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Res. 19417-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2026
OutcomeResultado
The Chamber grants the amparo because the urgent surgery was performed during proceedings, but without awarding costs, damages, or losses.La Sala declara con lugar el recurso de amparo por haberse realizado la cirugía urgente durante la tramitación, pero sin condenar en costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a relative of a patient hospitalized with an intradural extraaxial lesion at C1-C2 requiring urgent surgery that was repeatedly cancelled. During the proceedings, the CCSS reports that the surgery was performed on May 6, 2026—nine days before the report was requested—rendering the claim moot. The majority grants the amparo under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law but without awarding costs, damages, or losses, on the grounds that the abnormal termination of the proceeding, akin to a withdrawal due to extraprocedural satisfaction, does not automatically entail such economic consequences. The ruling includes dissenting votes arguing that an abstract award of costs and damages—or at least damages—should follow, and a note from Justice Rueda Leal on the rising number of health-related amparos.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un familiar de una paciente hospitalizada con una lesión intradural extraaxial en C1-C2 que requería cirugía urgente, la cual fue cancelada reiteradamente. Durante la tramitación, la CCSS informa que la intervención se realizó el 6 de mayo de 2026 —nueve días antes de que se solicitara el informe—, por lo que se configura una carencia de interés actual por hecho superado. La mayoría de la Sala declara con lugar el recurso en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero sin condenar en costas, daños y perjuicios, al considerar que la terminación anormal del proceso asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal no genera tales consecuencias económicas de forma automática. El fallo incluye votos salvados que sostienen la procedencia de la condena en abstracto en ambos rubros o al menos en daños y perjuicios, y una nota del magistrado Rueda Leal sobre la creciente cantidad de amparos de salud.
Key excerptExtracto clave
Thus, the amparo is granted without a special award of costs, damages, or losses, since the petitioner's main claim was satisfied as a result of the filing of this proceeding. Note that the patient underwent surgery on May 6, 2026, and therefore the purpose for which this amparo was filed has been met. In this way, the claim lacks current interest, as the surgery has already been performed, but since this occurred by virtue of this proceeding, the granting without a special award is appropriate, as will be explained. Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the granting that operates by law, pursuant to the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC), which states: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged act, the remedy shall be granted (...)", must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express statutory provision requiring the operative part of the judgment to state that the remedy is granted, it is also true that the same first paragraph of the cited article provides that the granting is issued "solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate."Así las cosas, se procede a acoger el amparo, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, toda vez que la pretensión principal de la parte recurrente fue atendida en virtud de la presentación de este proceso. Obsérvese que la paciente tuvo su cirugía el pasado 6 de mayo de 2026 y, por ende, le fue atendido el fin por el cual presentó este amparo. De este modo, carece de interés actual lo pretendido, pues ya la cirugía se efectuó, pero al haber sido en virtud de este proceso, procede la estimatoria sin especial condenatoria, según se explicará. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".
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"Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios..."
"Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the granting that operates by law, pursuant to the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC), which states: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged act, the remedy shall be granted (...)", must be without a special award of costs, damages, and losses..."
Considerando VI
"Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios..."
Considerando VI
"Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."
"The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of "waiting lists" for surgical procedures and certain specialized tests or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and swiftly."
Considerando IV
"Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."
Considerando IV
"De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor..."
"Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has addressed the merits, or the violation has ceased by the decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration of the aggrieved person's enjoyment of fundamental rights (Article 52), always, in any of those scenarios, there arises the imperative need for an award of costs, damages, and losses against the infringer..."
Considerando VIII (Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado)
"De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor..."
Considerando VIII (Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado)
"Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas."
"Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged act, the remedy shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate.” My interpretation of that provision is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs."
Considerando IX (Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas)
"Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas."
Considerando IX (Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas)
Full documentDocumento completo
Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine-thirty on the twenty-ninth of May, two thousand twenty-six.
Amparo action filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02; against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
Findings:
Drafted by Justice Araya García; and,
Considering:
The petitioner alleges that the patient has been hospitalized for approximately one month, due to a serious condition requiring urgent surgical intervention. During that period, there have been repeated cancellations of the necessary surgery, without a new date for its performance having been set.
Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:
The right to life, recognized in Article 21 of the Political Constitution, is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that article of the Political Charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Caja Costarricense del Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.
The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical care, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social are under the duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary staff, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and prompt services. The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of “waiting lists” for surgical interventions and the application of certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and swiftly.
The heads of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of Hospitals and Clinics belonging to it are under the duty and, consequently, are personally responsible—in the terms of Article 199 and following of the General Law of Public Administration—to adopt and implement all administrative and organizational measures and provisions to definitively put an end to the delayed provision—which, on occasions, becomes an omission due to its consequences—of health services, a situation that constitutes, by all accounts, an unequivocal lack of service that may give rise to the patrimonial administrative liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 and following of the General Law of Public Administration).
The petitioner alleges that the patient has been hospitalized for approximately one month, due to a serious condition requiring urgent surgical intervention. During that period, there have been repeated cancellations of the necessary surgery, without a new date for its performance having been set. In this regard, the Chamber has proven that the patient was admitted to the medical center due to an intradural extraaxial lesion at C1C2 (probable meningioma). The performance of the urgent surgery has already been satisfied since on May 6, 2026, the patient underwent surgery by specialists Dr. Cruz and Dr. Marquina. The procedure consisted of a resection of the posterior C1C2 arch and a Simpson Grade II resection. According to the operative note of that date, the surgery was performed without complications; after the intervention, the patient was transferred to the Intermediate Surgical Care service, where she has been followed by the Neurosurgery and Geriatrics services.
This being the case, we proceed to grant the amparo, without special assessment of costs, damages, and losses, since the main claim of the petitioner was addressed by virtue of the filing of this proceeding. Note that the patient had her surgery on May 6, 2026, and, therefore, the purpose for which she filed this amparo was addressed. Thus, what was sought lacks current interest, since the surgery has already been performed, but having been by virtue of this proceeding, the grant without special assessment, as will be explained, is appropriate.
VI.REGARDING THE ASSESSMENT OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the grant that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which provides: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted (...)", must be without special assessment of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to indicate that the appeal is granted, it is also true that the first paragraph of Article 52 of the cited law states that the grant is issued "solely for purposes of compensation and costs, if applicable." It is emphasized that the Law indicates "if applicable," which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an evaluation, appreciation, or weighting by the Court.
In cases such as this, where an abnormal termination of the proceeding occurs, comparable to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority's opinion that there is no basis to assess costs, nor damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of a filing of the case file. Furthermore, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in recognizing it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo, there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of compensation. When laws present omissions or deficiencies, it is up to judges to rectify these shortcomings; if laws lack intelligence in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic.
To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states that: "any ruling that grants the appeal shall assess in the abstract the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and shall reserve its liquidation for the execution of judgment," referring to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the proceeding. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf.
Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any subject matter. To the above are added factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of Constitutional Jurisdiction created in 1989, in which there has been an abusive exercise of vicarious action in the amparo appeal, for purposes of wealth in compensation, insofar as the alleged victims do not participate directly. Based on the foregoing, it is the majority's opinion to resolve this appeal without assessment of costs, damages, or losses.
The issue of amparo appeals related to the right to health and, above all, that of the waiting lists at the Caja Costarricense de Seguro Social are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as this Court's statistics demonstrate.
Number of health case files entered in the Constitutional Chamber:
| YEAR | HEALTH CASES |
|---|---|
| 2012 | 1745 |
| 2013 | 1891 |
| 2014 | 2710 |
| 2015 | 3725 |
| 2016 | 4865 |
| 2017 | 5682 |
| 2018 | 6932 |
| 2019 | 7623 |
| 2020 | 5912 |
| 2021 | 7796 |
| 2022 | 8310 |
| 2023 | 12845 |
| 2024 | 15300 |
| 2025 | 17252 |
From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in cases entered for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these cases during 2025 stands out, when this subject matter reached 43.21% of the Court's pending cases.
Of those cases, a good number correspond to waiting lists. Regarding the above, this Court, in judgment No. 2019-005560 of 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and reiterated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the elaboration, within a six-month period starting from the notification of that ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in case file No. Telf01, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of medical specialists, equipment needs and increasing demand at the primary care level, patient absenteeism to appointments at various medical centers of the respondent institution, among others.
In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods by pathology or related diagnosis groups must be defined according to symptomatology, urgency level, and the patient's conditions, as well as objective criteria for specifying the inclusion and placement of a patient on waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of vulnerable populations (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the mentioned vote aims for the Caja Costarricense de Seguro Social ‑within the framework of its constitutional and legal competencies‑ to take the measures required to alleviate the systematic and reiterated violation of the right to health of the entity's patients.
In addition to that, with the purpose of monitoring compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened a public oral hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to assist with the monitoring of the execution of such ruling. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense de Seguro to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not solely from the Chamber's rulings.
VIII.PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-ASSESSMENT OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, I separate from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being assessed the payment of costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:
"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable." On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:
"...any ruling that grants the appeal shall assess in the abstract the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and shall reserve its liquidation for the execution of judgment." This last norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and the payment of costs, and which the majority terms "a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of facts that have violated fundamental rights…." In the majority's opinion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has proven the injury; and, as a consequence, the need for an assessment of costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's view, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the injured person in the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a situation contemplated in Article 52, referred to-, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the assessment against the violator for the compensation of damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal.
This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a subject regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has proven the injury and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by the decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the imperative need arises for an assessment of costs, damages, and losses against the violator, the basis of which is found in the principles of protection of individuals' rights and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.
Thus, the fact that, at the moment the amparo is heard and resolved with a grant, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the assessment of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory assessment on these points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, agreed in its favor by the Administration; a situation that, as stated by the majority of the Chamber, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator precisely established and delimited the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the ruling that granted the amparo leave to proceed; and, 2) that there exists an administrative or judicial ruling that provides, in an unmistakable way, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights.
Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of assessment of costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for purposes of compensation and costs, if applicable." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated by the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.
In my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic assessment of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such assessment is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial ruling that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established in an unmistakable and clear manner that in the specific case no compensable injury was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this appeal must necessarily imply the assessment of costs, damages, and losses, and I so declare.
As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From this angle, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, however, it does not enter into the weighting of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned Article 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said assessment (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that said pertinence examination can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted the adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable.
As a reference, Articles 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from assessments issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, said proceeding has the following object:
"ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations." It is clear that this process is directed toward analyzing the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since such claims would not be admissible in this type of proceeding when the judgment rendered in the amparo process expressly established the inadmissibility of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is to say, the special process in the contentious-administrative forum requires, as a sine qua non requirement, an express condemnation or pronouncement by this Constitutional Chamber.
In that order, in my opinion, under the terms of the aforementioned Article 52 of the LJC, the waiver of that pecuniary condemnation requires accreditation, on a case-by-case basis, of situations from which the absence of patrimonial injuries—even potential ones—derived from or associated with the analyzed facts is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires a qualified and duly substantiated case-specific application. The mere circumstance that, during the course of the proceedings, the Administration issued a resolution or a judicial decision was rendered that revoked, halted, or suspended the challenged conduct does not per se rule out that, prior to that cessation by the respondent entity's own action or that of a third party, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., constitutes considerations that fall outside the nature of these processes and with respect to which, pursuant to the provisions of the aforementioned Article 52, are proper to an abstract condemnation that then serves as the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction.
The protection sought in these constitutional processes does not require the demonstration of damages and losses, since, I insist, that is not their purpose or primary ratio. Thus, the claimant is not responsible for claiming or proving damages, as what is sought is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether such administrative conduct caused them injury is an issue that, as a matter of principle and barring exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of proceeding. It should be noted that, in the scenario regulated by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no assessment of whether or not there was an infringement, and consequently, much less can it be determined whether, based on the petitioner's claims, there may or may not be situations of possible civil compensation.
Thus, the waiver of condemnation referred to by that provision is of an exceptional, not a general, nature. Therefore, in such scenarios, the provision mandates an abstract condemnation, so that its appropriateness is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if this exemption from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent, might have suffered injuries to their patrimonial sphere would be jeopardized, to the detriment of the provisions of Article 45 of the Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as mandated by Article 9 of the same. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the cessation of behaviors that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the individual.
In other words, in order to obtain the safeguarding of those rights, the individual sought judicial protection, and it was by virtue of that act that the cessation of the reproached disturbance occurred. I insist, whether the persistence of the threat or the deterioration of their situation—until cessation was achieved due to the causes referenced in the provision under examination—generated damages and losses is a matter that, barring proof to the contrary, must be analyzed in an ordinary process, but which, I reiterate, in no way should be denied as a prerequisite solely due to the occurrence of the factual scenario regulated by the aforementioned Article 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I cast my dissenting vote and reiterate that the granting of this remedy must necessarily entail abstract condemnation of costs, damages, and losses.
Article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged conduct, the petition shall be declared granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate." My interpretation of this provision is as follows: Said "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are appropriate" refers to costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to costs.
Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: "Every resolution granting the petition shall abstractly condemn the defendant to indemnification for the damages and losses caused and to the payment of costs of the proceeding, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment." If the right has been violated and this Chamber so confirms, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they did occur, there would be no title—derived from this process—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only that judge is responsible for determining the actual existence and magnitude thereof.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo petition. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, this Chamber may condemn the respondent to costs, even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order condemnation for damages and losses, but not for costs.
This Chamber must warn the parties that, if any documents on paper were provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be retrieved from the court within a period of thirty business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all material will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic File before the Judiciary," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The petition is declared granted, without special condemnation for costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. Magistrate Rueda Leal entered a note.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
FILE No. 26-015296-0007-CO Telephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02; contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
La parte recurrente alega que la paciente se encuentra hospitalizada desde aproximadamente un mes, debido a una condición grave que requiere intervención quirúrgica urgente. Durante ese período, se han producido cancelaciones reiteradas de la cirugía necesaria, sin que se haya definido una nueva fecha para su realización.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21, de la Constitución Política, es la piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere.
Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
La parte recurrente alega que la paciente se encuentra hospitalizada desde aproximadamente un mes, debido a una condición grave que requiere intervención quirúrgica urgente. Durante ese período, se han producido cancelaciones reiteradas de la cirugía necesaria, sin que se haya definido una nueva fecha para su realización. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que la paciente ingresó al centro médico debido a una lesión intradural extraaxial en C1C2 (probable meningioma). La realización de la cirugía urgente ya ha sido satisfecha pues el día 6 de mayo de 2026, la paciente fue intervenida quirúrgicamente por los especialistas Dr. Cruz y Dr. Marquina. El procedimiento consistió en una resección del arco posterior C1C2 y una resección Simpson II. Según consta en la nota operatoria de esa fecha, la cirugía se realizó sin complicaciones, posterior a la intervención, la paciente fue trasladada al servicio de Cuidados Intermedios de Cirugía, donde ha sido seguida por los servicios de Neurocirugía y Geriatría.
Así las cosas, se procede a acoger el amparo, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, toda vez que la pretensión principal de la parte recurrente fue atendida en virtud de la presentación de este proceso. Obsérvese que la paciente tuvo su cirugía el pasado 6 de mayo de 2026 y, por ende, le fue atendido el fin por el cual presentó este amparo. De este modo, carece de interés actual lo pretendido, pues ya la cirugía se efectuó, pero al haber sido en virtud de este proceso, procede la estimatoria sin especial condenatoria, según se explicará.
VI.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".
Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización.
Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-.
Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios
El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.
En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.
Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
VIII.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. El magistrado Rueda Leal consigna nota.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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