Res. 19071-2026 Sala Constitucional — Non-execution of environmental amparo — removal of illegal works from Río Barucito protection zone

OutcomeResultado

Enforcement motion grantedGestión acogida

The Constitutional Court grants the enforcement motion and reiterates its order to the Municipality of Pérez Zeledón, SINAC, and MINAE's Water Directorate to comply with ruling No. 2025017901 requiring removal of illegal platforms and ramps from the protection zones of the Barucito River and Quebrada Sin Nombre, under threat of disciplinary proceedings under Article 53 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional acoge la gestión de inejecución y reitera la orden a la Municipalidad de Pérez Zeledón, el SINAC y la Dirección de Agua del MINAE de cumplir la sentencia N.º 2025017901, que ordenó el retiro de plataformas y rampas ilegales de la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre, bajo apercibimiento de apertura de procedimiento disciplinario conforme al artículo 53 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

SummaryResumen

The Constitutional Court resolves an enforcement motion (gestión de inejecución) in case 24-027574-0007-CO, stemming from ruling No. 2025017901 (June 2025), which partially granted an amparo petition for violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. That ruling ordered the Municipality of Pérez Zeledón, SINAC, and MINAE's Water Directorate to remove illegal platforms, ramps, and structures from the Cataratas Nauyaca project within the protection zone of the Barucito River and Quebrada Sin Nombre. Nearly a year later, the structures remain in place. The Court grants the enforcement motion, holds that the right to a healthy environment demands reinforced and effective protection, and that execution of constitutional rulings cannot be subordinated to administrative delays, technical disagreements, or indefinite coordination burdens. It reiterates its order to the respondent authorities under threat of disciplinary proceedings under Articles 53 and 71 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional resuelve la gestión de inejecución formulada en el expediente 24-027574-0007-CO, derivada de la sentencia N.º 2025017901 (junio de 2025), que declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo por violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La sentencia original ordenó a la Municipalidad de Pérez Zeledón, al SINAC y a la Dirección de Agua del MINAE retirar plataformas, rampas y construcciones ilegales del proyecto Cataratas Nauyaca ubicadas en la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre. Casi un año después, las estructuras permanecen en el sitio. La Sala acoge la gestión de incumplimiento, concluye que el derecho a un ambiente sano exige tutela reforzada y efectiva, y que la ejecución de sentencias constitucionales no puede quedar supeditada a dilaciones administrativas, desacuerdos técnicos ni cargas de coordinación indefinidas. Reitera la orden a las autoridades recurridas bajo apercibimiento de apertura de procedimiento disciplinario conforme a los artículos 53 y 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Key excerptExtracto clave

It must be recalled that the right to a healthy and ecologically balanced environment demands reinforced, preventive, and effective protection, especially in the case of water-body protection zones, whose ecological function is essential for the conservation of the riverbed, biodiversity, the stability of the riparian ecosystem, and the protection of the water resource. In this case, the structures whose continued presence is denounced do not constitute an accessory or merely formal matter, but rather the very core of the constitutional violation previously declared. Therefore, as long as those works remain installed in the protection zone, the state of non-compliance persists and the harm to the environmental legal interest protected by this Court is maintained. Neither can it be overlooked that the original ruling itself imposed a duty of inter-institutional coordination among the Municipality of Pérez Zeledón, SINAC, and MINAE's Water Directorate. That duty cannot be understood as a mere discretionary faculty, nor as a burden transferable exclusively to the administrated party or the interested third party. On the contrary, given that it constitutes a binding constitutional order, the respondent authorities were required to adopt an active, diligent, coordinated, and results-oriented course of conduct, so that the technical aspects concerning demarcation, delineation, removal methodology, environmental management of the works, prevention of further harm, and site restoration would be defined in a timely manner by the competent bodies. This Court considers that the execution of its rulings cannot be made contingent upon administrative delays, technical disagreements, a lack of effective inter-institutional communication, or indefinite coordination burdens. The normative force of constitutional resolutions requires the obligated authorities to adopt the necessary measures to overcome operational obstacles and to guarantee the real satisfaction of the fundamental right being protected. In environmental matters, moreover, the passage of time worsens the harm, since the continued presence of unauthorized works within water protection zones can prolong or intensify the impact on the watercourse, riparian vegetation, fauna, the natural dynamics of the river, and the ecological balance of the surrounding environment.Debe recordarse que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado exige una tutela reforzada, preventiva y efectiva, especialmente cuando se trata de zonas de protección de cuerpos de agua, cuya función ecológica resulta esencial para la conservación del cauce, la biodiversidad, la estabilidad del ecosistema ribereño y la protección del recurso hídrico. En este caso, las estructuras cuya permanencia se denuncia no constituyen un aspecto accesorio o meramente formal, sino el núcleo mismo de la infracción constitucional previamente declarada. Por ello, mientras dichas obras continúen instaladas en el área de protección, subsiste el estado de incumplimiento y se mantiene la afectación al bien jurídico ambiental tutelado por este Tribunal. Tampoco puede perderse de vista que la propia sentencia originaria impuso un deber de coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Pérez Zeledón, el SINAC y la Dirección de Agua del MINAE. Ese deber no puede entenderse como una simple facultad discrecional ni como una carga trasladable exclusivamente al administrado o al tercero interesado. Por el contrario, al tratarse de una orden constitucional vinculante, las autoridades recurridas debían asumir una conducta activa, diligente, articulada y orientada a resultados concretos, de manera que los aspectos técnicos relativos al deslinde, demarcación, metodología de retiro, manejo ambiental de las obras, prevención de daños adicionales y restauración del sitio fueran definidos oportunamente por los órganos competentes. Esta Sala estima que la ejecución de sus sentencias no puede quedar supeditada a dilaciones administrativas, desacuerdos técnicos, falta de comunicación efectiva entre instituciones o cargas de coordinación indefinidas. La fuerza normativa de las resoluciones constitucionales exige que las autoridades obligadas adopten las medidas necesarias para superar los obstáculos operativos y garantizar la satisfacción real del derecho fundamental tutelado. En materia ambiental, además, el paso del tiempo agrava la lesión, pues la permanencia de obras no autorizadas dentro de zonas de protección hídrica puede prolongar o intensificar el impacto sobre el cauce, la vegetación ribereña, la fauna, la dinámica natural del río y el equilibrio ecológico del entorno.

Pull quotesCitas destacadas

"si bien las autoridades recurridas han realizado algunas actuaciones administrativas, tales como reuniones de coordinación, inspecciones en sitio, levantamientos topográficos, delimitaciones técnicas y comunicaciones institucionales, lo cierto es que tales gestiones no han culminado en el cumplimiento material, pleno y efectivo de lo ordenado por esta Sala."

"while the respondent authorities have carried out certain administrative actions, such as coordination meetings, on-site inspections, topographic surveys, technical demarcations, and institutional communications, the fact remains that such efforts have not culminated in the material, full, and effective compliance with this Court's order."

Considerando II

"si bien las autoridades recurridas han realizado algunas actuaciones administrativas, tales como reuniones de coordinación, inspecciones en sitio, levantamientos topográficos, delimitaciones técnicas y comunicaciones institucionales, lo cierto es que tales gestiones no han culminado en el cumplimiento material, pleno y efectivo de lo ordenado por esta Sala."

Considerando II

"más allá de las responsabilidades particulares que puedan atribuirse a cada interviniente, lo cierto es que el resultado constitucionalmente exigible no se ha alcanzado: las estructuras permanecen en la zona de protección no se ha definido un plan de retiro armónico con el derecho al medio ambiente sano y la recuperación ambiental ordenada no se ha materializado."

"beyond the particular responsibilities that may be attributed to each party involved, the fact remains that the constitutionally required result has not been achieved: the structures remain in the protection zone, no removal plan consistent with the right to a healthy environment has been defined, and the ordered environmental recovery has not materialized."

Considerando II

"más allá de las responsabilidades particulares que puedan atribuirse a cada interviniente, lo cierto es que el resultado constitucionalmente exigible no se ha alcanzado: las estructuras permanecen en la zona de protección no se ha definido un plan de retiro armónico con el derecho al medio ambiente sano y la recuperación ambiental ordenada no se ha materializado."

Considerando II

"bajo la advertencia que de acreditarse la desobediencia alegada, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento en su contra (artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)."

"with the warning that should the alleged disobedience be established, the opening of a proceeding against them may be ordered (Article 53 of the Constitutional Jurisdiction Law)."

Por tanto

"bajo la advertencia que de acreditarse la desobediencia alegada, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento en su contra (artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)."

Por tanto

"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

"The appeal is declared partially granted, solely with respect to the right to a healthy and ecologically balanced environment."

Resolución N.º 2025017901 (citada en Considerando I)

"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

Resolución N.º 2025017901 (citada en Considerando I)

Full documentDocumento completo

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty in the morning on the twenty-ninth of May, two thousand twenty-six.

Subsequent motion (gestión posterior) filed by [Nombre 001], acting as legal representative (apoderado) of [Nombre 002], corporate tax identification number (cédula jurídica) [Valor 001], against the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.

Recitals:

1By resolution No. 2025017901 of 09:20 hours on June 13, 2025, this Chamber ruled as follows: "… The petition is partially granted, solely with respect to the right to a healthy and ecologically balanced environment. Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, respectively mayor and chair of the Municipal Council, both of the Municipalidad de Pérez Zeledón, or whoever holds those positions at the time, are ordered to coordinate all necessary steps and carry out all actions within the scope of their authority so that within FIFTEEN DAYS from notification of this judgment, a) they proceed to implement all necessary measures to ensure effective compliance with the closure order (acta de clausura) and the seals placed on the infrastructure constructed in the protection zone (zona de protección) of the Barucito River and the unnamed stream (quebrada Sin Nombre), including periodic inspections, physical closure, visible signage, and effective site control, and b) they submit to this Chamber, within an additional FIFTEEN-DAY period, a detailed and documented report of the actions taken, including copies of inspection records, photographs of the site, the administrative resolution adopted, and any follow-up measures implemented.Likewise, David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, respectively interim executive director of the Sistema Nacional de Área de Conservación, regional director of the Área de Conservación la Amistad Pacífico, and acting director of the Water Directorate (Dirección de Agua), all of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever holds those positions at the time, are ordered to, within FIFTEEN DAYS from notification of this resolution, a) coordinate and carry out the necessary actions to enforce administrative precautionary measure (medida cautelar administrativa) No. 0560 issued on October 22, 2024, adopting the technical and legal measures necessary to guarantee the removal of the platforms, ramps, or other illegal structures within the protection zones of the Barucito River and the quebrada Sin Nombre, and b) within an additional FIFTEEN DAYS, submit to this Chamber a detailed report of all actions taken, including a timeline of activities, technical resolutions, inspection reports, and measures implemented or planned for the environmental recovery of the affected site, and c) a coordinated, inter-institutional permanent oversight mechanism be established jointly with the Municipalidad de Pérez Zeledón in the affected area, in order to prevent new construction, occupation, or works within water protection zones without the required permit.The foregoing is issued with the formal warning that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or fines of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order they are required to comply with or enforce, issued in an amparo petition (recurso de amparo), and who fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision. The State and the Municipalidad de Pérez Zeledón are ordered to pay costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the acts underlying this declaration, to be assessed in contentious-administrative enforcement proceedings. In all other respects, the petition is denied."
2By resolution of 10:32 hours on May 15, 2026, this Tribunal ruled as follows: "… Mr. [Nombre 001], acting as legal representative of [Nombre 002], corporate tax identification number 3-101-195604, submitted written communications dated March 31 and April 24—both of 2026—which are contained in the electronic file, in which he states that he has made multiple coordination efforts with the Municipalidad de Pérez Zeledón, the Water Directorate, and SINAC, with the aim of scheduling technical meetings related to the dismantlement and eventual relocation of structures linked to the Cataratas Nauyaca project. He states that several scheduled meetings were suspended or rescheduled for reasons attributable to the institutions convened, and that no new specific dates were set, despite the willingness shown by the Municipalidad de Pérez Zeledón to continue with the process. For the foregoing reasons, an audience of THREE DAYS is granted, counted from notification of this resolution, to Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, respectively mayor and chair of the Municipal Council, both of the Municipalidad de Pérez Zeledón, or whoever holds those positions at the time, as well as to David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, respectively interim executive director of the Sistema Nacional de Área de Conservación, regional director of the Área de Conservación la Amistad Pacífico, and acting director of the Water Directorate, all of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever holds those positions at the time, to respond to and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them."
3DAVID CHAVARRÍA MORALES, in his capacity as ACTING EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), reports as follows: "… With respect to the facts alleged by the petitioner against SINAC, this representation takes the position that the petitioner is mistaken in claiming that his multiple coordination efforts with the Municipalidad de Pérez Zeledón, the Water Directorate, and SINAC were unsuccessful for reasons attributable to those institutions; this representation categorically denies that assertion as inaccurate and unsupported by the duly established facts. In accordance with technical report SINAC-ACLA-P-DR-GMRNSRPZ-INF-0125-2026, following notification of resolution No. 2025017901 issued by this Constitutional Chamber, effective inter-institutional coordination spaces have been maintained among the Municipalidad de Pérez Zeledón, the Water Directorate of MINAE, and SINAC, with the clear purpose of complying with the orders of this High Tribunal.Such coordination has not been merely formal; rather, it has generated specific actions both in the administrative forum and at the site in question. Indeed, as a result of this coordinated work, joint field inspections have been carried out, during which specific actions were taken, including the closure of reported structures by the Municipality, the delineation of the riverbed by the Water Directorate, and the precise technical demarcation of the protection areas of the Barucito River and the quebrada Sin Nombre by SINAC. This last action was performed using specialized, high-precision methods, including GNSS technology with RTK technique, which allowed for the exact identification of the points delimiting the fifty-meter protection area measured from the maximum flood line. These actions even responded to express requests from the interested party itself, who required the precise identification of the affected areas in order to determine which structures needed to be removed.Furthermore, contrary to what is alleged, it is on record that on October 17, 2025, a formal coordination meeting was held at the Municipalidad de Pérez Zeledón, with the participation of representatives from SINAC, the Municipality, the Water Directorate, and the interested party itself. At that meeting, specific and verifiable agreements were adopted, including the carrying out of a joint topographic survey (levantamiento topográfico), the preparation by the interested party of a removal and restoration plan (plan de retiro y restauración) for the structures located within the protection area, the submission of that plan for technical review and institutional approval, and the scheduling of a follow-up meeting to review progress. However—and this point is determinative for the resolution of the present matter—the agreed removal and restoration plan, which constitutes an indispensable technical input for continuing with the implementation of the measures ordered by the Constitutional Chamber, has not been submitted to date by the interested party.This omission has materially prevented any progress in the subsequent stages of the process, making it legally improper to convene new meetings or carry out removal actions without that technical instrument, which is needed to clearly define the interventions to be performed and to obtain the corresponding approvals from the competent authorities. Furthermore, the assertion that meetings were suspended or rescheduled for reasons attributable to the Administration is likewise untenable, since it is on record that on at least one occasion the rescheduling was due to the inability of the interested party's own representative to attend, which refutes any allegation of institutional inactivity in this regard. Additionally, coordination efforts have been channeled primarily through the Municipalidad de Pérez Zeledón, which demonstrates the existence of active and functional communication mechanisms among all parties involved.It has likewise been established that in December 2025, SINAC formally transmitted the technical demarcation report to the relevant authorities for their information and processing, which demonstrates the continuity and diligence of the administrative actions taken. Furthermore, SINAC officials have conducted periodic inspections at the site to verify compliance with the orders issued by the Constitutional Chamber, maintaining at all times a proactive and cooperative attitude. Regarding the meeting request subsequently submitted by the interested party, the absence of an institutional response was due to an objective, reasonable, and legally justified reason: prior non-compliance with the essential agreement requiring the submission of the removal and restoration plan, without which it is neither appropriate nor useful to proceed with new coordination meetings."
4JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, in his capacity as DIRECTOR OF WATERS OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, reports as follows: "… Before addressing the substance of the matter, it must be noted that the order to demolish the infrastructure (platform or walkways) located within the protection area of the watercourses in the public-domain channels—both the Birricito River and the quebrada Sin Nombre—was issued by SINAC. The Water Directorate has accompanied SINAC in a coordinated manner throughout the entire process, in accordance with its jurisdiction, given the involvement of bodies of water and the possible harm to them caused by the illegal installation of infrastructure within their protection area, and in accordance with what was ordered by the Constitutional Chamber in resolution 2025017901. Furthermore, as stated in resolution 2025032466 of this Tribunal dated October 7, 2025, this Tribunal had previously informed Mr.Morera of the following regarding the matter now at issue: '…with respect to the absence of a technical demolition plan and the proposal for voluntary execution put forward by the respondent company, this joint work must be proposed and coordinated with the competent authorities, who are responsible for defining the technical, operational, and environmental aspects of the removal of the structures.' This Chamber is informed that in compliance with the foregoing, on October 17, 2025, a meeting was held in which the following parties participated: the legal representative of the respondent party (Mr. [Nombre 001]) and the various authorities involved in the process, namely: the Municipalidad de Pérez Zeledón, SINAC, and the Water Directorate. As evidenced by the documents submitted, the following agreements were reached at the meeting, among others: 1- To carry out the topographic survey of the ramp area with the participation of SINAC, the WATER DIRECTORATE, and the Municipality during the week of October 20 to November 1. 2- The interested party (the respondent) will prepare the platform removal plan. 3- Submission of the plan to the relevant technical authorities for review and final approval, to be forwarded to the Constitutional Chamber along with the approval notice. 4- A subsequent meeting was scheduled for November 19, at which the results and documents produced would be presented.This agreement was signed by all persons present at the meeting, including Mr. [Nombre 001], as per the attached document. It should be noted that the agreement or commitment in question does not provide that preliminary meetings would be held in order to prepare the plan. It is important to inform this Tribunal that SINAC, in coordination with the Water Directorate, complied with point 1) of the agreement and carried out the topographic survey as requested by the respondent, represented by Mr. Morera. As evidence of the foregoing, technical report DA-UHTPSOZ-0137-2026 is attached, which states that pursuant to notice CARTA-SINAC-ACLAP-DR-GASP-IRT-SIG-331-2025, the protection zones for the Barucito River on property 1246334-000 are established. However, this Directorate has no knowledge of the respondent party, represented by Mr. Morera, having submitted to SINAC the removal plan for the platform and structures located within the protection area, so that it could be analyzed and subsequently approved by all technical authorities, including the Water Directorate.Said plan, pursuant to the commitment signed on October 17, 2025, was required to have been submitted before November 19, 2025—the date set for having the results of the analysis of the information submitted by the respondent and the documents produced available, in order to commence the removal of the infrastructure and report to the Constitutional Chamber. Instead, the respondent party, in an attempt to delay the demolition and removal of the illegally placed infrastructure, alleges the absence of meetings it has requested, which do not appear to be related to the submission of the infrastructure removal plan as per the commitment undertaken. It appears that what is taking place is a dilatory tactic that, far from demonstrating good faith on the part of the violator, seeks to avoid the removal of the infrastructure and to excuse non-compliance with the Constitutional Chamber's resolution under any pretext.Now, with the purpose of monitoring compliance with this Tribunal's order regarding the removal of the infrastructure, both SINAC in coordination with this Directorate have carried out various site visits to verify conditions at the location, which have not changed—the platform and infrastructure installed in the protection area of the Barucito River and the quebrada Sin Nombre remain in place. As noted in the report contained in notice DA-UHTPSOZ-0521-2026 dated May 19, 2026, attached hereto, the Water Directorate has always been willing to hold whatever meetings and coordination sessions may be necessary to ensure compliance with the Constitutional Chamber's order, and therefore the statements made by Mr. Morera in his written communication are without merit. As evidence of this, copies of the emails exchanged in August 2025 between the Coordinator of the Térraba-Pacífico Sur Hydrological Unit and Mr. [Nombre 001] are submitted.With the foregoing clarified, it is reiterated that the lack of good faith on the part of the petitioner, represented in these proceedings by Mr. Morera, is evident, as the commitment undertaken on October 17, 2025 has not been honored and, to date, no removal and demolition plan for the illegally constructed works exists for analysis. Finally, with respect to Mr. Morera's statements regarding coordination with the Municipalidad de Pérez Zeledón, this Directorate has no knowledge of any steps taken by Mr. Morera with the Municipal authorities in connection with this case."
5Emanuel CECILIANO ALFARO AND ANDREA HERRERA CHAVES, respectively MAYOR AND CHAIR OF THE MUNICIPAL COUNCIL, both of the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN, report as follows: "… Before addressing the substance of the matter, it must be noted that the order to demolish the infrastructure (platform or walkways) located within the protection area of the watercourses in the public-domain channels—both the Birricito River and the quebrada Sin Nombre—was issued by SINAC. The Water Directorate has accompanied SINAC in a coordinated manner throughout the entire process, in accordance with its jurisdiction, given the involvement of bodies of water and the possible harm to them caused by the illegal installation of infrastructure within their protection area, and in accordance with what was ordered by the Constitutional Chamber in resolution 2025017901. Furthermore, as stated in resolution 2025032466 of this Tribunal dated October 7, 2025, this Tribunal had previously informed Mr.Morera of the following regarding the matter now at issue: '…with respect to the absence of a technical demolition plan and the proposal for voluntary execution put forward by the respondent company, this joint work must be proposed and coordinated with the competent authorities, who are responsible for defining the technical, operational, and environmental aspects of the removal of the structures.' This Chamber is informed that in compliance with the foregoing, on October 17, 2025, a meeting was held in which the following parties participated: the legal representative of the respondent party (Mr. [Nombre 001]) and the various authorities involved in the process, namely: the Municipalidad de Pérez Zeledón, SINAC, and the Water Directorate. As evidenced by the documents submitted, the following agreements were reached at the meeting, among others: 1- To carry out the topographic survey of the ramp area with the participation of SINAC, the WATER DIRECTORATE, and the Municipality during the week of October 20 to November 1. 2- The interested party (the respondent) will prepare the platform removal plan. 3- Submission of the plan to the relevant technical authorities for review and final approval, to be forwarded to the Constitutional Chamber along with the approval notice. 4- A subsequent meeting was scheduled for November 19, at which the results and documents produced would be presented.This agreement was signed by all persons present at the meeting, including Mr. [Nombre 001], as per the attached document. It should be noted that the agreement or commitment in question does not provide that preliminary meetings would be held in order to prepare the plan. It is important to inform this Tribunal that SINAC, in coordination with the Water Directorate, complied with point 1) of the agreement and carried out the topographic survey as requested by the respondent, represented by Mr. Morera. As evidence of the foregoing, technical report DA-UHTPSOZ-0137-2026 is attached, which states that pursuant to notice CARTA-SINAC-ACLAP-DR-GASP-IRT-SIG-331-2025, the protection zones for the Barucito River on property 1246334-000 are established. However, this Directorate has no knowledge of the respondent party, represented by Mr. Morera, having submitted to SINAC the removal plan for the platform and structures located within the protection area, so that it could be analyzed and subsequently approved by all technical authorities, including the Water Directorate.Said plan, pursuant to the commitment signed on October 17, 2025, was required to have been submitted before November 19, 2025—the date set for having the results of the analysis of the information submitted by the respondent and the documents produced available, in order to commence the removal of the infrastructure and report to the Constitutional Chamber. Instead, the respondent party, in an attempt to delay the demolition and removal of the illegally placed infrastructure, alleges the absence of meetings it has requested, which do not appear to be related to the submission of the infrastructure removal plan as per the commitment undertaken. It appears that what is taking place is a dilatory tactic that, far from demonstrating good faith on the part of the violator, seeks to avoid the removal of the infrastructure and to excuse non-compliance with the Constitutional Chamber's resolution under any pretext.Now, with the purpose of monitoring compliance with this Tribunal's order regarding the removal of the infrastructure, both SINAC in coordination with this Directorate have carried out various site visits to verify conditions at the location, which have not changed—the platform and infrastructure installed in the protection area of the Barucito River and the quebrada Sin Nombre remain in place. As noted in the report contained in notice DA-UHTPSOZ-0521-2026 dated May 19, 2026, attached hereto, the Water Directorate has always been willing to hold whatever meetings and coordination sessions may be necessary to ensure compliance with the Constitutional Chamber's order, and therefore the statements made by Mr. Morera in his written communication are without merit. As evidence of this, copies of the emails exchanged in August 2025 between the Coordinator of the Térraba-Pacífico Sur Hydrological Unit and Mr. [Nombre 001] are submitted.With the foregoing clarified, it is reiterated that the lack of good faith on the part of the petitioner, represented in these proceedings by Mr. Morera, is evident, as the commitment undertaken on October 17, 2025 has not been honored and, to date, no removal and demolition plan for the illegally constructed works exists for analysis. Finally, with respect to Mr. Morera's statements regarding coordination with the Municipalidad de Pérez Zeledón, this Directorate has no knowledge of any steps taken by Mr. Morera with the Municipal authorities in connection with this case."
6By written communication incorporated into the digital file on May 25, 2026, the protected party (amparado) FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO states as follows: "… FIRST. I wish to inform the Honorable Constitutional Chamber that since June 2025, when the substantive constitutional judgment was served upon us, I have tried by every available means to have the respondent officials comply with what this Honorable Chamber ordered, all without positive results, since, according to the respondent officials, they are occupied with other matters of greater interest, and more recently because they were engaged in political campaigning and lastly because they were involved in the transition of powers. Faced with this dilemma, I chose to request an audience with the President of the Republic in order to bring to his attention the non-compliance and disregard for the orders issued by this Honorable Chamber as the Supreme Interpreter of the Constitution, which I did on March 18, 2026, noting in particular that it is now his subordinates—and not the Judicial Branch—who are failing to fulfill their duties and disregarding the mandatory orders of the Constitutional Chamber.The foregoing was intended to bring said non-compliance to the attention of the Minister of MINAE so that he could adopt the appropriate measures and actions to faithfully comply with the orders of this Honorable Court; however, the requested audience was not granted to me. Nonetheless, Ms. PAMELA ROSALES JIMÉNEZ, coordinator of the Document Management Department of the Office of the President, referred the matter on March 19, 2026—that is, just over two months ago—to the then head of the Ministerio del Ambiente y Energía, Mr. FRANZ TATTENBACH CAPRA, for him to assess the situation and proceed accordingly. Notwithstanding the foregoing, said Minister likewise showed no interest in complying with the constitutional judgment during his tenure as the highest authority of the respondent Ministry, even though the coming month of June will mark one year since the judgment ordering the respondent officials to comply was issued.Honorable Constitutional Justices, I am submitting a photographic sequence of the works erected in the protection zone of the Barucito River to demonstrate that they remain at the site exactly as they were before the amparo petition giving rise to these proceedings was filed. In the same vein, I submit as evidence notice MP-DMP-DVA-DGP-GD-OF0643-2026, dated March 19, 2026, issued by the Document Management Department of the Office of the President, along with the email accompanying said notice, with the intention of demonstrating that the said Department timely forwarded our matter to the MINAE Minister, Mr. FRANZ TATTENBACH CAPRA; notwithstanding this, more than two months later the constitutional judgment remains uncomplied with, despite the gravity of the alleged constitutional violations. In light of the foregoing, and given the demonstrated non-compliance with the orders issued by this Honorable Constitutional Chamber—which are not only binding on the respondent officials as public servants but also mandatory—I request that faithful compliance with the judgment issued by this Constitutional Tribunal be ordered.Furthermore, given that it has been demonstrated that the respondent officials, the heads of SINAC and the Water Directorate, the Chair of the Municipal Council, the Mayor, and now the Minister of the relevant Ministry himself have been unwilling to comply with the constitutional judgment, I respectfully request that this Honorable Court commission one of the judicial offices of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón, to carry out the removal of the works, or at the very least to supervise said proceedings, as I fear the judgment issued by this jurisdiction will become a dead letter—given that this coming June 13, 2026 will mark one year since the judgment ordering the removal of the works was issued, and I have exhausted every avenue with the respondent offices to obtain compliance with the order. I hereby submit this brief, the attached photographic sequence, and the notice issued by the Territorial Management Department of the Office of the President."
7By a written submission incorporated into the digital case file on May 27, 2026, Mr. [Nombre 001], acting in his capacity as attorney-in-fact (apoderado) for [Nombre 002], states the following: "… I.- As a preliminary and categorical matter, this representation formally objects to the reports submitted by SINAC and the Dirección de Aguas, as both present a one-sided account of the facts that is contrary to the principles of good faith and procedural fairness, aimed at shielding the institutional heads (jerarcas) of those bodies from responsibility for the material stalling of these proceedings. By contrast, the Municipalidad de Pérez Zeledón — particularly Architect Aron Mesén Zebrov of the Departamento de Planificación Territorial — has consistently maintained a posture of collaboration, diligence, and adherence to the principle of interinstitutional coordination (coordinación interinstitucional).The position advanced by SINAC and the Dirección de Aguas, attributing the delay to the unilateral failure of my client to submit an alleged removal plan (plan de retiro), is legally inadmissible and technically unworkable. They seek to arbitrarily transform into an exclusive obligation of my client a process that necessarily required joint technical coordination and, above all, the prior definition by the State itself of the topographic boundary demarcation (deslinde topográfico) and the official coordinates of the protection zone (zona de protección). That has neither occurred nor had it occurred. Consequently, the reports submitted deliberately omit that any action by my client depended on technical inputs that the very institutions being challenged were required to define and formally communicate, and they now seek to transfer to the regulated party (administrado) the consequences of their own administrative inactivity.II.- The central pillar of the argument now advanced by SINAC and the Dirección de Aguas is the claim that my client "did not submit the removal plan." However, both institutions omit to inform this Honorable Court that the indispensable technical input needed to prepare that plan — the topographic survey (levantamiento topográfico) and the official coordinates — was never notified to this party. They likewise fail to note that a first meeting scheduled for November 19, 2025, which they cancelled, was aimed at jointly constructing that plan, a process that certainly involves technical dimensions as well as possible contingent liabilities regarding the dismantling, removal, and disposal of the concrete and metal structures of the ramps. It is very much in my client's interest to carry out those tasks, but without incurring additional liabilities that she is not in a position to resolve. That was always the purpose of the joint working group (Aguas, SINAC, Municipalidad, and my client) conceived by don Arón Mesén since September 2025.III.- Under this premise of good faith and coordination, following a first meeting held on October 17, a second working session was agreed upon for November 19, 2025 (see item 4 of the minutes (minuta) incorporated into the case file on 05/20/2026 at 16:39:46). The purpose of that session was clear: once the Administration had completed and communicated to us the official topographic survey, we would begin jointly drafting the removal plan. Requiring my client to act blindly with respect to technical parameters that the State has not provided is materially impossible and contrary to the oversight (fiscalización) duties of SINAC and the Dirección de Aguas. IV.- We submit to this Court the chain of official institutional emails. This documentation clearly demonstrates that the November 19 session was cancelled because MINAE had not completed the measurements, and that thereafter our client faced a prolonged period of institutional silence: a) November 17, 2025: This representation requested confirmation of the meeting, noting our material limitation: "to date we do not have the measurements... we have no clarity as to whether the survey was completed." b) November 18, 2025: The municipal official, Architect Aron Mesén, cancelled the session, stating verbatim: "Having consulted with the MINAE officials, they indicated that one measurement remains to be carried out, so the inputs are not yet ready and I have not had access to them either... let us suspend the meeting until our MINAE colleagues can obtain the inputs." c) December 9, 2025: We enquired by official email: "I wanted to ask whether there are any updates regarding the pending measurement, with a view to resuming the meeting." There was no response from SINAC or the Dirección de Aguas. d) January 26 and February 5, 2026: We reiterated our willingness to engage in dialogue explicitly: "What day do you think these conversations, which have been interrupted since last year, could be resumed?", and we asked whether it was necessary to inform this Court of the difficulty in meeting.Again, the response from the environmental authorities was absolute silence. V.- It is puzzling that my client learned of technical report CARTA-SINACACLAP-DR-GASP-IRT-SIG-399-2025, issued as of December 16, 2025, only upon reviewing the reports submitted to this Court. SINAC itself acknowledges that said document was forwarded exclusively to the Municipalidad de Pérez Zeledón, completely excluding this party. In the various communications maintained during January and February of this year, that document was not even mentioned to us. Accordingly, it is materially and legally impossible to require my client to prepare a technical plan based on coordinates and re-surveys (replanteos) that the State itself failed to bring to her attention. This stems from a fundamental technical necessity: regulated parties require guidance and parameters from the State — such as the reverse construction method, sediment management, and watercourse (cauce) protection guidelines — in order to carry out the dismantling without causing greater environmental harm or incurring legal liability.VI.- We simply request a return to the agreement reached on November 19, 2025: a joint or coordinated initiative regarding how to carry out what this Court ordered in relation to the removal of the hundreds of metres of concrete and metal material, in an organized manner and causing the least possible environmental damage."
8The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Opinion drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considerando:

I. ON WHAT THIS TRIBUNAL HAS RESOLVED

This Court, by ruling No. 2025017901 of 09:20 hours on June 13, 2025, decided as follows: "… The amparo petition (recurso de amparo) is declared partially granted, solely with respect to the right to a healthy and ecologically balanced environment. Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, respectively Mayor and President of the Municipal Council of the Municipalidad de Pérez Zeledón, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate what is necessary and to carry out all actions within the scope of their competencies so that, within FIFTEEN DAYS of notification of this judgment, they: a) proceed to implement all measures necessary to ensure effective compliance with the closure order (acta de clausura) and the seals placed on the structures built in the protection zone of the Río Barucito and the Quebrada Sin Nombre, including periodic inspections, physical closure, visible signage, and effective site control; and b) submit to this Court, within a period of no more than an additional FIFTEEN DAYS, a detailed and documented report of the actions taken, including copies of inspection records, photographs of the site, the administrative resolution adopted, and any follow-up measures.

Likewise, David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, respectively acting executive director of the Sistema Nacional de Área de Conservación, regional director of the Área de Conservación la Amistad Pacífico, and acting director a.i. of the Dirección de Agua, all of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever holds those positions, are ordered to, within FIFTEEN DAYS of notification of this ruling: a) proceed to coordinate and execute the actions necessary to enforce administrative precautionary measure (medida cautelar administrativa) No. 0560 issued on October 22, 2024, adopting the technical and legal measures to ensure the removal of the platforms, ramps, and other illegal structures within the water protection zones (zonas de protección hídrica) of the Río Barucito and the Quebrada Sin Nombre; b) within an additional FIFTEEN DAYS, submit to this Court a detailed report of all steps taken, including a timeline of actions, technical resolutions, inspection reports, and measures implemented or scheduled for the environmental restoration of the affected site; and c) establish a coordinated, interinstitutional mechanism for permanent oversight together with the Municipalidad de Pérez Zeledón in the affected area, in order to prevent new construction, occupation, or works within water protection zones without the proper permit.

The foregoing is issued with notice that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or fines of twenty to sixty days, may be imposed on any person who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo petition, and who fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision. The State and the Municipalidad de Pérez Zeledón are ordered to pay costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, to be assessed in contentious-administrative enforcement proceedings. In all other respects, the petition is denied."

II. ON THE MOTION FILED

From a comprehensive analysis of the subsequent motion filed by Mr. [Nombre 001], acting as attorney-in-fact for [Nombre 002], together with the reports submitted by the challenged authorities, the statements of the protected party — FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO — and the documentary evidence incorporated into the case file, this Court concludes that the motion must be granted. Indeed, by judgment No. 2025017901 of 09:20 hours on June 13, 2025, this Tribunal declared the amparo petition partially granted, solely for violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, and ordered the Municipalidad de Pérez Zeledón, SINAC, and the Dirección de Agua of MINAE to adopt, within the scope of their respective competencies, the measures necessary to ensure effective compliance with the administrative measures issued with respect to the structures built in the protection zone of the Río Barucito and the Quebrada Sin Nombre, including the technical and interinstitutional coordination required for the removal of platforms, ramps, and other illegal structures located within those water protection zones.

However, the probative elements submitted show that, while the challenged authorities have carried out certain administrative actions — such as coordination meetings, on-site inspections, topographic surveys, technical demarcations, and institutional communications — those steps have not resulted in full, material, and effective compliance with what this Court ordered. On the contrary, it is verified that, as of this date, the metal structures and other works built along the banks of the Río Barucito and the Quebrada Sin Nombre remain in place, despite the fact that the constitutional judgment ordered the adoption of the technical, legal, and administrative measures necessary to ensure their removal and the environmental restoration of the affected area. This continued presence demonstrates that the constitutional protection granted has not been fully executed.

It must be recalled that the right to a healthy and ecologically balanced environment demands heightened, preventive, and effective protection, especially when water body protection zones are involved, given the essential ecological function those zones serve for watercourse conservation, biodiversity, the stability of the riparian ecosystem, and the protection of water resources. In this case, the continued presence of the structures being challenged does not constitute an accessory or merely formal matter, but rather the very core of the constitutional violation previously declared. Therefore, as long as those works remain installed in the protection zone, a state of non-compliance persists and the legally protected environmental interest (bien jurídico) safeguarded by this Court continues to be affected.

Nor can it be overlooked that the original judgment itself imposed a duty of interinstitutional coordination among the Municipalidad de Pérez Zeledón, SINAC, and the Dirección de Agua of MINAE. That duty cannot be understood as a mere discretionary faculty or as a burden transferable exclusively to the regulated party or the interested third party (tercero interesado). On the contrary, as a binding constitutional order, the challenged authorities were required to assume an active, diligent, articulated, and results-oriented course of conduct, so that the technical aspects relating to boundary demarcation, marking, removal methodology, environmental management of the works, prevention of further damage, and site restoration could be defined in a timely manner by the competent bodies. While the interested third party was also obliged to cooperate in good faith in the process of removing the structures, such cooperation was to take place within a previously clear, formally communicated, and institutionally coordinated technical framework.

In this regard, it is relevant that the interested third party claimed that preparing the removal plan depended on official technical inputs — such as topographic surveys, coordinates, demarcations, and environmental criteria — that were required to be defined and communicated by the competent authorities. Even though the institutional reports indicate that measurements and demarcations were carried out, the case file also reveals that the coordination process did not succeed in producing an effective operational roadmap for executing the removal of the works. Thus, beyond the particular responsibilities that may be attributed to each party involved, the constitutionally required result has not been achieved: the structures remain in the protection zone, a removal plan consistent with the right to a healthy environment has not been established, and the ordered environmental restoration has not materialized.

This Court holds that the enforcement of its judgments cannot be made contingent upon administrative delays, technical disagreements, failures of effective communication among institutions, or indefinite coordination burdens. The normative force of constitutional rulings demands that the obligated authorities adopt the measures necessary to overcome operational obstacles and ensure the genuine satisfaction of the fundamental right being safeguarded. In environmental matters, moreover, the passage of time worsens the harm, since the continued presence of unauthorized works within water protection zones can prolong or intensify the impact on the watercourse, the riparian vegetation, the fauna, the natural dynamics of the river, and the ecological balance of the surrounding environment.

Consequently, given that a period substantially longer than that originally set by this Court has elapsed without full compliance with the constitutional order, and given that the structures at issue in the amparo petition remain in place, the non-compliance motion (gestión de incumplimiento) filed by Mr. [Nombre 001], acting as attorney-in-fact for [Nombre 002], is hereby granted. The foregoing is without prejudice to the duty of cooperation that also falls upon the interested third party, but it is hereby clearly established that the challenged authorities must exercise their competencies in a coordinated, technical, diligent, and effective manner, in order to ensure the removal of the structures located in the protection zone of the Río Barucito and the Quebrada Sin Nombre, as well as the adoption of the environmental measures necessary to prevent further harm to the ecosystem.

Accordingly, what is appropriate is to grant the non-enforcement motion (gestión de inejecución) filed, and to order Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, respectively Mayor and President of the Municipal Council of the Municipalidad de Pérez Zeledón, or whoever holds those positions, as well as David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, respectively acting executive director of the Sistema Nacional de Área de Conservación, regional director of the Área de Conservación la Amistad Pacífico, and acting director a.i. of the Dirección de Agua, all of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever holds those positions, to comply with what was ordered by this Court in judgment No. 2025017901 of 09:20 hours on June 13, 2025. The foregoing is issued with the warning that, should non-compliance be established, proceedings may be instituted against them (articles 53 and 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).

III. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are hereby notified that if any paper documents, objects, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the court office (despacho) within a maximum period of thirty business days from the date of notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, respectively Mayor and President of the Municipal Council of the Municipalidad de Pérez Zeledón, or whoever holds those positions, as well as David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, respectively acting executive director of the Sistema Nacional de Área de Conservación, regional director of the Área de Conservación la Amistad Pacífico, and acting director a.i. of the Dirección de Agua, all of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever holds those positions, are hereby reiterated their obligation to comply with what was ordered by this Court in judgment No. 2025017901 of 09:20 hours on June 13, 2025. The foregoing is issued with the warning that, should the alleged non-compliance be established, proceedings may be instituted against them (article 53 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).

This ruling is to be personally notified to Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, respectively Mayor and President of the Municipal Council of the Municipalidad de Pérez Zeledón, or whoever holds those positions, as well as to David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, respectively acting executive director of the Sistema Nacional de Área de Conservación, regional director of the Área de Conservación la Amistad Pacífico, and acting director a.i. of the Dirección de Agua, all of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever holds those positions, in person. - Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintiseis .

Gestión posterior planteada por [Nombre 001], en su condición de Apoderado de [Nombre 002], cédula jurídica [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.

Resultando:

1Por resolución No. 2025017901 de las 09:20 horas del 13 de junio de 2025, esta Sala resolvió lo siguiente: “… Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta sentencia, a) procedan a ejecutar todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del acta de clausura y de los sellos colocados en las infraestructuras construidas en la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre, incluyendo inspecciones periódicas, cierre físico, rotulación visible y control efectivo del sitio y b) remitir a esta Sala, en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS adicionales, un informe detallado y documentado de las actuaciones ejecutadas, con copia de las diligencias de inspección, fotografías del sitio, resolución administrativa adoptada y cualquier medida de seguimiento.Asimismo, se ordena a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta resolución, a) procedan a coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer cumplir la medida cautelar administrativa N.º 0560 dictada el 22 de octubre de 2024, adoptando las medidas técnicas y legales para garantizar el retiro de las plataformas, rampas u otras construcciones ilegales dentro de las zonas de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre y b) en el plazo de QUINCE DÍAS adicionales, remitan a esta Sala un informe detallado, de todas las gestiones realizadas, incluyendo cronograma de actuaciones, resoluciones técnicas, informes de inspección y medidas ejecutadas o programadas para la recuperación ambiental del sitio afectado y c) Se establezca un mecanismo coordinado e interinstitucional de fiscalización permanente junto con la Municipalidad de Pérez Zeledón en el área afectada, a fin de evitar nuevas construcciones, ocupaciones u obras dentro de zonas de protección hídrica sin el debido permiso.Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pérez Zeledón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso.”.
2Mediante resolución de las 10:32 horas del 15 de mayo de 2026, este Tribunal resolvió lo siguiente: “… el señor [Nombre 001], en su condición de apoderado de [Nombre 002], cédula jurídica 3-101-195604, presenta escritos de fechas 31 de marzo y 24 de abril -ambas de 2026- que constan en el expediente electrónico, en los que indica que ha efectuado múltiples esfuerzos de coordinación con la Municipalidad de Pérez Zeledón, la Dirección de Aguas y el SINAC, a efectos de concretar reuniones técnicas relacionadas con el proceso de desmantelamiento y eventual recolocación de estructuras vinculadas al proyecto Cataratas Nauyaca. Señala que varias reuniones programadas fueron suspendidas o reprogramadas por razones atribuibles a las instituciones convocadas, sin que se definieran nuevas fechas concretas, pese a la disposición mostrada por la Municipalidad de Pérez Zeledón para continuar con el proceso.Por lo anterior, se confiere audiencia por TRES DÍAS contado a partir de la notificación de esta resolución a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos. Así como a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen.”.
3Informa DAVID CHAVARRÍA MORALES, en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO A.I. DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) lo siguiente: “… En atención a los hechos alegados por el recurrente, contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, estima el recurrente que el actor no lleva razón al indicar que en relación con lo manifestado por el recurrente, en cuanto a que ha efectuado múltiples gestiones de coordinación con la Municipalidad de Pérez Zeledón, la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), las cuales (según afirma) habrían sido infructuosas por causas atribuibles a dichas instituciones, esta representación desmiente categóricamente tal aseveración por resultar inexacta y carente de sustento en los hechos debidamente acreditados. De conformidad con el informe técnico SINAC-ACLA-P-DR-GMRNSRPZ-INF-0125-2026, posterior a la notificación de la resolución N.° 2025017901 dictada por esa Sala Constitucional, se han mantenido espacios efectivos de coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Pérez Zeledón, la Dirección de Aguas del MINAE y el SINAC, con el claro propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por ese Alto Tribunal.Dicha coordinación no ha sido meramente formal, sino que ha generado actuaciones concretas tanto en sede administrativa como en el sitio objeto del conflicto. En efecto, como resultado de este trabajo articulado, se han llevado a cabo inspecciones conjuntas en campo, mediante las cuales se han ejecutado acciones específicas, tales como la clausura de estructuras denunciadas por parte de la Municipalidad, la delimitación del cauce por la Dirección de Aguas y la demarcación técnica precisa de las áreas de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre por parte del SINAC. Esta última se realizó mediante métodos especializados de alta precisión, incluyendo la utilización de tecnología GNSS con técnica RTK, lo que permitió ubicar con exactitud los puntos que delimitan el área de protección de cincuenta metros a partir de la línea de máxima crecida. Tales actuaciones incluso atendieron solicitudes expresas de la propia parte interesada, quien requirió la identificación exacta de las áreas afectadas para determinar las estructuras a remover.Asimismo, contrario a lo alegado, consta que el día 17 de octubre de 2025 se celebró una reunión formal de coordinación en la Municipalidad de Pérez Zeledón, con la participación de representantes del SINAC, la Municipalidad, la Dirección de Aguas y la propia parte interesada. En dicha reunión se adoptaron acuerdos concretos y verificables, entre ellos la realización de un levantamiento topográfico conjunto, la elaboración por parte del interesado de un plan de retiro y restauración de las estructuras ubicadas dentro del área de protección, la remisión de este plan para su revisión técnica y aprobación institucional, así como la programación de una reunión posterior para dar seguimiento a los avances. No obstante, y este punto resulta determinante para la resolución del presente asunto, el plan de retiro y restauración acordado (el cual constituye un insumo técnico indispensable para poder continuar con la ejecución de las medidas ordenadas por la Sala Constitucional) no ha sido presentado a la fecha por la parte interesada.Esta omisión ha impedido materialmente avanzar en las etapas subsiguientes del proceso, siendo jurídicamente improcedente convocar nuevas reuniones o ejecutar acciones de retiro sin contar con dicho instrumento técnico, que permita definir con claridad las intervenciones a realizar y obtener las aprobaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes. Por otra parte, tampoco resulta atendible la afirmación relativa a que las reuniones hayan sido suspendidas o reprogramadas por causas imputables a la Administración, toda vez que consta que, en al menos una oportunidad, la reprogramación obedeció a la imposibilidad de participación del propio representante de la parte interesada, lo cual desvirtúa cualquier alegato de inactividad institucional en este extremo. Adicionalmente, las gestiones de coordinación han sido canalizadas principalmente a través de la Municipalidad de Pérez Zeledón, lo que evidencia la existencia de mecanismos de comunicación activos y funcionales entre todas las partes involucradas.Igualmente, se tiene por demostrado que en diciembre de 2025 el SINAC remitió formalmente el informe técnico de demarcación a las instancias correspondientes para su conocimiento y trámite, lo que evidencia la continuidad y diligencia de las actuaciones administrativas. Aunado a ello, funcionarios del SINAC han realizado inspecciones periódicas en el sitio con el fin de verificar el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional, manteniendo en todo momento una actitud proactiva y de colaboración. En cuanto a la solicitud de reunión formulada con posterioridad por la parte interesada, la ausencia de respuesta institucional obedeció a una razón objetiva, razonable y jurídicamente justificada: la falta de cumplimiento previo del acuerdo esencial consistente en la presentación del plan de retiro y restauración, sin el cual no resulta procedente ni útil avanzar en nuevas instancias de coordinación.”.
4Informa JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN, en mi condición de DIRECTOR DE AGUAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, quien señala lo siguiente: “… Antes de referirnos al fondo del asunto, debemos tener presente, que el tema del derribo de la infraestructura (plataforma o pasarelas) ubicada en el área de protección de los cuerpos de agua de cauces de dominio público, sea el río Birricito como la quebrada Sin Nombre, fue ordenado por el SINAC. La Dirección de Agua, ha acompañado de manera coordinada, en todo el proceso al SINAC, según sus competencias, al estar involucrados cuerpos de agua y la posible afectación a éstos, por la instalación de manera ilegal de la infraestructura en su área de protección y conforme lo ordenado por la Sala Constitucional en la resolución 2025017901. Por otra parte, conforme lo que se indica en la resolución 2025032466 de ese Tribunal del 7 de octubre del 2025, ese Tribunal se le había informado al señor Morera, sobre el tema aquí denunciado lo siguiente:”…en cuanto a la ausencia de un plan técnico de demolición y la propuesta de ejecución voluntaria plantea a por la sociedad accionada, este trabajo conjunto deberá proponerlo y coordinarlo con las autoridades competentes, a quienes corresponde la definición de los aspectos técnicos y operativos y ambientales de la remoción de las estructuras.” Informarle a la Sala que en acatamiento de lo anterior, el 17 de octubre del 2025, se llevó a cabo una reunión en la que participaron: el representante legal de la parte recurrida (el señor [Nombre 001]) y las diferentes autoridades intervinientes en el proceso, a saber: Municipalidad de Pérez Zeledón, SINAC y Dirección de Agua.Tal y como se evidencia de los documentos que se aportan, en la reunión se tomaron diferentes acuerdos, entre ellos están: 1- Llevar a cabo el levantamiento topográfico del área de la rampa con la participación del SINAC, DIRECCION DE AGUA y Municipalidad para la semana del 20 de octubre al 01 de noviembre. 2- El interesado (parte recurrida) elaborará el plan de retiro de la plataforma. 3- Traslado del plan, a las instancias técnicas correspondientes para la revisión y aprobación final para ser remitido a la Sala Constitucional junto con el oficio de aprobación. 4- Se estableció una próxima reunión para el 19 de noviembre donde se expondrá los resultados y documentos trabajados. Este acuerdo fue firmado por todos los presentes en la reunión, incluido el señor [Nombre 001], según documento adjunto. Nótese que el acuerdo o compromiso indicado no señala que para elaborar el plan se llevarán a cabo reuniones previas.Es importante informar a este Tribunal, que por parte del SINAC en coordinación con la Dirección de Aguas, se cumplió con el punto 1) del acuerdo y se llevó a cabo el levantamiento topográfico tal y como se solicitó por parte del recurrido, representada por el señor Morera. Como prueba de lo señalado, se adjunta el informe técnico DA-UHTPSOZ-0137-2026, en el que se indica que conforme el oficio CARTA-SINAC-ACLAP-DR-GASP-IRT-SIG-331-2025, se establecen las zonas de protección del Rio Barucito en la finca 1246334-000. Sin embargo, no le consta a esta Dirección que la parte recurrida representada por el señor Morera, le haya presentado al SINAC, el plan de retiro de la plataforma y estructuras, que se ubican dentro del área de protección, a fin de que éste sea analizado y posteriormente aprobado por todas las instancias técnicas incluida la Dirección de Agua. Plan que conforme al compromiso firmado el 17 de octubre del 2025, debió de estar presentado antes del 19 de noviembre del 2025, fecha en que se dispuso se debería de contar con los resultados de los análisis de la información presentada por el recurrido y los documentos trabajados para iniciar la remoción de la infraestructura y poder informar de ello a la Sala Constitucional.En lugar de ello, la parte recurrida, en un intento de atrasar el derribo y eliminación de la infraestructura, colocada de manera ilegal, arguye la falta de reuniones que ha solicitado, las cuales pareciera no están relacionadas con la presentación del plan de eliminación de la infraestructura, según el compromiso adquirido. Tal parece que lo que se está haciendo es una práctica dilatoria, que lejos de evidenciar una buena voluntad por parte del infractor, lo que busca es evitar la remoción de la infraestructura e incumplimiento bajo cualquier excusa de la resolución de la Sala Constitucional. Ahora bien, con el propósito de dar seguimiento a la orden de este Tribunal, en cuanto a la eliminación de la infraestructura, tanto el SINAC en coordinación con esta Dirección, han llevado a cabo diferentes visitas al sitio a fin de verificar las condiciones del lugar, las que no han variado, permaneciendo en este, la plataforma e infraestructura instalada en el área de protección del río Barucito y quebrada Sin Nombre.Tal y como se menciona en el informe en el oficio DA-UHTPSOZ-0521-2026 de fecha 19 de mayo del 2026, adjunto, la Dirección de Agua siempre ha estado anuente a realizar reuniones y coordinaciones que sean necesarias a fin de que se cumpla lo ordenado por la Sala Constitucional, por lo que no es de recibo lo señalado por el señor Morera en su escrito. Como prueba de ello, se remite copia de los correos que se cruzaron en el mes de agosto del 2025 entre el Coordinador de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur y el señor [Nombre 001]. Aclarado lo anterior, reiterar que es evidente la falta de voluntad por parte del recurrente, representada en este acto por el señor Morera, al no haber cumplido con el compromiso adquirido el 17 de octubre del 2025, y a la fecha no contar con el plan de eliminación y derribo de las obras construidas de manera ilegal, para su respectivo análisis. Por último, debemos señalar en cuanto a lo indicado por el señor Morera sobre la coordinación con la Municipalidad de Pérez Zeledón, se desconoce cualquier gestión que al respecto haya llevado a cabo el señor Morera con las autoridades Municipales, relacionadas con el caso.”.
5Informan Emanuel CECILIANO ALFARO Y ANDREA HERRERA CHAVES, por su orden ALCALDE Y PRESIDENTA DEL CONCEJO, ambos de la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN, quienes aducen lo siguiente: “… Antes de referirnos al fondo del asunto, debemos tener presente, que el tema del derribo de la infraestructura (plataforma o pasarelas) ubicada en el área de protección de los cuerpos de agua de cauces de dominio público, sea el río Birricito como la quebrada Sin Nombre, fue ordenado por el SINAC. La Dirección de Agua, ha acompañado de manera coordinada, en todo el proceso al SINAC, según sus competencias, al estar involucrados cuerpos de agua y la posible afectación a éstos, por la instalación de manera ilegal de la infraestructura en su área de protección y conforme lo ordenado por la Sala Constitucional en la resolución 2025017901. Por otra parte, conforme lo que se indica en la resolución 2025032466 de ese Tribunal del 7 de octubre del 2025, ese Tribunal se le había informado al señor Morera, sobre el tema aquí denunciado lo siguiente:”…en cuanto a la ausencia de un plan técnico de demolición y la propuesta de ejecución voluntaria plantea a por la sociedad accionada, este trabajo conjunto deberá proponerlo y coordinarlo con las autoridades competentes, a quienes corresponde la definición de los aspectos técnicos y operativos y ambientales de la remoción de las estructuras.” Informarle a la Sala que en acatamiento de lo anterior, el 17 de octubre del 2025, se llevó a cabo una reunión en la que participaron: el representante legal de la parte recurrida (el señor [Nombre 001]) y las diferentes autoridades intervinientes en el proceso, a saber: Municipalidad de Pérez Zeledón, SINAC y Dirección de Agua.Tal y como se evidencia de los documentos que se aportan, en la reunión se tomaron diferentes acuerdos, entre ellos están: 1- Llevar a cabo el levantamiento topográfico del área de la rampa con la participación del SINAC, DIRECCION DE AGUA y Municipalidad para la semana del 20 de octubre al 01 de noviembre. 2- El interesado (parte recurrida) elaborará el plan de retiro de la plataforma. 3- Traslado del plan, a las instancias técnicas correspondientes para la revisión y aprobación final para ser remitido a la Sala Constitucional junto con el oficio de aprobación. 4- Se estableció una próxima reunión para el 19 de noviembre donde se expondrá los resultados y documentos trabajados. Este acuerdo fue firmado por todos los presentes en la reunión, incluido el señor [Nombre 001], según documento adjunto. Nótese que el acuerdo o compromiso indicado no señala que para elaborar el plan se llevarán a cabo reuniones previas.Es importante informar a este Tribunal, que por parte del SINAC en coordinación con la Dirección de Aguas, se cumplió con el punto 1) del acuerdo y se llevó a cabo el levantamiento topográfico tal y como se solicitó por parte del recurrido, representada por el señor Morera. Como prueba de lo señalado, se adjunta el informe técnico DA-UHTPSOZ-0137-2026, en el que se indica que conforme el oficio CARTA-SINAC-ACLAP-DR-GASP-IRT-SIG-331-2025, se establecen las zonas de protección del Rio Barucito en la finca 1246334-000. Sin embargo, no le consta a esta Dirección que la parte recurrida representada por el señor Morera, le haya presentado al SINAC, el plan de retiro de la plataforma y estructuras, que se ubican dentro del área de protección, a fin de que éste sea analizado y posteriormente aprobado por todas las instancias técnicas incluida la Dirección de Agua. Plan que conforme al compromiso firmado el 17 de octubre del 2025, debió de estar presentado antes del 19 de noviembre del 2025, fecha en que se dispuso se debería de contar con los resultados de los análisis de la información presentada por el recurrido y los documentos trabajados para iniciar la remoción de la infraestructura y poder informar de ello a la Sala Constitucional.En lugar de ello, la parte recurrida, en un intento de atrasar el derribo y eliminación de la infraestructura, colocada de manera ilegal, arguye la falta de reuniones que ha solicitado, las cuales pareciera no están relacionadas con la presentación del plan de eliminación de la infraestructura, según el compromiso adquirido. Tal parece que lo que se está haciendo es una práctica dilatoria, que lejos de evidenciar una buena voluntad por parte del infractor, lo que busca es evitar la remoción de la infraestructura e incumplimiento bajo cualquier excusa de la resolución de la Sala Constitucional. Ahora bien, con el propósito de dar seguimiento a la orden de este Tribunal, en cuanto a la eliminación de la infraestructura, tanto el SINAC en coordinación con esta Dirección, han llevado a cabo diferentes visitas al sitio a fin de verificar las condiciones del lugar, las que no han variado, permaneciendo en este, la plataforma e infraestructura instalada en el área de protección del río Barucito y quebrada Sin Nombre.Tal y como se menciona en el informe en el oficio DA-UHTPSOZ-0521-2026 de fecha 19 de mayo del 2026, adjunto, la Dirección de Agua siempre ha estado anuente a realizar reuniones y coordinaciones que sean necesarias a fin de que se cumpla lo ordenado por la Sala Constitucional, por lo que no es de recibo lo señalado por el señor Morera en su escrito. Como prueba de ello, se remite copia de los correos que se cruzaron en el mes de agosto del 2025 entre el Coordinador de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur y el señor [Nombre 001]. Aclarado lo anterior, reiterar que es evidente la falta de voluntad por parte del recurrente, representada en este acto por el señor Morera, al no haber cumplido con el compromiso adquirido el 17 de octubre del 2025, y a la fecha no contar con el plan de eliminación y derribo de las obras construidas de manera ilegal, para su respectivo análisis. Por último, debemos señalar en cuanto a lo indicado por el señor Morera sobre la coordinación con la Municipalidad de Pérez Zeledón, se desconoce cualquier gestión que al respecto haya llevado a cabo el señor Morera con las autoridades Municipales, relacionadas con el caso.”.
6Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de mayo de 2026, el amparado, FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO manifiesta lo siguiente: “… PRIMERO. Es mi interés informarle a la Honorable Sala Constitucional, que desde el mes de junio del 2025, cuando se nos notificó la sentencia Constitucional de fondo, he tratado por todos los medios que los funcionarios recurridos cumplan con lo ordenado por esta Honorable Sala, todo sin resultados positivos, pues según los funcionarios accionados ellos están ocupados en otros asuntos de mayor interés, y recientemente porque estaban en campaña política y por último porque estaban involucrados en el tema de traspaso de poderes. Ante esta disyuntiva opté por solicitar una audiencia con el Presidente de la República a efectos de ponerle en conocimiento el incumplimiento e irrespeto a las ordenes emanadas de esta Honorable Sala como Máximo Intérprete de la Constitución, lo que realicé el 18 de marzo del 2026, especialmente observando que ahora son sus subalternos y no el Poder Judicial, quienes incumplen sus deberes e irrespetan las ordenes de la Sala Constitucional de obligado acatamiento.Lo anterior a efectos de que el citado incumplimiento fuera puesto en conocimiento del Ministro del MINAE para que adoptara las medidas y acciones que correspondían para darle fiel cumplimiento a lo ordenado por esta Honorable Magistratura, no obstante, lo anterior, no se me otorgó la audiencia solicitada, sin embargo la Señorita PAMELA ROSALES JIMÉNEZ, coordinadora del Departamento de Gestión Documental de la Presidencia de la República, remitió el asunto al entonces Jerarca del Ministerio del Ambiente y Energía, Señor FRANZ TATTENBACH CAPRA, en fecha del 19 de marzo del 2026, o sea, hace poco más de 2 meses, para que valorara la situación y procediera conforme, no obstante lo anterior, dicho Ministro tampoco le interesó cumplir con la sentencia Constitucional durante su estancia como Máximo Jerarca del Ministerio recurrido, todo pese a que en el venidero mes de junio, se cumple un año desde la emisión de la sentencia Constitucional a los funcionarios recurridos debían cumplir.Señores Magistrados Constitucionales, estoy aportando secuencia fotográfica de las obras levantadas en la Zona de Protección del Río Barucito, para demostrar que las mismas permanecen en el sitio tal y como estaban antes de la interposición del recurso de amparo que nos ocupa. En igual sentido remito como prueba, el oficio MP-DMP-DVA-DGP-GD-OF0643-2026, del 19 de marzo del 2026, emitido por el Departamento de Gestión Documental de la Presidencia de la República y el correo electrónico que acompañó dicho oficio, con la intención de demostrar que el citado Departamento , remitió nuestra gestión oportunamente ante el ministro del MINAE, Señor FRANZ TATTENBACH CAPRA, no obstante, 2 meses y resto después la sentencia Constitucional continua sin cumplirse, pese a la gravedad de las infracciones Constitucionales alegadas. Conforme a lo anterior y demostrándose el incumplimiento de las ordenes emitidas por esta Honorable Sala Constitucional, que no solo son vinculantes para los funcionarios recurridos como funcionarios públicos que son, sino que obligatorias, solicito ordenar el fiel cumplimiento de la sentencia emitida por este Tribunal Constitucional.No obstante lo anterior, al demostrarse que los funcionarios recurridos, jerarcas del SINAC y de la Dirección de Aguas, Presidenta del Concejo Municipal y Alcalde Municipal, y ahora el mismísimo Ministro del Ramo, no han querido cumplir con la sentencia Constitucional, le solicito a esta Honorable Magistratura con el debido respeto, comisionar a uno de los Despachos Judiciales del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, para que ejecute el retiro de las obras, o bien, por lo menos para que supervise dichas diligencias, pues temo que la sentencia emanada de esta Jurisdicción se convierta en letra vacía, ya que este 13 de junio del 2026 venidero, se cumplirá 1 año desde que se ordenó mediante sentencia, el retiro de las obras, y he gestionado hasta la saciedad ante las oficinas recurridas, el cumplimiento de la orden. Dejo de esta manera presentado el memorial, la secuencia fotográfica que se adjunta, y el oficio expedido por el Departamento de Gestión Territorial de la Presidencia de la república.”.
7Por escrito incorporado al expediente digital el 27 de mayo de 2026, el señor [Nombre 001], en su condición de Apoderado de [Nombre 002], acota lo siguiente: “… I.- De manera preliminar y categórica, esta representación formula formal rechazo a los informes rendidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Dirección de Aguas, por cuanto ambos presentan una relación de hechos parcializada y contraria a los principios de buena fe y lealtad procesal, orientada a eximir a los jerarcas de dichas instituciones de responsabilidad por la paralización material del presente proceso. Por el contrario, la Municipalidad de Pérez Zeledón —particularmente el Arq. Aron Mesén Zebrov, del Departamento de Planificación Territorial— ha mantenido una actuación de permanente colaboración, diligencia y acorde con el principio de coordinación interinstitucional. La tesis sostenida por el SINAC y la Dirección de Aguas, en el sentido de atribuir el atraso a la falta de presentación unilateral de un supuesto “plan de retiro”, resulta jurídicamente improcedente y técnicamente inviable.Pretenden transformar arbitrariamente en una obligación exclusiva de mi representada un proceso que requería necesariamente coordinación técnica conjunta y, sobre todo, la definición previa por parte del propio Estado del deslinde topográfico y de las coordenadas oficiales del área de protección. Eso no ha sucedido ni había sido. En consecuencia, los informes rendidos omiten deliberadamente que cualquier actuación de mi representada dependía de insumos técnicos que las propias instituciones recurridas debían definir y comunicar formalmente, intentando ahora trasladar al administrado las consecuencias de su propia inactividad administrativa. II.- El eje central de la argumentación que ahora esgrime el SINAC y la Dirección de Aguas consiste en afirmar que mi representada “no aportó el plan de retiro”. No obstante, ambas instituciones omiten informar a esta Honorable Sala que el insumo técnico indispensable para elaborar dicho plan —el levantamiento topográfico y las coordenadas oficiales— nunca fue notificado a esta parte.Omiten de igual forma señalar que a partir de una primera reunión que debía llevarse a cabo el 19 de noviembre del 2025 y que ellos cancelaron, se dirigía a la construcción conjunta de dicho plan que ciertamente involucra aristas técnicas como también posibles contingencias de responsabilidad sobre el desmonte, retiro y destino las estructuras de cemento y metal de las rampas. Esta en el mejor interés de mi representada llevar a cabo estas tareas, pero sin incurrir en otras responsabilidades que no esté en capacidad de dirimir. Esa fue siempre la idea de la mesa conjunta (Aguas, SINAC, Municipalidad y mi representada) ideada por don Arón Mesén desde setiembre del 2025. III.- Bajo esta premisa de buena fe y coordinación, luego de una primera reunión sostenida el 17 de octubre, se acordó (ver punto 4 de la minuta incorporada al expediente 20/05/2026 16:39:46) una segunda mesa de trabajo para el 19 de noviembre de 2025.El objetivo de dicha sesión era claro: una vez que la Administración finalizara y nos comunicara el levantamiento topográfico oficial, iniciaríamos la elaboración conjunta del plan de retiro. Exigir que mi representada actúe a ciegas respecto a parámetros técnicos que el Estado no le ha facilitado resulta materialmente imposible y contrario a los deberes de fiscalización del SINAC y de la Dirección de Aguas. IV.- Aportamos a esta Sala, la cadena de correos electrónicos institucionales. Esta documentación demuestra claramente que la sesión del 19 de noviembre fue cancelada porque el MINAE no había finalizado las mediciones, y que posteriormente nuestra representada enfrentó un prolongado silencio institucional: a) 17 de noviembre de 2025: Esta representación solicitó confirmar la reunión, advirtiendo nuestra limitación material: "a la fecha no contamos con las mediciones... no tenemos claridad sobre si se completó la diligencia". b) 18 de noviembre de 2025: El funcionario municipal, Arq. Aron Mesén, cancela la sesión indicando de manera textual: "Consultando a los funcionarios del MINAE me indicaron que les queda una medición que realizar por lo que los insumos aún no están listos y tampoco he tenido acceso a estos... suspendamos la reunión hasta que los compañeros del MINAE puedan obtener los insumos". c) 9 de diciembre de 2025: Consultamos mediante correo institucional: "quería consultar si hay novedades respecto a la medición pendiente a efectos de retomar la reunión".No hubo respuesta del SINAC ni de la Dirección de Aguas. d) 26 de enero y 5 de febrero de 2026: Reiteramos nuestra disposición al diálogo de forma explícita: "¿Qué día cree que pueda retomarse estas conversaciones interrumpidas desde el año pasado?", y consultamos si era necesario informar a esta Sala sobre la dificultad de reunirse. Nuevamente, la respuesta de las autoridades ambientales fue el silencio absoluto V.- Desconcierta que mi representada tuviera conocimiento del informe técnico CARTA-SINACACLAP-DR-GASP-IRT-SIG-399-2025, emitido desde el 16 de diciembre de 2025, únicamente al acceder a los informes rendidos ante esta Sala. El propio SINAC reconoce que dicho documento fue remitido exclusivamente a la Municipalidad de Pérez Zeledón, excluyendo completamente a esta parte. En las varias comunicaciones sostenidas en enero y febrero del año en curso, ello no nos fue siquiera mencionado.En consecuencia, resulta material y jurídicamente imposible exigir a mi representada la elaboración de un plan técnico basado en coordenadas y replanteos que el propio Estado omitió poner en su conocimiento. Esto obedece a una necesidad técnica fundamental: los administrados requerimos la guía y los parámetros del Estado (como el método constructivo inverso, el manejo de sedimentos y las directrices de protección del cauce) para ejecutar el desmantelamiento sin provocar una afectación ambiental mayor ni incurrir en responsabilidades legales. VI.- Solicitamos simplemente volver al punto de acuerdo del 19 de noviembre del 2025: una iniciativa mancomunada o conjunta sobre el cómo llevar a cabo lo ordenado por esta Sala en torno al retiro de los cientos de metros de material de cemento y metal, de manera organizada, causando el menor daño ambiental posible.”
8En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I. SOBRE LO RESUELTO POR ESTE TRIBUNAL

Esta Sala mediante resolución No. 2025017901 de las 09:20 horas del 13 de junio de 2025, resolvió lo siguiente: “… Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta sentencia, a) procedan a ejecutar todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del acta de clausura y de los sellos colocados en las infraestructuras construidas en la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre, incluyendo inspecciones periódicas, cierre físico, rotulación visible y control efectivo del sitio y b) remitir a esta Sala, en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS adicionales, un informe detallado y documentado de las actuaciones ejecutadas, con copia de las diligencias de inspección, fotografías del sitio, resolución administrativa adoptada y cualquier medida de seguimiento.

Asimismo, se ordena a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta resolución, a) procedan a coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer cumplir la medida cautelar administrativa N.º 0560 dictada el 22 de octubre de 2024, adoptando las medidas técnicas y legales para garantizar el retiro de las plataformas, rampas u otras construcciones ilegales dentro de las zonas de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre y b) en el plazo de QUINCE DÍAS adicionales, remitan a esta Sala un informe detallado, de todas las gestiones realizadas, incluyendo cronograma de actuaciones, resoluciones técnicas, informes de inspección y medidas ejecutadas o programadas para la recuperación ambiental del sitio afectado y c) Se establezcan un mecanismo coordinado e interinstitucional de fiscalización permanente junto con la Municipalidad de Pérez Zeledón en el área afectada, a fin de evitar nuevas construcciones, ocupaciones u obras dentro de zonas de protección hídrica sin el debido permiso.

Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Pérez Zeledón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso.”.

II. SOBRE LA GESTIÓN FORMULADA

Del análisis integral de la gestión posterior formulada por el señor [Nombre 001], en su condición de apoderado de [Nombre 002], así como de los informes rendidos por las autoridades recurridas, de las manifestaciones del amparado - FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO- y de la prueba documental incorporada al expediente, esta Sala concluye que la gestión debe ser acogida. En efecto, mediante sentencia No. 2025017901 de las 09:20 horas del 13 de junio de 2025, este Tribunal declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo, únicamente por violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y ordenó a la Municipalidad de Pérez Zeledón, al SINAC y a la Dirección de Agua del MINAE adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas administrativas dispuestas respecto de las infraestructuras construidas en la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre, incluyendo la coordinación técnica e interinstitucional requerida para el retiro de plataformas, rampas u otras construcciones ilegales ubicadas dentro de dichas zonas de protección hídrica.

Ahora bien, de los elementos probatorios aportados se desprende que, si bien las autoridades recurridas han realizado algunas actuaciones administrativas, tales como reuniones de coordinación, inspecciones en sitio, levantamientos topográficos, delimitaciones técnicas y comunicaciones institucionales, lo cierto es que tales gestiones no han culminado en el cumplimiento material, pleno y efectivo de lo ordenado por esta Sala. Por el contrario, se verifica que a la fecha, las estructuras metálicas y demás obras construidas en los márgenes del río Barucito y de la quebrada Sin Nombre permanecen en el sitio, pese a que la sentencia constitucional ordenó adoptar las medidas técnicas, legales y administrativas necesarias para garantizar su retiro y la recuperación ambiental del área afectada. Esta permanencia evidencia que la tutela constitucional otorgada no ha sido ejecutada a cabalidad.

Debe recordarse que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado exige una tutela reforzada, preventiva y efectiva, especialmente cuando se trata de zonas de protección de cuerpos de agua, cuya función ecológica resulta esencial para la conservación del cauce, la biodiversidad, la estabilidad del ecosistema ribereño y la protección del recurso hídrico. En este caso, las estructuras cuya permanencia se denuncia no constituyen un aspecto accesorio o meramente formal, sino el núcleo mismo de la infracción constitucional previamente declarada. Por ello, mientras dichas obras continúen instaladas en el área de protección, subsiste el estado de incumplimiento y se mantiene la afectación al bien jurídico ambiental tutelado por este Tribunal.

Tampoco puede perderse de vista que la propia sentencia originaria impuso un deber de coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Pérez Zeledón, el SINAC y la Dirección de Agua del MINAE. Ese deber no puede entenderse como una simple facultad discrecional ni como una carga trasladable exclusivamente al administrado o al tercero interesado. Por el contrario, al tratarse de una orden constitucional vinculante, las autoridades recurridas debían asumir una conducta activa, diligente, articulada y orientada a resultados concretos, de manera que los aspectos técnicos relativos al deslinde, demarcación, metodología de retiro, manejo ambiental de las obras, prevención de daños adicionales y restauración del sitio fueran definidos oportunamente por los órganos competentes. Si bien el tercero interesado también debía colaborar de buena fe en el proceso de retiro de las estructuras, dicha colaboración debía desarrollarse dentro de un marco técnico previamente claro, formalmente comunicado y coordinado por las instituciones públicas encargadas de la protección ambiental.

En ese sentido, resulta relevante que el tercero interesado haya alegado que la elaboración del plan de retiro dependía de insumos técnicos oficiales, tales como levantamientos topográficos, coordenadas, delimitaciones y criterios ambientales que debían ser definidos y comunicados por las autoridades competentes. Aun cuando los informes institucionales señalan que se efectuaron mediciones y demarcaciones, también se desprende del expediente que el proceso de coordinación no logró traducirse en una ruta operativa eficaz para ejecutar el retiro de las obras. Así, más allá de las responsabilidades particulares que puedan atribuirse a cada interviniente, lo cierto es que el resultado constitucionalmente exigible no se ha alcanzado: las estructuras permanecen en la zona de protección no se ha definido un plan de retiro armónico con el derecho al medio ambiente sano y la recuperación ambiental ordenada no se ha materializado.

Esta Sala estima que la ejecución de sus sentencias no puede quedar supeditada a dilaciones administrativas, desacuerdos técnicos, falta de comunicación efectiva entre instituciones o cargas de coordinación indefinidas. La fuerza normativa de las resoluciones constitucionales exige que las autoridades obligadas adopten las medidas necesarias para superar los obstáculos operativos y garantizar la satisfacción real del derecho fundamental tutelado. En materia ambiental, además, el paso del tiempo agrava la lesión, pues la permanencia de obras no autorizadas dentro de zonas de protección hídrica puede prolongar o intensificar el impacto sobre el cauce, la vegetación ribereña, la fauna, la dinámica natural del río y el equilibrio ecológico del entorno.

En consecuencia, al haber transcurrido un plazo ampliamente superior al originalmente fijado por este Tribunal sin que se haya cumplido plenamente la orden constitucional y al constatarse que las estructuras objeto del amparo continúan instaladas en el sitio, ha lugar a la gestión de incumplimiento planteada por el señor [Nombre 001], en su condición de apoderado de [Nombre 002]. Lo anterior, sin perjuicio del deber de colaboración que también corresponde al tercero interesado, pero dejando claramente establecido que las autoridades recurridas deben ejercer sus competencias de manera coordinada, técnica, diligente y eficaz, a fin de asegurar el retiro de las estructuras ubicadas en la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre, así como la adopción de las medidas ambientales necesarias para evitar una afectación mayor al ecosistema.

Ergo, lo que corresponde es acoger la gestión de inejecución interpuesta y se procede a ordenarle a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos. Así como a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, que cumplan con lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2025017901 de las 09:20 horas del 13 de junio de 2025. Lo anterior, bajo la advertencia de que de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento en su contra (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional).

III. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se le reitera a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos. Así como a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, que cumplan con lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2025017901 de las 09:20 horas del 13 de junio de 2025. Lo anterior, bajo la advertencia que de acreditarse la desobediencia alegada, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento en su contra (artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notifíquese este pronunciamiento a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos.

Así como a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, en forma personal. - Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Non-execution of environmental amparo — removal of illegal works from Río Barucito protection zoneInejecución de amparo ambiental — retiro de obras ilegales en zona de protección río Barucito

I. ON WHAT THIS TRIBUNAL HAS RESOLVED

II. ON THE MOTION FILED

III. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE

I. SOBRE LO RESUELTO POR ESTE TRIBUNAL

II. SOBRE LA GESTIÓN FORMULADA

III. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

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