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Res. 19122-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2026

Omission in Construction of a Pedestrian Bridge in San Rafael de FlorenciaOmisión en construcción de puente peatonal en San Rafael de Florencia

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The appeal was partially granted solely for the omission to build a pedestrian bridge on municipal road No. 2-10-625, ordering the Municipality of San Carlos and the National Emergency Commission to complete the works within six months, with costs awarded. The remaining claims were dismissed.Se declaró parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la omisión en construir un puente peatonal en el camino municipal N° 2-10-625, ordenándose a la Municipalidad de San Carlos y a la Comisión Nacional de Emergencias ejecutar las obras en seis meses, con condena en costas. Se desestimaron los demás alegatos.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed a writ of amparo filed by a community representative against the Municipality of San Carlos, the National Road Council (CONAVI), and the National Emergency Commission (CNE) for lack of public infrastructure and emergency attention in San Rafael de Florencia. The petitioner alleged neglect of municipal road 625, absence of a pedestrian bridge over the San Rafael River, flooding from inadequate culverts, and lack of maintenance on National Route 748. The Chamber verified that the Municipality and CONAVI had carried out maintenance and that the flooding was not attributable to public works. However, it found an excessive delay in building the pedestrian bridge; the project, awarded in 2024, had stalled due to technical and contractual problems. The Chamber ruled that the delay violated community rights and ordered the Municipality and CNE to complete the bridge within six months, with warning of criminal penalties for noncompliance. Costs were imposed on the responsible entities, and the remaining claims were dismissed.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por una representante comunal contra la Municipalidad de San Carlos, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), por la falta de infraestructura pública y atención de emergencias en San Rafael de Florencia. La recurrente alegó abandono del camino municipal 625, inexistencia de puente peatonal sobre el río San Rafael, inundaciones por alcantarillas inadecuadas, y falta de mantenimiento en la Ruta Nacional 748. La Sala verificó que la Municipalidad y CONAVI sí habían realizado labores de mantenimiento y que las inundaciones no eran atribuibles a obras públicas. Sin embargo, constató un retraso excesivo en la construcción del puente peatonal, ya que el proyecto, adjudicado en 2024, no había avanzado por problemas técnicos y contractuales. La Sala determinó que el tiempo transcurrido vulneraba los derechos de la comunidad y ordenó a la Municipalidad y a la CNE ejecutar las obras del puente en un plazo de seis meses, bajo apercibimiento de sanciones penales en caso de incumplimiento. Se condenó en costas a las entidades responsables y se desestimaron los demás alegatos.

Key excerptExtracto clave

In this regard, this Constitutional Court understands that there may be technical problems that delay public works investment, but it is clear that the time taken to provide a definitive solution to the situation is excessive. Note that not even a probable date has been established for when the infrastructure construction will finally take place. Consequently, only as far as this point is concerned, the appeal must be granted, as will be stated in the operative part of this judgment. It is ordered to Juan Diego González Picado, in his capacity as mayor, and Raquel Tatiana Marín Rojas, in her capacity as president of the Council, both of the Municipality of San Carlos, and Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the National Emergency Commission, to issue the orders and carry out the respective actions within their competence so that, within the period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the necessary works are executed to build the pedestrian bridge on municipal road No. 2-10-625, over the San Rafael River.Al respecto, este Tribunal Constitucional entiende que pueden existir problemas técnicos que retrasan la inversión en obra pública, pero es claro que el tiempo que se han demorado en brindar una solución definitiva a la situación es excesivo. Nótese, que ni siquiera se establece una fecha ni siquiera probable de cuándo finalmente se realizará la construcción de la infraestructura. En consecuencia, únicamente en cuanto a este extremo se refiere, corresponde declarar con lugar el recurso, según se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. Se ordena a Juan Diego González Picado, en su condición de alcalde y a Raquel Tatiana Marín Rojas, en su condición de presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Carlos y a Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas en el ámbito de su competencias para que, dentro del plazo SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecuten las obras necesarias para construir el puente peatonal en el camino municipal N° 2-10-625, sobre el Río San Rafael.

Pull quotesCitas destacadas

  • "el tiempo que se han demorado en brindar una solución definitiva a la situación es excesivo. Nótese, que ni siquiera se establece una fecha ni siquiera probable de cuándo finalmente se realizará la construcción de la infraestructura."

    "the time taken to provide a definitive solution to the situation is excessive. Note that not even a probable date has been established for when the infrastructure construction will finally take place."

    Considerando VI

  • "el tiempo que se han demorado en brindar una solución definitiva a la situación es excesivo. Nótese, que ni siquiera se establece una fecha ni siquiera probable de cuándo finalmente se realizará la construcción de la infraestructura."

    Considerando VI

  • "se ordena a Juan Diego González Picado, en su condición de alcalde y a Raquel Tatiana Marín Rojas, en su condición de presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Carlos y a Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas en el ámbito de su competencias para que, dentro del plazo SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecuten las obras necesarias para construir el puente peatonal en el camino municipal N° 2-10-625, sobre el Río San Rafael."

    "It is ordered to Juan Diego González Picado, in his capacity as mayor, and Raquel Tatiana Marín Rojas, in her capacity as president of the Council, both of the Municipality of San Carlos, and Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the National Emergency Commission, to issue the orders and carry out the respective actions within their competence so that, within the period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the necessary works are executed to build the pedestrian bridge on municipal road No. 2-10-625, over the San Rafael River."

    Por tanto

  • "se ordena a Juan Diego González Picado, en su condición de alcalde y a Raquel Tatiana Marín Rojas, en su condición de presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Carlos y a Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas en el ámbito de su competencias para que, dentro del plazo SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecuten las obras necesarias para construir el puente peatonal en el camino municipal N° 2-10-625, sobre el Río San Rafael."

    Por tanto

  • "bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."

    "under warning that, based on the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with or enforce it, provided that the crime is not more severely penalized."

    Por tanto

  • "bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."

    Por tanto

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Sections

Procedural marks

Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-ninth of May, two thousand twenty-six.

Amparo action processed under case file No. 26-009291-0007-CO, filed by [Name 001], identity card No. [Value 001], against the MUNICIPALITY OF SAN CARLOS, THE NATIONAL EMERGENCY COMMISSION, AND THE NATIONAL ROAD COUNCIL.

WHEREAS:

  1. 1By brief filed in the Secretariat of the Chamber and added to the case file on March 16, 2026, the petitioner files an amparo action against the Municipality of San Carlos, the National Emergency Commission, and the National Road Council. She explains that the community of San Rafael de Florencia has suffered neglect in terms of public infrastructure and emergency response. She specifies that cantonal road No. 625 has been without maintenance for more than twenty-five years, forcing families to travel only on horseback and limiting the installation of basic services. She asserts that for more than five years there has been no functional bridge over the San Rafael River, a situation that has generated serious risks, including the death of an older adult while trying to cross a deteriorated bridge in the sector of La Unión de La Palmera. She adds that an older adult resident of the area faces extreme difficulties in attending medical appointments, having to cross the river under dangerous conditions or be transported by tractor along a stretch in poor condition.She states that all these issues were repeatedly communicated to the Municipality of San Carlos, the National Emergency Commission, and the district councils, without receiving solutions, despite the mayor and the district councilor visiting the community during the electoral campaign and personally observing the situation. She indicates that, although the National Emergency Commission approved a project to build a new bridge more than two years ago, it has not progressed due to budgetary problems with the contracted company, and that the transported materials were even swept away by a flood and have remained abandoned for more than a year. She indicates that the stream crossing the center of the village overflows during the rainy season due to reduced-diameter culverts on a private bridge, causing floods that have been equally reported without receiving effective attention. For the reasons stated, she requests the intervention of this Chamber.
  2. 2By resolution issued at 13:11 hours on March 23, 2026, the proceeding was granted leave and a hearing was granted to the mayor, the head of the Technical Road Management Unit, and the council president, all from the Municipality of San Carlos, as well as to the president of the National Emergency Commission and the Executive Director of the National Road Council.
  3. 3Mauricio Sojo Quesada, in his capacity as acting executive director of the National Road Council, reports on the alleged facts as follows:

“The petitioner, [Name 001], a resident of San Rafael de Florencia, as president of the Comprehensive Development Association of San Rafael de Florencia, files an amparo action, acting on behalf of the residents of the community of San Rafael de Florencia, belonging to the canton of San Carlos, against the Municipality of San Carlos, the National Road Council (CONAVI), and the National Emergency Commission (CNE).

Ms. [Name 001] sets forth a series of reasons grounding the filing of this amparo action for each of the aforementioned institutions, indicating as the main basis the following:

‘…due to the omission in the fulfillment of their duties and the lack of timely attention to the issues facing our community, a situation that directly affects the rights of the inhabitants of San Rafael de Florencia.’ RESPONSE TO THE APPEAL ON THE MERITS Ms. [Name 001] files an amparo action against the Municipality of San Carlos, the National Road Council (CONAVI), and the National Emergency Commission (CNE), alleging various facts regarding an apparent omission in the fulfillment of the duties of each of these institutions, as well as an apparent lack of timely attention to the alleged issues occurring in different sectors of the community of San Rafael de Florencia.

In compliance with the request of this Honorable Chamber, this Council requested the Road and Bridge Conservation Management to issue a technical report, within the competencies of that Management, to address this appeal.

The Road and Bridge Conservation Management of this Council issues document CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRHN-106-2026, dated March 25, 2026, in which it proceeds to reference each of the points alleged by the petitioner.

The petitioner [Name 001], in the brief filing this amparo action, presents 21 facts, which are addressed below:

First: It is rejected, insofar as it concerns the alleged neglect by the National Road Council. The Road and Bridge Conservation Management, in technical report CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRHN-106-2026, dated March 25, 2026, states the following:

‘National Route No. 748, which connects Platanar with San Francisco de La Palmera and La Marina, is subject to constant maintenance; furthermore, in the case of control section 20941 referenced in the filing brief, it is currently completely passable.’ Based on the foregoing, regarding the competencies of the National Road Council, the technical report records that the area mentioned by the petitioner, which is a national route, is subject to maintenance and is currently passable.

As for actions taken by the other institutions named as parties in this proceeding, we cannot comment, as we have no knowledge of the state of the cantonal road or the actions or omissions of these institutions.

Regarding facts two through sixteen: These are allegations, statements, actions, or omissions unrelated to this Council, its functions, or competencies, and we therefore cannot comment on them.

Regarding the aforementioned facts, the Road and Bridge Conservation Management, in the technical report cited above, establishes the following:

‘… cantonal road 625 and the bridge associated with that route, mentioned by the petitioner as abandoned for more than 25 years, are not under the administrative or technical jurisdiction of the National Road Council. Consequently, this Council lacks the legal competence to intervene in its maintenance or repair, these responsibilities being exclusive to the local government.’ Seventeenth: It is rejected. The petitioner alleges that CONAVI has abandoned National Route No. 748, specifically referencing the area connecting the communities of Platanar, San Juan, and San Rafael de Florencia with San Francisco de La Palmera, a sector which, according to the technical report issued by the Road and Bridge Conservation Management on March 25, is identified as control section 20941. Additionally, the report states that from the year 2024 to the first quarter of 2026, a total investment of ₡113,412,388.79 has been executed through contract 2022CD-000145-0006000001.

The Road and Bridge Conservation Management provides a detailed table of the interventions executed in the period from 2024 to 2026, which is detailed below:

Table No. 1 Breakdown of intervention 2024 through the first quarter of 2026.

Activities/year202420252026Grand total
Emergency pothole patching₡16,348,909.62₡35,076,970.63₡10,360,656.09₡61,786,536.35
Bridge cleaning crew₡367,853.84₡367,853.84
Right-of-way clearing (chapea)₡1,283,738.38₡1,243,839.39₡548,278.09₡3,075,855.76
Hydraulic concrete for major structures B (17MPa.)₡22,039,782.00₡22,039,782.00
Type 4 Riprap (Supply, hauling, and placement of river rock)₡20,752,650.99₡20,752,650.99
Excavation for major structures₡4,170,309.58₡4,170,309.58
Cleaning of intakes, headwalls, and culverts₡88,938.96₡88,938.96
Garbage collection₡340,441.32₡340,441.32
Supply and installation of vertical signs (Chevron)₡693,000.00₡693,000.00
Supply and installation of vertical signs (road closed ahead)₡97,020.00₡97,020.00
OVERALL TOTAL₡64,684,329.54₡37,819,125.07₡10,908,934.18₡113,412,388.79

Source: Technical Report CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRHN-106-2026 from the Road and Bridge Conservation Management of CONAVI.

It is observed that on National Route 748, in the period from 2024 to the first quarter of this year, a series of interventions have been carried out with the aim of executing the constant maintenance of this Route; therefore, the statement by Ms. [Name 001] is rejected.

Eighteenth: It is rejected. The petitioner Muñoz states that the interventions carried out by CONAVI consist only of temporary fills or pothole patching. This statement, firstly, lacks technical criteria and evidentiary elements to demonstrate what is stated.

Secondly, as observed in Table No. 1, set forth above, this administration from 2024 to date (first quarter of this year) has carried out constant actions for the purpose of maintaining National Route No. 748. Among the actions executed are emergency pothole patching, hydraulic concrete for class B major structures (17 MPa), Type 4 Riprap (Supply, hauling, and placement of river rock), excavation for major structures, among other actions. Therefore, the petitioner is incorrect in stating that only one type of action has been performed by this administration. Furthermore, this Council requires technical criteria to decide on the plan and action to be executed, in accordance with the principle of legality and public procurement regulations.

Regarding facts nineteenth and twentieth: These are partially true. True regarding the existence of the ‘enormous hole’ reported by the petitioner at one of the bridge accesses between San Francisco de La Palmera and San Rafael. The Administration currently has the passage enabled and has safety signage in place. It is rejected insofar as the petitioner alleges that this is the only thing CONAVI has done, since the required work has been carried out to prepare the protection works to correct the deterioration at the access to the bridge between San Francisco de La Palmera and San Rafael, which requires its proper processing.

The Conservation Management states that the necessary protection works are planned for the second quarter of 2026 through contract 2024CD-000145-0006000001, which requires due process in compliance with legislation.

Twenty-first: It is partially rejected. It is true that there is undermining located approximately one kilometer before reaching the bridge, heading towards San Rafael; however, the Conservation Management states that this point had previously been intervened through the construction of protective riprap on the left bank of the river. This structure seeks to stabilize the roadway and mitigate the risk of new landslides, therefore the existence of a serious landslide is rejected, as this has already been addressed by the administration.

Consequently, regarding the appeal filed by Ms. [Name 001], as set forth above, for fact one, which relates to the competence, actions, or omissions of the Municipality of San Carlos and the National Emergency Commission (CNE), as well as for facts two through sixteen, this Council makes no comment, as these are not facts, actions, or omissions over which the National Road Council has any influence, competence, or responsibility.

Regarding the petitioner's statements in fact one (in relation to CONAVI) and facts seventeenth through twenty-first, these are mostly value judgments or a subjective opinion based on the petitioner's supposition regarding the works performed. As repeatedly indicated in the technical report, first, route 625, mentioned in the case file, being a cantonal road network, its administration, maintenance, and rehabilitation are the exclusive competence of the local Municipality and not of the Central Administration (MOPT-CONAVI). Regarding the alleged abandonment of National Route 748, such affirmations are rejected, as the road receives constant attention through contract 2024CD-000145-0006000001.

This route, despite being classified as a tertiary route, meaning it has a low average daily traffic (ADT), receives interventions from this Administration executed through emergency pothole patching. This work, according to the technical report issued by the Conservation Management of this Council, is not a minor palliative measure; on the contrary, it is a valid technical tool intended to ensure the safety of the running surface against the appearance of new deterioration.

Regarding the existence of the large landslide alleged by the petitioner, this Council, to safeguard the integrity of the infrastructure, has executed roadway protection work through the construction of riprap on the left bank of the San Rafael River, the primary objective of which is to prevent the undermining of the road in the event of possible landslides and ensure the continuity of safe transit in the sector.

Regarding the deterioration at the access to the bridge between San Francisco de La Palmera and San Rafael, the necessary works are planned for the second quarter of 2026 through contract 2024CD-000145-0006000001. It is demonstrated that the actions executed by this Administration to address, resolve, and prevent what occurred on National Route 748 show that the interventions carried out by this Council respond to a comprehensive technical solution aimed at addressing the problem and ensuring the continuity of safe transit in the sector, within the framework of institutional competencies. Therefore, the statements made by the petitioner are rejected.

In conclusion, in accordance with technical report CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRHN-106-2026, issued by the Road and Bridge Conservation Management, it is objectively proven that National Route No. 748 has been subject to constant and systematic intervention by this Administration through the execution of maintenance works during the years 2024, 2025, and the first quarter of 2026. During this period, public resources have been invested through current administrative contracting procedures, executing tasks such as emergency pothole patching, placement of hydraulic concrete for major structures, construction of riprap, excavations, and other interventions typical of road maintenance. These actions demonstrate continuous administrative activity, which is incompatible with the existence of neglect, as the petitioner erroneously claims.

Likewise, it must be considered that National Route No. 748 is classified as a tertiary route, characterized by low average daily traffic, which determines that the type and scope of interventions respond to technical criteria for resource prioritization and efficient management of the national road network. In this context, the use of techniques such as emergency pothole patching cannot be interpreted as an insufficient or merely palliative measure, but rather as a valid, adequate, and recognized technical tool within road engineering, aimed at guaranteeing the passability and immediate safety of the running surface, preventing greater deterioration, and optimizing the use of available public resources. Consequently, the actions of the National Road Council fully comply with the principles of reasonableness and proportionality governing administrative functions.

Regarding the alleged violation of fundamental rights, the analysis of the cited technical report shows that the route in question is currently passable and that the points indicated by the petitioner have been subject to intervention and attention by the Administration. Specifically, the access to the referenced bridge is enabled and properly signposted, the identified undermining phenomenon was addressed through the construction of protective riprap on the corresponding bank, and new works are additionally scheduled within the framework of current administrative contracts for the second quarter of 2026. Under these conditions, it is not possible to assert the existence of an imminent, current, or serious risk situation that compromises the fundamental rights of the road users, since the Administration has adopted suitable, timely, and progressive technical measures to mitigate risks and ensure the continuity of the public service.

On the other hand, regarding the facts related to cantonal road 625 and other infrastructure under local administration, it must be reiterated that these elements are not part of the national road network and, therefore, are not within the legal competence of the National Road Council, their attention being the exclusive responsibility of the respective local government. Consequently, it is not legally appropriate to impute an omission to this Council regarding situations over which it lacks the authority to intervene.

Finally, the petitioner's statements regarding the alleged insufficiency or ineffectiveness of the interventions carried out lack technical and evidentiary support, constituting subjective assessments that fail to refute the objective evidence contained in the technical report provided by this Administration.

By virtue of all the foregoing, it is concluded that there is no abandonment of the national road infrastructure, nor illegitimate omission on the part of the National Road Council, nor a real, current, or effective threat to fundamental rights, the Administration having acted within the framework of its competencies, adhering to technical criteria and in accordance with the principles of reasonableness and legality. Consequently, the essential premise for the admissibility of the amparo action regarding this Council is not present.

All of the foregoing has its legal basis in the following:

1. Articles 11 of the Political Constitution 2. Articles 9 and 34 of the Constitutional Jurisdiction Law. 3. Article 11 of the General Public Administration Law 4. Articles 1, 2, 3, and 4 of Law 7798, the CONAVI Creation Law PRAYER FOR RELIEF For the reasons of fact and law set forth above, it is requested that the judgment declare the amparo action without merit as it pertains to the National Road Council, given that it has been demonstrated that the National Road Council has implemented timely technical solutions aimed at addressing the problem and ensuring the continuity of safe transit in the sector, in fulfillment of CONAVI's competence. Likewise, no illegitimate omission or real or effective threat to fundamental rights attributable to the National Road Council is present.

Should this Chamber consider that there is any reason to rule against this Council, we request that costs not be imposed upon us, given that the administration has implemented execution and planning actions to carry out the relevant steps to address the problem and ensure the continuity of safe transit in the sector, in fulfillment of CONAVI's competence” (sic).
  1. 4Juan Diego González Picado, in his capacity as Mayor, and Raquel Tatiana Marín Rojas, in her capacity as Council President, both of the Municipality of San Carlos, report on the alleged facts as follows:

“REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER SOLE FACT. Regarding the facts on which the petitioners base their claim, Engineer Luis Guzmán Pérez, Cantonal Resilience and Oversight Manager, in official communication MSCAM-UTGV-0520-2026, Pablo Jiménez Araya, head of the Technical Road Management Unit Department, submits a report and states as follows:

‘I.- CANTONAL ROAD No. 2-10-0625 The petitioner indicates that road 2-10-625 has been without maintenance for more than 25 years.

In the Technical Road Management Unit, there is a digital file since 2020, which contains, among others, the following actions:

2020 02/25/2020: Placement of 15 m of culvert. File: 1_2-10-0625 01. PLACEMENT OF C76 III 42’’ PIPE. 04/23/2020–05/06/2020: Construction of headwalls in La Unión de La Palmera. File: 2_ 2-10-0625_RD_LA UNION DE LA PALMERA_CONSTRUCTION OF HEADWALLS_(2020).

2021 02/20/2021: Hauling of 168 m³ of ballast, applied between stations 0+000 to 0+900. File: 3_2-10-0625_RD_POTHOLE PATCHING WITH BALLAST. PALMERA_(2020). Contractual relationship: 2019LA-000027-36 (hauling of granular material) and its corresponding purchase order.

2022 08/09/2022: Dismantling of a hanging pedestrian bridge swept away by rains (event of 08/07/2022) and recovery of ¾" steel cable. Corresponding daily report. File: 4_ 2-10-0625_RD_MUNI CREW_PEDESTRIAN BRIDGE_2022 2023 11/30/2023: Preliminary studies for the construction of a pedestrian bridge. File: 5_ OC00016456-1-RECEPT_WORKS_SERVICES 2024 11/05/2024: Purchase order CNE Design and construction of a pedestrian bridge over the San Rafael River in the community of San Rafael de Florencia on a cantonal road. File: 6_ OC-38_2024PX-000280_ALCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA_AFR’ 12/09/2024: Start order Design and construction of a pedestrian bridge over the San Rafael River in the community of San Rafael de Florencia on a cantonal road. File: 7_1-Service Order 01 OI San Rafael 2025 05/22/2025: Mechanized clearing in ~500 m of the road. File: 8_ 2-10-625_RD_MECHANIZED_CLEARING_05-22-2025. 05/30/2025: Clearing and shaping in 1.1 km.

File: 9_2-10-625_RD_SHAPING_05-30-2025. 11/03–11/08/2025: Rehabilitation of culvert crossings (tying/arrangement, mortar pointing, concrete pouring at bases and aprons upstream/downstream). File: 10_2-10-625_RD-_LA UNION, PALMERA_REHABILITATION OF CULVERT CROSSINGS_CREWS_2025. 11/03–11/04/2025: Hauling of 13 trips of ballast for reshaping fill in affected culvert crossing. File: 11_2-10-625_RD_HAULING_OF_MATERIAL_11-03,04-2025. 12/08–12/11/2025: Pouring of 16 m³ of concrete for a slab over the installed culvert. File: 12_2-10-625_RD-_LA UNION, PALMERA_CONSTRUCTION OF CONCRETE SLAB_CREWS_2025.

From the foregoing, it is clear that the road has received maintenance on various occasions, as recorded in the available technical records.

The sections of the road where there are homes have access, with the exception of the sector located on the riverbank, near the point where a pedestrian bridge does not currently exist, which creates crossing difficulties for the people living in that area.

The attention to this situation is managed through the pedestrian bridge construction project, which is in the design phase and was awarded to the company ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A.

II. PEDESTRIAN BRIDGE OVER THE SAN RAFAEL RIVER

The petitioner indicates that for more than five years there has been no functional bridge over the San Rafael River, and further states that the National Emergency Commission approved a project for the construction of a new bridge, which—she affirms—has not advanced due to budgetary problems.

In this regard, it is reported that at the site corresponding to cantonal road 2-10-0625, a pedestrian bridge existed, which was swept away by a river flood associated with Tropical Storm Bonnie in 2022, leaving the sector without a safe pedestrian crossing.

Subsequently, within the framework of Executive Decree No. 43626, the National Emergency Commission (CNE) assumed the handling of this situation through contracting the design and construction of a new pedestrian bridge over the San Rafael River.

As part of the prior steps necessary to make said contracting viable, on December 12, 2023, the Municipality of San Carlos issued a purchase order for the completion of preliminary studies, which served as technical input so that the CNE could contract the project called:

‘(CE)(PROERI) Design and Construction of a Pedestrian Bridge over the San Rafael River, in the community of San Rafael de Florencia, cantonal road 2-10-0625, San Carlos, Alajuela’.

Said project was published on September 23, 2024, awarded on October 24, 2024, to the company ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A., with contract number in SICOP 2024PX-000280-0006500001. A start order was issued on December 9, 2024, through Service Order 01 OI San Rafael, File: 7_1-Service Order 01 OI San Rafael.

The impact on the pedestrian connectivity of the community is therefore addressed through the indicated project; however, its progress has been conditioned by various technical and administrative factors, which have been formally communicated and documented by the Municipality of San Carlos, through the Technical Road Management Unit, by means of the following official communications, which reflect the continuous monitoring of the project and the actions implemented to ensure its continuity:

• Official Communication MSCAM-UTGV-2074-2025, dated November 25, 2025: This communication reports the general status of the project, pointing out that, despite the start order having been issued, the design phase was not completed, which prevented the construction phase from beginning. The main technical reasons that were causing the delay are detailed. File 13_2074- Current Situation Project San Rafael • Official Communication MSCAM-UTGV-0175-2026, dated January 9, 2026: This document expands on the information previously provided and explains in detail the technical causes of the delay, including successive layout changes for the bridge length, morphological changes of the riverbed, the need to maintain the structure within the public area, the existence of conflicts with public service infrastructure, and the pending technical documentation from the awarded company. File 14_0175- Project Report San Rafael • Official Communication MSCAM-UTGV-0038-2026, dated January 20, 2026: This communication provides timely notice of contractual breaches by the company ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A., related to the execution deadline and budgetary variations, recording the steps taken by the Administration to demand contractual compliance and safeguard public interests.

File: 15_0038- Observations Delivery December 22 Bridge San Rafael • Official Communication MSCAM-UTGV-0249-2026, dated February 19, 2026: This document presents a detailed update on the contractual status of the project, the evolution of budgetary variations, the technical observations issued by the supervision and the Administration, as well as the technical and administrative feasibility for the continuation of the contract, evidencing the ongoing analysis and control exercised over the project. File: 16_0249- Budgetary Variations Project San Rafael The risk situation resulting from the lack of a safe pedestrian crossing in the sector is understandable, and the necessary steps are being taken to enable the pedestrian crossing in the shortest possible time. In that regard, it is reported that on Monday, March 23, 2026, the contractor company delivered the bridge design, which is currently in the process of review and technical verification, as a step prior to its approval, which will allow progress towards the construction phase of the project.

V. FLOODING ASSOCIATED WITH A BRIDGE ON PRIVATE PROPERTY

Regarding the mentioned floods, these are linked to a bridge located within a private property, which is not part of the cantonal road network. Said structure is not under the administration or direct competence of the Technical Road Management Unit or the Municipality of San Carlos.

However, in response to the petitioner's statements regarding a presumed narrowing of the channel and alterations in the natural water flow, it is reported that, at the request of the Municipal Emergency Committee, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, through official communication DA-UHSAN-0007-2026 (file: 17_DA-UHSAN-0007-2026), conducted a technical field inspection on February 20, 2025, supplemented with office analysis.

As a result of said evaluation, the existence of a permanent stream called ‘Unnamed Stream’ (Quebrada Sin Nombre), a tributary of the San Rafael River, was determined. This is a public domain body of water, with a defined channel and evident and measurable flow, without evidence of anthropic alterations, artificial narrowings, or induced modifications to the natural water runoff.’ Additionally, a natural depression was identified with the presence of temporary water accumulation, which does not correspond to a body of water in the public domain, associated with the site's own topographic conditions and compatible with the existence of a naturally floodable zone.

Likewise, the presence of a protection wall was verified, which does not maintain direct contact with the stream channel (quebrada) and does not generate hydraulic obstruction.

Consequently, in accordance with the technical opinion issued by the competent authority in water matters, the existence of illegal narrowing (estrechamientos ilegales) or interventions that artificially alter the natural water conveyance at the site subject to the claim was not determined.

VI. REGARDING THE MATERIALS ON SITE MENTIONED BY THE APPELLANT

In relation to the materials transported to the site by the contractor company, they are not the property of the Local Government or any other public institution; there is no design approval authorizing their receipt, and no payment has been made for such materials. Consequently, they constitute property belonging to the contractor, and therefore neither the Municipality of San Carlos (Municipalidad de San Carlos) nor the National Emergency Commission assumes responsibility for them, without prejudice to the contractual obligations that apply to the contractor itself.

The appellant's brief incorporates additional allegations relating to CONAVI (Route 748) and the dredging of the San Rafael River, which were not addressed in this report as they do not fall within the functional scope of the UTGV." It is evident from the report rendered by Engineer Luis Guzman Pérez that both the Municipality of San Carlos, through its technical department UTGVM, the Municipal Council, and even the National and Municipal Emergency Commission itself, have carried out each and every one of the actions detailed in said report in order to provide a solution to the conditions that, for a long time and up to the present date, make it impossible to enable or build a bridge over the San Rafael River, being aware of the necessity this represents for the residents of the community.

PETITION

Based on the reality of the facts and the documentary evidence provided to this proceeding, it can be observed that the Municipality of San Carlos has managed, in a timely manner and within the scope of its competencies and powers, all efforts within its reach to seek a solution for the residents of the community affected by the need for a bridge over the San Rafael River in Florencia. However, to date, its construction has not been achieved for the reasons and facts stated, but this situation does not stem from inaction or a lack of attention or effort by this municipal corporation, or its departments, but rather from elements of nature and ground conditions that make intervention impossible. Therefore, with all due respect to your Authority, this municipal mayor's office requests that this Honorable Chamber declare without merit this Amparo Appeal filed against the Municipality of San Carlos, without awarding costs" (sic).
  1. 5By record dated April 7, 2026, it was noted that from March 23 to 27, 2026, the president of the National Emergency Commission did not render a report.
  2. 6By brief filed with the Chamber's Secretariat and added to the case file on April 7, 2026, Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the National Emergency Commission, reports on an untimely basis, regarding the alleged facts, as follows:

"I. FACTS OUTLINED BY THE APPELLANT (in summary); FIRST: States that the community of San Rafael de Florencia has suffered abandonment in terms of public infrastructure and emergency response. Specifies that municipal road No. 625 has been without maintenance for over twenty-five years, forcing families to travel only on horseback and limiting the installation of basic services. Asserts that for over five years there has been no functional bridge over the San Rafael River, a situation that has generated serious risks, including the death of an elderly person while attempting to cross a deteriorated bridge in the La Unión de La Palmera sector. Adds that even an elderly person in the area faces extreme difficulties attending medical appointments, having to cross the river in dangerous conditions or be transported by tractor along a poorly maintained path.

FACT ONE: These are subjective statements by the appellant, as well as actions of the Municipal entity. SECOND: Refers that all these problems were repeatedly communicated to the Municipality of San Carlos, the National Emergency Commission, and the district councils, without receiving solutions, despite the fact that the mayor and the district councilor visited the community during the electoral campaign and personally observed the situation.

FACT TWO: There is no record that this was communicated to this Commission, and no proof of this statement is attached. Regarding the rest, these are actions of the Municipal entity.

THIRD: Notes that, although the National Emergency Commission approved a project to build a new bridge over two years ago, it has not progressed due to budgetary problems with the contracted company, and that even the transported materials were swept away by a flood and have remained abandoned for over a year. Indicates that the stream (quebrada) crossing the town center overflows during the rainy season due to reduced-diameter culverts on a private bridge, causing floods that have been equally reported without receiving effective attention.

FACT THREE: The concern of the families of San Rafael de Florencia is understandable and legitimate. For this very reason, the technical opinion has been to proceed carefully and ensure that the solution finally approved is safe, functional, and consistent with the current conditions of the river, preventing an accelerated decision from ultimately generating more problems in the future. Office CNE-UGPR-OF-0882-2026, dated March 26, 2026, is attached.

II. RISK MANAGEMENT IN COSTA RICA

According to Law No. 8488, Article 4, risk management is understood as a "process through which the vulnerability conditions of the population, human settlements, infrastructure, as well as vital lines, productive activities of goods and services, and the environment are positively reversed. It is a sustainable and preventive model, to which effective disaster prevention and mitigation criteria are incorporated within territorial, sectoral, and socio-economic planning, as well as preparedness, response, and recovery from emergencies." In the same sense, risk management is defined as a "continuous process of analysis, decision-making planning, and execution of actions to identify, prevent, and reduce the chances that a potentially destructive event (threat) causes serious harm or disruption to people's lives, the socio-economic fabric, livelihoods, and ecosystems of the territories, as well as establishing the tools to respond appropriately, in the event that an impact materializes anyway, with the aim of enabling efficient recovery, without rebuilding vulnerability, after a disaster." Risk management presents different spheres of intervention: from national, regional, and sectoral levels to local, community, and family levels.

Furthermore, it requires the existence and functioning of organizational and institutional systems and structures representing these spheres and bringing together, under established coordination modalities, their agreed-upon differentiated roles. Their collective bodies for the social representation of the different actors and interests participating in the construction of risk and in its reduction, foresight, and control must be adequately defined.

This risk management is the main foundation of the National Risk Management System, understood as the integral, organized, coordinated, and harmonious articulation of the organs, structures, functional relationships, methods, procedures, and resources of all State institutions, seeking the participation of the entire private sector and organized civil society. Its purpose is the promotion and execution of public policy guidelines that allow both the Costa Rican State and the different sectors of national activity to incorporate the concept of risk management as a cross-cutting axis of development planning and practices.

From the above definition, it is deduced that:

  1. 1Risk is cross-cutting to the activities of all both public and private endeavors, 2.- Its management must be a public policy of the Costa Rican State, 3.- This policy is embodied in the National Risk Management Plan; a document prepared by the Commission, an act that materializes this public policy and must be mandatorily consulted by the State organs and entities responsible for planning tasks, who, when preparing their respective plans, will take into account the orientations indicated in said Plan. Likewise, when preparing urban development plans, programs, and projects, the risk prevention and mitigation component must be considered, all in accordance with Article 8 of Law No. 8488.

As can be extracted from what has been set forth so far, the Commission fulfills a steering function in risk prevention and a coordinating function when it comes to responding to emergencies, or, put another way, the Commission, by the principle of legality, is responsible for directing, guiding, and channeling risk prevention in Costa Rica and for being the coordinator of state institutions when it comes to emergencies.

III. RESPONSIBILITY OF THE COSTA RICAN STATE IN DISASTER PREVENTION

Law No. 8488 also conceives risk management as "…a cross-cutting axis of the work of the Costa Rican State; it articulates the instruments, programs, and public resources in ordinary and extraordinary, institutional and sectoral actions, aimed at preventing the occurrence of disasters and responding to emergencies in all their phases. All national development policy must incorporate both the necessary elements for adequate risk diagnosis and susceptibility to disaster impact, as well as the management axes that allow for their control" (Article No. 5, Law No. 8488).

Based on the provisions of Articles 3, 8, 25, and 26 of the same law, all State institutions, mainly including Municipalities, have the imperative mandate to prevent disasters, and, particularly, it is the local governments that must incorporate prevention as a component of urban development projects, considering in their programs the concepts of risk and disaster, including the ordinary management measures that are their own and timely to avoid their manifestation, promoting a culture aimed at reducing them. Similarly, all public institutions must coordinate their prevention programs and activities with the CNE, considering them as a public policy process that must operate permanently and sustainably, with a systemic approach and that of the National Risk Management Plan. Additionally, Article 27 provides the obligation that, in the budgets of each public institution, the allocation of resources for disaster risk control must be included, considering prevention as a concept related to the development practices they promote and carry out.

The importance of co-responsibility and local commitment to risk management by municipalities lies in the fact that emergencies and potential disasters can materialize within their territories, so their reaction and, above all, prevention must be inherent in their daily work. Even "large" disasters affecting the national territory are actually the sum of threats and vulnerabilities that occur simultaneously, in a localized and highly dynamic manner, within the municipal territory, resulting from the concatenation of physical, social, economic, and political relationships.

IV. NON-DECLARED OR FIRST IMPACT EMERGENCIES

It should be noted that Law No. 8488, as part of the extraordinary competencies, empowers the CNE to handle local and minor emergencies through the figure of "First Impacts" (Primeros Impactos), as Article 15 in its final paragraph states:

"(…) Except as provided in the preceding subsections, the Commission shall attend to, without an emergency declaration by the Executive Branch, the local and minor emergencies that, due to the high frequency with which they occur and the serious impact they cause in communities, demand the provision of a first-impact humanitarian service, consisting of the delivery of blankets, food, sleeping mats, and, if necessary, the acquisition of materials to restore basic services and enable shelters, as well as the contracting of up to one hundred machine-hours for the cleanup of the most affected area of the zone." (Underlining not in original) Now, the final paragraph of Article 15 refers to a first-impact humanitarian service. The Law uses the term "first impact" to refer to the first phase of responding to a declared emergency. Indeed, Article 30 of the Law, which divides such response into the response phase, rehabilitation phase, and finally reconstruction phase, establishes that the response phase is immediate upon the occurrence of the event.

This phase includes urgent first-impact measures aimed at safeguarding life, the infrastructure of vital public services, property, and the environment. But also mitigation works directed at protecting the population, infrastructure, and the environment. Article 4 defines response as the actions immediate to the occurrence of an emergency; they seek to control a situation, to safeguard works and lives, prevent further damage, and stabilize the area of the region directly impacted by the emergency.

In this sense, even without an emergency declaration, the Commission may handle local and minor emergencies, for which the contracting of up to 300 machine-hours is allowed for the cleanup of the affected area. Likewise, subsection a) of Article 30 of the same law establishes that in the Response phase, which is an operational phase immediate to the occurrence of the event, urgent first-impact measures are included aimed at safeguarding life, the infrastructure of vital public services, and the production of goods and services through actions of alert, alarm, evacuation, and relocation, among others.

The Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), through Opinion C-030-2016 of February 15, 2016, regarding first impacts, indicated:

"As indicated, the handling of local or minor emergencies corresponds to the Commission. However, when dealing with actions classified as first impact, it must be considered that the Commission does not act alone. Among the coordination bodies created by Article 10 of the Law, we find the Emergency Operations Center, an organ of the Commission, which brings together public institutions, governmental or otherwise, 'that work in the first response and rehabilitation phase of the emergency.' It is this body that prepares and executes the first response tasks in emergency situations. Considering the coordination bodies provided by the Law, it can be affirmed that a local or minor emergency involves all agencies with competence regarding the damages caused. It must be taken into account that for handling these minor emergencies, the Law allows the Commission to transfer to regional, municipal, and community committees, for custody and administration, 'first response' supplies and equipment, to be used in attending to the affected population, Article 52. Ergo, the cited committees participate in handling the cited minor and local emergencies, in their case, with the goods transferred by the CNE."

V. EMERGENCIES DECLARED UNDER EXECUTIVE DECREE

Regarding the Regime of Exception, this arises from a Declaration of a State of Emergency, which is carried out by the Executive Branch, as provided in Article 29 of Law No. 8488. The Declaration of Emergency allows for exceptional treatment in the face of budgetary rigidity, by virtue of Article 180 of the Political Constitution, so that the Government can swiftly obtain sufficient economic, material, or other resources to attend to the affected or endangered persons, goods, and services (Art. 31 Law No. 8488); according to the need in the different stages of the emergency, as established by Article 30 of the cited law.

To utilize the regime of exception, there must UNEQUIVOCALLY be a causal link between the event that provokes the state of necessity and urgency and the damages effectively caused. In this sense, the Constitutional Chamber in Vote number 3410-92, reiterated in Vote number 1369-2001 at fourteen hours and thirty minutes on February fourteenth, two thousand one, indicated:

"the existence of a causal link is required for the intervention of the CNE between the event that occurred and the investment made, duly supported by an emergency decree issued by the Executive Branch and a General Emergency Plan, understood as a definition of functions and responsibilities and general reaction procedures and institutional alerts […]" Once a State of Emergency is declared, emergency response is executed through three phases, as established by Article 30 of the cited law, which consist of a response phase directed at applying urgent measures for life, the infrastructure of vital public services, and the production of vital goods and services; on the other hand, we have the rehabilitation phase, which refers to the stabilization of the affected region, through actions aimed at the temporary rehabilitation of vital services such as water, transportation, telecommunications, health, commerce, electricity, among others, and finally we have the reconstruction phase intended to restore the normal functioning of the affected public services; it includes the reconstruction and replacement of damaged public and social-interest infrastructure, as well as the implementation of land-use regulation measures aimed at preventing subsequent damages.

When the Executive Branch has issued the decree declaring the state of emergency, the Commission, through its Executive Directorate and in consultation with its Presidency, shall immediately convene the Institutions that have competence and any other it deems necessary for being within the emergency's affectation area, for the preparation of the General Emergency Plan, an instrument that will allow for the rational, efficient, and systematic planning and channeling of the actions to be taken, the necessary supervision, and the allocation of the required resources.

For this purpose, within a maximum period of two months, the convened institutions must submit an official report of the damages suffered in their area of competence, with an estimate of the costs and needs to be covered. There must unequivocally be a cause-and-effect relationship in this damage report. With the reports presented and the other documentation that the Commission accredits, the General Emergency Plan will be prepared.

The General Emergency Plan is the planning instrument that establishes the causal effect between the event that occurred, the actions, and the investment made to respond to the emergency. It consists of a description of the causal event, the damage assessment, and the estimated losses generated, broken down by canton and sector; likewise, it includes the delimitation of the actions that each institution must carry out, including those of the Commission itself; as well as a detail of the investment amount required in each of the emergency response phases, from the response phase to the reconstruction of the affected area.

Similarly, immediate action measures, human and material resource needs to face the event, and mediate action measures, such as those related to the rehabilitation and reconstruction of affected areas, the eradication, and prevention of the risk situations that caused the emergency situation must be indicated.

All institutions are obligated by this Law to contribute as necessary, with information and technical support for the preparation of the General Emergency Plan. The drafting of this Plan, as well as the responsibilities related to its subsequent execution, shall have priority over the ordinary duties of each particular institution, as long as the state of emergency is in effect.

To execute the actions, works, and contracts, the Commission shall appoint public institutions with competence in the area where the actions are carried out as Executing Units, provided they have a sufficient structure to meet the commitments; both the Commission and the executing units will be obliged to prepare investment plans, detailing, in a detailed manner, the actions, works, and financial resources they will employ to address what is assigned to them, which must be approved by the Commission's Board of Directors.

The appointment of Executing Units allows for the allocation of emergency resources, which implies the use and management of resources according to the corresponding procedures. In this regard, it must be taken into account that Article 51, second paragraph, of the Law provides that the procurement of goods and services financed with resources from the Fund for declared emergency response shall be governed by the principles of the Public Procurement Law (Ley de la Contratación Administrativa), the provisions of the Internal Regulations of the Institutional Procurement Office, and specific provisions issued for such procurement.

The Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), in Legal Opinion No. 044 - J of July 20, 2012, addressed the issue stating:

"(…) Although the General Plan must include all the actions to be carried out to respond to the emergency, in its different phases, the bodies that will be responsible for these actions, and the general investment required for the emergency in its different phases, the truth is that from the moment a body is appointed as an executing unit, it becomes obliged to prepare an investment plan, describing the actions, works, and financial resources it will employ to attend to the tasks that correspond to it. That is, an action plan for its obligations regarding the emergency, as those obligations result from the General Plan. This investment plan cannot be limited to mentioning the main axes of action, since the law not only states that it must contain a detailed description, but adds that it is thorough; which forces consideration that the actions must be described in their various elements in order to specify how the needs caused will be addressed. It follows from the foregoing that the investment plan is a consequence of the General Plan. Consequently, it must contemplate the actions foreseen in the General Plan and maintain the corresponding causal link between the emergency and the actions to be financed with that new plan (…)" (Underlining not in original).

VI. POWERS AND RESPONSIBILITIES OF LOCAL GOVERNMENTS IN RISK PREVENTION THROUGH TERRITORIAL PLANNING

It is the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development meets criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of the rights of citizens.

Deriving directly from Article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the Construction Law (Ley de Construcciones), and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of the municipalities to order the territory under their jurisdiction. This unavoidable duty has been expanded upon in various opinions of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), among them, C-093-2007 of March 27, 2007, C-020-2009 of January 29, 2009, C-118-2009 of May 4, 2009, C-155-2009 of June 1, 2009, C-091-2010 of May 3, 2010, and several more in the same vein. The Constitutional Chamber has ratified this responsibility in rulings such as numbers 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002, and 2005-07516, among many others.

In this regard, the jurist Eduardo Ortiz Ortiz, cited in Opinion C-032-98 of February 25, 1998, from the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), has stated:

"The municipal competence to issue urban plans comes from the law, since it covers matters constitutionally reserved for it, but it also has a constitutional basis, since it is a local matter. This means that the law cannot delegate except to the Municipality, and a law that did the opposite and empowered, for example, the Executive Branch, would be unconstitutional for violating municipal autonomy." Additionally, the Administrative and Civil Treasury Appeals Court has issued rulings consistent with the position of the Office of the Attorney General, such as Resolution No. 128-2008 of 10:30 a.m. on March 7, 2008, No. 209-2011, of 2:30 p.m. on June 16, 2011, and No. 124-2011, of 9:50 a.m. on April 15, 2012, among many others, emphasizing the absolute responsibility of local governments regarding territorial planning.

Agreement No. 0443 of November 30, 2011, of the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), taken in Extraordinary Session No. 10-11, held on Wednesday, November 9, 2011, and published in Gazette (Gaceta) No. 230 of November 30, 2011, entitled: "Recommends mayors proceed immediately to the eviction of occupants of zones of recognized risk and imminent danger and to demolish buildings located therein," which textually concludes by stating:

a. Recommend to all Mayors of the country:

i. That, in accordance with the duties and powers imposed on them by the Political Constitution in its Articles 50 and 169, the Municipal Code, the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the Construction Law (Ley de Construcciones), the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), and related regulations, the General Health Law (Ley General de Salud), and the ample jurisprudence on the subject, they proceed immediately to the eviction of occupants of zones of recognized risk and imminent danger, as well as to demolish the buildings located therein, and to monitor that they are not invaded again by human settlements, applying the procedural sequence cited in Considering IV, which is extracted from Resolution No. 12485-2010 of the Constitutional Chamber.

ii. That, due to the binding nature conferred by the Constitutional Chamber, they immediately implement the recommendations that CNE technicians and academic institutions have repeatedly provided over many years and which are known to them, regarding concrete and timely actions to safeguard human life in zones of recognized risk and imminent danger. The studies and technical recommendations historically issued in each case will be made available to the municipalities at the CNE offices.

Internal Audit Offices and Municipal Councils shall ensure compliance with these provisions. Disobedience shall be considered a breach of duties, and must be brought by the Internal Audit Offices to the attention of the corresponding authority.

(…)

d. Formally communicate this Agreement to all Mayors, and to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes).

e. Publish this Agreement and the synthesis map of natural hazards of the country (available on the website, www.cne.go.cr) in the official gazette and in a national circulation newspaper. (Underlining not in original) At this point, it is necessary to recall that, by constitutional mandate, the administration of the canton's local interests and services is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipality, as a state legal entity, with its own assets and legal personality (Article 2 of the Municipal Code No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes.

VII. REGARDING THE SPECIFIC CASE

Of the ordinary competencies of the CNE, according to Law No. 8488, is the obligation to:

"… Article 14.- Ordinary prevention competencies of the commission. The Commission shall be the governing entity regarding risk prevention and preparedness for emergency situations. It must fulfill the following competencies:

  • a)Articulate and coordinate national policy regarding risk prevention and preparedness for attending emergency situations. Likewise, it shall promote, organize, direct and coordinate, as appropriate, the allocations required to articulate the National Risk Management System (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo) and its components and instruments. This management shall be carried out in permanent consultation with the bodies and entities integrated into the process.
  • b)Carry out thematic promotion, by means of permanent education and dissemination programs.
  • c)Issue binding resolutions on risk, disaster, and imminent danger situations, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulation and control actions for their effective prevention and management, which regulate or order their effective compliance by State institutions, the private sector, and the general population. The officials of the bodies and entities competent to execute or implement such binding resolutions may in no case disapply them. Natural or legal persons, public or private, who improperly build on or use zones restricted by these binding resolutions shall be subject to the obligation to demolish or eliminate the work, in accordance with Article 36 of this Law.
  • d)Exercise control over the regulatory function performed by State institutions to control risk-generating processes, according to their areas of competence, based on the Commission's authority to issue binding resolutions on risk conditions and emergency attention.
  • e)Exercise a permanent control function, so that State bodies and entities include risk management (gestión del riesgo) criteria in the planning and execution of plans, programs, and projects that promote the country's development.
  • f)Promote and support studies and research in matters related to its purposes, as well as the development of projects that promote physical, technical, and educational systems oriented toward disaster prevention and mitigation, and preparedness to face them.
  • g)Promote and encourage monitoring and management of risk situations, through the study or implementation of observation, monitoring, and alert measures that allow for foreseeing, reducing, and avoiding the impact and damage of possible disaster events. Furthermore, if necessary, coordinate the monitoring and management of such situations.
  • h)Advise municipalities regarding the management of information on the risk conditions that affect them, such as guidance for an effective land-use and territorial planning policy. The advice shall contribute to the development of regulatory plans, the adoption of control measures, and the promotion of organization, aimed at reducing people's vulnerability, considering that, at the municipal level, the responsibility for addressing this issue falls in the first instance.
  • i)Establish and coordinate a permanent multi-institutional body for the planning, coordination, and direction of emergency operations.
  • j)Establish and maintain relationships with national and international entities, governmental or non-governmental, whose mission is related to the institution; sign agreements, conventions, or contracts of exchange and cooperation deemed appropriate with such entities.
  • k)Promote the creation and strengthening of regional, municipal, and local capacities for managing emergency situations.

If necessary, includes participation in alert, alarm, mobilization, and population attention actions.

  • l)Manage international aid, from agencies and countries, in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Worship (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), for prevention programs and emergency attention.
  • m)Coordinate international aid that Costa Rica may offer to other nations that have declared an emergency in their territories, when agreed upon by the President of the Republic and the Minister of Foreign Affairs and Worship. Such cooperation shall consist of human resources, technical advice, or donations of goods and services, as the country's possibilities permit…” b. Extraordinary Powers: These are established in Article 15 of Law 8488;1 “Article 15.-Extraordinary powers of the commission. Once the state of emergency established in Article 29 of this Law has been declared, the Commission shall be responsible for planning, coordinating, directing, and controlling actions aimed at resolving urgent needs, and executing protection, rescue, and rehabilitation programs and activities. To this end, it shall execute, at a minimum, the following actions:
  • a)Coordination, direction, and control of the attention of emergencies thus declared by the Executive Branch (Poder Ejecutivo), shall be carried out according to the phases defined in Article 30 of this Law; for this purpose, the Commission, through the Executive Directorate, shall prepare the General Emergency Plan, according to the terms referred to in Chapter VI of this Law.
  • b)It must coordinate the damage assessment, for which the institutions of the Central Administration, the Decentralized Public Administration of the State, Local Governments, and state enterprises shall be responsible for assessing the damages and coordinating their execution with the Commission.
  • c)Plan, coordinate, organize, and supervise the execution of rescue actions by public and private, national and international organizations.
  • d)Coordinate the scientific and technical investigations necessary for the Plan, as well as physical and economic recovery programs, and provide the necessary follow-up.
  • e)Appoint as executing units the public institutions that have within their scope of competence the execution of the works defined in the General Emergency Plan, and supervise their execution.
  • f)Hire any special personnel required for determined periods and in accordance with the emergency declaration. Except as provided in the preceding subsections, the Commission shall attend, without an emergency declaration by the Executive Branch, the delivery of blankets, food, mats, and the acquisition of materials to rehabilitate basic services and enable shelters, as well as the contracting of a maximum of three hundred machine hours for cleaning and priority attention. The provisions of this paragraph apply to each of the cases of local and minor emergencies which, due to the high frequency with which they occur or the serious impact they cause in communities, demand the provision of extraordinary attention.

(Thus amended the preceding paragraph by Article 1 of the law to improve the attention of damages caused by natural disasters, No. 9641 of March 6, 2019)…” Article 25 of Law 8488 indicates that the Costa Rican State is responsible for preventing disasters; therefore, all institutions shall be obligated to consider the concepts of risk and disaster in their programs and to include the ordinary management measures that are proper and timely to avoid their manifestation, promoting a culture aimed at reducing them.

Likewise, Acuerdo No. 0443 of November 30, 2011, of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, taken in Extraordinary Session No. 10-11, held on Wednesday, November 9, 2011, and published in La Gaceta No. 230 of November 30, 2011, must be kept in mind, which “Recommends to the mayors (alcaldes y alcaldesas) that they proceed immediately to evacuate the occupants of zones of recognized risk and imminent danger and demolish the buildings located therein”.

At this point, it is necessary to recall that by constitutional mandate, the administration of the local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, and for the specific case, the Municipality (…), as a state legal entity, with its own assets and personality (Article 2 of the Municipal Code No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes.

In another line of thought, within the budget and as part of the powers of local governments in risk prevention, we have that in accordance with Law No. 9907, of October twenty-seventh, two thousand twenty, Article 46 bis was added to Law 8488, dedicated to the application of the three percent that previously had to be transferred to the Commission from the municipal regime.

It is the duty of the municipal government to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development addresses criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of citizens' rights. Deriving directly from Article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of municipalities to order the territory under their jurisdiction.

In another line of thought, through Official Letter CNE-UGPR-OF-0882-2026, of March 26, 2026, the Reconstruction Process Management Unit of the CNE proceeded to provide a technical report regarding the claims made by the appellant. In what is relevant, it states the following (original wording and spelling are preserved); “… By this means, I send you a technical summary of the current status of the project “Design and Construction of a Pedestrian Bridge over the San Rafael River, cantonal road 2-10-625”, corresponding to contract 2024PX-000280-0006500001, in charge of the company ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A. According to available information, the project received the start order on December 9, 2024. However, to date, it has not been possible to move to the construction stage, because the design phase has not yet been closed or fully approved.

The delay is not due to a single cause. It has been due to a combination of technical situations that have forced several revisions of the proposed solution. Initial studies contemplated a bridge of approximately 55 meters, but once the design started, it was determined that this length was not sufficient for the actual conditions of the riverbed and its banks, so it was necessary to first extend it to 90 meters. Later, after new analysis and the changes caused by the hydrometeorological event that occurred in June 2025, it was concluded that the necessary length had to be increased again to approximately 102 meters. These changes forced updates to hydrological and hydraulic studies, new topographic surveys, adjustment of the structural design, and redefinition of the location of anchors and masts.

During the technical review, site conditions were also identified that had to be resolved before considering the start of construction. Among them, a potable water pipe belonging to the ASADA of Boca Arenal, located at the point planned for one of the main anchors, as well as the need to relocate Coopelesca electrical infrastructure within the intervention area. Additionally, some of the proposals presented by the company placed part of the structure within private properties. For that reason, the solution had to be kept, as far as possible, within the public area, in order to avoid greater delays and ensure that the project can be developed on a more stable technical basis.

Another aspect that has affected the progress of the project is that, during the design phase, documents and technical corrections necessary to approve the final solution have remained pending. Among them, calculation reports, corrected plans, geometric and structural adjustments, definition of foundation systems, updated budgets, schedules, and complete attention to the observations issued by supervision and by the involved institutions have been requested. According to the reviewed reports, several submissions have been partial or incomplete, and there are still outstanding observations on plans and structural calculations. As long as these observations are not comprehensively addressed, it is not advisable to start works on site.

Regarding the budget, the project was originally awarded for ₡235,257,392.01, with a term of 161 calendar days. From the technical changes, several adjustment proposals arose, with amounts of ₡265,213,981.22, ₡285,446,273.35, ₡458,649,490.39, ₡320,030,754.55, ₡323,807,118.50, ₡394,544,487.13, and ₡373,659,293.26. In this last proposal, two important problems were identified: one of the anchors was left over the existing road, affecting passage along the cantonal road, and also the amount exceeded 50% over the original budget. For that reason, that option could not continue advancing under the terms in which it was presented.

Likewise, it is important to indicate that this week a new budget proposal was presented with a variation of 49.99% with respect to the original amount. That proposal is currently under review by UNOPS, the Municipality of San Carlos, the supervising firm, and the CNE, in order to validate that the solution technically complies with what is required in design, structure, hydraulic conditions, constructability, and overall project adjustment. At this moment, that analysis remains open and the final technical assessment has not yet been concluded.

It is also important to note that, according to available reports, the Municipality, the CNE, UNOPS, and the supervising firm CACISA have maintained continuous follow-up on the project, precisely because the real need that exists in the community is recognized.

The concern of the families of San Rafael de Florencia is understandable and legitimate. For this very reason, the technical criterion has been to advance carefully and ensure that the finally approved solution is safe, functional, and in accordance with the current conditions of the river, avoiding that a rushed decision ends up generating more problems in the future.

At this moment, the project continues to depend on three key aspects:

1. the complete approval of the design adjusted to the actual site condition; 2. the full attention to the outstanding technical observations by the company; and 3. the validation of the new economic proposal that is currently under study.

Once these points are resolved, the continuity path for the project can be defined with greater clarity…” In conclusion, the CNE has carried out proactive work within our framework of legality and in accordance with the parameters set by the Honorable Constitutional Chamber (Honorable Sala Constitucional), in terms of providing prompt and complete responses to the appellants and making recommendations within the area of our competences to other Government institutions and directly to the Municipal Corporation. That is, no violation whatsoever of the fundamental protections alleged by the appellant is accredited.

VIII. CLAIM

SCOPE. In accordance with the resolutions issued by the Constitutional Chamber, with respect to the technical criteria given by specialized officials of the CNE and the Technical Advisory Committees, it is clarified that the recommendations of this report are of a binding nature for the institutions to which they are addressed (Acuerdo 443-2011 of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias). Furthermore, said agreement establishes a series of steps adhering to the country's current regulations, regarding the regulations and measures that municipalities must carry out within the scope of Risk Management. THEREFORE (POR TANTO), having responded within the legal term, and in accordance with the above indicated, we request that this report be deemed as rendered and that this Amparo Appeal (Recurso de Amparo) be declared without merit regarding this Commission, as my represented party has not injured any constitutional right of the appellant, that the proceedings be archived, and that my represented party be exempted from constitutional liability. The foregoing, in accordance with the provisions of Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional)”.

  1. 7By a brief filed in the Secretariat of the Chamber and added to the file on May 12, 2026, the appellant stated the following:

“Receive cordial greetings from the Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Florencia, with legal ID 3-002-749036 and represented by Mrs. [Name 001], with ID [Value 001] and telephone [Value 002]. The purpose of this is to request that we be informed if there are any advances or reports regarding the resolution of the amparo appeal filed by the community of San Rafael, with case file number: 26-009291-0007-CO. The people of San Rafael de Florencia are awaiting the prompt execution of at least the construction of the suspension bridge (puente de hamaca), repair of municipal road 625, and intervention on national highway 748. We thank you in advance for a prompt response to our request”.

  1. 8In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Salazar Alvarado; and, WHEREAS (CONSIDERANDO):

I. PURPOSE OF THE APPEAL

The appellant refers to various situations that have not been addressed by the respondent authorities in San Rafael de Florencia and that, in her judgment, put the community at risk. Below, each of them is cited:

  • 1)That municipal road No. 625 is not maintained, such that it can only be traveled by horse, and the situation hinders the provision of basic services such as sewerage and electricity.
  • 2)That the community has been without a functional bridge over the San Rafael River for five years, so people cannot transit safely; in this regard, she indicates that the Comisión Nacional de Emergencias had a bridge construction project, which has not materialized due to lack of resources.
  • 3)That the stream (quebrada) that crosses the center of the village overflows in the rainy season due to reduced-diameter culverts on a private bridge, causing floods. Furthermore, that the dredging concession on the San Rafael River has caused loss of trees and soil erosion on nearby farms, making the construction of a containment wall on the riverbank on the town side and the review or suspension of dredging activities necessary.
  • 4)Abandonment of national highway No. 748 that connects the communities of Platanar, San Juan, and San Rafael with San Francisco de la Palmera, which appears in records as paved, although it has never been paved.
  • 5)A year ago, the flooding of the San Rafael River caused damage to the bridge located between San Francisco de la Palmera and San Rafael, leaving a huge hole in one of its accesses, which puts those who transit at risk.
  • 6)There is a landslide on the road, approximately one kilometer before reaching the bridge in the direction of San Rafael, which is dangerous for drivers. She explains that all the situations have been reported without obtaining effective attention.

II. PROVEN FACTS

Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed as duly demonstrated:

Municipal road No. 2-10-625 does receive maintenance. In 2020, a culvert was installed. In 2021, ballast was applied. In 2025, in May, mechanized cleaning and roadway cleaning and shaping were carried out; in November, rehabilitation of culvert crossings (tying/accommodation, mortar filling, pouring concrete on bases and upstream/downstream aprons, and also, hauling of thirteen truckloads of ballast for reshaping fill at the affected culvert crossing, as well as pouring 16 m³ of concrete for a slab over the installed culvert. The road sections where there are homes have access, with the exception of the sector located on the riverbank, near the point where a pedestrian bridge does not currently exist, which generates crossing difficulties for the people who live in that area. Attention to this situation is managed through the project for the construction of a pedestrian bridge, which is in the design stage and was awarded to the company ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A. (see in this regard the report issued by the Mayor and the Council President, both of the Municipality of San Carlos).

In 2022, a dismantling of a hanging pedestrian bridge swept away by rains on municipal road No. 2-10-625 was carried out (event of August 7, 2022 - Tropical Storm Bonnie -) and recovery of ¾ steel cable. In 2023, in November, preliminary studies were carried out for the construction of a pedestrian bridge - on December 12, 2023, the Municipality of San Carlos issued a purchase order for the realization of preliminary studies, which served as technical input so that the CNE could contract the project named: “(CE)(PROERI) Design and Construction of a Pedestrian Bridge over the San Rafael River, in the community of San Rafael de Florencia, cantonal road 2-10-0625, San Carlos, Alajuela”. Within the framework of Executive Decree No. 43626, the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) assumed the attention of this situation through the contracting of the design and construction of a new pedestrian bridge over the San Rafael River.

Said project was published on September 23, 2024, awarded on October 24, 2024, to the company ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A., with contract number in SICOP 2024PX-000280-0006500001, and a start order was issued on December 9, 2024. During 2025 and 2026, the information provided was expanded, and the delay was technically justified based on technical reasons - successive rethinking of the bridge's length, morphological changes in the riverbed, the need to keep the structure within the public area, the existence of interferences with public service infrastructure, and the technical documentation pending from the awarded company -. Specifically, the Comisión Nacional de Emergencias, various technical causes for the delay: 1- Initial studies contemplated a bridge of approximately 55 meters, but once the design started, it was determined that this length was not sufficient for the actual conditions of the riverbed and its banks, so it was necessary to first extend it to ninety meters.

Later, after new analysis and the changes caused by the hydrometeorological event that occurred in June 2025, it was concluded that the necessary length had to be increased again to approximately one hundred and two meters. These changes forced updates to hydrological and hydraulic studies, new topographic surveys, adjustment of the structural design, and redefinition of the location of anchors and masts. 2- During the technical review, site conditions were also identified that had to be resolved before considering the start of construction. Among them, a potable water pipe belonging to the ASADA of Boca Arenal, located at the point planned for one of the main anchors, as well as the need to relocate Coopelesca electrical infrastructure within the intervention area. Additionally, some of the proposals presented by the company placed part of the structure within private properties. For that reason, the solution had to be kept, as far as possible, within the public area, in order to avoid greater delays and ensure that the project can be developed on a more stable technical basis. 3.- Another aspect that has affected the progress of the project is that, during the design phase, documents and technical corrections necessary to approve the final solution have remained pending.

Among them, calculation reports, corrected plans, geometric and structural adjustments, definition of foundation systems, updated budgets, schedules, and complete attention to the observations issued by supervision and by the involved institutions have been requested. According to the reviewed reports, several submissions have been partial or incomplete, and there are still outstanding observations on plans and structural calculations. As long as these observations are not comprehensively addressed, it is not advisable to start works on site. 5.- Regarding the budget, the project was originally awarded for ₡235,257,392.01, with a term of 161 calendar days. From the technical changes, several adjustment proposals arose, with amounts of ₡265,213,981.22, ₡285,446,273.35, ₡458,649,490.39, ₡320,030,754.55, ₡323,807,118.50, ₡394,544,487.13, and ₡373,659,293.26. In this last proposal, two important problems were identified: one of the anchors was left over the existing road, affecting passage along the cantonal road, and also the amount exceeded 50% over the original budget.

For that reason, that option could not continue advancing under the terms in which it was presented. On January 20, 2026, in this official letter, notice is given of contractual breaches by the company ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A., related to the execution term and budget variations, placing on record the actions taken by the Administration to demand contractual compliance and protect public interests. On February 19, 2026, a detailed update on the contractual status of the project is presented, the evolution of the budget variations, the technical observations issued by the supervision and the Administration, as well as the technical and administrative viability for the continuation of the contract, evidencing the permanent analysis and control exercised over the project. On March 23, 2026, the contractor company delivered the bridge design, which is currently in the process of technical review and verification, as a step prior to its approval, which will allow progress toward the construction stage of the project.

The materials moved to the site that the appellant indicates are the property of the contractor company. The new budget proposal with a variation of 49.99% with respect to the original amount. That proposal is currently under review by UNOPS, the Municipality of San Carlos, the supervising firm, and the CNE, in order to validate that the solution technically complies with what is required in design, structure, hydraulic conditions, constructability, and overall project adjustment. At this moment, that analysis remains open and the final technical assessment has not yet been concluded. The Municipality, the Comisión Nacional de Emergencias, UNOPS, and the supervising firm CACISA have maintained continuous follow-up on the project, precisely because the real need that exists in the community is recognized. The road sections where there are homes have access, with the exception of the sector located on the riverbank, near the point where a pedestrian bridge does not currently exist, which generates crossing difficulties for the people who live in that area. (see in this regard the report issued by the Mayor and the Council President, both of the Municipality of San Carlos).

On February 20, 2025, an inspection was carried out regarding complaints of alleged narrowing of the riverbed and alterations to the natural water conduction, supplemented with office analysis. As a result of said evaluation, the existence of a permanent stream called “Quebrada Sin Nombre”, a tributary of the San Rafael River, was determined, which corresponds to a public domain water body, with a defined channel, evident and measurable flow, without evidencing anthropic alterations, artificial narrowings, or induced modifications of the natural water runoff. Additionally, a natural depression was identified with the presence of temporary water accumulation, which does not correspond to a public domain water body, associated with the topographic conditions inherent to the site and compatible with the existence of a naturally floodable zone. Likewise, the presence of a protection wall was verified, which does not maintain direct contact with the stream channel and does not generate hydraulic obstruction. Consequently, according to the technical criterion issued by the competent authority on water matters, the existence of illegal narrowings or interventions that artificially alter the natural water conduction at the site subject to the claim was not determined (see in this regard the report issued by the Mayor and the Council President, both of the Municipality of San Carlos).

National Route No. 748 is classified as a tertiary route, characterized by a low average daily traffic volume, which means that the type and scope of interventions respond to technical criteria for resource prioritization and efficient management of the national road network. This route connects Platanar with San Francisco de La Palmera and La Marina and is subject to constant maintenance by the Consejo Nacional de Vialidad (National Road Council). Furthermore, in the case of control section 20941, which is referenced in the filing brief, it is currently fully passable. Among the actions carried out are emergency pothole patching (Bacheo de urgencia), Class B hydraulic concrete for major structures (17 MPa), Type 4 riprap (Escollera clase Tipo 4) (supply, hauling, and placement of river rock), excavation for major structures (Excavación para estructuras mayores), among others. From 2024 to the first quarter of 2026, a total investment of ₡113,412,388.79 has been executed through contract 2022CD-000145-0006000001. (See in this regard the report issued by the Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad.)

There is damage to one of the bridge accesses between San Francisco de La Palmera and San Rafael. The Administration currently has the passageway enabled and safety signage is in place. The Consejo Nacional de Vialidad has already been carrying out protection works, which are in process. The Conservation Management Office (Gerencia de Conservación) has works planned for the second quarter of 2026, through contract 2024CD-000145-0006000001. (See in this regard the report issued by the Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad.)

There was undermining (socavamiento) located approximately one kilometer before reaching the bridge, heading towards San Rafael; however, the Conservation Management Office (Gerencia de Conservación) has already intervened at that point, by constructing protective riprap (enrocado de protección) on the left bank of the river. This structure seeks to stabilize the roadbed and mitigate the risk of new landslides, so there is no serious washout (deslave), in the terms indicated by the appellant. (See in this regard the report issued by the Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad.)

On March 23, 2026, the procedural order for this process was notified to the Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad and to the President of the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) (see in this regard the notification records added to the case file).

On March 25, 2026, the procedural order for this process was notified to the mayor, the president of the Municipal Council (Concejo), and the head of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial), all of the Municipality of San Carlos. (See in this regard the notification records added to the case file.)

III. UNPROVEN FACT

The following relevant fact is deemed not proven as important for the resolution of this appeal:

SINGLE. That there exists any pending complaint to be resolved (the case file).

IV. ON THE MERITS

The appellant refers to various situations that have not been addressed by the respondent authorities in San Rafael de Florencia and which, in her opinion, put the community at risk. Each of them is cited below.

V.First, that municipal road No. 625 is not maintained, so it can only be traveled on horseback, and the situation hinders the provision of basic services such as sewerage and electricity. In this regard, such claim is rejected under oath by the Municipality of San Carlos. Furthermore, it is indicated that over the years, culverts (alcantarillas) have been installed (2020), along with ballast, mechanized cleaning, and cleaning and shaping of the road (camino) (May 2025), rehabilitation of culvert crossings (marrying/accommodation, grouting, concrete pouring in bases and upstream/downstream aprons (November 2025)), and, additionally, hauling of thirteen loads of ballast for reshaping fill at an affected culvert crossing, as well as pouring 16 m³ of concrete for the slab over the placed culvert (November 2025). Consequently, the allegation of inaction regarding the maintenance of that municipal route is rejected.

VI.Second, the appellant states that the community has been without a functional bridge over the San Rafael River for five years, meaning people cannot transit safely; in this regard, she indicates that the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) had a bridge construction project that has not materialized due to lack of resources.

In this regard, the respondent authorities report that indeed, after the old pedestrian bridge suffered the ravages of Tropical Storm Bonnie in 2022, crossing difficulties arose for the people living in that area. That situation has been addressed, since the Municipality of San Carlos and the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) have done so in a coordinated manner; however, to date the start of works has not materialized. In this regard, this Constitutional Court (Tribunal Constitucional) understands that there may be technical problems that delay investment in public works, but it is clear that the time taken to provide a definitive solution to the situation is excessive. Note that not even a probable date is established for when the construction of the infrastructure will finally take place. Consequently, only with respect to this point, the appeal must be granted, as will be stated in the operative part of this judgment.

VII.Third, the appellant states that the stream (quebrada) that crosses the town center overflows during the rainy season due to reduced-diameter culverts on a private bridge, causing flooding. Furthermore, that the dredging concession in the San Rafael River has caused loss of trees and land erosion on nearby properties, making it necessary to build a retaining wall on the riverbank on the town side and to review or suspend the dredging activities. Regarding this point, the officials of the Municipality of San Carlos explained that on February 20, 2025, an inspection was carried out regarding complaints of an alleged narrowing of the channel (cauce) and alterations to the natural water flow, supplemented by desk-based analysis. As a result of that evaluation, the existence of a permanent stream (quebrada) called “Quebrada Sin Nombre,” a tributary of the San Rafael River, was determined. This stream (quebrada) is a body of water in the public domain, with a defined channel (cauce), evident and measurable flow, with no evidence of anthropic alterations, artificial narrowing, or induced modifications of the natural water runoff.

Additionally, a natural depression was identified with the presence of temporary water accumulation, which does not correspond to a body of water in the public domain, associated with the site's own topographical conditions and compatible with the existence of a naturally floodable zone. Likewise, the presence of a protection wall was confirmed, which does not maintain direct contact with the stream channel (cauce de la quebrada) and does not generate hydraulic obstruction. Consequently, according to the technical criteria issued by the competent water authority, the existence of illegal narrowing or interventions that artificially alter the natural water flow at the site of the claim was not determined. Thus, the existence of the problems explained by the appellant is rejected, and the appeal must be dismissed with respect to this point.

VIII.The appellant describes the abandonment of national road No. 748, which connects the communities of Platanar, San Juan, and San Rafael with San Francisco de la Palmera, and which appears in records as paved although it has never been paved. Regarding this national road, the Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad assures that it is classified as a tertiary route, characterized by a low average daily traffic volume, which means that the type and scope of interventions respond to technical criteria for resource prioritization and efficient management of the national road network. However, he rejects the abandonment stated by the appellant. In this regard, it is explained that the route is indeed subject to constant maintenance by the Consejo Nacional de Vialidad; furthermore, in the case of control section 20941, which is referenced in the filing brief, it is currently fully passable. Specifically, it is indicated that from 2024 to the first quarter of 2026, a total investment of ₡113,412,388.79 has been executed through contract 2022CD-000145-0006000001. Thus, regarding this accusation, the filed appeal is also dismissed.

IX.The appellant states that a year ago, the flooding of the San Rafael River caused damage to the bridge located between San Francisco de la Palmera and San Rafael, leaving a huge hole in one of its accesses, which puts those who transit at risk. In this regard, the Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad states that there was indeed damage to one of the bridge accesses between San Francisco de La Palmera and San Rafael. The Administration currently has the passageway enabled and safety signage is in place. However, he states that this Council has already been carrying out protection works, which are in process. The Conservation Management Office (Gerencia de Conservación) has works planned for the second quarter of 2026, through contract 2024CD-000145-0006000001. Consequently, it is clear that the Administration has not remained inactive before the situation that occurred, but rather safeguarded people's safety by means of an enabled passageway and demarcation, and, furthermore, works for the definitive resolution of the problem are already planned for the second quarter of 2026. Consequently, the appeal must also be dismissed with respect to this point.

X.There is a landslide (deslave) on the road, approximately one kilometer before reaching the bridge heading towards San Rafael, which is dangerous for drivers. Regarding this point, the Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad confirmed that there was indeed undermining (socavamiento) located approximately one kilometer before reaching the bridge, heading towards San Rafael; however, the Conservation Management Office (Gerencia de Conservación) has already intervened at that point by constructing protective riprap (enrocado de protección) on the left bank of the river. This structure seeks to stabilize the roadbed and mitigate the risk of new landslides, so there is no serious washout (deslave), in the terms indicated by the appellant. Thus, as the statements made by the appellant are rejected under oath, the appeal must be dismissed with respect to this point.

XI. NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO

As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which falls to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater scope. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that administrative conduct (whether omissive or not), or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the appellant alleges that the omission of the respondent authorities to carry out infrastructure works —road maintenance and construction of a pedestrian bridge— puts people transiting the area at risk.

XII. PARTIAL DISSENTING VOTE BY MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT

While I concur with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the enforcement phase concerning the execution of the pedestrian bridge project on municipal road No. 2-10-625, over the San Rafael River, at the technically appropriate site, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on matters involving highly complex technical aspects. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso-Administrativo) in matters of enforcement (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), I consider that the enforcement phase should be carried out before the Enforcement Division of the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment enforcement rules of that Code.

XIII. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE

The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Regulations on the Electronic Case File in the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE (POR TANTO):

The appeal is partially granted, solely regarding the omission to provide the community of San Rafael de Florencia with a pedestrian bridge on municipal road No. 2-10-625, over the San Rafael River. Juan Diego González Picado, in his capacity as mayor, and Raquel Tatiana Marín Rojas, in her capacity as president of the Municipal Council (Concejo), both of the Municipality of San Carlos, and Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the Comisión Nacional de Emergencias (CNE), are ordered to issue the orders and carry out the respective actions within their respective competencies so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the necessary works are executed to build the pedestrian bridge on municipal road No. 2-10-625, over the San Rafael River. The foregoing, under the warning that, based on the provisions of article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and does not comply with it or does not have it complied with, provided the offense is not more severely punished.

The Municipality of San Carlos and the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be settled in the enforcement of judgment within the contentious-administrative jurisdiction. As for the Consejo Nacional de Vialidad and the rest of the accused points, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Garro Vargas partially dissents regarding the enforcement of the order issued in the operative part of this judgment and, in accordance with article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), orders that it be carried out before the Enforcement Division of the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the enforcement rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to that Division so that the enforcement proceedings for this ruling may commence.- Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE FILE No. 26-009291-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-009291-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA Y EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD.

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 16 de marzo de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de San Carlos, la Comisión Nacional de Emergencias y el Consejo Nacional de Vialidad. Explica, que la comunidad de San Rafael de Florencia ha sufrido abandono en materia de infraestructura pública y atención de emergencias. Precisa que el camino municipal N° 625 lleva más de veinticinco años sin mantenimiento, lo cual obliga a las familias a transitar únicamente a caballo y limita la instalación de servicios básicos. Asegura que desde hace más de cinco años no existe un puente funcional sobre el río San Rafael, situación que ha generado graves riesgos, incluida la muerte de un adulto mayor al intentar cruzar un puente deteriorado en el sector de La Unión de La Palmera. Agrega que incluso una persona adulta mayor de la zona enfrenta dificultades extremas para asistir a citas médicas, debiendo cruzar el río en condiciones peligrosas o ser trasladada en tractor por un trayecto en mal estado.Refiere que todas estas problemáticas fueron comunicadas reiteradamente a la Municipalidad de San Carlos, a la Comisión Nacional de Emergencias y a los consejos de distrito, sin recibir soluciones, pese a que el alcalde y el síndico visitaron la comunidad durante la campaña electoral y observaron personalmente la situación. Señala que, aunque la Comisión Nacional de Emergencias aprobó un proyecto para construir un nuevo puente hace más de dos años, este no avanza por problemas presupuestarios con la empresa contratada, y que incluso los materiales trasladados fueron arrastrados por una crecida y permanecen abandonados desde hace más de un año. Indica que la quebrada que atraviesa el centro del poblado se desborda en época lluviosa debido a alcantarillas de diámetro reducido en un puente privado, provocando inundaciones que han sido igualmente denunciadas sin obtener atención efectiva. Por lo expuesto, solicita la intervención de esta Sala.
  2. 2Por resolución de las 13:11 horas de 23 de marzo de 2026, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia al alcalde, al jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial y al presidente del Concejo, todos de la Municipalidad de San Carlos y, además, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad.
  3. 3Informa Mauricio Sojo Quesada, en su condición de director ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:

“La recurrente, [Nombre 001], vecina de San Rafael de Florencia, en calidad de presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Florencia, presenta recurso de amparo, actuando en representación de las personas vecinas de la comunidad de San Rafael de Florencia, perteneciente al cantón de San Carlos contra la Municipalidad de San Carlos, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La señora [Nombre 001], expone una serie de motivos que fundamentan la interposición del presente recurso de amparo, para cada una de las instituciones anteriormente mencionadas, señalando como fundamento principal, lo siguiente:

“…debido a la omisión en el cumplimiento de sus deberes y la falta de atención oportuna a la problemática que enfrenta nuestra comunidad, situación que afecta directamente los derechos de los habitantes de San Rafael de Florencia”.

ATENCION DEL RECURSO POR EL FONDO La señora [Nombre 001], presenta un recurso de amparo contra la Municipalidad de San Carlos, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), alegando hechos varios, por una aparente omisión en el cumplimiento de los deberes de cada una de estas instituciones, así como una aparente falta de atención oportuna a la presunta problemática que se estaría presentando en diferentes sectores de la comunidad de San Rafael de Florencia.

En acatamiento a lo solicitado por esta Honorable Sala, este Consejo le requirió a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, la emisión de un informe técnico, dentro de las competencias de esa Gerencia que permitiera atender el presente recurso.

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, de este Consejo, emite el documento CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRHN-106-2026, de fecha 25 de marzo del 2026, en el que procede a hacer referencia a cada uno de los puntos alegados por la recurrente.

La recurrente [Nombre 001], en el escrito de interposición del presente recurso de amparo, presenta 21 hechos, los cuales se proceden a responder a continuación:

Primero: Se rechaza, en lo que concierne al presunto abandono del Consejo Nacional de Vialidad. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en el informe técnico CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRHN-106-2026, de fecha 25 de marzo del 2026, señala lo siguiente:

“La Ruta Nacional No. 748, que conecta Platanar con San Francisco de La Palmera y La Marina, es objeto de mantenimiento constante, además, en el caso de la sección de control 20941 a la cual se hace referencia en el escrito de interposición, se encuentra actualmente completamente transitable.” Por lo anteriormente señalado, en cuanto a las competencias del Consejo Nacional de Vialidad, en el informe técnico se consigna que la zona mencionada por la recurrente, que es ruta nacional, es objeto de mantenimiento y actualmente se encuentra transitable.

En cuanto a las acciones realizadas por las otras instituciones, constituidas parte en el presente proceso no podemos hacernos referencia, en cuanto no nos consta el estado de la ruta cantonal, ni las acciones u omisiones de estas instituciones.

En cuanto a los hechos del segundo al decimo sexto: Son alegatos, manifestaciones, acciones u omisiones que no tienen relación con este Consejo, sus funciones o competencias, por la cual no podemos referirnos al respecto.

En relación a los hechos anteriormente mencionados, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en el informe técnico, supra mencionado, se establece lo siguiente:

“… el camino cantonal 625 y el puente asociado a dicha ruta, mencionados por la recurrente como abandonados durante más de 25 años, no se encuentran bajo la jurisdicción administrativa ni técnica del Consejo Nacional de Vialidad. Por consiguiente, este Consejo carece de competencia legal para intervenir en su mantenimiento o reparación, siendo estas responsabilidades exclusivas del gobierno local.” Décimo séptimo: Se rechaza. La recurrente alega que el CONAVI tiene en abandono la Ruta nacional N.º 748, haciendo referencia específicamente a la zona que conecta las comunidades Plantar, San Juan y San Rafael de Florencia con San Francisco de La Palmera, sector que según el informe técnico emitido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, el 25 de marzo, se diferencia como sección de control 20941, adicionalmente, adicionalmente, en el informe se señala que desde el año 2024 hasta el primer trimestre de 2026 se ha ejecutado una inversión total de ₡113,412,388.79 a través de la contratación 2022CD-000145-0006000001.

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, brinda un cuadro detallado de las intervenciones ejecutadas en el periodo del 2024 al 2026, el cual se detalla a continuación:

Tabla N. º1 Detalle de intervención 2024 hasta el primer trimestre de 2026.

Actividades/año 2024 2025 2026 Total general Bacheo de urgencia ₡16 348 909,62 ₡35 076 970,63 ₡10 360 656,09 ₡61 786 536,35 Brigada de limpieza de puentes ₡ 367 853,84 ₡367 853,84 Chapea del derecho de vía ₡1 283 738,38 ₡ 1 243 839,39 ₡548 278,09 ₡3 075 855,76 Concreto hidráulico para estructuras mayores B (17MPa.)

₡ 22 039 782,00 ₡22 039 782,00 Escollera clase Tipo 4 (Suministro acarreo y colocación de roca de río) ₡20 752 650,99 ₡20752 650,99 Excavación para estructuras mayores ₡4 170 309,58 ₡4 170 309,58 Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas ₡88 938,96 ₡88 938,96 Recolección de basura ₡340 441,32 ₡340 441,32 Suministro e instalación de señales verticales (Crevron) ₡693 000,00 ₡693 000,00 Suministro e instalación de señales verticales (vía cerrada adelante) ₡97 020,00 ₡97 020,00 TOTAL GENERAL ₡64 684 329,54 ₡37 819 125,07 ₡10 908 934,18 ₡113 412 388,79 Fuente: Informe Técnico CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRHN-106-2026 de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI.

Se observa que en la Ruta Nacional 748, en el periodo del 2024 al primer trimestre de este año, se han realizado una serie de intervenciones con el objeto de ejecutar el mantenimiento constante de esta Ruta, por lo que, se rechaza lo manifestado por señora [Nombre 001].

Décimo octavo: Se rechaza. La recurrente Muñoz, señala que las intervenciones realizadas por el CONAVI, consisten únicamente en rellenos o bacheos temporales, esta manifestación, primero, carece de criterio técnico y elemento probatorio para demostrar lo manifestado.

Segundo, como se observa en la Tabla N.º1, anteriormente expuesta, esta administración desde el 2024 a la fecha (primer trimestre del presente año) ha realizado constantes acciones con el objeto de mantenimiento de la Ruta Nacional N.º 748, dentro de las acciones ejecutadas se encuentra Bacheo de urgencia, Concreto hidráulico para estructuras mayores clase B (17 MPa), Escollera clase Tipo 4 (Suministro, acarreo y colocación de roca de río), Excavación para estructuras mayores, entre otros actos, por lo que no lleva razón la recurrente, señalar que solo un tipo de acto realizado por esta administración, además, este Consejo, requiere de criterio técnico para decidir el plan y acción a realizar, conforme al principio de legalidad y materia contratación pública.

En cuanto a los hechos décimo noveno y vigésimo: Estos son parcialmente ciertos. Cierto sobre la existencia del "enorme hueco" reportado por la recurrente, en uno de los accesos del puente entre San Francisco de La Palmera y San Rafael, la Administración actualmente tiene el paso habilitado y se cuenta con señalización de seguridad, se rechaza, en cuanto la recurrente alega que es lo único que el CONAVI ha realizado, en cuanto para corregir el deterioro en el acceso del puente entre San Francisco de La Palmera y San Rafael, ya que se han realizado las labores requeridas para elaborar las obras de protección, lo cual requiere su debida tramitación.

La Gerencia de Conservación señala, que, se tienen contempladas para el segundo trimestre de 2026, a través de la contratación 2024CD-000145-0006000001 además, realizar las obras de protección necesarias, lo cual requiere un debido proceso, en acatamiento a la legislación.

Vigésimo primero: Se rechaza parcialmente. Es cierto, en cuanto existe un socavamiento ubicado aproximadamente a un kilómetro antes de llegar al puente, en dirección hacia San Rafael, sin embargo, la Gerencia de Conservación señala que este punto anteriormente había sido intervenido mediante la construcción de un enrocado de protección en la margen izquierda del río, con esta estructura se busca estabilizar la calzada y mitigar el riesgo de nuevos deslizamientos, por lo que se rechaza la existencia grave de deslave, en cuanto esto ya fue abordado por la administración.

Por consiguiente, del recurso interpuesto por la señora [Nombre 001], como se ha expuesto anteriormente, del hecho primero, que guarda relación a la competencia, acciones u omisiones de la Municipalidad de San Carlos y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como de los hechos del segundo al décimo sexto, este Consejo no se hace referencia, en cuanto no son hechos, acciones u omisiones en los que el Consejo Nacional de Vialidad tenga injerencia, competencia o responsabilidad.

En cuanto a lo señalado por la recurrente, en el hecho primero (en relación al CONAVI) y del décimo séptimo al vigésimo primero, en su mayoría son juicio de valor, o una opinión subjetiva a la suposición de la recurrente en relación a las obras realizadas, en cuanto como se indica reiteradamente en el informe técnico, primero, la ruta 625, mencionada en el expediente, al ser una red vial cantonal, la administración, mantenimiento y rehabilitación son competencia exclusiva de la Municipalidad local y no de la Administración Central (MOPT-CONAVI), en cuanto a lo alegado respecto al supuesto abandono de la Ruta Nacional 748, se rechazan tales afirmaciones, ya que, la vía recibe atención constante mediante la contratación 2024CD-000145-0006000001.

Esta ruta a pesar de que se clasifica como ruta terciaria, lo cual es que cuenta con un tránsito promedio diario (TPD) bajo), recibe intervenciones de parte de esta Administración que se ejecutan mediante bacheos de urgencia, labor que según el informe técnico emitido por la Gerencia de Conservación de este Consejo, no es una medida paliativa menor, por el contrario, es una la herramienta técnica vigente la cual pretende garantizar la seguridad de la superficie de ruedo ante la aparición de nuevos deterioros.

En cuanto a la existencia del gran deslave, alegado por la recurrente, este Consejo para salvaguardar la integridad de la infraestructura, ha ejecutado trabajos de protección de la calzada mediante la construcción de un enrocado en el margen izquierdo del río San Rafael, lo cual tiene como objetivo primordial prevenir el socavamiento de la vía ante posibles deslaves y garantizar la continuidad del tránsito seguro en el sector.

En cuanto al deterioro en el acceso del puente entre San Francisco de La Palmera y San Rafael, se tienen contempladas para el segundo trimestre de 2026, a través de la contratación 2024CD-000145-0006000001, queda demostrado que las acciones ejecutadas por esta Administración, para atender, solventar y prevenir lo ocurrido en la Ruta Nacional 748, se evidencia que las intervenciones realizadas por este Consejo responden a una solución técnica integral orientadas a atender el problema y garantizar la continuidad del tránsito seguro en el sector, así dentro del marco de las competencias institucionales, por lo que se rechaza las manifestaciones expuestas por la recurrente.

A modo de conclusión, de conformidad con el informe técnico CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCSV-DRHN-106-2026, emitido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se acredita de manera objetiva que la Ruta Nacional No. 748 ha sido objeto de intervención constante y sistemática por parte de esta Administración, mediante la ejecución de obras de mantenimiento durante los años 2024, 2025 y el primer trimestre del año 2026. En ese periodo se han invertido recursos públicos a través de los procedimientos de contratación administrativa vigentes, ejecutándose labores tales como bacheo de urgencia, colocación de concreto hidráulico para estructuras mayores, construcción de escolleras, excavaciones y demás intervenciones propias del mantenimiento vial. Estas actuaciones evidencian una actividad administrativa continua, lo cual resulta incompatible con la existencia de un abandono, como erróneamente lo plantea la parte recurrente.

Asimismo, debe considerarse que la Ruta Nacional No. 748 se encuentra clasificada como una ruta terciaria, caracterizada por un tránsito promedio diario bajo, lo que determina que el tipo y alcance de las intervenciones respondan a criterios técnicos de priorización de recursos y gestión eficiente de la red vial nacional. En este contexto, el uso de técnicas como el bacheo de urgencia no puede interpretarse como una medida insuficiente o meramente paliativa, sino como una herramienta técnica válida, adecuada y reconocida dentro de la ingeniería vial, orientada a garantizar la transitabilidad y seguridad inmediata de la superficie de ruedo, prevenir deterioros mayores y optimizar el uso de los recursos públicos disponibles. En consecuencia, las actuaciones del Consejo Nacional de Vialidad se ajustan plenamente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen la función administrativa.

En cuanto a la supuesta afectación a derechos fundamentales, del análisis del informe técnico citado se desprende que la ruta en cuestión se encuentra actualmente transitable y que los puntos señalados por la recurrente han sido objeto de intervención y atención por parte de la Administración. En particular, el acceso al puente referido se encuentra habilitado y debidamente señalizado, el fenómeno de socavamiento identificado fue atendido mediante la construcción de un enrocado de protección en la margen correspondiente, y adicionalmente se encuentran programadas nuevas obras dentro del marco de las contrataciones administrativas vigentes para el segundo trimestre del año 2026. Bajo estas condiciones, no es posible afirmar la existencia de una situación de riesgo inminente, actual o grave que comprometa los derechos fundamentales de las personas usuarias de la vía, toda vez que la Administración ha adoptado medidas técnicas idóneas, oportunas y progresivas para mitigar los riesgos y garantizar la continuidad del servicio público.

Por otra parte, en lo que respecta a los hechos relacionados con el camino cantonal 625 y demás infraestructura bajo administración local, debe reiterarse que dichos elementos no forman parte de la red vial nacional y, por ende, no se encuentran dentro del ámbito de competencia legal del Consejo Nacional de Vialidad, correspondiendo su atención de manera exclusiva al gobierno local respectivo. En consecuencia, no resulta jurídicamente procedente imputar a este Consejo una omisión en relación con situaciones sobre las cuales carece de potestad de intervención.

Finalmente, las manifestaciones de la parte recurrente en torno a la supuesta insuficiencia o ineficacia de las intervenciones realizadas carecen de sustento técnico y probatorio, constituyendo apreciaciones subjetivas que no logran desvirtuar la evidencia objetiva contenida en el informe técnico aportado por esta Administración.

En virtud de todo lo expuesto, se concluye que no existe abandono de la infraestructura vial nacional, ni omisión ilegítima por parte del Consejo Nacional de Vialidad, ni tampoco una amenaza real, actual o efectiva a derechos fundamentales, habiendo actuado la Administración dentro del marco de sus competencias, con apego a criterios técnicos y conforme a los principios de razonabilidad y legalidad. En consecuencia, no se configura el presupuesto esencial para la procedencia del recurso de amparo en lo que respecta a este Consejo.

Todo lo anterior, tiene fundamento legal en lo siguiente:

1. Artículos 11 de la Constitución Política 2. Artículo 9 y 34 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

3. Artículo 11 de la Ley General de Administración Pública 4. Artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 7798, Ley de Creación del CONAVI PETITORIA Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, se solicita que en sentencia se declare sin lugar el recurso de amparo, en lo que corresponde contra el Consejo Nacional de Vialidad, por cuanto se ha demostrado que el Consejo Nacional de Vialidad ha realizado las soluciones técnicas oportunas, orientadas a atender el problema y garantizar la continuidad del tránsito seguro en el sector, en cumplimiento de la competencia del CONAVI. Asimismo, tampoco se configura omisión ilegítima ni amenaza real o efectiva a derechos fundamentales atribuible al Consejo Nacional de Vialidad.

En caso que esta Sala considere que existe motivo alguno para condenar a este Consejo, se solicita no nos condene en costas, por cuanto la administración a concretado acciones de ejecución y planificación para desarrollar las gestiones pertinentes para atender el problema y garantizar la continuidad del tránsito seguro en el sector, en cumplimiento de la competencia del CONAVI” (sic).
  1. 4Informan Juan Diego González Picado, en su condición de Alcalde y Raquel Tatiana Marín Rojas, en su condición de Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Carlos, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:

“SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS POR LA RECURRENTE HECHO UNICO. En cuanto a los hechos sobre los cuales argumentan los recurrentes la gestión presentada, el Ingeniero Luis Guzman Pérez, Gestor de Resiliencia Cantonal y Fiscalización, oficio MSCAM-UTGV-0520-2026 Pablo Jiménez Araya, jefe del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, rinde informe y señala lo que a continuación se transcribe:

“I.- CAMINO CANTONAL N.º 2-10-0625 El recurrente indica que el camino 2-10-625 lleva más de 25 años sin mantenimiento.

En la UTGV existe expediente digital desde 2020, en el cual constan, entre otras, las siguientes actuaciones:

2020 25/02/2020: Colocación de 15 m de alcantarilla. Archivo: 1_2-10-0625 01. COLOCACION DE TUBERIA C76 III 42''.23/04/2020–06/05/2020: Construcción de cabezales en La Unión de La Palmera. Archivo:2_ 2-10-0625_RD_LA UNION DE LA PALMERA_CONSTRUCCION DE CABEZALES_(2020).

2021 20/02/2021: Acarreo de 168 m³ de lastre, aplicado entre estaciones 0+000 a 0+900. Archivo: 3_2-10-0625_RD_BACHEO CON LASTRE. PALMERA_(2020). Relación contractual: 2019LA-000027-36 (acarreo de material granular) y su orden de compra correspondiente.

2022 09/08/2022: Desarme de puente peatonal colgante arrastrado por lluvias (evento del 07/08/2022) y recuperación de cable de acero de ¾". Reporte diario correspondiente. Archivo: 4_ 2-10-0625_RD_CUADRILLA MUNI_PUENTE PEATONAL_2022 2023 30/11/2023: Estudios preliminares para construcción de puente peatonal. Archivo: 5_ OC00016456-1-RECEP_OBRAS_SERVICIOS 2024 05/11/2024: Orden de compra CNE Diseño y construcción de puente peatonal sobre río San Rafael en la comunidad de San Rafael de Florencia en camino cantonal. Archivo: 6_ OC-38_2024PX-000280_ALCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA_AFR” 09/12/2024: Orden de inicio Diseño y construcción de puente peatonal sobre río San Rafael en la comunidad de San Rafael de Florencia en camino cantonal. Archivo: 7_1-Orden de Servicio 01 OI San Rafael 2025 22/05/2025: Limpieza mecanizada en ~500 m del camino. Archivo: 8_ 2-10-625_RD_LIMPIEZA_MECANIZADA_22-05-2025.

30/05/2025: Limpieza y conformación en 1,1 km. Archivo: 9_2-10-625_RD_CONFORMACIÓN_30-05-2025.

03–08/11/2025: Rehabilitación de paso de alcantarillas (amarre/acomodo, solaqueo, colado de concreto en bases y delantales aguas arriba/abajo). Archivo: 10_2-10-625_RD-_LA UNION, PALMERA_REHABILITACION DE PASO DE ALCANTARRILLAS_CUADRILLAS_2025.

03–04/11/2025: Acarreo de 13 viajes de lastre para reconformación de relleno en paso de alcantarilla afectado. Archivo: 11_2-10-625_RD_ACARREO_DE_MATERIAL_03,04-11-2025.

08–11/12/2025: Colado de 16 m³ de concreto para losa sobre el alcantarillado colocado. Archivo: 12_2-10-625_RD-_LA UNION, PALMERA_CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO_CUADRILLAS_2025.

De lo anteriormente expuesto se desprende que el camino ha recibido mantenimiento en diversas ocasiones, conforme consta en los registros técnicos disponibles.

Los tramos del camino donde existen viviendas cuentan con acceso, con excepción del sector ubicado en la margen del río, cercano al punto donde actualmente no existe un puente peatonal, lo que genera dificultades de cruce para las personas que habitan en esa zona.

La atención de esta situación se gestiona mediante el proyecto de construcción de un puente peatonal, el cual se encuentra en etapa de diseño y fue adjudicado a la empresa ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A.

II. PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN RAFAEL

La parte recurrente indica que desde hace más de cinco años no existe un puente funcional sobre el río San Rafael, y señala además que la Comisión Nacional de Emergencias aprobó un proyecto para la construcción de un nuevo puente, el cual —según se afirma— no ha avanzado por problemas presupuestarios.

Al respecto, se informa que en el sitio correspondiente al camino cantonal 2-10-0625 existió un puente peatonal, el cual fue arrastrado por una avenida del río asociada a la Tormenta Tropical Bonnie en el año 2022, quedando el sector sin un paso peatonal seguro.

Posteriormente, en el marco del Decreto Ejecutivo N.° 43626, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) asumió la atención de esta situación mediante la contratación del diseño y construcción de un nuevo puente peatonal sobre el río San Rafael.

Como parte de las gestiones previas necesarias para viabilizar dicha contratación, el 12 de diciembre de 2023 la Municipalidad de San Carlos emitió una orden de compra para la realización de estudios preliminares, los cuales sirvieron como insumo técnico para que la CNE pudiera contratar el proyecto denominado:

“(CE)(PROERI) Diseño y Construcción de Puente Peatonal sobre el río San Rafael, en la comunidad de San Rafael de Florencia, camino cantonal 2-10-0625, San Carlos, Alajuela”.

Dicho proyecto fue publicado el 23 de septiembre de 2024, adjudicado el 24 de octubre de 2024 a la empresa ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A., con el numero contratación en SICOP 2024PX-000280-0006500001, se emitió orden de inicio el 9 de diciembre de 2024, mediante la Orden de Servicio 01 OI San Rafael, Archivo: 7_1-Orden de Servicio 01 OI San Rafael La afectación a la conectividad peatonal de la comunidad se atiende, por tanto, mediante el proyecto indicado; sin embargo, su avance ha estado condicionado por diversos factores técnicos y administrativos, los cuales han sido formalmente comunicados y documentados por la Municipalidad de San Carlos, a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante los siguientes oficios, que reflejan el seguimiento continuo del proyecto y las acciones implementadas para procurar su continuidad:

• Oficio MSCAM-UTGV-2074-2025, de fecha 25 de noviembre de 2025: En este oficio se informa el estado general del proyecto, señalando que, pese a haberse emitido la orden de inicio, la etapa de diseño no se encontraba concluida, lo que impedía iniciar la fase constructiva. Se detallan las principales razones técnicas que estaban incidiendo en el atraso. Archivo 13_2074- Situación Actual Proyecto San Rafael • Oficio MSCAM-UTGV-0175-2026, de fecha 9 de enero de 2026: Mediante este documento se amplía la información brindada previamente y se explican en detalle las causas técnicas del atraso, entre ellas los replanteamientos sucesivos de la longitud del puente, los cambios morfológicos del cauce del río, la necesidad de mantener la estructura dentro del área pública, la existencia de interferencias con infraestructura de servicios públicos y la documentación técnica pendiente por parte de la empresa adjudicada.

Archivo 14_0175- Informe de proyecto San Rafael • Oficio MSCAM-UTGV-0038-2026, de fecha 20 de enero de 2026: En este oficio se da aviso oportuno de incumplimientos contractuales por parte de la empresa ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A., relacionados con el plazo de ejecución y las variaciones presupuestarias, dejando constancia de las gestiones realizadas por la Administración para exigir el cumplimiento contractual y resguardar los intereses públicos. Archivo: 15_0038- Observaciones entrega 22 diciembre Puente San Rafael • Oficio MSCAM-UTGV-0249-2026, de fecha 19 de febrero de 2026: Este documento presenta una actualización detallada del estado contractual del proyecto, la evolución de las variaciones presupuestarias, las observaciones técnicas emitidas por la supervisión y la Administración, así como la viabilidad técnica y administrativa para la continuidad del contrato, evidenciando el análisis permanente y el control ejercido sobre el proyecto.

Archivo: 16_0249- Variaciones presupuestarias proyecto San Rafael La situación de riesgo derivada de la falta de un paso peatonal seguro en el sector es comprensible, y se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el paso peatonal en el menor plazo posible. En ese sentido, se informa que el lunes 23 de marzo de 2026 la empresa contratista entregó el diseño del puente, el cual se encuentra actualmente en proceso de revisión y verificación técnica, como paso previo a su aprobación, lo que permitirá avanzar hacia la etapa constructiva del proyecto.

V. INUNDACIONES ASOCIADAS A PUENTE EN PROPIEDAD PRIVADA

Respecto de las inundaciones mencionadas, estas se vinculan a un puente ubicado dentro de una finca privada, el cual no forma parte de la red vial cantonal. Dicha estructura no se encuentra bajo administración ni competencia directa de la UTGV ni de la Municipalidad de San Carlos.

Sin embargo en atención a lo señalado por la parte recurrente respecto de un presunto estrechamiento del cauce y alteraciones en la conducción natural del agua, se informa que, a solicitud del Comité Municipal de Emergencias, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante el oficio DA-UHSAN-0007-2026, (archivo: 17_DA-UHSAN-0007-2026), realizó una inspección técnica en campo el 20 de febrero de 2025, complementada con análisis en gabinete.

Como resultado de dicha evaluación, se dictaminó la existencia de una quebrada permanente denominada “Quebrada Sin Nombre”, afluente del río San Rafael, la cual corresponde a un cuerpo de agua de dominio público, con cauce definido, flujo evidente y medible, sin evidenciar alteraciones antrópicas, estrechamientos artificiales ni modificaciones inducidas del escurrimiento natural del agua.

Adicionalmente, se identificó una depresión natural con presencia de acumulación temporal de agua, la cual no corresponde a un cuerpo de agua del dominio público, asociada a las condiciones topográficas propias del sitio y compatible con la existencia de una zona naturalmente inundable.

Asimismo, se constató la presencia de un muro de protección, el cual no mantiene contacto directo con el cauce de la quebrada y no genera obstrucción hidráulica.

En consecuencia, conforme al criterio técnico emitido por la autoridad competente en materia hídrica, no se determinó la existencia de estrechamientos ilegales ni de intervenciones que alteren de forma artificial la conducción natural del agua en el sitio objeto del reclamo.

VI. SOBRE LOS MATERIALES EN SITIO MENCIONADOS POR LA PARTE RECURRENTE

En relación con los materiales trasladados al sitio por la empresa contratista, no son propiedad del Gobierno Local ni de otra institución pública; no existe aprobación de diseño que habilite su recepción y no se ha efectuado pago por tales materiales. En consecuencia, constituyen bienes de propiedad del contratista, por lo que ni la Municipalidad de San Carlos ni la Comisión Nacional de Emergencias asumen responsabilidad por ellos, sin perjuicio de las obligaciones contractuales que correspondan al propio contratista.

El escrito de la recurrente incorpora alegatos adicionales relativos a CONAVI (Ruta 748) y al dragado del río San Rafael, los cuales no fueron abordados en este informe por no corresponder al ámbito funcional de la UTGV”.

Se evidencia del informe rendido por el Ingeniero Luis Guzman Pérez, que tanto la Municipalidad de San Carlos, a través de su departamento técnico UTGVM, el Concejo Municipal e incluso la misma Comisión Nacional y Municipal de Emergencias, ha realizado todas y cada una de las gestiones que en dicho informe se detallan a efectos de poder brindar una solución a las condiciones que desde tiempos atrás y que a la fecha, imposibilitan la habilitación o construcción de un puesto sobre el Rio San Rafael, siendo conscientes de la necesidad que este representa para los vecinos de la comunidad.

PETITORIA

Con fundamento en la realidad de los hechos y la prueba documental que se aporta al presente proceso, se puede observar que la Municipalidad de San Carlos ha gestionado en tiempo y forma y dentro del ámbito de sus competencias y potestades, todas las gestiones que han estado a su alcance a efectos de procurar una solución para los vecinos de la comunidad afectada por la necesidad de contar con un puente sobre el Rio San Rafael de Florencia, sin que a la fecha se haya lograda por los motivos y hechos expuestos concretar la edificación del mismo, más tal situación no obedece a una inacción o falta de atención o gestión de esta corporación municipal, o sus dependencias, sino a elementos de naturaleza y condiciones del terreno que imposibilitan su intervención, por lo que con todo respeto a su Autoridad esta alcaldia municipal solicita a esa Honorable Sala, declarar sin lugar el presente Recurso de Amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Carlos, sin condenatoria en costas” (sic).
  1. 5Por constancia del 7 de abril de 2026, se consignó que del 23 al 27 de marzo de 2026, no rindió informe el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
  2. 6Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 7 de abril de 2026, informa en forma extemporánea, Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:

“I. HECHOS ESBOZADOS POR LA PARTE RECURRENTE (en resumen); PRIMERO: Manifiesta que la comunidad de San Rafael de Florencia ha sufrido abandono en materia de infraestructura pública y atención de emergencias. Precisa que el camino municipal nro. 625 lleva más de veinticinco años sin mantenimiento, lo cual obliga a las familias a transitar únicamente a caballo y limita la instalación de servicios básicos. Asegura que desde hace más de cinco años no existe un puente funcional sobre el río San Rafael, situación que ha generado graves riesgos, incluida la muerte de un adulto mayor al intentar cruzar un puente deteriorado en el sector de La Unión de La Palmera. Agrega que incluso una persona adulta mayor de la zona enfrenta dificultades extremas para asistir a citas médicas, debiendo cruzar el río en condiciones peligrosas o ser trasladada en tractor por un trayecto en mal estado.

HECHO PRIMERO: Son manifestaciones subjetivas de la recurrente, así como actuaciones del ente Municipal SEGUNDO: Refiere que todas estas problemáticas fueron comunicadas reiteradamente a la Municipalidad de San Carlos, a la Comisión Nacional de Emergencias y a los consejos de distrito, sin recibir soluciones, pese a que el alcalde y el síndico visitaron la comunidad durante la campaña electoral y observaron personalmente la situación.

HECHO SEGUNDO: No consta que se haya comunicado a esta Comisión y no se adjunta prueba de su dicho. En lo demás son actuaciones del ente Municipal.

TERCERO: Señala que, aunque la Comisión Nacional de Emergencias aprobó un proyecto para construir un nuevo puente hace más de dos años, este no avanza por problemas presupuestarios con la empresa contratada, y que incluso los materiales trasladados fueron arrastrados por una crecida y permanecen abandonados desde hace más de un año. Indica que la quebrada que atraviesa el centro del poblado se desborda en época lluviosa debido a alcantarillas de diámetro reducido en un puente privado, provocando inundaciones que han sido igualmente denunciadas sin obtener atención efectiva.

HECHO TERCERO: La preocupación de las familias de San Rafael de Florencia es entendible y legítima. Por eso mismo, el criterio técnico ha sido avanzar con cuidado y asegurar que la solución que finalmente se apruebe sea segura, funcional y acorde con las condiciones actuales del río, evitando que una decisión acelerada termine generando más problemas a futuro. Se adjunta Oficio CNE-UGPR-OF-0882-2026, del 26 de marzo del año 2026.

II. GESTIÓN DEL RIESGO EN COSTA RICA

Según la Ley № 8488, artículo 4 se entiende a la gestión de riesgo como un “proceso mediante el cual se revierten positivamente las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.” En el mismo sentido la gestión del riesgo se define como un “proceso continuo de análisis, planificación de la toma de decisiones y ejecución de acciones para identificar, prevenir y reducir las posibilidades de que un evento potencialmente destructivo (amenaza) cause daño o perturbación grave en la vida de las personas, el tejido socioeconómico, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios, así como establecer las herramientas para responder de forma adecuada, en caso de que de todas formas se materialice un impacto, con el objetivo de permitir una recuperación eficiente, sin reconstruir la vulnerabilidad, después de un desastre”.

La gestión de riesgo presenta ámbitos distintos de intervención: desde lo nacional, regional y sectorial hasta lo local, comunitario y familiar. Además, requiere la existencia y el funcionamiento de sistemas y estructuras organizacionales e institucionales que representan esos ámbitos y que reúnan, bajo modalidades de coordinación establecidas, sus papeles diferenciados acordados, sus instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que participan en la construcción del riesgo y en su reducción, previsión y control, deben ser definidas adecuadamente.

La gestión de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entendido este como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada. Su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo.

De la anterior definición se deduce,

  1. 1Que el riesgo es transversal al quehacer de todas las actividades tanto públicas como privadas,
  2. 2Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense,
  3. 3Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan. De igual forma al elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se deberá considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 8488.

Como puede extraerse de lo hasta aquí expuesto, la Comisión cumple con una función rectora en prevención de riesgos y una función coordinadora cuando de atender emergencias se trate, o, dicho de otra forma, la Comisión por principio de legalidad, le corresponde dirigir, orientar, encaminar la prevención del riesgo en Costa Rica y ser la coordinadora de las instituciones estatales cuando de emergencias se trate.

III. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COSTARRICENSE EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES

La Ley № 8488 también concibe la gestión del riesgo como “…un eje transversal de la labor del Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control” (Artículo № 5, Ley № 8488).

Con base en lo dispuesto en los artículos 3, 8, 25 y 26 de la misma ley, todas las instituciones del Estado, incluyendo principalmente a las Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y, en particular, son los gobiernos locales quienes deben incorporar la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano, considerando en sus programas los conceptos de riesgo y desastre incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Del mismo modo, todas las instituciones públicas deben coordinar con la CNE sus programas y actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Disponiéndose adicionalmente en el artículo 27, la obligación de que, en los presupuestos de cada institución pública, se incluya la asignación de recursos para el control del riesgo de los desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan.

La importancia de la corresponsabilidad y compromiso local de la gestión del riesgo por parte de las municipalidades radica en que las emergencias y posibles desastres se pueden materializar en sus territorios, por lo que su reacción y sobre todo la prevención deben ser propias de su quehacer cotidiano. Aún los desastres “grandes” que afectan el territorio nacional, son en realidad la suma de amenazas y vulnerabilidades que ocurren de manera simultánea, localizada y altamente dinámica, en el territorio municipal, producto de la concatenación de las relaciones físicas, sociales, económicas y políticas.

IV. EMERGENCIAS NO DECLARADAS O DE PRIMER IMPACTO

Cabe indicar que la Ley N°8488 como parte de las competencias extraordinarias faculta a la CNE de atender las emergencias locales y menores mediante la figura de los “Primeros Impactos” dado que el artículo 15 en su párrafo final indica:

“(…) Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de la zona.(El subrayado no es del original) Ahora bien, el párrafo final del artículo 15 se refiere a un servicio humanitario de primer impacto. La Ley utiliza el término “primer impacto” para referirse a la primera fase de atención de una emergencia declarada. En efecto, el artículo 30 de la Ley, que divide dicha atención en la fase de respuesta, de rehabilitación y finalmente de reconstrucción, establece que la fase de respuesta es inmediata a la ocurrencia del suceso.

Fase que incluye medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, propiedad y ambiente. Pero también obras de mitigación dirigidas a proteger a la población, la infraestructura y el ambiente. El artículo 4 define respuesta como las acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia.

En este sentido, sin que medie una declaratoria de emergencia, la Comisión podrá atender las emergencias locales y menores, para lo cual se permite la contratación de un máximo de 300 horas máquina para la limpieza del área afectada. Asimismo, el artículo 30 inciso a) de la misma ley establece que en la Fase de respuesta, la cual es una fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso, se incluyen las medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios mediante acciones de alerta, alarma, evacuación y reubicación, entre otras.

La Procuraduría General de la Republica mediante Dictamen C-030-2016 del 15 de febrero de 2016, respecto a los primeros impactos indicó:

“Como se indicó, la atención de las emergencias locales o menores corresponde a la Comisión. Empero, al estarse ante acciones calificadas de primer impacto, cabe considerar que la Comisión no actúa sola. Entre las instancias de coordinación creadas por el artículo 10 de la Ley, encontramos el Centro de Operaciones de Emergencia, órgano de la Comisión, que reúne las instituciones públicas, gubernamentales o no, “que trabajan en la fase de primera respuesta y rehabilitación a la emergencia”. Es este órgano el que prepara y ejecuta las labores de primera respuesta ante situaciones de emergencia. Tomando en cuenta los órganos de coordinación dispuestos por la Ley, puede afirmarse que la emergencia local o menor involucra a todos los organismos con competencia respecto de los daños provocados. Se debe tomar en cuenta que para la atención de esas emergencias menores, la Ley permite a la Comisión trasladar a comités regionales, municipales y comunales en custodia y administración suministros y equipos de “primera respuesta”, para ser utilizados en la atención de la población afectada, artículo 52. Ergo, los citados comités participan en la atención de las citadas emergencias menores y locales, en su caso, con los bienes trasladados por la CNE”.

V. EMERGENCIAS DECARADAS BAJO DECRETO EJECUTIVO

En lo que respecta al Régimen de Excepción, este surge a partir de una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual es realizada por el Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 29 de la Ley N°8488. La Declaración de Emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden para, para atender a las personas, los bienes y servicios afectados o en peligro (art. 31 Ley N°8488); según sea la necesidad en las distintas etapas de la emergencia según lo establece el artículo 30 de la citada ley.

Para utilizar el régimen de excepción deberá existir INEQUÍVOCAMENTE el nexo de causalidad entre el suceso que provoca el estado de necesidad y urgencia y los daños efectivamente provocados. En este sentido, la Sala Constitucional en el Voto número 3410-92 reiterado en el Voto número 1369-2001 de las catorce horas treinta minutos del catorce de febrero del dos mil uno, indicó:

“se exige la existencia de un nexo de causalidad para la intervención de la CNE entre el evento ocurrido y la inversión que se realiza, debidamente respaldado por un decreto de emergencia dictado por el Poder Ejecutivo y un Plan General de Emergencias, entendido como una definición de funciones y de responsabilidades y procedimientos generales de reacción y de alertas institucionales […]” Una vez declarado un Estado de Emergencia, la atención de la emergencia se ejecuta mediante tres fases según lo estable el artículo 30 de la citada, las cuales consisten en una fase de respuesta dirigida a aplicar medidas urgentes para la vida, la infraestructura de servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales; por otra parte, tenemos la fase de rehabilitación que refiere a la estabilización de la región afectada, mediante acciones orientadas a la rehabilitación temporal de los servicios vitales de agua, transporte, telecomunicaciones, salud, comercio, electricidad, entre otros, y por último tenemos la fase de reconstrucción destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados; incluye la reconstrucción y reposición de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso suelo de la tierra orientada a evitar daños posteriores.

Cuando el Poder Ejecutivo haya emitido el decreto que declara el estado de emergencia, de inmediato la Comisión, por medio de su Dirección Ejecutiva y en consulta con su Presidencia, convocará a las Instituciones que tengan competencia y cualquier otra que considere necesaria por estar dentro del área de afectación de la emergencia, para la elaboración del Plan General de la Emergencia, instrumento que permitirá planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deban realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se requieren.

Con este propósito dentro de un plazo máximo de dos meses, las instituciones convocadas deberán entregar un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse. Debe existir, en forma inequívoca, una relación de causa- efecto en este reporte de daños. Con los reportes presentados y la demás documentación que la Comisión acredite, se elaborará el Plan General de la Emergencia.

El Plan General de la Emergencia es el instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. Consta de una descripción del evento causal, la evaluación de los daños y la estimación de las pérdidas generadas, desglosados por cantón y sector; igualmente, incluye la delimitación de las acciones que debe realizar cada institución, incluso las propias de la Comisión; así como un detalle del monto de la inversión que se requiere hacer en cada una de las fases de la atención de la emergencia, desde la fase de respuesta, hasta la reconstrucción de la zona afectada.

Igualmente deben indicarse las medidas de acción inmediata, las necesidades de recursos humanos y materiales para enfrentar el evento, las medidas de acción mediata, como las referentes a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, la erradicación y la prevención de las situaciones de riesgo que provocaron la situación de emergencia.

Todas las instituciones están obligadas por esta Ley a contribuir en lo necesario, con información y apoyo técnico para la elaboración del Plan General de la Emergencia. La redacción de este Plan como las responsabilidades referidas a la ejecución posterior tendrán prioridad por encima de las labores ordinarias de cada institución particular, en tanto esté vigente el estado de emergencia.

Para ejecutar las acciones, las obras y los contratos, la Comisión nombrará como Unidades Ejecutoras a las instituciones públicas con competencia en el área donde se desarrollen las acciones, siempre que éstas cuenten con una estructura suficiente para atender los compromisos; tanto la Comisión como las unidades ejecutoras quedaran obligadas a la elaboración de los planes de inversión, donde se detallen, en forma pormenorizada, las acciones, las obras y los recursos financieros que emplearán para atender lo que les sea asignado y que deberán ser aprobados por la Junta Directiva de la Comisión.

El nombramiento de Unidades Ejecutoras permite la asignación de recursos de la emergencia lo que implica el uso y manejo de los recursos conforme los procedimientos correspondientes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley dispone que la contratación de los bienes y servicios financiados con recursos del Fondo para la atención de emergencias declaradas se regirá por los principios de la Ley de la Contratación Administrativa, las disposiciones del Reglamento Interno de la Proveeduría institucional y disposiciones específicas que sean emitidas para esa contratación.

La Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica N° 044 - J del 20 de julio del 2012 se refirió al tema señalando:

“(…) Si bien en el Plan General deben constar todas las acciones que se deben realizar para dar respuesta a la emergencia, en sus distintas fases, los organismos que serán responsables de esas acciones y la inversión general que requerirá la emergencia en sus distintas fases, lo cierto es que a partir de que se nombra a un organismo como unidad ejecutor, este deviene obligado a elaborar un plan de inversión, que describa las acciones, las obras y los recursos financieros que empleará para atender las labores que le corresponden. Es decir, un plan de acción de sus obligaciones respecto de la emergencia, tal como esas obligaciones resultan del Plan General. Ese plan de inversión no puede circunscribirse a mencionar los grandes ejes de acción, ya que la ley no solo señala que debe contener una descripción detallada, sino que agrega que esta es pormenorizada; lo que obliga a considerar que las acciones deben ser descritas en sus diversos elementos a efecto de precisar cómo se dará respuestas a las necesidades provocadas. Se deriva de lo anterior que el plan de inversión es consecuencia del Plan General. Por consiguiente, debe contemplar las acciones previstas en el Plan General y guardar el nexo de causalidad correspondiente entre la emergencia y las acciones que se financiarán con ese nuevo plan (…)” (El subrayado no es del original).

VI.POTESTADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIANTE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos.

Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Este deber insoslayable ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la República, entre ellos, el C-093-2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de enero de 2009, el C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del 01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, y varios más en la misma tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en resoluciones como las número 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005-07516, entre muchas otras.

Al respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la República:

"La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo." Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la posición de la Procuraduría General, como la resolución N°128-2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, la N°209-2011, de las 14:30 del 16 de junio del 2011, y la N°124-2011, de las 09:50 minutos del 15 de abril del 2012, entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial.

El Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011 denominado: “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas” que textualmente concluye indicando:

a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país:

i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución Nº 12485-2010 de la Sala Constitucional.

ii. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso.

Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales deberán velar por el acatamiento de estas disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada por las Auditorías Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente.

(…)

d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensoría de los Habitantes.

e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de amenazas naturales del país (disponible en la página Web, www.cne.go.cr) en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. (El subrayado no es del original) En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad, como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.

VII. SOBRE EL CASO EN CONCRETO

De las competencias ordinarias de la CNE, según la Ley N°8488 se encuentra la obligación de; “… Artículo 14.-Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir las siguientes competencias:

  • a)Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, las asignaciones requeridas para la articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de sus componentes e instrumentos. Esta gestión la realizará en consulta permanente con los órganos y entes integrados al proceso.
  • b)Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de educación y divulgación.
  • c)Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra, conforme al artículo 36 de esta Ley.
  • d)Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención de emergencias.
  • e)Ejercer una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país.
  • f)Promover y apoyar estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, así como la elaboración de proyectos que impulsen sistemas físicos, técnicos y educativos orientados a la prevención y mitigación de desastres, y a los preparativos para enfrentarlos.
  • g)Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, mediante el estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y alerta, que permitan prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles sucesos de desastre. Además, en caso necesario, coordinar la vigilancia y el manejo de tales situaciones.
  • h)Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría deberá contribuir a la elaboración de los planes reguladores, la adopción de medidas de control y el fomento de la organización, tendientes a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática.
  • i)Establecer y coordinar una instancia multi-institucional permanente de planificación, coordinación y dirección de las operaciones de emergencia.
  • j)Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que se estimen convenientes.
  • k)Fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales, municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia.

En caso necesario, incluye la participación en acciones de alerta, alarma, movilización y atención de la población.

  • l)Realizar la gestión de la ayuda internacional, de agencias y países, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los programas de prevención y la atención de emergencias.
  • m)Coordinar la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a otras naciones que hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando lo acuerden el Presidente de la Republica y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos, asesoramiento técnico o donaciones de bienes y servicios, según lo permitan las posibilidades del país…” b. Competencias Extraordinarias: Se encuentran establecidas en el artículo 15 de la Ley 8488;1 “Artículo 15.-Competencias extraordinarias de la comisión. Declarado el estado de emergencia establecido en el artículo 29 de esta Ley corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. Para ello, deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes acciones:
  • a)La coordinación, la dirección y el control de la atención de las emergencias declaradas así por el Poder Ejecutivo, se realizarán según las fases definidas en el artículo 30 de esta Ley; para ello la Comisión, por medio de la Dirección Ejecutiva, deberá elaborar el Plan General de la Emergencia, según los términos referidos en el Capítulo VI de esta Ley.
  • b)Debe coordinar la evaluación de los daños, para lo cual las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada del Estado, los Gobiernos Locales y las empresas estatales serán responsables de evaluar los daños y coordinar su realización con la Comisión.
  • c)Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de salvamento de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
  • d)Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el Plan, así como los programas de recuperación física y económica, y darles el seguimiento necesario.
  • e)Nombrar como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo su ámbito de competencia, la ejecución de las obras definidas en el Plan General de la Emergencia y supervisar su realización.
  • f)Contratar al personal especial que requiera por periodos determinados y conforme a la declaración de emergencia Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de trescientas horas máquina para la limpieza y atención prioritaria. Lo dispuesto en el presente párrafo aplica para cada uno de los casos de emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren o la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de una atención extraordinaria.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley para mejorar la atención de daños causados por desastres naturales, N° 9641 del 6 de marzo del 2019)…” El artículo 25 de la ley 8488, indica que es responsabilidad del Estado costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que atienda a reducirlos.

Asimismo, debe tenerse presente el Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011, de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el día miércoles 09 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011, se “Recomienda a los alcaldes y alcaldesas, que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas”.

En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad (…), como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.

En otro orden de ideas, dentro del presupuesto y como parte de las potestades de los gobiernos locales en la prevención del riesgo, tenemos que de conformidad con la ley N° 9907, del veintisiete de octubre del año dos mil veinte, se adicionó a la Ley 8488 el artículo 46 bis, dedicado a la aplicación del tres por ciento que antes debía girarse a la Comisión por parte del régimen municipal.

Es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción.

En otro orden de ideas, mediante Oficio CNE-UGPR-OF-0882-2026, del 26 de marzo del año 2026, la Unidad de Gestión de Procesos de reconstrucción de la CNE, procedió a brindar informe técnico, respecto a lo alegado por el recurrente. En lo que interesa expresa lo siguiente (se respeta redacción y ortografía del original); “… Por este medio le remito un resumen técnico del estado actual del proyecto “Diseño y Construcción de Puente Peatonal sobre el río San Rafael, camino cantonal 2-10-625”, correspondiente a la contratación 2024PX-000280-0006500001, a cargo de la empresa ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A. De acuerdo con la información disponible, el proyecto recibió orden de inicio el 09 de diciembre de 2024. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible pasar a la etapa constructiva, debido a que la fase de diseño todavía no ha sido cerrada ni aprobada en su totalidad.

El atraso no responde a una sola causa. Se ha dado por una combinación de situaciones técnicas que han obligado a revisar varias veces la solución planteada. En los estudios iniciales se contempló un puente de aproximadamente 55 metros, pero una vez iniciado el diseño se determinó que esa longitud no era suficiente para las condiciones reales del cauce y de sus márgenes, por lo que fue necesario ampliarlo primero a 90 metros. Más adelante, luego de nuevos análisis y de los cambios provocados por el evento hidrometeorológico ocurrido en junio de 2025, se concluyó que la longitud necesaria debía incrementarse nuevamente hasta aproximadamente 102 metros. Estos cambios obligaron a actualizar estudios hidrológicos e hidráulicos, realizar nuevos levantamientos topográficos, ajustar el diseño estructural y redefinir la ubicación de anclajes y mástiles.

Durante la revisión técnica también se identificaron condiciones del sitio que debían resolverse antes de pensar en el inicio de obra. Entre ellas, una tubería de agua potable de la ASADA de Boca Arenal, ubicada en el punto previsto para uno de los anclajes principales, así como la necesidad de reubicar infraestructura eléctrica de Coopelesca dentro del área de intervención. Adicionalmente, algunas de las propuestas presentadas por la empresa ubicaban parte de la estructura dentro de propiedades privadas. Por esa razón, que la solución debía mantenerse, en la medida de lo posible, dentro del área pública, con el fin de evitar atrasos mayores y asegurar que el proyecto pueda desarrollarse sobre una base técnica más estable.

Otro aspecto que ha incidido en el avance del proyecto es que, durante la fase de diseño, han quedado pendientes documentos y correcciones técnicas necesarias para aprobar la solución final. Entre ellos se han solicitado memorias de cálculo, planos corregidos, ajustes geométricos y estructurales, definición de sistemas de cimentación, actualización de presupuestos, cronogramas y atención completa de las observaciones emitidas por la supervisión y por las instituciones involucradas. Según los informes revisados, varias entregas han sido parciales o incompletas, y todavía existen observaciones pendientes sobre planos y cálculo estructural. Mientras esas observaciones no estén atendidas de forma integral, no resulta recomendable iniciar obras en el sitio.

En lo presupuestario, el proyecto fue adjudicado originalmente por ₡235.257.392,01, con un plazo de 161 días calendario. A partir de los cambios técnicos surgieron varias propuestas de ajuste, con montos de ₡265.213.981,22, ₡285.446.273,35, ₡458.649.490,39, ₡320.030.754,55, ₡323.807.118,50, ₡394.544.487,13 y ₡373.659.293,26. En esta última propuesta se identificaron dos problemas importantes: uno de los anclajes quedaba sobre el camino existente, afectando el paso por la vía cantonal, y además el monto superaba el 50% sobre el presupuesto original. Por esa razón, esa opción no pudo seguir avanzando en los términos en que fue presentada.

De igual forma, es importante indicar que esta semana fue presentada una nueva propuesta presupuestaria con una variación del 49,99% respecto al monto original. Esa propuesta se encuentra actualmente en revisión por parte de UNOPS, la Municipalidad de San Carlos, la firma supervisora y la CNE, con el fin de validar que la solución cumpla técnicamente con lo requerido en diseño, estructura, condiciones hidráulicas, constructibilidad y ajuste general del proyecto. En este momento, ese análisis se mantiene abierto y todavía no se ha concluido la valoración técnica final.

También es importante señalar que, según los informes disponibles, la Municipalidad, la CNE, UNOPS y la firma supervisora CACISA han mantenido seguimiento continuo al proyecto, precisamente porque se reconoce la necesidad real que existe en la comunidad.

La preocupación de las familias de San Rafael de Florencia es entendible y legítima. Por eso mismo, el criterio técnico ha sido avanzar con cuidado y asegurar que la solución que finalmente se apruebe sea segura, funcional y acorde con las condiciones actuales del río, evitando que una decisión acelerada termine generando más problemas a futuro.

En este momento, el proyecto sigue dependiendo de tres aspectos clave:

1. la aprobación completa del diseño ajustado a la condición real del sitio; 2. la atención total de las observaciones técnicas pendientes por parte de la empresa; y 3. la validación de la nueva propuesta económica que actualmente se encuentra en estudio.

Una vez resueltos estos puntos, se podrá definir con mayor claridad la ruta de continuidad del proyecto…” En conclusión, la CNE, ha realizado una labor proactiva dentro de nuestro marco de legalidad y de acuerdo con los dimensionamientos de la Honorable Sala Constitucional, en cuanto a brindar respuesta pronta y cumplida a los recurrentes y de realizar las recomendaciones dentro del área de nuestras competencias a otras instituciones del Gobierno y de forma directa a la Corporación Municipal. Es decir, no se acredita de ninguna forma violación alguna a las tutelas fundamentales alegadas por el recurrente.

VIII. PRETENSIÓN

ALCANCE. De conformidad a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, con respecto a los criterios técnicos dados por funcionarios especializados de la CNE y de los Comités Asesores Técnicos, se aclara que las recomendaciones de éste informe son de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen (acuerdo 443-2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), además, en dicho acuerdo se establece una serie de pasos apegados a la normativa actual de país, en cuanto a las regulaciones y medidas que deben efectuar los municipios en el ámbito de la Gestión del Riesgo. POR TANTO, habiéndose dado respuesta en plazo de ley, y de conformidad con lo supra indicado, solicitamos se tenga por rendido el presente informe y que se declare el presente Recurso de Amparo sin lugar en cuanto a esta Comisión, siendo que mi representada no ha lesionado ningún derecho constitucional de la recurrente, se archiven los autos y se exima de responsabilidad constitucional a mi representada. Lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

  1. 7Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 12 de mayo de 2026, la recurrente aseguró lo siguiente:

“Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Florencia, con cédula jurídica 3-002-749036 y representada por la Señora [Nombre 001], con cédula [Valor 001] y teléfono [Valor 002]. La presente es para solicitar se nos comunique, si hay avances o informes en cuanto a la resolución del recurso de amparo que la comunidad de San Rafael presentó y cuyo número de expediente es : 26-009291-0007-CO. El pueblo de San Rafael de Florencia, está a la espera de una pronta ejecución de al menos la construcción del puente de hamaca, arreglo al camino municipal 625 y que se intervenga la carretera nacional 748. De antemano agradecemos una pronta respuesta a nuestra solicitud”.

  1. 8En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:

I. OBJETO DEL RECURSO

La recurrente refiere diversas situaciones que no han sido atendidas por las autoridades recurridas en San Rafael de Florencia y que, a su juicio, ponen en riesgo a la comunidad. A continuación, se citan cada una de ellas

  • 1)Que al camino municipal N° 625 no se da mantenimiento, por lo que solo puede transitarse a caballo y la situación obstaculiza que se brinden servicios básicos como alcantarillado y electricidad.
  • 2)Que la comunidad tiene cinco años sin contar con un puente funcional sobre el río San Rafael, por lo que las personas no pueden transitar en forma segura; al respecto, indica que la Comisión Nacional de Emergencias tenía un proyecto de construcción de puente, que no se ha materializado por falta de recursos;
  • 3)Que la quebrada que atraviesa el centro del poblado se desborda en época lluviosa debido a alcantarillas de diámetro reducido en un puente privado, provocando inundaciones. Además, que la concesión de dragado en el río San Rafael ha ocasionado pérdida de árboles y erosión del terreno en fincas cercanas, por lo que es necesaria la construcción de un muro de contención en el margen del río del lado del pueblo y revisión o suspensión de las actividades de dragado.
  • 4)Abandono de la carretera nacional N° 748 que conecta las comunidades de Platanar, San Juan y San Rafael con San Francisco de la Palmera, la cual aparece en registros como asfaltada, aunque nunca ha sido asfaltada.
  • 5)Hace un año la crecida del Río San Rafael provocó daños en el puente ubicado entre San Francisco de la Palmera y San Rafael, dejando un enorme hueco en uno de sus accesos, que pone en riesgo a quienes transitan.
  • 6)Existe un deslave en la carretera, aproximadamente un kilómetro antes de llegar al puente en dirección San Rafael, que es peligroso para los conductores. Explica, que todas las situaciones han sido denunciadas sin obtener atención efectiva.

II. HECHOS PROBADOS

De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

Al camino municipal N° 2-10-625, sí se le realiza mantenimiento. En el año 2020, se le colocó alcantarilla. En el 2021, se le aplicó lastre. En el 2025, en mayo, se realizó limpieza mecanizada y limpieza y conformación del camino; en noviembre, rehabilitación de paso de alcantarillas (amarre/acomodo, solaqueo, colado de concreto en bases y delantales aguas arriba/abajo y, además, acarreo de trece viajes de lastre para reconformación de relleno en paso de alcantarilla afectado, así como, colado de 16 m³ de concreto para losa sobre el alcantarillado colocado. Los tramos del camino donde existen viviendas cuentan con acceso, con excepción del sector ubicado en la margen del río, cercano al punto donde actualmente no existe un puente peatonal, lo que genera dificultades de cruce para las personas que habitan en esa zona. La atención de esta situación se gestiona mediante el proyecto de construcción de un puente peatonal, el cual se encuentra en etapa de diseño y fue adjudicado a la empresa ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A. (véase al respecto el informe rendido por el Alcalde y la Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Carlos).

En el 2022, se realizó un desarme de puente peatonal colgante arrastrado por lluvias en el camino municipal N° 2-10-625 (evento del 07 de agosto de 2022 -Tormenta Tropical Bonnie-) y recuperación de cable de acero de ¾. En el 2023, en noviembre, se realizaron estudios preliminares para construcción de puente peatonal -el 12 de diciembre de 2023 la Municipalidad de San Carlos emitió una orden de compra para la realización de estudios preliminares, los cuales sirvieron como insumo técnico para que la CNE pudiera contratar el proyecto denominado: “(CE)(PROERI) Diseño y Construcción de Puente Peatonal sobre el río San Rafael, en la comunidad de San Rafael de Florencia, camino cantonal 2-10-0625, San Carlos, Alajuela”. En el marco del Decreto Ejecutivo N° 43626, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) asumió la atención de esta situación mediante la contratación del diseño y construcción de un nuevo puente peatonal sobre el río San Rafael.

Dicho proyecto fue publicado el 23 de septiembre de 2024, adjudicado el 24 de octubre de 2024 a la empresa ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A., con el numero contratación en SICOP 2024PX-000280-0006500001, se emitió orden de inicio el 9 de diciembre de 2024. Durante el 2025 y 2026, se amplió la información brindada y se justificó técnicamente el atraso en razones técnicas -replanteamientos sucesivos de la longitud del puente, los cambios morfológicos del cauce del río, la necesidad de mantener la estructura dentro del área pública, la existencia de interferencias con infraestructura de servicios públicos y la documentación técnica pendiente por parte de la empresa adjudicada-. En concreto, la Comisión Nacional de Emergencias, diversas causas técnicas del retraso: 1- En los estudios iniciales se contempló un puente de aproximadamente 55 metros, pero una vez iniciado el diseño se determinó que esa longitud no era suficiente para las condiciones reales del cauce y de sus márgenes, por lo que fue necesario ampliarlo primero a noventa metros.

Más adelante, luego de nuevos análisis y de los cambios provocados por el evento hidrometeorológico ocurrido en junio de 2025, se concluyó que la longitud necesaria debía incrementarse nuevamente hasta aproximadamente ciento dos metros. Estos cambios obligaron a actualizar estudios hidrológicos e hidráulicos, realizar nuevos levantamientos topográficos, ajustar el diseño estructural y redefinir la ubicación de anclajes y mástiles. 2- Durante la revisión técnica también se identificaron condiciones del sitio que debían resolverse antes de pensar en el inicio de obra. Entre ellas, una tubería de agua potable de la ASADA de Boca Arenal, ubicada en el punto previsto para uno de los anclajes principales, así como la necesidad de reubicar infraestructura eléctrica de Coopelesca dentro del área de intervención. Adicionalmente, algunas de las propuestas presentadas por la empresa ubicaban parte de la estructura dentro de propiedades privadas.

Por esa razón, que la solución debía mantenerse, en la medida de lo posible, dentro del área pública, con el fin de evitar atrasos mayores y asegurar que el proyecto pueda desarrollarse sobre una base técnica más estable. 3.- Otro aspecto que ha incidido en el avance del proyecto es que, durante la fase de diseño, han quedado pendientes documentos y correcciones técnicas necesarias para aprobar la solución final. Entre ellos se han solicitado memorias de cálculo, planos corregidos, ajustes geométricos y estructurales, definición de sistemas de cimentación, actualización de presupuestos, cronogramas y atención completa de las observaciones emitidas por la supervisión y por las instituciones involucradas. Según los informes revisados, varias entregas han sido parciales o incompletas, y todavía existen observaciones pendientes sobre planos y cálculo estructural. Mientras esas observaciones no estén atendidas de forma integral, no resulta recomendable iniciar obras en el sitio. 5.- En lo presupuestario, el proyecto fue adjudicado originalmente por ₡235.257.392,01, con un plazo de 161 días calendario.

A partir de los cambios técnicos surgieron varias propuestas de ajuste, con montos de ₡265.213.981,22, ₡285.446.273,35, ₡458.649.490,39, ₡320.030.754,55, ₡323.807.118,50, ₡394.544.487,13 y ₡373.659.293,26. En esta última propuesta se identificaron dos problemas importantes: uno de los anclajes quedaba sobre el camino existente, afectando el paso por la vía cantonal, y además el monto superaba el 50% sobre el presupuesto original. Por esa razón, esa opción no pudo seguir avanzando en los términos en que fue presentada. El 20 de enero de 2026, En este oficio se da aviso de incumplimientos contractuales por parte de la empresa ALCA Ingeniería y Arquitectura S.A., relacionados con el plazo de ejecución y las variaciones presupuestarias, dejando constancia de las gestiones realizadas por la Administración para exigir el cumplimiento contractual y resguardar los intereses públicos. El 19 de febrero de 2026, se presenta una actualización detallada del estado contractual del proyecto, la evolución de las variaciones presupuestarias, las observaciones técnicas emitidas por la supervisión y la Administración, así como la viabilidad técnica y administrativa para la continuidad del contrato, evidenciando el análisis permanente y el control ejercido sobre el proyecto.

El 23 de marzo de 2026 la empresa contratista entregó el diseño del puente, el cual se encuentra actualmente en proceso de revisión y verificación técnica, como paso previo a su aprobación, lo que permitirá avanzar hacia la etapa constructiva del proyecto. Los materiales trasladados al sitio que indica el recurrente son propiedad de la empresa contratista. La nueva propuesta presupuestaria con una variación del 49,99% respecto al monto original. Esa propuesta se encuentra actualmente en revisión por parte de UNOPS, la Municipalidad de San Carlos, la firma supervisora y la CNE, con el fin de validar que la solución cumpla técnicamente con lo requerido en diseño, estructura, condiciones hidráulicas, constructibilidad y ajuste general del proyecto. En este momento, ese análisis se mantiene abierto y todavía no se ha concluido la valoración técnica final. La Municipalidad, la Comisión Nacional de Emergencias, UNOPS y la firma supervisora CACISA han mantenido seguimiento continuo al proyecto, precisamente porque se reconoce la necesidad real que existe en la comunidad.

Los tramos del camino donde existen viviendas cuentan con acceso, con excepción del sector ubicado en la margen del río, cercano al punto donde actualmente no existe un puente peatonal, lo que genera dificultades de cruce para las personas que habitan en esa zona. (véase al respecto el informe rendido por el Alcalde y la Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Carlos).

El 20 de febrero de 2025, se realizó una inspección respecto a denuncias por presunto estrechamiento del cauce y alteraciones en la conducción natural del agua, complementada con análisis en gabinete. Como resultado de dicha evaluación, se dictaminó la existencia de una quebrada permanente denominada “Quebrada Sin Nombre”, afluente del río San Rafael, la cual corresponde a un cuerpo de agua de dominio público, con cauce definido, flujo evidente y medible, sin evidenciar alteraciones antrópicas, estrechamientos artificiales ni modificaciones inducidas del escurrimiento natural del agua. Adicionalmente, se identificó una depresión natural con presencia de acumulación temporal de agua, la cual no corresponde a un cuerpo de agua del dominio público, asociada a las condiciones topográficas propias del sitio y compatible con la existencia de una zona naturalmente inundable. Asimismo, se constató la presencia de un muro de protección, el cual no mantiene contacto directo con el cauce de la quebrada y no genera obstrucción hidráulica.

En consecuencia, conforme al criterio técnico emitido por la autoridad competente en materia hídrica, no se determinó la existencia de estrechamientos ilegales ni de intervenciones que alteren de forma artificial la conducción natural del agua en el sitio objeto del reclamo (véase al respecto el informe rendido por el Alcalde y la Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Carlos).

La Ruta Nacional N° 748, se encuentra clasificada como una ruta terciaria, caracterizada por un tránsito promedio diario bajo, lo que determina que el tipo y alcance de las intervenciones respondan a criterios técnicos de priorización de recursos y gestión eficiente de la red vial nacional. Esa ruta conecta Platanar con San Francisco de La Palmera y La Marina y es objeto de mantenimiento constante por parte del Consejo Nacional de Vialidad, además, en el caso de la sección de control 20941 a la cual se hace referencia en el escrito de interposición, se encuentra actualmente completamente transitable. Dentro de las acciones ejecutadas se encuentra Bacheo de urgencia, Concreto hidráulico para estructuras mayores clase B (17 MPa), Escollera clase Tipo 4 (Suministro, acarreo y colocación de roca de río), Excavación para estructuras mayores, entre otros actos. Desde el año 2024 hasta el primer trimestre de 2026 se ha ejecutado una inversión total de ₡113,412,388.79 a través de la contratación 2022CD-000145-0006000001.

(véase al respecto el informe rendido por el Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad) Existe un daño en uno de los accesos del puente entre San Francisco de La Palmera y San Rafael, la Administración actualmente tiene el paso habilitado y se cuenta con señalización de seguridad. El Consejo Nacional de Vialidad ya ha está llevando a cabo obras de protección, que están en trámite. La Gerencia de Conservación tiene contempladas las obras para el segundo trimestre de 2026, a través de la contratación 2024CD-000145-0006000001 (véase al respecto el informe rendido por el Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad) Existió un socavamiento ubicado aproximadamente a un kilómetro antes de llegar al puente, en dirección hacia San Rafael, sin embargo, la Gerencia de Conservación ya intervino ese punto, mediante la construcción de un enrocado de protección en la margen izquierda del río.

Con esta estructura se busca estabilizar la calzada y mitigar el riesgo de nuevos deslizamientos, por lo que no existe un grave deslave, en los términos indicados por la recurrente (véase al respecto el informe rendido por el Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad).

El 23 de marzo de 2026, la resolución de curso de este proceso se le notificó al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad y al Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (véanse al respecto las actas de notificación agregadas en autos).

El 25 de marzo de 2026, la resolución de curso de este proceso se le notificó al alcalde, al presidente del Concejo y al jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de San Carlos (véanse al respecto las actas de notificación agregadas en autos).

III. HECHO NO PROBADO

De importancia para la resolución del presente recurso se estima como no demostrado el siguiente hecho de relevancia:

ÚNICO. Que exista alguna denuncia pendiente de resolver (los autos).

IV. SOBRE EL FONDO

La recurrente refiere diversas situaciones que no han sido atendidas por las autoridades recurridas en San Rafael de Florencia y que, a su juicio, ponen en riesgo a la comunidad. A continuación, se citan cada una de ellas.

V.En primer lugar, que al camino municipal N° 625 no se da mantenimiento, por lo que solo puede transitarse a caballo y la situación obstaculiza que se brinden servicios básicos como alcantarillado y electricidad. Al respecto, se rechaza bajo juramento tal afirmación por parte de la Municipalidad de San Carlos. Además, se indica que a través de los años se le ha colocado alcantarillas (2020), lastre, limpieza mecanizada y limpieza y conformación del camino (mayo 2025), rehabilitación de paso de alcantarillas (amarre/acomodo, solaqueo, colado de concreto en bases y delantales aguas arriba/abajo (noviembre de 2025) y, además, acarreo de trece viajes de lastre para reconformación de relleno en paso de alcantarilla afectado, así como, colado de 16 m³ de concreto para losa sobre el alcantarillado colocado (noviembre de 2025). En consecuencia, se rechaza que exista la inacción referida por la recurrente en cuanto al mantenimiento de esa ruta municipal.

VI.En segundo lugar, la recurrente refiere que la comunidad tiene cinco años sin contar con un puente funcional sobre el río San Rafael, por lo que las personas no pueden transitar en forma segura; al respecto, indica que la Comisión Nacional de Emergencias tenía un proyecto de construcción de puente, que no se ha materializado por falta de recursos.

Al respecto, informan las autoridades recurridas, que efectivamente luego de que el antiguo puente peatonal sufrió los estragos de la Tormenta Tropical Bonnie en el año 2022, se genera dificultades de cruce para las personas que habitan en esa zona. Esa situación ha sido atendida ya que, en forma coordinada, la Municipalidad de San Carlos y la Comisión Nacional de Emergencias, sin embargo, a la fecha no se ha concretado el inicio de las obras. Al respecto, este Tribunal Constitucional entiende que pueden existir problemas técnicos que retrasan la inversión en obra pública, pero es claro que el tiempo que se han demorado en brindar una solución definitiva a la situación es excesivo. Nótese, que ni siquiera se establece una fecha ni siquiera probable de cuándo finalmente se realizará la construcción de la infraestructura. En consecuencia, únicamente en cuanto a este extremo se refiere, corresponde declarar con lugar el recurso, según se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

VII.En tercer lugar, la recurrente refiere que la quebrada que atraviesa el centro del poblado se desborda en época lluviosa debido a alcantarillas de diámetro reducido en un puente privado, provocando inundaciones. Además, que la concesión de dragado en el río San Rafael ha ocasionado pérdida de árboles y erosión del terreno en fincas cercanas, por lo que es necesaria la construcción de un muro de contención en el margen del río del lado del pueblo y revisión o suspensión de las actividades de dragado. En cuanto a este punto, los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos explicaron que el 20 de febrero de 2025, se realizó una inspección respecto a denuncias por presunto estrechamiento del cauce y alteraciones en la conducción natural del agua, complementada con análisis en gabinete. Como resultado de dicha evaluación, se dictaminó la existencia de una quebrada permanente denominada “Quebrada Sin Nombre”, afluente del río San Rafael, la cual corresponde a un cuerpo de agua de dominio público, con cauce definido, flujo evidente y medible, sin evidenciar alteraciones antrópicas, estrechamientos artificiales ni modificaciones inducidas del escurrimiento natural del agua.

Adicionalmente, se identificó una depresión natural con presencia de acumulación temporal de agua, la cual no corresponde a un cuerpo de agua del dominio público, asociada a las condiciones topográficas propias del sitio y compatible con la existencia de una zona naturalmente inundable. Asimismo, se constató la presencia de un muro de protección, el cual no mantiene contacto directo con el cauce de la quebrada y no genera obstrucción hidráulica. En consecuencia, conforme al criterio técnico emitido por la autoridad competente en materia hídrica, no se determinó la existencia de estrechamientos ilegales ni de intervenciones que alteren de forma artificial la conducción natural del agua en el sitio objeto del reclamo. Así, se rechaza que existan los problemas que explica la recurrente y procede desestimar el recurso, en cuanto a extremo se refiera.

VIII.La recurrente expone el abandono de la carretera nacional N° 748 que conecta las comunidades de Platanar, San Juan y San Rafael con San Francisco de la Palmera, la cual aparece en registros como asfaltada, aunque nunca ha sido asfaltada. En cuanto a esta carretera nacional, el Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad asegura que se encuentra clasificada como una ruta terciaria, caracterizada por un tránsito promedio diario bajo, lo que determina que el tipo y alcance de las intervenciones respondan a criterios técnicos de priorización de recursos y gestión eficiente de la red vial nacional. No obstante, rechaza el abandono expresado por la recurrente. Al respecto, se explica que la ruta sí es objeto de mantenimiento constante por parte del Consejo Nacional de Vialidad, además, en el caso de la sección de control 20941 a la cual se hace referencia en el escrito de interposición, se encuentra actualmente completamente transitable. En concreto, se indica que desde el año 2024 hasta el primer trimestre de 2026 se ha ejecutado una inversión total de ₡113,412,388.79 a través de la contratación 2022CD-000145-0006000001. Así, en cuanto a esta acusación, también se desestima el recurso planteado.

IX.La recurrente expone que hace un año la crecida del Río San Rafael provocó daños en el puente ubicado entre San Francisco de la Palmera y San Rafael, dejando un enorme hueco en uno de sus accesos, que pone en riesgo a quienes transitan. Al respecto, refiere el Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, que efectivamente existió un daño en uno de los accesos del puente entre San Francisco de La Palmera y San Rafael, la Administración actualmente tiene el paso habilitado y se cuenta con señalización de seguridad. Sin embargo, refiere que ese Consejo ya ha está llevando a cabo obras de protección, que están en trámite. La Gerencia de Conservación tiene contempladas las obras para el segundo trimestre de 2026, a través de la contratación 2024CD-000145-0006000001. En consecuencia, es claro que la Administración no ha permanecido inactiva ante la situación ocurrida, sino que resguardó la seguridad de las personas por medio de un paso habilitado y demarcación y, además, ya están contempladas las obras para la atención definitiva del problema para el segundo trimestre de 2026. En consecuencia, también corresponde desestimar el recurso en cuanto a este extremo se refiere.

X.Existe un deslave en la carretera, aproximadamente un kilómetro antes de llegar al puente en dirección San Rafael, que es peligroso para los conductores. En cuanto a este punto, el Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, aseguró que efectivamente existió un socavamiento ubicado aproximadamente a un kilómetro antes de llegar al puente, en dirección hacia San Rafael, sin embargo, la Gerencia de Conservación ya intervino ese punto, mediante la construcción de un enrocado de protección en la margen izquierda del río. Con esta estructura se busca estabilizar la calzada y mitigar el riesgo de nuevos deslizamientos, por lo que no existe un grave deslave, en los términos indicados por la recurrente. Así, al rechazarse bajo juramento lo expuesto por la recurrente, corresponde desestimar el recurso, en cuanto a este extremo se refiere.

XI. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO

En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente aduce que la omisión de las autoridades recurridas de realizar obras de infraestructura -mantenimiento de carreteras y construcción de puente peatonal-, pone en riesgo a las personas que transitan la zona.

XII. VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA

Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución en lo tocante a la ejecución del proyecto del puente peatonal en el camino municipal N° 2-10-625, sobre el Río San Rafael, en el sitio que técnicamente corresponda, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a cuestiones que revisten aspectos técnicos de gran complejidad. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

XIII. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por la omisión en proveer a la comunidad de San Rafael de Florencia de un puente peatonal en el camino municipal N° 2-10-625, sobre el Río San Rafael. Se ordena a Juan Diego González Picado, en su condición de alcalde y a Raquel Tatiana Marín Rojas, en su condición de presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San Carlos y a Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas en el ámbito de su competencias para que, dentro del plazo SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecuten las obras necesarias para construir el puente peatonal en el camino municipal N° 2-10-625, sobre el Río San Rafael. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena a la Municipalidad de San Carlos y a la Comisión Nacional de Emergencias al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Consejo Nacional de Vialidad y el resto de los extremos acusados, se desestima el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto respecto a la ejecución de la orden impartida en la parte dispositiva de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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