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Res. 19187-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Court partially granted the amparo, finding the MAG violated constitutional rights to petition and access to public information by failing to provide technical studies, interministerial consultations, public consultation records, and the complete regulatory reform file for Law 7779, ordering the minister to supply all requested information within ten days under threat of criminal sanctions.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo al constatar que el MAG vulneró los derechos de petición y acceso a la información pública al no suministrar los estudios técnicos, consultas interministeriales, documentación del proceso de consulta pública ni el expediente completo de la propuesta de reforma al reglamento de la Ley 7779, y ordenó al ministro proveer dicha información en diez días bajo apercibimiento penal.
SummaryResumen
A Costa Rican legislator filed an amparo against the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) for failing to supply public information about a proposed amendment to the regulation of Law 7779 (Soil Use, Management and Conservation), which would eliminate the land-use compliance certificate required for land-possession titling proceedings — a requirement in force since 2001. The MAG responded only partially and provided a non-functioning web link. The Constitutional Court found violations of the constitutional rights to petition (Art. 27) and access to public information (Art. 30), partially granted the amparo, and ordered the ministry to deliver the requested information within ten days under threat of criminal sanctions under Art. 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, condemning the State to pay costs and damages.Un diputado de la República interpuso recurso de amparo contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por no suministrar información pública sobre la propuesta de modificación del reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Decreto Ejecutivo N° 29375). La solicitud abarcaba estudios técnicos que sustentaran la eliminación del requisito de certificado de uso conforme de las tierras en diligencias de información posesoria —exigido desde 2001—, consultas interministeriales, constancias del proceso de consulta pública y el expediente íntegro de la propuesta. El MAG respondió parcialmente y remitió un enlace web inoperante. La Sala Constitucional declaró vulnerados los derechos de petición (Art. 27) y acceso a la información pública (Art. 30 de la Constitución Política) respecto a los cuatro puntos sustanciales de la gestión. Ordenó al ministro proveer la información en diez días bajo apercibimiento penal conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
It is verified that at the time the amparo was filed, more than ten business days had elapsed, and the court therefore proceeds to analyze the amparo petition. It is also established that the petitioner's request relates to access to information; however, the evidence on file does not show that what was requested in points I, II, III, and IV was provided, since the responses given neither answer what was required nor supply the requested documentation. As to point II, a link was provided; however, following it leads to no internet page. Consequently, the rights of petition and access to information enshrined in Articles 27 and 30 of the Constitution are found to have been violated with respect to the points indicated in the request, and the respondent authority must furnish what was required, since it constitutes public information for which no impediment to disclosure is apparent, as will be set forth in the operative section of this judgment. For the foregoing reasons, the amparo is granted as to this aspect. In conclusion, the appropriate course is to partially grant the amparo, so that the information requested by the petitioner in points I, II, III, and IV of official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 of February 24, 2026 is provided, as set forth in the operative section of this judgment.Se verifica que al momento de interpuso el amparo, había transcurrido más de diez días hábiles, por lo que se procede a analizar el recurso de amparo. Asimismo, consta que la gestión del accionante tiene relación con una petición en relación con acceso a la información; sin embargo, de la prueba aportada al expediente, no consta que se le haya remitido lo solicitado en los puntos I, II, III y IV, ya que las respuestas brindadas no contestan lo requerido ni remiten la documentación solicitada. En cuanto al punto II, se remite un enlace; sin embargo, al ingresar no lo remite a ninguna página de internet. Por consiguiente, se tiene por vulnerado el derecho de petición y acceso a la información consagrados en los ordinales 27 y 30 de la Constitución Política en cuanto a los puntos señalados de la gestión, por lo que la autoridad recurrida deberá brindarle lo requerido, al tratarse de información de carácter público sobre la cual no se advierte impedimento de suministro alguno, como se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. En conclusión, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso, a efectos de que se brinde la información requerida por el recurrente en los puntos I, II, III y IV del oficio no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 del 24 de febrero de 2026, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"El correspondiente certificado de uso conforme de las tierras ha sido exigido desde el 2001 con la publicación del reglamento a la Ley Nº 7779, para todas las diligencias de información posesoria (Ley Nº 139) y trámites de titulación de tierras ante el INDER (anteriormente IDA), en acatamiento de lo dispuesto en los artículos supracitados de la Ley Nº 7779, de manera que la pretendida eliminación de este requisito se constituye en una regresión en legislación ambiental."
"The land use compliance certificate has been required since 2001 upon publication of the regulation to Law No. 7779, for all possessory information proceedings (Law No. 139) and land titling processes before INDER (formerly IDA), in compliance with the above-cited articles of Law No. 7779; accordingly, the proposed elimination of this requirement constitutes a regression in environmental legislation."
Resultando 1 — escrito del recurrente
"El correspondiente certificado de uso conforme de las tierras ha sido exigido desde el 2001 con la publicación del reglamento a la Ley Nº 7779, para todas las diligencias de información posesoria (Ley Nº 139) y trámites de titulación de tierras ante el INDER (anteriormente IDA), en acatamiento de lo dispuesto en los artículos supracitados de la Ley Nº 7779, de manera que la pretendida eliminación de este requisito se constituye en una regresión en legislación ambiental."
Resultando 1 — escrito del recurrente
"Esta reforma no exime del cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley N° 7779, que prohíbe explícitamente cualquier practica que vaya en contra del adecuado manejo y conservación del suelo y que a su vez provoque contaminación o degradación de los suelos. Si bien se simplifica el tramite de fraccionamiento, los desarrolladores y las municipalidades mantienen la responsabilidad inalienable de aplicar las normas técnicas de conservación de suelos y aguas."
"This reform does not exempt compliance with Articles 11, 12, and 13 of Law No. 7779, which explicitly prohibit any practice contrary to the proper management and conservation of soil that causes contamination or degradation. While the subdivision process is simplified, developers and municipalities retain the inalienable responsibility to apply technical soil and water conservation standards."
Resultando 4 — Oficio CARTA-MAG-DM-424-2026
"Esta reforma no exime del cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley N° 7779, que prohíbe explícitamente cualquier practica que vaya en contra del adecuado manejo y conservación del suelo y que a su vez provoque contaminación o degradación de los suelos. Si bien se simplifica el tramite de fraccionamiento, los desarrolladores y las municipalidades mantienen la responsabilidad inalienable de aplicar las normas técnicas de conservación de suelos y aguas."
Resultando 4 — Oficio CARTA-MAG-DM-424-2026
"Se ordena a Fernando Vargas Pérez, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería a.i., o a quien ocupe su cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de este recurso, se le brinde al recurrente la información solicitada en los puntos I, II, III y IV del oficio no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 del 24 de febrero de 2026."
"The Minister of Agriculture and Livestock a.i., Fernando Vargas Pérez, or whoever holds that position, is ordered to issue the pertinent instructions and carry out all actions within his competence so that, within TEN DAYS from notification of this ruling, the information requested in points I, II, III, and IV of official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 of February 24, 2026 is provided to the petitioner."
Por tanto
"Se ordena a Fernando Vargas Pérez, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería a.i., o a quien ocupe su cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de este recurso, se le brinde al recurrente la información solicitada en los puntos I, II, III y IV del oficio no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 del 24 de febrero de 2026."
Por tanto
"Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."
"It is warned that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whoever receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision."
Por tanto
"Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-ninth of May two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], national identity card no. [Valor 001], in his capacity as a member of the Legislative Assembly (diputado) of the Republic, against the MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK.
WHEREAS:
Opinion drafted by Magistrate Araya García; and,
CONSIDERING:
The appellant alleges that, as of the date this amparo was filed, the Minister of Agriculture and Livestock had not responded to a request submitted since February 24, 2026.
The following are considered proven as relevant to the resolution of this writ of amparo:
II. Attach a digital copy of the consultations addressed to the ministries involved in the regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils (Decreto Ejecutivo N° 29375-MAGMINAE-S-HACIENDA-MOPT), as well as the responses from those institutions and their legal counsel, regarding the proposed amendment to these regulations. III. State whether the proposed amendment to the current regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils was submitted to public consultation. If so, indicate the dates on which that process was carried out, specify whether observations were received, and detail how they were handled. IV. Attach a complete digital copy of the file corresponding to the most recent proposed amendment to the regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils, including the Board of Directors resolutions, minutes, official letters, and all other documentation related to the processing and drafting of that proposal (…)" (see evidence submitted to the file).
Also, the corresponding soil studies and related land-use capability studies, in the case of proceedings for the registration of land through possessory title proceedings, with regard to the objectification of environmental protection or its grounding in science and technology, in relation to the protection of the natural resources of soil and water sought by Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils, and specifically the application of articles 26 and 27 of this Law, which establish that land grants must guarantee the sustainable use of the soil resource in accordance with the land-use capability of the parcels, and that uses not in conformity with the corresponding land-use capability must be restricted to prevent degradation of the natural soil resource, while omitting what is set forth in articles 3, 6, 12, 13, 19, 41 and 43 of the same Ley 7779. A/ Regarding point "A)" included in your query and cited above, it is not possible to provide a specific answer, given that the wording presented does not allow for a clear identification of the request made, and therefore the specific scope of the query cannot be understood.
II. Attach a digital copy of the consultations addressed to the ministries involved in the regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils (Decreto Ejecutivo N° 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT), as well as the responses from those institutions and their legal counsel, regarding the proposed amendment to these regulations. III. State whether the proposed amendment to the current regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils was submitted to public consultation. If so, indicate the dates on which that process was carried out, specify whether observations were received, and detail how they were handled. IV. Attach a complete digital copy of the file corresponding to the most recent proposed amendment to the regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils, including the Board of Directors resolutions, minutes, official letters, and all other documentation related to the processing and drafting of that proposal.
A/ In response to the queries and information requested in points II, III and IV cited above, it is noted that the proposed reform of Decreto Ejecutivo N.º 29.375-MAG-MINAES-H-MOPT was processed through the System for Simplification of Procedures and Regulatory Improvement (SICOPRE), so the corresponding file, including observations, consultations conducted, and the most recent version of the proposal, is available for public consultation at the following link: https://tramitescr.meic.go.cr/Formulario/3027 Furthermore, as a result of that process, MEIC issued the Regulatory Improvement Directorate Report No. DMR-DAR-INF-220-2025, dated October 3, 2025, concluding that the proposal complies with the applicable regulations and granting approval to continue with the corresponding procedure (see evidence submitted to the file).
While the subdivision procedure is simplified, developers and municipalities retain the inalienable responsibility of applying the technical standards for soil and water conservation. The objective is to harmonize the process with Article 7, which promotes interinstitutional coordination to avoid the duplication of controls without weakening technical oversight against reservoir sedimentation and obstruction of drainage systems. IV. Provide a digital copy of the technical, financial, and personnel studies regarding MAG's capacity to handle the demands for studies or technical opinions that INDER and the Courts of Justice may request, in order to support the provisions of articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 and 64 of Ley N° 7779, in the event that the proposed amendment to the regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils (Decreto Ejecutivo N° 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT) is enacted.
A/ The regulatory reform does not require new resources, as it focuses on operationalizing the existing powers conferred by articles 13 and 19 of Ley N° 7779. These provisions authorize MAG to issue technical standards and provide advisory services in conservation matters — functions that the institution will continue to perform with its current structure. By optimizing the requirements, technical capacity is freed up to more efficiently fulfill the requests of INDER and the Courts of Justice, in compliance with the oversight and control powers granted to the Ministry of Agriculture and Livestock by Law (…)". On that same day, notification was made to the designated address (see evidence submitted to the file).
In the matter at hand (sub lite), the appellant claims that, as of the date this amparo was filed, the Minister of Agriculture and Livestock had not responded to a request submitted since February 24, 2026.
In this regard, it is especially important to analyze the queries raised by the petitioner, in order to determine whether they fall within the scope of this Chamber's protection and to verify whether a specific response has or has not been received from the respondent authority, as set out below:
| Petition per official letter no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 dated February 24, 2026 | Classification | Response |
|---|---|---|
| I. Attach a digital copy of the respective technical and scientific studies to support the regression in environmental regulation implied by the elimination of the application of the "Methodology for Determining Land-Use Capability in Costa Rica" (Decreto Ejecutivo N° 41960-MAG-MINAE, La Gaceta N° 251, November 12, 2019), | Petition regarding access to information | Official letter CARTA-MAG-DM-253-2026 dated March 17, 2026: A/ It is noted that the Executive Decree proposed for amendment is Decreto Ejecutivo N.º 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, and not Decreto Ejecutivo N.º 41960-MAG-MINAE, titled "Establishment of the Methodology for Determining the Land-Use Capability of Agroecological Lands in Costa Rica," published in La Gaceta N.º 215, Supplement N.º 251 of November 12, 2019. Pending response. |
| A. Also, the corresponding soil studies and related land-use capability studies, in the case of proceedings for the registration of land through possessory title proceedings, with regard to the objectification of environmental protection or its grounding in science and technology, in relation to the protection of the natural resources of soil and water sought by Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils, and specifically the application of articles 26 and 27 of this Law, which establish that land grants must guarantee the sustainable use of the soil resource in accordance with the land-use capability of the parcels, and that uses not in conformity with the corresponding land-use capability must be restricted to prevent degradation of the natural soil resource, while omitting what is set forth in articles 3, 6, 12, 13, 19, 41 and 43 of the same Ley 7779. | Official letter CARTA-MAG-DM-253-2026 dated March 17, 2026: A/ Regarding point "A)" included in your query and cited above, it is not possible to provide a specific answer, given that the wording presented does not allow for a clear identification of the request made, and therefore the specific scope of the query cannot be understood. | |
| II. Attach a digital copy of the consultations addressed to the ministries involved in the regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils (Decreto Ejecutivo N° 29375-MAGMINAE-S-HACIENDA-MOPT), as well as the responses from those institutions and their legal counsel, regarding the proposed amendment to these regulations. | Official letter CARTA-MAG-DM-253-2026 dated March 17, 2026: A/ In response to the queries and information requested in points II, III and IV cited above, it is noted that the proposed reform of Decreto Ejecutivo N.º 29.375-MAG-MINAES-H-MOPT was processed through SICOPRE, so the corresponding file, including observations, consultations conducted, and the most recent version of the proposal, is available for public consultation at the following link: https://tramitescr.meic.go.cr/Formulario/3027 Likewise, as a result of that process, MEIC issued the Regulatory Improvement Directorate Report No. DMR-DAR-INF-220-2025, dated October 3, 2025, concluding that the proposal complies with the applicable regulations and granting approval to continue with the corresponding procedure. Pending response. | |
| III. State whether the proposed amendment to the current regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils was submitted to public consultation. If so, indicate the dates on which that process was carried out, specify whether observations were received, and detail how they were handled. | Official letter no. CARTA-MAG-DM-424-2026 dated May 6, 2026: A/ This reform does not exempt compliance with articles 11, 12 and 13 of Ley N° 7779, which explicitly prohibit any practice that goes against the proper management and conservation of soil and that causes contamination or degradation of soils. While the subdivision procedure is simplified, developers and municipalities retain the inalienable responsibility of applying the technical standards for soil and water conservation. The objective is to harmonize the process with Article 7, which promotes interinstitutional coordination to avoid the duplication of controls without weakening technical oversight against reservoir sedimentation and obstruction of drainage systems. Pending response. | |
| IV. Attach a complete digital copy of the file corresponding to the most recent proposed amendment to the regulations of Ley 7779 on the Use, Management and Conservation of Soils, including the Board of Directors resolutions, minutes, official letters, and all other documentation related to the processing and drafting of that proposal. | Official letter no. CARTA-MAG-DM-424-2026 dated May 6, 2026: A/ The regulatory reform does not require new resources, as it focuses on operationalizing the existing powers conferred by articles 13 and 19 of Ley N° 7779. These provisions authorize MAG to issue technical standards and provide advisory services in conservation matters — functions that the institution will continue to perform with its current structure. By optimizing the requirements, technical capacity is freed up to more efficiently fulfill the requests of INDER and the Courts of Justice, in compliance with the oversight and control powers granted to the Ministry of Agriculture and Livestock by Law. Pending response. |
It is verified that at the time the amparo was filed, more than ten business days had elapsed, and therefore the writ of amparo is now analyzed. It is also noted that the petitioner's request relates to a petition for access to information; however, the evidence submitted to the file does not show that the information requested in points I, II, III and IV was provided, since the responses given do not answer what was requested nor do they include the documentation sought. As for point II, a link was provided; however, upon accessing it, it does not lead to any web page.
Consequently, the right of petition (derecho de petición) and the right of access to information enshrined in articles 27 and 30 of the Constitution are found to have been violated with respect to the cited points in the request; therefore, the respondent authority must provide what was requested, as this constitutes public information for which no impediment to disclosure is apparent, as shall be indicated in the operative clause (parte dispositiva) of this judgment. For the foregoing reasons, the appeal is declared with merit (con lugar) with respect to this point.
Furthermore, it is found that the respondent authority did respond to the appellant regarding subpoint A of point I of the petition. Although the respondent authority asked the petitioner to clarify his request, there is no record that he replied and clarified his request on this point. The acting Minister of Agriculture and Livestock, by official letter CARTA-MAG-DM-253-2026 dated March 17, 2026, proceeded to respond to the petitioner (prior to notification of the order admitting this amparo), and notification was made. Therefore, the appropriate ruling is to declare the appeal without merit (sin lugar) with respect to this point.
In conclusion, the appropriate ruling is to declare the appeal partially with merit (parcialmente con lugar), for the purpose of providing the information requested by the appellant in points I, II, III and IV of official letter no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 dated February 24, 2026, as indicated in the operative clause of this judgment.
The parties are hereby advised that, if any paper documents, objects, or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the Chamber within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Files before the Judiciary," approved by the Full Court in session number 27-11 on August 22, 2011, Article XXVI, and published in Official Judicial Gazette number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The appeal is declared partially with merit, solely for failure to address points I, II, III and IV of the petition. Fernando Vargas Pérez is hereby ordered, in his capacity as acting Minister of Agriculture and Livestock, or whoever may hold that office, to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of his powers so that, within TEN DAYS counted from the notification of this ruling, the appellant is provided with the information requested in points I, II, III and IV of official letter no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 dated February 24, 2026. Warning is given that, pursuant to article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a writ of amparo, and fails to comply with it or to enforce it, provided that the offense is not more severely punishable under another provision. The State is condemned to pay the costs, damages and losses caused by the acts giving rise to this ruling, which shall be assessed in enforcement proceedings before the administrative courts. As for subpoint A of point I, the appeal is declared without merit. Notify the parties.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro Church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad no. [Valor 001], en su condición de diputado de la República, contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
El recurrente aduce que, a la fecha de formulado este amparo, el ministro de Agricultura y Ganadería no había atendido una gestión planteada desde el 24 de febrero de 2026.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
II. Adjuntar copia digital de las consultas correspondientes a los ministerios implicados en el reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Decreto Ejecutivo N° 29375-MAGMINAE-S-HACIENDA-MOPT), así como de las respuestas de estas instituciones y sus asesorías jurídicas, al respecto de la propuesta de modificación de este reglamento. III. Indicar si la propuesta de modificación del presente reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos fue sometida a consulta pública. En caso afirmativo, señalar las fechas en que se realizó dicho proceso, precisar si se recibieron observaciones y detallar el trámite dado a estas. IV. Adjuntar copia digital íntegra del expediente correspondiente a la última propuesta de modificación del reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, incluyendo los acuerdos de Junta Directiva, actas, oficios y demás documentación relacionada con la tramitación y formulación de dicha propuesta (…)” (ver prueba aportada al expediente).
También los correspondientes estudios de suelos y capacidad de uso de las tierras relacionados, en el caso de los trámites de inscripción de terrenos mediante diligencias de información posesoria, en lo relativo a la objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica, al respecto de la protección de los recursos naturales suelo y agua que persigue la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de suelos, y la aplicación en particular de los artículos 26 y 27 de esta Ley, en los cuales se fundamenta que las adjudicaciones de terrenos deben garantizar el uso sostenible del recurso suelo, de acuerdo a la capacidad de uso de los terrenos, y que se deben restringir los usos no conformes con la correspondiente capacidad de uso para prevenir la degradación del recurso natural suelo, a su vez haciendo omisión de lo establecido en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 41 y 43, de la misma Ley 7779.
R/ Respecto del punto “A)” incluido en su consulta y citado anteriormente, no resulta posible brindar una respuesta concreta, en virtud de que la redacción presentada no permite identificar con claridad la solicitud planteada, por lo que no se comprende el alcance específico de lo consultado. II. Adjuntar copia digital de las consultas correspondientes a los ministerios implicados en el reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Decreto Ejecutivo N° 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT), así como de las respuestas de estas instituciones y sus asesorías jurídicas, al respecto de la propuesta de modificación de este reglamento. III. Indicar si la propuesta de modificación del presente reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos fue sometida a consulta pública. En caso afirmativo, señalar las fechas en que se realizó dicho proceso, precisar si se recibieron observaciones y detallar el trámite dado a estas.
IV. Adjuntar copia digital íntegra del expediente correspondiente a la última propuesta de modificación del reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, incluyendo los acuerdos de Junta Directiva, actas, oficios y demás documentación relacionada con la tramitación y formulación de dicha propuesta. R/ En atención a las consultas e información solicitada mediante los puntos II, III y IV, antes citados, se le indica que la propuesta de reforma del Decreto Ejecutivo N.º 29.375-MAG-MINAES-H-MOPT fue tramitada a través del Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria (SICOPRE), por lo que el expediente correspondiente, incluyendo observaciones, consultas realizadas y la versión más reciente de la propuesta, se encuentra disponible para consulta pública en el siguiente enlace: https://tramitescr.meic.go.cr/Formulario/3027 Asimismo, como resultado de dicho trámite, el MEIC emitió el Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria N.º DMR-DAR-INF-220-2025, de fecha 03 de octubre del 2025, mediante el cual se concluyó que la propuesta cumple con la normativa aplicable y se otorgó el visto bueno para continuar con el trámite correspondiente (ver prueba aportada al expediente).
Si bien se simplifica el tramite de fraccionamiento, los desarrolladores y las municipalidades mantienen la responsabilidad inalienable de aplicar las normas técnicas de conservación de suelos y aguas. El objetivo es armonizar el proceso con el Articulo 7, que promueve la coordinación interinstitucional para evitar la duplicidad de controles sin debilitar la vigilancia técnica contra la sedimentación y obstrucción de alcantarillados. IV. Aportar copia digital de los estudios técnicos, financieros, y de personal, al respecto de la capacidad del MAG para hacer frente a las demandas de estudios o criterios técnicos que solicitaran el INDER y los Tribunales de Justicia, para poder respaldar lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27,41, 43 y 64 de la Ley N° 7779, en el caso de darse la modificación propuesta al reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Decreto Ejecutivo N° 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT).
R/ La reforma reglamentaria no demanda nuevos recursos, ya que se centra en operativizar las atribuciones existentes conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley N° 7779. Estas disposiciones facultan al MAG para dictar normas técnicas y brindar asesoría en materia de conservación; funciones que la institución seguirá ejerciendo con su estructura actual. Al optimizar los requisitos, se libera capacidad técnica para cumplir con mayor agilidad los requerimientos del INDER y los Tribunales de Justicia, respetando las competencias de control y vigilancia que la Ley otorga al Ministerio de Agricultura y Ganadería (…)”. Ese mismo día se le notificó al medio señalado al efecto (ver prueba aportada al expediente).
En el sub lite, reclama el recurrente que a la fecha de formulado este amparo, el ministro de Agricultura y Ganadería no había atendido una gestión planteada desde el 24 de febrero de 2026.
En este sentido, es de especial importancia analizar las interrogantes planteadas por el accionante, con el fin de determinar si se encuentra amparada por esta Sala y verificar si esta ha recibido o no una respuesta concreta por parte de la autoridad recurrida, según se expondrá a continuación:
Gestión por oficio no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 del 24 de febrero de 2026 Clasificación Respuesta
I.Adjuntar copia digital de los respectivos estudios técnicos y científicos para sustentar la regresión en materia de regulación ambiental que implica la eliminación de la aplicación de la "Metodología para la Determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica” (Decreto Ejecutivo N° 41960-MAG-MINAE, La Gaceta N° 251, 12 de noviembre de 2019),
Petición en relación con acceso a la información Oficio CARTA-MAG-DM-253-2026 del 17 de marzo de 2026:
R/ Se le indica que el Decreto Ejecutivo cuya modificación se propone corresponde al Decreto Ejecutivo N.º 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, y no al Decreto Ejecutivo N.º 41960-MAG-MINAE, denominado “Establecimiento de la metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras agroecológicas de Costa Rica”, publicado en La Gaceta N.º 215, Alcance N.º 251 del 12 de noviembre del 2019.
Pendiente de respuesta.
A. También los correspondientes estudios de suelos y capacidad de uso de las tierras relacionados, en el caso de los trámites de inscripción de terrenos mediante diligencias de información posesoria, en lo relativo a la objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica, al respecto de la protección de los recursos naturales suelo y agua que persigue la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de suelos, y la aplicación en particular de los artículos 26 y 27 de esta Ley, en los cuales se fundamenta que las adjudicaciones de terrenos deben garantizar el uso sostenible del recurso suelo, de acuerdo a la capacidad de uso de los terrenos, y que se deben restringir los usos no conformes con la correspondiente capacidad de uso para prevenir la degradación del recurso natural suelo, a su vez haciendo omisión de lo establecido en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 41 y 43, de la misma Ley 7779.
Oficio CARTA-MAG-DM-253-2026 del 17 de marzo de 2026:
R/ Respecto del punto “A)” incluido en su consulta y citado anteriormente, no resulta posible brindar una respuesta concreta, en virtud de que la redacción presentada no permite identificar con claridad la solicitud planteada, por lo que no se comprende el alcance específico de lo consultado.
II.Adjuntar copia digital de las consultas correspondientes a los ministerios implicados en el reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Decreto Ejecutivo N° 29375-MAGMINAE-S-HACIENDA-MOPT), así como de las respuestas de estas instituciones y sus asesorías jurídicas, al respecto de la propuesta de modificación de este reglamento.
Oficio CARTA-MAG-DM-253-2026 del 17 de marzo de 2026:
R/ En atención a las consultas e información solicitada mediante los puntos II, III y IV, antes citados, se le indica que la propuesta de reforma del Decreto Ejecutivo N.º 29.375-MAG-MINAES-H-MOPT fue tramitada a través del Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria (SICOPRE), por lo que el expediente correspondiente, incluyendo observaciones, consultas realizadas y la versión más reciente de la propuesta, se encuentra disponible para consulta pública en el siguiente enlace: https://tramitescr.meic.go.cr/Formulario/3027 Asimismo, como resultado de dicho trámite, el MEIC emitió el Informe de la Dirección de Mejora Regulatoria N.º DMR-DAR-INF-220-2025, de fecha 03 de octubre del 2025, mediante el cual se concluyó que la propuesta cumple con la normativa aplicable y se otorgó el visto bueno para continuar con el trámite correspondiente.
Pendiente de respuesta.
III.Indicar si la propuesta de modificación del presente reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos fue sometida a consulta pública. En caso afirmativo, señalar las fechas en que se realizó dicho proceso, precisar si se recibieron observaciones y detallar el trámite dado a estas.
Oficio no. CARTA-MAG-DM-424-2026 del 6 de mayo de 2026:
R/ Esta reforma no exime del cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley N° 7779, que prohíbe explícitamente cualquier practica que vaya en contra del adecuado manejo y conservación del suelo y que a su vez provoque contaminación o degradación de los suelos. Si bien se simplifica el trámite de fraccionamiento, los desarrolladores y las municipalidades mantienen la responsabilidad inalienable de aplicar las normas técnicas de conservación de suelos y aguas. El objetivo es armonizar el proceso con el Articulo 7, que promueve la coordinación interinstitucional para evitar la duplicidad de controles sin debilitar la vigilancia técnica contra la sedimentación y obstrucción de alcantarillados.
Pendiente de respuesta.
IV.Adjuntar copia digital íntegra del expediente correspondiente a la última propuesta de modificación del reglamento de la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, incluyendo los acuerdos de Junta Directiva, actas, oficios y demás documentación relacionada con la tramitación y formulación de dicha propuesta.
Oficio no. CARTA-MAG-DM-424-2026 del 6 de mayo de 2026:
R/ La reforma reglamentaria no demanda nuevos recursos, ya que se centra en operativizar las atribuciones existentes conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley N° 7779. Estas disposiciones facultan al MAG para dictar normas técnicas y brindar asesoría en materia de conservación; funciones que la institución seguirá ejerciendo con su estructura actual. Al optimizar los requisitos, se libera capacidad técnica para cumplir con mayor agilidad los requerimientos del INDER y los Tribunales de Justicia, respetando las competencias de control y vigilancia que la Ley otorga al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Pendiente de respuesta.
Se verifica que al momento de interpuso el amparo, había transcurrido más de diez días hábiles, por lo que se procede a analizar el recurso de amparo. Asimismo, consta que la gestión del accionante tiene relación con una petición en relación con acceso a la información; sin embargo, de la prueba aportada al expediente, no consta que se le haya remitido lo solicitado en los puntos I, II, III y IV, ya que las respuestas brindadas no contestan lo requerido ni remiten la documentación solicitada. En cuanto al punto II, se remite un enlace; sin embargo, al ingresar no lo remite a ninguna página de internet.
Por consiguiente, se tiene por vulnerado el derecho de petición y acceso a la información consagrados en los ordinales 27 y 30 de la Constitución Política en cuanto a los puntos señalados de la gestión, por lo que la autoridad recurrida deberá brindarle lo requerido, al tratarse de información de carácter público sobre la cual no se advierte impedimento de suministro alguno, como se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo.
Por otra parte, se constata que la autoridad recurrida le contestó al recurrente el inciso A del punto I de la petición. Si bien, la autoridad recurrida le solicitó al accionante aclarar su solicitud, no consta que este haya contestado y aclarado su gestión en cuanto a este punto. El ministro a.i. de Agricultura y Ganadería por oficio CARTA-MAG-DM-253-2026 del 17 de marzo de 2026 procedió a contestarle al accionante (antes de ser notificada la resolución de curso de este amparo), y se le notificó. Por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.
En conclusión, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso, a efectos de que se brinde la información requerida por el recurrente en los puntos I, II, III y IV del oficio no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 del 24 de febrero de 2026, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por no atender los puntos I, II, III y IV de la gestión. Se ordena a Fernando Vargas Pérez, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería a.i., o a quien ocupe su cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de este recurso, se le brinde al recurrente la información solicitada en los puntos I, II, III y IV del oficio no. AL-FPFA-AARB-OFI-0018-2026 del 24 de febrero de 2026. Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al inciso A del punto I se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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