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Res. 21395-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/06/2026
OutcomeResultado
The Sala denied the amparo as premature, since the Municipalidad de Turrubares had already admitted the anonymous complaint, recognized the nullity of the Municipal Environmental Viability (VAM) due to unauthorized change of use, and initiated inspection proceedings before the case was decided.La Sala declaró sin lugar el amparo por prematuro, dado que la Municipalidad de Turrubares ya había admitido la denuncia anónima, reconocido la nulidad de la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM) por cambio de uso no autorizado e iniciado diligencias de inspección antes de que se resolviera el recurso.
SummaryResumen
A resident of San Pablo, Turrubares, filed an amparo against the Municipalidad de Turrubares for rejecting his anonymous environmental complaint about a furniture factory operating illegally in a residential zone, generating noise pollution and particulate matter from MDF and melamine. The municipality invoked PGR Dictamen C-428-2008 to demand full identification of the complainant. Before the Sala ruled, the municipality corrected its position: it admitted the complaint guaranteeing anonymity, detected construction permit violations, and declared the Municipal Environmental Viability (VAM) null for operating under a use different from the one approved. The Sala denied the amparo as premature, since a disproportionate period had not elapsed since the formal admission of the second complaint. The case reinforces the principle that municipalities cannot condition environmental complaint processing on identifying the complainant, and that unauthorized change of use automatically voids the VAM.Un vecino de San Pablo, Turrubares, interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Turrubares por rechazar su denuncia anónima sobre una mueblería operando ilegalmente en zona residencial y generando contaminación sónica e material particulado de MDF y melamina. La municipalidad invocó el Dictamen C-428-2008 de la PGR para exigir identificación plena del denunciante. Antes de que la Sala resolviera, la municipalidad rectificó su posición: admitió la denuncia garantizando el anonimato, detectó infracciones en los permisos de construcción, y declaró nula la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM) por operar con uso distinto al aprobado. La Sala declaró sin lugar el amparo por prematuro, al no haber transcurrido un plazo desproporcionado desde la admisión formal de la segunda denuncia. El caso consolida el principio de que las municipalidades no pueden condicionar el trámite de denuncias ambientales a la identificación del denunciante, y que el cambio de uso no autorizado anula automáticamente la VAM.
Key excerptExtracto clave
This Administration formally communicates that the prior administrative instruction of March 6, 2026 has been revoked. Consequently, the complaint is admitted for ex officio processing, fully guaranteeing the right to anonymity. It is acknowledged that the requirement for in-person identification was an erroneous interpretation that has been corrected to ensure access to environmental justice and to prevent possible retaliation. The Municipal Environmental Viability (VAM-08-2023) was granted under the premise of a 'Warehouse' project. According to the report of the Environmental Manager, Dennis Mora Díaz (official communication MT-GAM-03-098-2026), and what is stipulated in the viability resolution itself, any use other than the approved one (in this case, an industrial furniture-manufacturing operation) automatically voids the environmental viability. Therefore, the establishment would be operating without a valid environmental license for its industrial activity, which must be verified by the inspection requested of the responsible officers. As matters stand, the petitioner's request cannot be framed within the assumptions of pure and simple requests for information, insofar as the respondent Authority is obliged to analyze and carry out a series of assessments on the matters claimed. In view of the foregoing, the claim would be premature since, as of the date the amparo was filed—May 8, 2026—a disproportionate amount of time had not elapsed since the filing of the complaint—March 26, 2026—which was considered admitted by the respondent municipality; this is so regardless of whether it subsequently determined that the first complaint had been erroneously rejected.Esta Administración comunica formalmente que se ha dejado sin efecto la instrucción administrativa previa del 6 de marzo de 2026. En consecuencia, se admite su denuncia para trámite de oficio, garantizando plenamente su derecho al anonimato. Se reconoce que la exigencia de identificación presencial fue una interpretación errónea que ha sido corregida para asegurar el proceso a la justicia ambiental y evitar posibles represalias. Se le informa que la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM-08-2023) fue otorgada bajo la premisa de un proyecto de "Bodega". De acuerdo con el informe del Gestor Ambiental, Dennis Mora Díaz (oficio MT-GAM-03-098-2026), y lo estipulado en la propia resolución de viabilidad, cualquier uso distinto al aprobado (en este caso, un giro industrial de mueblería anula de manera automática la viabilidad ambiental. Por lo tanto, el establecimiento estaría operando sin una licencia ambiental vigente para su actividad industrial, lo que debe ser verificado por la inspección solicitada a los funcionarios encargados. Así las cosas, la solicitud de la parte accionante no puede encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información, en el tanto la Autoridad recurrida está obligada a analizar y efectuar una serie de valoraciones sobre los aspectos reclamados. En vista de lo expuesto, el reclamo resultaría prematuro pues a la fecha en que se acude en amparo -sea el 08 de mayo de 2026- no ha transcurrido un plazo desproporcionado desde la interposición de la denuncia -sea el 26 de marzo de 206- que se tuvo por admitida por parte del municipio recurrido; lo anterior, independientemente de que este dispusiera posteriormente que la primera denuncia fue erróneamente rechazada.
Pull quotesCitas destacadas
"en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Turrubares por una situación ambiental."
"In this case, an exceptional scenario arises, since what is at issue is a complaint filed before the Municipalidad de Turrubares concerning an environmental situation."
Considerando I
"en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Turrubares por una situación ambiental."
Considerando I
"conforme al criterio emitido por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-428-2008, la Administración Pública no se encuentra obligada a dar trámite a denuncias anónimas; no obstante, puede valorar la información recibida cuando esta contenga elementos que permitan eventualmente iniciar actuaciones de oficio."
"Pursuant to the criterion issued by the Office of the Attorney General in Dictamen C-428-2008, the Public Administration is not obligated to process anonymous complaints; however, it may evaluate the information received when it contains elements that could eventually support the initiation of ex officio proceedings."
Respuesta del municipio, 6 de marzo de 2026 (Hecho probado b)
"conforme al criterio emitido por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-428-2008, la Administración Pública no se encuentra obligada a dar trámite a denuncias anónimas; no obstante, puede valorar la información recibida cuando esta contenga elementos que permitan eventualmente iniciar actuaciones de oficio."
Respuesta del municipio, 6 de marzo de 2026 (Hecho probado b)
"Le solicitamos a la Alcaldía dejar de negar a los denunciantes el derecho al anonimato, pues no es un impedimento ni técnico ni legal para aceptar y dar trámite a la denuncia; la razón por la que se prefiere el anonimato no es materia de discusión dentro de la denuncia misma."
"We ask the Mayor's office to stop denying complainants the right to anonymity, as it is neither a technical nor a legal impediment to accepting and processing the complaint; the reason anonymity is preferred is not a matter for discussion within the complaint itself."
Segunda denuncia del recurrente, 26 de marzo de 2026 (Hecho probado d)
"Le solicitamos a la Alcaldía dejar de negar a los denunciantes el derecho al anonimato, pues no es un impedimento ni técnico ni legal para aceptar y dar trámite a la denuncia; la razón por la que se prefiere el anonimato no es materia de discusión dentro de la denuncia misma."
Segunda denuncia del recurrente, 26 de marzo de 2026 (Hecho probado d)
"Lo peor es que ésta actividad clandestina también está liberando polvo de aserrín de aglomerados como la melamina o el MDF, que se han llegado a acumular visiblemente en las superficies de su casa, además, tiene un olor peculiar e inconfundible proveniente de los químicos de los aglomerados mencionados y las partículas quemadas por la acción de las sierras y otras máquinas de acabado, y es altamente irritante para las vías respiratorias."
"Worst of all, this clandestine activity is also releasing sawdust from composite materials such as melamine or MDF, which has visibly accumulated on the surfaces of his home; it also has a peculiar and unmistakable odor from the chemicals in the aforementioned composites and the particles burned by the action of saws and other finishing machines, and it is highly irritating to the respiratory tract."
Resultando 1 — Recurso de amparo del recurrente
"Lo peor es que ésta actividad clandestina también está liberando polvo de aserrín de aglomerados como la melamina o el MDF, que se han llegado a acumular visiblemente en las superficies de su casa, además, tiene un olor peculiar e inconfundible proveniente de los químicos de los aglomerados mencionados y las partículas quemadas por la acción de las sierras y otras máquinas de acabado, y es altamente irritante para las vías respiratorias."
Resultando 1 — Recurso de amparo del recurrente
Full documentDocumento completo
Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on the twelfth of June, two thousand twenty-six.
Amparo petition (recurso de amparo) filed under case number 26-016429-0007-CO, brought by Nombre01, national identity card (cédula de identidad) CED02, against the MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES.
Recitals:
Opinion drafted by Justice Hess Herrera; and, The Court Considers:
Before examining the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings—it should be clarified that, beginning with judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Court has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which the question is whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or by sector-specific statutes governing special administrative procedures, for the purpose of issuing a final act (acto final) in an administrative proceeding—whether initiated ex officio or at the request of a party—or ruling on the applicable administrative appeals. Precisely in this case, an exceptional situation arises, as this involves a complaint filed with the Municipalidad de Turrubares concerning an environmental matter. With that point clarified, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this amparo petition.
The petitioner states that on March 2, 2026, he filed an anonymous complaint with the respondent municipality concerning the operation of a factory in a residential zone without the corresponding permits and the resulting impacts on public health and the environment. However, he alleges that on March 6, 2026, the respondent municipality replied to his email stating that it would not accept the anonymous complaint, demanded that he appear in person at the municipal building to file it, and imposed a series of requirements (evidence, dates and times, and identification of the persons involved), which is why he considers that the definitive rejection of his complaint took place at that point. He adds that on March 26, 2026, he reiterated the complaint in the same manner—anonymously and to the municipality's official email address—but as of the date of filing this petition had received no response.
The following facts are considered duly established as material to the decision in this matter, either because they have been duly proven or because the respondent failed to address them as required by the initial order:
Whatever the activity may be, it is generating noise pollution (contaminación sónica), even on the rare occasions when the main door is kept closed. There is unceasing disruptive noise from 7 in the morning to 5 in the afternoon, six days a week, with more or less regular midday breaks. These are not the typical sounds of a construction site. The noises appear to come from an industrial vacuum and a wood-cutting or similar material-cutting machine; we do not know exactly what equipment is involved, but the pattern of use is consistent with that of a manufacturing operation. 4. The intensity of the noise from both machines does not remain outside the homes of the neighboring residents when we close our doors; instead, it penetrates the interior with nearly the same intensity, creating a harmful environment with all the negative health consequences that entails. The hum from what we believe is a vacuum is not intermittent but constant—it does not stop throughout the entire workday described in the previous point, something to which no one here is accustomed, nor should anyone be compelled to endure or become accustomed to, because this is not an industrial zone.
Due to the clear impact on the quality of life that we as neighbors have begun to experience, we respectfully request that the relevant Municipal Units carry out the appropriate steps regarding the reported activity, in order to restore order and reinstate the healthy environment that this activity has taken from us; that is, to enforce the principle set out in point 1. (…)" (sic) (see documentation).
In light of the foregoing, you are respectfully requested, should you wish to continue with the processing of the complaint filed, to appear at the Municipal Offices, specifically the Mayor's Office, on March 11 at 11:00 a.m., or alternatively to submit to this office the information necessary for your full identification, as well as any documentation or evidentiary elements you consider relevant to provide; all under the principle of confidentiality. You are informed that the purpose of this request is to obtain the minimum elements necessary to assess the appropriateness of potential administrative proceedings. In the event that the corresponding identification and ratification are not received, the Administration will carry out the relevant assessment with the available information to determine whether the initiation of ex officio proceedings is warranted or whether the matter should be archived due to insufficient elements. Likewise, the aforementioned complaint may be declared inadmissible. (…)" (sic) (see documentation).
Moreover, we regard the identification request as a veiled threat intended to discourage us from pursuing the complaint. Our safety is and will continue to be our highest priority. We invite the officials of the competent body to come to the site and verify for themselves what is reported herein. (…)" (sic) (see documentation).
Nullity of Environmental Feasibility (viabilidad ambiental) VAM-02-2023. You are hereby informed that the Municipal Environmental Feasibility (VAM-08-2023) was granted on the premise of a 'Warehouse' project. In accordance with the report of the Environmental Manager, Dennis Mora Díaz (official communication MT-GAM-03-098-2026), and the provisions of the feasibility resolution itself, any use other than that approved—in this case, an industrial furniture manufacturing activity—automatically voids the environmental feasibility. Therefore, the establishment would be operating without a valid environmental license for its industrial activity, which must be verified by the inspection requested of the responsible officials. 4. Legal Basis for Municipal Intervention (…) You are assured that the Municipality is proceeding with the necessary steps to verify compliance with the minimum industrial setbacks (retiros mínimos) and the eventual closure of any unauthorized works." (sic) (see documentation).
- From the report submitted by the representative of the challenged authority—which is deemed given under oath with the consequences, including criminal penalties, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and from the body of evidence on record, it is established that on March 2, 2026, the petitioner sent the challenged municipality an email to the address ...01, with the subject line "Subject: Factory operating in a residential zone of the central district," in which the following was stated: "(…) 1. It is clear that the zone in which the building was constructed is urban, which precludes the establishment of factories of any kind. This principle is intended to ensure quality of life, health, and good neighborly coexistence; let it be understood that these are rights we will not waive. The Municipality is responsible for ensuring that this principle is upheld—first by denying permits for manufacturing operations, and then by taking the appropriate measures to bring any non-compliant activity into order. 2.
According to our observations, a manufacturing operation that we believe involves furniture is in full operation in the building in question; that is, a factory, in violation of the foregoing point. 3. Whatever the activity may be, it is generating noise pollution (contaminación sónica), even on the rare occasions when the main door is kept closed. There is incessant disturbing noise from 7 in the morning until 5 in the afternoon, six days a week, with more or less regular midday breaks. These are not the typical sounds of a construction site. The noises appear to be those of an industrial vacuum cleaner and a wood or similar material cutting machine; we do not know exactly what equipment is involved, but the pattern of use corresponds to that of a manufacturing operation. 4. The intensity of the noise from both machines does not remain outside residents' homes when we close our doors, but rather invades the interior with nearly the same intensity, creating a harmful environment with all the negative health consequences this entails.
The hum, which we believe comes from a vacuum cleaner, is not intermittent but constant—it does not stop throughout the entire workday described in the previous point, something to which no one here is accustomed nor should be forced to endure or adapt, because this is not an industrial zone. Given the clear impact on quality of life that we residents have begun to experience, we respectfully request that the responsible Units of the Municipality conduct the corresponding inquiries into the reported activity in order to restore order and to restore the healthy environment that this activity has taken from us; that is, to enforce point 1. (…)" (sic). However, on March 6, 2026, the challenged authority replied to the protected party as follows in the relevant part: "(…) You are hereby informed that, for the purposes of determining the admissibility and eventual formal processing of the matter submitted, it is necessary for the reporting party to provide additional evidentiary elements to enable a resolution.
The foregoing is in observance of the principles of legality, due process (debido proceso), and legal certainty (seguridad jurídica) that govern the conduct of the Public Administration, in accordance with the provisions of the Ley General de la Administración Pública and the Ley General de Control Interno, which authorize the Administration to conduct preliminary assessments of information received and to verify the existence of sufficient elements to justify the initiation of administrative proceedings. It must also be noted that, pursuant to the opinion issued by the Procuraduría General de la República in Dictamen C-428-2008, the Public Administration is not obligated to process anonymous complaints; however, it may assess the information received when it contains elements that might eventually allow administrative proceedings to be initiated on the authority's own initiative (de oficio).
In light of the foregoing, you are respectfully requested, if you wish to continue with the processing of the complaint submitted, to appear at the Municipal offices, at the Mayor's Office (Alcaldía), on March 11 at 11:00 a.m., or alternatively to submit to this office the information necessary for your full identification, as well as any documentation or evidentiary material you consider relevant; all under the principle of confidentiality. You are informed that the purpose of this request is to obtain the minimum elements necessary to assess the appropriateness of eventual administrative action. Should the corresponding identification and ratification not be received, the Administration will proceed to make the relevant assessment with the available information to determine whether administrative proceedings should be initiated on its own initiative or whether the matter should be archived for lack of sufficient elements.
The aforementioned complaint may likewise be declared inadmissible. (…)" (sic). Subsequently, on March 12, 2026, the claimant replied to the challenged municipality as follows: "(…) With regard to the evidence you request, we consider the requirement unnecessary and simply dilatory. The evidence is fully available Monday through Saturday from 7 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 5 p.m., in the vicinity of the reported building, for anyone who needs to verify it. We are not investigative agents of any kind, nor do we yet wish to resort to judicial proceedings; we are simply residents whose quality of life is being affected by what we consider to be an industrial operation that should not be taking place in a residential zone. We believe that this Municipality is the first place where we can find a solution to this problem; we did not imagine that it would instead be the first obstacle. With regard to your request for our full identification, allow us to note that none of your arguments disqualify us from filing an anonymous complaint, or warrant that complaint being dismissed on the grounds of its anonymous nature, much less under the argument of lack of evidence when that evidence is within reach.
Moreover, we consider the request for identification to be a veiled threat intended to dissuade us from pursuing the complaint. Our safety is and will remain our highest priority. We invite the officials of the relevant body to attend the premises and verify for themselves what has been reported herein. (…)" (sic). Along the same lines, on March 26, 2026, the petitioner sent the challenged municipality an email to the address ...01, with the subject line "Subject: Second complaint regarding factory operating at Dirección01," stating in the relevant part: "(…) Despite nearly a month having passed since the first complaint, the facts described continue to occur as of today, March 26, 2026, and the Municipality has not addressed the case. The description of the facts is included again below. We trust that the corresponding inspection will be carried out and that the appropriate measures will be taken so that the described operation permanently ceases to generate pollution.
We reiterate our decision to continue reporting these facts anonymously; the evidence that the Mayor's Office has requested is of the kind that the relevant municipal technical unit can and must go and verify. We request that the Mayor's Office cease denying the complainants the right to anonymity, as it is neither a technical nor a legal impediment to accepting and processing the complaint; the reason for preferring anonymity is not a matter for discussion within the complaint itself. All notifications regarding the progress of the corresponding process may be sent to this same email address. (…)" (sic). Finally, it is noted that on June 4, 2026, the challenged authority, through official communication MT-Legal-03-2026-07, responded to the protected party's request in the following terms: "(…) 1. Admission of the Complaint and Guarantee of Anonymity. This Administration formally communicates that the prior administrative instruction of March 6, 2026, has been set aside.
Accordingly, your complaint is admitted for processing on the authority's own initiative, with your right to anonymity fully guaranteed. It is acknowledged that the requirement of in-person identification was an erroneous interpretation that has been corrected to ensure access to environmental justice and to prevent possible retaliation. 2. Specific Violations Detected in Building Permits. Following a review of the files from the Urban Planning and Control Process concerning the property registered under property registration number (folio real) 1-591380-000, the following facts have been verified: (…) 3. Nullity of Environmental Clearance VAM-02-2023. You are hereby informed that the Municipal Environmental Clearance (Viabilidad Ambiental Municipal) (VAM-08-2023) was granted on the basis of a 'Warehouse' project. In accordance with the report of the Environmental Manager (Gestor Ambiental), Dennis Mora Díaz (official communication MT-GAM-03-098-2026), and as stipulated in the clearance resolution itself, any use other than the one approved—in this case, an industrial furniture business activity (giro industrial)—automatically voids the environmental clearance.
Therefore, the establishment would be operating without a valid environmental license for its industrial activity, a matter that must be verified through the inspection requested of the responsible officials. 4. Legal Basis for Municipal Intervention. (…) The Municipality assures you that it is proceeding with the necessary steps to verify compliance with the minimum industrial setbacks (retiros mínimos industriales) and the eventual shutdown of unauthorized works." (sic); this document was notified to the interested party on that same day through the designated means.
That being so, the claimant's request cannot be framed as a case of straightforward requests for information, insofar as the challenged authority is obligated to analyze and conduct a series of assessments regarding the matters raised. In view of the foregoing, the claim would be premature, since as of the date on which the writ of amparo (recurso de amparo) was filed—namely May 8, 2026—an unreasonable amount of time had not elapsed since the filing of the complaint—namely March 26, 2026—which was deemed admitted by the challenged municipality; the foregoing applies regardless of the fact that the municipality subsequently determined that the first complaint had been erroneously rejected. Accordingly, the appeal is dismissed.
I have supported the position of this Court that, when a party seeking judicial relief (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and effective justice in the administrative forum (sede administrativa), the body competent to hear the legal dispute is the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is amenable to judicial protection (tutela judicial) by means of the writ of amparo established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line; this Court, pursuant to Article 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own jurisdiction.
Therefore, save for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases—which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceedings—in all other cases, and for the reasons given by this Court (sentencia N° 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (Derecho de la Constitución) (values, principles, and norms), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order (ordenamiento jurídico).
The parties are hereby notified that if any document in paper form, as well as any objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, has been submitted, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the date of notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Gazette (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is dismissed. Justice Castillo Víquez appends a note.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de junio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-016429-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Turrubares por una situación ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
- Manifiesta el recurrente que el 2 de marzo de 2026, planteó una denuncia de forma anónima ante la municipalidad recurrida, por estar operando una fábrica en zona residencial sin los permisos correspondientes y estar provocando afectaciones a la salud pública y al medio ambiente. Sin embargo, alega que el 6 de marzo de 2026, la municipalidad recurrida contestó a su correo que no recibirá la denuncia de forma anónima, exige que se apersone al edificio municipal para interponerla y además le impone una serie de requisitos (pruebas, fechas y horas, identificación de las personas), por lo que, considera que existió el rechazo definitivo de aceptar su denuncia. Agrega que, el 26 de marzo de 2026 reiteró la denuncia de la misma forma, anónima y al correo oficial de la municipalidad, pero a la fecha de interposición del presente recurso no ha recibido respuesta.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Sea cual sea la actividad, está generando contaminación sónica, aún en las raras ocasiones en las que mantienen la puerta principal cerrada. Hay ruido molesto incesante de 7 de la mañana a 5 de la tarde, seis días a la semana, con más o menos regulares pausas al medio día. No son los típicos ruidos de una construcción. Estos ruidos parecen ser de una aspiradora industrial y una máquina de corte de maderas o materiales similares; no sabemos de qué equipo exactamente se trata, pero el patrón de uso corresponde al de una manufactura. 4. La intensidad del ruido de ambas máquinas no queda fuera de las casas de los vecinos tras cerrar nuestras puertas, sino que invade el interior con casi la misma intensidad, causando un ambiente nocivo con todas las consecuencias negativas en la salud que esto conlleva. El zumbido, de lo que creemos es una aspiradora, no es intermitente, sino constante, no para durante toda la jornada laboral detallada en el punto anterior, algo a lo que nadie está acostumbrado por acá ni tiene por qué ser obligado a soportar ni a acostumbrarse, porque esta no es una zona industrial.
Por la clara afectación a la calidad de vida que hemos empezado a experimentar los vecinos, solicitamos respetuosamente a las Unidades de la Municipalidad encargadas, realizar las diligencias correspondientes en la actividad que se denuncia, para poner orden y restaurar el ambiente sano que dicha actividad nos arrebató; es decir, hacer valer el punto 1. (…)” (sic) (ver documentación).
En virtud de lo anterior, se le solicita respetuosamente que, en caso de mantener interés en continuar con el trámite de la denuncia planteada, se apersone a las oficinas Municipales, oficina de la Alcaldía, el día 11 de marzo a las 11:00 a.m. o bien remita a este despacho la información necesaria que permita su plena identificación, así como cualquier documentación o elemento probatorio que considere pertinente aportar; todo bajo el principio de confiabilidad. Se le informa que la presente gestión tiene como finalidad contar con los elementos mínimos necesarios para valorar la procedencia de eventuales actuaciones administrativas. En caso de no recibirse la identificación y ratificación correspondiente, la Administración procederá a realizar la valoración respectiva con la información disponible para determinar si procede la apertura de actuaciones de oficio o el archivo de la gestión por falta de elementos suficientes. Así mismo declarar inadmisible la citada denuncia. (…)” (sic) (ver documentación).
Más aún, la solicitud de identificación la consideramos como una amenaza velada para que desistamos de la denuncia. Nuestra seguridad es y seguirá siendo prioridad máxima. Invitamos a los funcionarios del órgano correspondiente a hacerse presente al lugar y corroborar por ellos mismos lo aquí denunciado. (…)” (sic) (ver documentación).
De acuerdo con el informe del Gestor Ambiental, Dennis Mora Díaz (oficio MT-GAM-03-098-2026), y lo estipulado en la propia resolución de viabilidad, cualquier uso distinto al aprobado (en este caso, un giro industrial de mueblería anula de manera automática la viabilidad ambiental. Por lo tanto, el establecimiento estaría operando sin una licencia ambiental vigente para su actividad industrial, lo que debe ser verificado por la inspección solicitada a los funcionarios encargados. 4. Fundamentación Legal para la Intervención Municipal (…) Se le asegura que la Municipalidad está procediendo con las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de los retiros mínimos industriales y la eventual clausura de las obras no autorizadas.” (sic) (ver documentación).
- Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que el 02 de marzo de 2026 el recurrente remitió al municipio recurrido, correo electrónico a la dirección ...01, indicándose en el “Asunto: Fábrica operando en zona residencial del distrito central” y en el cual, se señalaba lo siguiente: “(…) 1. Se tiene claro que la zona en la que se construyó el edificio es urbana, lo que impide el establecimiento de fábricas de cualquier tipo. Este principio tiene como objetivo asegurar la calidad de vida, la salud y la buena convivencia entre todos los vecinos; quede claro que estos son derechos a los que no vamos a renunciar. La Municipalidad es la responsable de velar por que este principio se cumpla, primero mediante la denegación de permisos para manufacturas, y luego mediante la toma de las medidas que correspondan para la puesta en orden de cualquier actividad que incumpla lo estipulado. 2.
Según las observaciones, en el edificio en cuestión estaría operando una manufactura en pleno de lo que creemos es muebles; es decir, una fábrica, contraviniendo el punto anterior. 3. Sea cual sea la actividad, está generando contaminación sónica, aún en las raras ocasiones en las que mantienen la puerta principal cerrada. Hay ruido molesto incesante de 7 de la mañana a 5 de la tarde, seis días a la semana, con más o menos regulares pausas al medio día. No son los típicos ruidos de una construcción. Estos ruidos parecen ser de una aspiradora industrial y una máquina de corte de maderas o materiales similares; no sabemos de qué equipo exactamente se trata, pero el patrón de uso corresponde al de una manufactura. 4. La intensidad del ruido de ambas máquinas no queda fuera de las casas de los vecinos tras cerrar nuestras puertas, sino que invade el interior con casi la misma intensidad, causando un ambiente nocivo con todas las consecuencias negativas en la salud que esto conlleva.
El zumbido, de lo que creemos es una aspiradora, no es intermitente, sino constante, no para durante toda la jornada laboral detallada en el punto anterior, algo a lo que nadie está acostumbrado por acá ni tiene por qué ser obligado a soportar ni a acostumbrarse, porque esta no es una zona industrial. Por la clara afectación a la calidad de vida que hemos empezado a experimentar los vecinos, solicitamos respetuosamente a las Unidades de la Municipalidad encargadas, realizar las diligencias correspondientes en la actividad que se denuncia, para poner orden y restaurar el ambiente sano que dicha actividad nos arrebató; es decir, hacer valer el punto 1. (…)” (sic) Sin embargo, el 06 de marzo de 2026 la autoridad recurrida contestó al amparado en lo que interesa: “(…) se le informa que, para efectos de determinar la admisibilidad y eventual tramitación formal de lo planteado, resulta necesario que la persona denunciante proceda a aportar mayores elementos probatorios para resolver.
Lo anterior en observancia de los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica que rigen la actuación de la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública y la Ley General de Control Interno, las cuales facultan a la Administración para realizar valoraciones preliminares respecto de la información recibida y verificar la existencia de elementos suficientes que justifiquen la apertura de actuaciones administrativas. Asimismo, debe indicarse que, conforme al criterio emitido por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-428-2008, la Administración Pública no se encuentra obligada a dar trámite a denuncias anónimas; no obstante, puede valorar la información recibida cuando esta contenga elementos que permitan eventualmente iniciar actuaciones de oficio. En virtud de lo anterior, se le solicita respetuosamente que, en caso de mantener interés en continuar con el trámite de la denuncia planteada, se apersone a las oficinas Municipales, oficina de la Alcaldía, el día 11 de marzo a las 11:00 a.m. o bien remita a este despacho la información necesaria que permita su plena identificación, así como cualquier documentación o elemento probatorio que considere pertinente aportar; todo bajo el principio de confiabilidad.
Se le informa que la presente gestión tiene como finalidad contar con los elementos mínimos necesarios para valorar la procedencia de eventuales actuaciones administrativas. En caso de no recibirse la identificación y ratificación correspondiente, la Administración procederá a realizar la valoración respectiva con la información disponible para determinar si procede la apertura de actuaciones de oficio o el archivo de la gestión por falta de elementos suficientes. Así mismo declarar inadmisible la citada denuncia. (…)” (sic). Posteriormente, el 12 de marzo de 2026 el accionante contestó al municipio accionado, lo siguiente: “(…) Con respecto a las pruebas que solicita, consideramos innecesario y simplemente dilatorio el requisito. Las pruebas se encuentran plenamente disponibles de lunes a sábado de 7am a 12md, y de 1pm a 5pm, en las inmediaciones del edificio denunciado, para cualquiera que necesite corroborarlas.
Nosotros no somos agentes de investigación de ningún tipo, ni queremos llegar todavía a instancias judiciales, sólo somos vecinos cuya calidad de vida está siendo afectada por lo que consideramos una operación industrial que no debería tener lugar en una zona residencial. Creemos que esta Municipalidad es el primer lugar donde podemos encontrar solución a dicho problema; no imaginamos que sería más bien el primer obstáculo. Con respecto a su solicitud de identificación plena de los denunciantes, permítanos indicarle que ninguno de sus argumentos nos descalifican para realizar una denuncia anónima ni para que la misma sea desestimada por su carácter de anónima, y mucho menos bajo el argumento de falta de pruebas, cuando las mismas están al alcance. Más aún, la solicitud de identificación la consideramos como una amenaza velada para que desistamos de la denuncia. Nuestra seguridad es y seguirá siendo prioridad máxima.
Invitamos a los funcionarios del órgano correspondiente a hacerse presente al lugar y corroborar por ellos mismos lo aquí denunciado. (…)” (sic). En esa misma línea, el 26 de marzo de 2026 el recurrente remitió al municipio recurrido, correo electrónico a la dirección ...01, indicándose “Asunto: Segunda denuncia por fábrica operando en Dirección01” señalándose en lo conducente: “(…) Pese a haber pasado cerca de un mes desde la primera denuncia, los hechos descritos se siguen presentando al día de hoy, 26 de marzo de 2026, y la Municipalidad no ha atendido el caso. Se incluye de nuevo la descripción de los hechos. Esperamos que se realice la inspección correspondiente y se tomen las medidas pertinentes para que la operación descrita cese definitivamente de generar contaminación. Reiteramos nuestra decisión de seguir denunciando estos hechos de forma anónima; las pruebas que la Alcaldía ha solicitado son las que el área técnica municipal correspondiente puede y debe ir a verificar.
Le solicitamos a la Alcaldía dejar de negar a los denunciantes el derecho al anonimato, pues no es un impedimento ni técnico ni legal para aceptar y dar trámite a la denuncia; la razón por la que se prefiere el anonimato no es materia de discusión dentro de la denuncia misma. Todas las notificaciones sobre el avance del proceso correspondiente pueden ser remitidas a este mismo correo electrónico. (…)” (sic) Finalmente, se tiene que, el 04 de junio de 2026 la autoridad recurrida mediante oficio MT-Legal-03-2026-07 brindó respuesta a la gestión del tutelado en los siguientes términos: “(…) 1. Admisión de la Denuncia y Garantía de Anonimato Esta Administración comunica formalmente que se ha dejado sin efecto la instrucción administrativa previa del 6 de marzo de 2026. En consecuencia, se admite su denuncia para trámite de oficio, garantizando plenamente su derecho al anonimato. Se reconoce que la exigencia de identificación presencial fue una interpretación errónea que ha sido corregida para asegurar el proceso a la justicia ambiental y evitar posibles represalias. 2.
Infracciones Específicas Detectadas en Permisos de Construcción Tras la revisión de los expedientes del Proceso de Planificación y Control Urbano sobre el inmueble de folio real 1-591380-000, se han verificado los siguientes hechos: (…) 3. Nulidad de la Viabilidad Ambiental VAM-02-2023 Se le informa que la Viabilidad Ambiental Municipal (VAM-08-2023) fue otorgada bajo la premisa de un proyecto de “Bodega”. De acuerdo con el informe del Gestor Ambiental, Dennis Mora Díaz (oficio MT-GAM-03-098-2026), y lo estipulado en la propia resolución de viabilidad, cualquier uso distinto al aprobado (en este caso, un giro industrial de mueblería anula de manera automática la viabilidad ambiental. Por lo tanto, el establecimiento estaría operando sin una licencia ambiental vigente para su actividad industrial, lo que debe ser verificado por la inspección solicitada a los funcionarios encargados. 4. Fundamentación Legal para la Intervención Municipal (…) Se le asegura que la Municipalidad está procediendo con las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de los retiros mínimos industriales y la eventual clausura de las obras no autorizadas.” (sic); documento que, le fue notificado ese mismo día al interesado al medio señalado.
Así las cosas, la solicitud de la parte accionante no puede encuadrarse en los supuestos de peticiones puras y simples de información, en el tanto la Autoridad recurrida está obligada a analizar y efectuar una serie de valoraciones sobre los aspectos reclamados. En vista de lo expuesto, el reclamo resultaría prematuro pues a la fecha en que se acude en amparo -sea el 08 de mayo de 2026- no ha transcurrido un plazo desproporcionado desde la interposición de la denuncia -sea el 26 de marzo de 206- que se tuvo por admitida por parte del municipio recurrido; lo anterior, independientemente de que este dispusiera posteriormente que la primera denuncia fue erróneamente rechazada. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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