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Res. 19459-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2026

Amparo for uterine myomatosis surgeryAmparo por cirugía de miomatosis uterina

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The surgery must be performed on the protected person within three months, provided there is no medical impediment.Se ordena realizar la cirugía a la amparada en un plazo de tres meses, siempre que no exista impedimento médico.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo action filed by a patient diagnosed with large uterine myomatosis, who was placed on a surgical waiting list at the Dr. Adolfo Carit Eva Hospital without being assigned a surgery date. The Chamber deemed the facts as true because the respondent authorities failed to submit the required report. It held that the indefinite waiting period for the surgical intervention violated the fundamental right to health, protected under Article 21 of the Constitution and Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The Chamber ordered that the surgery be performed within three months. Separate notes from judges highlighted the persistent structural problem of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund and the need for a comprehensive solution beyond individual rulings.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por una paciente diagnosticada con miomatosis uterina de gran tamaño, quien fue incluida en lista de espera quirúrgica en el Hospital Dr. Adolfo Carit Eva sin que se le asignara una fecha para la cirugía. La Sala tuvo por ciertos los hechos debido a que las autoridades recurridas no rindieron el informe solicitado. Consideró que la indeterminación del plazo para la intervención quirúrgica vulneraba el derecho fundamental a la salud, protegido por el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ordenó que en un plazo de tres meses se realizara la cirugía a la amparada. Además, se incluyeron notas separadas de magistrados que resaltaron la persistencia del problema estructural de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social y la necesidad de una solución integral, no solo mediante sentencias individuales.

Key excerptExtracto clave

Indeed, the absence of timely scheduling for the indicated surgical procedure places the protected party in a situation of prolonged uncertainty that compromises not only the adequate care of her condition, but also her quality of life and her right to receive dignified, timely, and effective medical attention. In the view of this Court, such a situation is incompatible with the effective protection of the fundamental right to health. Consequently, this Chamber finds that the amparo must be granted, since it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively guarantee the right to health of all users, which includes the obligation to provide timely and diligent medical care and treatment to those who require it. […] the order set forth in the operative part of this ruling, to the effect that she must undergo surgery within the timeline established in the 'therefore' section, shall apply provided that it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or they would suffer serious harm to their health.En efecto, la ausencia de una programación oportuna para la realización del procedimiento quirúrgico indicado, coloca a la tutelada en una situación de incertidumbre prolongada que compromete no solo la adecuada atención de su padecimiento, sino también su calidad de vida y su derecho a recibir una atención médica digna, oportuna y eficaz. A juicio de este Tribunal, tal situación resulta incompatible con la protección efectiva del derecho fundamental a la salud. En consecuencia, estima esta Sala que el recurso debe acogerse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de todas las personas usuarias, lo que incluye, la obligación de brindar atención y tratamiento médico oportunos y diligentes a quienes los requieren. […] la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la ausencia de una programación oportuna para la realización del procedimiento quirúrgico indicado, coloca a la tutelada en una situación de incertidumbre prolongada que compromete no solo la adecuada atención de su padecimiento, sino también su calidad de vida y su derecho a recibir una atención médica digna, oportuna y eficaz."

    "the absence of timely scheduling for the indicated surgical procedure places the protected party in a situation of prolonged uncertainty that compromises not only the adequate care of her condition, but also her quality of life and her right to receive dignified, timely, and effective medical attention."

    Considerando VI

  • "la ausencia de una programación oportuna para la realización del procedimiento quirúrgico indicado, coloca a la tutelada en una situación de incertidumbre prolongada que compromete no solo la adecuada atención de su padecimiento, sino también su calidad de vida y su derecho a recibir una atención médica digna, oportuna y eficaz."

    Considerando VI

  • "es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de todas las personas usuarias, lo que incluye, la obligación de brindar atención y tratamiento médico oportunos y diligentes a quienes los requieren."

    "it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively guarantee the right to health of all users, which includes the obligation to provide timely and diligent medical care and treatment to those who require it."

    Considerando VI

  • "es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de todas las personas usuarias, lo que incluye, la obligación de brindar atención y tratamiento médico oportunos y diligentes a quienes los requieren."

    Considerando VI

  • "la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud"

    "the order set forth in the operative part of this ruling, to the effect that she must undergo surgery within the timeline established in the 'therefore' section, shall apply provided that it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or they would suffer serious harm to their health."

    Nota del Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Garro Vargas

  • "la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud"

    Nota del Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Garro Vargas

  • "desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal."

    "since 2012 to date there has been a constant increase in cases filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these cases during 2025 stands out, when this matter reached 43.21% of the Chamber’s docket."

    Nota del Magistrado Rueda Leal

  • "desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal."

    Nota del Magistrado Rueda Leal

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Review of the Document CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-ninth of May of two thousand twenty-six.

Amparo remedy processed in expediente No. 26-015582-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).

Considering:

  1. 1By writing filed with the Secretariat of the Chamber and added to the expediente at 21:19 hours on May 21, 2026, the petitioner files an amparo remedy against the Costa Rican Social Security Fund. She states, in summary, that she was diagnosed on January 31, 2026, with a myoma measuring 212 x 141 mm, located in her uterus, for which she was urgently referred by a private physician to the Adolfo Carit Eva Hospital. She adds that, on February 2, 2024 (sic), she appeared at the emergency service of the respondent medical center, where she was referred to the Day Hospital (Hospital de Día) program, which handles cases of extreme urgency. She notes that, on February 3, 2026, they performed the necessary preoperative medical examinations, assigning her a medical appointment for February 4, 2026, at which time she was discharged, as she was placed on a waiting list for surgery and was given a three-day disability leave.She claims that, on April 22, 2026, upon experiencing pains similar to childbirth and heavy bleeding, she went to the respondent health center, where she was given a three-day disability leave; they performed studies, provided her with medication, and told her she had to continue waiting for her surgery. She argues that, on May 1, 2026, the medication did not have the expected effects, and she continued with heavy bleeding that caused generalized fatigue, affecting her work and family performance, forcing her to purchase medications privately. She points out that, having no news regarding her surgery as of April 25, 2026, she requested information about a possible date for her procedure, without having received a response as of the filing date of this matter. Following this, she considers her fundamental rights to be violated. She requests that the remedy be granted and that an early date be assigned for the surgery of her interest.
  2. 2By resolution at 11:02 hours on May 15, 2026, this remedy was processed, and a hearing was granted to the director general, the head of surgery, and the head of gynecology, all of the Dr. Adolfo Carit Eva Hospital, regarding the facts alleged by the petitioner.
  3. 3Judicial Technician 3 a.i. and the secretary, both of the Constitutional Chamber, certify that, after reviewing the Costa Rican Judicial Case Management System (Sistema Costarricense de Gestión de Despachos judiciales) at 10:28 hours on May 27, 2026, the control of documents received and this Expediente, it did not appear that from May 15 to 21, 2026, the Director General, the Head of Surgery, and the Head of Gynecology, all of the Dr. Adolfo Carit Eva Hospital, had submitted any writing or document in order to render the report requested of them.
  4. 4The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.Object of the remedy. The petitioner states that, on January 31, 2026, she was urgently referred to the respondent Hospital for a large uterine myoma, and after assessment, she was classified in the "Day Hospital" (Hospital de Día) program (extreme urgency) and preoperative examinations were performed, and on February 4, 2026, she was placed on the surgical waiting list. She considers that the waiting period for the surgery violates the right to health.

II.Preliminary matter. According to the certification added to the expediente, the director general, the head of surgery, and the head of gynecology, all of the Dr. Adolfo Carit Eva Hospital, did not present, within the period established in the resolution at 11:02 hours on May 15, 2026, any writing or document to render the report requested of them. In accordance with the provisions of Article 45 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), if the report requested from the respondent party is not rendered within the period granted for such purpose, as occurred in the present case, the facts shall be taken as true, and the amparo shall be resolved without further proceedings. However, such a situation is not sufficient cause for the automatic granting of the remedy, as it is necessary to examine the admissibility of the remedy based on the allegations made and other evidentiary elements brought to the case file.

III.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)The protected party is forty-seven years of age (inquiry made on the digital page of the Civil Registry).
  • b)On January 31, 2026, the protected party was referred to the Gynecology Service of the respondent Hospital for surgical assessment under the diagnosis of myomatosis (see copy of the referral).
  • c)On February 4, 2026, the patient was placed on the surgical waiting list (uncontested fact).

IV. Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven

Sole. That prior to the filing of the present remedy, the respondent authority communicated a date to the user for the prescribed surgical procedure.

V.On the right to health. This Court has recognized the full force of the right to health, which derives from the right to life contemplated in Article 21 of the Political Constitution, which is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Thus, it has recognized that life is inconceivable if an adequate and harmonious physical, psychological, and environmental balance is not guaranteed to individuals. In this way, delay or inaction in medical care by health centers can negatively impact the health and life of individuals. Likewise, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, for which the State and its institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and sanitary police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all persons.

VI.On the merits. In the case under study, and given that the respondent authorities did not render the pertinent report, based on Article 45 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is taken as true that on February 4, 2026, following the corresponding medical assessment, the petitioner was placed on the waiting list for the gynecology specialty of the respondent Hospital for the performance of the surgical procedure prescribed by the specialist physician as treatment for her condition. Furthermore, it was verified that no certain date has yet been scheduled for the execution of said surgery, a circumstance that keeps her subject to an indefinite period to receive the required treatment.

Indeed, the absence of timely scheduling for the indicated surgical procedure places the protected party in a situation of prolonged uncertainty that compromises not only the adequate care of her ailment but also her quality of life and her right to receive dignified, timely, and effective medical care. In the judgment of this Court, such a situation is incompatible with the effective protection of the fundamental right to health.

Consequently, this Chamber finds that the remedy must be granted, as it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) to effectively guarantee the right to health of all users, which includes the obligation to provide timely and diligent medical attention and treatment to those who require it.

Therefore, having verified the violation of the protected party's fundamental right to health, the intervention of this Chamber is appropriate, and consequently, the remedy should be granted in the terms specified in the operative part of this judgment.

VII. NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ AND MAGISTRATE GARRO VARGAS, WITH DRAFTING BY THE FORMER

Although in this case we concur with our vote to grant the amparo remedy due to the delay in performing the surgery required by the protected party, the order issued in the operative part of this ruling, in the sense that she undergo the procedure within the period established in the "Therefore" section, shall apply provided it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or serious harm would be caused to their health.

VIII. NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL

The issue of amparo remedies related to the right to health and, above all, that of waiting lists at the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has had an exponential increase, as the statistics of this Court show.

Number of health expedientes filed with the Constitutional Chamber:

AÑOCANTIDAD EN SALUD
20121745
20131891
20142710
20153725
20164865
20175682
20186932
20197623
20205912
20217796
20228310
202312845
202415300
202517252

From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date, there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these matters during 2025 stands out, when this subject matter reached 43.21% of the Court's circulating caseload.

Of those matters, a good number corresponds to waiting lists. In relation to the foregoing, this Court, in judgment No. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of that pronouncement, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in expediente No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: lack of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, lack of an adequate system to cover the shortage of medical specialists, equipment needs and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others.

In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnosis groups according to symptomatology, level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to determine the inclusion and placement of a patient on waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the mentioned vote seeks for the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) —within the framework of its constitutional and legal powers— to take the measures required to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of patients of the entity.

In addition to this, in order to monitor compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) to assist with monitoring the execution of that resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the resolutions of the Chamber.

IX. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE

The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The remedy is granted. The persons holding the positions of director general, head of Surgery, and head of Gynecology, all of the Dr. Adolfo Carit Eva Hospital, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their powers so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the surgery is performed on the protected party. The foregoing, provided there is no medical cause or condition that prevents it. If necessary, they must coordinate her care with another hospital center that has availability of spaces. Likewise, they must communicate to her the date and time of such procedure, as well as the preoperative requirements established for such purposes. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely penalized.

The Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez and Magistrate Garro Vargas set forth a note jointly, and Magistrate Rueda Leal, separately.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-015582-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Resultando:

  1. 1Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente, a las 21:19 horas del 21 de mayo de 2026, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta en resumen, que fue diagnosticada el 31 de enero de 2026, con un mioma de 212 x 141 mm, ubicado en su útero, por lo que fue referida de urgencia por parte del médico privado al Hospital Adolfo Carit Eva. Agrega que, el 02 de febrero de 2024 (sic), se apersonó al servicio de emergencias del centro médico recurrido, donde fue referida al programa Hospital de Día, que atiende los casos de suma urgencia. Acota que, el 03 de febrero de 2026, le realizaron los exámenes médicos preoperatorios necesarios, asignándole cita médica para el 04 de febrero de 2026, momento en que fue dada de alta, pues fue incluida en lista de espera para cirugía y fue incapacitada por tres días. Afirma que, el 22 de abril de 2026, al sufrir dolores semejantes a un parto y sangrado abundante, se dirigió al centro de salud accionado, donde fue incapacitada por tres días; le realizaron estudios, se le brindó medicación y le indicaron que debía continuar esperando por su cirugía.Aduce que, el 01 de mayo de 2026, el medicamento no surtió los efectos esperados y continuó con sangrados fuertes que le produjeron fatiga generalizada, afectando su desempeño laboral y familiar, por lo que se vio forzada a comprar medicamentos por lo privado. Señala que, al no tener noticias para su cirugía el 25 de abril de 2026, solicitó información sobre la posible fecha para su intervención, sin que a la fecha de interposición del presente asunto le hayan brindado respuesta. Tras lo cual considera lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y asigne una fecha pronta para la cirugía de su interés.
  2. 2Mediante resolución de las 11:02 horas del 15 de mayo de 2026, se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia al director general, al jefe de cirugía y al jefe de ginecología, todos del Hospital Dr. Adolfo Carit Eva, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  3. 3La técnica judicial 3 a.i. y la secretaria, ambas de la Sala Constitucional hacen constar que, revisado, a las 10:28 horas del 27 de mayo de 2026, en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos judiciales, el control de documentos recibidos y este Expediente, no apareció que del 15 al 21 de mayo de 2026, el Director General, el Jefe de Cirugía y el Jefe de Ginecología, todos del Hospital Dr. Adolfo Carit Eva hayan presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó.
  4. 4En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que, el 31 de enero de 2026, fue referida de urgencia al Hospital recurrido por un mioma uterino de gran tamaño y tras la valoración, se le clasifica en el programa de "Hospital de Día" (suma urgencia) y se le realizan los exámenes preoperatorios siendo que el 4 de febrero de 2026, fue incluida en la lista de espera quirúrgica. Considera que el plazo de espera de la cirugía lesiona el derecho a la salud.

II.De previo. Según constancia agregada al expediente, el director general, el jefe de cirugía y el jefe de ginecología, todos del Hospital Dr. Adolfo Carit Eva no presentaron, en el plazo establecido en la resolución de las 11:02 horas del 15 de mayo de 2026, escrito o documento, a fin de rendir el informe que se les solicitó. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si el informe requerido a la parte recurrida no es rendido dentro del plazo conferido a tal efecto, como sucedió en el presente caso, se tendrá por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite. Sin embargo, dicha situación no es motivo suficiente para la estimatoria automática del recurso, toda vez que se debe entrar a estudiar la procedencia del recurso con base en los alegatos esgrimidos y demás elementos probatorios allegados a los autos.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)La amparada tiene cuarenta y siete años de edad (consulta efectuada en la página digital del Registro Civil).
  • b)El 31 de enero de 2026, la tutelada fue referida al Servicio de Ginecología del Hospital recurrido para valoración quirúrgica bajo el diagnóstico miomatosis (ver copia de la referencia).
  • c)El 4 de febrero de 2026, la paciente fue incluida en la lista de espera quirúrgica (hecho no controvertido).

IV. Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución

Único. Que previo a la interposición del presente recurso, la autoridad recurrida haya comunicado a la usuaria una fecha para el procedimiento quirúrgico prescrito.

V.Sobre el derecho a la salud. Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención médica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.

VI.Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, y dado que las autoridades recurridas no rindieron el informe pertinente, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por cierto que el 04 de febrero de 2026, tras la valoración médica correspondiente, la recurrente fue incorporada a la lista de espera de la especialidad de ginecología del Hospital recurrido para la realización de la intervención quirúrgica prescrita por el médico especialista como tratamiento para su condición. Además, se constató que, aún no se le ha agendado una fecha cierta para la ejecución de dicha cirugía, circunstancia que lo mantiene sujeto a un plazo indefinido para recibir el tratamiento requerido.

En efecto, la ausencia de una programación oportuna para la realización del procedimiento quirúrgico indicado, coloca a la tutelada en una situación de incertidumbre prolongada que compromete no solo la adecuada atención de su padecimiento, sino también su calidad de vida y su derecho a recibir una atención médica digna, oportuna y eficaz. A juicio de este Tribunal, tal situación resulta incompatible con la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.

En consecuencia, estima esta Sala que el recurso debe acogerse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de todas las personas usuarias, lo que incluye, la obligación de brindar atención y tratamiento médico oportunos y diligentes a quienes los requieren.

Por ende, al haberse verificado la vulneración del derecho fundamental a la salud de la amparada, corresponde la intervención de esta Sala y, en consecuencia, declarar con lugar el recurso, en los términos que se precisan en la parte dispositiva de esta sentencia.

VII. NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ Y LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO

Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la parte amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud

VIII. NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL

El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.

En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.

Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

IX. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a las personas que ocupen los cargos de director general, jefe de Cirugía y jefe de Ginecología, todos del Hospital Dr. Adolfo Carit Eva, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realice la cirugía a la amparada. Lo anterior, siempre y cuando no exista alguna causa o condición médica que lo impida. De ser necesario deberá coordinar su atención con otro centro hospitalario que tenga disponibilidad de espacios. Asimismo, deberán comunicarle la fecha y hora de tal intervención, así como los requisitos preoperatorios establecidos para tales efectos. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad a lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas consignan nota en forma conjunta y el magistrado Rueda Leal, de manera separada.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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