← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 18422-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/2026
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo for violation of the patient's right to health, but without condemnation in costs, damages, or losses, per the majority.La Sala declaró con lugar el recurso de amparo por violación al derecho a la salud de la paciente, pero sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, según la mayoría.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed on behalf of a 37-year-old patient admitted since March 23, 2026, to Hospital México for high-priority tumor surgery, which had not been performed by the time the appeal was filed on April 27, 2026. The Chamber found that the waiting period of over one month was unreasonable, violating the right to health and the principles of efficiency and effectiveness of public services. Since the surgery was performed on May 18, 2026, after the initial order was served, the appeal was granted under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. However, the majority decided not to award costs, damages, or losses, arguing the article allows for assessing their appropriateness. Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas partially dissented, holding that an abstract condemnation for damages and losses should apply, with Garro Vargas also ordering costs. The ruling highlighted the exponential increase in amparos concerning waiting lists and recalled judgment 2019-005560, which declared a systematic violation of the right to health by the CCSS.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado a favor de una paciente de 37 años internada desde el 23 de marzo de 2026 en el Hospital México para una cirugía de alta prioridad por un tumor, la cual no se había realizado al momento de interponerse el recurso el 27 de abril de 2026. La Sala consideró que el plazo de espera de más de un mes era irrazonable y lesionaba el derecho a la salud y los principios de eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Dado que la cirugía se llevó a cabo el 18 de mayo de 2026, después de notificado el auto inicial, se declaró con lugar el recurso con base en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, la mayoría de la Sala decidió no imponer condenatoria en costas, daños y perjuicios, argumentando que el artículo permite valorar su procedencia. Los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas salvaron el voto parcialmente, considerando que procedía la condenatoria en daños y perjuicios en abstracto, mientras que Garro Vargas también condenó en costas. Además, se destacó el aumento exponencial de amparos por listas de espera y se recordó la sentencia 2019-005560, que declaró una vulneración sistemática del derecho a la salud por parte de la CCSS.
Key excerptExtracto clave
From the table above it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in cases filed for violation of the right to health. Furthermore, the exacerbated increase of these matters during 2025 is highlighted, when this area reached 43.21% of the Court's docket. Of those matters, a good number correspond to waiting lists. In relation to the above, this Court, in ruling no. 2019-005560 of 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists.Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera.
Pull quotesCitas destacadas
"El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental."
"The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which all other fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that article of the political charter, since life is inconceivable without guaranteeing the human person minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance."
Considerando III
"El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental."
Considerando III
"Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."
"Public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation."
Considerando IV
"Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."
Considerando IV
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the petition shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate."
Artículo 52 LJC
"Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes."
Artículo 52 LJC
"En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado."
"In my opinion, such exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even if the respondent issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that in the specific case no compensable injury was caused."
Voto salvado del magistrado Salazar Alvarado
"En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado."
Voto salvado del magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twenty-second of May of two thousand twenty-six.
Amparo remedy filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card CED02, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CCSS).
Whereas:
Drafted by Judge Araya García; and,
Considering:
I.Purpose of the remedy. The petitioner stated that since March 23, 2026, the protected person has been admitted to Hospital México, without having undergone the surgery that was prescribed for her, with high priority, due to a tumor.
1. The protected person is 37 years old (see the Civil Registry database).
2. On March 23, 2026, the protected person was admitted to Hospital México for the purpose of undergoing a surgery prescribed, with high priority, by the Neurosurgery Service, because she has a tumor (uncontested fact).
3. On April 27, 2026, the amparo remedy was filed (the orders).
4. On May 12, 2026, Hospital México was notified of the initial order of the amparo remedy (see the digital notification record).
5. On May 18, 2026, the surgical intervention was performed (see the report rendered by the Neurosurgery Department of Hospital México, added to the digital case file).
III.Regarding the fundamental right to health. The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, the right to health finds its basis in that same article of the political charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.
IV.Regarding the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund have the duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of the Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of "waiting lists" for surgical interventions and certain specialized examinations, or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and swift manner.
The heads of the Costa Rican Social Security Fund and the Directors of its Hospitals and Clinics have the duty and, consequently, are personally responsible—under the terms of Article 199 et seq. of the General Public Administration Act—for adopting and implementing all administrative and organizational measures and provisions to definitively put an end to the tardy provision—which, on occasion, becomes negligent due to its consequences—of health services, a situation that constitutes, clearly, an unequivocal lack of service that may give rise to the administrative patrimonial liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 et seq. of the General Public Administration Act).
V.Regarding the specific case. From the list of proven facts, it is evident that on March 23, 2026, the protected person was admitted to Hospital México for the purpose of undergoing a surgery prescribed, with high priority, by the Neurosurgery Service because she has a tumor. Without a doubt, the waiting period of more than 1 month that had elapsed at the time the remedy was filed is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public assistance services.
VI.However, on May 18, 2026, after the initial order was notified, the surgical intervention was performed. Since the indications suggest that it was on the occasion of this proceeding that the pertinent actions were executed to restore the protected party to the full enjoyment and exercise of her fundamental rights, it is appropriate to declare the remedy granted, in application of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act, with the consequences explained later.
VII.Regarding the order to pay legal costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be declared granted solely for purposes of compensation and legal costs, if they are applicable"), the granting must be without a special order for legal costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the remedy is declared granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that this same paragraph in fine states that the granting is ordered "solely for purposes of compensation and legal costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or non-applicability of compensation and legal costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.
In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Act, which states: "any resolution granting the remedy shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the legal costs of the remedy, and its settlement shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not compensation and legal costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Public Administration Act and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Act - cf.
Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in this sub lite preserves the possibility of resorting, if she sees fit, to a plenary proceeding to demonstrate that she has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this remedy without an order for legal costs, damages, and losses.
VIII.Conclusion. Under this set of circumstances, it is necessary to declare the amparo remedy granted, in application of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act, but without a special order for the payment of the legal costs, damages, and losses caused, with the consequences specified in the operative part of this judgment.
IX.Note from Judge Rueda Leal. The issue of amparo remedies related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has had an exponential increase, as the statistics of this Court show.
Number of health case files submitted to the Constitutional Chamber:
YEAR QUANTITY IN HEALTH 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 From the table above, it can be inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the sharp increase in these matters during 2025 is highlighted, when this area reached 43.21% of the Court's circulating caseload.
Of those matters, a good number correspond to waiting lists. In relation to the foregoing, this Court, in judgment No. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the elaboration, within a period of six months from the notification of said ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of said problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in case file No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist doctors, equipment needs and increasing demand at the primary care level, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others.
In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnostic groups according to symptoms, level of urgency, and patient conditions, as well as the objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous persons, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the mentioned vote is intended to ensure that the Costa Rican Social Security Fund—within the framework of its constitutional and legal competences—takes the required measures to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.
In addition to this, in order to follow up on compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. It also ordered the Ombudsman's Office to assist in the follow-up of the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.
X.Partial dissenting vote of Judge Salazar Alvarado, solely in relation to the non-imposition of legal costs, damages, and losses against the respondent party.
Although I concur with the rest of the Chamber in declaring the remedy granted, I separate from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the legal costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Constitutional Jurisdiction Act, in Article 52, provides that:
"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be declared granted solely for purposes of compensation and legal costs, if they are applicable." On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:
"...any resolution granting the remedy shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the legal costs of the remedy, and its settlement shall be reserved for the execution of the judgment." This latter norm establishes the general system that regulates what is related to the matter of compensation and the payment of legal costs, and which the majority calls the "natural or normal way of terminating the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…".
In the majority's criterion, cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has determined the grievance to be proven; and, as a consequence, the need arises for an order for legal costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, declares the remedy granted, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of her fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a situation contemplated in the referred Article 52—, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the order against the offender for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the legal costs of the remedy.
This rule is nothing other than the recognition, to the party who has suffered a violation of her fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the damaging consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the remedy, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has determined the grievance to be proven and has addressed the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceeding, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved person (Article 52), always, in any of these situations, the imperative need arises for an order for legal costs, damages, and losses against the offender, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the moment of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the order for legal costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in these respects, contained in the Constitutional Jurisdiction Act.
On the other hand, it is clear that the aforementioned Article 52 is applied solely in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, has verified the violation of her fundamental rights that the protected party has suffered, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in her favor; a situation which, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scopes, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that allowed the amparo to proceed; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, in an indubitable manner, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights.
Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of ordering legal costs, damages, and losses, despite the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be declared granted "solely for purposes of compensation and legal costs, if they are applicable." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the situations strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.
In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for legal costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is demonstrated in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. Since in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—the granting of this remedy must necessarily imply the order for legal costs, damages, and losses, and we so declare.
As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary purpose the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach in the regime of the fundamental rights of individuals. From that angle, the analysis carried out by this venue concentrates on such verification; however, it does not delve into the weighing of whether those issues have or have not generated injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages, losses, and legal costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said pertinence examination can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo remedy, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted the adequate cause for patrimonial injuries that are legally compensable.
By way of reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:
"ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court corresponds to the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, settlement, and fulfillment of pecuniary compensations." It is clear that said proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since that type of claim would not be applicable within that type of cause, when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inapplicability of damages, losses, and/or legal costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this particular. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber.
In that order, in my judgment, pursuant to the aforementioned numeral 52 of the LJC, the waiver of that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which it is estimated, with due reasoning, that there are no patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the acting entity's own cause or by external cause, the accused indolence or the reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings, and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract condemnation that subsequently constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction.
The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, this is not their purpose or primary ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages, given that what she seeks is the safeguarding of her fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have caused her injuries is an aspect that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of cause. It should be noted that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct an analysis of the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infringement, whereby, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation.
In this way, the waiver of condemnation referred to in that norm is exceptional, not the rule. Therefore, in those cases, the norm imposes the abstract condemnation, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and legal costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in her patrimonial sphere, would be jeopardized, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature, that conduct was adopted causing the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person.
That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of her situation insofar as it was made to cease for the reasons referred to in the norm under examination generated damages and losses, is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a premise, by the mere realization of the factual situation regulated in the aforementioned numeral 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority's position, I express my vote and reiterate that the granting of this remedy must necessarily imply the abstract condemnation for legal costs, damages, and losses.
XI.Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (LJC) states: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the remedy shall be declared granted solely for purposes of compensation and legal costs, if they are applicable."
My interpretation of this norm is the following: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to legal costs. What is more, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to legal costs.
Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: "Any resolution granting the remedy shall order, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the legal costs of the remedy, and its settlement shall be reserved for the execution of the judgment." If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses (daños y perjuicios) could have arisen. For this reason, an abstract condemnation to pay them is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that damages and losses had indeed occurred, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the Political Constitution. If, despite the abstract condemnation having been ordered, no damages and losses were caused, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only that judge has the authority to deem the actual existence and magnitude thereof as proven.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when a remedy of amparo exists. It remains to be said that Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may order the payment of legal costs (costas), even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not for legal costs.
XII.Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Electronic Case File Regulation for the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The remedy is granted, based on the provisions of Article 52, first paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Law, without special condemnation for legal costs, damages, or losses. Justice Rueda Leal notes. Justice Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and legal costs. Justice Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages and losses, but not for legal costs. Notify.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
FILE No. 26-014770-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintidos de mayo de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente aseguró que desde el 23 de marzo de 2026, la tutelada se encuentra internada en el Hospital México, sin que se le haya practicado la cirugía que le fue prescrita, con prioridad alta, por presentar un tumor.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:
1. La tutelada tiene 37 años (ver la base de datos del Registro Civil).
2. El 23 de marzo de 2026, la tutelada fue internada en el Hospital México, con el fin de practicarle una cirugía prescrita, con prioridad alta, por el Servicio de Neurocirugía, debido a que presenta un tumor (hecho no controvertido).
3. El 27 de abril de 2026, se presentó el recurso de amparo (los autos).
4. El 12 de mayo de 2026, se notificó al Hospital México el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones).
5. El 18 de mayo de 2026, se llevó a cabo la intervención quirúrgica (ver el informe rendido por la Jefatura de Neurocirugía del Hospital México, agregado al expediente digital).
III.Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
IV.En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas.
Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
V.Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que el 23 de marzo de 2026, la tutelada fue internada en el Hospital México, con el fin de practicarle una cirugía prescrita, con prioridad alta, por el Servicio de Neurocirugía debido a que presenta un tumor. Sin duda alguna el plazo de espera transcurrido de más 1 mes para el momento en el cual se planteó el recurso, es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales.
VI.Ahora bien, el 18 de mayo de 2026, luego de notificado el auto inicial, se llevó a cabo la intervención quirúrgica. Como los indicios apuntan a que fue con ocasión de este proceso que se ejecutaron las actuaciones pertinentes con el fin de restablecer a la parte tutelada al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, se impone declarar con lugar el recurso, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.
VII.Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso de amparo, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero sin especial condenatoria al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia.
IX.Nota del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.
En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.
Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
X.Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
XI.Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
XII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal pone nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Document not found. Documento no encontrado.