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Res. 18255-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/2026

Impossibility of placing in possession due to precautionary measure over public domain lands in border stripImposibilidad de puesta en posesión por medida cautelar sobre bienes demaniales en franja fronteriza

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo appeal, finding no violation of fundamental rights and considering the dispute outside its jurisdiction, as it involved the enforcement of a precautionary measure over public domain assets.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, al no existir vulneración de derechos fundamentales y por tratarse de un conflicto que escapa a su competencia, referido a la ejecución de una medida cautelar sobre bienes demaniales.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismissed a habeas corpus appeal filed by a private individual who requested the Public Security Ministry to provide information regarding the placement into possession of a property, in compliance with a prior judicial order. The appellant claimed a lack of timely response. However, the Chamber determined that the request was not merely for information, but rather a step to enforce a judgment, which could not be carried out due to a temporary precautionary measure issued in an administrative contentious proceeding. This measure was granted to protect public domain lands located in the northern border strip, considered State Natural Heritage, hence they are inalienable, unattachable, and imprescriptible. The Chamber concluded that the Ministry responded adequately and that the matter exceeded its jurisdiction, as it should be resolved through the appropriate judicial or administrative channels.La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por un particular que solicitó al Ministerio de Seguridad Pública información sobre la puesta en posesión de un inmueble, conforme a una orden judicial previa. El recurrente alegó falta de respuesta oportuna. Sin embargo, la Sala determinó que su solicitud no era una simple petición de información, sino una gestión para ejecutar una sentencia, la cual no podía cumplirse debido a una medida cautelar provisionalísima dictada en un proceso contencioso administrativo. Dicha medida fue acogida para proteger bienes demaniales localizados en la franja fronteriza norte, considerados Patrimonio Natural del Estado, por lo que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La Sala consideró que el Ministerio respondió adecuadamente y que el conflicto excedía su competencia, debiendo ser planteado en la vía judicial o administrativa correspondiente.

Key excerptExtracto clave

In the proceedings, it has been proven that on March 13, 2026, the appellant requested the Minister of Public Security the following: "I respectfully beg your authority to use your good offices and order the appropriate authority to comply with the order issued by the Trial Court of the First Instance of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, and to inform me to which authority I must appear in order to coordinate the hour, day, and date for the act of placing in possession." It also appears that, through official letter MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 of May 6, 2026, Marlon Mauricio Cubillo Hernández, in his capacity as Director General of the Honorable Public Force, addressed the appellant's previous request in the following terms: [...] In view of the above, I hereby report the legal impossibility of placing in possession the Estate of Nombre03, represented by the executor Mrs. Nombre04, since such an act constitutes an alteration of the thing in litigation, given that an administrative contentious lawsuit (file 21-002474-1027-CA) is underway to declare that the lands claimed by the Estate and Mr. Nombre02 constitute public domain assets and are located within the northern border strip; therefore, they constitute State Natural Heritage and cannot be possessed by individuals. In this regard, it must be indicated to the appellant that what is sought constitutes a conflict exceeding the jurisdiction of this Chamber, since according to Article 30(c) of the Law governing this Jurisdiction, acts carried out by administrative authorities in executing judicial decisions are not subject to constitutional review through amparo, provided such acts are performed in compliance with what was entrusted by the respective judicial authority.En autos, se acreditó que el 13 de marzo de 2026, el recurrente solicitó al Ministro de Seguridad Pública lo siguiente: "Ruego a su autoridad de la manera más respetuosa interponga sus buenos oficios y se le ordene a la autoridad que corresponda cumplir con la orden expedida por el Tribunal Colegiado de I Instancia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica y se me indique a cuál autoridad debo de comparecer a efectos de coordinar hora, día y fecha para dicha diligencia de puesta en posesión". También consta que, mediante oficio MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 del 06 de mayo de 2026, Marlon Mauricio Cubillo Hernández, en su condición de Director General de la Benemérita Fuerza Pública, atendió la anterior gestión del recurrente en los siguientes términos: [...] En vista de lo anterior, informo la imposibilidad jurídica de poner en posesión a la Sucesión de Nombre03, representada por la albacea señora Nombre04, ya que dicho acto constituye una alteración a la cosa litigiosa, por cuanto se encuentra en trámite una demanda contencioso administrativa (expediente 21-002474-1027-CA) para que se declare que los terrenos que pretende la Sucesión y el señor Nombre02 constituyen bienes demaniales y se localizan dentro de la franja fronteriza norte, por lo tanto constituyen Patrimonio Natural del Estado y no pueden ser poseídos por particulares. Al respecto se debe indicar al recurrente que lo pretendido constituye un conflicto que excede las competencias de esta Sala, ya que de conformidad con el artículo 30 inciso c) de la Ley que rige esta Jurisdicción, no están sometidos al control de constitucionalidad por la vía de amparo, los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que estos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En vista de lo anterior, informo la imposibilidad jurídica de poner en posesión a la Sucesión de Nombre03, representada por la albacea señora Nombre04, ya que dicho acto constituye una alteración a la cosa litigiosa, por cuanto se encuentra en trámite una demanda contencioso administrativa (expediente 21-002474-1027-CA) para que se declare que los terrenos que pretende la Sucesión y el señor Nombre02 constituyen bienes demaniales y se localizan dentro de la franja fronteriza norte, por lo tanto constituyen Patrimonio Natural del Estado y no pueden ser poseídos por particulares."

    "In view of the above, I hereby report the legal impossibility of placing in possession the Estate of Nombre03, represented by the executor Mrs. Nombre04, since such an act constitutes an alteration of the thing in litigation, given that an administrative contentious lawsuit (file 21-002474-1027-CA) is underway to declare that the lands claimed by the Estate and Mr. Nombre02 constitute public domain assets and are located within the northern border strip; therefore, they constitute State Natural Heritage and cannot be possessed by individuals."

    Considerando III, informe rendido por la autoridad recurrida

  • "En vista de lo anterior, informo la imposibilidad jurídica de poner en posesión a la Sucesión de Nombre03, representada por la albacea señora Nombre04, ya que dicho acto constituye una alteración a la cosa litigiosa, por cuanto se encuentra en trámite una demanda contencioso administrativa (expediente 21-002474-1027-CA) para que se declare que los terrenos que pretende la Sucesión y el señor Nombre02 constituyen bienes demaniales y se localizan dentro de la franja fronteriza norte, por lo tanto constituyen Patrimonio Natural del Estado y no pueden ser poseídos por particulares."

    Considerando III, informe rendido por la autoridad recurrida

  • "No están sometidos al control de constitucionalidad por la vía de amparo, los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que estos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial."

    "Acts carried out by administrative authorities in executing judicial decisions are not subject to constitutional review through amparo, provided such acts are performed in compliance with what was entrusted by the respective judicial authority."

    Considerando III, cita del art. 30 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional

  • "No están sometidos al control de constitucionalidad por la vía de amparo, los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que estos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial."

    Considerando III, cita del art. 30 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twenty-second of May, two thousand twenty-six.

Amparo action processed under case file number 26-013330-0007-CO, filed by Nombre01, an elderly adult, identity card CED01, against the Ministry of Public Security.

Whereas:

  1. 1Through a document received at the Secretariat of the Chamber at 07:31 hours on April 17, 2026, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Public Security and states that on March 13, 2026, he submitted a document to the respondent minister in which he requested: "I respectfully beg your authority to use your good offices and order the corresponding authority to comply with the order issued by the First Instance Collegiate Tribunal of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, and to inform me to which authority I must appear in order to coordinate the time, day, and date for said placement in possession proceeding." He indicates that, despite the time elapsed, he has received no response and has not been provided the requested information.
  2. 2By means of a resolution at 22:06 hours on April 29, 2026, the Presidency of the Chamber admitted this amparo and requested a report from the Minister of Public Security regarding the facts alleged by the petitioner.
  3. 3Mario Zamora Cordero, in his capacity as Minister of Public Security, reports under oath (document submitted at 18:09 hours on May 7, 2026) in the following terms:

“Regarding the facts First: That the petitioner's requests are summarized in what was notified by the Constitutional Chamber in the notification certificate indicating: ‘...order the corresponding authority to comply with the order issued by the First Instance Collegiate Tribunal of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, and inform me to which authority I must appear in order to coordinate the time, day, and date for said placement in possession proceeding. He indicates that, despite the time elapsed, he has received no response and has not been provided the requested information.’ Second: That regarding the claims of the protected party before the honorable Chamber, I will refer to the terms and scope of official letter MSP-DM-DVURF-DGFP-1563-2026 of May 6, 2026, signed by Commissioner Marlon Cubillo Hernández, Director General of the Public Force (Fuerza Pública). Indeed, the protected party's request was referred by this Office on March 19, 2026.

The General Directorate of the Public Force, due to its own correspondence management issues and the dynamics of said Directorate, which include vacations granted for the Holy Week celebration, generated a delay in the response. However, as an immediate corrective measure to respond to the request made by Mr. Nombre01, official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-1562-2026 of May 6, 2026, was sent, providing a response to what was requested. Third: That regarding judicial case file No. 02-160268-507-CI, the following is stated: 1-That it concerns an ordinary process of better right promoted by Mr. Nombre02 against the succession of Mr. Nombre03, in which his represented party appears as executor of the succession. The property subject to this litigation is an unregistered real estate located in Puerto Viejo de Sarapiquí, described by survey plan H-392378-97, as described in the official letter that the petitioner himself provided, dated June 3, 2019.

It is important to note that, regarding the referred real estate, an administrative eviction (Desalojo Administrativo) is also being processed under Case File No. 8722-2000. 2-That regarding the referred administrative eviction, in which, as previously mentioned, survey plan H-392378-97 is affected, a process is being processed before the Administrative Litigation Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo) under case file No. 21-002474-1027-CA-1, in which this Ministry was informed by official letter AAA-953-2021, signed by Ms. Heilyn Saénz Calderón, Environmental Prosecutor of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), that the request for an extremely provisional precautionary measure (medida cautelar provisionalísima) in favor of the State against Nombre02 and the Succession of Nombre03 was granted, which is transcribed below: “By this means, I inform you that the State requested a second precautionary measure from the Administrative Litigation Tribunal, which ordered the following: ‘The present request for an extremely provisional precautionary measure is GRANTED, STATE against Nombre02 and SUCCESSION OF Nombre03.

Consequently, IT IS ORDERED: to the Succession of Nombre03, in the person of its executor, Nombre04, to abstain henceforth, during the pendency and execution of the main process, from carrying out any type of acts (material or legal) or contracts that threaten the physical or legal integrity of the lands described in survey plans H-406207-97 and H-392378-97, the subject matter of litigation, including those of a dispositive nature and, in general, those that could prejudice the effectiveness of the final judgment or modify the existing legal situation (Principle of inalterability of the res litigiosa), such as the dispossession of the State.’ In view of the foregoing, I inform of the legal impossibility of placing the Succession of Nombre03, represented by the executor Ms. Nombre04, in possession, since said act constitutes an alteration of the res litigiosa, as an administrative litigation lawsuit is pending (case file 21-002474-1027-CA) seeking a declaration that the lands claimed by the Succession and Mr.

Nombre02 constitute public domain assets (bienes demaniales) and are located within the northern border strip, therefore they constitute the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and cannot be possessed by private individuals. With this precautionary measure, the judge is ordering the Succession not to carry out any material or legal act that alters those lands, which implies the impossibility of entering into possession of them.” 3-That said situation was communicated to the protected party, making it clear that, in compliance with the provisions of the Precautionary Measure, and given that the real estate properties registered under survey plans H-406207-97 and H-392378-97 constitute public domain assets and are located within the northern border strip, they constitute the State's Natural Heritage and cannot be possessed by private individuals; and therefore, there is a real and material impossibility for the General Directorate of the Public Force or any other police body to take steps to place his represented party or any other private individual in possession of said assets, as it was determined that said properties are State National Heritage, in accordance with Article 261 of the Civil Code, which establishes that by their nature they are inalienable, unseizable, and imprescriptible.

Fourth: That consequently, it is not appropriate for this avenue to resolve a matter that, due to its litigious nature, must be resolved in a judicial or administrative venue, as applicable, by virtue of what was stated supra. In the case at hand, it is not viable to grant what the protected party requests, because a Precautionary Measure issued within a judicial process remains in force, as these are public domain assets located within the northern border strip, therefore, they constitute the State's Natural Heritage and cannot be possessed by private individuals.

Evidence 1-Official letter MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 of May 6, 2026 from the General Directorate of the Public Force of April 8, 2025.

2-Official letter AAA-953-2021 of August 4, 2021, signed by Ms. Heilyn Sáenz Calderón, Environmental Prosecutor of the Office of the Attorney General of the Republic.

3-Precautionary Measure from case file No. 21-002474-1027-CA at 09:36 hours on August 4, 2021, from the Administrative Litigation Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, in which Mr. Nombre02 appears as defendant.

4- Copy of the email which attached official letter MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 of May 6, 2026 Request for Relief Based on the reasons of fact and law set forth, I request this Constitutional Chamber to dismiss the present Amparo Action filed against me by Mr. Nombre01.”

  1. 4At 09:20 hours on May 11, 2026, documentary evidence was provided.
  2. 5The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Drafted by Judge Garro Vargas; and,

Considering:

I.Purpose of the action. The petitioner claims that on March 13, 2026, he requested the following from the Minister of Public Security: "I respectfully beg your authority to use your good offices and order the corresponding authority to comply with the order issued by the First Instance Collegiate Tribunal of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, and to inform me to which authority I must appear in order to coordinate the time, day, and date for said placement in possession proceeding." He indicates that, despite the time elapsed, he has received no response and has not been provided the requested information.

II.Proven facts. The following facts are deemed duly proven as relevant for the decision in this matter, either because they have been accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • 1)On March 13, 2026, the petitioner requested the following from the Minister of Public Security: "I respectfully beg your authority to use your good offices and order the corresponding authority to comply with the order issued by the First Instance Collegiate Tribunal of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, and to inform me to which authority I must appear in order to coordinate the time, day, and date for said placement in possession proceeding" (see documentary evidence provided by the petitioner).
  • 2)On April 30, 2026, the respondent authority was notified of the resolution at 22:06 hours on April 29, 2026, by which this amparo was admitted (see the respective notification certificate).
  • 3)By means of official letter MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 of May 6, 2026, Marlon Mauricio Cubillo Hernández, in his capacity as Director General of the Benemérita Fuerza Pública, addressed the petitioner's procedure (see the report from the respondent authority and the documentary evidence provided).
  • 4)On May 6, 2026, via email, official letter MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 was sent to the petitioner (see the report from the respondent authority and the documentary evidence provided).

III.Regarding the specific case. It is accredited in the proceedings that on March 13, 2026, the petitioner requested the following from the Minister of Public Security: "I respectfully beg your authority to use your good offices and order the corresponding authority to comply with the order issued by the First Instance Collegiate Tribunal of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, and to inform me to which authority I must appear in order to coordinate the time, day, and date for said placement in possession proceeding."

It is also on record that, by means of official letter MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 of May 6, 2026, Marlon Mauricio Cubillo Hernández, in his capacity as Director General of the Benemérita Fuerza Pública, addressed the petitioner's previous procedure in the following terms:

“Subject: Response to inquiry Dear Sir:

Receive cordial greetings. In response to the inquiries made, regarding judicial case file 02-160268-507-CI, which concerns an ordinary process of better right promoted by Mr. Nombre02 against the succession of Mr. Nombre03, in which your represented party appears as executor of the succession, the property subject to this litigation being an unregistered real estate located in Puerto Viejo de Sarapiquí, described by survey plan H-392378-97, as described in the official letter dated June 3, 2019, I am pleased to inform you of the following: 1. Regarding the referenced real estate described in judicial case file 02- 160268-507-CI, survey plan H-392378-97, this Directorate is aware that an administrative eviction is also being processed under Case File 8722-2000, as well as for property H-406207-97.

2. Regarding the referred administrative eviction, in which, as previously mentioned, survey plan H-392378-97 is affected, a process is being processed before the Administrative Litigation Tribunal under case file 21-002474-1027-CA-1, in which the Ministry of Public Security is informed by official letter AAA-953-2021, signed by Ms. Heilyn Saénz Calderón, Environmental Prosecutor of the Office of the Attorney General of the Republic, that the request for an extremely provisional precautionary measure in favor of the State against Nombre02 and the Succession of Nombre03 was granted, the same being cited below:

By this means, I inform you that the State requested a second precautionary measure from the Administrative Litigation Tribunal, which ordered the following:

‘The present request for an extremely provisional precautionary measure is GRANTED, STATE against Nombre02 and SUCCESSION OF Nombre03. Consequently, IT IS ORDERED: to the Succession of Nombre03, in the person of its executor, Nombre04, to abstain henceforth, during the pendency and execution of the main process, from carrying out any type of acts (material or legal) or contracts that threaten the physical or legal integrity of the lands described in survey plans H-406207-97 and H-392378-97, the subject matter of litigation, including those of a dispositive nature and, in general, those that could prejudice the effectiveness of the final judgment or modify the existing legal situation (Principle of inalterability of the res litigiosa), such as the dispossession of the State.’ In view of the foregoing, I inform of the legal impossibility of placing the Succession of Nombre03, represented by the executor Ms. Nombre04, in possession, since said act constitutes an alteration of the res litigiosa, as an administrative litigation lawsuit is pending (case file 21-002474-1027-CA) seeking a declaration that the lands claimed by the Succession and Mr. Nombre02 constitute public domain assets and are located within the northern border strip, therefore they constitute the State's Natural Heritage and cannot be possessed by private individuals.

With this precautionary measure, the judge is ordering the Succession not to carry out any material or legal act that alters those lands, which implies the impossibility of entering into possession of them.

By virtue of the foregoing, in compliance with the provisions of the Precautionary Measure, given that the real estate properties registered under survey plans H-406207-97 and H-392378-97 constitute public domain assets and are located within the northern border strip, therefore, they constitute the State's Natural Heritage and cannot be possessed by private individuals, there is a real and material impossibility for the General Directorate of the Public Force or any other police body to take steps to place your represented party or any other private individual in possession of said assets, as it was determined that said properties are State National Heritage, as established in Article 261 of the Civil Code, which establishes therefore that by their nature they are inalienable, unseizable, and imprescriptible.

Hoping to leave you duly informed.” Although said official letter was communicated to the petitioner after the respondent minister was notified of the resolution admitting this amparo, it is deemed that his right to petition and receive a timely response has not been disregarded as he claims, because what was requested does not constitute a request for information. What he requested was the name of the police authority, as well as the time, day, and date on which the placement in possession of a property would take place, as ordered by the First Instance Collegiate Tribunal of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone; that is, it is a procedure seeking the execution of a judicial sentence, which now, as reported, cannot be carried out due to the extremely provisional precautionary measure filed by the State and granted by the Administrative Litigation Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José.

In this regard, the petitioner must be advised that what is sought constitutes a conflict that exceeds the competencies of this Chamber, since, in accordance with article 30, subsection c) of the Law governing this Jurisdiction, acts carried out by administrative authorities when executing judicial resolutions are not subject to constitutional review by means of amparo, provided these acts are carried out in compliance with what was entrusted by the respective judicial authority. In this sense, he must raise his corresponding arguments or disagreements before the administrative venue or the competent jurisdictional body, instances in which he will be able to broadly discuss the merits of the matter and assert his claims. In this context, it is deemed that no fundamental right has been disregarded to the detriment of the petitioner.

IV.Conclusion. Therefore, in light of the foregoing, as the challenged facts do not demonstrate that a violation of constitutional norms or principles has occurred to the detriment of the petitioner in this case, the dismissal of the action is appropriate, as is hereby ordered.

V.Documentation provided to the file. The parties are warned that, if any paper document, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies were provided, they must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The action is dismissed.

Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE FILE No. 26-013330-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintidos de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-013330-0007-CO, interpuesto por Nombre01, adulto mayor, cédula de identidad CED01, contra el Ministerio de Seguridad Pública.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 07:31 horas del 17 de abril de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública y expresa que el 13 de marzo de 2026 presentó un escrito al ministro recurrido en el cual solicitó: "Ruego a su autoridad de la manera más respetuosa interponga sus buenos oficios y se le ordene a la autoridad que corresponda cumplir con la orden expedida por el Tribunal Colegiado de I Instancia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica y se me indique a cuál autoridad debo de comparecer a efectos de coordinar hora, día y fecha para dicha diligencia de puesta en posesión". Indica que, a pesar del tiempo transcurrido, no se le ha respondido nada ni suministrado la información solicitada.
  2. 2Mediante resolución de las 22:06 horas del 29 de abril de 2026, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Ministro de Seguridad Pública sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  3. 3Informa bajo juramento Mario Zamora Cordero, en su condición de Ministro de Seguridad Pública (escrito presentado a las 18:09 horas del 07 de mayo de 2026) en los siguientes términos:

“Sobre los hechos Primero: Que las peticiones del recurrente, se resumen en lo notificado por la Sala Constitucional en la cédula de notificación que indica: “…se le ordene a la autoridad que corresponda cumplir con la orden expedida por el Tribunal Colegiado de I Instancia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica y se me indique a cuál autoridad debo de comparecer a efectos de coordinar hora, día y fecha para dicha diligencia de puesta en posesión. Indica que, a pesar del tiempo transcurrido, no se le ha respondido nada ni suministrado la información solicitada”.

Segundo: Que, respecto a las peticiones y afirmaciones del amparado ante la honorable Sala, me referiré en los términos y alcances del oficio MSP-DM-DVURF-DGFP-1563-2026 del 06 de mayo de 2026, suscrito por el Comisario Marlon Cubillo Hernández, Director General de la Fuerza Pública. En efecto, la solicitud del amparado fue remitida por parte del Despacho del suscrito el día 19 de marzo del 2026, siendo que la Dirección General de la Fuerza Pública por temas propios de la gestión en corresponder y por la dinámica de dicha Dirección que incluye las vacaciones otorgadas por la celebración de la Semana Santa se generó un retraso en la respuesta, no obstante como medida correctiva, inmediata, para dar respuesta a la solicitud planteada por el señor Nombre01 se remitió oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-1562-2026 del 06 de mayo del 2026, donde se brinda respuesta de lo solicitado. Tercero: Que respecto al expediente judicial N°02-160268-507-CI, se expone lo siguiente: 1-Que se refiere a un proceso ordinario de mejor derecho promovido por el señor Nombre02 contra la sucesión del señor Nombre03 en donde su representada aparece como albacea de la sucesión, sobre la finca objeto de este litigio es un inmueble sin inscribir ubicada en Puerto Viejo de Sarapiquí y describe el plano H-392378-97, según lo descrito en el oficio que el mismo recurrente aporta con fecha 03 de junio del año 2019, es importante indicar, que respecto al inmueble referido se tramita también un Desalojo Administrativo visto bajo Expediente N°8722-2000. 2-Que con respecto al Desalojo Administrativo referido en el cual, como se mencionó anteriormente se ve afecto el plano H-392378-97, se tramita proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo visto bajo expediente N°21-002474-1027-CA-1, en el cual se informó a este Ministerio mediante oficio AAA-953-2021, suscrito por la señora Heilyn Saénz Calderón, Procuradora Ambiental de la Procuraduría General de la República que se acoge la solicitud de medida cautelar provisionalísima a favor del Estado contra Nombre02 y la Sucesión de Nombre03, la cual se procede a transcribir: “Por este medio hago de su conocimiento que el Estado solicitó una segunda medida cautelar al Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó lo siguiente: “Se ACOGE la presente solicitud de medida cautelar provisionalísima ESTADO contra Nombre02 y SUCESIÓN DE Nombre03, en consecuencia, SE ORDENA: a la Sucesión de Nombre03, en la persona de su albacea, Nombre04, abstenerse en lo sucesivo, durante la pendencia y ejecución del proceso principal, de realizar todo tipo de actos (materiales o jurídicos) o contratos que atenten contra la integridad física o jurídica de los terrenos descritos en los planos H-406207-97 y H-392378-97 objeto de litigio, incluidos los de carácter dispositivo y, en general, los que puedan perjudicar la eficacia de la sentencia definitiva o modificar la situación jurídica existente (Principio de inalterabilidad de la cosa litigiosa), como la desposesión del Estado”.

En vista de lo anterior, informo la imposibilidad jurídica de poner en posesión a la Sucesión de Nombre03, representada por la albacea señora Nombre04, ya que dicho acto constituye una alteración a la cosa litigiosa, por cuanto se encuentra en trámite una demanda contencioso administrativa (expediente 21-002474-1027-CA) para que se declare que los terrenos que pretende la Sucesión y el señor Nombre02 constituyen bienes demaniales y se localizan dentro de la franja fronteriza norte, por lo tanto constituyen Patrimonio Natural del Estado y no pueden ser poseídos por particulares. Con esta medida cautelar el juez le está ordenando a la Sucesión no realizar ningún acto material ni jurídico que altere esos terrenos, lo que implica la imposibilidad de entrar en posesión de los mismos”.

3-Que dicha situación le fue informada al amparado, haciéndole ver, que en acatamiento de lo dispuesto en la Medida Cautelar, y siendo que los inmuebles inscritos en los planos H-406207-97 y H-392378-97, constituyen bienes demaniales y se localizan dentro de la franja fronteriza norte, constituyen Patrimonio Natural del Estado y no pueden ser poseídos por particulares; y por lo tanto, existe una imposibilidad real y material de realizar gestiones por parte de la Dirección General de la Fuerza Pública o cualquier otro cuerpo policial, para poner a su representada o a ningún otro particular en posesión de dichos bienes ya que se determinó que dichas fincas son Patrimonio Nacional del Estado, de conformidad con el Artículo 261 del Código Civil, donde se estable que por su naturaleza son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Cuarto: Que consecuentemente, no corresponde a esta vía dirimir un asunto que por su naturaleza litigiosa debe ser dirimidos en sede judicial o administrativa, según corresponda, en virtud como se expuso supra, en el caso que se atiende no es viable acceder a lo peticionado por el amparado, en razón de que se mantiene una Medida Cautelar dictada dentro de un proceso judicial, al tratarse de bienes demaniales que se localizan dentro de la franja fronteriza norte, por lo tanto, constituyen Patrimonio Natural del Estado y no pueden ser poseídos por particulares.

Pruebas 1-Oficio MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 del 06 de mayo de 2026 de la Dirección General de la Fuerza Pública del 08 de abril 2025.

2-Oficio AAA-953-2021 del 04 de agosto de 2021, suscrito por la señora Heilyn Sáenz Calderón, Procuradora Ambiental de la Procuraduría General de la República.

3-Medida Cautelar del expediente N°21-002474-1027-CA de las 09:36 horas del 04 de agosto de 2021 del Tribunal Contenciosos Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José en la que figura como demandado el señor Nombre02.

4- Copia del correo electrónico con el cual se adjunto el oficio MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 del 06 de mayo de 2026 Petitoria Con fundamento en las razones de hecho y de derecho expuestos, solicito a esa Sala Constitucional declarar sin lugar el presente Recurso de Amparo interpuesto en mi contra por el señor Nombre01”.

  1. 4A las 09:20 horas del 11 de mayo de 2026 se aportó prueba documental.
  2. 5En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. El recurrente alega que el 13 de marzo de 2026 solicitó al Ministro de Seguridad Pública lo siguiente: "Ruego a su autoridad de la manera más respetuosa interponga sus buenos oficios y se le ordene a la autoridad que corresponda cumplir con la orden expedida por el Tribunal Colegiado de I Instancia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica y se me indique a cuál autoridad debo de comparecer a efectos de coordinar hora, día y fecha para dicha diligencia de puesta en posesión". Indica que, a pesar del tiempo transcurrido, no se le ha respondido nada ni suministrado la información solicitada.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • 1)El 13 de marzo de 2026, el recurrente solicitó al Ministro de Seguridad Pública lo siguiente: "Ruego a su autoridad de la manera más respetuosa interponga sus buenos oficios y se le ordene a la autoridad que corresponda cumplir con la orden expedida por el Tribunal Colegiado de I Instancia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica y se me indique a cuál autoridad debo de comparecer a efectos de coordinar hora, día y fecha para dicha diligencia de puesta en posesión" (véase prueba documental aportada por el recurrente).
  • 2)El 30 de abril de 2026 se notificó a la autoridad recurrida la resolución de las 22:06 horas del 29 de abril de 2026, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véase acta de notificación respectiva).
  • 3)Mediante oficio MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 del 06 de mayo de 2026, Marlon Mauricio Cubillo Hernández, en su condición de Director General de la Benemérita Fuerza Pública, atendió la gestión del recurrente (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).
  • 4)El 06 de mayo de 2026, vía correo electrónico, se remitió al recurrente el oficio MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 (véanse informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).

III.Sobre el caso concreto. En autos, se acreditó que el 13 de marzo de 2026, el recurrente solicitó al Ministro de Seguridad Pública lo siguiente: "Ruego a su autoridad de la manera más respetuosa interponga sus buenos oficios y se le ordene a la autoridad que corresponda cumplir con la orden expedida por el Tribunal Colegiado de I Instancia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica y se me indique a cuál autoridad debo de comparecer a efectos de coordinar hora, día y fecha para dicha diligencia de puesta en posesión".

También consta que, mediante oficio MSP-DM-DVURF-DGFP-1562-2026 del 06 de mayo de 2026, Marlon Mauricio Cubillo Hernández, en su condición de Director General de la Benemérita Fuerza Pública, atendió la anterior gestión del recurrente en los siguientes términos:

“Asunto: Respuesta consulta Estimado señor:

Reciban un cordial saludo. En atención a las consultas realizadas, referente al expediente judicial 02-160268-507-CI, el cual se refiere a un proceso ordinario de mejor derecho promovido por el señor Nombre02 contra la sucesión del señor Nombre03 en donde su representada aparece como albacea de la sucesión, sobre la finca objeto de este litigio es un inmueble sin inscribir ubicada en Puerto Viejo de Sarapiquí y describe el plano H-392378-97, según lo descrito en el oficio con fecha 03 de junio del año 2019, me permito indicarle lo siguiente: 1. Que en lo correspondiente al inmueble referido descrito en el expediente judicial 02- 160268-507-CI plano H-392378-97 es de conocimiento de esta Dirección que también se tramita un desalojo administrativo bajo Expediente 8722-2000 así como de la finca H-406207-97.

2. Que con respecto al Desalojo Administrativo referido en el cual, como se mencionó anteriormente se ve afecto el plano H-392378-97, se tramita proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo visto bajo expediente 21-002474-1027-CA-1, en el cual se informa al Ministerio de Seguridad Pública mediante oficio AAA-953-2021, suscrito por la señora Heilyn Saénz Calderón, Procuradora Ambiental de la Procuraduría General de la República, que se acoge la solicitud de medida cautelar provisionalísima a favor del Estado contra Nombre02 y la Sucesión de Nombre03 misma que se cita continuación:

Por este medio hago de su conocimiento que el Estado solicitó una segunda medida cautelar al Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó lo siguiente:

“Se ACOGE la presente solicitud de medida cautelar provisionalísima ESTADO contra Nombre02 y SUCESIÓN DE Nombre03, en consecuencia, SE ORDENA: a la Sucesión de Nombre03, en la persona de su albacea, Nombre04, abstenerse en lo sucesivo, durante la pendencia y ejecución del proceso principal, de realizar todo tipo de actos (materiales o jurídicos) o contratos que atenten contra la integridad física o jurídica de los terrenos descritos en los planos H-406207-97 y H-392378-97 objeto de litigio, incluidos los de carácter dispositivo y, en general, los que puedan perjudicar la eficacia de la sentencia definitiva o modificar la situación jurídica existente (Principio de inalterabilidad de la cosa litigiosa), como la desposesión del Estado”.

En vista de lo anterior, informo la imposibilidad jurídica de poner en posesión a la Sucesión de Nombre03, representada por la albacea señora Nombre04, ya que dicho acto constituye una alteración a la cosa litigiosa, por cuanto se encuentra en trámite una demanda contencioso administrativa (expediente 21-002474-1027-CA) para que se declare que los terrenos que pretende la Sucesión y el señor Nombre02 constituyen bienes demaniales y se localizan dentro de la franja fronteriza norte, por lo tanto constituyen Patrimonio Natural del Estado y no pueden ser poseídos por particulares.

Con esta medida cautelar el juez le está ordenando a la Sucesión no realizar ningún acto material ni jurídico que altere esos terrenos, lo que implica la imposibilidad de entrar en posesión de los mismos.

En virtud de lo anterior, en acatamiento de lo dispuesto en la Medida Cautelar, siendo que los inmuebles inscritos en los planos H-406207-97 y H-392378-97, constituyen bienes demaniales y se localizan dentro de la franja fronteriza norte, por lo tanto, constituyen Patrimonio Natural del Estado y no pueden ser poseídos por particulares, existe una imposibilidad real y material de realizar gestiones por parte de la Dirección General de la Fuerza Pública o cualquier otro cuerpo policial, para poner a su representada o a ningún otro particular en posesión de dichos bienes ya que se determinó que dichas fincas son Patrimonio Nacional del Estado así establecido en el Artículo 261 del Código Civil, donde se estable la por ende que según su naturaleza son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

En espera de dejarlo debidamente informado”.

Si bien dicho oficio fue comunicado al recurrente después que se le notificará al ministro recurrido la resolución de curso de este amparo, se estima que no se le ha inobservado el derecho de petición y pronta respuesta como lo afirma, pues lo requerido no constituye una solicitud de información. Lo que solicitó fue el nombre de la autoridad policial, así como la hora, día y fecha en que se realizaría la puesta en posesión de una propiedad, según lo ordenó el Tribunal Colegiado de I Instancia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, o sea, es una gestión que pretende la ejecución de una sentencia judicial, la cual ahora, según se informa, no se puede llevar a cabo debido a la medida cautelar provisionalísima interpuesta por el Estado que acogió el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José.

Al respecto se debe indicar al recurrente que lo pretendido constituye un conflicto que excede las competencias de esta Sala, ya que de conformidad con el artículo 30 inciso c) de la Ley que rige esta Jurisdicción, no están sometidos al control de constitucionalidad por la vía de amparo, los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que estos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial. En ese sentido, deberá plantear sus alegatos o inconformidades que correspondan ante la vía administrativa o en la sede jurisdiccional competente, instancias en las cuales podrá en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En ese contexto, se estima que no se ha inobservado derecho fundamental alguno en perjuicio del recurrente.

IV.Conclusión. Así, en mérito de lo señalado, al no constatarse con los hechos impugnados que en la especie se haya dado vulneración a normas o principios constitucionales en perjuicio del recurrente, no procede más que la desestimación del recurso, como en efecto se ordena.

V.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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