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Res. 20232-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/06/2026
OutcomeResultado
The Sala granted the amparo solely for violation of Article 41 of the Constitution, finding that the Municipalidad de Limón left a complaint about illegal constructions in Zone 6 of the Moín aquifer unanswered for over six months; it ordered the municipality to respond within one month and awarded costs, while dismissing the Plan Regulador challenges as inappropriate for the amparo remedy.La Sala declaró con lugar el amparo únicamente por violación al artículo 41 constitucional, al verificar que la Municipalidad de Limón dejó sin respuesta por más de seis meses una denuncia sobre construcciones ilegales en la Zona 6 del acuífero Moín; ordenó resolver la gestión en un mes y condenó en costas, descartando los reclamos sobre el Plan Regulador por ser impropios de la vía de amparo.
SummaryResumen
The Sala Constitucional partially granted an amparo filed against the Municipalidad de Limón over three grievances related to the coastal Moín aquifer. The petitioner alleged that the municipality arbitrarily excluded Zone 6 — an absolute aquifer recharge protection area — from the cantón's Plan Regulador, enabling the formation of the "Villa Plata" informal settlement with over 194 illegal structures on private properties within the protected zone, causing deforestation, land-use change, and contamination. The petitioner also complained that the municipality failed to respond to a formal complaint filed January 11, 2025, requesting demolition of unpermitted structures. The Sala rejected the Plan Regulador constitutionality challenges as improper for the amparo remedy, directing those claims to the contencioso-administrativo courts or an action of unconstitutionality. However, it upheld the omission grievance, finding that over six months had passed without the municipality responding to the environmental complaint, violating Article 41 of the Constitution.La Sala Constitucional resolvió parcialmente con lugar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Limón por tres agravios relacionados con el acuífero costero de Moín. El recurrente alegaba que el municipio excluyó arbitrariamente la Zona 6 de protección absoluta de recarga acuífera del Plan Regulador, lo que habría permitido la formación del precario «Villa Plata» con más de 194 edificaciones ilegales sobre propiedades privadas ubicadas en esa zona protegida, causando talas, cambio de uso de suelo y contaminación. También denunció que la Municipalidad omitió responder una gestión formal del 11 de enero de 2025 solicitando demolición de construcciones sin permiso. La Sala rechazó los reclamos sobre el Plan Regulador por ser impropios de la vía sumaria de amparo, remitiéndolos a la jurisdicción contencioso-administrativa o a una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, declaró con lugar el agravio por omisión, al verificar que habían transcurrido más de seis meses sin respuesta de la Municipalidad a la denuncia ambiental, violando el artículo 41 constitucional.
Key excerptExtracto clave
In this case, an exceptional situation arises, because this involves a complaint concerning the existence of illegal constructions, without municipal permits, located within a protection and aquifer recharge zone of the city of Limón. In other words, we are before a complaint of an environmental nature which, allegedly, has not been resolved within a reasonable time by the respondent authority. It was proven that on January 11, 2025, the petitioner filed a complaint with the respondent municipality concerning the existence of illegal constructions, without municipal permits, located within a protection and aquifer recharge zone of the city of Limón, and that to date that complaint has not been resolved. Consequently, it is established that by the time the amparo was filed, an excessive and unreasonable period of more than six months had elapsed since the complaint was submitted and it had not been addressed by the respondent authority, demonstrating a violation of Article 41 of the Constitution. The appeal is declared partially granted solely for the violation of Article 41 of the Constitution due to the failure to attend to the complaint of January 11, 2025. The president of the Council, the mayor, and the technical unit director of the Municipalidad de Limón — or whoever holds those positions — are ordered to coordinate and take the necessary steps within their respective powers to address the petitioner's January 11, 2025 complaint within a maximum of ONE MONTH from notification of this judgment, and to notify the petitioner through the means indicated by him.en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia referente a la existencia de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón. Es decir, nos encontramos ante una denuncia de índole ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de la autoridad recurrida. se tuvo por demostrado que efectivamente el 11 de enero de 2025 el recurrente interpuso una denuncia ante la Municipalidad recurrida respecto a la existencia de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón y que a la fecha dicha gestión no ha sido resuelta. Por consiguiente, consta que para la fecha de formulado el amparo, había trascurrido un plazo excesivo e irrazonable de más de 06 meses desde que se presentó la denuncia y esta no había sido atendida por la autoridad recurrida, denotándose una lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la violación al artículo 41 de la Constitución Política por la falta de atención de la denuncia del 11 de enero de 2025. Se ordena a Juan Pablo Poveda Chinchilla, en su condición de presidente del Concejo, a Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de alcaldesa, y a Antonio Babb Ried, en su condición director jefe de la Unidad Técnica y Estudio, todos de la Municipalidad de Limón, o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda la gestión del recurrente del 11 de enero de 2025, como en derecho corresponda, y se le notifique lo respectivo al medio señalado por él.
Pull quotesCitas destacadas
"si bien es cierto, en tesis de principio no es competencia exclusiva o propia de la Municipalidad lo relativo a posibles invasiones, ya que tales reclamaciones son o pueden ser abordadas por otras instancias públicas como el Ministerio de Seguridad, y eventualmente el Ministerio de Salud, lo cierto es que ciertas situaciones relacionadas pueden ocasionar determinadas afectaciones generales a los munícipes, al derecho a la salud y al derecho ambiental, en cuyo caso la Municipalidad sí que tiene una clara responsabilidad en el marco de la coordinación interinstitucional que debe darse."
"Although it is true that, as a general principle, matters relating to possible land invasions are not the exclusive or primary competence of the municipality — since such claims can be addressed by other public bodies such as the Ministry of Security and, eventually, the Ministry of Health — the fact remains that certain related situations can cause general harm to residents, to the right to health, and to environmental rights, in which case the municipality does bear a clear responsibility within the framework of the inter-institutional coordination that must take place."
Considerando X
"si bien es cierto, en tesis de principio no es competencia exclusiva o propia de la Municipalidad lo relativo a posibles invasiones, ya que tales reclamaciones son o pueden ser abordadas por otras instancias públicas como el Ministerio de Seguridad, y eventualmente el Ministerio de Salud, lo cierto es que ciertas situaciones relacionadas pueden ocasionar determinadas afectaciones generales a los munícipes, al derecho a la salud y al derecho ambiental, en cuyo caso la Municipalidad sí que tiene una clara responsabilidad en el marco de la coordinación interinstitucional que debe darse."
Considerando X
"de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podrían tenerse por ciertos los hechos, de conformidad con la valoración del acervo probatorio con que se cuente en autos, se procede a resolver el recurso, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso."
"Pursuant to Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts may be deemed true, consistent with the assessment of the evidentiary record in the file; accordingly, the appeal is resolved on the factual basis set out above, which does not automatically mean that the appeal is granted."
Considerando III
"de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podrían tenerse por ciertos los hechos, de conformidad con la valoración del acervo probatorio con que se cuente en autos, se procede a resolver el recurso, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso."
Considerando III
"Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."
"The respondent authorities are warned that, pursuant to Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order — issued within an amparo proceeding — that they are required to comply with or enforce, and who fails to do so, provided the offense is not more severely punished under another provision."
Por tanto
"Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."
Por tanto
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Document Review *CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on the fifth of June, two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], residency identification card [Valor 001], on behalf of [Nombre 002], corporate registration number [Valor 002], against the MUNICIPALIDAD DE LIMÓN.
Recitals:
First: In accordance with the report submitted by the Municipalidad de Limón to this Chamber, the respondent authority itself expressly acknowledges that within properties 27136 and 27138, registered in the name of [Nombre 002], construction work, buildings, and other works have been carried out without municipal permits, in an area governed by the Urban Development Plan (Plan Regulador Urbano) of Limón and also located within Zone 6 of the Moín Aquifer. That is, the Municipalidad acknowledges that a settlement exists, consisting of houses, shacks, roads, and infrastructure works that lack a construction permit, lack a business license, and lack environmental feasibility approval granted by the competent authority.
Second: The Municipalidad also acknowledges that those properties lie within the water protection area delimited by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Indeed, Agreement No. 80-121, adopted by the Board of Directors of AyA at session 80-028 on April 14, 1980, declared the protection of the springs (nacientes) of Moín–Limón and imposed strict restrictions on land use based on aquifer recharge considerations. Subsequently, Agreement No. 177 of the same Board of Directors, dated April 10, 2007 and published in La Gaceta No. 83 of May 2, 2007, officially adopted hydrogeological study DGAMB–2007–031 and updated the delimitation of the Moín Aquifer, confirming that the area known as Zone 6 constitutes an ABSOLUTE PROTECTION ZONE, incompatible with urban development, construction, earthworks, intensive agriculture, and wastewater discharges.
Third: Despite being aware of the foregoing, the Municipalidad acknowledges that it did not order the immediate halt of the illegal works, did not open sanctioning proceedings, did not issue demolition orders, did not adopt precautionary environmental protection measures, and did not coordinate with MINAE, SINAC, or AyA itself in defense of the Moín Aquifer. The Municipalidad confined itself to noting the existence of unpermitted structures within an absolute protection zone but refrained from exercising the urban code enforcement and environmental police powers conferred upon it by law.
Fourth: Not only does a prolonged and serious failure on the part of the Municipalidad de Limón arise, but also affirmative acts that directly aggravate the constitutional injury. The case file shows that the Municipalidad itself proceeded to establish and/or recognize public roads within properties 27136 and 27138, thereby lending an administrative appearance of legitimacy to a completely illegal settlement located in Zone 6 of the Moín Aquifer, an area classified by AyA as an absolute protection zone, of high hydrogeological vulnerability, where all constructive intervention is categorically prohibited. By creating, regularizing, or incorporating into its official cartography municipal roads in the very heart of the aquifer, the Municipalidad not only failed in its duty to strictly apply the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, the binding technical regulations of AyA, and the standards of the Tribunal Ambiental Administrativo, but also materially facilitated the continuation and densification of the illegal structures existing in that area, which should never have been permitted or tolerated.
These actions constitute a direct causal act of environmental damage, since, far from exercising urban code enforcement and environmental police powers, the Administration promoted—through both action and inaction—the consolidation of unlawful works within an aquifer that is strategic for the public water supply.
TAA, MINAE, AND AyA The technical analysis contained in the documentation submitted by the Municipalidad and the report of the Environmental Tribunal confirms, with scientific rigor and institutional backing, that properties 27136 and 27138 lie within a highly vulnerable aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera), that they have undergone profound anthropogenic transformation, and that such transformation is the direct consequence of illegal construction, earthworks, land-use change (cambio de uso del suelo), and unauthorized agricultural and waste-producing activities. The Tribunal Ambiental Administrativo, in file 100-23-01-TAA, documents that within the properties of [Nombre 002] S.A. the following unlawful activities, among others, have been carried out: construction of houses and shacks, earthworks for terraces and roads, felling of trees and burning of vegetation, land-use change, agricultural cultivation using agrochemicals, improper disposal of solid and liquid waste, septic tanks, and discharges of gray water and wastewater, all without municipal permits or environmental feasibility approval. These activities were georeferenced and recorded in tables and maps, making it possible to precisely locate them within properties 27136 and 27138 (…)
Both reports—TAA and MINAE—are situated within the regulatory framework established by AyA. Agreement No. 80-121 of 1980 declared the protection of the springs of Moín–Limón, while Agreement No. 177 of 2007 officially adopted study DGAMB–2007–031 and delimited the Moín Aquifer, establishing that Zone 6 is an ABSOLUTE PROTECTION zone. In that zone, the construction of dwellings, the opening of roads, the installation of infrastructure, earthworks, and intensive agricultural and livestock activities are incompatible with the recharge function and are prohibited. The convergence of the technical evidence from the TAA, MINAE, and AyA establishes, beyond reasonable doubt, that: (i) the environmental damage existing on properties 27136 and 27138 is real, present, and serious; (ii) such damage has occurred within an area legally declared to be under absolute protection; and (iii) the direct cause of that damage is the consolidation of an illegal settlement and unauthorized structures that the Municipalidad de Limón should have prevented, halted, and demolished but instead tolerated and even facilitated through the recognition of public roads (…)
The causal link between the conduct of the Municipalidad de Limón and the environmental damage verified on properties 27136 and 27138 is direct and evident. The illegal structures, earthworks, unauthorized cultivation, and wastewater discharges now found in Zone 6 of the Moín Aquifer could not have become entrenched had the Municipalidad timely exercised the urban code enforcement and environmental police powers conferred upon it by law. The inaction of the respondent authority allowed the illegal settlement to grow, densify, and consolidate over time, progressively worsening the damage to the aquifer, the spring, the sinkholes (dolinas), and the existing wetlands (humedales). Moreover, by establishing and recognizing public roads within the settlement, the Municipalidad sent a message of institutional approval to the illegal structures. This affirmative act facilitated the expansion of construction by improving access, and thereby the settlement increased human pressure on the recharge zone, causing the local Administration to shift from being a passive bystander to becoming an active agent in the consolidation of the damage. In this way, the municipal conduct constitutes not merely a contributing cause but a decisive cause of the harmful outcome now before this Chamber.
For all the reasons of fact and law set forth above, and on the basis of the technical evidence and the legal provisions cited, I respectfully REQUEST from this Honorable Constitutional Chamber:
Opinion drafted by Magistrate Araya García; and,
Considering:
I.Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the case—concerning the alleged violation of the right to a prompt and complete proceeding—it must be clarified that, since Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sectoral laws for special administrative proceedings, for the purpose of resolving by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or upon request of a party—or of reviewing applicable administrative appeals. This case, precisely, presents an exceptional situation, since it involves a complaint concerning the existence of illegal structures, built without municipal permits, located within a protection and aquifer recharge zone of the city of Limón. That is, we are faced with a complaint of an environmental nature that has allegedly not been resolved within a reasonable time by the respondent authority. Having clarified that point, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this amparo.
By written submission added to the case file on July 4, 2025, and reiterated in submissions dated July 15, July 18, July 30, August 6, August 26, August 27, and September 1, all in 2025, Mr. [Nombre 011] files an active joinder (coadyuvancia activa) in support of the petitioner.
On this point, Article 34, paragraph 3, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that any person with a legitimate interest in the proceedings may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Accordingly, by virtue of the procedural provision cited above and the submissions made by the said intervening party, the aforementioned joinder is admissible.
III.Regarding the consequences of failing to submit the report requested by this Chamber concerning the complaint of January 11, 2025. It is confirmed that in both the procedural order issued at 11:22 a.m. on July 3, 2025, and in the order issued at 4:23 p.m. on November 27, 2025—in which evidence for a better resolution was requested—information was requested regarding the petitioner's complaint of January 11, 2205; however, in both instances the Municipalidad de Limón submitted its report without addressing that matter. Therefore, pursuant to Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts may be deemed established, in accordance with the assessment of the body of evidence available in the record; the Court proceeds to resolve the appeal on the basis of the factual record set forth, which does not automatically entail the granting of the appeal.
IV.Subject of the appeal. The petitioner claims violations of the fundamental rights of the company [Nombre 002], on the following grounds: a) the Municipalidad de Limón arbitrarily excluded Zone 6—the absolute protection zone for aquifer recharge of the Moín Aquifer—from that canton's Urban Development Plan; b) as a consequence, several properties belonging to the petitioner's client, located within that zone, have been overtaken by the informal settlement known as "Villa Plata," resulting in illegal and unpermitted construction within that protected zone; c) accordingly, on January 11, 2025, the petitioner filed the corresponding request before the Municipalidad de Limón, but as of the date of this filing, that request has not been resolved.
V.Proven facts. Of importance for the resolution of this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been substantiated in the record or because the respondent failed to address them as required by the initial order:
On the following grounds: (…) ONE: The Municipalidad de Limón, together with MINAE, the Ministry of Health, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, were condemned by the Sala Constitucional in the writ of amparo filed by my client in case file No. 22-008354-0007-CO, in which judgment was rendered at nine hours and twenty minutes on the twenty-third of September of two thousand and twenty-two, ordering: (…) TWO: In the aforementioned case file, the Municipalidad de Limón found it proven that the properties owned by my client are located within Zone 6 of absolute protection and the aquifer recharge zone of the Moín aquifer, and that the informal settlement Villa Plata is situated on those properties. It stated (…) THREE: In the response submitted to the Sala Constitucional by the Municipalidad de Limón in said case file, it also provided OFFICIAL MEMORANDUM: UTE-AML-025-2022, dated Limón Costa Rica, June 22, 2022, and signed by Licenciada Doris Sanabria Torres, Engineering and Legal Manager, Municipalidad del Cantón Central de Limón, in which the Municipality acknowledges the existence of countless structures that contravene the construction regulations, as the report states: (…) FOUR: Said report also clearly states that the existing buildings have no construction permits (…) FIVE: In the aforementioned case file of the writ of amparo, it was further demonstrated — and the Municipalidad de Limón is well aware of this — that in the informal settlement Villa Plata and within the properties of my client, due to the formation of the informal settlement and the illegal constructions, severe environmental damage has occurred in Zone 6 of absolute protection of the Moín aquifer, including illegal tree-felling (talas ilegales), wetland destruction, land-use change (cambio de uso del suelo), earthworks (movimientos de tierra), contamination, application of chemicals to eliminate weeds, and encroachment on protection zones — a situation that has persisted over time, as evidenced by the Tribunal Ambiental Administrativo in CASE FILE: 100-23-01-TAA, in which it noted the land-use change and environmental damage caused by the illegal construction taking place in the informal settlement (…) SIX: The report of the Tribunal Ambiental Administrativo details the administrative, civil, and criminal liability attributable to the Municipality, describing earthworks for the construction of roads in areas of absolute protection where land-use change and earthworks are prohibited.
Therefore, in my capacity as attorney-in-fact for the company [Nombre 012], registered owner of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], I hereby request that the Mayor and the Municipal Council APPLY THE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES OF THE MUNICIPALIDAD DE LIMON, AND CONSEQUENTLY THE LEY DE CONSTRUCCIONES, AND ORDER THE DEMOLITION OF ALL EXISTING STRUCTURES WITHIN THE AFOREMENTIONED PROPERTIES THAT DO NOT HAVE MUNICIPAL PERMITS. The foregoing is intended to eliminate the structures that have been built in plain sight of the Municipality and its officials within an absolute protection zone that constitutes an aquifer recharge zone and is also classified as a hydrologically significant area.
This is because, according to the statements made by the Municipalidad de Limón, the Ministry of Health, MINAE, and ICAA in the writ of amparo processed in case file 22-008354-0007-CO, there are more than 194 dwellings and structures that were illegally built within the absolute protection zone of the Moín aquifer, designated as Zone 6, within properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 013], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], and that none of them have any municipal construction permit. Furthermore, these are structures built without oversight by the Municipality, ICAA, or the Ministry of Health, and they are generating contamination. All of those dwellings were built and remain standing within an area of high vulnerability to contamination because it is an aquifer recharge zone for the Moín aquifer.
These are structures that were built illegally in plain sight of the Municipality, ICAA, MINAE, and the MINISTRY OF HEALTH, as none of those authorities has issued a permit for their construction. All of those structures were built without any construction permit, without the submission of construction plans, and consequently without the oversight of the Colegio de Ingenieros, the Ministry of Health, ICAA, or SETENA to verify, prior to construction, whether an impact on the Moín aquifer would be generated — and, most critically, without compliance with the municipal Reglamento de Construcciones (…) For the foregoing reasons, the Municipality must initiate the administrative proceeding to demolish all of those structures located within the absolute protection zone of Zone 6, situated both within properties 7-27136 DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], as well as in the remainder of the protected area of Zone 6, that do not have construction permits.
It is important to clarify that, according to the statements made by the Board of Directors (Junta Directiva) of ICAA, the absolute protection zone corresponds to all of Zone 6 and therefore to the entirety of the land comprising the properties owned by my client (…) This monitoring function, with respect to the illegal constructions built within Zone 6 of the Moín aquifer, within the properties owned by my client, was never carried out proactively by the Municipality; indeed, the Municipality itself and the related institutions in case file 22-008354-0007-CO acknowledged that those dwellings do not have construction permits and do not even have AyA water service for the supply of potable water for human consumption. In so doing, the Municipalidad de Limón failed to discharge the administrative duty to verify compliance with the applicable legal framework — whether singular or general — on the part of the persons who illegally built within the absolute protection zone of the Moín aquifer, in Zone 6, within the properties owned by my client; in the exercise of that duty, the Municipality has the authority to interfere with the enjoyment of the purported rights and freedoms of those persons who illegally constructed, and for that purpose the law empowers the Municipality to subject those persons to the legal order so as to ensure compliance with the Reglamento Municipal de Construcciones and the provisions of the Ley de Construcciones.
The Municipality must do so by conducting a study and investigation of the activities carried out on the aforementioned properties, subjecting the illegal constructions and their builders to a series of technical and scientific examinations, tests, and methods, in order to gather the information and evidentiary elements needed to establish whether those constructions comply with the construction regulations and the law (…) In this specific case the Municipality has failed to fulfill its obligations to ensure sustainable urban development (…) All of those legal provisions require the Municipalidad de Limón to intervene by requesting, within the properties owned by my client, construction permits from each and every structure built thereon, and to that end it must carry out inspections or monitoring of the constructions. This monitoring function is aimed at enabling the Municipal Government to verify that residents comply with the technical and legal standards set out in the legal, environmental, and territorial regulatory framework, as well as the conditions imposed under the respective authorization (…) In this case of the informal settlement Villa Plata, the Municipality failed to fulfill two administrative powers: first, to oversee the exercise of the right to build within its territorial jurisdiction; second, to monitor conformity with the regulatory framework regarding the use made of built structures; and third, to ensure that no earthworks are carried out without authorization (…) The foregoing demonstrates the failure of the municipal administration, having allowed more than 194 dwellings or structures to be built within the aquifer recharge zone of the Moín aquifer, within the properties owned by my client, without construction permits issued by the Municipality.
The municipal entity and its Council thereby failed to fulfill their duty to oversee, verify, monitor, attend to, and safeguard compliance within their jurisdiction with the construction regulations, the Ley de Construcciones, and our Constitución Política. The Municipality must therefore now carry out a direct intervention in the informal settlement Villa Plata, within Zone 6, since that monitoring tool allows it to verify directly on site whether the conduct of each person who built within Zone 6 conforms to the requirements of the Ley de Construcciones and the construction regulations. It should be noted that these are illegal constructions, built without municipal permits, and situated within a protection and aquifer recharge zone of the city of Limón. Therefore, having found it proven that more than 194 structures were built in the informal settlement Villa Plata without municipal permits, in a location subject to high-level protection as an aquifer recharge zone, and bearing in mind that MY CLIENT NEVER REQUESTED A PERMIT TO BUILD THE STRUCTURES EXISTING THEREON (as they were built illegally), as a complement to the inspection power, the Ley de Construcciones grants the Municipalidad de Limón the power to sanction the violations found (…) In this regard, the Municipality must initiate the administrative proceeding to request the construction permits and, if they are not produced, proceed to demolish all existing constructions within properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], for having been built without a permit in an absolute protection aquifer recharge zone (…) In this way, in the case of FINCA VILLA PLATA, the Municipality has already found it proven that the works exist without a permit — these are semi-completed houses built without having obtained a construction permit — and must therefore process the aforementioned proceeding with the aim of bringing the work into conformity with construction standards, ordering the violator to fulfill all the requirements necessary for the issuance of the construction license within the timeframe determined therein.
But prior to that — before initiating that proceeding — the Municipality must seal the construction by affixing closure notices upon merely verifying that the structure does not have the required permit (…) Consequently, the more than 194 structures built within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], and within the protection and aquifer recharge zone of Moín, were built in contravention of the regulatory framework, in contravention of the Ley de Aguas, and in contravention of environmental laws, as they directly affect the absolute protection zone of the Moín aquifer, they encroach upon private property by having been built on land belonging to another, and the constructions are therefore subject to the consequences that the law provides with respect to nullities of actions taken, as well as the demolition and closure sanctions prescribed by the legal order (…) For the foregoing reasons, the honorable Municipal Council and the Mayor of Limón are hereby requested to proceed with the corresponding proceedings to apply the Reglamento de Construcciones and the Ley de Construcciones to all existing structures within the properties owned by my client that are also situated within the absolute protection zone of Zone 6 of the Moín aquifer.
PETITIONS 1. That an intervention be ordered in Zone 6 of the Moín aquifer, within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], conducting a one-by-one inventory of all existing structures in order to identify which ones do not have construction permits. 2. That, within the properties owned by my client, the closure and demolition of structures, commercial premises, and warehouses located within the said properties — which are also situated within the protection and aquifer recharge zone of Moín, Zone 6 — that do not have construction permits, be ordered. 3. That the demolition of all structures located within the Moín aquifer and within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: L-0509859-1983, CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], that do not have municipal construction permits, be ordered. 4.
I request the closure and demolition of the structures and commercial premises located within properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], that do not have municipal construction permits. 5. I request the Municipal Corporation and the Municipal Council to suspend any operating license or municipal permit — whether for construction, earthworks, operation, or of any other type — within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009], for structures that do not have construction permits. 6.
In connection with this request, my client hereby requests that the Municipalidad de Limón reject any application for a construction permit for structures, commercial premises, warehouses, earthworks, or operating permits submitted by persons unrelated to my client who do not have our authorization to apply, in the informal settlement Villa Plata, within the boundaries of properties 7-27136 DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009]. 7. It is hereby clarified to the Municipality that only my client, as the registered owner of the properties, may apply for construction permits on its property, and therefore we request that any permit application for properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009] be REJECTED and DENIED. 8.
I further request that the municipal cadastral office be ordered to refrain from issuing survey plan endorsements (visados de planos) in the informal settlement Villa Plata, within the boundaries of properties [Valor 015] DUPLICATE: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 005], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 006] and property PROVINCE: LIMON PROPERTY: [Valor 007]: [Nombre 003]: RIGHT: 000, SURVEY PLAN: [Valor 008], CADASTRAL IDENTIFIER: [Valor 009] (…)". In said document, the petitioner indicated a means for receiving notifications (emphasis not in the original) (see the evidence submitted).
Both survey plans and an aerial image are attached for your reference (…) With respect to the CURRENT Plan Regulador of the municipality, said properties are classified under the zoning as RESIDENTIAL ZONE and both properties fall within the Plan Regulador; furthermore, both are located within the zone established by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados known as ZONE" (see the report submitted and the evidence provided).
VII.Prior Precedent. For the analysis of this appeal, it is necessary to note that the legal representative of the petitioner, Fabián Leandro Marín, as well as the co-intervenor in these proceedings, Marco Vinicio [Nombre 011], recently filed a writ of amparo that was processed under case file No. 25-028736-0007-CO, in which judgment No. 2025-039386 was rendered at 09:20 hours on November 28, 2025, raising several issues that are also challenged in the present writ of amparo. Accordingly, that resolution determined the following:
"I.- SUBJECT OF THE APPEAL. The petitioners fundamentally allege that:
The petitioners allege that these actions and omissions violate the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, to potable water, and to health.
(…)
Petitioner Nombre35146 brings this writ of amparo and categorically states that its subject is the following: "(i) that the nullity be declared, on grounds of substantive and formal unconstitutionality, of the provisions of ICAA Board of Directors Agreement No. 2011-112 — and, to the extent applicable, of No. 2007-177 — (…) (ii) that the partial nullity of the Plan Regulador of Limón be declared insofar as it omits or contradicts the cartographic demarcation and the absolute protection regime of Zone 6; and (iii) that the immediate adoption of precautionary and structural measures be ordered to ensure the effective protection of the Moín aquifer, in accordance with the Nombre99516 Matrix and with judgments 2008-004790 and 2011-014596 of the Sala Constitucional." The petitioner then refers, through numerous and extensive pleadings, repeatedly to the aforementioned points.
Thus, the petitioner alleges that Agreement No. 2011-112 of the Board of Directors of ICAA established 'relief valves' for relaxation in Dirección2942 (of the Limón-Moín aquifer), incompatible with a regime of total and absolute protection previously established for that site, thereby permitting a generic impermeability threshold of twenty percent (20%) per hectare, earthworks by means of a study and PGA, and the enabling of dwellings through "vegetative growth" without density parameters or impermeability controls.
Additionally, the petitioner alleges that ICAA has engaged in omissions when implementing Agreement No. 2011-112, as recent documentation confirms the absence of consolidated public information from that institution regarding the aquifer zones on its platforms and responses referring to general emergency protocols and to a regional control unit without historical functional traceability. The petitioner contends that, in recent official responses to requests for information, ICAA has acknowledged that "(a) it has no methodology or cartography to monitor the 'vegetative growth' figure in Dirección2942, limiting itself to citing variations in household service connections without correlating them to density, impermeable cover, or recharge; (b) it does not maintain a comprehensive and up-to-date inventory of establishments handling hazardous substances — a prerequisite for the preventive management of risk in areas of high vulnerability; and (c) it applies a generic emergency protocol (GTE-105-01-P) rather than a specific protocol for the karstic recharge of Moín, despite the existence of sinkholes (dolinas), fissures, and short contaminant transit times described in EPIK studies and in SENARA's cartography." With respect to the Plan Regulador of Limón, the petitioner alleges that it did not expressly incorporate the cartographic demarcation of the aforementioned Zone 6 as an area of absolute protection for groundwater, despite the existence of studies demonstrating the area's high vulnerability (which allows the processing of tourist, residential, subdivision, and earthworks uses through generic conditions).
The petitioner explains that only 3% of the surface area of the so-called Zone 6 was placed in the protection category, while the remaining 97% was designated for urban development. The petitioner accuses that, despite the fact that the planning document itself acknowledges the high fragility of wetlands and the disappearance of primary forests, it simultaneously enables urban developments with building coverage of up to 30% and even the substitution of infrastructure with modified treatment plants or septic tanks. The petitioner alleges that this normative duality — acknowledging fragility while authorizing urbanization — contradicts the mandate of absolute protection that applies to Zone 6 and is incompatible with the precautionary principle. Additionally, the petitioner accuses the plan of failing to transpose into its regulatory framework the prohibitions and substantive conditions set out in the "Matriz de Criterios de Uso de Suelo del Nombre99516 según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos." The petitioner further adds that ICAA also failed to publish a protection decree to give official binding force to the boundaries of Zone 6, despite having so ordered in the sixth operative paragraph of Agreement No. 2007-177.
The petitioner alleges that, since that decree was not published, the demarcation of Zone 6 never acquired binding finality, leaving a regulatory gap that the Plan Regulador of Limón exploited to assign residential and tourist uses to territory that should have been designated for absolute protection.
Petitioner Nombre35146 asserts that what is set out (or omitted) above contravenes the provisions of the aforementioned Nombre99516 Matrix — a technical-legal instrument that classifies recharge zones according to their intrinsic vulnerability and establishes land-use restrictions based on contamination risk and recharge capacity — ICAA's own Agreement No. 2007-177, and the guidance provided by the Sala Constitucional in judgments Nos. 2008-4790 and 2011-14596, among others.
Concurrently, the petitioner refers, in general terms, to analyses demonstrating the drastic loss of primary forest and the underregistered persistence of wetlands and yolillo palm swamps (yolillales) in Zone 6 of Limón. The petitioner likewise refers to the fact that before the Tribunal Ambiental Administrativo there is a case file (No. 100-23-01-TAA), which contains report No. TAA-DA-241-2023, evidencing that in the so-called Zone 6 unauthorized anthropogenic interventions occurred that account for the loss of forest cover (cobertura boscosa) and the fragmentation of habitat. The petitioner indicates that the document refers to "precarista invasion," "tree-felling and burning of vegetation," "construction of houses and huts," "earthworks for terraces and roads," "encroachment on protection zones," "land-use change," and emphasizes that all of this occurred "without municipal permits or environmental feasibility clearance." The petitioner also mentions specific entries for "road," "earthworks," and "felling," as well as "house" and "wall," corroborating the opening of roads and the removal of vegetation cover as part of the pattern of occupation.
The petitioner notes that the aforementioned case file also refers to the environmental degradation that occurred on two properties, where there was a progressive loss of forest cover and the disappearance of wetlands. Furthermore, the petitioner sets out that the Tribunal Ambiental Administrativo identified encroachments on the riparian protection strip (franja de protección) of the quebrada Portete, earthworks, and discharges of wastewater and grey water (aguas residuales y grises) into sinkholes.
The petitioner also mentions that the Municipalidad de Limón has official memorandum No. UTE-AML-025-2022 of June 22, 2022, which reports in the Villa Plata sector "roads with heavy gravel or clay material laid manually with heavy machinery, lacking drainage ditches and curb-and-gutter along the public right-of-way," and describes "a group of dwellings" built with precarious materials, without adequate storm drainage systems, at heights that cause slope erosion, and with the presence of clay and coral material in the observed road alignments. The petitioner likewise states that the Nombre99516, in two official memoranda (No. DIGH-UIH-008-2023 and No. DIGH-UIH-154-2023), confirmed that in the aforementioned Zone 6 contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons and benzo-alpha-pyrenes derived from industrial operations exists. They also describe that the subsoil presents a fractured karstic medium with active sinkholes that function as points of concentrated recharge and accelerate the transit of contaminants toward the water table (nivel freático)." The petitioner therefore argues that what occurred with the ICAA board agreements and the land-use plan cited above, as well as the failure to publish the decree identified above, was precisely what opened the door to—and has permitted—the development of incompatible activities within Zone 6, thereby infringing the rights to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, to health, and to potable water.
The petitioner maintains that, in sum, the combination of (i) a declining and fragmented pattern of forests and wetlands documented by FONAFIFO 2005, INF-2013, and SINAC 2021; (ii) the underrepresentation of yolillo palm stands in the National Wetlands Registry; (iii) evidence of a public watercourse and an area of hydrological importance within Zone 6; (iv) the allocation of urban land uses over 97% of the absolute-protection surface area by the land-use plan (Plan Regulador); and (v) the incomplete and non-transparent execution of AyA's obligations under Acuerdo 2011-112, together constitute a picture of material incompatibility with the Matriz de Nombre99516 and with the standards of the Sala Constitucional. Accordingly, in his view, the so-called Zone 6 of Limón must be restored to a regime of strict protection, with published boundary delimitation, immediate regulatory incorporation, and suspension of any authorizations that would increase impervious coverage (impermeabilización), earthworks (movimientos de tierra), and densities incompatible with aquifer recharge.
Having stated the foregoing, the petitions of petitioner Nombre35146 may be summarized as follows:
"(1) To grant the present amparo petition.
(2) To declare NULL AND VOID, on grounds of substantive and formal unconstitutionality AND VIOLATION OF ILO CONVENTION 169, the following acts of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): (2.1) Board of Directors Agreement No. 2011‑112, insofar as it: (a) establishes a uniform impervious-coverage threshold of 20% of the surface area per hectare 'for all activities' in Zone 6; (b) authorizes 'removal, cutting, and filling of materials' or earthworks in Zone 6 by means of a hydrogeological study and an environmental management plan (PGA); (c) permits 'residential construction for vegetative growth' in Zone 6 without density parameters, impervious-coverage mapping, or verification of zero impact; and (d) contains open-ended clauses allowing 'rulings on other activities' in Zone 6 without strict regulatory basis and without adherence to the precautionary principle. (2.2) Agreement No. 2007‑177, to the extent it is interpreted or applied in a manner that permits uses incompatible with the absolute protection defined for Zone 6.
(3) To declare the PARTIAL NULLITY of the Plan Regulador de Limón insofar as it: (a) fails to incorporate the cartographic delimitation and the absolute-protection regime of Zone 6 of the Nombre52121 aquifer in accordance with the SENARA matrix; (b) permits or tolerates residential uses, subdivision (fraccionamientos), earthworks, or increases in impervious coverage in that Zone 6 without requiring an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and prior hydrogeological, hydraulic, and hydrological studies approved by Nombre99516 and AyA; and (c) fails to carry out the mandatory inter-institutional coordination regarding aquifer stewardship and the application of the precautionary principle.
(4) TO ORDER AyA, SENARA, MINAE, and the Municipalidad de Limón to, within a maximum period of SIX (6) months, adopt the following structural measures: (4.a) issue the EXECUTIVE DECREE protecting the water sources of Nombre52121 and Zone 6, including official coordinates, an absolute-protection regime, and an express reference to the SENARA matrix; (4.b) prepare and implement a PUBLIC, up-to-date INVENTORY of activities involving hazardous substances in Zone 6; (4.c) adopt a SPECIFIC PROTOCOL for emergencies and contingencies related to the karst recharge zone of Moín; (4.d) establish a PERIODIC MONITORING SYSTEM (water quality, nitrates, conductivity, bacteriology) with publication of results and early-warning mechanisms; and (4.e) fully align the Plan Regulador de Limón with the Nombre99516 matrix and with constitutional case law, incorporating Zone 6 as an area of absolute protection.
(5) TO ORDER the IMMEDIATE SUSPENSION of any construction permit, subdivision, land-use change (cambio de uso), or earthworks in Zone 6 until full compliance with the foregoing requirements is achieved, under warning of the sanctions set forth in Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (criminal disobedience).
(6) That all of the respondents violated the constitutional principle of administrative coordination in matters of aquifer and aquifer-recharge-area protection, by permitting regressive regulations and the rendering invisible of Zone 6 in the Plan Regulador de Limón and through the reduction of protection in the Board of Directors agreements of ICAA.
(8) [sic] TO AWARD costs and damages as appropriate, in accordance with Articles 48 of the Constitución Política and 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional." For his part, petitioner Nombre45265 also files an amparo petition and partially reproduces the arguments put forward by Nombre35146.
In so doing, he claims that ICAA has not managed, before the Executive Branch, the issuance and publication of the protection decree for Zone 6 of the Moín aquifer, as ordered by its own Board of Directors Agreement No. 2007-177. He notes that the failure to publish the decree has produced a normative invisibilization. He points out that the protection parameters defined by the Matriz de Nombre99516 and ratified by the Sala Constitucional remain without reflection in the municipal cartography and regulations, which allows the Plan Regulador de Limón to continue processing subdivisions, housing developments, and earthworks in a territory that, by technical mandate and constitutional case law, must be maintained under a regime of absolute protection.
He further argues that Board of Directors Agreement No. 2011-112 of ICAA, far from strengthening protection, introduced provisions that relax the required standards. He asserts that these provisions directly contravene the SENARA matrix, which prohibits such activities in zones of extreme vulnerability. He contends that the current validity of Agreement No. 2011-112 not only lacks technical grounding, but is manifestly unconstitutional because it arbitrarily reduces the level of protection for Zone 6, substituting a regime of absolute protection—ordered to safeguard the human water supply—with permissive regulation designed exclusively to evade a previously settled constitutional obligation to expropriate and compensate.
He also alleges that the existence of occupations and land uses incompatible with the Zone 6 declaration constitutes a violation of Article 50 of the Constitución Política, which enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the principles of non-regression, precaution, and prevention in environmental matters.
Accordingly, Nombre45265 expressly petitions this Sala Constitucional for the following:
"to grant the present amparo petition; and to declare that the Board of Directors of ICAA failed to fulfill its obligation to publish the protection and delimitation decree for the Moín aquifer, as it ordered in its own Board of Directors Agreement No. 2007-177.
To order the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA-AyA) to, within a peremptory deadline, request and manage before the Executive Branch the promulgation and publication of the protection decree for the Moín aquifer.
To order that Board of Directors Agreements Nos. 2007-177 and 2011-112 be applied only to the extent that they are compatible with the Matriz de Nombre99516 and with constitutional case law, rendering without effect their provisions that relax protection.
To order the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) to fulfill its duty of coordination by actively participating in the drafting, signing, requesting, and publication of the decree and in the full application of the Land-Use Criteria Matrix." Additionally, in a subsequent filing, it was also requested that this court order "the expropriation of the parcels occupied in a manner incompatible with Zone 6." Having analyzed all of the foregoing, this Constitutional Tribunal does not find that there is merit to consider this amparo petition on the merits, nor to grant the specific set of petitions identified above.
This is fundamentally so because the petitioners came before this court in a generic and abstract manner, without formulating and specifying a concrete act of application, or alternatively, a concrete and individualized account of facts that affects or prejudices a specific person or several persons. In essence, no situation is identified that has generated a violation of, or threat to, the fundamental rights invoked, as required by the Ley de la Jurisdicción Constitucional in its Articles 1 and 29.
Upon a careful reading of all the briefs filed by the petitioners, they confine themselves merely to identifying the reasons why, in their view, the aforementioned ICAA agreements (Nos. 2007-177 and 2011-112) and the Plan Regulador de Limón are unconstitutional, without concurrently and substantiatedly referencing any concrete act of application that affects or infringes fundamental rights. This state of affairs is reaffirmed upon a specific analysis of the full list of petitions filed by both parties, in which the petitioners do not seek the intervention of this Tribunal in response to any particular situation, concrete act, or omission.
It should be noted that, while the petitioners make passing reference to various situations that have, in their view, affected Zone 6 of Limón, they are not, at bottom, properly challenging any act or omission intrinsically related to those situations—as is confirmed, as stated, upon reading the full list of petitions set forth not only in the principal amparo-filing briefs, but also in the remaining memoranda attached to the proceedings.
On this point, this Tribunal has noted that, while an amparo petition may be filed by any person and on behalf of a third party, it is nonetheless required that there exist a harm or a threat that is individualized or individualizable, in particular, in order for this court to address it—which, as has been stated, does not occur in the case under examination. At bottom, it is clear that this is simply a matter of the petitioning parties' disagreement with the content of the referenced ICAA agreements and the Plan Regulador de Limón, which cannot, in turn, be reviewed or declared unconstitutional through the summary amparo procedure.
Having said the foregoing, what is appropriate is to dismiss the present proceeding, as is hereby ordered.
In a subsequent filing, petitioner Nombre35146 also alleges that the Municipalidad de Limón has failed to comply with what was ordered by this Sala in Sentencia No. 2008-4751 of 12:00 hrs. of May 27, 2008 (issued in connection with an amparo petition filed by that same person directly against the operations of the company Químicas Holanda), in that, as he asserts, it has not incorporated into the Plan Regulador de Limón the so-called Dirección6577. That being said, the petitioner is hereby informed that, should he determine that the municipality has, to date, failed to comply with the order issued in that ruling, the appropriate course of action is to file the corresponding complaint in the cited case file so that the matter may be resolved in that proceeding in accordance with the law.
(…)
POR TANTO: The petition is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado gives different reasons and dismisses the petition, on the ground that it falls within the jurisdiction of the ordinary courts—specifically, the administrative-contentious (contencioso-administrativa) jurisdiction—to determine whether the administrative actions and conduct challenged do or do not, in substance, conform to what is prescribed in the legal framework governing the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent and grant the petitioning parties a period of FIFTEEN DAYS within which, if they see fit, they may file an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) against the ICAA Board of Directors agreements and the Plan Regulador de Limón.
VIII.Second precedent. Subsequently, co-intervener Marco Vinicio [Nombre 011] filed amparo petition no. 26-005469-0007-CO, in which he again challenged several points raised in this amparo proceeding. Accordingly, judgment no. 2026-013366 of 09:20 hours of April 21, 2026 was issued, ordering that the matter stand as resolved pursuant to judgment no. 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025. In that ruling, the following was stated:
"It should be noted that, in judgment no. 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025, the Sala Constitucional considered an amparo petition filed, among others, by the same petitioner, in which a challenge was raised substantively directed against the manner in which the competent public institutions have regulated and managed the protection of the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, alleging the existence of inconsistencies among the applicable technical and regulatory instruments, as well as omissions in the incorporation of that zone as an area of absolute protection within the Plan Regulador of the canton of Limón.
In that regard, it is noted that the petitioner, on that occasion, not only questioned the validity and scope of the AyA Board of Directors agreements—particularly Nos. 2007-177 and 2011-112—but also alleged that those provisions introduced parameters that, in his view, were incompatible with the standard of protection required for a highly vulnerable aquifer, while also criticizing the failure to effectively incorporate the restrictions derived from the Nombre02 land-use criteria matrix into the existing territorial planning framework, which, in his view, permitted the development of urban activities potentially harmful to the water resource. Likewise, it is noted that such arguments were grounded in an extensive technical and legal exposition, in which considerations relating to the precautionary principle, the need for inter-institutional coordination, and the obligation to safeguard the fundamental right to a healthy environment were developed, with the requests centered on the annulment of regulatory provisions, the adoption of structural measures, and the imposition of specific obligations on the respondent authorities to ensure effective protection of the aquifer.
However, the fact is that the Sala, on that occasion, resolved to dismiss the amparo petition, upon finding that the petitioner's arguments did not evidence a direct, current, and individualizable harm to fundamental rights, but rather were directed at challenging, in general terms, the validity, scope, and coherence of technical and regulatory instruments in the area of territorial planning and water resource protection, as well as at procuring the adoption of structural measures and the modification of provisions of general applicability. In that sense, it follows that the Sala noted that the claims advanced—such as the declaration of nullity of AyA Board of Directors agreements, the partial annulment of the Plan Regulador de Limón, and the imposition of specific obligations on various institutions to redefine the protection regime for Zone 6—exceeded the proper scope of the amparo petition, insofar as they implied a review of legality and of the merits of technical and territorial-planning decisions that belong to the Administration in the exercise of its competencies, as well as to the respective ordinary jurisdictions.
Likewise, it is apparent that the Tribunal took into account that the problem described by the petitioner is embedded within a structural and complex conflict, involving the interaction of multiple public entities, specialized technical criteria, and inter-institutional coordination processes, such that it was not legally viable, in constitutional proceedings, to substitute those assessments or to order, by this route, the reconfiguration of the challenged regulatory instruments.
In this way, far from granting the requested relief, the Sala concluded that the petition did not constitute the appropriate mechanism for channeling the claims advanced, inasmuch as these did not evidence a concrete arbitrary action susceptible to immediate protection, but rather a disagreement with the existing regulation and with the manner in which the authorities have exercised their competencies in this matter, which is why it proceeded to dismiss the petition.
Now, it is true that, in the present matter, the petitioner incorporates certain additional elements with respect to the arguments advanced in the case that gave rise to judgment no. 2025039386, among them the reference to technical memorandum SENARA-DIGH-006-2026, the subsequent communication addressed to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo through memorandum AEL-008-2026, as well as the response provided by that entity through memorandum CDU-047-02-2026, from which he attempts to reframe his claim under the thesis of an alleged regressive administrative omission attributable to that body.
Nonetheless, the fact is that, even taking those elements into consideration, it is apparent that they do not introduce a controversy materially distinct from that already submitted to this Sala, as they do not alter the factual or legal core that served as the basis for the prior ruling. Indeed, despite the incorporation of a new technical input and subsequent administrative actions, the claim continues to revolve around the same structural problem previously analyzed—namely, the alleged insufficiency of the protection regime for the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, the failure to incorporate that zone as an area of absolute protection within the Plan Regulador de Limón, and the aim of obtaining, through the amparo route, an order to the competent authorities to adopt measures aimed at modifying or adapting that territorial-planning instrument.
Along the same lines, it is noted that the new SENARA report, while presented as a novel element, does not have sufficient weight to transform the nature of the conflict, since its content is limited to reiterating the condition of vulnerability of the aquifer and the incompatibility of the land-use plan with institutional technical criteria—aspects that had already been extensively presented and assessed in the prior proceeding. Likewise, the communication addressed to INVU and the response obtained do not, in and of themselves, constitute an autonomous harm susceptible to independent analysis, but rather fall within the same global challenge regarding the conduct of institutions in matters of territorial planning and water protection.
Furthermore, even though the petitioner now seeks to focus his complaint on the conduct of INVU, alleging a supposed regressive omission, the fact is that such reformulation does not change the essence of the argument, since it continues to be aimed at obtaining, in constitutional proceedings, the adoption of measures of a general and structural nature, as well as the redefinition of competencies and the adaptation of regulatory instruments—which, as has already been determined by this Sala, exceeds the proper scope of the amparo petition and belongs to the ordinary administrative and jurisdictional bodies.
In this way, it is confirmed that the reason for which the prior petition was dismissed—that is, the inadmissibility of the amparo as a means of challenging technical assessments and territorial-planning decisions, in the absence of a concrete, current, and individualized harm to fundamental rights—remains intact in the present case, since the elements now incorporated do not refute that conclusion, but rather, on the contrary, confirm that the petitioner persists in raising, under a new formulation, a disagreement substantially identical to that already resolved by this Tribunal.
Consequently, since there is no evidence of a substantial change in the circumstances of the case that would justify a new substantive analysis, it is appropriate for the petitioner to abide by the ruling in judgment no. 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025.
(…)
The petitioning party shall abide by the ruling in judgment no. 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent and grant the petitioning party a period of FIFTEEN DAYS within which, if they see fit, they may file an action of unconstitutionality against the ICAA Board of Directors agreements and the Plan Regulador de Limón."
IX.On the first ground of complaint. With regard to this point, the petitioner alleges that the Municipalidad de Limón arbitrarily excluded Zone 6 of protection—the absolute aquifer-recharge protection zone of the Moín aquifer—from the Plan Regulador of that canton. On this matter, and after analyzing the evidentiary elements submitted, this Tribunal finds that there has been no violation of the fundamental rights of the petitioner or the protected company. This is because, in the reports submitted by the representatives of the respondent authority—which are deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and in the evidence submitted for the resolution of the matter, it has been duly established that the Plan Regulador of the central canton of Limón was published in La Gaceta No. 212, Alcance 225, on November 15, 2023.
Thus, under oath, the representatives of the Municipalidad de Limón state that "The petitioner is incorrect in asserting that the properties he claims were excluded from the Plan Regulador Urbano of the Municipalidad de Limón—published in Gaceta No. 212 of November 15, 2023, Alcance 225, which governs the Canton Central of Limón—were in fact excluded from that Plan Regulador, which is not the case; said properties are contemplated and regulated under the Plan Regulador, as demonstrated in report memorandum UCC-0329-09-07-2025, issued by the Head of the Cadastre Unit of the Municipalidad de Limón." This is consistent with memorandum no. UCC-0329-09-07-2025 of July 9, 2025, from the Census and Cadastre Unit (Unidad de Censo y Catastro) of the Municipalidad de Limón, which explicitly states the following: "Please receive warm greetings from the Topography Unit of the Municipalidad del Cantón Central de Limón.
In response to the working session held on Wednesday, July 9, 2025, regarding the properties located in the Canton Central of Limón, District of Limón, in the sector of Empalme Moín known as Villa Plata at CRTM05 coordinates EAST 602059.892 and NORTH 1105530.712, I inform you of the following: upon review of the Cadastral Map of the Registro Nacional, we found that in that sector there are parcels [Valor 015]-000 and [Valor 016]-000, both properties belonging to [Nombre 012], legal entity identification number [Valor 018], where the first has survey plan [Valor 019] with an area of THREE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-ONE SQUARE METERS AND THIRTY-TWO SQUARE DECIMETERS, and the second has survey plan [Valor 017] with an area of FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-FIVE SQUARE METERS AND TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS. I am attaching both survey plans and an aerial image for your better reference (…) With respect to the CURRENT land-use plan of the municipality, said properties are zoned as RESIDENTIAL ZONE and both properties fall within the land-use plan; furthermore, both are located within the zone imposed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados known as ZONA."
In this regard, it has not been established that the Municipalidad de Limón arbitrarily excluded Zone 6 of protection—the absolute aquifer-recharge protection zone of the Moín aquifer—from the Plan Regulador of that canton, since, as reiterated above, the properties of the protected company located in Zone 6 are contemplated and regulated under the Plan Regulador. In any event, it is appropriate to reaffirm what was stated in the first precedent cited to the effect that, at bottom, it is clear that the present claim is simply a matter of disagreement on the part of the petitioning parties with the content of the Plan Regulador de Limón, which, in turn, cannot be reviewed or declared unconstitutional through the summary amparo procedure.
Thus, it should be noted that, in the second cited precedent, it is also affirmed that the Sala observed that the claim for partial annulment of the Plan Regulador de Limón and the imposition of specific obligations on various institutions to redefine the protection regime for Zone 6 exceeded the proper scope of the amparo petition, insofar as they implied a review of legality and of the merits of technical and territorial-planning decisions that belong to the Administration in the exercise of its competencies, as well as to the respective ordinary jurisdictions. Likewise, it is apparent that the Tribunal took into account that the problem described by the petitioner is embedded within a structural and complex conflict, involving the interaction of multiple public entities, specialized technical criteria, and inter-institutional coordination processes, such that it was not legally viable, in constitutional proceedings, to substitute those assessments or to order, by this route, the reconfiguration of the challenged regulatory instruments.
In this way, far from granting the requested relief, the Sala concluded that the petition did not constitute the appropriate mechanism for channeling the claims advanced, inasmuch as these did not evidence a concrete arbitrary action susceptible to immediate protection, but rather a disagreement with the existing regulation and with the manner in which the authorities have exercised their competencies in this matter, which is why it proceeded to dismiss the petition. Accordingly, the claim continues to revolve around the same structural problem previously analyzed—namely, the alleged insufficiency of the protection regime for the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, the failure to incorporate that zone as an area of absolute protection within the Plan Regulador de Limón, and the aim of obtaining, through the amparo route, an order to the competent authorities to adopt measures aimed at modifying or adapting that territorial-planning instrument.
It is therefore confirmed that the reason for which the 2 aforementioned precedents were dismissed is the inadmissibility of the amparo as a means of challenging technical assessments and territorial-planning decisions.
Likewise, both the petitioner and the co-intervener allege that the Municipalidad de Limón has failed to comply with what was ordered by this Sala in Sentencia No. 2008-4751 of 12:00 hrs. of May 27, 2008, asserting that the respondent municipality has not incorporated into the Plan Regulador de Limón the so-called Zone 6 of Moín. That being said, the petitioner is hereby informed that, should he determine that the municipality has, to date, failed to comply with the order issued in that ruling, the appropriate course of action is to file the corresponding complaint in the cited case file so that the matter may be resolved in that proceeding in accordance with the law.
In summary, with respect to this point, no violation of the fundamental rights of the petitioner or the protected company is found.
X.On the second ground of complaint. On this matter, the petitioner claims that, as a result of the arbitrary exclusion of Zone 6 of protection from the Plan Regulador of that canton, several properties belonging to his client located in that zone have become the site of the informal settlement known as "Villa Plata," giving rise to illegal, unpermitted construction in that protected zone.
In this regard, the representatives of the Municipalidad de Limón state the following: (…) as for the problem of the invasion or informal settlement that has occurred on the petitioner's parcels, this does not fall within the competency of the Municipalidad de Limón; we likewise inform you that the Municipalidad de Limón has not issued any construction permits for those properties, as the petitioner implies, and we therefore consider that the petitioner is mistaken in the present amparo petition, since the problem occurring on the parcels referenced in this petition is one of informal occupation or invasion, which is not a matter within the competency of the Municipalidad de Limón; as stated above, the Municipalidad de Limón has not issued construction permits or business licenses for those parcels.
In this way, it is clear that the respondent Municipality has not issued any construction permits for those properties, and that what is involved are squatter settlements (precario) or illegal invasions. Likewise, as noted above in one of the precedents, it is apparent that the Court took into account that the problem raised by the petitioner is part of a structural and complex conflict involving the interaction of multiple public entities, specialized technical criteria, and inter-institutional coordination processes, such that it was not legally viable, at the constitutional level, to substitute those assessments or to order, through this avenue, the reconfiguration of the contested regulatory instruments. Consequently, the appropriate course of action is for the plaintiffs to file the relevant claims through the ordinary courts, so that the matter may be resolved there as the law requires. The petitioner did in fact do so, as explained below.
Now, it is important to clarify that, while in principle matters relating to possible invasions are not the exclusive or inherent responsibility of the Municipality — since such claims are, or may be, addressed by other public bodies such as the Ministry of Security, and eventually the Ministry of Health — the truth is that certain related situations may give rise to general harm to the residents of the canton (munícipes), to the right to health, and to environmental rights, in which case the Municipality does bear a clear responsibility within the framework of the inter-institutional coordination that must occur. Accordingly, it is reiterated that the petitioner did comply with the requirement to report the situation to the Municipalidad de Limón. That filing will be analyzed in the next considerando.
In any event, this Court considers it important to issue a formal notice (tome nota) to the respondent Municipality to the effect that, since the resolution of the filing submitted on January 11, 2026 remains pending — and the resolution of which is ordered by virtue of what will be explained in the next considerando — the Municipality must review and issue an express ruling on those incidents, and must take whatever coordination steps are found to be appropriate if such a determination is made.
XI.Regarding the third grievance. Finally, the petitioner challenges the fact that on January 11, 2025, he filed the corresponding claim with the Municipalidad de Limón, but that as of the date of this proceeding his claim has not been resolved.
In this regard, it is verified that on January 11, 2025, the petitioner did in fact send a filing to the email address [email protected], addressed to the Council and to the Mayor's Office of the Municipalidad de Limón, in which he stated the following: "(…) I request that, in accordance with the provisions of the Construction Law and the Construction Regulations of the Municipalidad de Limón, administrative sanctioning and demolition proceedings be initiated against all persons maintaining structures built without municipal permits in the locality of Moín, specifically in the squatter settlement (precario) Villa Plata, which are located within the protection zone (zona de protección) and aquifer recharge zone (zona de recarga acuífera) of the Moín aquifer, within the so-called zone 6, and situated within the properties (fincas) (…) In the aforementioned proceeding, the Municipalidad de Limón established as proven that the properties owned by my client are located within zone 6 of absolute protection and aquifer recharge of the Moín aquifer and that the squatter settlement Villa Plata is situated on said properties (…) Said report is also clear in noting that the existing structures do not have construction permits (…) FIVE: in the aforementioned amparo proceeding it was also established as proven, and the Municipalidad de Limón is aware, that in the squatter settlement Villa Plata and within my client's properties, due to the formation of the squatter settlement and the illegal constructions, severe environmental damage has occurred in zone 6 of absolute protection of the Moín aquifer, as there has been illegal logging, elimination of wetlands, land-use change (cambio de uso del suelo), earthworks (movimientos de tierra), contamination, application of chemicals to eliminate vegetation, encroachments into protection zones, a situation that has developed over time (…) earthworks for the construction of roads in areas of absolute protection are described, areas in which land-use change and earthworks are prohibited (…) THE DEMOLITION OF ALL EXISTING STRUCTURES WITHIN THE AFOREMENTIONED PROPERTIES AND WHICH DO NOT HAVE MUNICIPAL PERMITS IS ORDERED (…) Furthermore, these are structures built without oversight by the Municipality, ICAA, or the Ministry of Health, and they are generating contamination.
All of those dwellings were built and remain standing within an area of high vulnerability to contamination because it constitutes the recharge zone of the Moín aquifer (…) The Municipality must therefore initiate the administrative procedure to demolish all structures located within the absolute protection zone of zone 6 (…) It should be noted that these are illegal structures, without municipal permits, situated within a protection and aquifer recharge zone for the city of Limón. Therefore, having established as proven that more than 194 structures were built in the squatter settlement Villa Plata without municipal permits, in a location where there exists a high-protection zone because it constitutes an aquifer recharge area (…) within the protection and aquifer recharge zone of Moín, they were built in contravention of the regulatory framework, in contravention of the Water Law, and in contravention of environmental laws, as they directly affect the area of absolute protection of the Moín aquifer (…)". In that document, the petitioner indicated a means for receiving notifications.
It is further noted that both in the procedural resolution of 11:22 hours of July 3, 2025, and in the resolution of 16:23 hours of November 27, 2025 — in which additional evidence for a better decision (prueba para mejor resolver) was requested — information was requested from the Municipalidad de Limón on this matter; however, in both instances the respondent authority submitted its report without addressing that filing. Therefore, in accordance with Article 45 of the Law on Constitutional Jurisdiction, the facts may be deemed established, in accordance with the assessment of the evidentiary record available in the file, and the Court proceeds to resolve the petition on the basis of the factual record set out above, which does not automatically mean that the petition is granted.
In this regard, it is established as proven that the email address [email protected] is an official means of the Municipalidad de Limón for receiving filings. It is likewise established as proven that on January 11, 2025, the petitioner did in fact file a complaint with the respondent Municipality regarding the existence of illegal structures, built without municipal permits and situated within a protection zone and aquifer recharge zone in the city of Limón, and that as of this date said filing has not been resolved. Consequently, it is on record that, as of the date the amparo was filed, an excessive and unreasonable period of more than 06 months had elapsed since the complaint was submitted without it having been addressed by the respondent authority, evidencing a violation of Article 41 of the Political Constitution.
XII.Regarding the grievances raised in the joinder. Furthermore, in the briefs of July 4, July 15, July 18, July 30, August 6, August 26, August 27, and September 1, all of 2025, Mr. [Nombre 011] files an active joinder (coadyuvancia activa) in support of the petitioner, adding several claims relating to the same situation; however, these challenges concern what he considers to be an unconstitutionality of the Plan Regulador of the canton of Limón.
In this regard, it is important to note that, as stated in considerando V of this judgment with respect to the second cited precedent, this Court heard those same claims filed by the same Mr. [Nombre 011]. Thus, in judgment no. 2026-013366 of 09:20 hours of April 21, 2026, the following was decided:
"It is observed that, in judgment n.° 2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025, the Constitutional Chamber heard an amparo petition filed, among others, by the same petitioner, in which a challenge was raised substantially directed against the manner in which the competent public institutions have regulated and managed the protection of the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, alleging the existence of inconsistencies among the applicable technical and regulatory instruments, as well as omissions in the incorporation of said zone as an area of absolute protection within the Plan Regulador of the canton of Limón.
In that regard, it is noted that the petitioner, on that occasion, not only challenged the validity and scope of the AyA Board of Directors' resolutions — particularly numbers 2007-177 and 2011-112 — but also alleged that such provisions introduced parameters that, in his view, were incompatible with the standard of protection required for a highly vulnerable aquifer, while at the same time reproaching the failure to effectively incorporate the restrictions derived from the land-use criteria matrix of Nombre02 into the current territorial planning framework, which, in his view, allowed for the development of urban activities potentially harmful to water resources. It is likewise established that this submission was based on an extensive technical and legal exposition, in which considerations were developed relating to the precautionary principle, the need for inter-institutional coordination, and the obligation to safeguard the fundamental right to a healthy environment, with the core request being the annulment of regulatory provisions, the adoption of structural measures, and the imposition of specific obligations on the respondent authorities to ensure the effective protection of the aquifer.
However, the Chamber, on that occasion, decided to dismiss the amparo petition, finding that the petitioner's submission did not demonstrate a direct, current, and individualized violation of fundamental rights, but rather was aimed at challenging, in general terms, the validity, scope, and consistency of technical and regulatory instruments in the areas of territorial planning and water resource protection, as well as at securing the adoption of structural measures and the modification of provisions of general scope. In that regard, it is apparent that the Chamber noted that the claims formulated — such as the declaration of nullity of AyA Board of Directors' resolutions, the partial annulment of the Limón Plan Regulador, and the imposition of specific obligations on various institutions to redefine the protection regime for Zone 6 — exceeded the proper scope of the amparo petition, as they implied a legality and expediency review of technical and territorial planning decisions that fall within the Administration's exercise of its competencies, as well as to the respective ordinary courts.
It is likewise apparent that the Court took into account that the problem raised by the petitioner is part of a structural and complex conflict involving the interaction of multiple public entities, specialized technical criteria, and inter-institutional coordination processes, such that it was not legally viable, at the constitutional level, to substitute those assessments or to order, through this avenue, the reconfiguration of the contested regulatory instruments.
In this way, far from granting the claims submitted, the Chamber concluded that the petition was not the appropriate mechanism through which to channel the claims raised, insofar as they did not demonstrate a specific arbitrary action susceptible to immediate protection, but rather a disagreement with the existing regulations and with the manner in which the authorities have exercised their competencies in this matter, which is why the Chamber proceeded to dismiss it.
Now, it is true that in the present matter the petitioner incorporates some additional elements with respect to the submissions made in the proceeding that gave rise to judgment n.° 2025039386, among them, a reference to technical memorandum SENARA-DIGH-006-2026, the subsequent filing directed to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo through memorandum AEL-008-2026, as well as the response provided by that entity through memorandum CDU-047-02-2026, on the basis of which the petitioner attempts to reframe his claim under the theory of an alleged regressive administrative omission attributable to that body.
Nevertheless, the truth is that, even taking those elements into account, it is apparent that they do not introduce a dispute materially different from the one already submitted to this Chamber's consideration, as they do not alter the factual or legal core that served as the basis for the prior ruling. Indeed, despite the incorporation of a new technical input and subsequent administrative actions, the claim continues to revolve around the same structural problem previously analyzed — namely, the alleged insufficiency of the protection regime for the so-called Zone 6 of the Moín aquifer, the failure to incorporate said zone as an area of absolute protection within the Limón Plan Regulador, and the request that, by way of the amparo petition, competent authorities be ordered to adopt measures aimed at modifying or adjusting that territorial planning instrument.
Along the same lines, it is noted that the new SENARA report, while presented as a novel element, does not have sufficient weight to transform the nature of the conflict, as its content is limited to reiterating the vulnerability of the aquifer and the incompatibility of the plan regulador with institutional technical criteria — aspects that had already been extensively set out and assessed in the prior proceeding. Likewise, the filing submitted to INVU and the response obtained do not, in themselves, constitute an autonomous violation susceptible to independent analysis, but rather form part of the same overarching challenge regarding the conduct of institutions in the areas of territorial planning and water protection.
Furthermore, even though the petitioner now seeks to focus his criticism on the conduct of INVU, alleging a supposed regressive omission, the truth is that this reformulation does not modify the essence of the claim, as it continues to be aimed at obtaining, at the constitutional level, the adoption of general and structural measures, as well as the redefinition of competencies and the adjustment of regulatory instruments, which, as already determined by this Chamber, exceeds the proper scope of the amparo petition and falls within the purview of ordinary administrative and judicial bodies.
Thus, it is established that the reason for which the prior petition was dismissed — namely, the inadmissibility of the amparo as a vehicle for challenging technical assessments and territorial planning decisions, in the absence of a concrete, current, and individualized violation of fundamental rights — remains unaltered in the present case, as the elements now incorporated do not refute that conclusion but rather, on the contrary, confirm that the petitioner persists in raising, under a new formulation, a substantially identical disagreement to the one already resolved by this Court.
Consequently, since no substantial change in the circumstances of the case is evident that would justify a new substantive analysis, the appropriate course is for the petitioner to abide by the ruling in judgment n.°2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025.
(…)
The petitioner shall abide by the ruling in judgment n.°2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025. Justices Cruz Castro and Rueda Leal dissent and grant the petitioner a period of FIFTEEN DAYS to file, if he sees fit, an action of unconstitutionality against the resolutions of the ICAA Board of Directors and the Limón Plan Regulador." Consequently, since the same grievances are at issue and there are no new elements that would permit a decision different from the one already rendered, the appropriate course is for the co-litigant (coadyuvante) and the petitioner to abide by the ruling in judgment n.°2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025.
XIII.Conclusion. In light of the foregoing, the appropriate course is to declare the petition partially granted, solely on the ground of a violation of Article 41 of the Political Constitution due to the failure to address the complaint of January 11, 2025. In all other respects, the petition is dismissed.
XIV.Note of Justice Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Court's position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, it is the Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) — and not this Chamber — that have jurisdiction over the legal dispute. However, with the recent enactment of Law n.° 9097, the Law on Regulation of the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by way of the amparo petition established under Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, read in conjunction with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights.
In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to modify its line of case law; pursuant to Article 7 of its own Law, it is exclusively this Court's prerogative to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional disputes that this same Chamber has recognized as exceptional cases — which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding — in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 of 8:55 hours of February 22, 2008), jurisdiction lies with the judges of the administrative courts, all of which is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
In environmental matters, it is the view of the undersigned that, where the Public Administration has already intervened, jurisdiction for review and resolution lies with the administrative courts. Nonetheless, I do enter into the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner states that he filed a complaint regarding the environmental problems caused by illegal constructions on land that was excluded from zone 6 of absolute aquifer recharge protection of the Moín aquifer under the Plan Regulador (squatter settlement Villa Plata), with impact on the real properties owned by the protected company — [Nombre 002] — a complaint that has not been definitively resolved.
I maintain that this matter should be summarily rejected, inasmuch as the petitioner files the amparo petition on behalf of a legal entity. Of relevance to the present case, in the dissenting vote I recorded in judgment no. 2019002355 of 9:30 hours of February 12, 2019, I held:
"in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that, while some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions — such as trade unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups — the fact remains that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so that legal entities are not holders of the rights enshrined in that treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court held that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, rather than those of legal entities, are effectively being protected.
Indeed, it must be proven beyond mere participation of the natural person in the activities of the legal entity, in such a way that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)." In my view, a reading of the Law on Constitutional Jurisdiction compels the same ratio as the foregoing conventional hermeneutic with respect to every fundamental right. Thus, in a constitutional proceeding filed on behalf of a legal entity, its admission for consideration requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by a violation of the constitutional order and the natural person who, as a result of that violation, suffers a reflected but direct impairment of a fundamental right. For these purposes, a mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to infer that the constitutional proceeding is precisely intended to safeguard the fundamental rights of the latter, rather than merely those of the former.
The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non condition for the admissibility of constitutional review by this jurisdiction. Based on the foregoing, I conclude that this must be the interpretive standard to be applied to the Law on Constitutional Jurisdiction, so that in the present case constitutional jurisdictional review is inadmissible, since, based on the evidence in the record, the essential link between the protected legal entity and any specific natural person has not been demonstrated, specifically in relation to the allegedly violated right.
The parties are hereby notified that should any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the clerk's office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The petition is declared partially granted, solely on the ground of a violation of Article 41 of the Political Constitution due to the failure to address the complaint of January 11, 2025. Juan Pablo Poveda Chinchilla, in his capacity as Council President; Ana Matarrita Mc Calla, in her capacity as Mayor; and Antonio Babb Ried, in his capacity as Head Director of the Technical and Studies Unit — all of the Municipalidad de Limón — or whoever holds those offices, are hereby ordered to coordinate the relevant matters and take the appropriate steps within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment, the petitioner's filing of January 11, 2025 is addressed as the law requires, and notification of the corresponding resolution is sent to the means designated by him. The respondent authorities are hereby warned that, pursuant to Article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that he or she is required to comply with or enforce, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision.
The Municipalidad de Limón is condemned to pay costs and for the damages and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be assessed in enforcement proceedings before the administrative courts. Furthermore, with respect to the joinder briefs submitted, the co-litigant and the petitioner shall abide by the ruling in judgment n.°2025039386 of 09:20 hours of November 28, 2025. The Municipalidad de Limón is hereby put on notice of the contents of the last paragraph of considerando X of this judgment. In all other respects, the petition is dismissed. Justice Castillo appends a note. Justice Salazar Alvarado appends a note. Justice Rueda Leal dissents and votes to summarily reject the petition. Notify the parties.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
*KYGDDITDLA* Telephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro Church).
Revisión del Documento *CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de junio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula jurídica [Valor 002], contra la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia referente a la existencia de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón. Es decir, nos encontramos ante una denuncia de índole ambiental, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de la autoridad recurrida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
Por escrito agregado al expediente el 04 de julio de 2025 y reiterado en los escritos del 15 de julio, 18 de julio, 30 de julio, 06 de agosto, 26 de agosto, 27 de agosto, y el 01 de setiembre, todos de 2025, el señor [Nombre 011] presenta una coadyuvancia activa a favor del recurrente.
Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por el mencionado interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.
III.Sobre la consecuencia de no rendir el informe solicitado por la Sala referente a la denuncia del 11 de enero de 2025. Se verifica que tanto en la resolución de curso de las 11:22 horas del 03 de julio de 2025, así como en la resolución de las 16:23 horas del 27 de noviembre de 2025, en donde solicitó una prueba para mejor resolver, se le solicitó información referente a la denuncia del recurrente del 11 de enero de 2205, no obstante, en ambos casos la Municipalidad de Limón rindió su informe sin referirse a esa gestión. Por ende, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podrían tenerse por ciertos los hechos, de conformidad con la valoración del acervo probatorio con que se cuente en autos, se procede a resolver el recurso, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso.
IV.Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a los derechos fundamentales de la empresa [Nombre 002], por lo siguiente: a) la Municipalidad de Limón procedió a excluir la zona 6 de protección, zona de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín, del Plan Regulador de ese cantón de forma arbitraria; b) lo anterior, ha permitido que, en varias propiedades de su representada, que se encuentran en esa zona, se haya formado el precario conocido como como “Villa Plata”, generando construcciones ilegales y sin permiso en esa zona protegida; c) por ende, el 11 de enero de 2025 interpuesto la gestión respectiva ante la Municipalidad de Limón, pero a la fecha su gestión no ha sido resuelta.
V.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Con fundamento en lo siguiente: (…) UNO: La Municipalidad de Limón en conjunto con el MINAE, Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, resultaron condenados por la Sala Constitucional en el recurso de amparo interpuesto por mi representada en el expediente No. 22-008354-0007-CO, en el cual se dictó sentencia de las nueve horas veinte minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós, y se ordenó: (…) DOS: En el citado expediente la Municipalidad de Limón tuvo por demostrado que las fincas propiedad de mi representada se encuentran ubicadas dentro de la zona 6 de protección absoluta y de recarga acuífera del Acuifero de Moín y que sobre dichas fincas se ubica el precario Villa Plata. Pues señaló (…)TRES: En la contestación dada a la Sala Constitucional por parte de la Municipalidad de Limón en dicho expediente, también aportó un OFICIO: UTE-AML- 025-2022, fechado Limón Costa Rica,22 de junio de 2022, y firmado por Licenciada Doris Sanabria Torres, Gestor de Ingeniería y Legal, Municipalidad del Cantón Central de Limón, en el cual reconoce la Municipalidad la existencia de innumerables construcciones que contravienen el reglamento de construcciones, pues señala el informe: (…) CUATRO; Dicho informe además es claro al señalar que las edificaciones existentes no tienen permisos de construcción (…) CINCO: en el citado expediente del recurso de amparo además se demostró y así le consta a la Municipalidad de Limón, que en el precario Villa Plata y dentro de las fincas de mi representada, debido a la formación del precario y a las construcciones ilegales, se han dado severos daños ambientales en la zona 6 de protección absoluta del acuifero Moín, pues se han dado talas ilegales, eliminación de humedales, cambio de uso de suelo, movimientos de tierra, contaminación, aplicación de químicos para la eliminar la maleza, invasiones a zonas de protección, situación que se ha dado a lo largo del tiempo, pues así lo ha hecho ver el Tribunal Ambiental en el EXPEDIENTE: 100-23-01-TAA, en el cual señaló el cambió de uso de suelo y daños ambientales generados por la construcción ilegal que se da en el precario (…) SEIS: En el informe del Tribunal Ambiental se detalla responsabilidad administrativa, civil y penal achacable a la Municipalidad, pues se describen movimientos de tierra para elaboración de caminos en áreas de protección absoluta en donde es prohibido el cambio de uso de suelo y los movimientos de tierra.
Por ello en mi calidad de apoderado de la empresa [Nombre 012], propietaria registral de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], solicito al Alcalde y al Consejo Municipal, la APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE LA MUNICIPALDIAD DE LIMON, Y POR CONSIGUIENTE DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SE ORDENE LA DEMOLICION DE TODAS LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DENTRO DE LAS CITADAS FINCAS Y QUE NO CUENTAN CON PERMISOS MUNICIPALES. Lo anterior con el fin de eliminar las estructuras que a vista y paciencia de la Municipalidad y sus funcionarios han sido construidas en una zona de protección absoluta, que es de recarga acuífera, y que además está catalogada como de importancia hídrica. Lo anterior pues de acuerdo a las manifestaciones dadas tanto por la Municipalidad de Limón, Ministerio de Salud, MINAE, e ICAA, en el recurso de amparo tramitado en el expediente 22-008354-0007-CO, existen más de 194 viviendas y edificaciones que fueron construidas ilegalmente sobre la zona de protección absoluta del Acuifero Moín, denominada como zona 6 dentro de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 013], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009] y que no tienen ningún permiso municipal de construcción.
Además, son construcciones elaboradas sin el control Municipal, del ICAA, del Ministerio de salud y están generando contaminación. Todas esas viviendas fueron construidas y se mantienen edificadas dentro de un área de alta vulnerabilidad a la contaminación por ser de recarga del acuifero Moín. Son edificaciones que se construyeron de manera ilegal a vista y paciencia de la Municipalidad, ICAA, MINAE y MINISTERIO DE SALUD, pues ninguna de esas autoridades ha dado permiso para su construcción. Todas esas edificaciones se realizaron sin que mediara un permiso de construcción, sin que se presentaran planos constructivos y por ello de manera concomitante sin que se diera la supervisión del Colegio de Ingenieros, del Ministerio de Salud, del ICAA, del SETENA, para verificar de previo a su construcción si se iba a generar un impacto al acuifero de Moín y lo más grave sin que se cumpliera con el reglamento de construcción municipal (…) Por lo anterior debe la Municipalidad iniciar el procedimiento administrativo para demoler todas esas construcciones que se ubican dentro de la zona de protección absoluta de la zona 6 y que se ubican tanto dentro de las fincas 7- 27136 DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:L-0509859- 1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], así como en el resto del área protegida de la zona 6, que no cuenten con permisos de construcción.
Es importante aclarar que según lo descrito por la Junta Directiva del ICAA la el área de protección absoluta corresponde a toda la zona 6 y por ende a la totalidad de terreno de las fincas propiedad de mi representada (…) Dicha labor de vigilancia en lo que respecta a las construcciones ilegales realizadas dentro de la zona 6 del acuifero Moín, dentro de las fincas propiedad de mi representada, nunca se dio de manera oficiosa por parte de la Municipalidad, pues la misma municipalidad e instituciones relacionadas en el expediente 22-008354- 0007-Co, señalaron el conocimiento de que dichas viviendas no cuentan con permisos de construcción y no cuentan con ni siquiera con servicio de AyA para el abastecimiento de agua potable para el consumo humano. Con ello la Municipalidad de Limón incumplió con la actividad administrativa encaminada a determinar el cumplimiento de la legalidad, singular o general, por parte de las personas que construyeron de manera ilegal dentro del área de protección absoluta del acuifero MOIN, en la zona 6, dentro de las fincas propiedad de mi representada, pues en cuyo ejercicio -la Municipalidad- posee la atribución de interferir en el goce y disfrute de los supuestos derechos y libertades de esas personas que ilegalmente construyeron, y para ello la ley le faculta a la Municipalidad, la posibilidad de someter a esas personas al ordenamiento jurídico, para cumplir con el Reglamento Municipal de Construcciones y con lo establecido en la Ley de Construcciones.
Ello lo debe hacer la Municipalidad mediante la realización de un estudio e investigación de las actividades realizadas en las citadas fincas, sometiendo las construcciones ilegales y a sus constructores a una serie de exámenes, pruebas y métodos técnico–científicos, a efecto de levantar, la información y los elementos de prueba necesarios para acreditar el cumplimiento o el incumplimiento de ellos en la construcción de esas edificaciones a lo establecido en el reglamento y en la Ley (…) En este caso concreto la Municipalidad ha incumplido con sus obligaciones de velar por el desarrollo urbano sostenible (…) Todos esos preceptos legales obligan a la Municipalidad de Limón a intervenir, solicitando dentro de las fincas propiedad de mi representada, una por una, en cada edificación construida, los permisos de construcción y para ello debe realizar inspección o vigilancia de las construcciones.
Dicha labor de vigilancia va dirigida a que el Gobierno Municipal pueda verificar que los munícipes cumplan con las normas técnicas y legales fijados en el ordenamiento legal, ambiental y territorial, y además con las condiciones impuestas en la respectiva autorización (…) En este caso del precario Villa Plata la Municipalidad incumplió con dos potestades administrativas: -primero, de vigilar el ejercicio del derecho de edificación en su ámbito territorial, segundo, vigilar la conformidad con el ordenamiento del uso que se le dé a lo edificado y tercero: velar porque no se den movimientos de tierra sin autorización (…) Por lo anterior se demuestra el incumplimiento de la administración municipal al haber permitido que más de 194 viviendas o construcciones se elaboraran dentro del área de recarga del acuifero Moín, dentro de las fincas propiedad de mi representada, sin tener permisos de construcción dados por la Municipalidad, y por ello incumplió el ente municipal y su Consejo, el deber de velar, verificar, monitorear, atender y resguardar, en su jurisdicción el cumplimiento al reglamento de construcciones, a la Ley de Construcciones ya nuestra Constitución Política.
Por ello debe en este momento la Municipalidad realizar una intervención directa al precario Villa Plata, dentro de la zona 6, pues con base en esa herramienta de vigilancia se le permite verificar directamente en el sitio, la adecuación de la conducta de cada persona que construyó dentro de la zona 6 a los requisitos de la ley y reglamento de construcciones. Nótese se trata de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón. Por ello teniendo por demostrado que en el precario Villa Plata se construyeron más de 194 edificaciones sin permisos municipales, en un lugar en donde existe una zona de alta protección por ser de recarga acuífera, y además teniendo presente que MI REPRESENTADA NUNCA PIDIÓ PERMISO PARA CONSTRUIR LAS EDIFICACIONES AHÍ EXISTENTES (pues se hicieron de manera ilegal), como complemento a la potestad de inspección, la Ley de Construcciones otorga a la Municipalidad de Limón la potestad de sancionar las infracciones encontradas (…) En este sentido debe la Municipalidad iniciar el procedimiento administrativo para solicitar los permisos de construcción y en caso de no tenerlos, proceder a demoler todas las construcciones existentes dentro de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], y por haberse construido sin permiso en una zona de protección absoluta de recarga acuífera (…) De tal forma, en caso de la FINCA VILLA PLATA ya la Municipalidad tiene por demostrado la existencia de las obras sin permiso, son casas semi concluidas y edificadas sin haber obtenido el permiso de construcción, y por ello debe tramitar el procedimiento antes descrito con el fin de ajustar la obra a las normas constructivas, ordenándole al infractor el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de la licencia constructiva dentro del plazo allí determinado.
Pero de previo, -antes de iniciar ese procedimiento-, la Municipalidad debe clausurar la construcción mediante la colocación de sellos con tan solo constatar que la edificación no posee el permiso respectivo (…) Por consiguiente, las más de 194 estructuras construidas dentro de los límites de las finas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], y dentro de la zona de protección y de recarga acuífera de Moín, fueron construidas en detrimento del marco normativo, en detrimento de la Ley de Aguas y en detrimento de las leyes ambientales, pues afectan directamente el área de protección absoluta del acuifero de Moín, afectan a la propiedad privada por haberse hecho en terreno ajeno y por ello quedan las construcciones sometidas a las consecuencias que la Ley dispone respecto a las nulidades de lo actuado, así como la sujeción a las sanciones de derribo y clausura que el ordenamiento prevé (…) Por lo anterior se solicita al honorable Consejo Municipal y a la alcaldesa de Limón, proceder con el trámite correspondiente para que sea aplicado el Reglamento de construcciones y la Ley de construcciones, sobre todas las edificaciones existentes dentro de las fincas propiedad del mi representada y que se ubican a demás dentro de la zona de protección absoluta de la zona 6 del acuifero de Moín.
PETITORIA 1. Se ordene una intervención de la zona 6 del acuifero Moin, dentro de los límites de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], realizando un inventario una por una de todas las edificaciones existentes con el fin de detectar cuales no tienen permiso de construcción. 2. Dentro de las fincas propiedad de mi representada, se ordene la clausura y demolición de las edificaciones, locales, bodegas, ubicadas dentro de las citadas fincas, que además se ubican además dentro de la zona de protección y de recarga acuífera de Moín, zona 6, que no cuenten con permisos de construcción. 3. Se ordene la demolición de todas las edificaciones que se ubiquen dentro del acuifero Moín y dentro de los límites de las finas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: L-0509859- 1983, IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], que no cuenten con permisos de construcción municipal. 4.
Solicito la clausura y demolición de las edificaciones, locales, ubicadas dentro de las finas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], que no cuenten con permisos de construcción municipal. 5. Solicito a la corporación Municipal y al Consejo Municipal, la suspensión de cualquier patente de funcionamiento, permiso municipal, ya sea de construcción, movimientos de tierra, o de funcionamiento o de cualquier tipo, dentro de los límites de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009], en edificaciones que no cuenten con permisos de construcción. 6.
Con ocasión a la presente gestión, en el acto mi representada solicita el a la Municipalidad de Limón, el rechazo de cualquier solicitud de permiso de construcción de edificaciones, locales, bodegas, movimientos de tierra, o de funcionamiento que se soliciten personas ajenas a mi representada y que no tengan nuestra autorización para pedirlo, en el precario Villa Plata, dentro de los límites de las fincas 7- 27136 DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO:[Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009]. 7. Se aclara a la Municipalidad que solamente mi representada como dueña registral de las fincas, puede pedir permisos de construcción sobre su propiedad y por ende solicitamos sea rechazada y DENEGADA cualquier solicitud de permiso sobre las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009]. 8.
Solicito además se ordene a la oficina de catastro municipal que se abstenga de otorgar visados de planos en el precario Villa Plata, dentro de los límites de las fincas [Valor 015] DUPLICADO: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 005], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 006] y de la finca PROVINCIA: LIMON FINCA: [Valor 007]: [Nombre 003]: DERECHO: 000, PLANO: [Valor 008], IDENTIFICADOR PREDIAL:[Valor 009] (…)”. En dicho documento, el recurrente indicó medio para recibir notificaciones (el resaltado no es del original) (ver la prueba aportada).
Adjunto ambos planos e imagen área para su mejor apreciación (…) Con respecto al plan regulador ACTUAL de la municipalidad, dichas propiedad se encuentran según la zonificación en ZONA RESIDENCIAL y ambas propiedades están dentro del plan regulador, además ambas están dentro de la zona interpuesta por el instituto costarricense de acueductos y alcantarillados conocida como ZONA” (ver el informe rendido y la prueba aportada).
VII.Primer antecedente. Para el análisis del presente recurso, es menester indicar que recientemente el representante legal del recurrente, Fabián Leandro Marín, así como el coadyuvante de este proceso, Marco Vinicio [Nombre 011], presentaron un recurso de amparo que fue tramitado en el expediente no. 25-028736-0007-CO, en donde se emitió la sentencia no. 2025-039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025, en donde reclamaron varios puntos que en este recurso de amparo también se cuestiona. Así, en dicha resolución, se resolvió lo siguiente:
“I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aducen medularmente que:
b)El ICAA ha incurrido en omisiones en la ejecución del acuerdo No. 2011-112, pues la documentación reciente confirma la ausencia de información pública consolidada sobre las zonas del acuífero en sus plataformas y respuestas que remiten a protocolos generales de emergencia y a una unidad regional de control sin trazabilidad funcional histórica.
d)El ICAA omitió publicar un decreto de protección para oficializar los límites de la Zona 6, a pesar de así haberlo dispuesto en el por tanto sexto del acuerdo No. 2007-177.
Afirman que tales actuaciones y omisiones vulneran los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua potable y a la salud.
(…)
El recurrente Nombre35146 acude en amparo y señala categóricamente que el objeto de este es el siguiente: “(i) que se declare la nulidad, por inconstitucionalidad material y formal, de las disposiciones del Acuerdo de Junta Directiva del AyA N.° 2011-112 —y, en cuanto resulte aplicable, del N.° 2007-177— (…) (ii) que se declare la nulidad parcial del Plan Regulador de Limón en cuanto omite o contradice la delimitación cartográfica y el régimen de protección absoluta de la Zona 6; y (iii) que se ordene la adopción inmediata de medidas precautorias y estructurales para asegurar la protección efectiva del acuífero Moín, conforme a la Matriz del Nombre99516 y a los votos 2008-004790 y 2011-014596 de la Sala Constitucional”. Seguidamente, dicho recurrente, a través de varios y extensos escritos, se refiere reiteradamente a los mencionados puntos.
Así, aduce que el acuerdo No. 2011-112 de la Junta Directiva del ICAA estableció “válvulas” de flexibilización en la Dirección2942 (del acuífero de Limón-Moín), incompatibles con un régimen de protección total y absoluta establecido previamente para dicho sitio, permitiendo con ello, un umbral genérico de impermeabilización del veinte por ciento (20 %) por hectárea, movimientos de tierra mediante estudio y PGA, y habilitación de viviendas por “crecimiento vegetativo” sin parámetros de densidad ni control de impermeabilización.
Adicionalmente, afirma que el ICAA ha incurrido en omisiones a la hora de ejecutar el acuerdo No. 2011-112, pues la documentación reciente confirma la ausencia de información pública consolidada de ese instituto sobre las zonas del acuífero en sus plataformas y respuestas que remiten a protocolos generales de emergencia y a una unidad regional de control sin trazabilidad funcional histórica. Sostiene que, en respuestas oficiales recientes a solicitudes de información, el ICAA ha reconocido que “(a) que no dispone de metodología ni cartografía para controlar la figura de “crecimiento vegetativo” en la Dirección2942, limitándose a citar variaciones de servicios domiciliarios sin correlacionarlas con densidad, cobertura impermeable o recarga; (b) que no mantiene un inventario exhaustivo y actualizado de establecimientos con sustancias peligrosas, condición imprescindible para la gestión preventiva del riesgo en zonas de alta vulnerabilidad; y (c) que aplica un protocolo de emergencias genérico (GTE‑105‑01‑P) y no un protocolo específico para la recarga kárstica de Moín, a pesar de la existencia de dolinas, fisuras y tiempos de tránsito cortos de contaminantes, descritos por los estudios EPIK y por la cartografía de SENARA”.
En lo tocante al Plan Regulador de Limón, alega que este no incorporó de forma expresa la delimitación cartográfica de la citada Zona 6 como área de protección absoluta de las aguas subterráneas, pese a la existencia de estudios que demuestran la alta vulnerabilidad (lo cual permite la tramitación de usos turísticos, residenciales, fraccionamientos y movimientos de tierra mediante condicionamientos genéricos). Explica que solo un 3% de la superficie de la llamada Zona 6 quedó en categoría de protección, mientras que el 97% restante se destinó a desarrollo urbano. Acusa que, pesar de que el propio documento planificador admite la alta fragilidad de humedales y la desaparición de bosques primarios, simultáneamente habilita desarrollos urbanos con coberturas de hasta 30% e, incluso, la sustitución por plantas de tratamiento o tanques sépticos modificados Alega que, esta dualidad normativa —reconocer fragilidad pero autorizar urbanización— contradice el mandato de protección absoluta que pesa sobre la Zona 6 y resulta incompatible con el principio precautorio. Adicionalmente, acusa que dicho plan tampoco trasladó a su normativa las prohibiciones y condicionamientos materiales consignados en la “Matriz de Criterios de Uso de Suelo del Nombre99516 según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos”.
Agrega que el ICAA omitió también publicar un decreto de protección para oficializar los límites de la Zona 6, a pesar de así haberlo dispuesto en el por tanto sexto del acuerdo No. 2007-177. Alega que, como no se publicó dicho decreto, la delimitación de la Zona 6 nunca adquirió firmeza vinculante, dejando un vacío normativo que el Plan Regulador de Limón aprovechó para asignar usos residenciales y turísticos en territorio que debía ser de protección absoluta.
Afirma el accionante Nombre35146 que lo consignado (u omitido) supra contraviene lo dispuesto en la citada Matriz del Nombre99516 (instrumento técnico–jurídico que clasifica las zonas de recarga según su vulnerabilidad intrínseca y establece restricciones de uso del suelo en función del riesgo de contaminación y la capacidad de recarga), en el propio Acuerdo No. 2007-177 del ICAA, así como lo señalado por la Sala en los Votos Nos. 2008-4790 y 2011-14596, entre otros.
Concomitantemente, el recurrente se refiere, en términos generales, a análisis que demuestran la pérdida drástica de bosque primario y la permanencia subregistrada de humedales y yolillales en la Zona 6 de Limón. Igualmente, refiere que en el Tribunal Ambiental Administrativo existe un expediente (No. 100-23-01-TAA), donde se consigna el informe No. TAA-DA-241-2023, que evidencia que en la llamada Zona 6 se produjeron intervenciones antrópicas no autorizadas que explican la pérdida de cobertura boscosa y la fragmentación de hábitat. Indica que en ese documento se hace referencia a “invasión precarista”, “tala de árboles y quema de vegetación”, “construcción de casas y ranchos”, “movimientos de tierra para terrazas y caminos”, “invasión de áreas de protección”, “cambio de uso del suelo”, y subraya que todo ello ocurre “sin permisos municipales ni viabilidad ambiental”. Menciona que también se hace alusión a entradas específicas para “camino”, “movimiento de tierra” y “tala”, además de “casa” y “tapia”, corroborando la apertura de vías y la remoción de cobertura vegetal como parte del patrón de ocupación.
Apunta que en el citado expediente también se hace mención a la degradación ambiental que se produjo en dos fincas, donde se dio una pérdida progresiva de la cobertura forestal y la desaparición de humedales. Además, expone que el citado Tribunal Ambiental identificó invasiones a la franja de protección de la quebrada Portete, movimientos de tierra y descargas de aguas residuales y grises hacia dolinas.
Menciona que también la Municipalidad de Limón cuenta con el oficio No. UTE-AML-025-2022 de 22 de junio de 2022, donde se reporta en el sector de Villa Plata “caminos con mucho lastre o material de barro realizado manualmente con maquinaria pesada, que carecen de cunetas y de cordón de caño en la vía pública”. y describe “un conjunto de viviendas” construidas con materiales precarios, sin sistemas pluviales adecuados, con alturas que provocan erosión de taludes y presencia de material arcilloso y coral en los trazos de camino observados. Igualmente, manifiesta que el Nombre99516 en dos oficios (No. DIGH-UIH-008-2023 y No. DIGH-UIH-154-2023), confirmó que en la citada Zona 6 existe contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos y venzo-alfa-pirenos, derivados de operaciones industriales. También, describen que el subsuelo presenta un medio kárstico fracturado, con dolinas activas, que funcionan como puntos de recarga concentrada y aceleran el tránsito de contaminantes hacia el nivel freático.
Aduce, entonces, el recurrente, que lo ocurrido con los acuerdos del ICAA y el plan regulador citados, así como la omisión de publicar el decreto arriba señalado, fue precisamente lo que abrió la posibilidad y ha permitido el desarrollo de actividades incompatibles dentro de la Zona 6, lesionándose con ello los derechos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud y al agua potable.
Sostiene el recurrente que, en suma, la combinación de (i) un patrón decreciente y fragmentario de bosques y humedales documentado por FONAFIFO 2005, INF-2013 y SINAC 2021; (ii) la subrepresentación de yolillales en el Registro Nacional de Humedales; (iii) la evidencia de un cauce público y un área de importancia hídrica dentro de la Zona 6; (iv) la asignación de usos urbanos sobre el 97 % de la superficie de protección absoluta por parte del Plan Regulador; y (v) la falta de ejecución íntegra y transparente de las obligaciones del AyA según el Acuerdo 2011-112, constituyen un cuadro de incompatibilidad material con la Matriz de Nombre99516 y con los estándares de la Sala Constitucional. Por consiguiente, en su criterio, la llamada Zona 6 de Limón debe ser restaurada a un régimen de protección estricta con delimitación publicada, incorporación normativa inmediata y suspensión de autorizaciones que incrementen impermeabilización, movimientos de tierra y densidades no compatibles con la recarga.
Dicho esto, las petitorias del recurrente Nombre35146, se resumen a las siguientes:
“(1) Declarar con lugar el presente recurso de amparo.
(2) Declarar la NULIDAD, por inconstitucionalidad material, formal Y POR VIOLACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT, de las siguientes disposiciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): (2.1) Del Acuerdo de Junta Directiva N.° 2011‑112, en cuanto: (a) establece un umbral uniforme de impermeabilización del 20 % de la superficie por hectárea “para toda actividad” en la Zona 6; (b) autoriza “remoción, corte y relleno de materiales” o movimientos de tierra en la Zona 6 mediante estudio hidrogeológico y PGA; (c) admite “construcciones de viviendas por crecimiento vegetativo” en la Zona 6 sin parámetros de densidad, cartografía de impermeabilización ni verificación de impacto nulo; y (d) contiene cláusulas abiertas que permiten “dictaminar otras actividades” en la Zona 6 sin base reglamentaria estricta y sin sujeción al principio precautorio. (2.2) Del Acuerdo N.° 2007‑177, en cuanto se interprete o aplique de modo que permita usos incompatibles con la protección absoluta definida para la Zona 6.
(3) Declarar la NULIDAD PARCIAL del Plan Regulador de Limón en cuanto: (a) omite incorporar la delimitación cartográfica y el régimen de protección absoluta de la Zona 6 del acuífero Nombre52121 conforme a la Matriz de SENARA; (b) permite o tolera usos residenciales, fraccionamientos, movimientos de tierra o incrementos de impermeabilización en dicha zona 6 sin exigir Evaluación de Impacto Ambiental y estudios hidrogeológicos, hidráulicos e hidrológicos previos aprobados por Nombre99516 y AyA; y (c) omite la coordinación interinstitucional obligatoria en materia de tutela del acuífero y la aplicación del principio precautorio.
(4) ORDENAR al AyA, al SENARA, al MINAE y a la Municipalidad de Limón que, en el plazo máximo de SEIS (6) meses, adopten las siguientes medidas estructurales: (4.a) emitir el DECRETO EJECUTIVO de protección de las fuentes de Nombre52121 y de la Zona 6, con coordenadas oficiales, régimen de protección absoluta y remisión expresa a la Matriz de SENARA; (4.b) elaborar e implementar un INVENTARIO PÚBLICO y actualizado de actividades con sustancias peligrosas en la Zona 6; (4.c) adoptar un PROTOCOLO ESPECÍFICO de emergencias y contingencias para la recarga kárstica de Moín; (4.d) establecer un SISTEMA DE MONITOREO periódico (calidad de aguas, nitratos, conductividad, bacteriología) con publicación de resultados y mecanismos de alerta temprana; y (4.e) adecuar íntegramente el Plan Regulador de Limón a la Matriz de Nombre99516 y a la jurisprudencia constitucional, incorporando la Zona 6 como área de protección absoluta.
(5) ORDENAR la INMEDIATA SUSPENSIÓN de cualquier permiso de construcción, fraccionamiento, cambio de uso o movimiento de tierra en la Zona 6 hasta el pleno cumplimiento de los extremos anteriores, bajo apercibimiento del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (delito de desobediencia).
(6) Que todos los recurridos violentaron el principio Constitucional de coordinación administrativa en temas de protección de acuíferos y areas de recarga acuífera, al permitir normativas regresivas y la invisibilización de la zona 6 en el plan regulador de Limón y en la disminución de protección en los acuerdos de Junta Directiva del ICAA.
(8) (sic) CONDENAR en costas y daños según corresponda, de conformidad con los artículos 48 de la Constitución Política y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.
Por su parte, el recurrente Nombre45265 acude también en amparo y reproduce parcialmente los alegatos formulados por Nombre35146.
De este modo, reclama que el ICAA no ha gestionado ante el Poder Ejecutivo la emisión y publicación del decreto de protección de la Zona 6 del acuífero Moín, como lo ordena su propio acuerdo de Junta Directiva No. 2007-177. Menciona que la falta de publicación del decreto ha generado una invisibilización normativa. Apunta que los parámetros de protección definidos por la Matriz de Nombre99516 y ratificados por la Sala Constitucional permanecen sin reflejo en la cartografía y normativa municipal, lo cual permite que el Plan Regulador de Limón continúe tramitando fraccionamientos, urbanizaciones y movimientos de tierra en un territorio que, por mandato técnico y jurisprudencial, debe mantenerse bajo un régimen de protección absoluta.
Agrega que el Acuerdo de Junta Directiva del ICAA No. 2011-112, lejos de fortalecer la protección, introdujo disposiciones que flexibilizan los estándares exigidos. Afirma que estas disposiciones contravienen frontalmente la Matriz de SENARA, que prohíbe dichas actividades en zonas de vulnerabilidad extrema. Aduce que la vigencia actual del acuerdo No. 2011-112 no solo carece de sustento técnico, sino que resulta manifiestamente inconstitucional por reducir arbitrariamente el nivel de protección de la Zona 6, sustituyendo un régimen de protección absoluta ordenado para salvaguardar el abastecimiento hídrico humano, por una regulación permisiva diseñada exclusivamente para eludir una obligación constitucional previamente firme de expropiar e indemnizar.
Alega también que la existencia de ocupaciones y usos del suelo incompatibles con la declaratoria de la Zona 6, constituye una violación al artículo 50 de la Constitución Política, que consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a los principios de no regresión, precautorio y preventivo en materia ambiental.
De este modo, Nombre45265 peticiona expresamente a esta Sala Constitucional lo siguiente:
“declarar con lugar el presente recurso de amparo; y decretar que La Junta Directiva del ICAA incumplió con su deber de publicar el decreto de protección y delimitación del acuífero Moín, tal como lo ordenó en su propio Acuerdo de Junta Directiva N.* 2007-177.
Ordenar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA-AyA) que, en un plazo perentorio, solicite y gestione ante el Poder Ejecutivo la promulgación y publicación del decreto de protección del acuífero Moín.
Ordenar que los Acuerdos de Junta Directiva N.* 2007-177 y 2011-112 se apliquen únicamente en la medida en que sean compatibles con la Matriz de Nombre99516 y con la jurisprudencia constitucional, dejando sin efecto sus disposiciones que flexibilicen la protección.
Ordenar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) que cumpla con su deber de coordinación, participando activamente en la elaboración, firma, solicitud y publicación del decreto y en la aplicación integra de la Matriz de Criterios de Uso del Suelo”.
Adicionalmente, en escrito posterior, se solicitó también que esta jurisdicción ordene “la expropiación de los terrenos ocupados de manera incompatible en la Zona 6”.
Ahora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito para conocer este recurso de amparo por el fondo ni, tampoco, para acoger el elenco de peticiones concretas supra señalado.
Esto, medularmente en el tanto los recurrentes acudieron a esta jurisdicción de manera genérica y en abstracto, sin formular y precisar un acto de aplicación concreta o bien, una relación de hechos concreta e individualizada que afecte o perjudique a una persona en concreto o a varias. En esencia, no se individualiza alguna situación que haya generado una violación o amenaza de vulneración a los derechos fundamentales a los que hace referencia, tal y como así lo exige la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 1° y 29.
Según una lectura pormenorizada realizada a todos los escritos formulados por los recurrentes, estos se abocan a señalar meramente los motivos por los cuales, en su criterio, los citados acuerdos del ICAA (Nos. 2007-177 y 2011-112), así como el Plan Regulador de Limón, devienen en inconstitucionales, sin hacer referencia o aducir concomitantemente y, de manera fundamentada, algún acto de aplicación concreta que afecte o lesione los derechos fundamentales. Estado de cosas que se reafirma al analizar de forma puntual el elenco de peticiones planteado por ambas partes, donde los tutelados no solicitan la intervención de este Tribunal ante una situación en particular, acto u omisión concreta.
Debe observarse que, si bien los recurrentes hacen referencia somera a varias situaciones que han afectado, en su criterio, la Zona 6 de Limón, en el fondo, no acuden propiamente en contra de alguna actuación u omisión relacionada intrínsicamente con estas, lo cual se comprueba, como se dijo, al realizarse una lectura del elenco de petitorias planteadas no sólo en los escritos principales de interposición del amparo, sino también en el resto de memoriales adjuntados al proceso.
Sobre el particular, este Tribunal ha indicado que, si bien el recurso de amparo puede ser interpuesto por cualquier persona y a favor de un tercero, lo cierto es que se requiere de la existencia de una lesión o de amenaza individualizada o individualizable, en particular, para que pueda ser atendido por esta jurisdicción; lo cual, como se ha dicho, no sucede en el caso bajo estudio. En el fondo, resulta claro que se trata simplemente de una disconformidad de las partes accionantes con el contenido de los referidos acuerdos del ICAA y del Plan Regulador de Limón, lo que, a su vez, no se puede revisar ni declarar inconstitucional a través de la vía sumaria de amparo.
Dicho lo anterior, lo que procede es desestimar el presente proceso, como en efecto de dispone.
En escrito posterior, el recurrente Nombre35146 también acusa que la Municipalidad de Limón no ha cumplido con lo ordenado por esta Sala en la Sentencia No. 2008-4751 de las 12:00 hrs. de 27 de mayo de 2008 (dictada con motivo de un amparo formulado por su persona directamente en contra de la operación de la empresa Químicas Holanda) en el tanto, según afirma, no ha incluido en el Plan Regulador de Limón la llamada Dirección6577. Dicho esto, se le aclara al accionante que, en caso de estimar que dicho municipio no ha cumplido, a la fecha, lo ordenado en tal voto, lo que procede es que presente el reclamo correspondiente en el citado expediente para que sea en ese proceso que se resuelta lo que en derecho corresponda.
(…)
POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y otorgan a las personas accionantes el plazo de QUINCE DÍAS para que, si a bien lo tienen, interpongan acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA y el Plan Regulador de Limón”.
VIII.Segundo antecedente. Posteriormente, el coadyuvante Marco Vinicio [Nombre 011] presentó el recurso de amparo no. 26-005469-0007-CO, en donde volvió a cuestionar varios puntos que en este recurso de amparo se reclaman. Así, se dictó la sentencia no. 2026-013366 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2026, que resolvió estarse a lo dispuesto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025. De ese modo, en esa resolución se indicó lo siguiente:
“Obsérvese que, en la sentencia n.° 2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional conoció de un recurso de amparo interpuesto, entre otros, por el mismo recurrente, en el que se planteó un cuestionamiento sustancialmente dirigido contra la forma en que las instituciones públicas competentes han regulado y gestionado la protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, alegándose la existencia de inconsistencias entre los instrumentos técnicos y normativos aplicables, así como omisiones en la incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador del cantón de Limón.
En ese sentido, se advierte que el recurrente, en aquella oportunidad, no solo cuestionó la validez y alcance de los acuerdos de Junta Directiva del AyA –particularmente los números 2007-177 y 2011-112–, sino que además alegó que tales disposiciones introducían parámetros que, a su juicio, resultaban incompatibles con el estándar de protección exigido para un acuífero de alta vulnerabilidad, al tiempo que reprochó la falta de incorporación efectiva de las restricciones derivadas de la matriz de criterios de uso del suelo del Nombre02 dentro del ordenamiento territorial vigente, lo cual, en su criterio, permitía el desarrollo de actividades urbanísticas potencialmente lesivas para el recurso hídrico. Asimismo, se constata que dicho planteamiento se sustentó en una amplia exposición técnico-jurídica, en la que se desarrollaron consideraciones relativas al principio precautorio, a la necesidad de coordinación interinstitucional y a la obligación de resguardar el derecho fundamental a un ambiente sano, solicitándose, en lo medular, la anulación de disposiciones normativas, la adopción de medidas estructurales y la imposición de obligaciones concretas a las autoridades recurridas para garantizar la protección efectiva del acuífero.
Sin embargo, lo cierto es que la Sala, en dicha oportunidad, resolvió desestimar el recurso de amparo, al considerar que el planteamiento del recurrente no evidenciaba una lesión directa, actual e individualizable a derechos fundamentales, sino que, por el contrario, se dirigía a cuestionar, en términos generales, la validez, alcance y coherencia de instrumentos técnicos y normativos en materia de ordenamiento territorial y protección del recurso hídrico, así como a procurar la adopción de medidas de carácter estructural y la modificación de disposiciones de alcance general. En ese sentido, se desprende que la Sala advirtió que las pretensiones formuladas –tales como la declaratoria de nulidad de acuerdos de Junta Directiva del AyA, la anulación parcial del Plan Regulador de Limón y la imposición de obligaciones concretas a diversas instituciones para redefinir el régimen de protección de la Zona 6– desbordaban el ámbito propio del recurso de amparo, en tanto implicaban un control de legalidad y de oportunidad sobre decisiones técnicas y de planificación territorial que corresponden a la Administración en el ejercicio de sus competencias, así como a las vías ordinarias respectivas.
Asimismo, se aprecia que el Tribunal tomó en consideración que la problemática expuesta por el recurrente se inserta dentro de un conflicto estructural y complejo, que involucra la interacción de múltiples entidades públicas, criterios técnicos especializados y procesos de coordinación interinstitucional, de modo que no resultaba jurídicamente viable, en sede constitucional, sustituir dichas valoraciones ni ordenar, por esta vía, la reconfiguración de los instrumentos normativos cuestionados.
De esta forma, lejos de acoger las pretensiones planteadas, la Sala concluyó que el recurso no constituía el mecanismo idóneo para canalizar los reclamos formulados, en la medida en que estos no evidenciaban una actuación arbitraria concreta susceptible de tutela inmediata, sino una disconformidad con la regulación vigente y con la forma en que las autoridades han ejercido sus competencias en esta materia, razón por la cual procedió a su desestimación.
Ahora bien, ciertamente, en el presente asunto el recurrente incorpora algunos elementos adicionales respecto de los planteamientos formulados en el expediente que dio origen a la sentencia n.° 2025039386, entre ellos, la referencia al oficio técnico SENARA-DIGH-006-2026, la gestión posterior dirigida al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante el oficio AEL-008-2026, así como la respuesta brindada por dicha entidad a través del oficio CDU-047-02-2026, a partir de lo cual intenta reconfigurar su reclamo bajo la tesis de una supuesta omisión administrativa regresiva atribuible a ese órgano.
No obstante, lo cierto es que, aun tomando en consideración dichos elementos, se aprecia que estos no introducen una controversia materialmente distinta a la ya sometida al conocimiento de esta Sala, en tanto no alteran el núcleo fáctico ni jurídico que sirvió de base para el pronunciamiento anterior. En efecto, pese a la incorporación de un nuevo insumo técnico y de actuaciones administrativas posteriores, el reclamo continúa girando en torno a la misma problemática estructural previamente analizada, esto es, la alegada insuficiencia del régimen de protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, la falta de incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador de Limón y la pretensión de que, por vía del recurso de amparo, se ordene a las autoridades competentes adoptar medidas tendientes a modificar o adecuar dicho instrumento de planificación territorial.
En esa misma línea, se advierte que el nuevo informe del SENARA, si bien es presentado como un elemento novedoso, no tiene la entidad suficiente para transformar la naturaleza del conflicto, pues su contenido se limita a reiterar la condición de vulnerabilidad del acuífero y la incompatibilidad del plan regulador con los criterios técnicos institucionales, aspectos que ya habían sido ampliamente expuestos y valorados en el proceso anterior. De igual forma, la gestión formulada ante el INVU y la respuesta obtenida no configuran, por sí mismas, una lesión autónoma susceptible de análisis independiente, sino que se insertan dentro del mismo cuestionamiento global respecto de la actuación de las instituciones en materia de ordenamiento territorial y protección hídrica.
Por otra parte, aun cuando el recurrente procura centrar ahora su reproche en la conducta del INVU, alegando una supuesta omisión regresiva, lo cierto es que dicha reformulación no modifica la esencia del planteamiento, pues continúa orientada a obtener, en sede constitucional, la adopción de medidas de carácter general y estructural, así como la redefinición de competencias y la adecuación de instrumentos normativos, lo cual, como ya fue determinado por esta Sala, excede el ámbito propio del recurso de amparo y corresponde a las instancias administrativas y jurisdiccionales ordinarias.
De este modo, se constata que la razón por la cual el recurso anterior fue desestimado —esto es, la improcedencia del amparo como vía para cuestionar valoraciones técnicas y decisiones de planificación territorial, en ausencia de una lesión concreta, actual e individualizada a derechos fundamentales— se mantiene incólume en el sub lite, pues los elementos ahora incorporados no desvirtúan dicha conclusión, sino que, por el contrario, confirman que el recurrente persiste en plantear, bajo una nueva formulación, una disconformidad sustancialmente idéntica a la ya resuelta por este Tribunal.
En consecuencia, al no evidenciarse la existencia de un cambio sustancial en los presupuestos del caso que justifique un nuevo análisis de fondo, lo procedente es que el recurrente se esté a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025 (…)
Estese la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y otorgan a la persona accionante el plazo de QUINCE DÍAS para que, si a bien lo tiene, interponga acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA y el Plan Regulador de Limón”.
IX.Sobre el primer agravio. Respecto a este punto, el recurrente alega que la Municipalidad de Limón procedió a excluir la zona 6 de protección, zona de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín, del Plan Regulador de ese cantón de forma arbitraria. Sobre esta cuestión y después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación a los derechos fundamentales del recurrente o la empresa amparada. Lo anterior, porque en los informes rendidos por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el Plan regulador del cantón central de Limón fue publicado en La Gaceta No. 212, Alcance 225, el 15 de noviembre de 2023.
Así, bajo la fe de juramento, los representantes de la Municipalidad de Limón afirman que “No lleva razón el recurrente, en el sentido que, si bien es cierto el Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de Limón, el cual fue publicado mediante Gaceta N°212 del 15 de noviembre del año 2023, alcance 225, el cual viene a regir el Cantón Central de Limón. Debo indicar que no es como lo indica el recurrente que las propiedades que alega fueron excluidas de dicho Plan Regulador, el cual no es cierto dichas propiedades se encuentra contempladas y reguladas en el Plan Regulador, así se demuestra en informe oficio UCC-0329-09-07-2025, emitido por el Jefe de la Unidad de Catastro de la Municipalidad de Limón”. Lo anterior, es conforme a lo establecido en el oficio no. UCC-0329-09-07-2025 del 09 de julio de 2025 de la Unidad de Censo y Catastro de la Municipalidad de Limón, en donde explícitamente se indica lo siguiente: “Reciban un cordial saludo por parte de la Unidad de Topografía de la Municipalidad del Cantón Central de Limón.
En respuesta a la mesa de trabajo que se realizó el día Miércoles, 09 de julio del 2025, sobre el tema de las propiedades ubicadas en el Cantón Central de Limón, Distrito de Limón, sector del Empalme Moin conocido como Villa Plata coordenada CRTM05 ESTE 602059.892 Y NORTE 1105530.712. Le indico lo siguiente mediante la revisión realizada en el mapa Catastral del Registro Nacional, obtuvimos que en dicho sector se encuentran las fincas [Valor 015]-000 y la finca [Valor 016]-000 ambas propiedades pertenecientes a [Nombre 012] cedula jurídica [Valor 018] donde la primera cuenta con el plano [Valor 019] con un área de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN METROS CON TREINTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y la segunda cuenta con el plano [Valor 017] con área de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CON VEINTITRES DECIMETROS CUADRADOS. Adjunto ambos planos e imagen área para su mejor apreciación (…) Con respecto al plan regulador ACTUAL de la municipalidad, dichas propiedad se encuentran según la zonificación en ZONA RESIDENCIAL y ambas propiedades están dentro del plan regulador, además ambas están dentro de la zona interpuesta por el instituto costarricense de acueductos y alcantarillados conocida como ZONA”.
En este sentido, no se tiene por demostrado que la Municipalidad de Limón procedió a excluir la zona 6 de protección, zona de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín, del Plan Regulador de ese cantón de forma arbitraria, pues se reitera que las propiedades de la empresa amparada, que constan en la zona 6, se encuentra contempladas y reguladas en el Plan Regulador. En todo caso, lo procedente es reafirmar lo indicado en el primer antecedente citado respecto a que, en el fondo, resulta claro que el presente reclamo se trata simplemente de una disconformidad de las partes accionantes con el contenido del Plan Regulador de Limón, lo que, a su vez, no se puede revisar ni declarar inconstitucional a través de la vía sumaria de amparo.
Así, nótese que, en el segundo antecedente citado, también se asevera que la Sala advirtió que la pretensión de la anulación parcial del Plan Regulador de Limón y la imposición de obligaciones concretas a diversas instituciones para redefinir el régimen de protección de la Zona 6– desbordaban el ámbito propio del recurso de amparo, en tanto implicaban un control de legalidad y de oportunidad sobre decisiones técnicas y de planificación territorial que corresponden a la Administración en el ejercicio de sus competencias, así como a las vías ordinarias respectivas. Asimismo, se aprecia que el Tribunal tomó en consideración que la problemática expuesta por el recurrente se inserta dentro de un conflicto estructural y complejo, que involucra la interacción de múltiples entidades públicas, criterios técnicos especializados y procesos de coordinación interinstitucional, de modo que no resultaba jurídicamente viable, en sede constitucional, sustituir dichas valoraciones ni ordenar, por esta vía, la reconfiguración de los instrumentos normativos cuestionados.
De esta forma, lejos de acoger las pretensiones planteadas, la Sala concluyó que el recurso no constituía el mecanismo idóneo para canalizar los reclamos formulados, en la medida en que estos no evidenciaban una actuación arbitraria concreta susceptible de tutela inmediata, sino una disconformidad con la regulación vigente y con la forma en que las autoridades han ejercido sus competencias en esta materia, razón por la cual procedió a su desestimación. De ese modo, el reclamo continúa girando en torno a la misma problemática estructural previamente analizada, esto es, la alegada insuficiencia del régimen de protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, la falta de incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador de Limón y la pretensión de que, por vía del recurso de amparo, se ordene a las autoridades competentes adoptar medidas tendientes a modificar o adecuar dicho instrumento de planificación territorial.
Por ende, se constata que la razón por las cual los 2 antecedentes mencionados fueron declarados sin lugar es por la improcedencia del amparo como vía para cuestionar valoraciones técnicas y decisiones de planificación territorial.
Igualmente, tanto el recurrente como el coadyuvante acusan que la Municipalidad de Limón no ha cumplido con lo ordenado por esta Sala en la Sentencia No. 2008-4751 de las 12:00 hrs. de 27 de mayo de 2008, pues aseveran que la Municipalidad recurrida no ha incluido en el Plan Regulador de Limón la llamada Zona 6 de Moín. Dicho esto, se le aclara al accionante que, en caso de estimar que dicho municipio no ha cumplido, a la fecha, lo ordenado en tal voto, lo que procede es que presente el reclamo correspondiente en el citado expediente para que sea en ese proceso que se resuelta lo que en derecho corresponda.
En síntesis, respecto este punto, se descarta lesión a los derechos fundamentales del recurrente o la empresa amparada.
X.Sobre el segundo agravio. Sobre el particular, el recurrente reclama que, debido a la exclusión arbitraria de la zona 6 de protección del Plan Regulador de ese cantón de forma arbitraria, se ha permitido que, en varias propiedades de su representada que se encuentran en esa zona, se haya formado el precario conocido como como “Villa Plata”, generando construcciones ilegales y sin permiso en esa zona protegida.
Al respecto, los representantes de la Municipalidad de Limón aseguran lo siguiente: (…) en cuanto a la problemática de la invasión o precario que se ha dado en las fincas del recurrente, no es competencia de la Municipalidad de Limón, por lo que a su vez le informamos que en dichas propiedades la Municipalidad de Limón no a (sic) otorgado permisos de construcción alguna, como lo hace suponer el recurrente, por lo que consideramos que el recurrente se equivoca en el presente recurso de amparo, ya que la problemática que se da en las fincas que se mencionan en el presente recurso de amparo es de precario o invasiones, lo cual no es de competencia de la Municipalidad de Limón estos asuntos; como lo indicamos anteriormente la Municipalidad de Limón no ha otorgado permisos de construcción en dichas fichas ni patentes”.
De esta forma, se denota que la Municipalidad recurrida no ha otorgado permisos de construcción alguna en esas propiedades, sino que se trata de precario o invasiones ilegales. Asimismo, tal y como se indicó anteriormente en uno de los precedentes, se aprecia que el Tribunal tomó en consideración que la problemática expuesta por el recurrente se inserta dentro de un conflicto estructural y complejo, que involucra la interacción de múltiples entidades públicas, criterios técnicos especializados y procesos de coordinación interinstitucional, de modo que no resultaba jurídicamente viable, en sede constitucional, sustituir dichas valoraciones ni ordenar, por esta vía, la reconfiguración de los instrumentos normativos cuestionados. Por consiguiente, lo procedente sea que los accionantes planteen las gestiones del caso en la vía ordinaria, con el fin de que se resuelva ahí lo que en derecho corresponda. Lo cual, sí cumplió el recurrente, tal y como se explica más adelante.
Ahora, es importante explicar que si bien es cierto, en tesis de principio no es competencia exclusiva o propia de la Municipalidad lo relativo a posibles invasiones, ya que tales reclamaciones son o pueden ser abordadas por otras instancias públicas como el Ministerio de Seguridad, y eventualmente el Ministerio de Salud, lo cierto es que ciertas situaciones relacionadas pueden ocasionar determinadas afectaciones generales a los munícipes, al derecho a la salud y al derecho ambiental, en cuyo caso la Municipalidad sí que tiene una clara responsabilidad en el marco de la coordinación interinstitucional que debe darse. De ese modo, se reitera que el recurrente sí cumplió con denunciar dicha situación ante la Municipalidad de Limón. Así, esa gestión será analizada en el próximo considerando.
En todo caso, este Tribunal consideran importante indicarle un tome nota a la Municipalidad recurrida en el sentido de que, al estar pendiente la resolución de la gestión planteada el 11 de enero de 2026, cuya resolución se ordena en virtud de lo que se explicará en el próximo considerando, deberá conocer y pronunciarse de forma expresa sobre esas incidencias, debiendo adoptar las instancias de coordinación que fueren procedentes si así llegare a determinarse.
XI.Sobre el tercer agravio. Por último, el recurrente cuestiona el 11 de enero de 2025 interpuesto la gestión respectiva ante la Municipalidad de Limón, pero a la fecha su gestión no ha sido resuelta.
Al respecto, se verifica que efectivamente el 11 de enero de 2025, el recurrente envió una gestión a la dirección [email protected], dirigido al Concejo y a la Alcaldía de la Municipalidad de Limón, en donde indicó lo siguiente: “(…) solicito de conformidad con lo establecido en la Ley de Construcciones y en el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Limón, se proceda a iniciar con el trámite administrativo sancionatorio y de derribo de construcciones, en contra de todas las personas que mantienen construcciones edificadas sin permisos municipales en la localidad de Moín, propiamente en el precario Villa Plata, y que se ubican dentro de la zona de protección y de recarga acuífera del acuifero de Moín, dentro de la denominada zona 6, y localizadas a lo interno de las fincas (…) En el citado expediente la Municipalidad de Limón tuvo por demostrado que las fincas propiedad de mi representada se encuentran ubicadas dentro de la zona 6 de protección absoluta y de recarga acuífera del Acuifero de Moín y que sobre dichas fincas se ubica el precario Villa Plata (…) Dicho informe además es claro al señalar que las edificaciones existentes no tienen permisos de construcción (…) CINCO: en el citado expediente del recurso de amparo además se demostró y así le consta a la Municipalidad de Limón, que en el precario Villa Plata y dentro de las fincas de mi representada, debido a la formación del precario y a las construcciones ilegales, se han dado severos daños ambientales en la zona 6 de protección absoluta del acuifero Moín, pues se han dado talas ilegales, eliminación de humedales, cambio de uso de suelo, movimientos de tierra, contaminación, aplicación de químicos para la eliminar la maleza, invasiones a zonas de protección, situación que se ha dado a lo largo del tiempo (…) se describen movimientos de tierra para elaboración de caminos en áreas de protección absoluta en donde es prohibido el cambio de uso de suelo y los movimientos de tierra (…) SE ORDENE LA DEMOLICION DE TODAS LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DENTRO DE LAS CITADAS FINCAS Y QUE NO CUENTAN CON PERMISOS MUNICIPALES (…) Además, son construcciones elaboradas sin el control Municipal, del ICAA, del Ministerio de salud y están generando contaminación.
Todas esas viviendas fueron construidas y se mantienen edificadas dentro de un área de alta vulnerabilidad a la contaminación por ser de recarga del acuifero Moín (…) Por lo anterior debe la Municipalidad iniciar el procedimiento administrativo para demoler todas esas construcciones que se ubican dentro de la zona de protección absoluta de la zona 6 (…) Nótese se trata de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón. Por ello teniendo por demostrado que en el precario Villa Plata se construyeron más de 194 edificaciones sin permisos municipales, en un lugar en donde existe una zona de alta protección por ser de recarga acuífera (…) dentro de la zona de protección y de recarga acuífera de Moín, fueron construidas en detrimento del marco normativo, en detrimento de la Ley de Aguas y en detrimento de las leyes ambientales, pues afectan directamente el área de protección absoluta del acuifero de Moín (…)”. En dicho documento, el recurrente indicó medio para recibir notificaciones.
Ahora bien, se constata que tanto en la resolución de curso de las 11:22 horas del 03 de julio de 2025, así como en la resolución de las 16:23 horas del 27 de noviembre de 2025, en donde solicitó una prueba para mejor resolver, se le solicitó información al respecto a la Municipalidad de Limón, no obstante, en ambos casos la autoridad recurrida rindió su informe sin referirse a esa gestión. Por ende, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podrían tenerse por ciertos los hechos, de conformidad con la valoración del acervo probatorio con que se cuente en autos, se procede a resolver el recurso, con la base fáctica expuesta, lo que no implica que automáticamente se acoja el recurso.
En este sentido, se tiene por demostrado que el correo electrónico [email protected] es un medio oficial de la Municipalidad de Limón para recibir gestiones. Asimismo, se tuvo por demostrado que efectivamente el 11 de enero de 2025 el recurrente interpuso una denuncia ante la Municipalidad recurrida respecto a la existencia de construcciones ilegales, sin permisos municipales y que se ubican sobre una zona de protección y de recarga acuífera de la ciudad de Limón y que a la fecha dicha gestión no ha sido resuelta. Por consiguiente, consta que para la fecha de formulado el amparo, había trascurrido un plazo excesivo e irrazonable de más de 06 meses desde que se presentó la denuncia y esta no había sido atendida por la autoridad recurrida, denotándose una lesión al artículo 41 de la Constitución Política.
XII.Sobre los agravios indicados en la coadyuvancia. Por otra parte, en los escritos del 04 de julio, 15 de julio, 18 de julio, 30 de julio, 06 de agosto, 26 de agosto, 27 de agosto, y el 01 de setiembre, todos de 2025, el señor [Nombre 011] presenta una coadyuvancia activa a favor del recurrente, en donde añade varios reclamos referentes a la misma situación, pero estos cuestionamientos versan sobre lo que considera es una inconstitucional del Plan Regulador del cantón de Limón.
Al respecto, es importante indicar que, tal y como se señaló en el considerando V de esta sentencia en lo concerniente al segundo antecedente citado, este Tribunal conoció esos mismos reclamos interpuestos por el mismo señor [Nombre 011]. Así, en dicha sentencia no. 2026-013366 de las 09:20 horas del 21 de abril de 2026, se resolvió lo siguiente:
“Obsérvese que, en la sentencia n.° 2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional conoció de un recurso de amparo interpuesto, entre otros, por el mismo recurrente, en el que se planteó un cuestionamiento sustancialmente dirigido contra la forma en que las instituciones públicas competentes han regulado y gestionado la protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, alegándose la existencia de inconsistencias entre los instrumentos técnicos y normativos aplicables, así como omisiones en la incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador del cantón de Limón.
En ese sentido, se advierte que el recurrente, en aquella oportunidad, no solo cuestionó la validez y alcance de los acuerdos de Junta Directiva del AyA –particularmente los números 2007-177 y 2011-112–, sino que además alegó que tales disposiciones introducían parámetros que, a su juicio, resultaban incompatibles con el estándar de protección exigido para un acuífero de alta vulnerabilidad, al tiempo que reprochó la falta de incorporación efectiva de las restricciones derivadas de la matriz de criterios de uso del suelo del Nombre02 dentro del ordenamiento territorial vigente, lo cual, en su criterio, permitía el desarrollo de actividades urbanísticas potencialmente lesivas para el recurso hídrico. Asimismo, se constata que dicho planteamiento se sustentó en una amplia exposición técnico-jurídica, en la que se desarrollaron consideraciones relativas al principio precautorio, a la necesidad de coordinación interinstitucional y a la obligación de resguardar el derecho fundamental a un ambiente sano, solicitándose, en lo medular, la anulación de disposiciones normativas, la adopción de medidas estructurales y la imposición de obligaciones concretas a las autoridades recurridas para garantizar la protección efectiva del acuífero.
Sin embargo, lo cierto es que la Sala, en dicha oportunidad, resolvió desestimar el recurso de amparo, al considerar que el planteamiento del recurrente no evidenciaba una lesión directa, actual e individualizable a derechos fundamentales, sino que, por el contrario, se dirigía a cuestionar, en términos generales, la validez, alcance y coherencia de instrumentos técnicos y normativos en materia de ordenamiento territorial y protección del recurso hídrico, así como a procurar la adopción de medidas de carácter estructural y la modificación de disposiciones de alcance general. En ese sentido, se desprende que la Sala advirtió que las pretensiones formuladas –tales como la declaratoria de nulidad de acuerdos de Junta Directiva del AyA, la anulación parcial del Plan Regulador de Limón y la imposición de obligaciones concretas a diversas instituciones para redefinir el régimen de protección de la Zona 6– desbordaban el ámbito propio del recurso de amparo, en tanto implicaban un control de legalidad y de oportunidad sobre decisiones técnicas y de planificación territorial que corresponden a la Administración en el ejercicio de sus competencias, así como a las vías ordinarias respectivas.
Asimismo, se aprecia que el Tribunal tomó en consideración que la problemática expuesta por el recurrente se inserta dentro de un conflicto estructural y complejo, que involucra la interacción de múltiples entidades públicas, criterios técnicos especializados y procesos de coordinación interinstitucional, de modo que no resultaba jurídicamente viable, en sede constitucional, sustituir dichas valoraciones ni ordenar, por esta vía, la reconfiguración de los instrumentos normativos cuestionados.
De esta forma, lejos de acoger las pretensiones planteadas, la Sala concluyó que el recurso no constituía el mecanismo idóneo para canalizar los reclamos formulados, en la medida en que estos no evidenciaban una actuación arbitraria concreta susceptible de tutela inmediata, sino una disconformidad con la regulación vigente y con la forma en que las autoridades han ejercido sus competencias en esta materia, razón por la cual procedió a su desestimación.
Ahora bien, ciertamente, en el presente asunto el recurrente incorpora algunos elementos adicionales respecto de los planteamientos formulados en el expediente que dio origen a la sentencia n.° 2025039386, entre ellos, la referencia al oficio técnico SENARA-DIGH-006-2026, la gestión posterior dirigida al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante el oficio AEL-008-2026, así como la respuesta brindada por dicha entidad a través del oficio CDU-047-02-2026, a partir de lo cual intenta reconfigurar su reclamo bajo la tesis de una supuesta omisión administrativa regresiva atribuible a ese órgano.
No obstante, lo cierto es que, aun tomando en consideración dichos elementos, se aprecia que estos no introducen una controversia materialmente distinta a la ya sometida al conocimiento de esta Sala, en tanto no alteran el núcleo fáctico ni jurídico que sirvió de base para el pronunciamiento anterior. En efecto, pese a la incorporación de un nuevo insumo técnico y de actuaciones administrativas posteriores, el reclamo continúa girando en torno a la misma problemática estructural previamente analizada, esto es, la alegada insuficiencia del régimen de protección de la denominada Zona 6 del acuífero Moín, la falta de incorporación de dicha zona como área de protección absoluta dentro del Plan Regulador de Limón y la pretensión de que, por vía del recurso de amparo, se ordene a las autoridades competentes adoptar medidas tendientes a modificar o adecuar dicho instrumento de planificación territorial.
En esa misma línea, se advierte que el nuevo informe del SENARA, si bien es presentado como un elemento novedoso, no tiene la entidad suficiente para transformar la naturaleza del conflicto, pues su contenido se limita a reiterar la condición de vulnerabilidad del acuífero y la incompatibilidad del plan regulador con los criterios técnicos institucionales, aspectos que ya habían sido ampliamente expuestos y valorados en el proceso anterior. De igual forma, la gestión formulada ante el INVU y la respuesta obtenida no configuran, por sí mismas, una lesión autónoma susceptible de análisis independiente, sino que se insertan dentro del mismo cuestionamiento global respecto de la actuación de las instituciones en materia de ordenamiento territorial y protección hídrica.
Por otra parte, aun cuando el recurrente procura centrar ahora su reproche en la conducta del INVU, alegando una supuesta omisión regresiva, lo cierto es que dicha reformulación no modifica la esencia del planteamiento, pues continúa orientada a obtener, en sede constitucional, la adopción de medidas de carácter general y estructural, así como la redefinición de competencias y la adecuación de instrumentos normativos, lo cual, como ya fue determinado por esta Sala, excede el ámbito propio del recurso de amparo y corresponde a las instancias administrativas y jurisdiccionales ordinarias.
De este modo, se constata que la razón por la cual el recurso anterior fue desestimado —esto es, la improcedencia del amparo como vía para cuestionar valoraciones técnicas y decisiones de planificación territorial, en ausencia de una lesión concreta, actual e individualizada a derechos fundamentales— se mantiene incólume en el sub lite, pues los elementos ahora incorporados no desvirtúan dicha conclusión, sino que, por el contrario, confirman que el recurrente persiste en plantear, bajo una nueva formulación, una disconformidad sustancialmente idéntica a la ya resuelta por este Tribunal.
En consecuencia, al no evidenciarse la existencia de un cambio sustancial en los presupuestos del caso que justifique un nuevo análisis de fondo, lo procedente es que el recurrente se esté a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025 (…)
Estese la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y otorgan a la persona accionante el plazo de QUINCE DÍAS para que, si a bien lo tiene, interponga acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Junta Directiva del ICAA y el Plan Regulador de Limón”.
Por consiguiente, al tratarse de los mismos agravios y al no existir nuevos elementos que permitan una decisión diferente a lo resuelto, lo procedente es que el coadyuvante y la parte recurrente se esté a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025.
XIII.Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar parcialmente con lugar el recurso únicamente por la violación al artículo 41 de la Constitución Política por la falta de atención de la denuncia del 11 de enero de 2025. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.
XIV.Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que presentó una denuncia por los problemas ambientales que producen construcciones ilegales en terrenos que fueron excluidos de la zona 6 de protección absoluta de recarga acuífera del acuífero Moín, del Plan Regulador (precario Villa Plata), con afectación de los inmuebles propiedad de la empresa amparada -[Nombre 002]-, que no ha sido resuelta en forma definitiva.
Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”.
En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción.
A partir de lo expuesto, colijo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la violación al artículo 41 de la Constitución Política por la falta de atención de la denuncia del 11 de enero de 2025. Se ordena a Juan Pablo Poveda Chinchilla, en su condición de presidente del Concejo, a Ana Matarrita Mc Calla, en su condición de alcaldesa, y a Antonio Babb Ried, en su condición director jefe de la Unidad Técnica y Estudio, todos de la Municipalidad de Limón, o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo pertinente y dispongan lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda la gestión del recurrente del 11 de enero de 2025, como en derecho corresponda, y se le notifique lo respectivo al medio señalado por él. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Limón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Asimismo, respecto a los escritos de coadyuvancia presentados, estese el coadyuvante y la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia n.°2025039386 de las 09:20 horas del 28 de noviembre de 2025. Tome nota la Municipalidad de Limón de lo indicado en el último párrafo del considerando X de esta sentencia. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. El magistrado Rueda Leal salva el voto y rechaza de plano el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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