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Res. 21326-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/06/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Municipality of Desamparados for failing to formally and substantively respond to complaints about encroachment on the Río Tiribí riparian protection zone and for not coordinating with MINAE and SINAC, ordering it to notify a response within one month and implement comprehensive measures within three months; the amparo against the Ministry of Public Security was denied.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra la Municipalidad de Desamparados por omitir dar respuesta formal y sustantiva a denuncias sobre una invasión en la zona de protección del río Tiribí y por no coordinar con MINAE y SINAC, ordenándole notificar una respuesta en un mes y ejecutar medidas integrales en tres meses; el amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública se declaró sin lugar.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber resolved an amparo filed by a resident of San Antonio de Desamparados who reported a shanty built in the Río Tiribí riparian protection zone adjacent to her property, occupied by a homeless elderly person and allegedly frequented by individuals consuming illicit substances. The Chamber found that the land is not municipal property but falls within the riparian protection zone under Article 33 of the Forestry Law, administered by MINAE and SINAC. Nevertheless, it partially granted the amparo because the Municipality of Desamparados failed to provide a substantive formal response within a reasonable time and did not coordinate with the competent authorities, violating Article 41 of the Constitution. The Chamber ordered the Mayor to notify the complainant of a substantive response within one month and to implement comprehensive remedial measures within three months. The amparo was denied against the Ministry of Public Security for lack of evidence of formal complaints filed with that institution.La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto por una vecina de San Antonio de Desamparados que denunció la existencia de un rancho construido en la zona de protección del río Tiribí, contigua a su propiedad, habitado por un adulto mayor en condición de calle y frecuentado presuntamente por consumidores de sustancias ilícitas. La Sala determinó que el terreno no es propiedad municipal sino que corresponde a la zona de protección fluvial del artículo 33 de la Ley Forestal, cuya administración compete al MINAE y al SINAC. No obstante, declaró parcialmente con lugar el amparo porque la Municipalidad de Desamparados omitió dar una respuesta formal por el fondo en un plazo razonable y no coordinó con las entidades competentes, violando el artículo 41 constitucional. Ordenó a la Alcaldía notificar una respuesta sustantiva en un mes y ejecutar medidas integrales en tres meses. Declaró sin lugar el recurso contra el Ministerio de Seguridad Pública por falta de prueba de gestiones formales ante esa institución.
Key excerptExtracto clave
First, it has been established that, as of the date this amparo was filed (May 4, 2026), an excessive period of at least more than one year had elapsed since the appellant formally filed her first complaint before the respondent municipality regarding the security problem on the adjacent lot, and by then no response addressing the substance of the matter had been issued or notified. It is noteworthy that, although Official Letter No. AT-IM-1164-2025 dated October 15, 2025 was issued in response to the complaints filed—which, moreover, there is no evidence was sent to the correct email address provided by the appellant—that document merely referred to an inspection carried out at the site and to the transfer of the matter to the Public Safety Area and Municipal Police for follow-up. However, a formal response substantively addressing the reported situation through the competent authorities is conspicuously absent. In particular, there is no evidence that the actions recorded by the Municipal Public Safety Area in Official Letter AM-SC-306-2026 were notified to the protected party. Accordingly, the provisions of Article 41 of the Political Constitution are found to have been violated. Moreover, it must be noted that even when it is argued that the reported property is not municipal property and that its administration would ultimately fall to MINAE and SINAC, the fact remains that no coordination efforts with those entities were observed to ensure their timely attention and intervention. Those precedents are fully applicable to the case under study. Therefore, having established that a violation of the security and integrity of the appellant and her family—and indeed all community residents—has occurred, the appropriate course of action is to grant this aspect of the amparo so that the Municipality of Desamparados shall resolve the complaint and adopt and execute the measures it deems appropriate to comprehensively and effectively address the reported security situation.Primero, en el tanto se ha demostrado que, para la fecha de formulado este amparo (4 de mayo de 2026), había trascurrido un plazo excesivo de, al menos, más de un año desde que la recurrente formuló por primera vez y formalmente una denuncia ante la municipalidad recurrida (respecto a la problemática de inseguridad en el lote contiguo) y, para entonces, no se había emitido ni notificado una respuesta que atendiera, por el fondo, la situación. Nótese que, si bien se emitió el oficio No. AT-IM-1164-2025 de fecha 15 de octubre de 2025 en atención a las denuncias formuladas (el cual, a su vez, no consta que se haya enviado a la dirección correcta aportada por la parte recurrente), lo cierto es que, en este documento únicamente se hizo referencia a una inspección realizada en el sitio y al traslado hecho de la gestión al Área de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal para su atención. Sin embargo, una respuesta formal, donde se atendiera por el fondo y por las instancias competentes la situación reclamada (meollo del asunto), se echa de menos. En ese particular, no consta que, por ejemplo, las acciones consignadas por el Área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Desamparados en el oficio AM-SC-306-2026 (tocantes a las denuncias en cuestión), le hayan sido notificadas a la amparada. De este modo, se tiene por quebrantado lo dispuesto en el ordinal 41 de la Constitución Política. Aunado a esto cabe destacar que aun cuando se aduzca que el inmueble denunciado no es propiedad de la corporación municipal y que su administración eventualmente correspondería al MINAE y al SINAC, lo cierto es que tampoco se observa que se hayan efectuado labores de coordinación con dichas entidades para su también atención y abordaje oportuno. Dichos precedentes resultan plenamente aplicables al caso bajo estudio. Por ende, al haberse acreditado, en la especie, una violación principalmente a la seguridad e integridad de la recurrente y de su familia (incluso de todos los vecinos de la comunidad), lo que procede es acoger este extremo del recurso, en aras –como se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia–, que la Municipalidad de Desamparados resuelva la denuncia y adopte y ejecute las medidas que considere pertinentes para atender de manera integral y efectiva la situación de inseguridad denunciada.
Pull quotesCitas destacadas
"Las zonas de protección de ríos y quebradas están definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal, que establece una franja de protección de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. Esas franjas constituyen una afectación legal que no implica la transferencia del terreno al dominio público municipal. Su administración, eventualmente correspondería al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)."
"The protection zones of rivers and streams are defined by Article 33 of the Forestry Law, which establishes a protection strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides of riverbanks, streams, or brooks if the terrain is flat, and fifty horizontal meters if the terrain is rugged. These strips constitute a legal encumbrance that does not imply transfer of the land to the municipal public domain. Their administration would ultimately fall to the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC)."
Informe de la Alcaldesa de Desamparados
"Las zonas de protección de ríos y quebradas están definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal, que establece una franja de protección de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. Esas franjas constituyen una afectación legal que no implica la transferencia del terreno al dominio público municipal. Su administración, eventualmente correspondería al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)."
Informe de la Alcaldesa de Desamparados
"El inmueble ubicado contiguo a la propiedad de la recurrente no es propiedad de la Municipalidad de Desamparados. El terreno denunciado corresponde al identificador predial No. 10305H00002200, el cual no tiene asociado un número de finca sino un número de consecutivo precedido de la letra "H", lo que indica en la codificación del Registro Nacional que se trata de un cuerpo hidrográfico, en este caso la zona de protección del río Tiribí."
"The property adjacent to the appellant's land is not owned by the Municipality of Desamparados. The reported land corresponds to cadastral identifier No. 10305H00002200, which has no associated property number but rather a consecutive number preceded by the letter 'H,' which in the National Registry coding indicates that it is a hydrographic body—in this case, the protection zone of the Tiribí River."
Considerando II — Hechos Probados, hecho No. 3
"El inmueble ubicado contiguo a la propiedad de la recurrente no es propiedad de la Municipalidad de Desamparados. El terreno denunciado corresponde al identificador predial No. 10305H00002200, el cual no tiene asociado un número de finca sino un número de consecutivo precedido de la letra "H", lo que indica en la codificación del Registro Nacional que se trata de un cuerpo hidrográfico, en este caso la zona de protección del río Tiribí."
Considerando II — Hechos Probados, hecho No. 3
"Se le ordena a María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, o a quien ocupe dicho cargo, coordinar con todas las instancias competentes y ejecutar todas las acciones pertinentes, para que, dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le notique a la recurrente una respuesta a la denuncia planteada y para que, a su vez, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se adopten y ejecuten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva la situación denunciada."
"The Mayor of Desamparados, or whoever holds that office, is ordered to coordinate with all competent entities and execute all pertinent actions so that, within a maximum period of ONE MONTH from notification of this ruling, the complainant is notified of a substantive response to her complaint, and so that, within a maximum period of THREE MONTHS from notification of this ruling, the necessary measures are adopted and executed to address the reported situation in a comprehensive and effective manner."
Por tanto
"Se le ordena a María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, o a quien ocupe dicho cargo, coordinar con todas las instancias competentes y ejecutar todas las acciones pertinentes, para que, dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le notique a la recurrente una respuesta a la denuncia planteada y para que, a su vez, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se adopten y ejecuten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva la situación denunciada."
Por tanto
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twelfth of June of two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed by Nombre01, national identity document (cédula de identidad) CED01, against THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS and THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY.
BACKGROUND:
Drafted by Justice Araya García; and,
CONSIDERING:
The appellant alleges that, despite efforts made over several years, the Municipalidad de Desamparados has taken no action with respect to the property located adjacent to her home, in which activities are being carried out that threaten her safety and peace of mind, as well as those of her family. She asserts that a kind of "bunker" is being created at the reported site, where antisocial individuals come and go primarily to consume what appear to be illicit substances.
She likewise claims that the situation has not been addressed by the Fuerza Pública.
The following facts are deemed established as relevant to resolving the present writ of amparo (recurso de amparo):
"In the first instance, Legal Advisory was asked to expand the information provided, specifically with respect to the identification of the property or a more precise location of the site referenced by the appellant, in order to correctly identify the location and carry out the corresponding procedures. Likewise, Official Communication AT-IM-1163-2025, signed by Architect Pablo Masis Aguilar of the Municipal Inspection Department, was received, which refers to proceedings No. 05591-2025 and No. 05592-2025. However, upon reviewing the submitted documentation, it was determined that the situation described was already known to this Department prior to receipt of the aforementioned official communication. This was due to interventions carried out by the Municipal Police in the district of San Antonio, through the application of the Nombre02 model and complaints received by the Monitoring Center, in which the existence of a shack-type structure in the indicated area was identified.
As a result of inspections and patrols conducted, it was determined that the structure is inhabited by an elderly person. Likewise, during interventions carried out by Municipal Police officers, no evidence of consumption or sale of illicit substances at the site has been observed. Should the consumption of substances by some persons at the location eventually occur, this would be attributable to third parties other than the occupant of the structure entering the site—a situation that has not allowed a conclusion that there are permanent activities of drug consumption or trafficking in the area. However, on some occasions the occupant has displayed apparent signs of being under the influence of alcohol. Additionally, this Department has coordinated joint actions with Engineer Roberto Fallas Redondo of the Waste Management Department, with the goal of addressing the existing situation at the location.
Among the planned actions is support through municipal machinery and personnel for cleaning work and the eventual demolition of the structures present in the area. However, the scheduling of such work is pending, as the Waste Management Department is currently conducting the non-traditional waste collection campaign, and the required machinery is being used in that activity. Consequently, arrangements are being made to coordinate a near-term date for the corresponding intervention. Finally, it is important to note that, given that an elderly person occupies the site and has built a shack-type structure, the comprehensive handling of this situation is not solely the responsibility of the Citizen Security Department and the Waste Management Department. Therefore, it was considered necessary to coordinate the participation and support of the Social Services Department, in order to assess the vulnerability of the person involved and determine the appropriate social assistance measures.
In that regard, through a telephone conversation with Attorney Sofía Trigueros Adames of the Social Services Department, it was indicated that said department could not intervene directly while the person appeared to be under the influence of alcohol. It was also reported that coordination with a competent institution for handling the case would be considered; however, as of the date of issuance of this report, this Department has not received any further communication regarding the steps taken or the actions adopted in this regard. As supporting documentation, a copy of the communications made in the coordination group used to handle this type of situation is attached, in which reference is made to the site that is the subject of this matter. Photographs taken during inspections of the site are also provided, along with documentation evidencing the follow-up given by this Department to the reported situation" (see report and evidence).
As relevant to resolving the present writ of amparo, the following is deemed unproven: Single.- That the appellant was provided a substantive response to the complaints filed (the case file).
Prior to analyzing the merits of the matter—regarding the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings—it should be clarified that, since Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Court has referred—with certain exceptions—to the administrative contentious jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) those matters in which the question is whether the public administration has complied with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, for the purpose of resolving an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—by means of a final act, or for the purpose of hearing applicable administrative appeals. In this case, precisely, an exceptional situation arises—supported by the majority of this Constitutional Court—as the complaints relate directly to the safety and integrity of the appellant and her family, which have allegedly not been resolved within a reasonable period of time. Having clarified this point, the specific situation raised in this writ of amparo is now addressed.
As the central issue of this writ of amparo, the appellant states that adjacent to her property there is a municipal lot that has been unlawfully occupied by antisocial individuals, within the public right-of-way and in the protection zone of the Tiribí River. She states that a kind of "bunker" operates there, where antisocial individuals come and go primarily to consume what appear to be illicit substances. She argues that, as a result, both she and her family suffer from insecurity and anxiety. She further asserts that they face an imminent, manifest, and evident risk. She alleges that, despite numerous complaints filed with the Municipalidad de Desamparados, the municipality has neither addressed the problem nor provided her with a response.
In a subsequent submission, and in connection with the report filed by the respondent party, the protected party (tutelada) argues that she has never been provided a formal response to her complaints, and noted that the email address registered with the municipality as the means for receiving notifications is ...02 (and not ...01).
In light of all the foregoing, she requests that this writ of amparo be granted and that the authorities of the respondent municipality be ordered to intervene, fence the site, and even relocate the person remaining there.
However, having analyzed the grievances set forth by the appellant, the report submitted by the Mayor (Alcaldesa) of Desamparados, and all the evidence submitted in the case file, this Constitutional Court finds there is sufficient merit to grant this aspect of the appeal. This is so for the reasons set forth below.
First, in that it has been demonstrated that, by the date this writ of amparo was filed (May 4, 2026), an excessive period of at least more than one year had elapsed since the appellant first formally filed a complaint with the respondent municipality (regarding the security problem at the adjacent lot), and by that time no substantive response addressing the matter had been issued or notified. It should be noted that, although Official Communication No. AT-IM-1164-2025 of October 15, 2025, was issued in response to the complaints filed (which, moreover, is not confirmed to have been sent to the correct address provided by the appellant), the fact is that this document merely referred to an inspection carried out at the site and the referral of the matter to the Citizen Security Department and the Municipal Police for their attention. However, a formal response substantively addressing the claimed situation through the competent authorities—the crux of the matter—is conspicuously absent. In that regard, there is no indication that, for example, the actions recorded by the Citizen Security Department of the Municipalidad de Desamparados in Official Communication AM-SC-306-2026 (relating to the complaints in question) were ever notified to the protected party (amparada). Thus, a violation of the provisions of Article 41 of the Constitución Política is established.
Second, given that the study of the case file has confirmed that the situation reported by the appellant has not been addressed in a timely and decisive manner by the respondent authorities, despite their awareness of it for several months. First, it is important to note that, while it was reported that the actual activity of consuming or selling illicit substances was not observed during certain inspections, there is also what was recorded by the Citizen Security Department in Official Communication No. AM-SC-306-2026 issued on June 3, 2026 (in connection with the present writ of amparo), to the effect that "should the consumption of substances by some persons at the location eventually occur, this would be attributable to third parties other than the occupant of the structure entering the site." In this Court's view, this statement does not therefore rule out the existence of persons entering the reported site to consume illicit substances. Furthermore, the evidence submitted confirms that the site is inhabited, in a kind of "shack," by a third party (an elderly homeless person) who suffers from alcohol-related problems and who, according to the information provided, must be relocated.
Taken together with the foregoing, it must not be overlooked that the respondents have failed to finalize and execute (as likewise indicated in Official Communication No. AM-SC-306-2026) the appropriate actions with the Waste Management Department (for the performance of cleaning work and the eventual demolition of the structures present in the area) or with the Social Services Department (in order to assess the vulnerability of the person involved and determine the appropriate social assistance measures). All of this despite the fact that, it is reiterated, the situation has been known since at least April 2025 following the first inspection carried out at the site, and that since October 15, 2025 (via Official Communication No. AT-IM-1163-2025), it was specifically brought to the attention of the Citizen Security and Institutional Department and the Chief of Plans and Operations of the Municipal Police.
Added to this, it should be noted that even if it is argued that the reported property does not belong to the municipal corporation and that its administration would potentially fall under MINAE and SINAC, the fact remains that no coordination efforts with those entities have been observed either, to ensure timely attention and management.
On several occasions this Court has had the opportunity to hear cases similar to the one now before it. Thus, in Judgment No. 2024-3299 of 9:21 a.m. on February 9, 2024, the following was decided:
"(…) II.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that there is a park located in the Los González residential development (urbanización) that has been in a state of complete abandonment by the municipal authorities since September 2022, at which time a section of the perimeter fence (malla perimetral) was removed, causing that space to be used for the consumption of alcohol and drugs, as a latrine, and as a pet cemetery, among other things. He asserts that, given the insecurity and contamination that this situation has caused, he filed complaints on June 5 and 6, October 16, and November 29—all in 2023—with the Municipalidad de Vásquez de Coronado; however, to date he has received no response and the described problem has not been resolved. (…)
In the case at hand, the appellant states that there is a park located in the Los González residential development that has been in a state of complete abandonment by the municipal authorities since September 2022, at which time a section of the perimeter fence was removed, causing that space to be used for the consumption of alcohol and drugs, as a latrine, and as a pet cemetery, among other things. He asserts that, given the insecurity and contamination that this situation has caused, he filed complaints on June 5 and 6, October 16, and November 29—all in 2023—with the Municipalidad de Vásquez de Coronado; however, to date he has received no response and the described problem has not been resolved.
The Court finds that, by written submission (memorial) dated June 5, 2023, addressed to the mayor of Vásquez de Coronado, the petitioner (recurrente) stated that, as of November 1, 2022, the park in the Los González residential development (urbanización) has been closed and lacks adequate maintenance, a situation that also affects a small park located adjacent to it. Regarding the latter park, the petitioner noted: "for repairs carried out by municipal personnel on 9/12/22, a section of the perimeter fence (malla perimetral) was removed, which as of today has not been restored; furthermore, the roadway in the small roundabout was destroyed by the municipal works. Despite the emails sent to Mr. Nombre04 requesting the restoration of said fence, to this day the basketball court (cancha) park remains open day and night, with persons from outside the community entering at any hour (…) I am concerned about the municipal neglect to which municipal park B and the basketball court park are being subjected, and I therefore request (…) A maintenance plan, periodic cleaning, and genuine restoration of municipal park B and the basketball court park.
Definitive removal, by whoever is responsible, of the perimeter fence dividing municipal park B into two or more sections. Repair of the basketball court area, including the hoops and their surroundings. Restoration and repair of the perimeter fence at the basketball court park, returning it to its original condition. Repair of the paved area of the basketball court roundabout, which was destroyed during the sinkhole repair works last November. Request from whoever is responsible for nighttime lighting in those municipal areas (basketball court and municipal park B). Establishment of patrol rounds by the Municipal Police." By written submission dated June 6, 2023, addressed to the mayor of Vásquez de Coronado, the claimant (accionante) stated: "I am very grateful for your prompt response in cleaning the municipal grounds known as the basketball court and municipal park B in the Los González residential development today.
Along with this expression of gratitude, I believe it is important to request that those areas receive a herbicide treatment to prevent weeds from growing back to a considerable height within a very short time, as they were until yesterday, which was encouraging people from outside the residential development to come and do as they pleased. As I explained in yesterday's note, it is important for the municipality to carry out repairs to the basketball court to promote sports; to replace the perimeter fence and the paved area of the roundabout destroyed during the municipal repair works at that location (…)." By written submission bearing the received stamp of the Secretariat of the Municipal Council of Vásquez de Coronado dated October 13, 2023, the claimant stated: "(…) The removal of this fence and its non-replacement by municipal personnel of the Municipalidad de Coronado, once the works in the municipal area were completed, has led to the following consequences: the lack of maintenance of the green areas by the municipality itself, resulting in the formation of brush and undergrowth (charral o montazal) in that municipal sports space.
In the absence of that section of the protective fence, people can enter at any hour of the day or night without restriction; furthermore, it was the location chosen by a neighbor to bury a pet; vehicles can be seen parked there at night with couples doing as they please; groups of people consuming beverages and/or smoking whatever they wish; people relieving themselves; and, what is worse, with this abandonment by the municipality, the problem has arisen of people from outside the community coming to dump their garbage in that space belonging to the residents, thereby creating a future 'open-air dump,' etc. (…) All of this is happening because that area lacks nighttime lighting due to the absence of municipal maintenance or maintenance by any other institution. Likewise (…) this constitutes a formal request to whoever is responsible within the municipal apparatus for the replacement of those 8 meters of perimeter fence and the restoration of nighttime lighting in the premises as soon as possible." On November 2, 2023, the Municipalidad de Coronado sent official communication AL-200-1744-2023 to the protected party (tutelado), attaching official communication LE-290-D34-034-2023 concerning the legal explanation of the process for recovering the municipal property being processed under case file 22-0000787-1027-CA.
On January 19, 2024, an official of the respondent local government stated: "(…) on December 20, grass cutting was carried out in the area of Parque Los González (…) in the coming days the corresponding maintenance will once again be provided." Likewise, by written submission SA-253-0050-2024 of January 19, 2024, the Department of Environmental Sanitation and Inspections of the Municipalidad de Coronado stated: "(…) in response to official communication AL-200-1716-2023 and agreement 2023-175-03, with reference to the municipal property at Dirección03, this office informs you that this property was subject to intervention by the Road Management Unit to repair a headwall (cabezal) and a portion of the pipeline that had slid into the protection zone (zona de protección) of the Quebrada, thereby creating a hole in that municipal area where a court is located, posing a hazard to users. The Road Management Technical Unit immediately proceeded to replace the pipeline and construct the headwall.
In carrying out this repair, the crew used the fence removed from the front of the property to place it on the embankment slope (talud) of the headwall, so as to prevent users of the court from suffering an accident or fall in the protection zone (…) The 2023 budget did not include funds for the purchase and construction of a fence, and the office is awaiting confirmation that the 2024 ordinary budget will include funds to carry out the replacement of the fence placed in the rear area of the Municipal Park" (emphasis added).
In light of the foregoing, this Tribunal finds a violation of the fundamental rights of the protected party due to the lack of diligent and timely action by the Municipalidad de Vásquez de Coronado in addressing the complaints filed since June 5, 2023, concerning the problems affecting the park in the Los González residential development as a result of the missing section of the perimeter fence. In this regard, while the respondent mayor maintains that on November 2, 2023, an email was sent to the protected party (amparado) in response to his complaints, it is equally true that said communication only referenced the legal status of the aforementioned park; however, no mention whatsoever was made of the underlying problem reported by the petitioner, namely, the matter of the fence in question at the parks of the Los González residential development. Additionally, although it is on record that cleaning works were carried out on the aforementioned grounds in June and December of 2023, it is equally true that there is no evidence that the matter reported herein has been resolved.
This is demonstrated by the fact that, in written submission SA-253-0050-2024 of January 19, 2024, the Department of Environmental Sanitation and Inspections of the Municipalidad de Coronado acknowledged that the Road Management Technical Unit used the perimeter fence removed from the park to place it on the embankment slope of the headwall constructed following a landslide that occurred in 2023, and noted that said fence has not been repaired; this, despite the fact that the first complaint filed by the protected party regarding this problem dates back to June 5, 2023, more than six months ago.
In light of the foregoing considerations, the petition is granted, so that the respondent authority, within a period of two months counted from the notification of this judgment: i) properly addresses, as required by law, the complaints filed by the petitioner on June 5 and 6, as well as October 13, all of 2023, and notifies the relevant response through the means designated for such purposes; and ii) resolves the problem reported by the claimant concerning the missing perimeter fence at the parks in the Los González residential development that are the subject of this petition, which, according to the evidence submitted by the mayor of Vásquez de Coronado himself, has still not been repaired (…)" (Emphasis not in the original.)
More recently, in Judgment No. 2025-17969 issued at 09:20 hrs. on July 13, 2025, this constitutional body held the following:
"(…) IV.- ON THE FUNCTIONS OF MUNICIPALITIES PURSUANT TO ARTICLE 169 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. This Court, in its jurisprudence, has recognized the obligation of municipalities to carry out effective and timely actions in response to the needs of the territorial jurisdiction assigned to each municipal corporation, which is intimately linked to the element of population. Such obligations arise from the provisions of Articles 169 and 170 of the Political Constitution and encompass a broad range of activities. Thus, in judgments No. 2011-12886 issued at 12:44 hours on September 23, 2011, and No. 2015010541 issued at 09:20 hours on July 17, 2015, among others, this Court stated:
"(…) as established by Article 169 of the Political Constitution and the Código Municipal, municipalities are responsible for the administration of local services and interests, with the purpose of promoting the comprehensive development of cantons in harmony with national development. Accordingly, the municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the applicable law, aimed at achieving the efficient and harmonious development of urban centers and guaranteeing—at a minimum—efficient electrification and communications services; sound systems for the supply of drinking water and the disposal of wastewater; adequate aqueduct and sewerage systems; city lighting and beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public thoroughfares; and, in general, concrete and practical plans to make the lives of the population comfortable and safe." Furthermore, with regard to the provision of services, this Court has held—see, e.g., judgment No. 2016-000427 issued at 09:30 hours on January 15, 2016—that the proper functioning of such services constitutes a fundamental right.
This stems from the content of Articles 139, 140, and 191 of the Political Constitution. This translates into the obligation of the various Public Administrations to provide services in a continuous, regular, timely, effective, and efficient manner. Likewise, the organic part of the Fundamental Charter establishes a series of principles governing the organization and functioning of the Administration, which have been developed by sub-constitutional rules, such as the Ley General de la Administración Pública, which in its Articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, imposes on state bodies the duty to guide and nurture administrative organization and function. Thus, the principle of efficacy presupposes that the administrative organization is designed to achieve the objectives and purposes assigned by the legal order itself, which requires the existence of planning and accountability.
The principle of efficiency, for its part, implies obtaining the best results through the rational use of the resources available to the various administrative units. In addition, the Administration is subject to the principle of simplicity, which is to be understood as the obligation to ensure that administrative structures and their competencies are easy to understand, free from complex procedures that would delay the satisfaction of the public interest. The principle of celerity imposes on public administrations the obligation to fulfill their objectives and purposes in the most expeditious, swift, and accurate manner possible, so as to avoid undue and unjustified delays. Together, these principles impose a series of permanent requirements, responsibilities, and duties on all public entities.
Based on a comprehensive review of the case file and in reliance on the sworn report submitted by the Municipalidad de San José, this Court concludes that the present amparo petition (recurso de amparo) must be granted.
While the record shows that the respondent local government has carried out various administrative actions, police operations, and periodic maintenance works at Dirección05, in Pavas—including debris collection, brush clearing (chapea) of green areas, technical inspections, and the drafting of an urban improvement project—the fact remains that such measures have not produced an effective or definitive result that resolves the problem reported by Mr. Nombre01 since 2021. The lack of structural attention to the phenomenon of homelessness (indigencia) and to the high-risk activities taking place in said public space—such as the presence of persons living on the street, drug dealing and consumption, unsanitary conditions, and direct impact on the petitioner's home—evidences a material omission in the constitutional duty to guarantee the right to a healthy environment, public safety, and the protection of health.
Although the Contraloría de Servicios and other municipal offices have provided interdepartmental follow-up on the situation, acknowledging that it is a structural social problem that cannot be resolved by a single intervention, it is equally true that no comprehensive, coordinated, and effective strategy has emerged that has translated into a material resolution of the reported conditions.
Indeed, despite the multiple reports, photographs, videos, and urgent requests submitted by the petitioner between June and July of 2024, and the fact that the municipality had been aware of the case since 2021, the situation persists at the time of filing of the present petition, without the most sensitive aspect of the complaint having been adequately addressed: community insecurity and the sustained occupation of public space by persons living on the street, with the consequent deterioration of the quality of life of local residents. Such inaction—even if framed within isolated efforts—translates into a real and ongoing violation of the petitioner's fundamental rights, particularly with respect to his right to a healthy environment, personal tranquility, and the integrity of his home.
In light of the foregoing, this Constitutional Court finds it appropriate to grant the petition filed (…)" (Emphasis not in the original.)
These precedents are fully applicable to the case under review. Therefore, having established, in the present matter, a violation affecting primarily the safety and integrity of the petitioner and her family (including all members of the community), the appropriate course of action is to grant this aspect of the petition, so that—as will be set forth in the operative section (parte dispositiva) of this judgment—the Municipalidad de Desamparados resolves the complaint and adopts and implements the measures it deems appropriate to comprehensively and effectively address the reported security situation.
On another matter, the petitioner also alleges that authorities of the Fuerza Pública of the Ministerio de Seguridad Pública have failed to address the reported problem concerning the property adjacent to her home.
However, this Court does not find sufficient grounds to examine this particular grievance on the merits. This is because the petitioner submitted no evidence whatsoever to the record of formal complaints lodged before these authorities, and this jurisdiction has consistently held that it does not function as a complaint-processing body. Indeed, it should be noted that the petitioner herself, in the initiating brief (libelo de interposición) of this amparo proceeding, expressly acknowledged that she had no evidence on this particular point.
Accordingly, it is not possible to attribute to these specific authorities any arbitrary act or omission to the detriment of the fundamental rights of the petitioner and her family.
I have supported the position of this Court that, when a party seeking justice (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the competent bodies to hear the legal dispute are the Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Court. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is amenable to judicial protection by means of the amparo petition established under Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, pursuant to Article 7 of its own Law, it is exclusively the Court's prerogative to define its own jurisdiction.
Therefore, except for those constitutional legal disputes that have been recognized by this very Court as exceptional cases that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in all other cases, and for the reasons set forth by this Court (judgment No. 2008-02545 issued at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the judges of the administrative courts (jurisdicción de lo contencioso-administrativo), all of which is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the applicable statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
The parties are hereby notified that if they have submitted any documents in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the court within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by Corte Plena at session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The petition is partially granted, solely as against the Municipalidad de Desamparados. María Antonieta Naranjo Brenes, in her capacity as Mayor (Alcaldesa) of Desamparados, or whoever holds said office, is hereby ordered to coordinate with all competent bodies and to execute all pertinent actions so that, within a maximum period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment, the petitioner is notified of a response to the complaint filed; and so that, within a maximum period of THREE MONTHS counted from the notification of this judgment, the necessary measures are adopted and implemented to comprehensively and effectively address the reported situation. The respondent authority is hereby warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order from this Court that they are required to comply with or cause to be complied with and who fails to observe it, provided the offense is not subject to a more severe penalty.
The Municipalidad de Desamparados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be assessed in the enforcement proceedings before the administrative courts (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). The amparo petition is denied with respect to the Ministerio de Seguridad Pública. Justice Castillo appends a note. Notify the parties.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Phone numbers: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección04, Dirección05, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de junio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADO y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
La recurrente aduce que, pese a las gestiones efectuadas desde hace varios años, la Municipalidad de Desamparados no ha realizado intervención alguna en el inmueble que se ubica contiguo a su casa de habitación, en el cual, a su vez, se realizan actividades que atentan contra su seguridad y tranquilidad, así como la de su familia. Afirma que en el sitio denunciado se está creando una especie de "búnker", en el que entran y salen los antisociales para consumir sustancias en apariencia ilícitas.
Asimismo, reclama que la situación tampoco ha sido atendida por la Fuerza Pública.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
“En primera instancia, se solicitó a esa Asesoría Jurídica ampliar la información remitida, específicamente en cuanto a la identificación de la finca o una ubicación más precisa del sitio al que hace referencia la recurrente, con el fin de ubicar correctamente el lugar y realizar las gestiones correspondientes. Asimismo, se recibió el oficio AT-IM-1163- 2025, suscrito por el Arquitecto Pablo Masis Aguilar, del Área de Inspección Municipal, el cual hace referencia a los trámites N.° 05591-2025 y N.° 05592-2025. No obstante, al revisar la documentación remitida, se determinó que la situación señalada ya era de conocimiento de esta Área con anterioridad a la recepción del citado oficio. Lo anterior debido a las intervenciones efectuadas por la Policía Municipal en el distrito de San Antonio, mediante la aplicación del modelo Nombre02 y a denuncias ingresadas al Centro de Monitoreo, donde se identificó la existencia de una estructura tipo rancho en la zona indicada.
Como resultado de las inspecciones y recorridos realizados, se logró determinar que dicha estructura es habitada por una persona adulta mayor. Asimismo, durante las intervenciones efectuadas por los oficiales de la Policía Municipal no se ha observado evidencia relacionada con el consumo o la venta de sustancias ilícitas en el sitio. En caso de que eventualmente se presente consumo de sustancias por parte de algunas personas en el lugar, ello obedecería al ingreso de terceros ajenos al ocupante de la estructura, situación que no ha permitido establecer la existencia de actividades permanentes de consumo o comercialización de drogas en el sector. No obstante, en algunas ocasiones el ocupante ha presentado aparentes signos de encontrarse bajo la influencia del alcohol. Adicionalmente, esta Área ha coordinado acciones conjuntas con el Ingeniero Roberto Fallas Redondo, del Área de Gestión de Residuos, con el objetivo de atender la situación existente en el lugar.
Dentro de las acciones previstas se contempla el apoyo mediante maquinaria y personal municipal para la realización de labores de limpieza y la eventual demolición de las estructuras presentes en la zona. No obstante, la programación de dichas labores se encuentra pendiente de definición, debido a que actualmente el Área de Gestión de Residuos se encuentra desarrollando la campaña de recolección de residuos no tradicionales, por lo que la maquinaria requerida está siendo utilizada en dicha actividad. En consecuencia, se está a la espera de coordinar una fecha próxima para la intervención correspondiente. Finalmente, es importante señalar que, al tratarse de una persona adulta mayor que ocupa el sitio y ha construido una estructura tipo rancho, la atención integral de esta situación no corresponde únicamente al Área de Seguridad Ciudadana y al Área de Gestión de Residuos. Por lo tanto, se consideró necesario gestionar la participación y el acompañamiento del Área de Servicios Sociales, con el fin de valorar la condición de vulnerabilidad de la persona involucrada y determinar las acciones de atención social que resulten procedentes.
Al respecto, mediante comunicación telefónica sostenida con la Licenciada Sofía Trigueros Adames, del Área de Servicios Sociales, se indicó que dicha dependencia no podía intervenir directamente mientras la persona se encontrara aparentemente bajo la influencia del alcohol. Asimismo, se informó que se valoraría la coordinación con alguna institución competente para la atención del caso; sin embargo, a la fecha de emisión del presente informe, esta Área no ha recibido comunicación adicional sobre las gestiones realizadas o las acciones adoptadas al respecto. Como respaldo de lo indicado, se adjunta copia de las comunicaciones realizadas en el grupo de coordinación utilizado para la atención de este tipo de situaciones, en las cuales se hace referencia al sitio objeto de la presente gestión. Asimismo, se aportan fotografías tomadas durante las inspecciones efectuadas en el lugar, así como documentación que evidencia el seguimiento brindado por esta Área a la situación expuesta” (ver informe y prueba).
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tiene por indemostrado el siguiente: Único.- Que a la recurrente se le haya brindado una respuesta por el fondo respecto a las denuncias formuladas (los autos).
De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante denuncias relacionadas directamente con la seguridad e integridad de la recurrente y la de su familia, las cuales presuntamente no han sido resueltas dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
Como punto medular de este amparo, la recurrente señala que contiguo a su propiedad existe un lote municipal invadido por antisociales, dentro de la vía pública y en la zona protegida del río Tiribí. Menciona que en ese lugar opera una especie de “bunker”, en el que entran y salen los antisociales para principalmente consumir sustancias en apariencia ilícitas. Aduce que, en virtud de lo anterior, tanto ella como su familia sufren de inseguridad e intranquilidad. Además, asevera que se encuentran bajo un riesgo inminente, manifiesto y evidente. Acusa que, pese a las múltiples gestiones realizadas ante la Municipalidad de Desamparados, esta última no ha atendido el problema ni le ha brindado una respuesta.
En escrito posterior y, con motivo del informe rendido por la parte recurrida, la tutelada aduce que nunca se le ha brindado una respuesta formal a sus denuncias y apuntó que el correo electrónico establecido en el municipio como medio para recibir notificaciones es ...02 (y no ...01).
En virtud de todo lo anterior, solicita que este amparo se acoja y se les ordene a las autoridades del municipio recurrido que intervengan, cercen que sitio e, incluso, que reubiquen a la persona que permanece en el mismo.
Ahora bien, analizados los agravios expuestos por la parte recurrente, el informe rendido por la Alcaldesa de Desamparados, así como todas las pruebas aportadas a los autos, este Tribunal Constitucional considera que existe mérito suficiente para acoger este extremo del recurso. Esto, por los motivos que se dirán a continuación.
Primero, en el tanto se ha demostrado que, para la fecha de formulado este amparo (4 de mayo de 2026), había trascurrido un plazo excesivo de, al menos, más de un año desde que la recurrente formuló por primera vez y formalmente una denuncia ante la municipalidad recurrida (respecto a la problemática de inseguridad en el lote contiguo) y, para entonces, no se había emitido ni notificado una respuesta que atendiera, por el fondo, la situación. Nótese que, si bien se emitió el oficio No. AT-IM-1164-2025 de fecha 15 de octubre de 2025 en atención a las denuncias formuladas (el cual, a su vez, no consta que se haya enviado a la dirección correcta aportada por la parte recurrente), lo cierto es que, en este documento únicamente se hizo referencia a una inspección realizada en el sitio y al traslado hecho de la gestión al Área de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal para su atención. Sin embargo, una respuesta formal, donde se atendiera por el fondo y por las instancias competentes la situación reclamada (meollo del asunto), se echa de menos.
En ese particular, no consta que, por ejemplo, las acciones consignadas por el Área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Desamparados en el oficio AM-SC-306-2026 (tocantes a las denuncias en cuestión), le hayan sido notificadas a la amparada. De este modo, se tiene por quebrantado lo dispuesto en el ordinal 41 de la Constitución Política.
Segundo, dado que del estudio de los autos se ha acreditado que la situación denunciada por la recurrente no ha sido abordada de forma oportuna y contundente por las autoridades recurridas, pese a tener conocimiento de la misma desde hace varios meses. En primer término, es importante señalar que, si bien se informó que, a partir de algunas inspecciones realizadas no se observó propiamente la actividad de consumo o venta de sustancias ilícitas, de otra parte se tiene lo consignado en el Área de Seguridad Ciudadana en el oficio No. AM-SC-306-2026 emitido el 3 de junio de 2026 (con motivo del presente amparo), en el sentido que “En caso de que eventualmente se presente consumo de sustancias por parte de algunas personas en el lugar, ello obedecería al ingreso de terceros ajenos al ocupante de la estructura”. Dicha frase, en criterio de esta Sala, no descarta entonces la existencia de personas que ingresen al sitio denunciado a consumir sustancias ilícitas. Además, de la prueba aportada consta que en el sitio habita, en una especie de “rancho”, un tercero (adulto mayor en condición de calle), que sufre de problemas de alcoholismo y que, según se informó, debe ser reubicado.
En consuno con lo anterior, no puede perderse de vista que los recurridos no han procurado concretar y ejecutar (según igualmente lo indicado en el oficio No. AM-SC-306-2026) las acciones que correspondan con el Área de Gestión de Residuos (para la realización de labores de limpieza y la eventual demolición de las estructuras presentes en la zona) ni con el Área de Servicios Sociales (con el fin de valorar la condición de vulnerabilidad de la persona involucrada y determinar las acciones de atención social que resulten procedentes). Todo esto pese a que, se reitera, al menos desde abril de 2025 se tiene conocimiento de la situación en cuestión luego de la primera inspección realizada en el sitio y que, desde el 15 de octubre de 2025 (mediante oficio No. AT-IM-1163-2025), esta se puso en conocimiento propiamente del Área de Seguridad Ciudadana e Institucional y de la Jefatura de Planes y Operaciones de la Policía Municipal.
Aunado a esto cabe destacar que aun cuando se aduzca que el inmueble denunciado no es propiedad de la corporación municipal y que su administración eventualmente correspondería al MINAE y al SINAC, lo cierto es que tampoco se observa que se hayan efectuado labores de coordinación con dichas entidades para su también atención y abordaje oportuno.
En varias oportunidades esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer casos similares al ahora expuesto. Así, en el Voto No. 2024-3299 de las 09:21 hrs. de 9 de febrero de 2024, se dispuso lo siguiente:
“(…) II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que hay un parque ubicado en la urbanización Los González que se encuentra en completo abandono por parte de las autoridades municipales desde setiembre del 2022, momento en el que se removió un tramo de la malla perimetral, lo que ha ocasionado que ese espacio sea empleado para el consumo de licor y drogas, como letrina y cementerio de mascotas, entre otros. Sostiene que, ante la inseguridad y contaminación que tal situación ha provocado, remitió gestiones en fechas 5 y 6 de junio, 16 de octubre y 29 de noviembre, todas de 2023, ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado; empero, a la fecha no ha obtenido respuesta ni se ha solucionado la problemática descrita. (…)
En el sub lite, el recurrente indica que hay un parque ubicado en la urbanización Los González que se encuentra en completo abandono por parte de las autoridades municipales desde setiembre del 2022, momento en el que se removió un tramo de la malla perimetral, lo que ha ocasionado que ese espacio sea empleado para el consumo de licor y drogas, como letrina y cementerio de mascotas, entre otros. Sostiene que, ante la inseguridad y contaminación que tal situación ha provocado, remitió gestiones en fechas 5 y 6 de junio, 16 de octubre y 29 de noviembre, todas de 2023, ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado; empero, a la fecha no ha obtenido respuesta ni se ha solucionado la problemática descrita.
La Sala acredita que, por memorial fechado 5 de junio de 2023 y dirigido al alcalde de Vásquez de Coronado, el recurrente señaló que, a partir del 1° de noviembre de 2022, el parque de la urbanización Los González está cerrado y no cuenta con mantenimiento adecuado, situación que también afecta a un parque pequeño ubicado al lado. Acerca del último parque, señaló “para los arreglos por parte de personal municipal el día 12/9/22 se eliminó una porción de la malla perimetral que la (sic) día de hoy no ha sido restituida, además, la calle en la pequeña rotonda quedó destruida por los trabajos municipales. Pese a los correos hechos llegar al Sr. Nombre04, solicitándole la restitución de dicha malla; a hoy, el parque de la cancha continúa abierto día y noche con el ingreso de personas ajenas a la comunidad a cualquier hora (…) me inquieta el abandono municipal a que está sometido el parque municipal B y el parque de la canchita de básquet, por lo que le solicito (…) Un plan de mantenimiento, limpieza periódica y recuperación real del parque municipal B, y el parque de la cancha de básquet.
Eliminación definitiva por parte de quién (sic) corresponda de la cerca perimetral que divide al parque municipal B, en dos o más partes. Arreglar el área de la (sic) canchas de básquet, incluidos los aros y su entorno. Restituir, arreglar y dejar como estaba originalmente la cerca perimetral en el parque de la cancha de básquet. Arreglar el área asfaltada de la rotonda de la cancha de básquet destruida por los arreglos del hundimiento en el mes de noviembre pasado. Solicitar a quién corresponda iluminación nocturna en esas áreas municipales (cancha de básquet y parque municipal B.) Establecer ronda de vigilancia por parte de la Policía Municipal”. Mediante escrito del 6 de junio de 2023 dirigido al alcalde de Vásquez de Coronado, el accionante indicó: “Muy agradecido por su pronta respuesta en la limpieza de los terrenos municipales denominados cancha de básquet y parque municipal B en la urbanización Los González el día de hoy.
Junto a este agradecimiento, creo importante solicitarle para esos espacios de terreno un baño de herbicida para evitar que en cuestión de muy pocos días la maleza vuelva a crecer a una altura considerable como estaba hasta el día de ayer, lo (sic) propiciaba que llegaran personas ajenas a la urbanización a hacer de las suyas. Como le expuse en la nota de ayer; es importante que la municipalidad efectúe los arreglos de la cancha de básquet para incentivar el deporte; la reposición de la malla perimetral y el área asfáltica de la rotonda destruida durante los arreglos municipales en ese lugar (…)”. Por memorial con sello de recibido de la Secretaría del Concejo Municipal de Vásquez de Coronado del 13 de octubre de 2023, el accionante señaló: “(…) La eliminación de esta malla y su no reposición; por parte de personeros de la municipalidad de Coronado, una vez terminados los trabajos en el área municipal, trae como consecuencia: la falta de mantenimiento de las áreas verdes por parte de la misma municipalidad, dando como consecuencia la formación de un charral o montazal en dicho espacio deportivo municipal.
Al estar ausente se tramo de la malla de protección, el ingreso de personas a cualquier hora del día o de la noche es a la libre; además fue el lugar escogido por un vecino para enterrar su mascota; ahí podemos observar automóviles estacionados durante la noche con parejas haciendo de las suyas; grupos de personas ingiriendo bebidas y/o fumándose cualquier cosa, personas haciendo necesidades fisiológicas, y lo que es peor con ese abandono por parte de la municipalidad, se está dando el problema que personas ajenas a la comunidad estén llegando a dejar su basura a ese espacio de los vecinos, creando un futuro "basurero a cielo abierto" etc (…) Toda esta situación ocurre, porque esa área carece de iluminación nocturna por falta de mantenimiento municipal o de cualquier otra institución, de igual manera (…) esta es una solicitud formal a quién corresponda en el aparato municipal de reposición de esos 8 metros de malla perimetral y el restablecimiento de la iluminación nocturna en el predio en el menor tiempo posible”.
El 2 de noviembre de 2023, la Municipalidad de Coronado remitió el memorial AL-200-1744-2023 al tutelado, mediante el cual se adjuntó el oficio LE-290-D34-034-2023 concerniente a la explicación jurídica sobre el proceso de recuperación del inmueble municipal tramitado en el expediente 22-0000787-1027-CA. El 19 de enero de 2024, una funcionaria del gobierno local recurrido indicó: “(…) el día 20 de diciembre se procedió a realizar la corta del césped en el área de Parque Los González (…) estos días se procederá a darle nuevamente el mantenimiento correspondiente”. Asimismo, por memorial SA-253-0050-2024 del 19 de enero de 2024, el Departamento de Saneamiento Ambiental e Inspecciones de la Municipalidad de Coronado indicó: “(…) en atención al oficio AL-200-1716-2023 y al acuerdo 2023-175-03, con referencia a la propiedad municipal de Dirección03, se le informa que esta propiedad fue intervenida por la Unidad de Gestión Vial, para reparar un cabezal y parte de la tubería que sufrieron un deslizamiento hacia la zona de protección de la Quebrada y por lo tanto genero (sic) un hueco en dicha zona municipal donde hay una cancha, esto generaría peligrosidad hacia los usuarios.
La Unidad Técnica de Gestión Vial procedió de forma inmediata a reponer la tubería y construir el cabezal. En dicha reparación utilizaron la malla retirada del frente para ponerla en el talud del cabezal y así evitar que los usuarios de la cancha sufran un accidente o caída en la zona de protección (…) En el presupuesto del año 2023 no se contaba con los fondos para realizar la compra de la Construcción de Malla y se está a la espera que en el presupuesto ordinario del año 2024 existan fondos para realizar la reposición de la malla colocada en la zona de posterior del Parque Municipal” (el destacado fue incorporado).
En virtud de lo expuesto, este Tribunal constata la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada ante la falta de actuación diligente y célere de la Municipalidad de Vásquez de Coronado en atender las denuncias planteadas desde el 5 de junio de 2023 en relación con la problemática que experimenta el parque de la urbanización Los González ante la falta de un tramo de la malla perimetral. En ese sentido, si bien el alcalde accionado sostiene que el 2 de noviembre de 2023 se remitió un correo electrónico al amparado en atención a sus denuncias, no menos cierto es que en esa comunicación solo se hizo referencia a la situación jurídica del parque supramencionado; empero, no se hizo alusión alguna a la problemática de fondo acusada por el recurrente, a saber, lo atinente a la malla en cuestión en los parques de la urbanización Los González. Adicionalmente, aun cuando consta que en junio y diciembre de 2023 se efectuaron labores de limpieza en los terrenos aludidos, no menos cierto es que no se verifica que se haya solucionado lo aquí acusado.
Tan es así, que en el memorial SA-253-0050-2024 del 19 de enero de 2024, el Departamento de Saneamiento Ambiental e Inspecciones de la Municipalidad de Coronado reconoció que la Unidad Técnica de Gestión Vial utilizó la malla perimetral retirada del parque para emplearla en el talud del cabezal que se creó ante un deslizamiento ocurrido en el año 2023 y señaló que tal malla no ha sido reparada; ello, a pesar de que la primera denuncia formulada por el amparado respecto a esa problemática data del 5 de junio de 2023, a saber, hace más de seis meses.
En virtud de las consideraciones expuestas, se estima el recurso, a fin de que la autoridad recurrida, en el plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia: i) atienda como en derecho correspondan las denuncias planteadas por el recurrente en fechas 5 y 6 de junio, así como 13 de octubre, todas de 2023, y notifique lo correspondiente al medio señalado para tales efectos; y ii) solucione la problemática denunciada por el accionante en cuanto a la falta de mala perimetral de los parques de la urbanización Los González objeto de este recurso, la cual, según la prueba aportada por el propio alcalde de Vásquez de Coronado, todavía no ha sido reparada (…)” (El destacado no forma parte del original).
Más recientemente, en la Sentencia No. 2025-17969 de las 09:20 hrs. de 13 de julio de 2025, este órgano constitucional sostuvo lo siguiente:
“(…) IV.- SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en sentencias N° 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre de 2011 y N° 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de 2015, entre otras, esta Sala indicó:
“(…) conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”.
Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas.
Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos.
De conformidad con el análisis integral del expediente y con fundamento en el informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José, esta Sala concluye que el presente recurso de amparo debe ser declarado con lugar.
Si bien consta en autos que el gobierno local accionado ha ejecutado diversas acciones administrativas, operativos policiales y labores de mantenimiento periódico en la Dirección05, en Pavas —incluyendo la recolección de escombros, chapea de zonas verdes, inspecciones técnicas y formulación de un proyecto de mejoramiento urbano— lo cierto es que tales medidas no han producido un resultado efectivo ni definitivo que resuelva la problemática denunciada por el señor Nombre01 desde el año 2021. La falta de atención estructural al fenómeno de la indigencia y a las actividades de alto riesgo que se desarrollan en dicho espacio público —como la permanencia de personas en condición de calle, venta y consumo de drogas, condiciones insalubres y afectación directa a la vivienda del recurrente— evidencia una omisión material en el deber constitucional de garantía del derecho a un ambiente sano, a la seguridad ciudadana y a la protección de la salud.
Aunque la Contraloría de Servicios y demás oficinas municipales han dado seguimiento interdepartamental a la situación, reconociendo que se trata de una problemática social estructural que no se soluciona con una sola intervención, también es cierto que no se vislumbra una estrategia integral, coordinada y efectiva que se haya traducido en la resolución material de las condiciones denunciadas.
En efecto, pese a los múltiples reportes, fotografías, videos y solicitudes urgentes enviadas por el recurrente entre junio y julio de 2024 y el hecho de que la municipalidad tenía conocimiento del caso desde el año 2021, la situación persiste al momento de interposición del presente recurso, sin que se haya abordado adecuadamente el eje más sensible de la denuncia: la inseguridad comunitaria y la invasión sostenida del espacio público por personas en situación de calle, con el consecuente detrimento en la calidad de vida de los residentes del lugar. Tal inacción —aunque enmarcada en esfuerzos aislados— se traduce en una afectación real y continua a los derechos fundamentales del recurrente, especialmente en lo relativo a su derecho a un ambiente sano, a la tranquilidad personal y a la integridad de su vivienda.
En virtud de lo expuesto, esta Sala Constitucional estima procedente declarar con lugar el recurso interpuesto (…)” (El destacado no forma parte del original).
Dichos precedentes resultan plenamente aplicables al caso bajo estudio. Por ende, al haberse acreditado, en la especie, una violación principalmente a la seguridad e integridad de la recurrente y de su familia (incluso de todos los vecinos de la comunidad), lo que procede es acoger este extremo del recurso, en aras –como se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia–, que la Municipalidad de Desamparados resuelva la denuncia y adopte y ejecute las medidas que considere pertinentes para atender de manera integral y efectiva la situación de inseguridad denunciada.
VI.TOCANTE A LOS hechos imputados al Ministerio de seguridad pÚBLICA. De otra parte, la recurrente alega también que las autoridades de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública no han atendido la problemática denunciada relacionada con el inmueble ubicado contiguo a su propiedad.
Sin embargo, esta Sala no considera que exista mérito para conocer este particular agravio por el fondo. Esto, en el tanto la recurrente no presentó prueba alguna a los autos de gestiones formales presentadas antes estas autoridades, siendo que esta jurisdicción ha sostenido reiteradamente que no es una instancia tramitadora de denuncias. Incluso, nótese que la misma recurrente, en el libelo de interposición de este amparo, reconoció expresamente no contar con prueba alguna sobre el particular.
Así las cosas, no es posible imputarles a estas precisas autoridades alguna arbitraria actuación u omisión en detrimento de los derechos fundamentales de la recurrente y de los de su familia.
Vii.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
viii.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Desamparados. Se le ordena a María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, o a quien ocupe dicho cargo, coordinar con todas las instancias competentes y ejecutar todas las acciones pertinentes, para que, dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le notique a la recurrente una respuesta a la denuncia planteada y para que, a su vez, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se adopten y ejecuten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva la situación denunciada. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El amparo se declara sin lugar respecto al Ministerio de Seguridad Pública. El Magistrado Castillo pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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