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Res. 21395-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/06/2026

Amparo for Rejection of Anonymous Environmental Complaint to Municipality in Residential ZoneAmparo por rechazo de denuncia ambiental anónima ante municipalidad en zona residencial

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Sala denied the amparo as premature, since the Municipalidad de Turrubares had already admitted the anonymous complaint, recognized the nullity of the Municipal Environmental Viability (VAM) due to unauthorized change of use, and initiated inspection proceedings before the case was decided.La Sala declaró sin lugar el amparo por prematuro, dado que la Municipalidad de Turrubares ya había admitido la denuncia anónima, reconocido la nulidad de la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM) por cambio de uso no autorizado e iniciado diligencias de inspección antes de que se resolviera el recurso.

SummaryResumen

A resident of San Pablo, Turrubares, filed an amparo against the Municipalidad de Turrubares for rejecting his anonymous environmental complaint about a furniture factory operating illegally in a residential zone, generating noise pollution and particulate matter from MDF and melamine. The municipality invoked PGR Dictamen C-428-2008 to demand full identification of the complainant. Before the Sala ruled, the municipality corrected its position: it admitted the complaint guaranteeing anonymity, detected construction permit violations, and declared the Municipal Environmental Viability (VAM) null for operating under a use different from the one approved. The Sala denied the amparo as premature, since a disproportionate period had not elapsed since the formal admission of the second complaint. The case reinforces the principle that municipalities cannot condition environmental complaint processing on identifying the complainant, and that unauthorized change of use automatically voids the VAM.Un vecino de San Pablo, Turrubares, interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Turrubares por rechazar su denuncia anónima sobre una mueblería operando ilegalmente en zona residencial y generando contaminación sónica e material particulado de MDF y melamina. La municipalidad invocó el Dictamen C-428-2008 de la PGR para exigir identificación plena del denunciante. Antes de que la Sala resolviera, la municipalidad rectificó su posición: admitió la denuncia garantizando el anonimato, detectó infracciones en los permisos de construcción, y declaró nula la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM) por operar con uso distinto al aprobado. La Sala declaró sin lugar el amparo por prematuro, al no haber transcurrido un plazo desproporcionado desde la admisión formal de la segunda denuncia. El caso consolida el principio de que las municipalidades no pueden condicionar el trámite de denuncias ambientales a la identificación del denunciante, y que el cambio de uso no autorizado anula automáticamente la VAM.

Key excerptExtracto clave

This Administration formally communicates that the prior administrative instruction of March 6, 2026 has been revoked. Consequently, the complaint is admitted for ex officio processing, fully guaranteeing the right to anonymity. It is acknowledged that the requirement for in-person identification was an erroneous interpretation that has been corrected to ensure access to environmental justice and to prevent possible retaliation. The Municipal Environmental Viability (VAM-08-2023) was granted under the premise of a 'Warehouse' project. According to the report of the Environmental Manager, Dennis Mora Díaz (official communication MT-GAM-03-098-2026), and what is stipulated in the viability resolution itself, any use other than the approved one (in this case, an industrial furniture-manufacturing operation) automatically voids the environmental viability. Therefore, the establishment would be operating without a valid environmental license for its industrial activity, which must be verified by the inspection requested of the responsible officers. As matters stand, the petitioner's request cannot be framed within the assumptions of pure and simple requests for information, insofar as the respondent Authority is obliged to analyze and carry out a series of assessments on the matters claimed. In view of the foregoing, the claim would be premature since, as of the date the amparo was filed—May 8, 2026—a disproportionate amount of time had not elapsed since the filing of the complaint—March 26, 2026—which was considered admitted by the respondent municipality; this is so regardless of whether it subsequently determined that the first complaint had been erroneously rejected.Esta Administración comunica formalmente que se ha dejado sin efecto la instrucción administrativa previa del 6 de marzo de 2026. En consecuencia, se admite su denuncia para trámite de oficio, garantizando plenamente su derecho al anonimato. Se reconoce que la exigencia de identificación presencial fue una interpretación errónea que ha sido corregida para asegurar el proceso a la justicia ambiental y evitar posibles represalias. Se le informa que la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM-08-2023) fue otorgada bajo la premisa de un proyecto de "Bodega". De acuerdo con el informe del Gestor Ambiental, Dennis Mora Díaz (oficio MT-GAM-03-098-2026), y lo estipulado en la propia resolución de viabilidad, cualquier uso distinto al aprobado (en este caso, un giro industrial de mueblería anula de manera automática la viabilidad ambiental. Por lo tanto, el establecimiento estaría operando sin una licencia ambiental vigente para su actividad industrial, lo que debe ser verificado por la inspección solicitada a los funcionarios encargados. Así las cosas, la solicitud de la parte accionante no puede encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información, en el tanto la Autoridad recurrida está obligada a analizar y efectuar una serie de valoraciones sobre los aspectos reclamados. En vista de lo expuesto, el reclamo resultaría prematuro pues a la fecha en que se acude en amparo -sea el 08 de mayo de 2026- no ha transcurrido un plazo desproporcionado desde la interposición de la denuncia -sea el 26 de marzo de 206- que se tuvo por admitida por parte del municipio recurrido; lo anterior, independientemente de que este dispusiera posteriormente que la primera denuncia fue erróneamente rechazada.

Pull quotesCitas destacadas

  • "en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Turrubares por una situación ambiental."

    "In this case, an exceptional scenario arises, since what is at issue is a complaint filed before the Municipalidad de Turrubares concerning an environmental situation."

    Considerando I

  • "en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Turrubares por una situación ambiental."

    Considerando I

  • "conforme al criterio emitido por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-428-2008, la Administración Pública no se encuentra obligada a dar trámite a denuncias anónimas; no obstante, puede valorar la información recibida cuando esta contenga elementos que permitan eventualmente iniciar actuaciones de oficio."

    "Pursuant to the criterion issued by the Office of the Attorney General in Dictamen C-428-2008, the Public Administration is not obligated to process anonymous complaints; however, it may evaluate the information received when it contains elements that could eventually support the initiation of ex officio proceedings."

    Respuesta del municipio, 6 de marzo de 2026 (Hecho probado b)

  • "conforme al criterio emitido por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-428-2008, la Administración Pública no se encuentra obligada a dar trámite a denuncias anónimas; no obstante, puede valorar la información recibida cuando esta contenga elementos que permitan eventualmente iniciar actuaciones de oficio."

    Respuesta del municipio, 6 de marzo de 2026 (Hecho probado b)

  • "Le solicitamos a la Alcaldía dejar de negar a los denunciantes el derecho al anonimato, pues no es un impedimento ni técnico ni legal para aceptar y dar trámite a la denuncia; la razón por la que se prefiere el anonimato no es materia de discusión dentro de la denuncia misma."

    "We ask the Mayor's office to stop denying complainants the right to anonymity, as it is neither a technical nor a legal impediment to accepting and processing the complaint; the reason anonymity is preferred is not a matter for discussion within the complaint itself."

    Segunda denuncia del recurrente, 26 de marzo de 2026 (Hecho probado d)

  • "Le solicitamos a la Alcaldía dejar de negar a los denunciantes el derecho al anonimato, pues no es un impedimento ni técnico ni legal para aceptar y dar trámite a la denuncia; la razón por la que se prefiere el anonimato no es materia de discusión dentro de la denuncia misma."

    Segunda denuncia del recurrente, 26 de marzo de 2026 (Hecho probado d)

  • "Lo peor es que ésta actividad clandestina también está liberando polvo de aserrín de aglomerados como la melamina o el MDF, que se han llegado a acumular visiblemente en las superficies de su casa, además, tiene un olor peculiar e inconfundible proveniente de los químicos de los aglomerados mencionados y las partículas quemadas por la acción de las sierras y otras máquinas de acabado, y es altamente irritante para las vías respiratorias."

    "Worst of all, this clandestine activity is also releasing sawdust from composite materials such as melamine or MDF, which has visibly accumulated on the surfaces of his home; it also has a peculiar and unmistakable odor from the chemicals in the aforementioned composites and the particles burned by the action of saws and other finishing machines, and it is highly irritating to the respiratory tract."

    Resultando 1 — Recurso de amparo del recurrente

  • "Lo peor es que ésta actividad clandestina también está liberando polvo de aserrín de aglomerados como la melamina o el MDF, que se han llegado a acumular visiblemente en las superficies de su casa, además, tiene un olor peculiar e inconfundible proveniente de los químicos de los aglomerados mencionados y las partículas quemadas por la acción de las sierras y otras máquinas de acabado, y es altamente irritante para las vías respiratorias."

    Resultando 1 — Recurso de amparo del recurrente

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Sections

Procedural marks

Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on the twelfth of June, two thousand twenty-six.

Amparo petition (recurso de amparo) filed under case number 26-016429-0007-CO, brought by Nombre01, national identity card (cédula de identidad) CED02, against the MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES.

Recitals:

  1. 1By written submission entered into the Online Case Management System of this Court on May 8, 2026, the petitioner files an amparo petition against the Municipalidad de Turrubares. He states that he is a resident of the district of San Pablo, canton of Turrubares, San José. He sets forth that on January 5, 2022, the Municipalidad de Turrubares issued a land-use certificate (certificado de uso de suelo) under resolution number MTDOT-07-US-04-2022, at the request of the firm Muebles Daugny S.A., corporate tax identification number (cédula jurídica) CED01, for the property registered under property registration number (folio real) 1-591380-000, located 250 meters south and 50 meters east of the ICE telephone exchange, district of San Pablo, canton of Turrubares, for the construction of a building to be used as a warehouse (bodega). The geographic location corresponds to the main urban center of the canton, with several dozen residential homes—including the petitioner's—directly adjacent to and in close proximity to the subject property.He notes that the aforementioned land-use certificate authorizes the requesting firm to use the property as a storage warehouse for household and gardening implements, or for commercial purposes, tacitly excluding furniture manufacturing (mueblería) and carpentry activities, among others, and he proceeds to explain the basis for these restrictions: the property is located in a residential zone of the main urban center. The endorsement (visado) issued by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), contract number OC-1029598 dated December 4, 2023, describes a 285-square-meter construction to be carried out on the aforementioned property, classified under decreto 36550 as: Warehouses. He further states that at some point during the December 2025–January 2026 holiday season, Muebles Daugny asked the respondent municipality for a review and modification of the land-use certificate in order to obtain authorization to carry out manufacturing activities—specifically, furniture manufacturing—which the original current land-use certificate expressly prohibits.By February 2026, construction of the building had been completed. Toward the end of that same month, noise from industrial furniture-manufacturing machinery began emanating from the building almost continuously from 7 a.m. to 5 p.m. or later, Monday through Saturday, with sporadic pauses; approximately three workers have been observed entering and leaving the property during those hours, along with closed-box commercial trucks that regularly enter the property. He states that the property is surrounded by walls in such a way that it is impossible to see inside, but the noise indicates the presence of industrial equipment for furniture manufacturing, an activity that the land-use certificate has explicitly declared prohibited. The sounds appear to come from suction equipment (a constant, deafening hum from what must be an industrial-grade vacuum), from wood-cutting (table saws cutting laminated wood or composite materials such as melamine or MDF), and from finishing equipment (contour-smoothing machines, such as routers).These sounds are sustained for many hours—they are not the kind of brief noise lasting only a few seconds, like a passing car; they occur at a deeply disruptive frequency and volume, forcefully penetrating every room of the neighboring homes, especially the petitioner's, incessantly pounding on eardrums, causing stress and making it impossible to concentrate or simply find peace without the aid of headphones or earplugs. In the vicinity of the building the noise is deafening, and therefore its impact on the environment, on health, and on the quality of life of the neighboring residents is beyond question. Worse still, this clandestine activity is also releasing sawdust from composite materials such as melamine or MDF, which has visibly accumulated on surfaces inside his home; additionally, it produces a distinctive and unmistakable odor from the chemicals in the aforementioned composite materials and from particles burned by the action of saws and other finishing machines, and it is highly irritating to the respiratory tract.For the foregoing reasons, he states that on March 2, 2026, he filed an anonymous complaint with the respondent municipality (concerning the facts described above, with the exception of the toxic dust, which had not yet become noticeable) by sending an email to the municipality's official address, "...01", from the email address ...02, with the subject line "Factory operating in a residential zone of the central district," requesting an inspection by the competent technical unit and enforcement action to halt any activity incompatible with this residential zone that might be taking place in the subject building, and describing the resulting impacts on public health and the environment. However, he alleges that on March 6, 2026, the respondent municipality replied to his email stating that it would not accept the anonymous complaint and demanded that he appear in person at the municipal building to file it; the municipality never indicated that there was any other channel for processing anonymous complaints, but simply denied him this right outright.In the same reply, the municipality also demanded that he provide evidence; it even set a specific date and time for a meeting at its modest and far-from-private facilities, where he would be fully identifiable by anyone present, including possibly the very owner of the firm being reported, thereby ingeniously eliminating any possibility of privacy and anonymity and, with it, his right to protect himself from potential retaliation. He adds that on March 12, 2026, he responded to the email, expressing his disagreement with and objection to the impropriety of the demands, as well as providing justifications for each of the municipality's points, but he received no reply from the respondent municipality, which he considers to be the definitive rejection of his complaint. On March 26, 2026, he reiterated the complaint in the same manner—anonymously and to the municipality's official email address—but as of the date of filing this petition had received no response.
  2. 2By written submission dated June 2, 2026, Martín Vargas Calderón, mayor of Turrubares, reports that "(…) 4. 02 de marzo de 2026: An anonymous complaint filed by a resident of the central district of San Pablo enters the Mayor's Office communication channels, citing disturbances from noise and particulate matter (material particulado) arising from the operation of an alleged factory. 5. 06 de marzo de 2026: An internal administrative directive is issued that temporarily halts processing of the referral on formal admissibility grounds relating to the identity of the complainant. 6. 12 y 26 de marzo de 2026: The party in interest submits additional communications and files a second formal request defending his right to anonymity on the grounds of a well-founded fear of commercial and neighborhood retaliation. (…) 2. Facts denied as inaccurate (Good-Faith Institutional Defense): A) It is categorically denied that there exists any willful omission, indifference, or disregard on the part of this Mayor's Office or its technical departments to conceal, protect, or allow clandestine commercial activities to continue in the zone.B) It is inaccurate to assert that the initial rejection of the party's complaint, formalized on March 6, 2026, constituted a consolidated violation of his fundamental rights. That administrative action was grounded in an erroneous but strictly good-faith interpretation of the formal admissibility requirements for anonymous complaints in light of the scope of Dictamen C-428-2008 issued by the Procuraduría General de la República (PGR)—an action that is being corrected ex officio to safeguard the public interest and environmental health. C) Notwithstanding the foregoing, it is clarified that this procedural error was detected and corrected ex officio immediately by this Administration. In an act of complete transparency and administrative self-correction (autotutela administrativa), an order was issued to set aside the restrictive instruction, formally admitting for processing the submissions of March 12 and March 26, 2026, and fully guaranteeing the party's right to anonymity and access to environmental justice in order to prevent potential commercial or neighborhood retaliation; this was communicated to the party by email, with attachment of official communication MT-Legal-03-2026-07.(…) In strict compliance with that recommendation and pursuant to direct instructions from this Mayor's Office, the order rectifying the complaints channel was issued, formally admitting the party's March 26, 2026 submission and guaranteeing full confidentiality of his identity, as may be seen in official communication MT-Legal-03-2026-07. This affirmative action immediately dispels any allegation of institutional inaction or denial of access to justice. (…)"
  3. 3The prescribed legal procedures have been observed throughout the proceedings.

Opinion drafted by Justice Hess Herrera; and, The Court Considers:

I. PRELIMINARY MATTER

Before examining the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings—it should be clarified that, beginning with judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Court has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which the question is whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or by sector-specific statutes governing special administrative procedures, for the purpose of issuing a final act (acto final) in an administrative proceeding—whether initiated ex officio or at the request of a party—or ruling on the applicable administrative appeals. Precisely in this case, an exceptional situation arises, as this involves a complaint filed with the Municipalidad de Turrubares concerning an environmental matter. With that point clarified, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this amparo petition.

II. SUBJECT MATTER OF THE PETITION

The petitioner states that on March 2, 2026, he filed an anonymous complaint with the respondent municipality concerning the operation of a factory in a residential zone without the corresponding permits and the resulting impacts on public health and the environment. However, he alleges that on March 6, 2026, the respondent municipality replied to his email stating that it would not accept the anonymous complaint, demanded that he appear in person at the municipal building to file it, and imposed a series of requirements (evidence, dates and times, and identification of the persons involved), which is why he considers that the definitive rejection of his complaint took place at that point. He adds that on March 26, 2026, he reiterated the complaint in the same manner—anonymously and to the municipality's official email address—but as of the date of filing this petition had received no response.

III. ESTABLISHED FACTS

The following facts are considered duly established as material to the decision in this matter, either because they have been duly proven or because the respondent failed to address them as required by the initial order:

  • a)On March 2, 2026, the petitioner sent an email to the respondent municipality at address ...01, with the subject line: "Factory operating in a residential zone of the central district," stating the following: "(…) 1. It is understood that the zone in which the building was constructed is urban in character, which precludes the establishment of factories of any kind. This principle is designed to ensure quality of life, health, and harmonious coexistence among all residents; let it be clearly stated that these are rights we will not relinquish. The Municipality is responsible for ensuring compliance with this principle, first by denying permits for manufacturing operations, and then by taking appropriate measures to bring any non-compliant activity into order. 2. Based on observations, the building in question appears to be engaged in full-scale manufacturing of what we believe to be furniture; that is, a factory, in violation of the foregoing principle. 3.

Whatever the activity may be, it is generating noise pollution (contaminación sónica), even on the rare occasions when the main door is kept closed. There is unceasing disruptive noise from 7 in the morning to 5 in the afternoon, six days a week, with more or less regular midday breaks. These are not the typical sounds of a construction site. The noises appear to come from an industrial vacuum and a wood-cutting or similar material-cutting machine; we do not know exactly what equipment is involved, but the pattern of use is consistent with that of a manufacturing operation. 4. The intensity of the noise from both machines does not remain outside the homes of the neighboring residents when we close our doors; instead, it penetrates the interior with nearly the same intensity, creating a harmful environment with all the negative health consequences that entails. The hum from what we believe is a vacuum is not intermittent but constant—it does not stop throughout the entire workday described in the previous point, something to which no one here is accustomed, nor should anyone be compelled to endure or become accustomed to, because this is not an industrial zone.

Due to the clear impact on the quality of life that we as neighbors have begun to experience, we respectfully request that the relevant Municipal Units carry out the appropriate steps regarding the reported activity, in order to restore order and reinstate the healthy environment that this activity has taken from us; that is, to enforce the principle set out in point 1. (…)" (sic) (see documentation).

  • b)On March 6, 2026, the respondent authority replied to the petitioner, stating in the relevant part: "(…) you are hereby informed that, for the purpose of determining the admissibility and eventual formal processing of the matter submitted, it is necessary for the complainant to provide additional evidentiary elements to enable a resolution. This is in observance of the principles of legality, due process, and legal certainty that govern the conduct of the Public Administration, in accordance with the provisions of the General Public Administration Act and the General Internal Control Act (Ley General de Control Interno), which authorize the Administration to carry out preliminary assessments of information received and to verify the existence of sufficient elements to justify the initiation of administrative proceedings. It must also be noted that, pursuant to the opinion issued by the Procuraduría General de la República in Dictamen C-428-2008, the Public Administration is not required to process anonymous complaints; however, it may assess the information received when it contains elements that could eventually support the initiation of ex officio proceedings.

In light of the foregoing, you are respectfully requested, should you wish to continue with the processing of the complaint filed, to appear at the Municipal Offices, specifically the Mayor's Office, on March 11 at 11:00 a.m., or alternatively to submit to this office the information necessary for your full identification, as well as any documentation or evidentiary elements you consider relevant to provide; all under the principle of confidentiality. You are informed that the purpose of this request is to obtain the minimum elements necessary to assess the appropriateness of potential administrative proceedings. In the event that the corresponding identification and ratification are not received, the Administration will carry out the relevant assessment with the available information to determine whether the initiation of ex officio proceedings is warranted or whether the matter should be archived due to insufficient elements. Likewise, the aforementioned complaint may be declared inadmissible. (…)" (sic) (see documentation).

  • c)On March 12, 2026, the petitioner replied to the respondent municipality as follows: "(…) With respect to the evidence you request, we consider this requirement unnecessary and merely dilatory. The evidence is fully available Monday through Saturday from 7 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 5 p.m., in the vicinity of the reported building, for anyone who needs to verify it. We are not investigative agents of any kind, nor do we wish to escalate this to judicial proceedings at this stage; we are simply residents whose quality of life is being affected by what we consider to be an industrial operation that should not be taking place in a residential zone. We believe that this Municipality is the first place where a solution to this problem can be found; we did not imagine that it would instead be the first obstacle. With respect to your request for the full identification of the complainants, we submit that none of your arguments disqualify us from filing an anonymous complaint or constitute grounds for dismissing it on account of its anonymous character, much less under the argument of insufficient evidence when such evidence is readily at hand.

Moreover, we regard the identification request as a veiled threat intended to discourage us from pursuing the complaint. Our safety is and will continue to be our highest priority. We invite the officials of the competent body to come to the site and verify for themselves what is reported herein. (…)" (sic) (see documentation).

  • d)On March 26, 2026, the petitioner sent an email to the respondent municipality at address ...01, with the subject line: "Second complaint regarding factory operating at Dirección01," stating in the relevant part: "(…) Despite nearly a month having passed since the first complaint, the facts described continue to occur as of today, March 26, 2026, and the Municipality has not addressed the matter. The description of the facts is enclosed again. We hope that the corresponding inspection will be carried out and that appropriate measures will be taken to permanently halt the noise pollution being generated by the described operation. We reiterate our decision to continue filing these complaints anonymously; the evidence that the Mayor's Office has requested is precisely what the relevant municipal technical unit can and should go and verify on site. We ask the Mayor's Office to stop denying complainants the right to anonymity, as it is neither a technical nor a legal impediment to accepting and processing the complaint; the reason why anonymity is preferred is not a matter open for discussion within the complaint itself. All notifications regarding the progress of the corresponding process may be sent to this same email address. (…)" (sic) (see documentation).
  • e)On June 4, 2026, the respondent authority, through official communication MT-Legal-03-2026-07, provided the following response to the petitioner's submission: "(…) 1. Admission of the Complaint and Guarantee of Anonymity. This Administration formally communicates that the prior administrative instruction of March 6, 2026 has been set aside. Accordingly, your complaint is admitted for ex officio processing, with full guarantee of your right to anonymity. It is acknowledged that the requirement for in-person identification was an erroneous interpretation that has been corrected in order to ensure access to environmental justice and to prevent possible retaliation. 2. Specific Violations Detected in Building Permits. Following a review of the files of the Urban Planning and Control Process concerning the property registered under property registration number 1-591380-000, the following facts have been verified: (…) 3.

Nullity of Environmental Feasibility (viabilidad ambiental) VAM-02-2023. You are hereby informed that the Municipal Environmental Feasibility (VAM-08-2023) was granted on the premise of a 'Warehouse' project. In accordance with the report of the Environmental Manager, Dennis Mora Díaz (official communication MT-GAM-03-098-2026), and the provisions of the feasibility resolution itself, any use other than that approved—in this case, an industrial furniture manufacturing activity—automatically voids the environmental feasibility. Therefore, the establishment would be operating without a valid environmental license for its industrial activity, which must be verified by the inspection requested of the responsible officials. 4. Legal Basis for Municipal Intervention (…) You are assured that the Municipality is proceeding with the necessary steps to verify compliance with the minimum industrial setbacks (retiros mínimos) and the eventual closure of any unauthorized works." (sic) (see documentation).

IV. ON THE MERITS

- From the report submitted by the representative of the challenged authority—which is deemed given under oath with the consequences, including criminal penalties, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and from the body of evidence on record, it is established that on March 2, 2026, the petitioner sent the challenged municipality an email to the address ...01, with the subject line "Subject: Factory operating in a residential zone of the central district," in which the following was stated: "(…) 1. It is clear that the zone in which the building was constructed is urban, which precludes the establishment of factories of any kind. This principle is intended to ensure quality of life, health, and good neighborly coexistence; let it be understood that these are rights we will not waive. The Municipality is responsible for ensuring that this principle is upheld—first by denying permits for manufacturing operations, and then by taking the appropriate measures to bring any non-compliant activity into order. 2.

According to our observations, a manufacturing operation that we believe involves furniture is in full operation in the building in question; that is, a factory, in violation of the foregoing point. 3. Whatever the activity may be, it is generating noise pollution (contaminación sónica), even on the rare occasions when the main door is kept closed. There is incessant disturbing noise from 7 in the morning until 5 in the afternoon, six days a week, with more or less regular midday breaks. These are not the typical sounds of a construction site. The noises appear to be those of an industrial vacuum cleaner and a wood or similar material cutting machine; we do not know exactly what equipment is involved, but the pattern of use corresponds to that of a manufacturing operation. 4. The intensity of the noise from both machines does not remain outside residents' homes when we close our doors, but rather invades the interior with nearly the same intensity, creating a harmful environment with all the negative health consequences this entails.

The hum, which we believe comes from a vacuum cleaner, is not intermittent but constant—it does not stop throughout the entire workday described in the previous point, something to which no one here is accustomed nor should be forced to endure or adapt, because this is not an industrial zone. Given the clear impact on quality of life that we residents have begun to experience, we respectfully request that the responsible Units of the Municipality conduct the corresponding inquiries into the reported activity in order to restore order and to restore the healthy environment that this activity has taken from us; that is, to enforce point 1. (…)" (sic). However, on March 6, 2026, the challenged authority replied to the protected party as follows in the relevant part: "(…) You are hereby informed that, for the purposes of determining the admissibility and eventual formal processing of the matter submitted, it is necessary for the reporting party to provide additional evidentiary elements to enable a resolution.

The foregoing is in observance of the principles of legality, due process (debido proceso), and legal certainty (seguridad jurídica) that govern the conduct of the Public Administration, in accordance with the provisions of the Ley General de la Administración Pública and the Ley General de Control Interno, which authorize the Administration to conduct preliminary assessments of information received and to verify the existence of sufficient elements to justify the initiation of administrative proceedings. It must also be noted that, pursuant to the opinion issued by the Procuraduría General de la República in Dictamen C-428-2008, the Public Administration is not obligated to process anonymous complaints; however, it may assess the information received when it contains elements that might eventually allow administrative proceedings to be initiated on the authority's own initiative (de oficio).

In light of the foregoing, you are respectfully requested, if you wish to continue with the processing of the complaint submitted, to appear at the Municipal offices, at the Mayor's Office (Alcaldía), on March 11 at 11:00 a.m., or alternatively to submit to this office the information necessary for your full identification, as well as any documentation or evidentiary material you consider relevant; all under the principle of confidentiality. You are informed that the purpose of this request is to obtain the minimum elements necessary to assess the appropriateness of eventual administrative action. Should the corresponding identification and ratification not be received, the Administration will proceed to make the relevant assessment with the available information to determine whether administrative proceedings should be initiated on its own initiative or whether the matter should be archived for lack of sufficient elements.

The aforementioned complaint may likewise be declared inadmissible. (…)" (sic). Subsequently, on March 12, 2026, the claimant replied to the challenged municipality as follows: "(…) With regard to the evidence you request, we consider the requirement unnecessary and simply dilatory. The evidence is fully available Monday through Saturday from 7 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 5 p.m., in the vicinity of the reported building, for anyone who needs to verify it. We are not investigative agents of any kind, nor do we yet wish to resort to judicial proceedings; we are simply residents whose quality of life is being affected by what we consider to be an industrial operation that should not be taking place in a residential zone. We believe that this Municipality is the first place where we can find a solution to this problem; we did not imagine that it would instead be the first obstacle. With regard to your request for our full identification, allow us to note that none of your arguments disqualify us from filing an anonymous complaint, or warrant that complaint being dismissed on the grounds of its anonymous nature, much less under the argument of lack of evidence when that evidence is within reach.

Moreover, we consider the request for identification to be a veiled threat intended to dissuade us from pursuing the complaint. Our safety is and will remain our highest priority. We invite the officials of the relevant body to attend the premises and verify for themselves what has been reported herein. (…)" (sic). Along the same lines, on March 26, 2026, the petitioner sent the challenged municipality an email to the address ...01, with the subject line "Subject: Second complaint regarding factory operating at Dirección01," stating in the relevant part: "(…) Despite nearly a month having passed since the first complaint, the facts described continue to occur as of today, March 26, 2026, and the Municipality has not addressed the case. The description of the facts is included again below. We trust that the corresponding inspection will be carried out and that the appropriate measures will be taken so that the described operation permanently ceases to generate pollution.

We reiterate our decision to continue reporting these facts anonymously; the evidence that the Mayor's Office has requested is of the kind that the relevant municipal technical unit can and must go and verify. We request that the Mayor's Office cease denying the complainants the right to anonymity, as it is neither a technical nor a legal impediment to accepting and processing the complaint; the reason for preferring anonymity is not a matter for discussion within the complaint itself. All notifications regarding the progress of the corresponding process may be sent to this same email address. (…)" (sic). Finally, it is noted that on June 4, 2026, the challenged authority, through official communication MT-Legal-03-2026-07, responded to the protected party's request in the following terms: "(…) 1. Admission of the Complaint and Guarantee of Anonymity. This Administration formally communicates that the prior administrative instruction of March 6, 2026, has been set aside.

Accordingly, your complaint is admitted for processing on the authority's own initiative, with your right to anonymity fully guaranteed. It is acknowledged that the requirement of in-person identification was an erroneous interpretation that has been corrected to ensure access to environmental justice and to prevent possible retaliation. 2. Specific Violations Detected in Building Permits. Following a review of the files from the Urban Planning and Control Process concerning the property registered under property registration number (folio real) 1-591380-000, the following facts have been verified: (…) 3. Nullity of Environmental Clearance VAM-02-2023. You are hereby informed that the Municipal Environmental Clearance (Viabilidad Ambiental Municipal) (VAM-08-2023) was granted on the basis of a 'Warehouse' project. In accordance with the report of the Environmental Manager (Gestor Ambiental), Dennis Mora Díaz (official communication MT-GAM-03-098-2026), and as stipulated in the clearance resolution itself, any use other than the one approved—in this case, an industrial furniture business activity (giro industrial)—automatically voids the environmental clearance.

Therefore, the establishment would be operating without a valid environmental license for its industrial activity, a matter that must be verified through the inspection requested of the responsible officials. 4. Legal Basis for Municipal Intervention. (…) The Municipality assures you that it is proceeding with the necessary steps to verify compliance with the minimum industrial setbacks (retiros mínimos industriales) and the eventual shutdown of unauthorized works." (sic); this document was notified to the interested party on that same day through the designated means.

That being so, the claimant's request cannot be framed as a case of straightforward requests for information, insofar as the challenged authority is obligated to analyze and conduct a series of assessments regarding the matters raised. In view of the foregoing, the claim would be premature, since as of the date on which the writ of amparo (recurso de amparo) was filed—namely May 8, 2026—an unreasonable amount of time had not elapsed since the filing of the complaint—namely March 26, 2026—which was deemed admitted by the challenged municipality; the foregoing applies regardless of the fact that the municipality subsequently determined that the first complaint had been erroneously rejected. Accordingly, the appeal is dismissed.

V. NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE

I have supported the position of this Court that, when a party seeking judicial relief (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and effective justice in the administrative forum (sede administrativa), the body competent to hear the legal dispute is the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is amenable to judicial protection (tutela judicial) by means of the writ of amparo established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, pursuant to Article 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own jurisdiction.

Therefore, save for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases—which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceedings—in all other cases, and for the reasons given by this Court (sentencia N° 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (Derecho de la Constitución) (values, principles, and norms), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order (ordenamiento jurídico).

VI. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE

The parties are hereby notified that if any document in paper form, as well as any objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, has been submitted, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the date of notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Gazette (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is dismissed. Justice Castillo Víquez appends a note.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de junio de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-016429-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES.

Resultando:

  1. 1Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea de este Despacho el 08 de mayo de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Turrubares. Afirma que es vecino del distrito San Pablo, cantón Turrubares, San José. Expone que el 5 de enero de 2022, la Municipalidad de Turrubares emitió el certificado de uso de suelo con número de resolución MTDOT-07-US-04-2022 a solicitud de la firma Muebles Daugny S.A., cedula jurídica CED01 sobre la finca con el folio real 1-591380-000, ubicada 250 metros sur y 50 metros este de la central telefónica del ICE, distrito San Pablo, cantón de Turrubares, para la construcción de un inmueble que funcionaría como bodega. La ubicación geográfica corresponde al casco central urbano del cantón, con varias decenas de casas de habitación incluida la suya, directamente contiguas y cercanas a la propiedad del inmueble en cuestión. Señala que el certificado de uso de suelo mencionado autoriza a la firma solicitante el uso del inmueble como bodega de almacén de utensilios de la casa y jardinería, o comercial, exceptuando tácitamente la actividad de mueblería y carpintería, entre otras, y sigue explicando la razón de las restricciones: por encontrarse en una zona de carácter residencial de centro urbano principal.El visado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), contrato número OC-1029598 del 4 de diciembre de 2023, describe una construcción de 285 metros cuadrados que se realizará en la finca mencionada cuya clasificación según decreto 36550 es: Bodegas. Agrega que, en algún momento entre la temporada de vacaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026, Muebles Daugny solicitó a la municipalidad recurrida una revisión y adecuación del uso de suelo con el fin que se le autorizara llevar a cabo actividades de fábrica, específicamente, mueblería, que el uso de suelo vigente original le prohíbe. En febrero de 2026, las labores de construcción del edificio habían concluido. A finales de ese mismo mes, ruido de maquinaria industrial de fabricación de muebles empezó a salir del edificio, casi de forma continua de 7a.m a 5p.m o más, de lunes a sábado, con esporádicas pausas; se ha observado cerca de tres trabajadores llegando y saliendo de la propiedad en esos horarios, también camiones comerciales de cajón cerrado que se adentran en la propiedad con regularidad.Expone que la propiedad donde se ubica el inmueble está amurallada de modo que es imposible ver hacia su interior, pero el ruido indica que se trata de equipo industrial para la manufactura de muebles, actividad que el uso de suelo ha declarado explícitamente prohibido. Los sonidos parecen ser de equipo de aspiración (zumbido aturdidor contante de aspiradora que ha de ser de envergadura industrial), de corte de madera (sierras de mesa cortando maderas laminadas o aglomerados como melamina o MDF) y de acabado (máquinas de suavizado de contorno, como routers). Estos sonidos son sostenidos por muchas horas, no son de unos segundos, como el paso de un carro, son de molestísima frecuencia y volumen, irrumpen con fuerza en todos los aposentos de las viviendas aledañas, especialmente la suya, martillando los timpanos incesantemente, causando estrés y la imposibilidad de concentración o simple paz sin el auxilio de audífonos o tapones.En los alrededores del edificio el ruido es ensordecedor, por los que su afectación al medio ambiente, la salud y la calidad de vida de los vecinos no puede ser cuestionada. Lo peor es que ésta actividad clandestina también está liberando polvo de aserrín de aglomerados como la melamina o el MDF, que se han llegado a acumular visiblemente en las superficies de su casa, además, tiene un olor peculiar e inconfundible proveniente de los químicos de los aglomerados mencionados y las partículas quemadas por la acción de las sierras y otras máquinas de acabado, y es altamente irritante para las vías respiratorias. Por lo anterior, afirma que el 2 de marzo de 2026, planteó una denuncia de forma anónima ante la municipalidad recurrida (por los hechos detallados (con excepción del polvo tóxico porque todavía no se notaba) al correo electrónico oficial de la misma, "...01", desde el correo electrónico ...02 con asunto "Fabrica operando en zona residencial del distrito central" solicitando una inspección y poner fin por parte del área técnica correspondiente, a cualquier actividad no compatible con esta zona residencial que se estuviera llevando a cabo en el edificio en cuestión, describiendo las afectaciones a la salud pública y al medio ambiente.Sin embargo, alega que el 6 de marzo de 2026, la municipalidad recurrida contestó a su correo que no recibirá la denuncia de forma anónima y exige que se apersone al edificio municipal para interponerla; nunca indica que exista otro canal para el trámite de denuncias de forma anónima, simplemente le niegan el derecho. En la misma respuesta, la municipalidad también le exige pruebas; incluso pone fecha y hora para una reunión en sus modestas y nada privadas instalaciones, donde sería plenamente identificado por cualquiera que estuviese allí, hasta el mismo dueño de la firma denunciada probablemente, anulando de esa forma tan ingeniosa cualquier posibilidad de intimidad y anonimato y con ello de su derecho a protegerse de posibles represalias. Agrega que el 12 de marzo de 2026 contestó el correo, expresó su desacuerdo y lo improcedente de las exigencias, así como las justificaciones para cada uno de sus puntos, pero no recibió respuesta de parte de la municipalidad recurrida, lo que considera como el rechazo definitivo de aceptar su denuncia. El 26 de marzo de 2026 reiteró la denuncia de la misma forma, anónima y al correo oficial de la municipalidad, pero a la fecha de interposición del presente recurso no ha recibido respuesta.
  2. 2Mediante escrito de fecha 02 de junio de 2026, Martín Vargas Calderón, alcalde de Turrubares, informa que “(…) 4. 02 de marzo de 2026: Ingresa a los canales de comunicación de la Alcaldía una denuncia anónima interpuesta por un vecino del distrito central de San Pablo, señalando molestias por ruido y material particulado derivados del funcionamiento de una supuesta fábrica. 5. 06 de marzo de 2026: Se emite una directriz de orden interno que frena temporalmente la tramitación del traslado por motivos formales de admisibilidad respecto a la identidad del denunciante. 6. 12 y 26 de marzo de 2026: El administrado remite comunicaciones adicionales e interpone una segunda gestión formal defendiendo su derecho al anonimato por fundado temor a represalias vecinales y comerciales. (…) 2. Hechos que se deniegan por ser inexactos (Defensa Institucional de Buena Fe): A) Se niega categóricamente que exista una voluntad omisiva, indolente o una conducta de desatención de esta Alcaldía o de sus dependencias técnicas para encubrir, proteger o mantener actividades comerciales clandestinas en la zona.B) Es inexacto afirmar que el rechazo inicial a la denuncia del administrado formalizado el 6 de marzo de 2026 constituyera una violación consolidada a sus derechos fundamentales. Dicha actuación administrativa se cimentó en una interpretación errónea, pero de estricta buena fe, de los requisitos formales de admisibilidad de las denuncias anónimas frente a los alcances del Dictamen C-428-2008 de la Procuraduría General de la República (PGR), actuación que está siendo subsanada de oficio para garantizar el interés público y la salud ambiental. C) No obstante lo anterior, se aclara que este error procedimental fue detectado y subsanado de oficio de forma inmediata por esta Administración. En un acto de total transparencia y autotutela administrativa, se ordenó dejar sin efecto la instrucción restrictiva, admitiendo formalmente para su trámite las gestiones del 12 y 26 de marzo de 2026, garantizando de manera absoluta el derecho al anonimato y el acceso a la justicia ambiental del administrado para evitar potenciales represalias comerciales o vecinales y que fue contestada al administrado por correo digital, con traslado del oficio MT-Legal-03-2026-07.(…) En estricto cumplimiento de dicha recomendación y por instrucciones directas de esta Alcaldía, se dictó la orden de rectificación del canal de denuncias, admitiendo formalmente la gestión del administrado del 26 de marzo de 2026 y garantizando la plena confidencialidad de su identidad, según puede verse en el oficio MT-Legal-03-2026-07. Esta acción afirmativa desvanece de forma inmediata cualquier alegato de inercia o indefensión institucional. (…)”
  3. 3En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I. DE PREVIO

De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Turrubares por una situación ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II. OBJETO DEL RECURSO

- Manifiesta el recurrente que el 2 de marzo de 2026, planteó una denuncia de forma anónima ante la municipalidad recurrida, por estar operando una fábrica en zona residencial sin los permisos correspondientes y estar provocando afectaciones a la salud pública y al medio ambiente. Sin embargo, alega que el 6 de marzo de 2026, la municipalidad recurrida contestó a su correo que no recibirá la denuncia de forma anónima, exige que se apersone al edificio municipal para interponerla y además le impone una serie de requisitos (pruebas, fechas y horas, identificación de las personas), por lo que, considera que existió el rechazo definitivo de aceptar su denuncia. Agrega que, el 26 de marzo de 2026 reiteró la denuncia de la misma forma, anónima y al correo oficial de la municipalidad, pero a la fecha de interposición del presente recurso no ha recibido respuesta.

III. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 02 de marzo de 2026 el recurrente remitió al municipio recurrido, correo electrónico a la dirección ...01, indicándose en el “Asunto: Fábrica operando en zona residencial del distrito central” y en el cual, se señalaba lo siguiente: “(…) 1. Se tiene claro que la zona en la que se construyó el edificio es urbana, lo que impide el establecimiento de fábricas de cualquier tipo. Este principio tiene como objetivo asegurar la calidad de vida, la salud y la buena convivencia entre todos los vecinos; quede claro que estos son derechos a los que no vamos a renunciar. La Municipalidad es la responsable de velar por que este principio se cumpla, primero mediante la denegación de permisos para manufacturas, y luego mediante la toma de las medidas que correspondan para la puesta en orden de cualquier actividad que incumpla lo estipulado. 2. Según las observaciones, en el edificio en cuestión estaría operando una manufactura en pleno de lo que creemos es muebles; es decir, una fábrica, contraviniendo el punto anterior. 3.

Sea cual sea la actividad, está generando contaminación sónica, aún en las raras ocasiones en las que mantienen la puerta principal cerrada. Hay ruido molesto incesante de 7 de la mañana a 5 de la tarde, seis días a la semana, con más o menos regulares pausas al medio día. No son los típicos ruidos de una construcción. Estos ruidos parecen ser de una aspiradora industrial y una máquina de corte de maderas o materiales similares; no sabemos de qué equipo exactamente se trata, pero el patrón de uso corresponde al de una manufactura. 4. La intensidad del ruido de ambas máquinas no queda fuera de las casas de los vecinos tras cerrar nuestras puertas, sino que invade el interior con casi la misma intensidad, causando un ambiente nocivo con todas las consecuencias negativas en la salud que esto conlleva. El zumbido, de lo que creemos es una aspiradora, no es intermitente, sino constante, no para durante toda la jornada laboral detallada en el punto anterior, algo a lo que nadie está acostumbrado por acá ni tiene por qué ser obligado a soportar ni a acostumbrarse, porque esta no es una zona industrial.

Por la clara afectación a la calidad de vida que hemos empezado a experimentar los vecinos, solicitamos respetuosamente a las Unidades de la Municipalidad encargadas, realizar las diligencias correspondientes en la actividad que se denuncia, para poner orden y restaurar el ambiente sano que dicha actividad nos arrebató; es decir, hacer valer el punto 1. (…)” (sic) (ver documentación).

  • b)El 06 de marzo de 2026 la autoridad recurrida contestó al amparado en lo que interesa: “(…) se le informa que, para efectos de determinar la admisibilidad y eventual tramitación formal de lo planteado, resulta necesario que la persona denunciante proceda a aportar mayores elementos probatorios para resolver. Lo anterior en observancia de los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica que rigen la actuación de la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública y la Ley General de Control Interno, las cuales facultan a la Administración para realizar valoraciones preliminares respecto de la información recibida y verificar la existencia de elementos suficientes que justifiquen la apertura de actuaciones administrativas. Asimismo, debe indicarse que, conforme al criterio emitido por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-428-2008, la Administración Pública no se encuentra obligada a dar trámite a denuncias anónimas; no obstante, puede valorar la información recibida cuando esta contenga elementos que permitan eventualmente iniciar actuaciones de oficio.

En virtud de lo anterior, se le solicita respetuosamente que, en caso de mantener interés en continuar con el trámite de la denuncia planteada, se apersone a las oficinas Municipales, oficina de la Alcaldía, el día 11 de marzo a las 11:00 a.m. o bien remita a este despacho la información necesaria que permita su plena identificación, así como cualquier documentación o elemento probatorio que considere pertinente aportar; todo bajo el principio de confiabilidad. Se le informa que la presente gestión tiene como finalidad contar con los elementos mínimos necesarios para valorar la procedencia de eventuales actuaciones administrativas. En caso de no recibirse la identificación y ratificación correspondiente, la Administración procederá a realizar la valoración respectiva con la información disponible para determinar si procede la apertura de actuaciones de oficio o el archivo de la gestión por falta de elementos suficientes. Así mismo declarar inadmisible la citada denuncia. (…)” (sic) (ver documentación).

  • c)El 12 de marzo de 2026 el accionante contestó al municipio accionado, lo siguiente: “(…) Con respecto a las pruebas que solicita, consideramos innecesario y simplemente dilatorio el requisito. Las pruebas se encuentran plenamente disponibles de lunes a sábado de 7am a 12md, y de 1pm a 5pm, en las inmediaciones del edificio denunciado, para cualquiera que necesite corroborarlas. Nosotros no somos agentes de investigación de ningún tipo, ni queremos llegar todavía a instancias judiciales, sólo somos vecinos cuya calidad de vida está siendo afectada por lo que consideramos una operación industrial que no debería tener lugar en una zona residencial. Creemos que esta Municipalidad es el primer lugar donde podemos encontrar solución a dicho problema; no imaginamos que sería más bien el primer obstáculo. Con respecto a su solicitud de identificación plena de los denunciantes, permítanos indicarle que ninguno de sus argumentos nos descalifican para realizar una denuncia anónima ni para que la misma sea desestimada por su carácter de anónima, y mucho menos bajo el argumento de falta de pruebas, cuando las mismas están al alcance.

Más aún, la solicitud de identificación la consideramos como una amenaza velada para que desistamos de la denuncia. Nuestra seguridad es y seguirá siendo prioridad máxima. Invitamos a los funcionarios del órgano correspondiente a hacerse presente al lugar y corroborar por ellos mismos lo aquí denunciado. (…)” (sic) (ver documentación).

  • d)El 26 de marzo de 2026 el recurrente remitió al municipio recurrido, correo electrónico a la dirección ...01, indicándose “Asunto: Segunda denuncia por fábrica operando en Dirección01” señalándose en lo conducente: “(…) Pese a haber pasado cerca de un mes desde la primera denuncia, los hechos descritos se siguen presentando al día de hoy, 26 de marzo de 2026, y la Municipalidad no ha atendido el caso. Se incluye de nuevo la descripción de los hechos. Esperamos que se realice la inspección correspondiente y se tomen las medidas pertinentes para que la operación descrita cese definitivamente de generar contaminación. Reiteramos nuestra decisión de seguir denunciando estos hechos de forma anónima; las pruebas que la Alcaldía ha solicitado son las que el área técnica municipal correspondiente puede y debe ir a verificar. Le solicitamos a la Alcaldía dejar de negar a los denunciantes el derecho al anonimato, pues no es un impedimento ni técnico ni legal para aceptar y dar trámite a la denuncia; la razón por la que se prefiere el anonimato no es materia de discusión dentro de la denuncia misma. Todas las notificaciones sobre el avance del proceso correspondiente pueden ser remitidas a este mismo correo electrónico. (…)” (sic) (ver documentación).
  • e)El 04 de junio de 2026 la autoridad recurrida mediante oficio MT-Legal-03-2026-07 brindó respuesta a la gestión del tutelado en los siguientes términos: “(…) 1. Admisión de la Denuncia y Garantía de Anonimato Esta Administración comunica formalmente que se ha dejado sin efecto la instrucción administrativa previa del 6 de marzo de 2026. En consecuencia, se admite su denuncia para trámite de oficio, garantizando plenamente su derecho al anonimato. Se reconoce que la exigencia de identificación presencial fue una interpretación errónea que ha sido corregida para asegurar el proceso a la justicia ambiental y evitar posibles represalias. 2. Infracciones Específicas Detectadas en Permisos de Construcción Tras la revisión de los expedientes del Proceso de Planificación y Control Urbano sobre el inmueble de folio real 1-591380-000, se han verificado los siguientes hechos: (…) 3. Nulidad de la Viabilidad Ambiental VAM-02-2023 Se le informa que la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM-08-2023) fue otorgada bajo la premisa de un proyecto de “Bodega”.

De acuerdo con el informe del Gestor Ambiental, Dennis Mora Díaz (oficio MT-GAM-03-098-2026), y lo estipulado en la propia resolución de viabilidad, cualquier uso distinto al aprobado (en este caso, un giro industrial de mueblería anula de manera automática la viabilidad ambiental. Por lo tanto, el establecimiento estaría operando sin una licencia ambiental vigente para su actividad industrial, lo que debe ser verificado por la inspección solicitada a los funcionarios encargados. 4. Fundamentación Legal para la Intervención Municipal (…) Se le asegura que la Municipalidad está procediendo con las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de los retiros mínimos industriales y la eventual clausura de las obras no autorizadas.” (sic) (ver documentación).

IV. SOBRE EL FONDO

- Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 02 de marzo de 2026 el recurrente remitió al municipio recurrido, correo electrónico a la dirección ...01, indicándose en el “Asunto: Fábrica operando en zona residencial del distrito central” y en el cual, se señalaba lo siguiente: “(…) 1. Se tiene claro que la zona en la que se construyó el edificio es urbana, lo que impide el establecimiento de fábricas de cualquier tipo. Este principio tiene como objetivo asegurar la calidad de vida, la salud y la buena convivencia entre todos los vecinos; quede claro que estos son derechos a los que no vamos a renunciar. La Municipalidad es la responsable de velar por que este principio se cumpla, primero mediante la denegación de permisos para manufacturas, y luego mediante la toma de las medidas que correspondan para la puesta en orden de cualquier actividad que incumpla lo estipulado. 2.

Según las observaciones, en el edificio en cuestión estaría operando una manufactura en pleno de lo que creemos es muebles; es decir, una fábrica, contraviniendo el punto anterior. 3. Sea cual sea la actividad, está generando contaminación sónica, aún en las raras ocasiones en las que mantienen la puerta principal cerrada. Hay ruido molesto incesante de 7 de la mañana a 5 de la tarde, seis días a la semana, con más o menos regulares pausas al medio día. No son los típicos ruidos de una construcción. Estos ruidos parecen ser de una aspiradora industrial y una máquina de corte de maderas o materiales similares; no sabemos de qué equipo exactamente se trata, pero el patrón de uso corresponde al de una manufactura. 4. La intensidad del ruido de ambas máquinas no queda fuera de las casas de los vecinos tras cerrar nuestras puertas, sino que invade el interior con casi la misma intensidad, causando un ambiente nocivo con todas las consecuencias negativas en la salud que esto conlleva.

El zumbido, de lo que creemos es una aspiradora, no es intermitente, sino constante, no para durante toda la jornada laboral detallada en el punto anterior, algo a lo que nadie está acostumbrado por acá ni tiene por qué ser obligado a soportar ni a acostumbrarse, porque esta no es una zona industrial. Por la clara afectación a la calidad de vida que hemos empezado a experimentar los vecinos, solicitamos respetuosamente a las Unidades de la Municipalidad encargadas, realizar las diligencias correspondientes en la actividad que se denuncia, para poner orden y restaurar el ambiente sano que dicha actividad nos arrebató; es decir, hacer valer el punto 1. (…)” (sic) Sin embargo, el 06 de marzo de 2026 la autoridad recurrida contestó al amparado en lo que interesa: “(…) se le informa que, para efectos de determinar la admisibilidad y eventual tramitación formal de lo planteado, resulta necesario que la persona denunciante proceda a aportar mayores elementos probatorios para resolver.

Lo anterior en observancia de los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica que rigen la actuación de la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública y la Ley General de Control Interno, las cuales facultan a la Administración para realizar valoraciones preliminares respecto de la información recibida y verificar la existencia de elementos suficientes que justifiquen la apertura de actuaciones administrativas. Asimismo, debe indicarse que, conforme al criterio emitido por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-428-2008, la Administración Pública no se encuentra obligada a dar trámite a denuncias anónimas; no obstante, puede valorar la información recibida cuando esta contenga elementos que permitan eventualmente iniciar actuaciones de oficio. En virtud de lo anterior, se le solicita respetuosamente que, en caso de mantener interés en continuar con el trámite de la denuncia planteada, se apersone a las oficinas Municipales, oficina de la Alcaldía, el día 11 de marzo a las 11:00 a.m. o bien remita a este despacho la información necesaria que permita su plena identificación, así como cualquier documentación o elemento probatorio que considere pertinente aportar; todo bajo el principio de confiabilidad.

Se le informa que la presente gestión tiene como finalidad contar con los elementos mínimos necesarios para valorar la procedencia de eventuales actuaciones administrativas. En caso de no recibirse la identificación y ratificación correspondiente, la Administración procederá a realizar la valoración respectiva con la información disponible para determinar si procede la apertura de actuaciones de oficio o el archivo de la gestión por falta de elementos suficientes. Así mismo declarar inadmisible la citada denuncia. (…)” (sic). Posteriormente, el 12 de marzo de 2026 el accionante contestó al municipio accionado, lo siguiente: “(…) Con respecto a las pruebas que solicita, consideramos innecesario y simplemente dilatorio el requisito. Las pruebas se encuentran plenamente disponibles de lunes a sábado de 7am a 12md, y de 1pm a 5pm, en las inmediaciones del edificio denunciado, para cualquiera que necesite corroborarlas.

Nosotros no somos agentes de investigación de ningún tipo, ni queremos llegar todavía a instancias judiciales, sólo somos vecinos cuya calidad de vida está siendo afectada por lo que consideramos una operación industrial que no debería tener lugar en una zona residencial. Creemos que esta Municipalidad es el primer lugar donde podemos encontrar solución a dicho problema; no imaginamos que sería más bien el primer obstáculo. Con respecto a su solicitud de identificación plena de los denunciantes, permítanos indicarle que ninguno de sus argumentos nos descalifican para realizar una denuncia anónima ni para que la misma sea desestimada por su carácter de anónima, y mucho menos bajo el argumento de falta de pruebas, cuando las mismas están al alcance. Más aún, la solicitud de identificación la consideramos como una amenaza velada para que desistamos de la denuncia. Nuestra seguridad es y seguirá siendo prioridad máxima.

Invitamos a los funcionarios del órgano correspondiente a hacerse presente al lugar y corroborar por ellos mismos lo aquí denunciado. (…)” (sic). En esa misma línea, el 26 de marzo de 2026 el recurrente remitió al municipio recurrido, correo electrónico a la dirección ...01, indicándose “Asunto: Segunda denuncia por fábrica operando en Dirección01” señalándose en lo conducente: “(…) Pese a haber pasado cerca de un mes desde la primera denuncia, los hechos descritos se siguen presentando al día de hoy, 26 de marzo de 2026, y la Municipalidad no ha atendido el caso. Se incluye de nuevo la descripción de los hechos. Esperamos que se realice la inspección correspondiente y se tomen las medidas pertinentes para que la operación descrita cese definitivamente de generar contaminación. Reiteramos nuestra decisión de seguir denunciando estos hechos de forma anónima; las pruebas que la Alcaldía ha solicitado son las que el área técnica municipal correspondiente puede y debe ir a verificar.

Le solicitamos a la Alcaldía dejar de negar a los denunciantes el derecho al anonimato, pues no es un impedimento ni técnico ni legal para aceptar y dar trámite a la denuncia; la razón por la que se prefiere el anonimato no es materia de discusión dentro de la denuncia misma. Todas las notificaciones sobre el avance del proceso correspondiente pueden ser remitidas a este mismo correo electrónico. (…)” (sic) Finalmente, se tiene que, el 04 de junio de 2026 la autoridad recurrida mediante oficio MT-Legal-03-2026-07 brindó respuesta a la gestión del tutelado en los siguientes términos: “(…) 1. Admisión de la Denuncia y Garantía de Anonimato Esta Administración comunica formalmente que se ha dejado sin efecto la instrucción administrativa previa del 6 de marzo de 2026. En consecuencia, se admite su denuncia para trámite de oficio, garantizando plenamente su derecho al anonimato. Se reconoce que la exigencia de identificación presencial fue una interpretación errónea que ha sido corregida para asegurar el proceso a la justicia ambiental y evitar posibles represalias. 2.

Infracciones Específicas Detectadas en Permisos de Construcción Tras la revisión de los expedientes del Proceso de Planificación y Control Urbano sobre el inmueble de folio real 1-591380-000, se han verificado los siguientes hechos: (…) 3. Nulidad de la Viabilidad Ambiental VAM-02-2023 Se le informa que la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM-08-2023) fue otorgada bajo la premisa de un proyecto de “Bodega”. De acuerdo con el informe del Gestor Ambiental, Dennis Mora Díaz (oficio MT-GAM-03-098-2026), y lo estipulado en la propia resolución de viabilidad, cualquier uso distinto al aprobado (en este caso, un giro industrial de mueblería anula de manera automática la viabilidad ambiental. Por lo tanto, el establecimiento estaría operando sin una licencia ambiental vigente para su actividad industrial, lo que debe ser verificado por la inspección solicitada a los funcionarios encargados. 4. Fundamentación Legal para la Intervención Municipal (…) Se le asegura que la Municipalidad está procediendo con las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de los retiros mínimos industriales y la eventual clausura de las obras no autorizadas.” (sic); documento que, le fue notificado ese mismo día al interesado al medio señalado.

Así las cosas, la solicitud de la parte accionante no puede encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información, en el tanto la Autoridad recurrida está obligada a analizar y efectuar una serie de valoraciones sobre los aspectos reclamados. En vista de lo expuesto, el reclamo resultaría prematuro pues a la fecha en que se acude en amparo -sea el 08 de mayo de 2026- no ha transcurrido un plazo desproporcionado desde la interposición de la denuncia -sea el 26 de marzo de 206- que se tuvo por admitida por parte del municipio recurrido; lo anterior, independientemente de que este dispusiera posteriormente que la primera denuncia fue erróneamente rechazada. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso.

V. NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA

He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.

Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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