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Res. 21326-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/06/2026

Municipal omission in responding to riparian protection zone encroachmentOmisión municipal ante invasión de zona de protección fluvial

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Municipality of Desamparados for failing to formally and substantively respond to complaints about encroachment on the Río Tiribí riparian protection zone and for not coordinating with MINAE and SINAC, ordering it to notify a response within one month and implement comprehensive measures within three months; the amparo against the Ministry of Public Security was denied.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra la Municipalidad de Desamparados por omitir dar respuesta formal y sustantiva a denuncias sobre una invasión en la zona de protección del río Tiribí y por no coordinar con MINAE y SINAC, ordenándole notificar una respuesta en un mes y ejecutar medidas integrales en tres meses; el amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública se declaró sin lugar.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber resolved an amparo filed by a resident of San Antonio de Desamparados who reported a shanty built in the Río Tiribí riparian protection zone adjacent to her property, occupied by a homeless elderly person and allegedly frequented by individuals consuming illicit substances. The Chamber found that the land is not municipal property but falls within the riparian protection zone under Article 33 of the Forestry Law, administered by MINAE and SINAC. Nevertheless, it partially granted the amparo because the Municipality of Desamparados failed to provide a substantive formal response within a reasonable time and did not coordinate with the competent authorities, violating Article 41 of the Constitution. The Chamber ordered the Mayor to notify the complainant of a substantive response within one month and to implement comprehensive remedial measures within three months. The amparo was denied against the Ministry of Public Security for lack of evidence of formal complaints filed with that institution.La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto por una vecina de San Antonio de Desamparados que denunció la existencia de un rancho construido en la zona de protección del río Tiribí, contigua a su propiedad, habitado por un adulto mayor en condición de calle y frecuentado presuntamente por consumidores de sustancias ilícitas. La Sala determinó que el terreno no es propiedad municipal sino que corresponde a la zona de protección fluvial del artículo 33 de la Ley Forestal, cuya administración compete al MINAE y al SINAC. No obstante, declaró parcialmente con lugar el amparo porque la Municipalidad de Desamparados omitió dar una respuesta formal por el fondo en un plazo razonable y no coordinó con las entidades competentes, violando el artículo 41 constitucional. Ordenó a la Alcaldía notificar una respuesta sustantiva en un mes y ejecutar medidas integrales en tres meses. Declaró sin lugar el recurso contra el Ministerio de Seguridad Pública por falta de prueba de gestiones formales ante esa institución.

Key excerptExtracto clave

First, it has been established that, as of the date this amparo was filed (May 4, 2026), an excessive period of at least more than one year had elapsed since the appellant formally filed her first complaint before the respondent municipality regarding the security problem on the adjacent lot, and by then no response addressing the substance of the matter had been issued or notified. It is noteworthy that, although Official Letter No. AT-IM-1164-2025 dated October 15, 2025 was issued in response to the complaints filed—which, moreover, there is no evidence was sent to the correct email address provided by the appellant—that document merely referred to an inspection carried out at the site and to the transfer of the matter to the Public Safety Area and Municipal Police for follow-up. However, a formal response substantively addressing the reported situation through the competent authorities is conspicuously absent. In particular, there is no evidence that the actions recorded by the Municipal Public Safety Area in Official Letter AM-SC-306-2026 were notified to the protected party. Accordingly, the provisions of Article 41 of the Political Constitution are found to have been violated. Moreover, it must be noted that even when it is argued that the reported property is not municipal property and that its administration would ultimately fall to MINAE and SINAC, the fact remains that no coordination efforts with those entities were observed to ensure their timely attention and intervention. Those precedents are fully applicable to the case under study. Therefore, having established that a violation of the security and integrity of the appellant and her family—and indeed all community residents—has occurred, the appropriate course of action is to grant this aspect of the amparo so that the Municipality of Desamparados shall resolve the complaint and adopt and execute the measures it deems appropriate to comprehensively and effectively address the reported security situation.Primero, en el tanto se ha demostrado que, para la fecha de formulado este amparo (4 de mayo de 2026), había trascurrido un plazo excesivo de, al menos, más de un año desde que la recurrente formuló por primera vez y formalmente una denuncia ante la municipalidad recurrida (respecto a la problemática de inseguridad en el lote contiguo) y, para entonces, no se había emitido ni notificado una respuesta que atendiera, por el fondo, la situación. Nótese que, si bien se emitió el oficio No. AT-IM-1164-2025 de fecha 15 de octubre de 2025 en atención a las denuncias formuladas (el cual, a su vez, no consta que se haya enviado a la dirección correcta aportada por la parte recurrente), lo cierto es que, en este documento únicamente se hizo referencia a una inspección realizada en el sitio y al traslado hecho de la gestión al Área de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal para su atención. Sin embargo, una respuesta formal, donde se atendiera por el fondo y por las instancias competentes la situación reclamada (meollo del asunto), se echa de menos. En ese particular, no consta que, por ejemplo, las acciones consignadas por el Área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Desamparados en el oficio AM-SC-306-2026 (tocantes a las denuncias en cuestión), le hayan sido notificadas a la amparada. De este modo, se tiene por quebrantado lo dispuesto en el ordinal 41 de la Constitución Política. Aunado a esto cabe destacar que aun cuando se aduzca que el inmueble denunciado no es propiedad de la corporación municipal y que su administración eventualmente correspondería al MINAE y al SINAC, lo cierto es que tampoco se observa que se hayan efectuado labores de coordinación con dichas entidades para su también atención y abordaje oportuno. Dichos precedentes resultan plenamente aplicables al caso bajo estudio. Por ende, al haberse acreditado, en la especie, una violación principalmente a la seguridad e integridad de la recurrente y de su familia (incluso de todos los vecinos de la comunidad), lo que procede es acoger este extremo del recurso, en aras –como se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia–, que la Municipalidad de Desamparados resuelva la denuncia y adopte y ejecute las medidas que considere pertinentes para atender de manera integral y efectiva la situación de inseguridad denunciada.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Las zonas de protección de ríos y quebradas están definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal, que establece una franja de protección de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. Esas franjas constituyen una afectación legal que no implica la transferencia del terreno al dominio público municipal. Su administración, eventualmente correspondería al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)."

    "The protection zones of rivers and streams are defined by Article 33 of the Forestry Law, which establishes a protection strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides of riverbanks, streams, or brooks if the terrain is flat, and fifty horizontal meters if the terrain is rugged. These strips constitute a legal encumbrance that does not imply transfer of the land to the municipal public domain. Their administration would ultimately fall to the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC)."

    Informe de la Alcaldesa de Desamparados

  • "Las zonas de protección de ríos y quebradas están definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal, que establece una franja de protección de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. Esas franjas constituyen una afectación legal que no implica la transferencia del terreno al dominio público municipal. Su administración, eventualmente correspondería al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)."

    Informe de la Alcaldesa de Desamparados

  • "El inmueble ubicado contiguo a la propiedad de la recurrente no es propiedad de la Municipalidad de Desamparados. El terreno denunciado corresponde al identificador predial No. 10305H00002200, el cual no tiene asociado un número de finca sino un número de consecutivo precedido de la letra "H", lo que indica en la codificación del Registro Nacional que se trata de un cuerpo hidrográfico, en este caso la zona de protección del río Tiribí."

    "The property adjacent to the appellant's land is not owned by the Municipality of Desamparados. The reported land corresponds to cadastral identifier No. 10305H00002200, which has no associated property number but rather a consecutive number preceded by the letter 'H,' which in the National Registry coding indicates that it is a hydrographic body—in this case, the protection zone of the Tiribí River."

    Considerando II — Hechos Probados, hecho No. 3

  • "El inmueble ubicado contiguo a la propiedad de la recurrente no es propiedad de la Municipalidad de Desamparados. El terreno denunciado corresponde al identificador predial No. 10305H00002200, el cual no tiene asociado un número de finca sino un número de consecutivo precedido de la letra "H", lo que indica en la codificación del Registro Nacional que se trata de un cuerpo hidrográfico, en este caso la zona de protección del río Tiribí."

    Considerando II — Hechos Probados, hecho No. 3

  • "Se le ordena a María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, o a quien ocupe dicho cargo, coordinar con todas las instancias competentes y ejecutar todas las acciones pertinentes, para que, dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le notique a la recurrente una respuesta a la denuncia planteada y para que, a su vez, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se adopten y ejecuten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva la situación denunciada."

    "The Mayor of Desamparados, or whoever holds that office, is ordered to coordinate with all competent entities and execute all pertinent actions so that, within a maximum period of ONE MONTH from notification of this ruling, the complainant is notified of a substantive response to her complaint, and so that, within a maximum period of THREE MONTHS from notification of this ruling, the necessary measures are adopted and executed to address the reported situation in a comprehensive and effective manner."

    Por tanto

  • "Se le ordena a María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, o a quien ocupe dicho cargo, coordinar con todas las instancias competentes y ejecutar todas las acciones pertinentes, para que, dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le notique a la recurrente una respuesta a la denuncia planteada y para que, a su vez, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se adopten y ejecuten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva la situación denunciada."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twelfth of June of two thousand twenty-six.

Writ of amparo (recurso de amparo) filed by Nombre01, national identity document (cédula de identidad) CED01, against THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS and THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY.

BACKGROUND:

  1. 1By written submission received by the Chamber on May 4, 2026, the petitioner files a writ of amparo. She states that approximately in 2018 she became aware of the invasion of antisocial individuals on the lot located adjacent to her property. She indicates that this land is property of the Municipality of Desamparados, and that the invasion is occurring within the public right-of-way, on municipal property, and in the protection zone (zona de protección) that safeguards the Tiribí River. She asserts that activities are being carried out at that location that violate her fundamental rights, causing her to suffer from insecurity and distress; moreover, she faces an imminent, manifest, and evident risk. She states that on that lot a kind of "bunker" is being built, where antisocial individuals come and go to consume apparently illicit substances and carry out earthworks (movimientos de tierra).She explains that in 2019, she went to the offices of the respondent municipality to report the problem; however, she states that she was not issued any receipt. She maintains that she has called the 911 emergency system for the Community Police (Policía de Proximidad) to respond to the situation she is experiencing, but she received no report and no action was taken by any police body regarding the lot in question. She clarifies that she likewise has no supporting documentation for these interventions. She adds that in January 2020, she returned to the respondent municipality, as the problem persisted and there had been no intervention by municipal officials or Fuerza Pública officers. She indicates that regarding this intervention, she has only the complaint drafted by herself together with her family, and notes that she is attaching a simple copy as reference. She argues that in 2024, she again appeared at the respondent municipality to report that the problem at the aforementioned lot continued and that there had been no intervention whatsoever regarding the invasion.There is no record of any kind of this last interaction. She mentions that on March 17, 2025, she went to the respondent municipality to request confirmation of the actions taken (request for intervention on the invaded property) and Report No. 01880-25 was issued. She mentions that her household consists of her husband, who is a chronic cardiac patient under medical monitoring; another person in her care who has Down syndrome, cerebral palsy, and other conditions; and herself. She alleges that the problem continues at present and the respondent authority still refuses to intervene in order to find a solution. For the foregoing reasons, she requests that the writ be granted and that the respondents be ordered to intervene with respect to the situation at the lot and to fence said property so that it is not invaded again.
  2. 2By order issued at 16:27 hrs. on May 27, 2026, the proceedings were admitted and the respondent authorities were required to submit reports.
  3. 3By written submission received by the Chamber on June 4, 2026, María Antonieta Naranjo Brenes, in her capacity as Mayor of Desamparados, submits a report and expressly states the following: "(…) For the purpose of providing the Sala Constitucional with an objective and properly documented view of the situation, the facts appearing in the reports submitted by the relevant municipal departments—which are being offered as evidence by the Municipality of Desamparados—are set out below. 1. On April 22, 2025, Municipal Inspector José Antonio Morales Ch. conducted a field visit to the site located in the District of San Antonio, at the end of Dirección01, in connection with Proceeding No. 01880-2025 filed by Ms. Nombre01. This inspection is documented in Report AT-IM-JM-023-2025. The results of that visit confirmed the existence of a shack of approximately six square meters, built in what appears to be the protection zone of the Tiribí River, inhabited by an elderly person (adulto mayor) in a state of apparent abandonment, assisted by supportive neighbors in the area.The inspector did not observe at that time any activity related to the consumption or sale of illicit substances. 2. On September 24, 2025, Municipal Inspector María José Ureña Arias conducted a second visit to the same site in connection with Proceedings No. 05591-2025 and No. 05592-2025 filed through the Services Platform by Ms. Nombre01. Her findings were recorded in official communication AT-IM-1163-2025 dated October 15, 2025, addressed to the Citizen and Institutional Security Department and to the Planning and Operations Unit of the Municipal Police, so that appropriate citizen-security measures could be adopted. Simultaneously, official communication AT-IM-1164-2025 of the same date was issued, notifying the petitioner of the inspection results. 3. The Citizen Security Department, in connection with the present writ, reports through official communication AM-SC-306-2026 dated June 3, 2026, that the situation of the shack was already known to that unit, having identified the structure through complaints to the Monitoring Center and through patrols conducted under the Nombre02 community policing management model.During all interventions carried out by Municipal Police officers, no evidence was observed of the consumption or commercialization of illicit substances. It was also stated that joint actions have been coordinated with the Waste Management Department to carry out cleaning and eventual demolition work, and that the participation of the Social Services Department was arranged to assess the vulnerability of the person inhabiting the shack. 4. The Environmental Management Department, in connection with the present writ, reports through official communication TR-GA-159-2026 dated June 2, 2026, that based on the municipal cadastral mosaic (mosaico catastral), the shack is located on unregistered (inmatriculado) land with no associated property registry number or cadastral plan, adjacent to the Tiribí River, the ownership of which does not belong to the Municipality of Desamparados. Environmental Management also confirmed that there is no record of any proceeding filed directly with that department by Ms.Nombre01. 5. The Topography and Cadastre Unit, in connection with the present writ, confirms through official communication TR-TC-053-2026 dated June 2, 2026, that the property belonging to Ms. Nombre01 corresponds to property registry folio (folio real) 1-028568-000, registered cadastral plan (plano catastrado) SJ-0274300-1995, located at Dirección02, Canton 03 Desamparados, Province of San José. Upon analyzing the neighboring parcels of that property using the cadastral viewer (visor catastral) of the Real Estate Registry Information System (Sistema de Información del Registro Inmobiliario, SIRI), it was determined that the disputed land corresponds to parcel identifier (identificador predial) No. 10305H00002200, which has no associated property registry number but instead a sequential number preceded by the letter 'H', which, under the coding system of the Registro Nacional, indicates that it is a water body (cuerpo hidrográfico)—in this case, the protection zone of the Tiribí River.This land does not appear in the municipal land inventory. On the merits of the writ The first and most fundamental point on which the writ rests is that the reported structure would be located on land belonging to the municipality. This premise is factually incorrect and has been disproved by the documentary evidence submitted. According to independent verifications carried out by the Environmental Management Department (TR-GA-159-2026) and the Topography and Cadastre Unit (TR-TC-053-2026), the land on which the shack stands corresponds to the protection zone of the Tiribí River, identified in the national cadastre with parcel code 10305H00002200. The letter 'H' in that parcel identifier is the convention used by the Registro Nacional to designate land associated with water bodies. This land has not been registered as property of the Municipality of Desamparados and does not appear in the municipal land inventory.River and stream protection zones are defined by Article 33 of the Ley Forestal, which establishes a protection strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally from both banks of rivers (ríos), streams (quebradas), or creeks (arroyos) where the terrain is flat, and of fifty horizontal meters where the terrain is steep. These strips constitute a legal encumbrance that does not entail the transfer of the land to the municipal public domain (dominio público). Their administration would ultimately fall to MINAE and SINAC. Consequently, no omission attributable to the Municipality of Desamparados arises from any alleged inaction regarding land that does not belong to it and over which it exercises no ownership control. That said, regarding the actual situation, Ms. Nombre01 describes in her written submission a situation of serious insecurity generated by individuals who allegedly use the land to consume and traffic illicit substances, building what she characterizes as a "bunker." This characterization is not supported by any of the technical reports produced by municipal officials during visits to the site.The verified reality is substantially different. The shack is inhabited by an elderly person in an apparent state of social vulnerability, assisted by neighborhood residents who provide food and basic support. In none of the interventions conducted by Municipal Inspection or the Municipal Police was any drug selling or consumption activity observed. Report AM-SC-306-2026 from the Citizen Security Department explicitly states that, should the occasional consumption of substances by third parties occur, this would be attributable to the entry of persons other than the shack's occupant, and that this does not allow the site to be characterized as a permanent drug selling or consumption point. The Municipality of Desamparados acknowledges the genuine concern of Ms. Nombre01, who lives alongside a complex reality in her immediate surroundings. However, an account of events that does not correspond to the officially established facts cannot serve as grounds for ordering actions of the magnitude requested by the petitioner—demolition, fencing, and an award of damages—without a sufficient factual basis.Furthermore, regarding the interventions that the petitioner states she filed with this Municipality, the writ of amparo protects the right of petition (derecho de petición) enshrined in Article 27 of the Constitution. For a violation of that right to be established, it must be verified that the Administration remained silent in the face of a petition or that its response was manifestly deficient. In the present case, neither of those circumstances applies. The Sala Constitucional has repeatedly held, in abundant case law, that the right of petition does not guarantee a favorable response to the petitioner, but only that the Administration issues a decision within a reasonable time and in terms that allow the interested party to understand the grounds for the decision. What Article 27 of the Constitution protects is the right to obtain a resolution in concrete terms, not the right to have that resolution be favorable to the petitioner's claims.Additionally, the petitioner asserts that she filed multiple requests with the Municipality of Desamparados from 2019 onward, but expressly acknowledges in her written submission that she lacks documentary support for the vast majority of them, stating that she requires the Municipality itself to provide them as evidence. This circumstance places the institution in a position of effective inability to mount a defense (indefensión material). Without the precise identification of each request—proceeding number, date of filing, receiving unit, and content of the request—it is impossible to verify its existence, its referral to the competent unit, or the outcome of its processing. An administrative omission cannot be established on the basis of generic, undocumented assertions, as this would improperly shift the burden of proof (carga probatoria) and require the Administration to disprove a negative fact (hecho negativo) of indeterminate scope.In evidentiary matters, the party alleging a fact bears the burden of proving it with sufficient precision so that the opposing party may exercise its right of defense—a requirement that has not been met in the present case with respect to the alleged interventions of 2019, 2020, and 2024. By contrast, what is documented are the proceedings formally submitted through institutional channels, namely No. 01880-2025, No. 05591-2025, and No. 05592-2025. With respect to all of them, the Municipality demonstrates concrete actions and a response to the petitioner. This shows that when Ms. Nombre01 channeled her requests through formal means, she received an institutional response. What she characterizes as omission is, in reality, the absence of the decision she expected—immediate demolition and eviction—not the absence of a response. In the present case, as stated above, the Municipality of Desamparados has provided a formal, documented response to the petitioner's requests on all occasions when they were submitted through institutional channels: • Proceeding No. 01880-2025 was addressed with the inspection of April 22, 2025, following which the corresponding document was issued. • Proceedings No. 05591-2025 and No. 05592-2025 were addressed with the inspection of September 24, 2025 and the issuance of official communication AT-IM-1164-2025, through which the results were notified to the petitioner. • Municipal Inspection referred the matter to the Citizen Security Department through official communication AT-IM-1163-2025 so that the appropriate citizen-security measures could be adopted. • The participation of the Social Services Department has been arranged to assess the vulnerability of the elderly person inhabiting the shack—an action that is currently in progress. • Cleaning and demolition work was scheduled in coordination with the Waste Management Department, an action that is pending execution for operational reasons related to the ongoing non-traditional waste collection campaign.The foregoing demonstrates consistent institutional action, coordinated among several departments and aimed at addressing the problem within the framework of municipal competencies. Regarding the matter of public security and the suppression of drug consumption, the petitioner directs her writ against both the Municipality of Desamparados and the Ministry of Public Security, making it necessary to clarify the scope of competence of each institution, even though no action was admitted against the latter. The Municipal Police, pursuant to Articles 6 and 62 of the Código Municipal, performs surveillance functions in public spaces, support for municipal management, and community policing. On that basis, and in connection with the petitioner's requests, it has conducted interventions using the SARA model, performed inspections and patrols, without finding evidence of substance consumption by persons at the location.Consequently, the Municipality cannot be held responsible for omissions in the exercise of competencies that the legal system attributes to another entity. Finally, it is relevant to note that the occupant of the shack is an elderly person in an apparent state of social vulnerability. The Costa Rican legal system recognizes enhanced protection for older adults, derived both from Article 51 of the Constitution and from the Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Any intervention affecting the structure inhabited by this person must necessarily be accompanied by a social care process that ensures no greater vulnerability results. For this reason, the Municipality of Desamparados has proceeded precisely in that manner—by arranging the participation of the Social Services Department—an action that reflects an institutional approach respectful of the fundamental rights of all persons involved in the situation, including those of the petitioner and her family as well as those of the elderly person inhabiting the shack.On the fundamental rights alleged to have been violated The petitioner alleges the violation of a broad set of fundamental rights, including the right of petition, legal certainty (seguridad jurídica), personal security, personal integrity, tranquility, liberty, and health. It should be noted at the outset, as a preliminary matter, that several of these rights lack autonomous constitutional standing in the form in which they were presented, and that in the remaining cases their potential merit depends first on establishing an omission attributable to the Municipality of Desamparados—a premise that has been disproved by the evidence submitted. Without prejudice to the foregoing, this representation analyzes each invoked right. ■ Right of petition (Article 27 of the Constitution) This is the only right whose potential violation would have a direct constitutional basis vis-à-vis the Municipality as the respondent entity.However, as demonstrated above, the institution formally and documentarily responded to all proceedings that the petitioner submitted through institutional channels. The Sala Constitucional has consistently held that Article 27 of the Constitution guarantees the right to obtain a response in concrete terms within a reasonable time, not the right to have that response be favorable to the petitioner's claims. The petitioner maintains that her numerous requests to the Municipality were not addressed, which from her perspective amounts to an institutional refusal to hear her and to act. However, as demonstrated above, the proceedings that were formally submitted through institutional channels did receive a documented response. The sense of neglect that the petitioner experiences stems in part from requests that she herself acknowledges she cannot document, and in part from the fact that the response she received was not the one she expected.Neither of those circumstances constitutes a violation of Article 27 of the Constitution. The Sala Constitucional has consistently held that this provision guarantees the right to obtain a response in concrete terms within a reasonable time, not the right to have that response be favorable to the petitioner's claims. Having established that the Municipality responded to the formally submitted proceedings, the alleged violation is not made out. ■ Legal certainty The petitioner does not specify what the impact on her legal certainty consists of, beyond a generic reference to the uncertainty arising from the situation on the neighboring land. Legal certainty, in its constitutional dimension, protects the legitimate expectation (confianza legítima) of the administered person in the stability of the legal order and in the predictability of State conduct. It does not constitute a right to have one's physical surroundings remain free from any disturbance of private or third-party origin.What the petitioner is experiencing is a sense of uncertainty and instability arising from the presence of the shack on the neighboring land and from the absence of a definitive resolution in her favor. From her perspective, institutional inaction leaves her in a state of indefinition that affects her ability to plan and go about her daily life at home in a normal manner. However, legal certainty, in its constitutional dimension, does not protect the petitioner's emotional peace of mind in the face of factual situations involving third parties. What it protects is the legitimate expectation in the stability of the legal order and in the predictability of State conduct toward the administered person herself. The Municipality has not issued any act that has altered the legal status of the petitioner's property, nor has it created legitimate expectations that it subsequently disavowed. The discomfort the situation causes her, however real it may be, does not find constitutional protection under this right. ■ Personal security and personal integrity The petitioner alleges that the presence of the shack and of the persons who frequent it constitutes a constant and imminent threat to her personal security and that of her family.This representation does not deny that the subjective perception of insecurity may be genuine and deserves to be taken seriously. However, for constitutional protection of these rights to be available by way of a writ of amparo, the Sala Constitucional has required that the threat be objectively verifiable, concrete, and attributable to an active or omissive conduct of the respondent Administration. None of those requirements is met in the present case. As to the objective existence of the described threat, the three inspections carried out by municipal officials and the Municipal Police patrols conducted under the Nombre02 model did not corroborate the dangerous situation described by the petitioner. What was found in every case was the presence of an elderly person in a state of social vulnerability, with no evidence of organized criminal activity, no drug-selling point, and no "bunker"-type structure of the kind suggested by the petitioner's account.The possible occasional entry of third parties to the site, mentioned by the Citizen Security Department, is a circumstance that has not been linked to any concrete and permanent threat directed specifically at Ms. Nombre01 or her family. As to attributability to the Municipality, even if some situation of insecurity in the surroundings were established, this would not be sufficient to attribute constitutional responsibility to this municipal corporation. An omission attributable to the Municipality could only arise with respect to actions within its own purview—inspection, referral to competent authorities, inter-institutional coordination—and all of these have been carried out and/or are in progress, as evidenced by the documentary proof submitted. The right to personal security and personal integrity has not been violated by the Municipality of Desamparados. ■ Tranquility Tranquility is not recognized as an autonomous fundamental right in the Costa Rican constitutional text or in the international human rights instruments ratified by Costa Rica.Nevertheless, what the petitioner describes is a state of daily disruption that prevents her from living normally in her home, generated by the presence of the shack, nighttime noises, and the fear caused by the proximity of persons whose conduct she perceives as threatening. That description reflects a real impact on her quality of life that this representation does not minimize. However, as noted above, tranquility is not recognized as an autonomous fundamental right. The Sala Constitucional has addressed similar situations under the right to privacy or the right to a healthy environment, but in both cases requires that the disturbance be caused by a State action or omission directly attributable to the respondent Administration. In this case, the source of the disturbance is third parties whose conduct is not directly controllable by the Municipality of Desamparados, which breaks the causal nexus (nexo causal) necessary for the writ of amparo to succeed. ■ Liberty The petitioner experiences a restriction on her freedom of movement and her ability to act normally inside and outside her property, stemming from the fear generated by the presence of the neighboring shack.From her perspective, this situation leads her to avoid certain areas of her property and to modify her daily routines. However, constitutional protection of liberty by way of a writ of amparo requires that the restriction be the product of a concrete State action directly attributable to the Administration. Subjective fear generated by the conduct of private third parties, absent a specific act or omission by the Municipality that provoked or perpetuated it beyond the scope of its competencies, does not constitute the constitutional violation that would enable this remedy. ■ Right to health The petitioner alleges that the situation affects her health and that of her family, making particular reference to her husband's cardiac condition and to the situation of her family members with particular conditions, who she says are harmed by the stress and disruption the situation generates for them.This representation acknowledges the special vulnerability of the petitioner's household. However, the right to health, derived from Article 21 of the Constitution, requires for its protection by way of amparo the establishment of a concrete and objectively verifiable harm, causally linked to a specific State omission or action. The petitioner does not submit medical evidence establishing concrete harm to the health of any member of her family, nor does she establish the causal link between any such potential harm and a specific omission by the Municipality of Desamparados. The emotional impact and stress she subjectively experiences, however understandable from a human standpoint, do not by themselves constitute the constitutional violation invoked. In sum, none of the fundamental rights invoked by the petitioner has been violated by the Municipality of Desamparados. In every case, the analysis reveals that the alleged impact stems from a genuine subjective perception that nonetheless does not meet the objective standard the Sala Constitucional requires for constitutional protection to be available by way of a writ of amparo—namely, a concrete, verifiable harm directly attributable to an active or omissive conduct of this municipal corporation.On the petitioner's claims Ms. Nombre01 requests, among other things, that the State be ordered to pay damages and costs—both attorneys' fees and court costs—and that the lot she identifies as municipal property be fenced. In that regard, the following should be noted. Regarding the claim for damages, the Sala Constitucional's case law has consistently held that this remedy is available only in cases where an actual and concrete violation of a fundamental right attributable to the conduct or omission of the respondent has been established. In the present case, there is no violation of the right of petition because the Municipality responded to the formally submitted proceedings, nor has any manifest omission in the exercise of this municipal corporation's own competencies been established. Regarding the claim for fencing of the land, it has been determined that the land does not belong to the municipality but rather corresponds to the protection zone of the Tiribí River, the administration of which ultimately falls to MINAE and/or SINAC.Consequently, the fencing of that land is not an obligation attributable to the Municipality of Desamparados (…) CLAIM Based on the foregoing considerations, this representation respectfully requests that the Sala Constitucional declare the writ of amparo filed against the Municipality of Desamparados without merit, on the grounds that this corporation acted within the framework of its legally defined territorial competencies, provided a timely and reasoned response to the petitioner's request, and has not incurred any unlawful omission or violation of any fundamental right. Likewise, on the grounds that the coordinated development of actions for addressing the vulnerability of the elderly person inhabiting the structure erected in the protection zone is currently in progress (…)"
  4. 4On June 4, 2026, additional evidence for better deciding the case was submitted to the proceedings.
  5. 5By written submission filed with the Court on June 7, 2026, the appellant responded to the report submitted by the respondent party in the following terms: "(…) In the section 'REPORT OF THE MUNICIPALITY': In the statement of facts, it is stated that visits were made to the lot in question. I have received no notification of these proceedings, nor was I aware that visits had been made. That said, in the evidence submitted by the Municipality—specifically Report AT-IM-JM-023-2025, mentioned in fact 1—it is stated that notification was delivered to the 'substitute neighbors (vecinos solidarios),' when the interested party, being myself, Nombre01 (as shown in the attached document), did not receive the documentation, thereby violating the due process (debido proceso) of proceeding 01880-2025. Furthermore, for the record regarding the insecurity I live with, I suspect that those 'substitute neighbors' who assisted with the construction and refurbishment may be among the persons who use the said land together with the individual living in that shack.That is why they have an interest in 'helping' the elderly person. This suspicion will be reported to the courts when precise evidence is available, if necessary. On another matter, in fact 2, it is stated that Official Communication AT-IM-1164-2025 was served. This is INCORRECT. The evidence submitted by the Municipality (an email sent by Pablo Masis Aguilar) shows that the email address to which notification was sent was ...01, whereas the correct address is ...02, the email of my son Nombre03, ID CED02—which is why it is jassiel10 and not jossiel10, as that is his second name. Therefore, this notification was NEVER received. Moreover, the address ...02 is registered on the virtual platform of the Municipalidad de Desamparados in the name of Nombre01. In addition to the foregoing, it is clear from the report that the Municipality is aware that an unlawful occupation (invasión) exists on the lot in question and that, to this day, the situation persists, causing daily concerns and threatening public order and my personal safety.Furthermore, point 4 states that 'ownership of the land does not belong to the Municipalidad de Desamparados.' With respect to the Property Registry (Registro de la Propiedad), when my property is searched, it shows that my land borders the Municipalidad de Desamparados to the north, as evidenced by the documentation submitted by the Municipality. Based on the description of my property in the Registry, my understanding is that the adjacent parcel is municipal property. Accordingly, I request that the necessary efforts be coordinated with the relevant institutions to remedy the current situation (fencing the property, relocating the abandoned individual, and demolishing what has been built). It should be noted that municipal inspections are commonly carried out in the morning or afternoon, whereas the interactions that generate the greatest sense of insecurity occur at night. Please focus on the evidence submitted on DVD. – In the section 'On the merits of the appeal': At the beginning of page 4 of the report, it is stated that: 'Consequently, there is no omission attributable to the Municipalidad de Desamparados arising from alleged inaction concerning a piece of land that does not belong to it and over which it exercises no proprietary control.' I disagree with this conclusion by the Municipality—regardless of what the Registry evidence states about the Municipality owning that parcel—because there IS an omission in failing to communicate that the relevant requests should be submitted to MINAE or SINAC, given that the Municipality has been aware of this specific situation for months, as the analysis presented confirms (as they themselves state in the report).Another omission is that the Municipality could have alerted those agencies or forwarded the relevant official communications to them. It is also troubling that the Municipality states it is making efforts to keep the lot clean and is working on the demolition of the shack and the relocation of the individual, leaving unclear the question of which entity has decision-making authority over this matter. That said, regarding the characterization as a 'bunker,' it should be noted that inspections are commonly conducted during business hours, not at night, as mentioned above. Likewise, the evidence submitted indicates that the elderly person was in a state of intoxication and could therefore not be attended to. Furthermore, the conclusion is that the '…report AM-SC-306-2026 from the Citizen Security Department is explicit in stating that, should the consumption of substances by third parties eventually occur, this would be attributable to persons other than the occupant of the shack entering the site, which does not allow the location to be characterized as a permanent point for the sale or consumption of drugs.' This nonetheless makes the request to fence the lot necessary, as a plausible scenario is acknowledged.That is the reason for this appeal. I acknowledge the gesture of the Municipality in recognizing my genuine concern. However, it is unreasonable and excessive to ask me to substantiate my claims with further evidence when the Municipality is already aware of the unlawful occupation, the possibility that antisocial individuals frequent the site, and the fact that the elderly person living there was found in a state of intoxication during a visit—in other words, requiring me to prove additional matters through actions that could put me at personal risk. Later in that section, it is stated that a response was provided to the complaints filed and therefore there is no omission. It is my duty to note that—as stated above—the notifications were not received, since they were delivered to the neighbors rather than to me personally, and the email used had an incorrect address. The internal communications between the Social Services Department and the Waste Management Department were likewise not notified to me, and no action has been observed.As for the situation of the elderly person, we agree that he cannot be left without assistance, as that would be an inhumane act. However, the problem lies in the activities being carried out and the institutional tolerance of allowing a person to reside there, making it necessary to fence the lot. – In the section 'On the fundamental rights alleged to have been violated': It is left to this Court's discretion to proceed in accordance with the law and to protect the rights mentioned or those identified following proper analysis. It is clear that the Municipality has submitted evidence establishing that:1) the municipal offices are aware of the situation,2) no change has been made to the reported situation,3) no proceeding has been correctly notified to me personally or to the designated email address,4) the elderly person was in a state of intoxication at the time of a visit,5) there is an unlawful occupation of a parcel of public domain land. As for the explanation regarding each right, I have submitted petitions to the Municipality and was personally unaware of whether they had been addressed, given what has already been described (…) which is why I stated that my right of petition (derecho de petición) and legal certainty (seguridad jurídica) had been violated (…)" She requests that some institution intervene and relocate the individual occupying the site, and that the lot also be fenced.
  6. 6The legal requirements governing the proceedings have been duly observed throughout the substantiation of this case.

Drafted by Justice Araya García; and,

CONSIDERING:

I. SUBJECT OF THE APPEAL

The appellant alleges that, despite efforts made over several years, the Municipalidad de Desamparados has taken no action with respect to the property located adjacent to her home, in which activities are being carried out that threaten her safety and peace of mind, as well as those of her family. She asserts that a kind of "bunker" is being created at the reported site, where antisocial individuals come and go primarily to consume what appear to be illicit substances.

She likewise claims that the situation has not been addressed by the Fuerza Pública.

II. PROVEN FACTS

The following facts are deemed established as relevant to resolving the present writ of amparo (recurso de amparo):

  • 1)The appellant resides in San Antonio de Desamparados, and adjacent to her property there is a piece of real estate (see report).
  • 2)The parcel owned by the appellant corresponds to registry folio (folio real) 1-028568-000, cadastral map (plano catastrado) SJ-0274300-1995, located at Dirección02, Canton 03 Desamparados, Province of San José (see report).
  • 3)The property located adjacent to the appellant's parcel is not owned by the Municipalidad de Desamparados. The reported land corresponds to cadastral identifier No. 10305H00002200, which has no associated property number but rather a consecutive number preceded by the letter "H," which indicates in the National Registry coding system that it is a water body (cuerpo hidrográfico)—in this case, the protection zone (zona de protección) of the Tiribí River (see report).
  • 4)At an unspecified date in 2025, the appellant went to the Municipalidad de Desamparados and requested intervention at the property adjacent to hers, due to the apparent operation of a "bunker" and various irregular activities taking place there. She also requested the demolition of the structure and that the lot be fenced (report No. 01880-25) (see evidence).
  • 5)On April 22, 2025, a municipal inspector from the respondent municipality carried out an inspection at the reported site. As a result of that visit, Report No. AT-IM-JM-023-2025 was issued, which confirmed the existence of a shack (rancho) of approximately six square meters, built in what appears to be the protection zone of the Tiribí River, inhabited by an elderly person (adulto mayor) in an apparent state of abandonment, assisted by area neighbors. The inspector did not observe, at that time, any activity related to the consumption or sale of illicit substances. That document also expressly stated the following: "Por tanto: Due to the precarious conditions in which the elderly person lives, a copy is being sent to the Social Services Department—for the care of the elderly and persons with disabilities. Regarding the unlawful occupation of the river protection zone, notification is being sent to Environmental Control for the appropriate action" (see report and evidence).
  • 6)On September 24, 2025, another municipal inspector carried out a second visit to the same site in connection with proceedings (trámites) No. 05591-2025 and No. 05592-2025 submitted by the appellant through the Services Platform. Her findings were recorded in Official Communication No. AT-IM-1163-2025 of October 15, 2025, addressed to the Citizen Security and Institutional Department and to the Chief of Plans and Operations of the Municipal Police, for the purpose of adopting the appropriate measures in matters of public safety. This official communication expressly stated the following: "Regarding the proceeding, the following actions taken by Municipal Inspection are noted: 1. It was assigned to Inspector María José Ureña Arias. 2. A visit was made on September 24, 2025, in the district of San Antonio, Dirección01, at the far end on the right side. 3. Adjacent to property 28568, along the bank of the Tiribí River (which could be considered a protection zone), a shack was observed where persons apparently in street situations pass through, who consume drugs according to residents of the area. For the foregoing reasons, the original copies of the proceedings are being forwarded so that the appropriate actions may be taken, or those within your purview in matters of public safety" (see report and evidence).
  • 7)On October 15, 2025, Municipal Inspection issued Official Communication No. AT-IM-1164-2025 addressed to the appellant, stating the following: "In response to your proceeding filed on the Services Platform, No. 05591-2025, requesting an inspection of the shack on the riverbank, please be advised of the following: 1. It was assigned to Inspector María José Ureña Arias. 2. A visit was made on September 24, 2025, in the district of San Antonio, Dirección01, at the far end on the right side. 3. Adjacent to property 28568, along the bank of the Tiribí River (which may be considered a protection zone), a shack was observed where persons apparently in street situations pass through, who consume drugs according to residents of the area. Your request has therefore been forwarded to the Citizen Security Department and the Municipal Police via Official Communication AT-IM-1163-2025, so that the appropriate actions may be taken in matters of public safety. Photographs of the observations made during the visit are attached" (see report and evidence).
  • 8)On October 21, 2025, the respondent party sent Official Communication No. AT-IM-1164-2025 to email address ...01 (see report and evidence).
  • 9)The address ...02 is the one registered on the virtual platform of the Municipalidad de Desamparados in the name of Nombre01 (see appellant's written submission).
  • 10)On May 4, 2026, the appellant filed the present writ of amparo (see filing document).
  • 11)On June 1, 2026, the respondent authority was notified of the filing of this writ of amparo (see notification record).
  • 12)In Official Communication No. AM-SC-306-2026 of June 3, 2026, issued by the Citizen Security Department of the respondent municipality, the following was expressly recorded:

"In the first instance, Legal Advisory was asked to expand the information provided, specifically with respect to the identification of the property or a more precise location of the site referenced by the appellant, in order to correctly identify the location and carry out the corresponding procedures. Likewise, Official Communication AT-IM-1163-2025, signed by Architect Pablo Masis Aguilar of the Municipal Inspection Department, was received, which refers to proceedings No. 05591-2025 and No. 05592-2025. However, upon reviewing the submitted documentation, it was determined that the situation described was already known to this Department prior to receipt of the aforementioned official communication. This was due to interventions carried out by the Municipal Police in the district of San Antonio, through the application of the Nombre02 model and complaints received by the Monitoring Center, in which the existence of a shack-type structure in the indicated area was identified.

As a result of inspections and patrols conducted, it was determined that the structure is inhabited by an elderly person. Likewise, during interventions carried out by Municipal Police officers, no evidence of consumption or sale of illicit substances at the site has been observed. Should the consumption of substances by some persons at the location eventually occur, this would be attributable to third parties other than the occupant of the structure entering the site—a situation that has not allowed a conclusion that there are permanent activities of drug consumption or trafficking in the area. However, on some occasions the occupant has displayed apparent signs of being under the influence of alcohol. Additionally, this Department has coordinated joint actions with Engineer Roberto Fallas Redondo of the Waste Management Department, with the goal of addressing the existing situation at the location.

Among the planned actions is support through municipal machinery and personnel for cleaning work and the eventual demolition of the structures present in the area. However, the scheduling of such work is pending, as the Waste Management Department is currently conducting the non-traditional waste collection campaign, and the required machinery is being used in that activity. Consequently, arrangements are being made to coordinate a near-term date for the corresponding intervention. Finally, it is important to note that, given that an elderly person occupies the site and has built a shack-type structure, the comprehensive handling of this situation is not solely the responsibility of the Citizen Security Department and the Waste Management Department. Therefore, it was considered necessary to coordinate the participation and support of the Social Services Department, in order to assess the vulnerability of the person involved and determine the appropriate social assistance measures.

In that regard, through a telephone conversation with Attorney Sofía Trigueros Adames of the Social Services Department, it was indicated that said department could not intervene directly while the person appeared to be under the influence of alcohol. It was also reported that coordination with a competent institution for handling the case would be considered; however, as of the date of issuance of this report, this Department has not received any further communication regarding the steps taken or the actions adopted in this regard. As supporting documentation, a copy of the communications made in the coordination group used to handle this type of situation is attached, in which reference is made to the site that is the subject of this matter. Photographs taken during inspections of the site are also provided, along with documentation evidencing the follow-up given by this Department to the reported situation" (see report and evidence).

  • 13)According to the report submitted, "in none of the interventions carried out by Municipal Inspection or the Municipal Police was any activity of sale or consumption of illicit substances observed" (see report).
  • 14)According to the report submitted, "coordination of the Social Services Department's intervention has been arranged to assess the vulnerability of the elderly person living in the shack, an action that is in progress. • The performance of cleaning and demolition work has been scheduled in coordination with the Waste Management Department, an action that remains pending execution for operational reasons related to the ongoing non-traditional waste collection campaign" (see report).

III. UNPROVEN FACT

As relevant to resolving the present writ of amparo, the following is deemed unproven: Single.- That the appellant was provided a substantive response to the complaints filed (the case file).

IV. ON THE POSSIBILITY OF HEARING THIS WRIT OF AMPARO PURSUANT TO ARTICLE 41 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Prior to analyzing the merits of the matter—regarding the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings—it should be clarified that, since Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Court has referred—with certain exceptions—to the administrative contentious jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) those matters in which the question is whether the public administration has complied with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, for the purpose of resolving an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—by means of a final act, or for the purpose of hearing applicable administrative appeals. In this case, precisely, an exceptional situation arises—supported by the majority of this Constitutional Court—as the complaints relate directly to the safety and integrity of the appellant and her family, which have allegedly not been resolved within a reasonable period of time. Having clarified this point, the specific situation raised in this writ of amparo is now addressed.

V. ON THE ACTS IMPUTED TO THE MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

As the central issue of this writ of amparo, the appellant states that adjacent to her property there is a municipal lot that has been unlawfully occupied by antisocial individuals, within the public right-of-way and in the protection zone of the Tiribí River. She states that a kind of "bunker" operates there, where antisocial individuals come and go primarily to consume what appear to be illicit substances. She argues that, as a result, both she and her family suffer from insecurity and anxiety. She further asserts that they face an imminent, manifest, and evident risk. She alleges that, despite numerous complaints filed with the Municipalidad de Desamparados, the municipality has neither addressed the problem nor provided her with a response.

In a subsequent submission, and in connection with the report filed by the respondent party, the protected party (tutelada) argues that she has never been provided a formal response to her complaints, and noted that the email address registered with the municipality as the means for receiving notifications is ...02 (and not ...01).

In light of all the foregoing, she requests that this writ of amparo be granted and that the authorities of the respondent municipality be ordered to intervene, fence the site, and even relocate the person remaining there.

However, having analyzed the grievances set forth by the appellant, the report submitted by the Mayor (Alcaldesa) of Desamparados, and all the evidence submitted in the case file, this Constitutional Court finds there is sufficient merit to grant this aspect of the appeal. This is so for the reasons set forth below.

First, in that it has been demonstrated that, by the date this writ of amparo was filed (May 4, 2026), an excessive period of at least more than one year had elapsed since the appellant first formally filed a complaint with the respondent municipality (regarding the security problem at the adjacent lot), and by that time no substantive response addressing the matter had been issued or notified. It should be noted that, although Official Communication No. AT-IM-1164-2025 of October 15, 2025, was issued in response to the complaints filed (which, moreover, is not confirmed to have been sent to the correct address provided by the appellant), the fact is that this document merely referred to an inspection carried out at the site and the referral of the matter to the Citizen Security Department and the Municipal Police for their attention. However, a formal response substantively addressing the claimed situation through the competent authorities—the crux of the matter—is conspicuously absent. In that regard, there is no indication that, for example, the actions recorded by the Citizen Security Department of the Municipalidad de Desamparados in Official Communication AM-SC-306-2026 (relating to the complaints in question) were ever notified to the protected party (amparada). Thus, a violation of the provisions of Article 41 of the Constitución Política is established.

Second, given that the study of the case file has confirmed that the situation reported by the appellant has not been addressed in a timely and decisive manner by the respondent authorities, despite their awareness of it for several months. First, it is important to note that, while it was reported that the actual activity of consuming or selling illicit substances was not observed during certain inspections, there is also what was recorded by the Citizen Security Department in Official Communication No. AM-SC-306-2026 issued on June 3, 2026 (in connection with the present writ of amparo), to the effect that "should the consumption of substances by some persons at the location eventually occur, this would be attributable to third parties other than the occupant of the structure entering the site." In this Court's view, this statement does not therefore rule out the existence of persons entering the reported site to consume illicit substances. Furthermore, the evidence submitted confirms that the site is inhabited, in a kind of "shack," by a third party (an elderly homeless person) who suffers from alcohol-related problems and who, according to the information provided, must be relocated.

Taken together with the foregoing, it must not be overlooked that the respondents have failed to finalize and execute (as likewise indicated in Official Communication No. AM-SC-306-2026) the appropriate actions with the Waste Management Department (for the performance of cleaning work and the eventual demolition of the structures present in the area) or with the Social Services Department (in order to assess the vulnerability of the person involved and determine the appropriate social assistance measures). All of this despite the fact that, it is reiterated, the situation has been known since at least April 2025 following the first inspection carried out at the site, and that since October 15, 2025 (via Official Communication No. AT-IM-1163-2025), it was specifically brought to the attention of the Citizen Security and Institutional Department and the Chief of Plans and Operations of the Municipal Police.

Added to this, it should be noted that even if it is argued that the reported property does not belong to the municipal corporation and that its administration would potentially fall under MINAE and SINAC, the fact remains that no coordination efforts with those entities have been observed either, to ensure timely attention and management.

On several occasions this Court has had the opportunity to hear cases similar to the one now before it. Thus, in Judgment No. 2024-3299 of 9:21 a.m. on February 9, 2024, the following was decided:

"(…) II.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that there is a park located in the Los González residential development (urbanización) that has been in a state of complete abandonment by the municipal authorities since September 2022, at which time a section of the perimeter fence (malla perimetral) was removed, causing that space to be used for the consumption of alcohol and drugs, as a latrine, and as a pet cemetery, among other things. He asserts that, given the insecurity and contamination that this situation has caused, he filed complaints on June 5 and 6, October 16, and November 29—all in 2023—with the Municipalidad de Vásquez de Coronado; however, to date he has received no response and the described problem has not been resolved. (…)

IV. ON THE SPECIFIC CASE

In the case at hand, the appellant states that there is a park located in the Los González residential development that has been in a state of complete abandonment by the municipal authorities since September 2022, at which time a section of the perimeter fence was removed, causing that space to be used for the consumption of alcohol and drugs, as a latrine, and as a pet cemetery, among other things. He asserts that, given the insecurity and contamination that this situation has caused, he filed complaints on June 5 and 6, October 16, and November 29—all in 2023—with the Municipalidad de Vásquez de Coronado; however, to date he has received no response and the described problem has not been resolved.

The Court finds that, by written submission (memorial) dated June 5, 2023, addressed to the mayor of Vásquez de Coronado, the petitioner (recurrente) stated that, as of November 1, 2022, the park in the Los González residential development (urbanización) has been closed and lacks adequate maintenance, a situation that also affects a small park located adjacent to it. Regarding the latter park, the petitioner noted: "for repairs carried out by municipal personnel on 9/12/22, a section of the perimeter fence (malla perimetral) was removed, which as of today has not been restored; furthermore, the roadway in the small roundabout was destroyed by the municipal works. Despite the emails sent to Mr. Nombre04 requesting the restoration of said fence, to this day the basketball court (cancha) park remains open day and night, with persons from outside the community entering at any hour (…) I am concerned about the municipal neglect to which municipal park B and the basketball court park are being subjected, and I therefore request (…) A maintenance plan, periodic cleaning, and genuine restoration of municipal park B and the basketball court park.

Definitive removal, by whoever is responsible, of the perimeter fence dividing municipal park B into two or more sections. Repair of the basketball court area, including the hoops and their surroundings. Restoration and repair of the perimeter fence at the basketball court park, returning it to its original condition. Repair of the paved area of the basketball court roundabout, which was destroyed during the sinkhole repair works last November. Request from whoever is responsible for nighttime lighting in those municipal areas (basketball court and municipal park B). Establishment of patrol rounds by the Municipal Police." By written submission dated June 6, 2023, addressed to the mayor of Vásquez de Coronado, the claimant (accionante) stated: "I am very grateful for your prompt response in cleaning the municipal grounds known as the basketball court and municipal park B in the Los González residential development today.

Along with this expression of gratitude, I believe it is important to request that those areas receive a herbicide treatment to prevent weeds from growing back to a considerable height within a very short time, as they were until yesterday, which was encouraging people from outside the residential development to come and do as they pleased. As I explained in yesterday's note, it is important for the municipality to carry out repairs to the basketball court to promote sports; to replace the perimeter fence and the paved area of the roundabout destroyed during the municipal repair works at that location (…)." By written submission bearing the received stamp of the Secretariat of the Municipal Council of Vásquez de Coronado dated October 13, 2023, the claimant stated: "(…) The removal of this fence and its non-replacement by municipal personnel of the Municipalidad de Coronado, once the works in the municipal area were completed, has led to the following consequences: the lack of maintenance of the green areas by the municipality itself, resulting in the formation of brush and undergrowth (charral o montazal) in that municipal sports space.

In the absence of that section of the protective fence, people can enter at any hour of the day or night without restriction; furthermore, it was the location chosen by a neighbor to bury a pet; vehicles can be seen parked there at night with couples doing as they please; groups of people consuming beverages and/or smoking whatever they wish; people relieving themselves; and, what is worse, with this abandonment by the municipality, the problem has arisen of people from outside the community coming to dump their garbage in that space belonging to the residents, thereby creating a future 'open-air dump,' etc. (…) All of this is happening because that area lacks nighttime lighting due to the absence of municipal maintenance or maintenance by any other institution. Likewise (…) this constitutes a formal request to whoever is responsible within the municipal apparatus for the replacement of those 8 meters of perimeter fence and the restoration of nighttime lighting in the premises as soon as possible." On November 2, 2023, the Municipalidad de Coronado sent official communication AL-200-1744-2023 to the protected party (tutelado), attaching official communication LE-290-D34-034-2023 concerning the legal explanation of the process for recovering the municipal property being processed under case file 22-0000787-1027-CA.

On January 19, 2024, an official of the respondent local government stated: "(…) on December 20, grass cutting was carried out in the area of Parque Los González (…) in the coming days the corresponding maintenance will once again be provided." Likewise, by written submission SA-253-0050-2024 of January 19, 2024, the Department of Environmental Sanitation and Inspections of the Municipalidad de Coronado stated: "(…) in response to official communication AL-200-1716-2023 and agreement 2023-175-03, with reference to the municipal property at Dirección03, this office informs you that this property was subject to intervention by the Road Management Unit to repair a headwall (cabezal) and a portion of the pipeline that had slid into the protection zone (zona de protección) of the Quebrada, thereby creating a hole in that municipal area where a court is located, posing a hazard to users. The Road Management Technical Unit immediately proceeded to replace the pipeline and construct the headwall.

In carrying out this repair, the crew used the fence removed from the front of the property to place it on the embankment slope (talud) of the headwall, so as to prevent users of the court from suffering an accident or fall in the protection zone (…) The 2023 budget did not include funds for the purchase and construction of a fence, and the office is awaiting confirmation that the 2024 ordinary budget will include funds to carry out the replacement of the fence placed in the rear area of the Municipal Park" (emphasis added).

In light of the foregoing, this Tribunal finds a violation of the fundamental rights of the protected party due to the lack of diligent and timely action by the Municipalidad de Vásquez de Coronado in addressing the complaints filed since June 5, 2023, concerning the problems affecting the park in the Los González residential development as a result of the missing section of the perimeter fence. In this regard, while the respondent mayor maintains that on November 2, 2023, an email was sent to the protected party (amparado) in response to his complaints, it is equally true that said communication only referenced the legal status of the aforementioned park; however, no mention whatsoever was made of the underlying problem reported by the petitioner, namely, the matter of the fence in question at the parks of the Los González residential development. Additionally, although it is on record that cleaning works were carried out on the aforementioned grounds in June and December of 2023, it is equally true that there is no evidence that the matter reported herein has been resolved.

This is demonstrated by the fact that, in written submission SA-253-0050-2024 of January 19, 2024, the Department of Environmental Sanitation and Inspections of the Municipalidad de Coronado acknowledged that the Road Management Technical Unit used the perimeter fence removed from the park to place it on the embankment slope of the headwall constructed following a landslide that occurred in 2023, and noted that said fence has not been repaired; this, despite the fact that the first complaint filed by the protected party regarding this problem dates back to June 5, 2023, more than six months ago.

In light of the foregoing considerations, the petition is granted, so that the respondent authority, within a period of two months counted from the notification of this judgment: i) properly addresses, as required by law, the complaints filed by the petitioner on June 5 and 6, as well as October 13, all of 2023, and notifies the relevant response through the means designated for such purposes; and ii) resolves the problem reported by the claimant concerning the missing perimeter fence at the parks in the Los González residential development that are the subject of this petition, which, according to the evidence submitted by the mayor of Vásquez de Coronado himself, has still not been repaired (…)" (Emphasis not in the original.)

More recently, in Judgment No. 2025-17969 issued at 09:20 hrs. on July 13, 2025, this constitutional body held the following:

"(…) IV.- ON THE FUNCTIONS OF MUNICIPALITIES PURSUANT TO ARTICLE 169 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. This Court, in its jurisprudence, has recognized the obligation of municipalities to carry out effective and timely actions in response to the needs of the territorial jurisdiction assigned to each municipal corporation, which is intimately linked to the element of population. Such obligations arise from the provisions of Articles 169 and 170 of the Political Constitution and encompass a broad range of activities. Thus, in judgments No. 2011-12886 issued at 12:44 hours on September 23, 2011, and No. 2015010541 issued at 09:20 hours on July 17, 2015, among others, this Court stated:

"(…) as established by Article 169 of the Political Constitution and the Código Municipal, municipalities are responsible for the administration of local services and interests, with the purpose of promoting the comprehensive development of cantons in harmony with national development. Accordingly, the municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the applicable law, aimed at achieving the efficient and harmonious development of urban centers and guaranteeing—at a minimum—efficient electrification and communications services; sound systems for the supply of drinking water and the disposal of wastewater; adequate aqueduct and sewerage systems; city lighting and beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public thoroughfares; and, in general, concrete and practical plans to make the lives of the population comfortable and safe." Furthermore, with regard to the provision of services, this Court has held—see, e.g., judgment No. 2016-000427 issued at 09:30 hours on January 15, 2016—that the proper functioning of such services constitutes a fundamental right.

This stems from the content of Articles 139, 140, and 191 of the Political Constitution. This translates into the obligation of the various Public Administrations to provide services in a continuous, regular, timely, effective, and efficient manner. Likewise, the organic part of the Fundamental Charter establishes a series of principles governing the organization and functioning of the Administration, which have been developed by sub-constitutional rules, such as the Ley General de la Administración Pública, which in its Articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, imposes on state bodies the duty to guide and nurture administrative organization and function. Thus, the principle of efficacy presupposes that the administrative organization is designed to achieve the objectives and purposes assigned by the legal order itself, which requires the existence of planning and accountability.

The principle of efficiency, for its part, implies obtaining the best results through the rational use of the resources available to the various administrative units. In addition, the Administration is subject to the principle of simplicity, which is to be understood as the obligation to ensure that administrative structures and their competencies are easy to understand, free from complex procedures that would delay the satisfaction of the public interest. The principle of celerity imposes on public administrations the obligation to fulfill their objectives and purposes in the most expeditious, swift, and accurate manner possible, so as to avoid undue and unjustified delays. Together, these principles impose a series of permanent requirements, responsibilities, and duties on all public entities.

V. ON THE SPECIFIC CASE

Based on a comprehensive review of the case file and in reliance on the sworn report submitted by the Municipalidad de San José, this Court concludes that the present amparo petition (recurso de amparo) must be granted.

While the record shows that the respondent local government has carried out various administrative actions, police operations, and periodic maintenance works at Dirección05, in Pavas—including debris collection, brush clearing (chapea) of green areas, technical inspections, and the drafting of an urban improvement project—the fact remains that such measures have not produced an effective or definitive result that resolves the problem reported by Mr. Nombre01 since 2021. The lack of structural attention to the phenomenon of homelessness (indigencia) and to the high-risk activities taking place in said public space—such as the presence of persons living on the street, drug dealing and consumption, unsanitary conditions, and direct impact on the petitioner's home—evidences a material omission in the constitutional duty to guarantee the right to a healthy environment, public safety, and the protection of health.

Although the Contraloría de Servicios and other municipal offices have provided interdepartmental follow-up on the situation, acknowledging that it is a structural social problem that cannot be resolved by a single intervention, it is equally true that no comprehensive, coordinated, and effective strategy has emerged that has translated into a material resolution of the reported conditions.

Indeed, despite the multiple reports, photographs, videos, and urgent requests submitted by the petitioner between June and July of 2024, and the fact that the municipality had been aware of the case since 2021, the situation persists at the time of filing of the present petition, without the most sensitive aspect of the complaint having been adequately addressed: community insecurity and the sustained occupation of public space by persons living on the street, with the consequent deterioration of the quality of life of local residents. Such inaction—even if framed within isolated efforts—translates into a real and ongoing violation of the petitioner's fundamental rights, particularly with respect to his right to a healthy environment, personal tranquility, and the integrity of his home.

In light of the foregoing, this Constitutional Court finds it appropriate to grant the petition filed (…)" (Emphasis not in the original.)

These precedents are fully applicable to the case under review. Therefore, having established, in the present matter, a violation affecting primarily the safety and integrity of the petitioner and her family (including all members of the community), the appropriate course of action is to grant this aspect of the petition, so that—as will be set forth in the operative section (parte dispositiva) of this judgment—the Municipalidad de Desamparados resolves the complaint and adopts and implements the measures it deems appropriate to comprehensively and effectively address the reported security situation.

VI. REGARDING THE ACTS ATTRIBUTED TO THE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

On another matter, the petitioner also alleges that authorities of the Fuerza Pública of the Ministerio de Seguridad Pública have failed to address the reported problem concerning the property adjacent to her home.

However, this Court does not find sufficient grounds to examine this particular grievance on the merits. This is because the petitioner submitted no evidence whatsoever to the record of formal complaints lodged before these authorities, and this jurisdiction has consistently held that it does not function as a complaint-processing body. Indeed, it should be noted that the petitioner herself, in the initiating brief (libelo de interposición) of this amparo proceeding, expressly acknowledged that she had no evidence on this particular point.

Accordingly, it is not possible to attribute to these specific authorities any arbitrary act or omission to the detriment of the fundamental rights of the petitioner and her family.

VII. NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE

I have supported the position of this Court that, when a party seeking justice (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the competent bodies to hear the legal dispute are the Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Court. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is amenable to judicial protection by means of the amparo petition established under Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, pursuant to Article 7 of its own Law, it is exclusively the Court's prerogative to define its own jurisdiction.

Therefore, except for those constitutional legal disputes that have been recognized by this very Court as exceptional cases that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding, in all other cases, and for the reasons set forth by this Court (judgment No. 2008-02545 issued at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the judges of the administrative courts (jurisdicción de lo contencioso-administrativo), all of which is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the applicable statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.

VIII. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are hereby notified that if they have submitted any documents in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the court within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by Corte Plena at session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The petition is partially granted, solely as against the Municipalidad de Desamparados. María Antonieta Naranjo Brenes, in her capacity as Mayor (Alcaldesa) of Desamparados, or whoever holds said office, is hereby ordered to coordinate with all competent bodies and to execute all pertinent actions so that, within a maximum period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment, the petitioner is notified of a response to the complaint filed; and so that, within a maximum period of THREE MONTHS counted from the notification of this judgment, the necessary measures are adopted and implemented to comprehensively and effectively address the reported situation. The respondent authority is hereby warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order from this Court that they are required to comply with or cause to be complied with and who fails to observe it, provided the offense is not subject to a more severe penalty.

The Municipalidad de Desamparados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be assessed in the enforcement proceedings before the administrative courts (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). The amparo petition is denied with respect to the Ministerio de Seguridad Pública. Justice Castillo appends a note. Notify the parties.

Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Phone numbers: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección04, Dirección05, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).

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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de junio de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADO y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito aportado a la Sala el 4 de mayo de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo. Expone que aproximadamente en el 2018 se percató de la invasión de unos antisociales en el lote ubicado a la par de su propiedad. Indica que ese terreno es propiedad de la Municipalidad de Desamparados, cuya invasión sucede dentro de la vía pública, en propiedad municipal y en la zona protegida que resguarda el río Tiribí. Asegura que en ese lugar se realizan actividades que atentan contra sus derechos fundamentales, por los cual sufre de inseguridad e intranquilidad; además, se encuentra un riesgo inminente, manifiesto y evidente. Señala que en ese lote se está creando una especie de "búnker", en el que entran y salen los antisociales para consumir sustancias en apariencia ilícitas y realizar movimientos de tierra. Explica que, en el 2019, acudió a las instalaciones de la municipalidad recurrida para reportar el problema suscitado; sin embargo, afirma que no se le emitió un comprobante.Sostiene que ha llamado al sistema de emergencias 911 para que la Policía de Proximidad se movilice por la situación que sufre, pero no recibió ningún informe y tampoco se materializó ninguna acción por parte de algún cuerpo policial sobre el lote en cuestión. Aclara que, sobre estas gestiones, tampoco tiene documentación de respaldo. Acota que, en enero de 2020, acudió nuevamente a la municipalidad recurrida, ya que el problema persistía y no había intervención de los funcionarios municipales u oficiales de seguridad de la Fuerza Pública. Indica que, sobre esta gestión, se tiene únicamente el recurso confeccionado por su persona junto con mi familia y señala que adjunta copia simple como guía. Arguye que, en el 2024, de nuevo se apersonó en la municipalidad recurrida, con el fin de informar que la problemática en el referido lote continuaba y que no había intervención alguna sobre esa invasión.De esta última actuación no se tiene constancia alguna. Menciona que el 17 de marzo de 2025, acudió a municipalidad recurrida para solicitar comprobante de las acciones realizadas (solicitud de intervención de la propiedad invadida) y se emitió el reporte No. 01880-25. Menciona que en su casa habitan su esposo, que es un paciente de control cardiaco crónico; otra persona de la que se hace cargo, la cual tiene la condición de síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otros padecimientos; y ella. Acusa que actualmente la problemática continúa y la autoridad recurrida sigue sin intervenir para buscar una solución. Por los motivos expuestos, solicita que se declare con lugar el recurso y se les ordene a los recurridos intervenir respecto a la situación acaecida en el lote y cercar dicho inmueble para que no vuelva a ser invadido.
  2. 2Por resolución de las 16:27 hrs. de 27 de mayo de 2026, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.
  3. 3Mediante memorial aportado a la Sala el 4 de junio de 2026, María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) Con el propósito de brindar a la Sala Constitucional una visión objetiva y debidamente documentada de la situación, se exponen los hechos que constan en los informes rendidos por las Áreas municipales correspondientes y que se aportan como prueba por parte de la Municipalidad de Desamparados. 1. El día 22 de abril de 2025, el Inspector Municipal José Antonio Morales Ch. realizó una visita de campo al sitio ubicado en el Distrito de San Antonio, al final de Dirección01, en atención al trámite N° 01880-2025 presentado por la señora Nombre01. Dicha inspección se documenta en el Informe AT-IM-JM-023-2025. Del resultado de esa visita se constató la existencia de un rancho de aproximadamente seis metros cuadrados, construido en aparente zona de protección del río Tiribí, habitado por una persona adulta mayor en estado de aparente abandono, asistida por vecinos solidarios de la zona.El inspector no observó en ese momento actividad relacionada con el consumo ni la venta de sustancias ilícitas. 2. Con fecha 24 de setiembre de 2025, la Inspectora Municipal María José Ureña Arias realizó una segunda visita al mismo sitio en atención a los trámites N° 05591-2025 y N° 05592-2025 presentados en la Plataforma de Servicios por la señora Nombre01. Sus hallazgos fueron consignados en el oficio AT-IM-1163-2025 del 15 de octubre de 2025, dirigido al Área de Seguridad Ciudadana e Institucional y a la Jefatura de Planes y Operaciones de la Policía Municipal, con el fin de que se adoptaran las medidas pertinentes en materia de seguridad ciudadana. Simultáneamente, se emitió el oficio AT-IM-1164-2025 de esa misma fecha, notificando a la recurrente los resultados de la inspección. 3. El Área de Seguridad Ciudadana, con ocasión del presente recurso, informa mediante oficio AM-SC-306-2026 del 3 de junio de 2026, que la situación del rancho era de conocimiento previo de esa dependencia, habiéndose identificado la estructura a través de denuncias al Centro de Monitoreo y de recorridos realizados bajo el modelo de gestión policial Nombre02.Durante todas las intervenciones efectuadas por oficiales de la Policía Municipal, no se observó evidencia de consumo ni comercialización de sustancias ilícitas. Se indicó, además, que se han coordinado acciones conjuntas con el Área de Gestión de Residuos para realizar labores de limpieza y eventual demolición y que se gestionó la participación del Área de Servicios Sociales para valorar la condición de vulnerabilidad de la persona que habita el rancho. 4. El Área de Gestión Ambiental, con ocasión del presente recurso, informa mediante oficio TR-GA-159-2026 del 2 de junio de 2026, que a partir del mosaico catastral municipal, el rancho se ubica en un terreno inmatriculado, sin número de finca ni plano catastro asociado, contiguo al río Tiribí, cuya titularidad no corresponde a la Municipalidad de Desamparados. Gestión Ambiental confirmó, además, que no existe registro de trámite alguno presentado directamente ante esa área por la señora Nombre01. 5.La Unidad de Topografía y Catastro, con ocasión del presente recurso, confirma mediante oficio TR-TC-053-2026 del 2 de junio de 2026, que la finca propiedad de la señora Nombre01 corresponde al folio real 1-028568-000, plano catastrado SJ-0274300-1995, ubicado en el Dirección02, Cantón 03 Desamparados, Provincia de San José. Al analizar los colindantes de esa finca mediante el visor catastral del Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI), se determinó que el terreno denunciado corresponde al identificador predial N° 10305H00002200, el cual no tiene asociado un número de finca sino un número de consecutivo precedido de la letra 'H', lo que indica en la codificación del Registro Nacional que se trata de un cuerpo hidrográfico, en este caso la zona de protección del río Tiribí. Dicho terreno no figura en el inventario de terrenos municipales. Sobre el fondo del recurso El primero y más fundamental de los puntos en que descansa el recurso, es que la estructura denunciada se emplazaría en un terreno de titularidad municipal.Esta premisa es fácticamente incorrecta y se encuentra desvirtuada por la prueba documental aportada. Según las verificaciones realizadas de forma independiente por el Área de Gestión Ambiental (TR-GA-159-2026) y la Unidad de Topografía y Catastro (TR-TC-053-2026), el terreno en el que se levanta el rancho corresponde a la zona de protección del río Tiribí, identificada en el catastro nacional con el código predial 10305H00002200. La letra 'H' en ese identificador predial es la convención utilizada por el Registro Nacional para designar terrenos asociados a cuerpos hidrográficos. Este terreno no ha sido inscrito como propiedad de la Municipalidad de Desamparados ni figura en el inventario de terrenos municipales. Las zonas de protección de ríos y quebradas están definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal, que establece una franja de protección de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.Esas franjas constituyen una afectación legal que no implica la transferencia del terreno al dominio público municipal. Su administración, eventualmente correspondería al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). En consecuencia, no existe omisión imputable a la Municipalidad de Desamparados derivada de una supuesta inacción sobre un terreno que no le pertenece y sobre el cual no ejerce control dominical. Ahora bien, respecto de la situación real, la señora Nombre01 describe en su escrito una situación de alta inseguridad generada por personas que utilizarían el terreno para consumir y traficar sustancias ilícitas, construyendo lo que califica como un 'búnker'. Esta caracterización no encuentra respaldo en ninguno de los informes técnicos levantados por funcionarios municipales en las visitas al sitio. La realidad verificada es sustancialmente diferente.El rancho está habitado por una persona adulta mayor en aparente condición de vulnerabilidad social, asistida por vecinos de la zona que le proveen alimentos y apoyo básico. En ninguna de las intervenciones realizadas por la Inspección Municipal ni por la Policía Municipal se observó actividad de venta o consumo de sustancias ilícitas. El informe AM-SC-306-2026 del Área de Seguridad Ciudadana es explícito en señalar que, de presentarse eventualmente el consumo de sustancias por parte de terceros, ello obedecería al ingreso de personas ajenas al ocupante del rancho, sin que ello permita caracterizar el sitio como un punto permanente de venta o consumo de drogas. La Municipalidad de Desamparados reconoce la genuina preocupación de la señora Nombre01, quien convive con una realidad compleja en su entorno inmediato. Sin embargo, una descripción de los hechos que no se corresponde con la realidad constatada oficialmente no puede servir de fundamento para ordenar acciones de la envergadura que la recurrente solicita -demolición, cerco y condena en daños y perjuicios- sin que exista base fáctica suficiente.Por otro lado, acerca de las gestiones que indica la recurrente haber presentado ante esta Municipalidad, se tiene que el recurso de amparo tutela el derecho de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política. Para que se configure la lesión de ese derecho, debe verificarse que la Administración guardó silencio ante una petición formulada o que su respuesta fue manifiestamente deficiente. En el presente caso, ninguna de esas circunstancias concurre. La Sala Constitucional ha reiterado en abundante jurisprudencia que el derecho de petición no garantiza una respuesta favorable al peticionario, sino únicamente que la Administración se pronuncie dentro de un plazo razonable y que lo haga en términos que permitan al interesado conocer los fundamentos de la decisión. Lo que tutela el artículo 27 constitucional es el derecho a obtener una resolución en términos concretos, no el derecho a que esa resolución sea favorable a las pretensiones del solicitante.Adicionalmente, la recurrente afirma haber presentado múltiples gestiones ante la Municipalidad de Desamparados desde el año 2019, pero reconoce expresamente en su escrito de interposición que no cuenta con documentación de respaldo de la gran mayoría de ellas, indicando que requiere que sea la propia Municipalidad quien las aporte como prueba. Esta circunstancia coloca a la institución en una situación de indefensión material. Sin la identificación precisa de cada gestión -número de trámite, fecha de presentación, unidad receptora y contenido de la solicitud- resulta imposible verificar su existencia, su traslado a la unidad competente o el resultado de su atención. No puede configurarse una omisión administrativa sobre la base de afirmaciones genéricas no documentadas, pues ello equivaldría a invertir indebidamente la carga probatoria y a exigir a la Administración que demuestre un hecho negativo de alcance indeterminado.En materia probatoria, quien alega un hecho tiene la carga de acreditarlo con suficiente precisión para que la contraparte pueda ejercer su derecho de defensa, lo que en el presente caso no se ha cumplido respecto de las supuestas gestiones de los años 2019, 2020 y 2024. En contraste, lo que sí consta documentalmente son los trámites formalizados a través de los mecanismos institucionales, sea el N° 01880-2025, el N° 05591-2025 y el N° 05592-2025. Respecto de todos ellos, la Municipalidad acredita acciones concretas y respuesta a la recurrente. Esto evidencia que cuando la señora Nombre01 canalizó sus gestiones de manera formal, obtuvo respuesta institucional. Lo que ella califica como omisión es, en realidad, la ausencia de la decisión que esperaba -demolición y desalojo inmediatos- no la ausencia de respuesta. En el presente caso, tal y como se indicó antes, la Municipalidad de Desamparados ha dado respuesta formal y documentada a las gestiones de la recurrente en todas las oportunidades en que estas fueron canalizadas de manera institucional: • El trámite N° 01880-2025 fue atendido con la inspección del 22 de abril de 2025, de cuyo resultado se emitió el documento correspondiente. • Los trámites N° 05591-2025 y N° 05592-2025 fueron atendidos con la inspección del 24 de setiembre de 2025 y la emisión del oficio AT-IM-1164-2025, mediante el cual se le notificaron los resultados a la recurrente. • La Inspección Municipal trasladó la gestión al Área de Seguridad Ciudadana, mediante el oficio AT-IM-1163-2025 para que adoptaran las medidas de seguridad ciudadana que correspondieran. • Se ha coordinado la intervención del Área de Servicios Sociales para valorar la condición de vulnerabilidad del adulto mayor que habita el rancho, actuación que se encuentra en proceso. • Se programó la realización de labores de limpieza y demolición en coordinación con el Área de Gestión de Residuos, actuación que se encuentra pendiente de ejecución por razones operativas vinculadas a la campaña de recolección de residuos no tradicionales en curso.Lo anterior evidencia una actuación institucional coherente, coordinada entre varias dependencias y orientada a atender la problemática dentro del marco de competencias municipales. Respecto del tema de seguridad pública y represión del consumo de drogas, la recurrente dirige su recurso tanto contra la Municipalidad de Desamparados como contra el Ministerio de Seguridad Pública, lo que hace necesario precisar el ámbito de competencias de cada institución, pese a que no se cursó acción contra la segunda. La Policía Municipal, conforme al artículo 6 y 62 del Código Municipal, ejerce funciones de vigilancia en espacios públicos, apoyo a la gestión municipal y seguridad ciudadana de proximidad. Con base en lo anterior y a propósito de las gestiones de la recurrente, ha realizado intervenciones mediante la aplicación del modelo SARA, efectuado inspecciones y recorridos, sin evidenciar consumo de sustancias por parte de las personas en el lugar.En consecuencia, la Municipalidad no puede ser responsabilizada por omisiones en el ejercicio de competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye a otro ente. Finalmente, es relevante destacar que el ocupante del rancho es una persona adulta mayor en condición de aparente vulnerabilidad social. El ordenamiento jurídico costarricense reconoce a las personas adultas mayores una protección reforzada, derivada tanto del artículo 51 de la Constitución Política como de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Cualquier intervención sobre la estructura habitada por esta persona debe necesariamente ir acompañada de un proceso de atención social que garantice que no se producirá una situación de mayor desprotección. Por ello, la Municipalidad de Desamparados ha procedido precisamente en ese sentido, sea gestionando la participación del Área de Servicios Sociales, actuación que responde a una visión institucional respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en la situación, incluyendo tanto los de la recurrente y su familia, así como los del adulto mayor que habita el rancho.Sobre los derechos fundamentales alegados como lesionados La recurrente alega la lesión de un conjunto amplio de derechos fundamentales, entre ellos, el derecho de petición, seguridad jurídica, seguridad personal, integridad personal, tranquilidad, libertad y salud. Es preciso advertir, como cuestión preliminar, que varios de esos derechos no tienen sustento constitucional autónomo en la forma en que fueron planteados, y que en los demás casos su eventual procedencia depende de que primero se acredite una omisión imputable a la Municipalidad de Desamparados, premisa que ha quedado desvirtuada con la prueba aportada. Sin perjuicio de lo anterior, esta representación analiza cada derecho invocado. ■ Derecho de petición (artículo 27 de la Constitución Política) Este es el único derecho cuya eventual lesión tendría base constitucional directa frente a la Municipalidad como ente recurrido. Sin embargo, según se acreditó líneas arriba, la institución respondió de manera formal y documentada los trámites que la recurrente canalizó institucionalmente.La Sala Constitucional ha reiterado de manera constante que el artículo 27 constitucional garantiza el derecho a obtener una respuesta en términos concretos dentro de un plazo razonable, no el derecho a que esa respuesta sea favorable a las pretensiones del solicitante. La recurrente sostiene que sus numerosas gestiones ante la Municipalidad no fueron atendidas, lo que desde su perspectiva equivale a una negativa institucional a escucharla y a actuar. Sin embargo, como quedó acreditado antes, los trámites que fueron formalizados institucionalmente sí recibieron respuesta documentada. La percepción de desatención que experimenta la recurrente deriva, en parte, de gestiones que ella misma reconoce no poder acreditar documentalmente y en parte de que la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Ninguna de esas circunstancias configura una lesión al artículo 27 constitucional. La Sala Constitucional ha reiterado de manera constante que ese precepto garantiza el derecho a obtener una respuesta en términos concretos dentro de un plazo razonable, no el derecho a que esa respuesta sea favorable a las pretensiones del solicitante.Habiéndose acreditado que la Municipalidad respondió los trámites formalmente presentados, la lesión alegada no se configura. ■ Seguridad jurídica La recurrente no precisa en qué consiste la afectación a su seguridad jurídica más allá de una referencia genérica a la incertidumbre derivada de la situación del terreno vecino. La seguridad jurídica, en su dimensión constitucional, protege la confianza legítima del administrado en la estabilidad del ordenamiento y en la previsibilidad de las actuaciones del Estado. No constituye un derecho a que el entorno físico del administrado se mantenga libre de cualquier perturbación de origen privado o de terceros. Lo que la recurrente experimenta, es una sensación de incertidumbre e inestabilidad derivada de la presencia del rancho en el terreno vecino y de la falta de una resolución definitiva para sus intereses. Desde su perspectiva, la inacción institucional la deja en un estado de indefinición que afecta su capacidad de planificar y desenvolverse con normalidad en su propio hogar.Sin embargo, la seguridad jurídica, en su dimensión constitucional, no protege la tranquilidad anímica del administrado frente a situaciones de hecho protagonizadas por terceros. Lo que tutela es la confianza legítima en la estabilidad del ordenamiento jurídico y en la previsibilidad de las actuaciones del Estado frente al propio administrado. La Municipalidad no ha emitido acto alguno que haya alterado la situación jurídica de la propiedad de la recurrente, ni ha creado expectativas legítimas que luego haya desconocido. La incomodidad que la situación le genera, por real que sea, no encuentra amparo constitucional bajo este derecho. ■ Seguridad personal e integridad personal La recurrente alega que la presencia del rancho y de las personas que lo frecuentan constituye una amenaza constante e inminente para su seguridad personal y la de su familia. Esta representación no desconoce que la percepción subjetiva de inseguridad puede ser genuina y que merece ser tomada en serio.Sin embargo, para que proceda la tutela constitucional de estos derechos vía recurso de amparo, la Sala Constitucional ha exigido que la amenaza sea objetivamente constatable, concreta e imputable a una conducta activa u omisiva de la Administración recurrida. Ninguno de esos requisitos se cumple en el presente caso. En cuanto a la existencia objetiva de la amenaza descrita, las tres inspecciones realizadas por funcionarios municipales y los recorridos de la Policía Municipal bajo el modelo Nombre02 no corroboraron la situación de peligrosidad que la recurrente describe. Lo que se constató en todos los casos fue la presencia de una persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad social, sin evidencia de actividad delictiva organizada, sin punto de venta de drogas y sin la estructura tipo "búnker" que sugiere el relato de la recurrente. El eventual ingreso ocasional de terceros al sitio, mencionado por el Área de Seguridad Ciudadana, es una circunstancia que no ha podido ser vinculada a una amenaza concreta y permanente dirigida específicamente hacia la señora Nombre01 o su familia.En cuanto a la imputabilidad a la Municipalidad, aún si se tuviera por acreditada alguna situación de inseguridad en el entorno, ello no sería suficiente para atribuir responsabilidad constitucional a esta corporación municipal. La omisión imputable a la Municipalidad sólo podría configurarse respecto de actuaciones que le son propias -inspección, traslado a autoridades competentes, coordinación interinstitucional- y todas ellas fueron ejecutadas y/o están en proceso, según se acredita con la prueba documental aportada. El derecho a la seguridad personal e integridad personal no ha sido lesionado por la Municipalidad de Desamparados. ■ Tranquilidad La tranquilidad no está reconocida como derecho fundamental autónomo en el texto constitucional costarricense ni en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica. Sin embargo, lo que la recurrente describe, es un estado de perturbación cotidiana que le impide desenvolverse con normalidad en su hogar, generado por la presencia del rancho, los ruidos nocturnos y el temor que le produce la cercanía de personas cuya conducta percibe como amenazante.Esa descripción refleja una afectación real en su calidad de vida que esta representación no minimiza. Sin embargo, como se indicó supra la tranquilidad no está reconocida como derecho fundamental autónomo. La Sala Constitucional ha abordado situaciones similares bajo el derecho a la intimidad o el derecho a un ambiente sano, pero en ambos casos exige que la perturbación sea causada por una acción u omisión estatal directamente imputable a la Administración recurrida. En este caso, la fuente de la perturbación son terceros particulares cuya conducta no es controlable directamente por la Municipalidad de Desamparados, lo que rompe el nexo causal necesario para que prospere el amparo. ■ Libertad La recurrente experimenta una restricción en su libertad de movimiento y en su capacidad de actuar con normalidad dentro y fuera de su propiedad, derivada del temor que le genera la presencia del rancho vecino.Desde su perspectiva, esa situación la conduce a evitar ciertas áreas de su propiedad y a modificar sus rutinas cotidianas. Sin embargo, la tutela constitucional de la libertad vía recurso de amparo requiere que su restricción sea producto de una conducta estatal concreta y directamente imputable a la Administración. El temor subjetivo generado por la conducta de terceros particulares, sin que medie un acto u omisión específico de la Municipalidad que lo haya provocado o perpetuado más allá de sus competencias, no configura la lesión constitucional que habilita esta vía. ■ Derecho a la salud La recurrente alega que la situación afecta su salud y la de su familia, haciendo especial referencia a la condición cardíaca de su esposo y a la situación de sus familiares con condiciones particulares, quienes se verían perjudicados por el estrés y la perturbación que la situación les genera. Esta representación reconoce la especial vulnerabilidad del núcleo familiar de la recurrente.Sin embargo, el derecho a la salud, derivado del artículo 21 de la Constitución Política, exige para su tutela vía amparo la acreditación de un daño concreto y objetivamente verificable, causalmente vinculado a una omisión o acción estatal específica. La recurrente no aporta prueba médica que acredite un daño concreto a la salud de ningún miembro de su familia, ni establece el nexo causal entre ese eventual daño y una omisión específica de la Municipalidad de Desamparados. La afectación emocional y el estrés que subjetivamente experimenta, por comprensibles que sean desde el punto de vista humano, no configuran por sí solos la lesión constitucional invocada. En suma, ninguno de los derechos fundamentales invocados por la recurrente ha sido lesionado por la Municipalidad de Desamparados. En todos los casos, el análisis revela que la afectación alegada parte de una percepción subjetiva genuina, pero que no alcanza el estándar objetivo que la Sala Constitucional exige para que proceda la tutela constitucional vía recurso de amparo, sea una lesión concreta, constatable y directamente imputable a una conducta activa u omisiva de esta corporación municipal.Sobre las pretensiones de la recurrente La señora Nombre01 solicita, entre otras cosas, que se condene al Estado al pago de daños y perjuicios, costas personales y procesales, y que se ordene el cerco del lote que identifica como municipal. Al respecto corresponde señalar, lo que de seguido indico. En cuanto a la condena en daños y perjuicios, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reiterado que esta procedería únicamente en aquellos casos en que se acredite una lesión efectiva y concreta a un derecho fundamental imputable a la conducta u omisión del recurrido. En el presente caso no existe lesión al derecho de petición porque la Municipalidad ha respondido las gestiones formalmente presentadas, ni se ha acreditado omisión manifiesta en el ejercicio de competencias propias de esta corporación municipal. En cuanto a la pretensión de cerco del terreno, se ha determinado que el mismo no es de titularidad municipal, sino que corresponde a la zona de protección del río Tiribí, cuya administración compete eventualmente al MINAE y/o al SINAC.En consecuencia, el cerco o cerramiento de ese terreno no es una obligación imputable a la Municipalidad de Desamparados (…) PRETENSION Con fundamento en las consideraciones expuestas, esta representación solicita respetuosamente a la Sala Constitucional declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Desamparados, por cuanto esta corporación actuó dentro del marco de sus competencias territoriales legalmente definidas, emitió respuesta oportuna y motivada a la petición de la recurrente y no ha incurrido en omisión ilegítima ni en lesión a derecho fundamental alguno. Asimismo, por cuanto el desarrollo de acciones articuladas para el tratamiento de la condición de vulnerabilidad del adulto mayor que habita la edificación levantada en zona de protección, se encuentra en proceso (…)”
  4. 4El 4 de junio de 2026 se aportó al proceso prueba para mejor resolver.
  5. 5Por escrito aportado a la Sala el 7 de junio de 2026, la recurrente se refiere al informe rendido por la parte recurrida, conforme los siguientes términos: “(…) En el apartado “INFORME DE LA MUNICIPALIDAD”: En los hechos, se dice que se efectuaron visitas al lote en cuestión. La suscrita no tiene ninguna notificación sobre estos trámites ni conocía que habían realizado visitas. Dicho esto, en la prueba aportada por la Municipalidad, precisamente el Informe AT-IM-JM-023-2025 - mencionado en el hecho 1.-, se expresa que la notificación fue entregada a los “vecinos solidarios”, cuando la parte interesada, siendo mi persona Nombre01 (como se ve en el documento adjunto), no recibió la documentación, lesionándose el debido proceso del trámite 01880-2025. A su vez, para que quede constancia de la inseguridad que vivo, esos “vecinos solidarios” que han ayudado en la construcción y el acondicionamiento, sospecho que son parte de las personas que utilizan dicho terreno junto con la persona que vive en ese rancho.Por eso el interés de “ayudar” a la persona adulta mayor. Dicha sospecha será reportada en tribunales cuando se tengan pruebas precisas, de ser necesario. Por otra parte, en el hecho 2., se menciona que el oficio AT-IM-1164-2025 fue notificado. Esto es INCORRECTO. La prueba aportada por parte de la Municipalidad (correo enviado por Pablo Masis Aguilar), detalla que la dirección electrónica a la que se envió la notificación fue ...01, cuando la dirección correcta es ...02, correo de mi hijo Nombre03, cédula CED02, por eso el jassiel10 y no el jossiel10, al ser su segundo nombre. Por lo que NUNCA se recibió esta notificación. Asimismo, el correo ...02 está registrado en la plataforma virtual de la Municipalidad de Desamparados a nombre de Nombre01. Sumado a lo anterior, está claro que en el informe se expresa que es de conocimiento de la Municipalidad que existe una invasión en el terreno mencionado y hasta este momento la situación persiste, generándose preocupaciones diarias y lesionándose de esta manera el orden público y mi seguridad.Por otra mano, en el apunte 4. se menciona que la “titularidad del terreno no corresponde a la Municipalidad de Desamparados”. En cuanto al Registro de la Propiedad, cuando se consulta la propiedad de mi persona, se denota que mi terreno colinda al norte con la Municipalidad de Desamparados, tal como lo muestra la prueba aportada por la Municipalidad. Mi conocimiento, por lo descrito en el Registro sobre mi propiedad, es que ese predio es municipal. Por lo que, se solicita coordinar los esfuerzos necesarios para reparar la situación actual con las instituciones pertinentes (cercar, reubicar a la persona en abandono y demoler lo construido). Cabe resaltar que, las inspecciones municipales comúnmente se dan en horas de la mañana o tarde, cuando las interacciones que generan mayor inseguridad se desarrollan en horas de la noche. Favor enfocarse en la prueba aportada en DVD. - En el apartado “Sobre el fondo del recurso”: Al inicio de la página 4 del informe, se dice que: “En consecuencia, no existe omisión imputable a la Municipalidad de Desamparados derivada de una supuesta inacción sobre un terreno que no le pertenece y sobre el cual no ejerce control dominical.”.Ante esta conclusión, difiero de lo que comunica la Municipalidad - independientemente de lo que se menciona en la prueba aportada del Registro sobre que es la Municipalidad la dueña de ese predio -, ya que SÍ existe omisión al no comunicar que las gestiones deben solicitarse ante el MINAE o al SINAC, teniendo la certeza de la situación particular desde hace meses, según el análisis presentado (tal y como lo mencionan en el informe). Otra omisión es que la Municipalidad podía haber alertado o remitido los oficios pertinentes a dichas instituciones. Igualmente, genera un sinsabor que la Municipalidad detalla que están haciendo los esfuerzos por mantener el lote limpio y están gestionando el derribo del rancho y la reubicación del sujeto. Por lo que no queda claro la competencia para la toma de decisiones con respecto a este tema. Dicho lo anterior, sobre la calificación de búnker, cabe destacar que comúnmente las inspecciones se realizan en horas de oficina, no en la noche, como se dijo renglones atrás.Asimismo, se menciona en las pruebas aportadas que la persona adulta mayor estaba en estado de ebriedad y por esa razón no la pudieron atender. Sumado a lo anterior, concluyen que el “…informe AM-SC-306-2026 del Área de Seguridad Ciudadana es explícito en señalar que, de presentarse eventualmente el consumo de sustancias por parte de terceros, ello obedecería al ingreso de personas ajenas al ocupante del rancho, sin que ello permita caracterizar el sitio como un punto permanente de venta o consumo de drogas.”, siendo necesaria la pretensión de cercar el lote, ya que se reconoce como un supuesto plausible. Por eso es que se realiza este recurso. Reconozco el gesto de la Municipalidad de mencionar que reconocen la genuina preocupación de mi persona. No obstante, es imposible y desmedido, que me soliciten sustentar mis hechos con más prueba cuando es de conocimiento municipal la invasión, la posibilidad de que frecuenten antisociales y que la constancia de que el adulto mayor que vive en ese lugar se encontraba en estado de ebriedad cuando se dio la visita.Exponiendo, en otras palabras, a mi persona, en aras de que pruebe más situaciones mediante acciones que me pueden generar daños. Más adelante en ese apartado, se menciona que hubo respuesta ante las gestiones realizadas por lo que no hay omisión. Es mi deber mencionar que - como se planteó arriba -, no se recibieron las notificaciones, ya que notificaron a los vecinos y no a mi persona y el correo electrónico enviado tiene una dirección incorrecta. Las comunicaciones internas entre el Área de Servicios Sociales y el Área de Gestión de Residuos, tampoco fueron notificadas y no se ha visto movimiento alguno. En cuanto a la situación del adulto mayor, estamos de acuerdo que no puede ser desamparado porque sería un acto inhumano. No obstante, el problema son las actividades que desarrollan y la tolerancia institucional de que habite una persona, siendo necesario cercar el lote. - En el apartado “Sobre los derechos fundamentales alegados como lesionados”: Queda a criterio de esta Sala que se proceda conforme a Derecho y respetar los derechos mencionados o los comprendidos luego del análisis debido. . Claro está que la Municipalidad ha aportado prueba que hace constar que:1) los despachos municipales conocen sobre la situación,2) no ha habido modificación alguna sobre la situación reportada,3) no se me ha notificado correctamente ningún trámite a mí personalmente o al correo señalado,4) el adulto mayor estaba en estado de ebriedad cuando se tuvo una visita,5) existe una invasión a un terreno de dominio público. En cuanto a la explicación sobre cada derecho, he enviado peticiones a la Municipalidad y personalmente desconocía sobre si habían sido atendidas o no ante lo ya descrito (…) por eso mencioné que se lesionó mi derecho de petición y la seguridad jurídica (…)” Pide que alguna institución intervenga y reubique al sujeto que ahí se encuentra y también se cerce el lote.
  6. 6En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I. OBJETO DEL RECURSO

La recurrente aduce que, pese a las gestiones efectuadas desde hace varios años, la Municipalidad de Desamparados no ha realizado intervención alguna en el inmueble que se ubica contiguo a su casa de habitación, en el cual, a su vez, se realizan actividades que atentan contra su seguridad y tranquilidad, así como la de su familia. Afirma que en el sitio denunciado se está creando una especie de "búnker", en el que entran y salen los antisociales para consumir sustancias en apariencia ilícitas.

Asimismo, reclama que la situación tampoco ha sido atendida por la Fuerza Pública.

II. HECHOS PROBADOS

De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

  • 1)La recurrente habita en San Antonio de Desamparados y junto a su propiedad existe un inmueble (ver informe).
  • 2)La finca propiedad de la recurrente corresponde al folio real 1-028568-000, plano catastrado SJ-0274300-1995, ubicado en el Dirección02, Cantón 03 Desamparados, Provincia de San José (ver informe).
  • 3)El inmueble ubicado contiguo a la propiedad de la recurrente no es propiedad de la Municipalidad de Desamparados. El terreno denunciado corresponde al identificador predial No. 10305H00002200, el cual no tiene asociado un número de finca sino un número de consecutivo precedido de la letra “H”, lo que indica en la codificación del Registro Nacional que se trata de un cuerpo hidrográfico, en este caso la zona de protección del río Tiribí (ver informe).
  • 4)En una fecha no precisa del año 2025, la recurrente acudió a la Municipalidad de Desamparados y solicitó intervención en el inmueble ubicado contiguo a su propiedad debido a la operación de un aparente “bunker” y la realización de varias actividades irregulares en el mismo. Asimismo, se solicitó el derribo de la estructura y que se cercara el lote (reporte No. 01880-25) (ver prueba).
  • 5)El 22 de abril de 2025, un inspector de la municipalidad recurrida realizó inspección en el sitio denunciado. Del resultado de esa visita se emitió el informe No. AT-IM-JM-023-2025 y se constató la existencia de un rancho de aproximadamente seis metros cuadrados, construido en aparente zona de protección del río Tiribí, habitado por una persona adulta mayor en estado de aparente abandono, asistida por vecinos de la zona. El inspector no observó en ese momento actividad relacionada con el consumo ni la venta de sustancias ilícitas. Asimismo, en dicho documento se consignó expresamente lo siguiente: “Por tanto: Por la situación precaria en que vive el adulto mayor se envía copia al Área de Servicios Sociales – atención del adulto mayor y de las personas con discapacidad. Por el caso de la invasión a la zona de protección de río se envía la notificación a Control Ambiental para lo que corresponda” (ver informe y prueba).
  • 6)El 24 de septiembre de 2025, otra inspectora municipal realizó una segunda visita al mismo sitio en atención a los trámites No. 05591-2025 y No. 05592-2025 presentados en la Plataforma de Servicios por la recurrente. Sus hallazgos fueron consignados en el oficio No. AT-IM-1163-2025 de 15 de octubre de 2025, dirigido al Área de Seguridad Ciudadana e Institucional y a la Jefatura de Planes y Operaciones de la Policía Municipal, con el fin de que se adoptaran las medidas pertinentes en materia de seguridad ciudadana. En este oficio se consignó expresamente lo siguiente: “Sobre el trámite se indican las acciones realizadas por Inspección Municipal: 1. Fue asignado a la inspectora María José Ureña Arias. 2. Se realizó una visita el día 24 de setiembre del 2025, en distrito de San Antonio, Dirección01, al final al lado derecho. 3. Contiguo a la finca 28568 al margen del río Tiribí (lo que podría considerarse Zona de protección), se logró observar un rancho donde en apariencia pasan personas en situación de calle, que consumen drogas según indican en la zona. Por lo anterior se trasladan los originales de los trámites con el fin de que realicen las acciones que consideren pertinentes o que les corresponda en los temas de seguridad ciudadana” (ver informe y prueba).
  • 7)El 15 de octubre de 2025 Inspección Municipal emitió el oficio No. AT-IM-1164-2025 dirigido a la recurrente, en el cual se indicó lo siguiente: “En atención a su trámite presentado en la Plataforma de Servicios, No. 05591-2025, en donde se solicita inspección ante rancho en el margen del río, se indica lo siguiente: 1. Fue asignado a la inspectora María José Ureña Arias. 2. Se realizó una visita el día 24 de setiembre del 2025, en distrito de San Antonio, Dirección01, al final al lado derecho. 3. Contiguo a la finca 28568 al margen del río Tiribi (lo que se puede considerar como zona de protección, se logra observar un rancho donde en apariencia pasan personas en situación de calle que consumen drogas según indican en la zona. Por lo anterior su solicitud se trasladó al Área de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal con el oficio AT-IM-1163- 2025 con el fin de que realicen las acciones que consideren pertinentes en los temas de seguridad ciudadana. Se adjuntan fotografías de lo observado durante la visita” (ver informe y prueba).
  • 8)El día 21 de octubre de 2025 la parte recurrida remitió el oficio No. AT-IM-1164-2025 a la cuenta electrónica ...01 (ver informe y prueba).
  • 9)El correo ...02 es el que está registrado en la plataforma virtual de la Municipalidad de Desamparados a nombre de Nombre01 (ver escrito de la recurrente).
  • 10)El 4 de mayo de 2026, la recurrente formuló el presente amparo (ver escrito de interposición).
  • 11)El 1° de junio de 2026, la autoridad recurrida fue notificada de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).
  • 12)En oficio No. AM-SC-306-2026 de 3 de junio de 2026 emitido por el Área de Seguridad Ciudadana de la municipalidad recurrida, se consignó expresamente lo siguiente:

“En primera instancia, se solicitó a esa Asesoría Jurídica ampliar la información remitida, específicamente en cuanto a la identificación de la finca o una ubicación más precisa del sitio al que hace referencia la recurrente, con el fin de ubicar correctamente el lugar y realizar las gestiones correspondientes. Asimismo, se recibió el oficio AT-IM-1163- 2025, suscrito por el Arquitecto Pablo Masis Aguilar, del Área de Inspección Municipal, el cual hace referencia a los trámites N.° 05591-2025 y N.° 05592-2025. No obstante, al revisar la documentación remitida, se determinó que la situación señalada ya era de conocimiento de esta Área con anterioridad a la recepción del citado oficio. Lo anterior debido a las intervenciones efectuadas por la Policía Municipal en el distrito de San Antonio, mediante la aplicación del modelo Nombre02 y a denuncias ingresadas al Centro de Monitoreo, donde se identificó la existencia de una estructura tipo rancho en la zona indicada.

Como resultado de las inspecciones y recorridos realizados, se logró determinar que dicha estructura es habitada por una persona adulta mayor. Asimismo, durante las intervenciones efectuadas por los oficiales de la Policía Municipal no se ha observado evidencia relacionada con el consumo o la venta de sustancias ilícitas en el sitio. En caso de que eventualmente se presente consumo de sustancias por parte de algunas personas en el lugar, ello obedecería al ingreso de terceros ajenos al ocupante de la estructura, situación que no ha permitido establecer la existencia de actividades permanentes de consumo o comercialización de drogas en el sector. No obstante, en algunas ocasiones el ocupante ha presentado aparentes signos de encontrarse bajo la influencia del alcohol. Adicionalmente, esta Área ha coordinado acciones conjuntas con el Ingeniero Roberto Fallas Redondo, del Área de Gestión de Residuos, con el objetivo de atender la situación existente en el lugar.

Dentro de las acciones previstas se contempla el apoyo mediante maquinaria y personal municipal para la realización de labores de limpieza y la eventual demolición de las estructuras presentes en la zona. No obstante, la programación de dichas labores se encuentra pendiente de definición, debido a que actualmente el Área de Gestión de Residuos se encuentra desarrollando la campaña de recolección de residuos no tradicionales, por lo que la maquinaria requerida está siendo utilizada en dicha actividad. En consecuencia, se está a la espera de coordinar una fecha próxima para la intervención correspondiente. Finalmente, es importante señalar que, al tratarse de una persona adulta mayor que ocupa el sitio y ha construido una estructura tipo rancho, la atención integral de esta situación no corresponde únicamente al Área de Seguridad Ciudadana y al Área de Gestión de Residuos. Por lo tanto, se consideró necesario gestionar la participación y el acompañamiento del Área de Servicios Sociales, con el fin de valorar la condición de vulnerabilidad de la persona involucrada y determinar las acciones de atención social que resulten procedentes.

Al respecto, mediante comunicación telefónica sostenida con la Licenciada Sofía Trigueros Adames, del Área de Servicios Sociales, se indicó que dicha dependencia no podía intervenir directamente mientras la persona se encontrara aparentemente bajo la influencia del alcohol. Asimismo, se informó que se valoraría la coordinación con alguna institución competente para la atención del caso; sin embargo, a la fecha de emisión del presente informe, esta Área no ha recibido comunicación adicional sobre las gestiones realizadas o las acciones adoptadas al respecto. Como respaldo de lo indicado, se adjunta copia de las comunicaciones realizadas en el grupo de coordinación utilizado para la atención de este tipo de situaciones, en las cuales se hace referencia al sitio objeto de la presente gestión. Asimismo, se aportan fotografías tomadas durante las inspecciones efectuadas en el lugar, así como documentación que evidencia el seguimiento brindado por esta Área a la situación expuesta” (ver informe y prueba).

  • 13)Según informe rendido, en “ninguna de las intervenciones realizadas por la Inspección Municipal ni por la Policía Municipal se observó actividad de venta o consumo de sustancias ilícitas” (ver informe).
  • 14)Según informe rendido, “se ha coordinado la intervención del Área de Servicios Sociales para valorar la condición de vulnerabilidad del adulto mayor que habita el rancho, actuación que se encuentra en proceso. • Se programó la realización de labores de limpieza y demolición en coordinación con el Área de Gestión de Residuos, actuación que se encuentra pendiente de ejecución por razones operativas vinculadas a la campaña de recolección de residuos no tradicionales en curso” (ver informe).

III. HECHO NO PROBADO

De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tiene por indemostrado el siguiente: Único.- Que a la recurrente se le haya brindado una respuesta por el fondo respecto a las denuncias formuladas (los autos).

IV. SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONOCER ESTE AMPARO CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL

De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante denuncias relacionadas directamente con la seguridad e integridad de la recurrente y la de su familia, las cuales presuntamente no han sido resueltas dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

V. SOBRE LOS HECHOS IMPUTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

Como punto medular de este amparo, la recurrente señala que contiguo a su propiedad existe un lote municipal invadido por antisociales, dentro de la vía pública y en la zona protegida del río Tiribí. Menciona que en ese lugar opera una especie de “bunker”, en el que entran y salen los antisociales para principalmente consumir sustancias en apariencia ilícitas. Aduce que, en virtud de lo anterior, tanto ella como su familia sufren de inseguridad e intranquilidad. Además, asevera que se encuentran bajo un riesgo inminente, manifiesto y evidente. Acusa que, pese a las múltiples gestiones realizadas ante la Municipalidad de Desamparados, esta última no ha atendido el problema ni le ha brindado una respuesta.

En escrito posterior y, con motivo del informe rendido por la parte recurrida, la tutelada aduce que nunca se le ha brindado una respuesta formal a sus denuncias y apuntó que el correo electrónico establecido en el municipio como medio para recibir notificaciones es ...02 (y no ...01).

En virtud de todo lo anterior, solicita que este amparo se acoja y se les ordene a las autoridades del municipio recurrido que intervengan, cercen que sitio e, incluso, que reubiquen a la persona que permanece en el mismo.

Ahora bien, analizados los agravios expuestos por la parte recurrente, el informe rendido por la Alcaldesa de Desamparados, así como todas las pruebas aportadas a los autos, este Tribunal Constitucional considera que existe mérito suficiente para acoger este extremo del recurso. Esto, por los motivos que se dirán a continuación.

Primero, en el tanto se ha demostrado que, para la fecha de formulado este amparo (4 de mayo de 2026), había trascurrido un plazo excesivo de, al menos, más de un año desde que la recurrente formuló por primera vez y formalmente una denuncia ante la municipalidad recurrida (respecto a la problemática de inseguridad en el lote contiguo) y, para entonces, no se había emitido ni notificado una respuesta que atendiera, por el fondo, la situación. Nótese que, si bien se emitió el oficio No. AT-IM-1164-2025 de fecha 15 de octubre de 2025 en atención a las denuncias formuladas (el cual, a su vez, no consta que se haya enviado a la dirección correcta aportada por la parte recurrente), lo cierto es que, en este documento únicamente se hizo referencia a una inspección realizada en el sitio y al traslado hecho de la gestión al Área de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal para su atención. Sin embargo, una respuesta formal, donde se atendiera por el fondo y por las instancias competentes la situación reclamada (meollo del asunto), se echa de menos.

En ese particular, no consta que, por ejemplo, las acciones consignadas por el Área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Desamparados en el oficio AM-SC-306-2026 (tocantes a las denuncias en cuestión), le hayan sido notificadas a la amparada. De este modo, se tiene por quebrantado lo dispuesto en el ordinal 41 de la Constitución Política.

Segundo, dado que del estudio de los autos se ha acreditado que la situación denunciada por la recurrente no ha sido abordada de forma oportuna y contundente por las autoridades recurridas, pese a tener conocimiento de la misma desde hace varios meses. En primer término, es importante señalar que, si bien se informó que, a partir de algunas inspecciones realizadas no se observó propiamente la actividad de consumo o venta de sustancias ilícitas, de otra parte se tiene lo consignado en el Área de Seguridad Ciudadana en el oficio No. AM-SC-306-2026 emitido el 3 de junio de 2026 (con motivo del presente amparo), en el sentido que “En caso de que eventualmente se presente consumo de sustancias por parte de algunas personas en el lugar, ello obedecería al ingreso de terceros ajenos al ocupante de la estructura”. Dicha frase, en criterio de esta Sala, no descarta entonces la existencia de personas que ingresen al sitio denunciado a consumir sustancias ilícitas. Además, de la prueba aportada consta que en el sitio habita, en una especie de “rancho”, un tercero (adulto mayor en condición de calle), que sufre de problemas de alcoholismo y que, según se informó, debe ser reubicado.

En consuno con lo anterior, no puede perderse de vista que los recurridos no han procurado concretar y ejecutar (según igualmente lo indicado en el oficio No. AM-SC-306-2026) las acciones que correspondan con el Área de Gestión de Residuos (para la realización de labores de limpieza y la eventual demolición de las estructuras presentes en la zona) ni con el Área de Servicios Sociales (con el fin de valorar la condición de vulnerabilidad de la persona involucrada y determinar las acciones de atención social que resulten procedentes). Todo esto pese a que, se reitera, al menos desde abril de 2025 se tiene conocimiento de la situación en cuestión luego de la primera inspección realizada en el sitio y que, desde el 15 de octubre de 2025 (mediante oficio No. AT-IM-1163-2025), esta se puso en conocimiento propiamente del Área de Seguridad Ciudadana e Institucional y de la Jefatura de Planes y Operaciones de la Policía Municipal.

Aunado a esto cabe destacar que aun cuando se aduzca que el inmueble denunciado no es propiedad de la corporación municipal y que su administración eventualmente correspondería al MINAE y al SINAC, lo cierto es que tampoco se observa que se hayan efectuado labores de coordinación con dichas entidades para su también atención y abordaje oportuno.

En varias oportunidades esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer casos similares al ahora expuesto. Así, en el Voto No. 2024-3299 de las 09:21 hrs. de 9 de febrero de 2024, se dispuso lo siguiente:

“(…) II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que hay un parque ubicado en la urbanización Los González que se encuentra en completo abandono por parte de las autoridades municipales desde setiembre del 2022, momento en el que se removió un tramo de la malla perimetral, lo que ha ocasionado que ese espacio sea empleado para el consumo de licor y drogas, como letrina y cementerio de mascotas, entre otros. Sostiene que, ante la inseguridad y contaminación que tal situación ha provocado, remitió gestiones en fechas 5 y 6 de junio, 16 de octubre y 29 de noviembre, todas de 2023, ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado; empero, a la fecha no ha obtenido respuesta ni se ha solucionado la problemática descrita. (…)

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

En el sub lite, el recurrente indica que hay un parque ubicado en la urbanización Los González que se encuentra en completo abandono por parte de las autoridades municipales desde setiembre del 2022, momento en el que se removió un tramo de la malla perimetral, lo que ha ocasionado que ese espacio sea empleado para el consumo de licor y drogas, como letrina y cementerio de mascotas, entre otros. Sostiene que, ante la inseguridad y contaminación que tal situación ha provocado, remitió gestiones en fechas 5 y 6 de junio, 16 de octubre y 29 de noviembre, todas de 2023, ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado; empero, a la fecha no ha obtenido respuesta ni se ha solucionado la problemática descrita.

La Sala acredita que, por memorial fechado 5 de junio de 2023 y dirigido al alcalde de Vásquez de Coronado, el recurrente señaló que, a partir del 1° de noviembre de 2022, el parque de la urbanización Los González está cerrado y no cuenta con mantenimiento adecuado, situación que también afecta a un parque pequeño ubicado al lado. Acerca del último parque, señaló “para los arreglos por parte de personal municipal el día 12/9/22 se eliminó una porción de la malla perimetral que la (sic) día de hoy no ha sido restituida, además, la calle en la pequeña rotonda quedó destruida por los trabajos municipales. Pese a los correos hechos llegar al Sr. Nombre04, solicitándole la restitución de dicha malla; a hoy, el parque de la cancha continúa abierto día y noche con el ingreso de personas ajenas a la comunidad a cualquier hora (…) me inquieta el abandono municipal a que está sometido el parque municipal B y el parque de la canchita de básquet, por lo que le solicito (…) Un plan de mantenimiento, limpieza periódica y recuperación real del parque municipal B, y el parque de la cancha de básquet.

Eliminación definitiva por parte de quién (sic) corresponda de la cerca perimetral que divide al parque municipal B, en dos o más partes. Arreglar el área de la (sic) canchas de básquet, incluidos los aros y su entorno. Restituir, arreglar y dejar como estaba originalmente la cerca perimetral en el parque de la cancha de básquet. Arreglar el área asfaltada de la rotonda de la cancha de básquet destruida por los arreglos del hundimiento en el mes de noviembre pasado. Solicitar a quién corresponda iluminación nocturna en esas áreas municipales (cancha de básquet y parque municipal B.) Establecer ronda de vigilancia por parte de la Policía Municipal”. Mediante escrito del 6 de junio de 2023 dirigido al alcalde de Vásquez de Coronado, el accionante indicó: “Muy agradecido por su pronta respuesta en la limpieza de los terrenos municipales denominados cancha de básquet y parque municipal B en la urbanización Los González el día de hoy.

Junto a este agradecimiento, creo importante solicitarle para esos espacios de terreno un baño de herbicida para evitar que en cuestión de muy pocos días la maleza vuelva a crecer a una altura considerable como estaba hasta el día de ayer, lo (sic) propiciaba que llegaran personas ajenas a la urbanización a hacer de las suyas. Como le expuse en la nota de ayer; es importante que la municipalidad efectúe los arreglos de la cancha de básquet para incentivar el deporte; la reposición de la malla perimetral y el área asfáltica de la rotonda destruida durante los arreglos municipales en ese lugar (…)”. Por memorial con sello de recibido de la Secretaría del Concejo Municipal de Vásquez de Coronado del 13 de octubre de 2023, el accionante señaló: “(…) La eliminación de esta malla y su no reposición; por parte de personeros de la municipalidad de Coronado, una vez terminados los trabajos en el área municipal, trae como consecuencia: la falta de mantenimiento de las áreas verdes por parte de la misma municipalidad, dando como consecuencia la formación de un charral o montazal en dicho espacio deportivo municipal.

Al estar ausente se tramo de la malla de protección, el ingreso de personas a cualquier hora del día o de la noche es a la libre; además fue el lugar escogido por un vecino para enterrar su mascota; ahí podemos observar automóviles estacionados durante la noche con parejas haciendo de las suyas; grupos de personas ingiriendo bebidas y/o fumándose cualquier cosa, personas haciendo necesidades fisiológicas, y lo que es peor con ese abandono por parte de la municipalidad, se está dando el problema que personas ajenas a la comunidad estén llegando a dejar su basura a ese espacio de los vecinos, creando un futuro "basurero a cielo abierto" etc (…) Toda esta situación ocurre, porque esa área carece de iluminación nocturna por falta de mantenimiento municipal o de cualquier otra institución, de igual manera (…) esta es una solicitud formal a quién corresponda en el aparato municipal de reposición de esos 8 metros de malla perimetral y el restablecimiento de la iluminación nocturna en el predio en el menor tiempo posible”.

El 2 de noviembre de 2023, la Municipalidad de Coronado remitió el memorial AL-200-1744-2023 al tutelado, mediante el cual se adjuntó el oficio LE-290-D34-034-2023 concerniente a la explicación jurídica sobre el proceso de recuperación del inmueble municipal tramitado en el expediente 22-0000787-1027-CA. El 19 de enero de 2024, una funcionaria del gobierno local recurrido indicó: “(…) el día 20 de diciembre se procedió a realizar la corta del césped en el área de Parque Los González (…) estos días se procederá a darle nuevamente el mantenimiento correspondiente”. Asimismo, por memorial SA-253-0050-2024 del 19 de enero de 2024, el Departamento de Saneamiento Ambiental e Inspecciones de la Municipalidad de Coronado indicó: “(…) en atención al oficio AL-200-1716-2023 y al acuerdo 2023-175-03, con referencia a la propiedad municipal de Dirección03, se le informa que esta propiedad fue intervenida por la Unidad de Gestión Vial, para reparar un cabezal y parte de la tubería que sufrieron un deslizamiento hacia la zona de protección de la Quebrada y por lo tanto genero (sic) un hueco en dicha zona municipal donde hay una cancha, esto generaría peligrosidad hacia los usuarios.

La Unidad Técnica de Gestión Vial procedió de forma inmediata a reponer la tubería y construir el cabezal. En dicha reparación utilizaron la malla retirada del frente para ponerla en el talud del cabezal y así evitar que los usuarios de la cancha sufran un accidente o caída en la zona de protección (…) En el presupuesto del año 2023 no se contaba con los fondos para realizar la compra de la Construcción de Malla y se está a la espera que en el presupuesto ordinario del año 2024 existan fondos para realizar la reposición de la malla colocada en la zona de posterior del Parque Municipal” (el destacado fue incorporado).

En virtud de lo expuesto, este Tribunal constata la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada ante la falta de actuación diligente y célere de la Municipalidad de Vásquez de Coronado en atender las denuncias planteadas desde el 5 de junio de 2023 en relación con la problemática que experimenta el parque de la urbanización Los González ante la falta de un tramo de la malla perimetral. En ese sentido, si bien el alcalde accionado sostiene que el 2 de noviembre de 2023 se remitió un correo electrónico al amparado en atención a sus denuncias, no menos cierto es que en esa comunicación solo se hizo referencia a la situación jurídica del parque supramencionado; empero, no se hizo alusión alguna a la problemática de fondo acusada por el recurrente, a saber, lo atinente a la malla en cuestión en los parques de la urbanización Los González. Adicionalmente, aun cuando consta que en junio y diciembre de 2023 se efectuaron labores de limpieza en los terrenos aludidos, no menos cierto es que no se verifica que se haya solucionado lo aquí acusado.

Tan es así, que en el memorial SA-253-0050-2024 del 19 de enero de 2024, el Departamento de Saneamiento Ambiental e Inspecciones de la Municipalidad de Coronado reconoció que la Unidad Técnica de Gestión Vial utilizó la malla perimetral retirada del parque para emplearla en el talud del cabezal que se creó ante un deslizamiento ocurrido en el año 2023 y señaló que tal malla no ha sido reparada; ello, a pesar de que la primera denuncia formulada por el amparado respecto a esa problemática data del 5 de junio de 2023, a saber, hace más de seis meses.

En virtud de las consideraciones expuestas, se estima el recurso, a fin de que la autoridad recurrida, en el plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia: i) atienda como en derecho correspondan las denuncias planteadas por el recurrente en fechas 5 y 6 de junio, así como 13 de octubre, todas de 2023, y notifique lo correspondiente al medio señalado para tales efectos; y ii) solucione la problemática denunciada por el accionante en cuanto a la falta de mala perimetral de los parques de la urbanización Los González objeto de este recurso, la cual, según la prueba aportada por el propio alcalde de Vásquez de Coronado, todavía no ha sido reparada (…)” (El destacado no forma parte del original).

Más recientemente, en la Sentencia No. 2025-17969 de las 09:20 hrs. de 13 de julio de 2025, este órgano constitucional sostuvo lo siguiente:

“(…) IV.- SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en sentencias N° 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre de 2011 y N° 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de 2015, entre otras, esta Sala indicó:

“(…) conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”.

Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas.

Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos.

V. SOBRE EL CASO EN CONCRETO

De conformidad con el análisis integral del expediente y con fundamento en el informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de San José, esta Sala concluye que el presente recurso de amparo debe ser declarado con lugar.

Si bien consta en autos que el gobierno local accionado ha ejecutado diversas acciones administrativas, operativos policiales y labores de mantenimiento periódico en la Dirección05, en Pavas —incluyendo la recolección de escombros, chapea de zonas verdes, inspecciones técnicas y formulación de un proyecto de mejoramiento urbano— lo cierto es que tales medidas no han producido un resultado efectivo ni definitivo que resuelva la problemática denunciada por el señor Nombre01 desde el año 2021. La falta de atención estructural al fenómeno de la indigencia y a las actividades de alto riesgo que se desarrollan en dicho espacio público —como la permanencia de personas en condición de calle, venta y consumo de drogas, condiciones insalubres y afectación directa a la vivienda del recurrente— evidencia una omisión material en el deber constitucional de garantía del derecho a un ambiente sano, a la seguridad ciudadana y a la protección de la salud.

Aunque la Contraloría de Servicios y demás oficinas municipales han dado seguimiento interdepartamental a la situación, reconociendo que se trata de una problemática social estructural que no se soluciona con una sola intervención, también es cierto que no se vislumbra una estrategia integral, coordinada y efectiva que se haya traducido en la resolución material de las condiciones denunciadas.

En efecto, pese a los múltiples reportes, fotografías, videos y solicitudes urgentes enviadas por el recurrente entre junio y julio de 2024 y el hecho de que la municipalidad tenía conocimiento del caso desde el año 2021, la situación persiste al momento de interposición del presente recurso, sin que se haya abordado adecuadamente el eje más sensible de la denuncia: la inseguridad comunitaria y la invasión sostenida del espacio público por personas en situación de calle, con el consecuente detrimento en la calidad de vida de los residentes del lugar. Tal inacción —aunque enmarcada en esfuerzos aislados— se traduce en una afectación real y continua a los derechos fundamentales del recurrente, especialmente en lo relativo a su derecho a un ambiente sano, a la tranquilidad personal y a la integridad de su vivienda.

En virtud de lo expuesto, esta Sala Constitucional estima procedente declarar con lugar el recurso interpuesto (…)” (El destacado no forma parte del original).

Dichos precedentes resultan plenamente aplicables al caso bajo estudio. Por ende, al haberse acreditado, en la especie, una violación principalmente a la seguridad e integridad de la recurrente y de su familia (incluso de todos los vecinos de la comunidad), lo que procede es acoger este extremo del recurso, en aras –como se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia–, que la Municipalidad de Desamparados resuelva la denuncia y adopte y ejecute las medidas que considere pertinentes para atender de manera integral y efectiva la situación de inseguridad denunciada.

VI.TOCANTE A LOS hechos imputados al Ministerio de seguridad pÚBLICA. De otra parte, la recurrente alega también que las autoridades de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública no han atendido la problemática denunciada relacionada con el inmueble ubicado contiguo a su propiedad.

Sin embargo, esta Sala no considera que exista mérito para conocer este particular agravio por el fondo. Esto, en el tanto la recurrente no presentó prueba alguna a los autos de gestiones formales presentadas antes estas autoridades, siendo que esta jurisdicción ha sostenido reiteradamente que no es una instancia tramitadora de denuncias. Incluso, nótese que la misma recurrente, en el libelo de interposición de este amparo, reconoció expresamente no contar con prueba alguna sobre el particular.

Así las cosas, no es posible imputarles a estas precisas autoridades alguna arbitraria actuación u omisión en detrimento de los derechos fundamentales de la recurrente y de los de su familia.

Vii.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.

A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

viii.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en contra de la Municipalidad de Desamparados. Se le ordena a María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, o a quien ocupe dicho cargo, coordinar con todas las instancias competentes y ejecutar todas las acciones pertinentes, para que, dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le notique a la recurrente una respuesta a la denuncia planteada y para que, a su vez, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se adopten y ejecuten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva la situación denunciada. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El amparo se declara sin lugar respecto al Ministerio de Seguridad Pública. El Magistrado Castillo pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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