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Res. 20271-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/06/2026
OutcomeResultado
The amparo is granted due to violation of the right to health of an elderly woman, ordering her evaluation and possible provision of nutritional supplement within one month.Se declara con lugar el amparo por violación al derecho a la salud de una adulta mayor, ordenando su valoración y eventual suministro de suplemento nutricional en un mes.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber grants an amparo action filed on behalf of a 101-year-old elderly woman who needed the Ensure nutritional supplement for her survival. She had received the supplement continuously from July 2022 until September 2025, when the EBAIS pharmacy stopped dispensing it because an authorization from the Nutritional Support Commission was required, as the previous medical prescription was insufficient. A referral to the Nutritional Support Service at Monseñor Sanabria Hospital was made in October 2025, but she had not been seen by the time of the amparo (March 2026). The Court finds the waiting period of at least five months excessive and unreasonable, violating the right to health of a person in a vulnerable state. It orders that within one month, the patient be evaluated by Nutritional Support and, if Ensure is prescribed, it be provided; home care must be arranged if she cannot be transported.La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo interpuesto a favor de una adulta mayor de 101 años, quien requería el suplemento nutricional Ensure para su subsistencia. La paciente había recibido el suplemento de manera continua desde julio de 2022 hasta septiembre de 2025, cuando la farmacia del EBAIS suspendió la entrega porque se necesitaba una autorización de la Comisión de Soporte Nutricional, no bastando la prescripción médica previa. Aunque se gestionó una referencia al Servicio de Soporte Nutricional del Hospital Monseñor Sanabria en octubre de 2025, para la fecha del amparo (marzo de 2026) no había sido atendida. El tribunal considera que el plazo de espera de al menos cinco meses es excesivo e irrazonable, vulnerando el derecho a la salud de una persona en estado de vulnerabilidad. Se ordena que, en el plazo máximo de un mes, se valore a la paciente en Soporte Nutricional y, si se prescribe Ensure, se le entregue; además, se debe gestionar la atención a domicilio si no puede ser trasladada.
Key excerptExtracto clave
CONSIDERING: V.- SPECIFIC CASE. In this matter, this Constitutional Court, based on the evidence in the record and the sworn reports of the respondent authorities, finds that the petitioner's claim is correct. This is because it has been demonstrated that, as of the date this amparo proceeding was filed (March 12, 2026), the protected person had been waiting for at least approximately five months to be seen by the Nutritional Support Service of Monseñor Sanabria Hospital, due to the referral issued in October 2025 by the authorities of the Montes de Oro Health Area. This waiting period to which the interested party has been subjected, in the opinion of this Chamber, clearly becomes excessive and unreasonable for providing an insured person with the medical care and treatment they require, especially since this case involves an elderly person. Furthermore, it must be taken into account that this care is especially important to determine whether the protected person should continue consuming and receiving the Ensure nutritional supplement from the CCSS, which she stopped receiving in September of the previous year by institutional order. In this line of reasoning, it is necessary to point out that the Administration must promptly and timely take the necessary actions to safeguard not only the health and life of its users, but also a better quality of life. Subjecting a patient to uncertainty about a definitive date for medical care, an examination, or a procedure, or to a disproportionate timeframe, is contrary not only to the principles that should govern the provision of health services, but also imposes aggravating circumstances that certainly affect their quality of life. All this generates a constant state of suspense about when such actions may take place, as well as questions about their timeliness for addressing the patient's condition.CONSIDERANDO: V.- CASO CONCRETO. En el presente asunto, este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, estima que lleva razón el recurrente en su alegato. Lo anterior, por cuanto se tiene por demostrado que, para el día de planteado este proceso de amparo (12 de marzo de 2026), la tutelada tenía al menos cinco meses aproximadamente esperando para ser atendida en el Servicio de Soporte Nutricional del Hospital Monseñor Sanabria, en virtud de la referencia expedida al efecto en octubre de 2025 por las autoridades del Área de Salud Montes de Oro. Dicho plazo de espera al que ha sido sometida la interesada, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere, sobre todo en este caso que se trata de una persona adulta mayor. Además, debe tomarse en cuenta que esa atención resulta de especial importancia a efecto de determinarse si la tutelada debe continuar consumiendo y percibiendo, de parte de la CCSS, el suplemento nutricional Ensure, el cual, a su vez, dejó de recibir desde septiembre del año anterior por disposición institucional. En ese orden de consideraciones resulta menester apuntar que la Administración debe realizar, de manera pronta y oportuna, las acciones necesarias para resguardar, no solo la salud y vida de sus usuarios, sino además una mejor calidad de vida. Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida. Todo esto genera un estado de pendencia constante sobre el momento en que tales actuaciones pueden ser realizadas, así como cuestionamientos sobre su oportunidad para el abordaje de la patología que presente el paciente.
Pull quotesCitas destacadas
"Dicho plazo de espera al que ha sido sometida la interesada, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere, sobre todo en este caso que se trata de una persona adulta mayor."
"This waiting period to which the interested party has been subjected, in the opinion of this Chamber, clearly becomes excessive and unreasonable for providing an insured person with the medical care and treatment they require, especially since this case involves an elderly person."
Considerando V
"Dicho plazo de espera al que ha sido sometida la interesada, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere, sobre todo en este caso que se trata de una persona adulta mayor."
Considerando V
"Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida."
"Subjecting a patient to uncertainty about a definitive date for medical care, an examination, or a procedure, or to a disproportionate timeframe, is contrary not only to the principles that should govern the provision of health services, but also imposes aggravating circumstances that certainly affect their quality of life."
Considerando V
"Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida."
Considerando V
"Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."
"The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of 'waiting lists' for surgical interventions and certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and promptly."
Considerando IV
"Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on June fifth, two thousand twenty-six.
Amparo action filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], identity card [Value 002], against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND.
WHEREAS:
Drafted by Magistrate Araya García; and,
CONSIDERING:
The petitioner claims that the authorities of the Nutrition Service of the Monseñor Sanabria Hospital have not attended to the elderly protected person, which has prevented an assessment of whether she can continue consuming the Ensure supplement.
The following facts are deemed proven as relevant to resolve this amparo action:
III.Regarding the right to health of older adults. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that ordinal of the political charter, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other health care units of the Costa Rican Social Security Fund can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, organs, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence. In this way, article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, for which the State and its Institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, supervisory, and health police powers.
This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all people. Added to this, what is established in the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons is relevant, which, in article 3, paragraph k), establishes good treatment and preferential care as a general principle. In congruence with the previous article, numeral 19 of the Convention states in its first paragraph that States shall ensure preferential care and universal, equitable, and timely access to comprehensive quality health services based on primary care, and take advantage of traditional, alternative, and complementary medicine, in accordance with national legislation and customs and practices. Likewise, in paragraph m) of the same article, it is stipulated that the availability and access of the older person to medications recognized as essential by the World Health Organization shall be guaranteed, including those narcotic drugs necessary for palliative care.
Additionally, article 6 of the aforementioned Convention indicates that States have the obligation to adopt the necessary measures to guarantee older adults effective enjoyment of the right to life and the right to live with dignity in old age until the end of their days, and under equal conditions with other sectors of the population. This obligation also entails taking measures so that older persons have non-discriminatory access to comprehensive care.
IV.Regarding the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social have the duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment that are required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of the Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of "waiting lists" for surgical interventions and the application of certain specialized exams or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and expeditious manner.
The heads of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of the Hospitals and Clinics that belong to it are under the duty and, consequently, are personally responsible – under the terms of Article 199 et seq. of the Ley General de la Administración Pública – for adopting and implementing all administrative and organizational measures and actions to definitively put an end to the delayed provision – which, at times, becomes negligent due to its consequences – of health services, a situation that constitutes, by all accounts, an unequivocal failure of service that may give rise to the administrative patrimonial liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública).
In the present matter, this Constitutional Court, in accordance with the evidence submitted to the case file, as well as the reports rendered under oath by the respondent authorities, finds that the petitioner is correct in her claim.
The foregoing, given that it has been demonstrated that, as of the day this amparo proceeding was filed (March 12, 2026), the protected party had been waiting approximately at least five months to be seen at the Nutritional Support Service of the Hospital Monseñor Sanabria, by virtue of the referral issued to that effect in October 2025 by the authorities of the Área de Salud Montes de Oro. Said waiting period to which the interested party has been subjected, in the opinion of this Chamber, clearly becomes excessive and unreasonable for an insured person to be provided the medical care and treatment she requires, especially in this case involving an older adult. Furthermore, it must be taken into account that this care is of special importance for the purpose of determining whether the protected party must continue consuming and receiving, from the CCSS, the nutritional supplement Ensure, which, in turn, she stopped receiving as of September of the prior year by institutional order.
In this line of considerations, it is necessary to point out that the Administration must carry out, promptly and in a timely manner, the necessary actions to safeguard not only the health and life of its users, but also a better quality of life. Subjecting a patient to the uncertainty of a definitive date for medical care, the performance of an exam or procedure, or to a disproportionate timeframe, is contrary not only to the principles that must govern the provision of health services, but also imposes aggravating circumstances that certainly impact their quality of life. All of this generates a state of constant uncertainty about the moment in which such actions can be carried out, as well as questions about their timeliness for addressing the pathology presented by the patient.
In addition, it must be taken into account that it was upon the filing of this amparo that the authorities of the respondent hospital finally scheduled an appointment for the protected party in Nutritional Support for May 28, 2026 to analyze her case and define whether she again requires the prescription of the claimed product. As reported, on that day the amparo petitioner was not seen because she did not attend the appointment. Now, at this point, it should be noted that although it was the protected party who did not attend the rescheduled appointment arising from the amparo, the truth is that we are dealing with a case of special circumstances, as it concerns a 101-year-old older adult in a clear and evident state of vulnerability, who deserves to be seen and to have it determined whether she should continue receiving the nutritional supplement that had been previously granted to her.
Under such a state of affairs, this Court finds that, in this instance, the right to health of the amparo petitioner, enshrined in Article 21 of the Constitución Política, has been violated. Consequently, the amparo is granted with the consequences to be stated in the operative part of this judgment.
VI.Note by Judge Rueda Leal. The subject of amparo actions related to the right to health and, above all, that of the waiting lists at the Caja Costarricense de Seguro Social are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as the statistics of this Court demonstrate.
Number of health case files submitted to the Constitutional Chamber:
YEAR NUMBER IN HEALTH 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 From the preceding table it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 stands out, when this subject matter reached 43.21% of the Court's caseload.
Of those matters, a good number correspond to waiting lists. With regard to the foregoing, this Court, in judgment No. 2019-005560 of 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the elaboration, within a period of six months counted from the notification of that pronouncement, of an integrated management system for the purposes of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in case file No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist doctors, equipment needs and increasing demand from the primary care level, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others.
In the cited integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related groups of diagnosis in accordance with symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria for specifying the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the vote in question intends that the Caja Costarricense de Seguro Social – within the framework of its constitutional and legal powers – take the measures required to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.
In addition to this, for the purpose of monitoring compliance with the referenced judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to assist in monitoring the execution of that resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not solely from the Chamber's resolutions.
VII.Documentation provided to the case file. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The appeal is granted. David Fernando Díaz Chavarría, in his capacity as Director General of Hospital Monseñor Sanabria, or whoever occupies said position in his stead, as well as the Head of the Nutritional Support Service of that same hospital, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions that are within the scope of their powers so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the protected party is assessed in the Nutritional Support Service and it is determined whether or not she requires to continue consuming the nutritional supplement Ensure. If such product is prescribed, the pertinent steps must be taken so that the amparo petitioner receives it within that same one-month period. Likewise, the respondents are ordered to take the pertinent steps so that said medical care is provided to the protected party at her home (only in the event it is proven that, due to her age and health conditions, she cannot be transferred to the hospital).
Failing the foregoing, the care must be provided at the respondent hospital. The respondent authorities are warned that, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. Judge Rueda Leal sets down a note. Notify.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del cinco de junio de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
El recurrente reclama que las autoridades del Servicio de Nutrición del Hospital Monseñor Sanabria no han atendido a la tutelada adulta mayor, lo cual ha impedido que se pueda valorar si esta puede continuar consumiendo el suplemento Ensure.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
III.Sobre el derecho a la salud de las personas adultas mayores. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
De esta forma, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus Instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas. Sumado a esto, resulta de relevancia lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial.
En congruencia con el artículo anterior, el numeral 19 de la Convención enuncia en su primer inciso, que los Estados deberán asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y los usos y costumbres. Igualmente, en el inciso m) del mismo artículo, se estipula que se deberá garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Adicionalmente, el artículo 6 de la precitada Convención, indica que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, un efectivo goce del derecho a la vida y al derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, y en igual de condiciones con los demás sectores de la población. Esta obligación, además, conlleva la toma de medidas para que las personas mayores tengan un acceso no discriminatorio a cuidados integrales.
IV.En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas.
Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
En el presente asunto, este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, estima que lleva razón el recurrente en su alegato.
Lo anterior, por cuanto se tiene por demostrado que, para el día de planteado este proceso de amparo (12 de marzo de 2026), la tutelada tenía al menos cinco meses aproximadamente esperando para ser atendida en el Servicio de Soporte Nutricional del Hospital Monseñor Sanabria, en virtud de la referencia expedida al efecto en octubre de 2025 por las autoridades del Área de Salud Montes de Oro. Dicho plazo de espera al que ha sido sometida la interesada, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere, sobre todo en este caso que se trata de una persona adulta mayor. Además, debe tomarse en cuenta que esa atención resulta de especial importancia a efecto de determinarse si la tutelada debe continuar consumiendo y percibiendo, de parte de la CCSS, el suplemento nutricional Ensure, el cual, a su vez, dejó de recibir desde septiembre del año anterior por disposición institucional.
En ese orden de consideraciones resulta menester apuntar que la Administración debe realizar, de manera pronta y oportuna, las acciones necesarias para resguardar, no solo la salud y vida de sus usuarios, sino además una mejor calidad de vida. Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida. Todo esto genera un estado de pendencia constante sobre el momento en que tales actuaciones pueden ser realizadas, así como cuestionamientos sobre su oportunidad para el abordaje de la patología que presente el paciente.
Además, debe tomarse en cuenta que, fue con motivo de la interposición de este amparo que las autoridades del hospital recurrido le programaron finalmente a la tutelada una cita en Soporte Nutricional para el 28 de mayo de 2026 para analizar su caso y definir si requiere nuevamente la prescripción del producto reclamado. Según se informó, este día la amparada no fue atendida porque no se presentó a la cita. Ahora, en este punto, cabe indicar que si bien fue la tutelada quien no acudió a la cita reprogramada con motivo del amparo, lo cierto es que estamos ante un caso de especiales circunstancias, pues se trata de una adulta mayor de 101 años de edad en claro y evidente estado de vulnerabilidad, quien merece ser atendida y que se le defina si debe continuar recibiendo el suplemento nutricional que venía otorgándosele con anterioridad.
Bajo tal estado de cosas, este Tribunal estima que, en la especie, se ha quebrantado el derecho a la salud de la amparada consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política. Por consiguiente, el amparo se acoge con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia.
VI.Nota del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.
En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.
Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
VII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a David Fernando Díaz Chavarría, en su condición de Director General del Hospital Monseñor Sanabria, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, así como al Jefe del Servicio de Soporte Nutricional de ese mismo nosocomio, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, la tutelada sea valorada en el Servicio de Soporte Nutricional y se determine si requiere o no seguir consumiendo el suplemento nutricional Ensure. De prescribirse tal producto, se deberá gestionar lo pertinente para que la amparada lo reciba dentro de ese mismo plazo de un mes. Asimismo, se les ordena a los recurridos gestionar lo pertinente para que dicha atención médica le sea brindada a la tutelada en su casa de habitación (solamente en caso que se compruebe que, por su edad y sus condiciones de salud, no pueda ser trasladada al nosocomio).
De lo anterior, la atención deberá brindarse en el hospital recurrido. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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