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Res. 19550-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2026

Amparo for pediatric ENT waiting list delayAmparo por lista de espera en otorrinolaringología pediátrica

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo petition is granted without condemnation for costs, damages, and compensation, ordering the ENT evaluation appointment for the protected minor to be held on June 2, 2026.Se declara con lugar el recurso de amparo, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, y se ordena realizar la cita de valoración de otorrinolaringología al menor tutelado el 2 de junio de 2026.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo petition filed on behalf of a six-year-old child who had an ENT evaluation appointment at Hospital San Francisco de Asís scheduled for the year 2032. The Court held that such a lengthy waiting period —approximately six years— constitutes a violation of the fundamental right to health, especially given that the child belongs to a particularly vulnerable group requiring timely medical attention to diagnose his condition (tonsil hypertrophy, chronic rhinitis, among others) and prevent greater harm. It was noted that after the amparo was filed, the respondent authorities rescheduled the appointment for June 2026, which was deemed a reasonable timeframe. Nevertheless, the majority of the Court decided not to impose costs, damages, or compensation, while two justices partially dissented, arguing that such condemnation should have been ordered. The ruling also reiterates that the Costa Rican Social Security Fund cannot shift the consequences of its administrative shortcomings onto its insured population, and ordered that the assessment be conducted on the specified date, with coordination to another hospital if necessary.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto a favor de un niño de seis años que tenía programada una cita de valoración en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Asís para el año 2032. El Tribunal determinó que un plazo de espera tan prolongado —aproximadamente seis años— constituye una lesión al derecho fundamental a la salud, especialmente tratándose de una persona menor de edad que pertenece a un grupo especialmente vulnerable y que requiere atención médica oportuna para diagnosticar su condición (hipertrofia de amígdalas, rinitis crónica, entre otros) y evitar un mal mayor. Se acreditó que, tras la interposición del amparo, las autoridades recurridas reprogramaron la cita para junio de 2026, lo cual se consideró un plazo razonable. No obstante, la mayoría del Tribunal decidió no imponer condenatoria en costas, daños y perjuicios, mientras que dos magistrados salvaron parcialmente sus votos por considerar que sí debía condenarse en esos extremos. La sentencia también reitera que la Caja Costarricense de Seguro Social no puede hacer recaer sobre los asegurados las consecuencias de sus deficiencias administrativas, y ordena que se realice la valoración médica en la fecha indicada, coordinando si es necesario con otro centro hospitalario.

Key excerptExtracto clave

IV.- ON THE MERITS. In the case under study, it should be noted that the protected party belongs to a particularly vulnerable group, which enjoys special protection from the State, implying an effective institutional response; and for this reason, the Chamber has emphasized that insured persons are not obliged to bear the negative consequences arising from the administrative problems of the Costa Rican Social Security Fund. In this sense, the waiting time —year 2032— that the respondent authority intended to subject the minor to for their evaluation appointment effectively constitutes an injury to their right to health and could even be harmful to their health, since being at a stage where the human body is still in physical and mental development, the doctor must identify the origin of the ailment, not only evident but potential, in order to provide a diagnosis and the medical treatment to follow, whether to correct it or to avoid a greater evil. Consequently, the appeal must be upheld, since it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively safeguard every person's right to health, which includes —evidently— the obligation to provide, in a timely and diligent manner, the care and medical treatment that its patients need. At the same time, the respondent authority is reminded that when the health of a minor is at stake, it must comply with the provisions of Article 24 of the Convention on the Rights of the Child, wherein paragraph 1 states: 'States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health (...).'IV.- SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, nótese, que el tutelado pertenece a un grupo especialmente vulnerable, que ostenta una especial protección del Estado, lo cual implica, una efectiva respuesta institucional; y por ello, la Sala ha hecho hincapié en el hecho de que las personas aseguradas no se encuentran obligadas a soportar las consecuencias negativas derivadas de los problemas de índole administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social. En ese sentido, el tiempo de espera -año 2032- que pretendía someter la autoridad recurrida a la persona menor de edad para su cita de valoración, efectivamente constituye una lesión a su derecho a la salud y podría ser incluso, perjudicial a su salud, ya que al estar en una etapa donde aún el cuerpo humano se encuentra en desarrollo físico y mental, el médico debe de identificar el origen del padecimiento, no solo evidente sino potencial para brindar un diagnóstico y el tratamiento médico a seguir, sea para corregir el mismo; o bien, evitar un mal mayor. Por consiguiente, el recurso debe estimarse, pues es el deber de la Caja Costarricense de Seguro Social, resguardar de forma efectiva el derecho a la salud de toda persona, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar, de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. A su vez, se le recuerda a la autoridad recurrida que al estar de por medio la salud de una persona menor de edad debe acatar lo dispuesto en el artículo 24, de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde, en el inciso 1, se dispone que: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (…)”.

Pull quotesCitas destacadas

  • "el tiempo de espera -año 2032- que pretendía someter la autoridad recurrida a la persona menor de edad para su cita de valoración, efectivamente constituye una lesión a su derecho a la salud"

    "the waiting time —year 2032— that the respondent authority intended to subject the minor to for their evaluation appointment effectively constitutes an injury to their right to health"

    Considerando IV

  • "el tiempo de espera -año 2032- que pretendía someter la autoridad recurrida a la persona menor de edad para su cita de valoración, efectivamente constituye una lesión a su derecho a la salud"

    Considerando IV

  • "las personas aseguradas no se encuentran obligadas a soportar las consecuencias negativas derivadas de los problemas de índole administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social"

    "insured persons are not obliged to bear the negative consequences arising from the administrative problems of the Costa Rican Social Security Fund"

    Considerando IV

  • "las personas aseguradas no se encuentran obligadas a soportar las consecuencias negativas derivadas de los problemas de índole administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social"

    Considerando IV

  • "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia"

    "Any ruling that upholds the appeal shall abstractly order compensation for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the sentence"

    Artículo 51 Ley de la Jurisdicción Constitucional

  • "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia"

    Artículo 51 Ley de la Jurisdicción Constitucional

  • "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"

    "If, while the amparo is ongoing, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit only for the purposes of indemnification and costs, if applicable"

    Artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional

  • "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"

    Artículo 52 Ley de la Jurisdicción Constitucional

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty in the morning on the twenty-ninth of May, two thousand twenty-six.

Amparo action processed in case file No. 26-016404-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card CED02, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

WHEREAS:

  1. 1Through a brief filed with the Secretariat of the Chamber and added to the case file at 4:19 p.m. on May 8, 2026, the petitioner files an amparo action on behalf of Nombre02 against the Caja Costarricense de Seguro Social. He states that the protected person is a six-year-old minor diagnosed with hypertrophy of the tonsils, chronic rhinitis, other specified disorders of the nose and nasal sinuses, and allergic rhinitis. He explains that, since November 2025, an appointment has been scheduled for September 21, 2032, for the Otorhinolaryngology specialty at Hospital San Francisco de Asís, which he considers an excessive waiting time to receive care. Based on the arguments presented, he believes that the challenged actions are violating fundamental rights. He requests that the action be granted with the legal consequences.
  2. 2By order of the Presidency at 4:57 p.m. on May 19, 2026, the proceeding was admitted.
  3. 3Carlos Antonio Rojas Pérez, in his capacity as acting Director General and acting Head of the Otorhinolaryngology Service of Hospital San Francisco de Asís, reports under oath regarding the alleged facts as follows:

"(…) Upon reviewing the protected person's Electronic Health Record (Expediente Clínico - EDUS), it is evident that the user was assessed at the assigned Basic Comprehensive Health Care Team (EBAIS) on November 13, 2024, at which time the treating physician considered that she should be evaluated by the Otorhinolaryngology specialty at Hospital San Francisco de Asís, therefore proceeding to prepare the respective referral to the specialty (see folios 005 to 007), a document in which no priority level is indicated and non-urgent care (A CUPO) is requested, as indicated in the attached document. Regarding said referral, it is reported that in accordance with institutional provisions, it was duly classified by a specialist in Otorhinolaryngology, who considered, like the treating physician, that the case did not correspond to a priority and requested non-urgent care (A CUPO), so those in charge of granting appointments assigned the first available appointment in the specialty, which is at a relatively long timeframe, taking into account that, since the 2023 period, the center has only had one specialist, a situation which became more complicated since August 2025, when the sole professional ended their appointment, leaving the center without that specialty.

Notwithstanding the foregoing, considering that in March 2026, a new professional joined the hospital and once the situation was known, through the filing of the amparo and in order to guarantee the right to care for the user, an in-person assessment appointment for the protected person in the Otorhinolaryngology specialty has been coordinated, set for June 2, 2026, at 03:00 p.m., according to the attached receipt (see folio 008), that is, within a period of TWELVE DAYS, which is reasonable in accordance with the parameters established by this Constitutional Chamber (…)".

  1. 4In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

WHEREAS:

I. PURPOSE OF THE ACTION

The petitioner states that the protected person is six years old and has the diagnosis of "hypertrophy of the tonsils, chronic rhinitis, other specified disorders of the nose and nasal sinuses, allergic rhinitis," for which reason Hospital San Francisco de Asís scheduled an appointment in the Otorhinolaryngology Service for September 21, 2032; a timeframe he considers disproportionate.

II. PROVEN FACTS

Of importance for the resolution of the present action, the following relevant facts are deemed duly proven:

  • a)The protected person is a minor under six years of age (in this regard, see the public consultation on the website of the Tribunal Supremo de Elecciones).
  • b)The Otorhinolaryngology Service of Hospital San Francisco de Asís scheduled an appointment for the protected person for September 21, 2032 (in this regard, see the report rendered under oath and the attached evidence).
  • c)The order issued at 4:57 p.m. on May 19, 2026, which admitted the proceeding, was notified to the respondent authorities on May 21, 2026 (in this regard, see the notification records).
  • d)On the occasion of the filing of the action, the respondent authorities advanced the protected person's appointment in the Otorhinolaryngology specialty to June 2, 2026 (in this regard, see the report rendered under oath and the attached evidence).

III. REGARDING THE RIGHT TO HEALTH

This Court has recognized the full validity of the right to health, which stems from the right to life enshrined in Article 21 of the Political Constitution, which is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Thus, it has recognized that life is inconceivable if an adequate and harmonious physical, psychological, and environmental balance is not guaranteed to individuals. In this way, delay or inaction in medical care by health centers can have a negative impact on the health and life of individuals. Likewise, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. Therefore, the State and its institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and sanitary police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all persons.

IV. ON THE MERITS

In the case under study, it should be noted that the protected person belongs to a particularly vulnerable group, which holds special protection from the State, which implies an effective institutional response; and for this reason, the Chamber has emphasized that insured persons are not obligated to bear the negative consequences derived from the administrative problems of the Caja Costarricense de Seguro Social. In this regard, the waiting time—year 2032—that the respondent authority intended to subject the minor to for her assessment appointment effectively constitutes a violation of her right to health and could even be detrimental to her health, since being in a stage where the human body is still undergoing physical and mental development, the physician must identify the origin of the ailment, not only evident but also potential, to provide a diagnosis and the medical treatment to follow, whether to correct it or to prevent a greater harm.

Consequently, the action must be granted, as it is the duty of the Caja Costarricense de Seguro Social to effectively safeguard the right to health of every person, which includes—evidently—the obligation to provide, in a timely and diligent manner, the care and medical treatment that its patients need. In turn, the respondent authority is reminded that, with the health of a minor at stake, it must comply with the provisions of Article 24 of the Convention on the Rights of the Child, where subsection 1 states that: "States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and the rehabilitation of health (…)".

Consequently, the accused violation of the protected minor's right to health is accredited; however, given that, on the occasion of the intervention of this Constitutional Court, the authorities will evaluate her on June 2, 2026, and given that said timeframe is reasonable, the appropriate course is to grant the action according to the considerations stated below.

V. REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION

Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the present case (sub examine), in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable"), the granting must be without a specific award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the action is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine refers to the granting being "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." It is emphasized that the Law states "if applicable" (si fueren procedentes), which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.

In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or disruptions are not directly related to an impact on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to wages). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states that: "any resolution that upholds the action shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence," where there is no provision for assessing whether compensation and costs are applicable or not. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, where appropriate, those of International or Community Law, and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Administrative Litigation Procedure Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction—cf.

Article 14. For the administrative litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the present matter (sub lite) preserves the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without an award of costs, damages, and losses.

VI. NOTE BY JUDGE RUEDA LEAL

The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, the waiting lists at the Caja Costarricense de Seguro Social, are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as the statistics of this Court show.

Number of health case files filed with the Constitutional Chamber:

YEAR QUANTITY IN HEALTH 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Court's caseload.

Of those matters, a good number correspond to waiting lists. Regarding the foregoing, this Court, in judgment No. 2019-005560 at 9:30 a.m. on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, due to the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of such ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in case file No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: lack of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the shortage of specialist physicians, equipment needs and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism from appointments in various medical centers of the respondent institution, among others.

In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting times must be defined by pathology or related groups of diagnosis according to symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous persons, persons in conditions of poverty, mothers, children, and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, with the vote in question, it is intended that the Caja Costarricense de Seguro Social—within the framework of its constitutional and legal powers—take the required measures to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.

In addition to this, in order to follow up on compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber called an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to contribute to the follow-up on the execution of such resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense de Seguro Social to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this problem comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.

VII.PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I depart from the majority criterion in that it exempts the respondent party from paying the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." On the other hand, Article 51 of the same law establishes that:

"...any resolution that upholds the action shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence." This latter rule establishes the general system regulating the matter of compensation and the payment of costs, what the majority calls the "natural or normal way of concluding the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…".

In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the cases where the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right and, therefore, grants the action, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the referred Article 52—by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the violator of compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction.

Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceeding, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), in all of these scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the violator, the basis of which lies in the principles of protection of individual rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.

Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary award in those respects contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the protected party's fundamental rights by virtue of the restoration, agreed in their favor by the Administration, of the enjoyment of those rights; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator established and precisely defined the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo be in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights.

Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, despite the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly evident that no compensable harm was caused in the specific case. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—the granting of this action must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it is worth noting that the very dynamic and essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the system of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis conducted by this venue concentrates on said verification, however, it does not delve into the weighing of whether these matters have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said award (in damages, losses, and costs) operates, if applicable (si fueren procedentes), we, the undersigned, do not consider that said examination of pertinence can be automatically excluded a priori in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable.

By way of reference, numerals 179 to 184 of the Administrative Litigation Procedure Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards made in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, the object of that proceeding is as follows:

"ARTICLE 179.- The Administrative Litigation Court is responsible for the execution of sentences issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensation." It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract for those items, as such claims would not be applicable within that type of case when the sentence issued within the amparo proceeding expressly establishes the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this matter. That is, the special proceeding in the administrative litigation venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber.

In that order, in my judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the waiver of that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations based on which the inexistence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is validly estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation by the respondent entity's own cause or that of another, the accused negligence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an award in the abstract that later constitutes a basis for analysis in the Administrative Litigation Jurisdiction.

The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, that is not its object or primary ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages, since what is sought is the safeguarding of their fundamental rights. Later, whether those administrative conducts have caused them injuries is a point that, by principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of case. It should be noted that, in the scenario regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct an analysis on the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no analysis of whether there is an infraction or not, therefore, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation.

Thus, the waiver of award referred to in that rule is of an exceptional, not a general, nature. Therefore, in those scenarios, the rule imposes the award in the abstract, so that its applicability can be analyzed in another plenary proceeding. Otherwise, if this waiver of damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the individual.

That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is reiterated, if the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was caused to cease due to the causes mentioned in the rule under examination generated damages and losses, this is a matter that, except for evidence to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a premise, by the mere realization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority's position, I cast my vote and reiterate that the granting of this action must necessarily entail the award in the abstract of costs, damages, and losses.

VIII. DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS SENTENCE

Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable." My interpretation of that rule is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" (si fueren procedentes) refers to the costs. Moreover, Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: "Any ruling that grants the remedy shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and shall reserve the determination of the amount for the enforcement of the judgment." If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, an abstract condemnation to pay them is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that damages and losses did in fact occur, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if there is an abstract condemnation, should damages and losses not have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since it falls exclusively to that judge to deem the actual existence and the magnitude of damages and losses as proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo remedy. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may order the payment of costs, even when the right has been restored.

Based on the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs.

IX. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are warned that, if any documents were submitted in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The remedy is granted, without special order as to costs, damages, and losses. Carlos Antonio Rojas Pérez, in his capacity as acting Director General and acting Head of the Servicio de Otorrinolaringología of the Hospital San Francisco de Asís, or whoever occupies that position in his stead, is ordered to arrange everything necessary within the scope of his authority, so that, on the indicated date, namely, JUNE 2, 2026, an evaluation appointment is made for the protected person Nombre02, identity card CED02, as was indicated under oath, and the treatment to follow is determined. Furthermore, if necessary, his medical care must be coordinated with another hospital center that has available space. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished.

Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses, but not for costs.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE FILE No. 26-016404-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26- 016404-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 16:19 horas del 08 de mayo de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo a favor de Nombre02, contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que, el amparado es una persona menor de edad de seis años y con diagnóstico de hipertrofia de las amígdalas, rinitis crónica, trastornos especificados de la nariz y de los senos paranasales, rinitis alérgica. Explica que, desde noviembre de 2025, tiene programada una cita para el 21 de setiembre de 2032 para la especialidad de Otorrinolaringología en el Hospital San Francisco de Asís, lo que, estima es un tiempo de espera excesivo para ser atendido. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
  2. 2Por resolución de Presidencia de las 16:57 horas del 19 de mayo de 2026, se le dio curso al proceso.
  3. 3Informa bajo juramento Carlos Antonio Rojas Pérez, en su condición de Director General a.i. y Jefe del Servicio de Otorrinolaringología a.i. del Hospital San Francisco de Asís, en cuanto a los hechos alegados, lo siguiente:

“(…) Revisado el Expediente Clínico (EDUS) de Amparado, se logra evidenciar que el usuario fue valorado en el EBAIS de adscripción en fecha 13 de noviembre de 2024, momento en el cual el médico tratante considera que debe ser valorada por la especialidad de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Asís, por lo que procede a confeccionar la respectiva referencia a la especialidad (ver folios 005 a 007), documento en el cual no se indica ningún grado de prioridad y se solicita una atención A CUPO, tal y como lo indica el documento adjunto. Con relación a la citada referencia, se informa que de acuerdo con las disposiciones institucionales, fue debidamente clasificada por un especialista en Otorrinolaringología, quien consideró al igual que el médico tratante, que el caso no correspondía a una prioridad y solicita una atención A CUPO, por lo que los encargados del otorgamiento de citas, le asignan el primer cupo disponible en la especialidad el cual se encuentra a un plazo relativamente prolongado, lo anterior tomando en cuenta que, desde el período 2023 el centro solo ha contado con un solo especialista, situación que se complicó desde el mes de agosto de 2025, momento en el cual el único profesional finaliza su nombramiento, quedando el centro sin esa especialidad.

No obstante, a lo anterior, considerando que en el mes de marzo de 2026, se ha incorporado un nuevo profesional al centro hospitalario y una vez conocida la situación, mediante la interposición del amparo y con el fin de garantizar el derecho a la atención de la usuaria, se ha coordinado el otorgamiento de una cita para la valoración presencial de la amparada en la especialidad de Otorrinolaringología, quedando la misma definida para el día 2 de junio de 2026 a las 03:00 p.m., según comprobante adjunto (ver folio 008), es decir en un plazo de DOCE DIAS , lo cual resulta razonable acorde con los parámetros establecidos por esa Sala Constitucional (…)”.

  1. 4En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I. OBJETO DEL RECURSO

El recurrente manifiesta que, el amparado tiene seis años y que cuenta con el diagnosticó “hipertrofia de las amígdalas, rinitis crónica, trastornos especificados de la nariz y de los senos paranasales, rinitis alérgica”, motivo por el cual, el Hospital San Francisco de Asís programó una cita a su favor en el Servicio de Otorrinolaringología para el 21 de setiembre de 2032; plazo que estima desproporcionado.

II. HECHOS PROBADOS

De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

  • a)El amparado es una persona menor de seis años de edad (véase al respecto la consulta pública en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones).
  • b)El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Asís, programó a favor del amparado una cita para el 21 de setiembre de 2032 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y la prueba adjunta).
  • c)La resolución de las 16:57 horas del 19 de mayo de 2026, que dio curso al proceso, le fue notificada a las autoridades recurridas el 21 de mayo de 2026 (véase al respecto las actas de notificación).
  • d)Con ocasión a la interposición del recurso, las autoridades recurridas adelantaron la cita del tutelado en la especialidad de Otorrinolaringología, para el día 2 de junio de 2026 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y la prueba adjunta).

III. SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención médica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.

IV. SOBRE EL FONDO

En el caso bajo estudio, nótese, que el tutelado pertenece a un grupo especialmente vulnerable, que ostenta una especial protección del Estado, lo cual implica, una efectiva respuesta institucional; y por ello, la Sala ha hecho hincapié en el hecho de que las personas aseguradas no se encuentran obligadas a soportar las consecuencias negativas derivadas de los problemas de índole administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social. En ese sentido, el tiempo de espera -año 2032- que pretendía someter la autoridad recurrida a la persona menor de edad para su cita de valoración, efectivamente constituye una lesión a su derecho a la salud y podría ser incluso, perjudicial a su salud, ya que al estar en una etapa donde aún el cuerpo humano se encuentra en desarrollo físico y mental, el médico debe de identificar el origen del padecimiento, no solo evidente sino potencial para brindar un diagnóstico y el tratamiento médico a seguir, sea para corregir el mismo; o bien, evitar un mal mayor.

Por consiguiente, el recurso debe estimarse, pues es el deber de la Caja Costarricense de Seguro Social, resguardar de forma efectiva el derecho a la salud de toda persona, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar, de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. A su vez, se le recuerda a la autoridad recurrida que al estar de por medio la salud de una persona menor de edad debe acatar lo dispuesto en el artículo 24, de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde, en el inciso 1, se dispone que: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (…)”.

En consecuencia, se acredita la acusada violación del derecho a la salud de la menor amparada; no obstante, dado que, con ocasión a la intervención de este Tribunal Constitucional, las autoridades lo valorarán el 02 de junio de 2026 y, en vista que dicho plazo resulta razonable, lo correspondiente es estimar el recurso según las consideraciones que se dirán a continuación.

V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.

Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI. NOTA DEL MAGISTRADOS RUEDA LEAL

El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.

En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.

Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

VII.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.

Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.

A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.

Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.

Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.

Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.

Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VIII. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA

Dice el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

IX. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se le ordena a Carlos Antonio Rojas Pérez, en su condición de Director General a.i. y Jefe del Servicio de Otorrinolaringología a.i. del Hospital San Francisco de Asís, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que disponga de todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias, para que, en la fecha indicada, a saber, el 02 DE JUNIO DE 2026, se le realice cita de valoración al tutelado Nombre02, cédula de identidad CED02, tal como se indicó bajo juramento y se determine el tratamiento a seguir. Además, de ser necesario, deberá coordinarse su atención médica con otro centro hospitalario que tenga disponibilidad de espacios. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad a lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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