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Res. 18205-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/2026
OutcomeResultado
The amparo was granted due to violation of the right to health, and the CCSS was ordered to perform the cataract surgery on the older adult within one month.Se declaró con lugar el amparo por violación al derecho a la salud y se ordenó realizar la cirugía de catarata a la adulta mayor en el plazo de un mes.
SummaryResumen
The Constitutional Court (Sala Constitucional) granted an amparo petition brought on behalf of a 75-year-old woman diagnosed with cataracts and vision loss, who had been prescribed high-priority surgery since December 2025 but still had no scheduled date for the procedure. The Court held that the delay violated her rights to health and a dignified life, especially given her double vulnerability as an older adult. Citing constitutional provisions and international instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, the decision reaffirms the State's duty to provide preferential, timely, high-quality care to older adults. The CCSS was ordered to perform the surgery within one month, coordinating with other facilities if necessary, and was condemned to pay costs, damages, and losses. The ruling includes concurring votes conditioning the order on not displacing urgent patients, and a separate note highlighting the exponential rise in amparo cases concerning wait times.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto en favor de una adulta mayor de 75 años con diagnóstico de catarata y pérdida de visión, a quien se le había prescrito cirugía de prioridad alta desde diciembre de 2025 pero no se le había asignado fecha para la operación. El tribunal consideró que la dilación vulneraba sus derechos a la salud y a una vida digna, especialmente por su condición de doble vulnerabilidad. Basándose en la Constitución Política y en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, reiteró la obligación del Estado de garantizar atención preferencial, oportuna y de calidad a las personas adultas mayores. Ordenó realizar la cirugía en el plazo de un mes, con coordinación con otros centros si fuese necesario, y condenó a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios. La sentencia incluye votos concurrentes que condicionan la orden a no desplazar otros pacientes urgentes y una nota sobre el aumento exponencial de amparos por listas de espera.
Key excerptExtracto clave
IV.- ON THE RIGHT TO HEALTH OF OLDER ADULTS. The right to life, recognized in Article 21 of the Political Constitution, is the cornerstone on which all other fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Similarly, the right to health finds its basis in that article, for life is inconceivable unless the individual is guaranteed the minimum conditions for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance. Clearly, any delay on the part of hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) may negatively impact the preservation of the health and life of its users. V.- ON THE MERITS. Having examined the case file, this Chamber finds it proven that the foregoing is harmful to the right to health derived from Article 21 of the Political Constitution, and to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services, since, as of December 8, 2025, the ophthalmology service authorities prescribed high-priority surgery for the patient —an older adult—; yet, at the time she filed the amparo, she still had no definite or probable date for the surgery, a situation that is unacceptable, because this Chamber has consistently held that when an older adult is involved, their care must be prioritized. Therefore, the appropriate course is to grant the amparo, for violation of the right to health and the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services, in the terms set out in the operative part of this judgment.IV.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21, de la Constitución Política, es la piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política, encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. V.- SOBRE EL FONDO. Del análisis de los autos, esta Sala tiene por demostrado que lo anterior resulta lesivo al derecho a la salud derivado del artículo 21, de la Constitución Política, y a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, ya que, desde el 08 de diciembre de 2025, las autoridades del servicio de oftalmología le prescribieron a la paciente -quien es una persona adulta mayor-, una intervención quirúrgica con prioridad alta; no obstante, al momento en que acude en amparo, sigue sin contar con fecha cierta o probable para la misma, situación que resulta inaceptable, pues esta Sala en su jurisprudencia ha indicado que cuando se trate de una persona adulta mayor, su atención debe ser prioritaria. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, por violación al derecho a la salud y a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia.
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"El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21, de la Constitución Política, es la piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política, encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental."
"The right to life, recognized in Article 21 of the Political Constitution, is the cornerstone on which all other fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Similarly, the right to health finds its basis in that article, for life is inconceivable unless the individual is guaranteed the minimum conditions for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance."
Considerando IV
"El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21, de la Constitución Política, es la piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política, encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental."
Considerando IV
"cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios."
"any delay on the part of hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund may negatively impact the preservation of the health and life of its users."
Considerando IV
"cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios."
Considerando IV
"cuando se trate de una persona adulta mayor, su atención debe ser prioritaria."
"when an older adult is involved, their care must be prioritized."
Considerando V
"cuando se trate de una persona adulta mayor, su atención debe ser prioritaria."
Considerando V
"los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."
"public bodies and entities that provide public health services have the imperative and urgent obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and the lack of human and material resources is not a legally valid argument to excuse them from fulfilling such obligation."
Considerando V
"los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Review of the Document CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twenty-second of May of two thousand twenty-six.
Amparo action processed in expediente No. 26-012867-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card CED02, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).
WHEREAS:
"The patient was placed on the waiting list for left-eye cataract surgery on 12/08/2025, with medium priority. According to the assigned classification, the estimated waiting time once entered in the registry is approximately 12 months for the performance of the corresponding surgical procedure." They request that the action be dismissed.
Drafted by Justice Salazar Alvarado; and,
WHEREAS:
The petitioner states that the protected party is an older adult who has a diagnosis of cataracts and vision loss. Therefore, on November 3, 2025, the orthopedics service of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia granted her a hospitalization request; however, she claims that she does not have a certain or probable date for the surgical procedure.
Of importance for the resolution of this action, the following relevant facts are deemed duly demonstrated:
The following fact of relevance for this resolution is not deemed demonstrated:
ONLY. That the patient has a certain date for the prescribed surgery.
The right to life, recognized in Article 21 of the Political Constitution, is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, in that article of the Political Charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence. In this way, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of everyone to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, so the State and its Institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health policing powers.
This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all persons. In addition to this, the provisions of the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons are relevant, which, in Article 3, subsection k), establishes good treatment and preferential attention as a general principle. In congruence with the previous article, Article 19 of the Convention states in its first subsection that States shall ensure preferential attention and universal, equitable, and timely access to quality comprehensive health services based on primary care, and leveraging traditional, alternative, and complementary medicine, in accordance with national legislation and uses and customs. Likewise, in subsection m) of the same article, it is stipulated that the availability and access to medications recognized as essential by the World Health Organization shall be guaranteed to the older person, including controlled medications necessary for palliative care.
Additionally, Article 6 of the aforementioned Convention indicates that States have the obligation to adopt the necessary measures in order to guarantee older adults the effective enjoyment of the right to life and the right to live with dignity in old age until the end of their days, and on equal conditions with the other sectors of the population. This obligation also entails taking measures so that older persons have non-discriminatory access to comprehensive care.
From the analysis of the record, this Chamber deems it proven that the foregoing is injurious to the right to health derived from Article 21 of the Political Constitution, and to the principles of efficiency and efficacy in the provision of public services, since, since December 8, 2025, the authorities of the ophthalmology service prescribed for the patient—who is an older adult—a surgical intervention with high priority; however, at the time she files for amparo, she still does not have a certain or probable date for it, a situation that is unacceptable, as this Chamber has indicated in its case law that when dealing with an older adult, their attention must be prioritized. Precisely, the Chamber, on various occasions, has held that public authorities must comply with the provisions of Articles 17 and 19, subsection a) of the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, in the sense that every older person has the right to social security that protects them to lead a dignified life, to preferential attention, and universal, equitable, and timely access to comprehensive health services.
Furthermore, Article 17 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, or Protocol of San Salvador, establishes the Special Protection of the State as a human right for the older adult population, and precept 10, subsection b), among others, of the San José Charter on the Rights of Older Persons in Latin America and the Caribbean of May 2012, established the obligation to foster that older persons live in a safe and healthy environment, for which reason social protection and security must be guaranteed (see Judgment No. 2018-10326, of 14:30 hours on June 27, 2018). As such, this Chamber considers that the action must be granted, as it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively safeguard the right to health of all its users, especially older adults, which includes—evidently—the obligation to provide timely and diligent attention and medical treatment that its patients need.
Added to the foregoing, this Constitutional Court clarifies that the public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from complying with such obligation.
Thus, the appropriate course is to grant the action, for violation of the right to health and the principles of efficiency, efficacy, continuity, regularity, and adaptation in public health services, under the terms set forth in the operative part of this Judgment.
Although in this case we concur with our vote in granting the amparo action due to the delay in performing the surgery required by the protected party, the order issued in the operative part of this ruling, in the sense that she be operated on within the time frame established in the therefore section, shall apply as long as it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or serious harm to their health will be caused.
The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in constitutional jurisdiction. This type of proceeding has experienced an exponential increase, as the statistics of this Court reveal.
Number of health-related expedientes filed with the Constitutional Chamber:
| YEAR | QUANTITY IN HEALTH |
|---|---|
| 2012 | 1745 |
| 2013 | 1891 |
| 2014 | 2710 |
| 2015 | 3725 |
| 2016 | 4865 |
| 2017 | 5682 |
| 2018 | 6932 |
| 2019 | 7623 |
| 2020 | 5912 |
| 2021 | 7796 |
| 2022 | 8310 |
| 2023 | 12845 |
| 2024 | 15300 |
| 2025 | 17252 |
From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these matters during 2025 is highlighted, when this subject matter reached 43.21% of the Court's circulating workload.
Of those matters, a good number corresponds to waiting lists. In connection with the foregoing, this Court, in judgment no. 2019-005560 of 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the creation, within six months from the notification of such pronouncement, of an integrated management system for the purposes of resolving waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in expediente no. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist physicians, equipment needs and increased demand from the primary care level, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others.
The aforementioned integrated management system project must define reasonable waiting times by pathology or related diagnosis groups according to symptomatology, level of urgency, and patient conditions, as well as the objective criteria for specifying the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous peoples, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, efficacy, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the mentioned vote seeks that the Costa Rican Social Security Fund—within the framework of its constitutional and legal powers—takes the required measures to alleviate the systematic and repeated violation of the health rights of the entity's patients.
In addition to this, with the purpose of monitoring compliance with the referenced judgment, the Constitutional Chamber called an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes) to assist with monitoring the execution of such resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not solely from the Chamber's resolutions.
The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The action is granted. Tania Jiménez Umaña and Juan Carlos Rivers Cuadra, in that same order, general director and head of the ophthalmology service, both of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, or whoever holds those positions in their place, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions that are within the scope of their powers so that, within the period of ONE MONTH, counted from the notification of this Judgment, the pending surgery is performed on the ward under the strict responsibility and supervision of her treating physician and provided that a change in medical circumstances does not require another type of attention. Likewise, they must communicate to her the date and time of such intervention, as well as the pending pre-operative requirements for such purposes. Furthermore, if necessary, her medical care must be coordinated with another hospital center that has available capacity.
The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within an amparo action, and fails to fulfill it or enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The Costa Rican Social Security Fund is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. Justice Castillo Víquez and Justice Garro Vargas affix a note. Justice Rueda Leal records a separate note.- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the church of Perpetuo Socorro).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintidos de mayo de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-012867-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
“La paciente fue ingresada a la lista de espera para cirugía de catarata de ojo izquierdo el día 08/12/2025, con prioridad media. De acuerdo con la clasificación asignada, el tiempo estimado de espera una vez ingresada al registro es de aproximadamente 12 meses para la realización del procedimiento quirúrgico correspondiente”. Solicita se declare sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
CONSIDERANDO:
La recurrente manifiesta que, la amparada es una persona adulta mayor que cuenta con un diagnóstico de catarata y pérdida de visión. Por lo anterior, el 3 de noviembre de 2025, el servicio de ortopedia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia le otorgó una solicitud de hospitalización; sin embargo, acusa que no cuenta con fecha cierta o probable para el procedimiento quirúrgico.
De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:
ÚNICO. Que la paciente cuente con fecha cierta para la cirugía prescrita.
El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21, de la Constitución Política, es la piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política, encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia. De esta forma, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus Instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria.
Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas. Sumado a esto, resulta de relevancia lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial. En congruencia con el artículo anterior, el numeral 19 de la Convención enuncia en su primer inciso, que los Estados deberán asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y los usos y costumbres.
Igualmente, en el inciso m) del mismo artículo, se estipula que se deberá garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Adicionalmente, el artículo 6, de la precitada Convención, indica que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, un efectivo goce del derecho a la vida y al derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, y en igualdad de condiciones con los demás sectores de la población. Esta obligación, además, conlleva la toma de medidas para que las personas mayores tengan un acceso no discriminatorio a cuidados integrales.
Del análisis de los autos, esta Sala tiene por demostrado que lo anterior resulta lesivo al derecho a la salud derivado del artículo 21, de la Constitución Política, y a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, ya que, desde el 08 de diciembre de 2025, las autoridades del servicio de oftalmología le prescribieron a la paciente -quien es una persona adulta mayor-, una intervención quirúrgica con prioridad alta; no obstante, al momento en que acude en amparo, sigue sin contar con fecha cierta o probable para la misma, situación que resulta inaceptable, pues esta Sala en su jurisprudencia ha indicado que cuando se trate de una persona adulta mayor, su atención debe ser prioritaria. Precisamente, la Sala en diversas oportunidades, ha sostenido que las autoridades públicas deben acatar lo dispuesto en los artículos 17 y 19, inciso a) de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el sentido, que toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, a una atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud.
Además, el artículo 17, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, establece la protección Especial del Estado, como un derecho humano para la población adulta mayor y el precepto 10, inciso b), entre otros, de la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe de mayo de 2012, se dispuso la obligación de propiciar que las personas mayores vivan en un entorno seguro y saludable, por lo que se debe garantizar la protección y la seguridad social (véase la Sentencia N° 2018-10326, de las 14:30 horas del 27 de junio de 2018). Así las cosas, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, en especial a los adultos mayores, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes.
Sumado a lo anterior, este Tribunal Constitucional aclara que los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.
Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, por violación al derecho a la salud y a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia.
Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la parte amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.
El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.
En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.
Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Tania Jiménez Umaña y a Juan Carlos Rivers Cuadra, bajo ese mismo orden directora general y jefe del servicio de oftalmología, ambos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se le realice la cirugía pendiente a la tutelada bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante y siempre que una variación de las circunstancias médicas no requiera otro tipo de atención. Asimismo, deberán comunicarle la fecha y hora de tal intervención, así como los requisitos pre – operatorios pendientes para tales efectos. Además, de ser necesario, deberá coordinarse su atención médica con otro centro hospitalario que tenga disponibilidad de espacios.
Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de Sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas ponen nota. El magistrado Rueda Leal consigna nota separada.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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