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Res. 23116-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/06/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber dismissed the amparo outright, holding that allegations of administrative delay in ZMT concession proceedings and dissatisfaction with the municipal response are matters of ordinary legality to be resolved before the contencioso-administrativo courts.La Sala Constitucional rechazó de plano el amparo, declarando que los alegatos sobre retardo administrativo en el trámite de concesión en la ZMT y la disconformidad con la respuesta municipal constituyen cuestiones de legalidad ordinaria que deben resolverse en la jurisdicción contencioso-administrativa.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed outright an amparo filed against the Municipality of Osa for alleged failure to respond to petitions concerning a coastal-zone (ZMT) concession application in Osa canton, specifically at Punta Mala, Puerto Cortés, within the Plan Regulador de Boca Coronado area. The applicant claimed her concession request overlapped with at least three others and sought certification of competing concession files, a technical compatibility analysis, and an administrative priority determination. The Chamber found the municipality had issued a response—even if not substantively conclusive—so the grievance amounted to dissatisfaction with that response, not a true omission. It further held that verifying whether the administration complied with statutory deadlines is a matter of ordinary legality for the contencioso-administrativo courts, not the Constitutional Chamber. Magistrate Cruz Castro dissented, arguing that administrative delay does violate the constitutional right to prompt justice under Article 41.La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Osa por supuesta omisión en responder peticiones relacionadas con una solicitud de concesión en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Osa, específicamente en el sector de Punta Mala, Puerto Cortés, dentro del área del Plan Regulador de Boca Coronado. La recurrente alegaba traslape de su solicitud con al menos otras tres concesiones y pedía certificación de expedientes traslapados, análisis técnico de compatibilidad y determinación de prioridad administrativa. La Sala determinó que la municipalidad sí emitió respuesta —aunque no resolvió de fondo—, por lo que lo alegado constituye una disconformidad y no una omisión. Asimismo, estableció que verificar si la administración cumplió los plazos legales en procedimientos administrativos es una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, no a esta Sala. El magistrado Cruz Castro salvó el voto, estimando que la mora administrativa sí lesiona el artículo 41 constitucional.
Key excerptExtracto clave
Thus, what is inferred is a request for technical criteria; however, the right to submit such a query is, at most, of mere statutory rank, so the failure to answer it cannot be directly linked to a potential violation of a fundamental right. Accordingly, determining whether the respondent complied with the deadlines set by the applicable regulations is a matter of ordinary legality that must be discussed and resolved before the respondent itself, before the Defensoría de los Habitantes—the body competent to oversee the efficiency of public institutions—or, eventually, before the contencioso-administrativo courts. Therefore, the Chamber does not find that the matter involves an omission of response, but rather a disagreement with the response received; nevertheless, this Tribunal considers that response to be justified and does not deem it unreasonable, nor that an excessive period of time has elapsed to date. On that basis, this point is inadmissible. It is evident that determining whether a public administration complies with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative procedures—in order to issue a final act in an administrative proceeding, whether initiated ex officio or at a party's request, or to resolve applicable administrative appeals—is an evident matter of ordinary legality that may henceforth be discussed and resolved before the contencioso-administrativo courts applying the principles that inform constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of substantive self-representation (i.e., appearing without legal counsel), and cost-free access for petitioners.Así las cosas, se colige una solicitud de criterio técnico; empero, el derecho a formular dicha consulta, a lo sumo, es de mero rango legal, por lo que la omisión en contestarla no puede relacionarse directamente con una eventual lesión a un derecho fundamental. Así las cosas, determinar si el recurrido cumplió o no los plazos pautados por la normativa que pueda resultar aplicable a la materia, es una cuestión de legalidad ordinaria que debe ser discutida y resuelta ante el propio recurrido, ante la Defensoría de los Habitantes —que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas— o, eventualmente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ergo, la Sala no infiere que lo acusado trate de una omisión de respuesta, sino de una disconformidad con ella; sin embargo, para este Tribunal tal contestación se encuentra justificada y no se estima que sea irrazonable ni que a la fecha haya transcurrido un plazo excesivo. De ahí que este extremo es inadmisible. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes.
Pull quotesCitas destacadas
"la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."
"The new contencioso-administrativo jurisdiction is an adequate forum, given its new characteristics of simplicity, speed, and promptness for the effective protection of the substantive legal situations of those subject to administrative authority in cases requiring the gathering of evidence or the resolution of matters of ordinary legality."
Considerando III
"la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria."
Considerando III
"Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa."
"Consequently, outright dismissal is required, and the petitioning parties are informed that, if they so choose, they may resort to the contencioso-administrativo courts."
Considerando IV
"Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa."
Considerando IV
"estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal."
"I consider that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee, which is why I am changing the position I had previously held, recognizing the possible infringement of the right to prompt and effective administrative justice, and parting from the majority's view."
Voto Salvado del Magistrado Cruz Castro
"estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal."
Voto Salvado del Magistrado Cruz Castro
"A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia."
"In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line; it is this Court that, pursuant to Article 7 of its governing law, has the exclusive authority to define its own jurisdiction."
Nota Separada del Magistrado Castillo Víquez
"A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia."
Nota Separada del Magistrado Castillo Víquez
Full documentDocumento completo
CASE FILE NO. 26-018418-0007-CO PROCEEDING: WRIT OF AMPARO (RECURSO DE AMPARO) RULING NO. 2026023116 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-fourth of June, two thousand and twenty-six.
Writ of amparo filed by Nombre01, national identity document (cédula de identidad) CED01, on behalf of Nombre02, national identity document CED02, against the MUNICIPALIDAD DE OSA.
Background:
The opinion is authored by Justice Castillo Víquez; and,
Considering:
The petitioner states that the protected party is an applicant for a concession in the maritime-terrestrial zone of the canton of Osa. In this regard, he explains that the municipality acknowledged that there are three applications overlapping said area. He notes that on March 4, 2026, he requested from the Maritime-Terrestrial Zone Department certification of those applications. In response, on April 30, 2026, he was informed that the matter was of a high degree of technical and administrative complexity and required more time. He argues that on May 13, 2026, he filed a complaint for administrative delay, which has not been resolved. He claims violations of Articles 27, 30, and 41 of the Constitution.
Upon examination of the submission of March 4, 2026, it is apparent that, in the context of the protected party's concession case file, in which a field inspection report was issued and in which actions related to overlaps of the requested area were mentioned, the petitioner requested that those actions be certified and that the administrative priority of the case file be determined. Specifically, he requested: "1. That a certification be issued of all concession applications overlapping the area requested by Nombre02, indicating the case file, filing date, area, and associated cadastral survey plan. 2. That the Maritime-Terrestrial Zone Department conduct a technical compatibility analysis of said applications, clearly delimiting the areas corresponding to each case file. 3. That, in application of the principles of administrative priority, land-use planning (ordenamiento territorial), and legal certainty, the precedence of Nombre02's case file be determined, avoiding duplicate applications over the same property. 4.
That, once the overlap situation has been resolved, the corresponding administrative proceeding continue until its eventual referral to the Municipal Council and submission to the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo)." This being the case, what is inferred is a request for a technical opinion; however, the right to submit such a consultation is, at most, of mere statutory rank, and therefore the failure to respond to it cannot be directly linked to a potential violation of a fundamental right. Accordingly, determining whether the respondent complied or failed to comply with the time limits established by the regulations applicable to the subject matter is a question of ordinary legality that must be discussed and resolved before the respondent authority itself, before the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes) — which is the competent body for overseeing the level of efficiency with which public institutions operate — or, eventually, before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa).
In the same vein, with respect to the request for certification of concession applications, by memorandum PZM-00-2026 of March 19, 2026, the respondent municipality replied to the protected party as follows: "In response to your various submissions through which you request information and the processing of multiple matters related to case files located in the Maritime-Terrestrial Zone, the following is noted, with some of the cases of interest detailed below: 1. Concession application Nombre02. 2. Concession application Nombre03. 3. Concession project in the name of Dies Somniun S.A. 4. Concession application in the name of 3-102-865229 Sociedad R.L. 5. Concession application Primeros Rayos S.A. This Administration has conducted a preliminary review of what has been requested, determining that the matters consulted are linked to case files and actions whose processing entails a high degree of technical and administrative complexity, which necessarily requires a process of careful verification, analysis, and examination of the existing documentation, prior to issuing any substantive ruling, which therefore requires more time than that established by Article 32 of Act No. 7135, in conjunction with Article 27 of the Constitution, (…) it has been found that a considerable percentage of case files processed in the Maritime-Terrestrial Zone present situations such as: Accumulation of procedural matters not resolved in a timely manner, including information requests or actions of various kinds that have been pending for extended periods, in some cases pending for several years. • Pending, incomplete, or deficiently conducted inspections, many also pending with backlogs of several years. • Concessions processed but without their proper registry formalization, meaning they were not duly and timely registered. • Omissions in essential procedural stages, such as the absence of notice for failure to meet legal requirements or the absence of timely notifications to interested parties. • Deficiencies in correspondence management, including lack of filing of correspondence, improper filing, and disorganized physical case files (the vast majority are archived without chronological order, without pagination or with incorrect pagination). • Existence of incomplete, defective, or incorrect documents, with respect to which the corresponding notices were not issued at the time. • Granting of land-use permits in the Maritime-Terrestrial Zone through procedures that present inconsistencies with the applicable regulatory framework, including the 'Procedure for the Granting of Land-Use Permits in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Osa,' the Maritime-Terrestrial Zone Act and its Regulations.
(…) In light of the foregoing, it is necessary to note that your requests cannot be addressed immediately, as pure and simple information, since they precisely warrant being subjected to that review process, and, if necessary, remediation and rectification. (…) In light of the above, it is reiterated that your request will be addressed as the corresponding technical and legal review process advances, within a framework that guarantees the correct application of current regulations and avoids the issuance of acts that could prove flawed or susceptible to nullity." Accordingly, the Chamber does not infer that what is alleged constitutes an omission of response, but rather a disagreement with it; however, for this Tribunal such a response is justified and is not considered to be unreasonable, nor does it appear that an excessive period of time has elapsed to date. Therefore, this aspect is inadmissible.
Furthermore, it is inferred that the submission of May 13, 2026 constitutes a complaint related to the concession case file. This could entail a violation of Article 41 of the Constitution, which is also inadmissible for consideration by this Tribunal, in accordance with the following considerations.
A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE SUBSTANTIVE LEGAL INTERESTS OF ADMINISTRATIVE PARTIES. The Constitutional Chamber, since its founding, has applied broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal interests grounded in the infra-constitutional legal order or legality standard, which bear an indirect connection to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be overlooked that the Constitution, by virtue of its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, provides indirect grounding for any conceivable substantive legal interest of persons. However, upon further and more careful consideration, and in light of the enactment of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Act No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force on January 1, 2008, it has become clear that parties now have access to a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction that is highly expeditious and swift by virtue of the various procedural mechanisms incorporated into the legal order by that legislation, such as the shortening of time limits for carrying out the various procedural acts, broad standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality — and its sub-principles of concentration, immediacy, and speed —, single-instance proceedings with the right to appeal in expressly enumerated circumstances, intra-process conciliation, the unified proceeding, the preferential proceeding or "amparo de legalidad," pure law proceedings, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, seizure of assets of the fiscal domain and some of the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of case law to third parties, and the flexibility of the cassation appeal.
All of these novel procedural mechanisms are designed and expressly intended to achieve procedural economy, speed, promptness, and effective or full protection of the substantive legal interests of administrative parties, all with a guarantee of basic fundamental rights such as due process, the right of defense, and the adversarial process. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an adequate channel, by virtue of its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the protection and effective safeguarding of the substantive legal interests of administrative parties in cases requiring the gathering of evidence or the resolution of certain questions of ordinary legality.
A CLEAR QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration does or does not comply with the time limits established by the General Public Administration Act (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative proceedings — for resolving by means of a final administrative act (acto final) a proceeding initiated ex officio or at the request of a party, or for hearing applicable administrative appeals — is a clear question of ordinary legality that, going forward, may be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that underpin the constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of substantive self-representation — that is, appearing without legal counsel — and the principle of no fees for petitioners. Consequently, outright dismissal is required, and the petitioning parties are directed that, if they see fit, they may resort to the contentious-administrative jurisdiction.
I have supported this Tribunal's position that when a party alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, those who must resolve the legal dispute are the Contentious-Administrative Tribunals, and not this Chamber. However, with the recent enactment of Act No. 9097, the Right of Petition Regulation Act, it has been established that said right is susceptible to judicial protection by means of the writ of amparo established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in conjunction with Article 27 of the Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material acts of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Tribunal should modify its jurisprudential line, as it is for this Tribunal, pursuant to Article 7 of its Act, to define its own competence exclusively.
Therefore, with the exception of those constitutional-legal disputes that have been recognized by this Chamber itself as exceptional cases, which are indeed admissible for consideration in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of writ of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (Ruling No. 2008-02545 of 8:55 hours of February 22, 2008), jurisdiction lies with the judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding statutory norms, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
While in the past I have upheld the Tribunal's majority position, upon further and more careful consideration of the fundamental rights claimed, I am of the view that administrative delay constitutes a violation of a fundamental procedural guarantee, which is why I am changing the position I had previously expressed, acknowledging the possible infringement of the right to prompt and effective administrative justice, and departing from the majority's view that — save for limited exceptions — this type of complaint must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and effective justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is consistent with the scope of jurisdiction assigned to this Tribunal in the area of fundamental rights protection, pursuant to the provisions of Articles 10 and 48 of the Constitution.
While I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction following the entry into force of Act 8508 of April 24, 2006, the fact remains that this circumstance does not justify the referral to that forum of matters that fall within the subject-matter competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means of protecting the fundamental rights of the country's inhabitants.
The parties are hereby notified that, should they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days from the date of notification of this ruling. Otherwise, all material not retrieved within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Gazette No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The petition is summarily dismissed. Justice Castillo Víquez enters a separate note solely with respect to the ruling on Article 41 of the Constitution. Justice Cruz Castro dissents, solely with respect to Article 41 of the Constitution.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE NO. 26-018418-0007-CO Telephone: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 m south of the Perpetuo Socorro church).
PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2026023116 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la MUNICIPALIDAD DE OSA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
El recurrente manifiesta que la tutelada es solicitante de una concesión en la zona marítimo terrestre del cantón de Osa. Al respecto, explica que la municipalidad reconoció que existen tres solicitudes que traslapan tal área. Comenta que el 4 de marzo de 2026 pidió al departamento de Zona Marítimo Terrestre la certificación de esas solicitudes. Ante ello, el 30 de abril de 2026 se le contestó que el asunto era de alto grado de complejidad técnica y administrativa y se requería mayor tiempo. Arguye que el 13 de mayo de 2026 interpuso una denuncia por el retardo administrativo; la cual no ha sido resuelta. Estima lesionados los artículos 27, 30 y 41 constitucionales.
Vista la gestión del 4 de marzo de 2026, se desprende que, a la luz del expediente de solicitud de concesión de la tutelada, en la cual se emitió un informe de inspección de campo y en ese se mencionaron gestiones relacionadas con traslapes del área solicitada, el recurrente pidió que se certificaran esas gestiones y se determinara la prioridad administrativa del expediente. Específicamente solicitó: “1. Que se emita certificación de todas las solicitudes de concesión que se traslapen con el área solicitada por Nombre02, indicando expediente, fecha de presentación, área y plano asociado. 2. Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre realice un análisis técnico de compatibilidad de dichas solicitudes, delimitando claramente las áreas que corresponden a cada expediente. 3. Que, en aplicación de los principios de prioridad administrativa, ordenamiento territorial y seguridad jurídica, se determine la precedencia del expediente de Nombre02, evitando la duplicidad de solicitudes sobre el mismo predio. 4.
Que, una vez resuelta la situación de traslapes, se proceda a continuar el trámite administrativo correspondiente hasta su eventual elevación al Concejo Municipal y remisión al Instituto Costarricense de Turismo.” Así las cosas, se colige una solicitud de criterio técnico; empero, el derecho a formular dicha consulta, a lo sumo, es de mero rango legal, por lo que la omisión en contestarla no puede relacionarse directamente con una eventual lesión a un derecho fundamental. Así las cosas, determinar si el recurrido cumplió o no los plazos pautados por la normativa que pueda resultar aplicable a la materia, es una cuestión de legalidad ordinaria que debe ser discutida y resuelta ante el propio recurrido, ante la Defensoría de los Habitantes —que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas— o, eventualmente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En el mismo orden de ideas, en cuanto la petición de certificación de solicitudes de concesión, por oficio PZM-00-2026 del 19 de marzo de 2026, la municipalidad recurrida le contestó al tutelado lo siguiente: “En atención a sus diversas gestiones mediante la cuales solicita información y la tramitación de múltiples asuntos relacionados con expedientes ubicados en la Zona Marítimo Terrestre, es de indicar lo siguiente, detallándose a continuación algunos de los casos de interés: 1. Solicitud de concesión Nombre02. 2. Solicitud de concesión Nombre03 3. Proyecto en concesión a nombre de Dies Somniun S.A. 4. Solicitud de concesión a nombre de 3-102-865229 Sociedad R.L. 5. Solicitud de concesión Primeros Rayos S.A. Esta Administración ha procedido a la revisión preliminar de lo solicitado, determinando que los asuntos consultados se encuentran vinculados a expedientes y gestiones cuya tramitación reviste un alto grado de complejidad técnica y administrativa, lo cual exige necesariamente un proceso de verificación, análisis y comprobación minuciosa de la documentación existente, previo a la emisión de cualquier pronunciamiento de fondo, lo cual por ende requiere de mayor tiempo al establecido por el ordinal 32 de la Ley N°7135, en concordancia con el numeral 27 constitucional, (…) se ha constatado que un porcentaje considerable de expedientes que se tramitan en ZMT presenta situaciones tales como: Acumulación de trámites no resueltos oportunamente, incluyendo solicitudes de información o gestiones de diversa índole que se encuentra pendientes por periodos prolongados, en algunos casos llevan pendientes incluso varios años. • Inspecciones pendientes, incompletas o deficientemente realizadas, muchas también con atrasos de varios años pendientes. • Concesiones tramitadas, pero sin su debida formalización registral, es decir, que no fueron oportuna y debidamente registradas. • Omisiones en etapas procedimentales esenciales, tales como la ausencia de prevención por falta de requisitos legales o ausencia de notificaciones oportunas a los interesados. • Deficiencias en el manejo de correspondencia, incluyendo falta de archivo de correspondencia, archivo inadecuado y expedientes físicos desorganizados (la enorme mayoría se encuentran archivados sin orden cronológico, sin foliatura o con foliatura incorrecta). • Existencia de documentos incompletos, defectuosos o incorrectos, respecto de los cuales no se realizaron las prevenciones correspondientes en su momento. • Otorgamiento de permisos de uso de suelo en ZMT mediante procedimientos que presentan inconsistencias con el marco normativo aplicable, incluyendo el “Procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso de suelo en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Osa”, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su reglamento.
(…) Teniendo en cuenta lo antes dicho, resulta necesario indicar que la atención de sus solicitudes no puede realizarse de manera inmediata, en calidad de información pura y simple, pues ameritan justamente ser sometidas a ese procedimiento de revisión, y de ser necesario subsanación y saneamiento. (…) En virtud de lo anterior, se reitera que, su gestión será atendida conforme avance el proceso de revisión técnica y legal correspondiente, dentro de un marco que garantice la correcta aplicación de la normativa vigente y evite la emisión de actuaciones que pudieran resultar viciadas o susceptibles de nulidad.” Ergo, la Sala no infiere que lo acusado trate de una omisión de respuesta, sino de una disconformidad con ella; sin embargo, para este Tribunal tal contestación se encuentra justificada y no se estima que sea irrazonable ni que a la fecha haya transcurrido un plazo excesivo. De ahí que este extremo es inadmisible.
Por otra parte, se infiere que la gestión del 13 de mayo de 2026 constituye una denuncia relacionada con el expediente de concesión. Esto podría acarrear una lesión al artículo 41 constitucional, lo cual también resulta inadmisible de ser conocido por este Tribunal, de conformidad con las siguientes consideraciones.
III.NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación.
Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política.
Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota únicamente en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional. El magistrado Cruz Castro salva el voto, únicamente en relación con el artículo 41 constitucional.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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