oficio DAA-OFI-66-2026 del 21 de enero de 2026 dirigido a la Municipalidad de Talamanca, la procuradora Natalia Aguilar Porras indicó: “Con fundamento en los artículos 12, 13 y 20 de la Ley No. 6043, traslado 1 imagen que recibimos de Licenciado Nombre01 (...01), que corresponde a una denuncia por ocupación ilegal del dominio público y daño ambiental en la zona pública de la ZMT- Puerto Viejo y Cocles la cual fue recibida en nuestras oficinas. Lo anterior, solicitando instruir lo procedente conforme a las competencias del ente municipal”.
Finalmente, por oficio DAA-OFI-67-2026 del 21 de enero de 2026, la procuradora Natalia Aguilar Porras contestó al recurrente: “Reciba un atento saludo. En atención a su denuncia recibida en nuestras oficinas (adjunta), con respeto manifiesto: Con fundamento en el artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, trasladamos 1 imagen adjunta, que constituye denuncia, al Tribunal Ambiental Administrativo, a quien hemos solicitado instruir el procedimiento, observando el debido proceso, para que determine el mérito de una posible infracción a la legislación tutelar del ambiente, y la consecuente adopción de medidas preventivas o correctivas. Lo anterior, conforme a las competencias conferidas en los artículos 1, 2, 98, 99, 101, 103, 106, 108 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente. También hemos trasladado dicha imagen de denuncia a la Municipalidad de Talamanca, de conformidad con lo que establecen los artículos 12, 13 y 20 de la Ley No. 6043”. Tal oficio le fue remitido al correo electrónico ...01 a las 18:10 horas del 21 de enero de 2026.
Así las cosas, véase que la Procuraduría General de la República sí tramitó la denuncia del recurrente, la derivó a la Municipalidad de Talamanca y al Tribunal Ambiental Administrativo y le comunicó al accionante las acciones realizadas, previo a la interposición del amparo. Ergo, en cuanto a la procuraduría recurrida, se desestima el recurso de amparo.
Finalmente, en cuanto a la Dirección General de Migración y Extranjería, se observa que el 16 de enero de 2026, el recurrente interpuso gestión ante la Dirección General de Migración y Extranjería en la que indicó: “(…) comparezco ante esta Dirección General para poner en su conocimiento y denunciar hechos de suma gravedad jurídica y administrativa, relacionados con la realización de actividades lucrativas por personas extranjeras en presunta condición migratoria irregular, en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), específicamente en Puerto Viejo centro y Cocles, cantón de Talamanca, provincia de Limón. Es un hecho público, notorio, permanente y fácilmente verificable que en dichos sectores operan múltiples estructuras improvisadas y chinamos ubicados dentro de la zona pública de la ZMT, desde los cuales se desarrollan actividades comerciales tales como venta de alimentos, bebidas, artesanías y prestación de servicios personales, sin concesión, sin autorización administrativa y en abierta violación del régimen jurídico del dominio público.
De manera concurrente, se ha constatado que una parte significativa de quienes ejercen dichas actividades son personas extranjeras que, según información de conocimiento público y observación directa, no cuentan con estatus migratorio regular ni autorización para el ejercicio de actividades remuneradas en el país, contraviniendo de forma directa la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N.° 8764, así como su reglamento (…)”.
Al respecto, nótese que esa denuncia no se encuentra en los supuestos de excepción establecidos en el considerando I de esta sentencia, pues lo que reclama es que, en su criterio, existen personas extranjeras en situación irregular realizando actividades comerciales sin permiso.
En ese sentido, véase que la Presidencia de la Sala ni siquiera cursó el amparo en cuanto a este extremo, por cuanto la acusada falta de resolución de la gestión planteada por la parte recurrente, constituiría, de ser el caso, una violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, motivo por el cual el reclamo debe ser ventilado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las siguientes consideraciones:
“III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación.
Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la parte gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa” (sentencia nro. 2008002545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008).
Ergo, en cuanto a este extremo, se declara sin lugar el recurso.
VII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se les ordena a Rugeli Morales Rodríguez y Mariela de los Ángeles Marín Mena, cada uno en su respectiva condición de alcalde de Talamanca y directora general de salud con recargo de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, atiendan como en Derecho corresponde las denuncias del recurrente gestionadas desde el 16 de enero de 2026 y le notifiquen lo pertinente. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Talamanca y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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