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Res. 17069-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/05/2026
OutcomeResultado
The Sala Constitucional denied the amparo, finding that the dispute over the sealing of well AB-1730 and the underground water concession is a matter of ordinary legality outside the amparo's scope, and that no current violation of fundamental rights exists since ICAA had already granted positive water availability to the condominium through the Tanque Monasterio system.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo al estimar que la controversia sobre el sellado del pozo AB-1730 y la concesión de aguas subterráneas constituye un asunto de legalidad ordinaria ajeno al amparo, y que no existe lesión actual a derechos fundamentales dado que el ICAA ya otorgó disponibilidad positiva de agua al condominio mediante el sistema del Tanque Monasterio.
SummaryResumen
The administrator of Condominio Santa Vista filed an amparo against MINAE and ICAA challenging the order to seal well AB-1730, which has supplied drinking water to eleven housing units for over 23 years. MINAE denied renewal of the underground water concession in 2023 because the well is located in a private condominium unit lot (filial) rather than a common area, as required by Article 10 of the Condominium Property Act (Law 7933) and Article 17 of Decree 43053-MINAE. The petitioner alleged material impossibility of executing the sealing order, since the lot owner refused access and compliance would expose him to criminal liability. The Sala Constitucional denied the amparo, reiterating its precedent from ruling 2023030148: the dispute is a matter of ordinary legality outside the amparo's scope, and no current violation of fundamental rights exists, given that ICAA had already granted positive water availability to the condominium through the Tanque Monasterio system in February 2026.El administrador del Condominio Santa Vista interpuso recurso de amparo contra el MINAE y el ICAA impugnando la orden de sellar el pozo AB-1730, que ha abastecido de agua potable a once unidades habitacionales durante más de 23 años. El MINAE denegó la renovación de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas en 2023 porque el pozo se ubica dentro de una finca filial privada y no en un área común del condominio, como exigen el artículo 10 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio (Ley 7933) y el artículo 17 del Decreto 43053-MINAE. El recurrente alegó imposibilidad material de ejecutar el sellado, pues el propietario del lote niega el acceso y cumplir la orden lo expondría a responsabilidad penal. La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso reiterando el precedente de la sentencia 2023030148: la controversia es un asunto de legalidad ordinaria ajeno al amparo y no existe lesión actual a derechos fundamentales, dado que el ICAA ya otorgó disponibilidad positiva de agua potable al condominio mediante el sistema del Tanque Monasterio en febrero de 2026.
Key excerptExtracto clave
The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria issued in light of infra-constitutional law, or to gather new elements of proof to weigh against those in an administrative file that has been processed over extended and deliberate periods, as has occurred with the water well at issue. Therefore, the petitioner should, if he sees fit, raise his arguments before the respondent authorities themselves or, alternatively, before the ordinary courts, where he may fully discuss the merits of the matter and enforce his claims. As for the case at hand, this Court finds no reason to depart from the standard set in the cited precedent, since the petitioner once again raises a dispute arising from the administrative acts and technical criteria relating to well AB-1730 at Condominio Santa Vista, as well as the sealing order issued by MINAE. Indeed, the arguments presented are substantially identical to those analyzed in ruling No. 2023030148, in which this Court held that the controversy constituted a matter of ordinary legality outside the scope of the amparo. In any case, it is noted that ICAA granted positive water availability for the property corresponding to Condominio Santa Vista through resolution SIGDD-2026-00001856-1-2-SN of February 26, 2026. Accordingly, as no current violation of fundamental rights susceptible of protection in this jurisdiction is found, the resource is declared without merit.El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente, como sería lo acontecido con el pozo de agua de interés. Por consiguiente, deberá el recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante las propias autoridades accionadas o, en su defecto, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Atinente al sub examine, esta Sala no encuentra motivo para variar el criterio sostenido en el precedente citado, pues el recurrente nuevamente plantea un conflicto derivado de las actuaciones administrativas y criterios técnicos relacionados con el pozo AB-1730 del Condominio Santa Vista, así como con la orden de sellado dispuesta por el MINAE. En efecto, los alegatos expuestos guardan identidad sustancial con los analizados en la sentencia nro. 2023030148, en la cual este Tribunal estimó que la discusión planteada correspondía a un asunto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito del recurso de amparo. En cualquier caso, se aprecia que el ICAA otorgó disponibilidad positiva de agua potable para el inmueble correspondiente al Condominio Santa Vista mediante resolución SIGDD-2026-00001856-1-2-SN del 26 de febrero de 2026. Así las cosas, al no advertirse una lesión actual a derechos fundamentales susceptible de tutela en esta jurisdicción, se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"Tratándose de un pozo para autoabastecimiento en condominio, aunque técnicamente el aprovechamiento sea posible, su ubicación en una finca filial no resulta posible para otorgar concesión para abastecer el condominio, por razones legales."
"In the case of a well for condominium self-supply, even if the use is technically feasible, its location in a private unit lot makes it legally impossible to grant a concession to supply the condominium."
Informe bajo juramento - Dirección de Agua, MINAE
"Tratándose de un pozo para autoabastecimiento en condominio, aunque técnicamente el aprovechamiento sea posible, su ubicación en una finca filial no resulta posible para otorgar concesión para abastecer el condominio, por razones legales."
Informe bajo juramento - Dirección de Agua, MINAE
"Para el uso de pozos en el autoabastecimiento de agua en condominio, la perforación debe realizarse dentro de condominio y en área común conforme al artículo 10 de la Ley Reguladora de la propiedad en condominio N° 7933."
"For wells used in condominium self-supply, drilling must be carried out within the condominium and in a common area in accordance with Article 10 of the Condominium Property Act No. 7933."
Art. 17, Decreto 43053-MINAE, citado en informe MINAE
"Para el uso de pozos en el autoabastecimiento de agua en condominio, la perforación debe realizarse dentro de condominio y en área común conforme al artículo 10 de la Ley Reguladora de la propiedad en condominio N° 7933."
Art. 17, Decreto 43053-MINAE, citado en informe MINAE
"se coloca al recurrente en una situación jurídicamente inadmisible: Cumplir la orden administrativa implica incurrir en posible responsabilidad penal. No cumplirla implica exponerse a sanciones administrativas."
"The petitioner is placed in a legally untenable situation: complying with the administrative order may incur criminal liability, while failing to comply exposes him to administrative sanctions."
Escrito de interposición del recurso de amparo
"se coloca al recurrente en una situación jurídicamente inadmisible: Cumplir la orden administrativa implica incurrir en posible responsabilidad penal. No cumplirla implica exponerse a sanciones administrativas."
Escrito de interposición del recurso de amparo
"Lo anterior permite articular el marco jurídico para sustentar que los pozos que abastecen el condominio, no sólo deben ser comunes sino estar perforados en área común."
"The foregoing makes it possible to articulate the legal framework supporting the position that wells supplying the condominium must not only be classified as common-use facilities but must also be drilled within a common area."
Informe bajo juramento - Dirección de Agua, MINAE
"Lo anterior permite articular el marco jurídico para sustentar que los pozos que abastecen el condominio, no sólo deben ser comunes sino estar perforados en área común."
Informe bajo juramento - Dirección de Agua, MINAE
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the fifteenth of May, two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed under case file (expediente) number 26-011262-0007-CO, brought by [Nombre 001], national identity card (cédula de identidad) [Valor 001], against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA -MINAE- and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -ICAA-.
Recitals (Resultando):
"Within administrative case file No. 13412-P, the Ministerio de Ambiente y Energía has issued administrative acts (actos administrativos) related to a well (pozo) located in the project known as CONDOMINIO SANTA VISTA, which is situated on subsidiary plot (filial) twelve and upon which the water supply of Condominio Santa Vista has depended for a period exceeding 23 years.
Through various administrative resolutions, including resolution No. R-287-23 and subsequent acts, the sealing (sellado) of the well has been ordered.
Subsequently, through resolution No. AL-UHTPCOSJ-0060-2026, the undersigned was granted a peremptory period of ten days to carry out the sealing of the well, under notice of penalty (apercibimiento) of sanctions.
The well subject to the order is located within lot No. 12, a property belonging to a third party over which the undersigned holds no possession or material control.
The owner of the property has expressly stated his refusal to permit entry, with a warning that criminal complaints will be filed in the event of unauthorized access.
There also exist documents attesting to the existence of easements (servidumbres) related to the water system (VV12–VV3), which have not been assessed or resolved by the Administration for the purpose of ensuring access.
Notwithstanding the foregoing, the respondent authorities continue to demand compliance, without enabling any mechanism that would allow the order to be carried out lawfully.
As a result, the petitioner is placed in a legally untenable situation:
Complying with the administrative order entails potential criminal liability. • Failing to comply entails exposure to administrative sanctions.
The challenged action directly affects access to potable water for at least eleven (11) residential units of Condominio Santa Vista, compromising an essential service.
(…)
For the foregoing reasons, I respectfully request:
That the present writ of amparo be granted.
That the immediate suspension of the effects of the challenged resolutions be ordered.
That the respondent authorities be ordered to refrain from demanding compliance with a materially and legally impossible obligation.
That the respondent institutions be ordered to adopt the necessary, reasonable, and lawful measures to resolve the situation, including defining access to the well and the corresponding inter-institutional coordination.
That the Ministerio de Ambiente y Energía and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be ordered to pay costs, damages, and losses caused, including those arising from the disruption to the potable water supply of the eleven (11) residential units of Condominio Santa Vista.
That the impact on an essential service such as access to potable water be considered especially relevant."
"I. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER Based on memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-00754, dated April 29, 2026, signed by Eng. Jorge Chaves Campos, an official of the UEN Servicio al Cliente Medición GAM, which is attached as evidence and forms an integral part of the administrative case file, it is established that:
[Nombre 001] has on multiple occasions submitted requests for potable water availability (disponibilidad de agua potable) and sanitary sewer service (alcantarillado sanitario) for the property identified with property registration number (matrícula de folio real) 1-1474-M-000, corresponding to Condominio Santa Vista, located in the district of Salitral, canton of Santa Ana, province of San José; said requests were processed under different management numbers in the years 2020, 2022, 2024, and 2025, all of which were resolved negatively with respect to potable water availability and sanitary sewer service, on account of the absence of technical conditions that would permit the supply of service to the property. (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-00754).
In the current year, a new request for potable water availability for the aforementioned property has been filed, request number 2026-00001856-1, with an intake date of January 27, 2026; this request was granted positively and notified by means of resolution No. SIGDD-2026-00001856-1-2-SN on February 26 of the current year, given that it was determined that, with the entry into operation of the system associated with Tanque Monasterio, technical conditions were achieved that allowed a positive potable water availability to be granted, while the absence of sanitary sewer service in the area was maintained. (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2026-00754).
However, according to information in the institutional system, despite having obtained the positive availability granted by the Institution, the petitioner has not continued with the process of requesting new service in order to bring the required service into effect.
In support of the foregoing, it is necessary to cite the provisions of Articles 11, 13, and 16 of the Ley General de la Administración Pública, paragraph 1 of each respectively, which provide:
"1. The Public Administration shall act in conformity with the legal system and may only perform those acts or provide those public services authorized by said system, in accordance with the hierarchical scale of its sources." "1. The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten rules of the administrative legal system, and to private law as supplementary thereto, without being able to repeal or disapply them for specific cases." Article 16. "1. Under no circumstances may acts be issued that are contrary to univocal rules of science or technology, or to elementary principles of justice, logic, or expediency…"
In the present case, it is established that no constitutional right has been violated, since, as has been demonstrated in the technical report forming an integral part of the brief submitted herein, the requests for potable water availability submitted by the petitioner in the years 2020, 2022, 2024, and 2025 were all resolved negatively on account of the absence of technical conditions that would permit the supply of service to the property; however, in the current year Mr. Guardia filed a new availability request, which was granted positively and notified by means of resolution No. SIGDD-2026-00001856-1-2-SN of February 26 of the current year, given that, with the entry into operation of the system associated with Tanque Monasterio, technical conditions were achieved that allowed a positive potable water availability to be granted, while the absence of sanitary sewer service in the area was maintained.
However, despite having received a positive water availability determination from the Institution, the petitioner has not continued with the process of requesting new service in order to bring the required service into effect. In this regard, it is clear that ICAA has not issued any administrative act that deprives the petitioner of access to the potable water service; on the contrary, it has resolved his requests in accordance with technical criteria and, once the hydraulic infrastructure limitations were overcome, proceeded to grant the corresponding availability, without the interested party having pursued its implementation. Consequently, ICAA has acted within the framework of legality applicable to it, without incurring in any omission, arbitrariness, or illegitimate infringement of any fundamental right, and for this reason the present appeal lacks merit. It is concluded that the Institution complied with all obligations imposed by law within the constitutional and legal framework in accordance with the principle of legality, without having violated any of the fundamental rights of the protected party. It falls to [Nombre 001] to continue with the process of requesting new service from AYA so that its installation may proceed.
For the reasons set forth above regarding the facts alleged in this writ of amparo, it is established that our actions have been carried out correctly in accordance with the regulations that govern us. We respectfully request that the present appeal be DECLARED WITHOUT MERIT, that the case file be ordered archived, and that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be absolved of all liability."
"The facts alleged by the petitioner are as follows:
Regarding the facts alleged in relation to the competencies of the Dirección de Agua, the following is reported:
Having analyzed the arguments of the appeal, it is understood that the alleged violation of the petitioner's fundamental rights by this Directorate stems from two reasons that must be identified separately.
The first, because an ADMINISTRATIVE ORDER FOR THE SEALING OF THE WELL from which water is drawn was issued, but the well is on lot No. 12, a property belonging to a third party, who does not grant him access to comply with the order, and for this reason he is materially unable to comply.
The second, because the same administrative order compromises the continuity of the essential public service (of water supply).
Neither of the two foregoing situations falls within the competence of MINAE. Article 50 of the Ley de Aguas provides:
"Article 99.- When a person wishing to make use of public waters cannot obtain from the neighbors the corresponding license for the construction of the works necessary for such use, he may apply to the Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación requesting the imposition of the respective easement." The petitioner states that he draws water from the well drilled on another lot — an authorization which, pursuant to the foregoing provision, is not within the competence of MINAE.
Furthermore, he states that a well-sealing order is at stake and that he cannot enter without permission because doing so could constitute conduct defined as a criminal offense in the Código Penal.
Thus a contradiction is apparent: he holds a license to use the water, but not to coordinate the sealing of the well and comply with the administrative order.
Regarding the continuity of the "public service of water supply for human consumption," the competence for that use belongs to AYA, ASADAS holding delegation agreements (Convenio de Delegación), and other entities expressly authorized by law. MINAE, on behalf of AYA, registers water sources and, only for institutions authorized by law such as Municipalities and others, grants concessions for residential (poblacional) use, but not to private individuals.
The SEALING ORDER for the well was issued to Condominio Santa Vista, through its Administrator — a board of administrators (Junta Administradora) represented by the petitioner, [Nombre 001] — who is responsible for coordinating the actions to carry out the sealing, given that the well is located on a subsidiary plot of the condominium; this is not an administrative order issued against him in a personal capacity.
Water concession for self-supply in condominium under administrative case file No. 13412-P.
In administrative case file No. 13412-P of this Directorate, a water-use concession (concesión de aprovechamiento de agua) was granted, which has since expired, for use as self-supply in condominium (Autoabastecimiento en Condominio), granted pursuant to Decreto Ejecutivo N°35271-S-MINAET, "Reglamento para la Perforación y Concesión de Aguas para el Autoabastecimiento en Condominios," which allows a condominium to self-supply water from a drilled well for domestic human consumption and other uses set forth in the Manual de Dotaciones, approved by resolution R-0327-2001-MINAE. That Manual "breaks down uses into technical tables (e.g., liters per guest in tourism, liters per hectare in irrigation, or per head of livestock in livestock farming). It is the 'catalogue' used by technicians to approve the volume of a concession." It should be clarified, however, that a water-use concession for self-supply in a condominium does not authorize a public service, and therefore the use granted is not for residential purposes.
By resolution R-0437-2012-AGUAS-MINAE issued at 9:10 hours on May 9, 2012, a water-use concession was granted for a period of TEN YEARS to CONDOMINIO SANTA VISTA, legal entity registration number (cédula jurídica) 3-109-293751, represented by [Nombre 001], identity card 1-412-1494, from well No. AB-1730, in the amount of 0.07 l/s for domestic use in condominium, on the property with folio real 1474-M-000, located in the district of Salitral, canton of Santa Ana, province of San José, with the intake (captación) taking place on property belonging to VISTA DEL VALLE DOCE K S.A.
According to the Registro Nacional, the nature of that condominium is: land with a condominium composed of twelve subsidiary plots suitable for construction, to be designated for residential use, which may have a maximum height of three stories.
On March 18, 2020, CONDOMINIO SANTA VISTA requested an increase in flow rate (caudal) to draw 0.43 l/s in addition to the flow rate of 0.07 l/s granted under the water-use concession.
As a result of the technical assessment of the request, Technical Report DA-UHTPCOSJ-0127-2001 was produced on January 18, 2021, by the Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central of this Directorate, which states "… the concession request does not include the plans comprising Condominio Santa Vista, nor the site design showing the layout of the plans and common areas." It further states that "based on the cadastral mosaic from the land-use plan (plan regulador) of the canton of Santa Ana, the well is located within a subsidiary plot as indicated in memorandum DA-UHTPCOSJ-1803-2020." The RECOMMENDATIONS section considers it important, among other aspects, "that the applicant submit a site design with the respective plans comprising the project." The Report was notified to the applicant on April 14, 2021, by memorandum AL-0099-2021 of April 14, 2021.
Subsequently, memorandum DA-UHTPCOSJ-1441-2021 of July 21, 2021, issued by the Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central, responded to the Director of Water's query regarding the justification for increasing the flow rate of well AB-1730; from its considerations, and for the purposes of the present writ of amparo, it states that "technically it is feasible to exploit the requested flow rate" and that "it is confirmed that well AB-1730 is located within a subsidiary plot and not within a common area (área común)." According to the same memorandum, the well is located on a plot belonging to VISTA DEL VALLE DOCE K S.A., a company that previously held a concession for the well under case file 9015-P, but this was granted in 2009 and said company currently holds neither a concession nor a pending application for the use of the well's water.
In the case of a well for self-supply of a condominium, even though the exploitation is technically feasible, its location on a subsidiary plot makes it legally impossible to grant a concession to supply the condominium.
Currently, Decreto N° 43053-MINAE, published in La Gaceta No. 175 of September 10, 2021, "Reglamento para la perforación de Pozos y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas," establishes in Art. 17 the following:
"Art. 17.- Wells for Self-Supply in Condominiums. For the use of wells for self-supply of water in a condominium, drilling must be carried out within the condominium and in a common area in accordance with Art. 10 of the Ley Reguladora de la propiedad en condominio N° 7933. In such cases, the special regulations governing the matter shall apply." However, Ley N° 7933, dated October 28, 1999, predates Decreto N°35271-S-MINAET of April 13, 2009, "Reglamento para el Permiso de Perforación y Concesión de Agua para el Autoabastecimiento en Condominios." Thus, the Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio establishes in Art. 10, paragraph d), the following:
"Art. 10.- The following shall be common:
Based on the foregoing, resolution R-1749-2021-AGUAS-MINAE was issued at eleven hours and twenty minutes on October twenty-first, two thousand twenty-one, notified on November 1, 2021; by that resolution the request for an increase in flow rate was DENIED, and in the Por tanto it was likewise noted that, given that the concession was set to expire on June 6, 2022, and that the project had not been carried out during the ten years for which it was granted, the board of administrators of the Condominium — in light of what was stated in that resolution regarding functional competence for the supply of that residential development — should take the necessary steps to request that the service-providing entity assume the supply of the project.
Upon expiration of the concession term, a new request for a water-use concession for self-supply in condominium was filed, which was DENIED by resolution R-0562-2023-AGUAS-MINAE, issued at nine hours and fourteen minutes on May twelfth, two thousand twenty-three, notified on May 23, 2023, because the well is located within a subsidiary plot and not in a common area. That same resolution granted a period of SIX MONTHS to carry out the necessary procedures with AYA to integrate into the rural aqueduct (acueducto rural), so as not to endanger the water supply of the condominium's residents.
Against resolution R-0562-2023-AGUAS-MINAE, a motion for reconsideration (recurso de REVOCATORIA) was filed, which was resolved and dismissed by resolution R-287-2023-MINAE, issued by the Minister, thereby exhausting the administrative channel (vía administrativa).
The well-sealing order is addressed to the Administrator of Condominio Santa Vista. The company owning the subsidiary plot where the well was drilled has not applied for a concession for use on the subsidiary plot; rather, the condominium draws water from that well, drilled on the plot owned by VISTA DEL VALLE DOCE K S.A., and, according to the petitioner, he does not have permission to enter to seal the well. Nor is the condominium authorized to draw from a source that is not common property.
It is the condominium that must coordinate the sealing of the well. No administrative sanctions for non-compliance have been threatened. The offense of Disobedience is defined in the Código Penal, and on repeated occasions the courts have held that, in the interest of transparency, the administrated party must be informed of the possible consequences of his or her actions. The filing of a complaint in this regard does not constitute a threat to the petitioner in his capacity as representative of the condominium.
Although the administrative channel had been exhausted by resolution R-0562-2023-AGUAS-MINAE of May twelfth, two thousand twenty-three, and given that the board of administrators was aware that, because the well is located within a subsidiary plot and not in a common area, it was required within SIX MONTHS to carry out the necessary procedures with AYA to integrate into the rural aqueduct (as stated in the Por tanto of resolution R-1749-2021-AGUAS-MINAE, which denied the increase in flow rate), there is no record in the case file of any steps taken by him in that regard.
The administrative case file contains only repeated requests for NON-AVAILABILITY from the public service provider in the area, submitted to the Dirección de Agua so that, based on those responses, this Institution would lift the legal restriction on the granting of a water-use concession for self-supply in a condominium for the well located on a subsidiary plot — a course of action that would cause this Institution to commit an absolutely null act contrary to law, with the corresponding liability for the public official who authorizes it.
Despite the administrative channel having been exhausted, the petitioner has submitted several requests for an extension (prórroga) of that period, all of which have been resolved.
By memorandum AL-0137-2024 of February 23, 2024, notified on February 27, 2024, an extension of THREE MONTHS was granted.
By memorandum AL-UHTPCOSJ-0060-2026 of March 26, 2026, notified on March 26, 2026, a second extension was granted "FOR THE LAST TIME," for a period of THREE MONTHS. This is the sealing order to which the petitioner refers in filing the writ of amparo.
Additionally, it should be noted that in judgment No. 2023-030148, issued in case file No. 23-028034-0007-CO on November 10, 2023, the petitioner filed a writ of amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministerio de Ambiente y Energía. Consulting the Net Sol Poder Judicial Platform, Recital 1 of that judgment states: "the board of administrators of the condominium requested the Renewal of the concession for the use of groundwater from well AB-1730, to draw 0.70 liters per second, for use as Condominium Supply, to be used on the property with folio real 1474-M-000, located at Dirección1429, in the province of San José, with the intake taking place on property belonging to [Nombre del pozo]. It states that the Minister of Ambiente y Energía, Mr. Franz Tattenbach Capra, resolved to deny said application for a concession for well AB-1730, and that they were given a period of 6 months to carry out the procedures for integration into the rural aqueduct and to thereby permanently close the well and cut the sole water distribution network they have in said condominium, without having conducted an administrative study on the direct impact on the population." The writ of amparo was dismissed outright, and the relevant passage is Considerando II):
"II.- On the specific case. In the present matter, this Chamber analyzed the arguments of the petitioner, and by judgment No. 2020012850 issued at 9:15 hours on July 10, 2020, the Chamber held the following:
'Likewise, it is noted with respect to point 3) that the question of whether ICAA must provide the service by drawing water from well AB-1477 involves a matter of ordinary legality (legalidad ordinaria), not attributable to this Constitutional Tribunal, since it does not involve, at least directly, any fundamental right (in this regard, it is observed that the petitioner does not reside on the referenced property but seeks the availability of the said service as a prerequisite for initiating construction). The same applies to point 4) regarding inspection by the state body. It is noted that the writ of amparo is essentially a summary and expeditious proceeding; given the complexity and breadth of the administrative channels — procedures and formal acts that are reflected and materialized in an administrative case file that has been processed over long periods and safeguarded, as would be the case with the water well of interest — the matter ceases to be subject to the writ of amparo, since it must be brought before a plenary proceeding (proceso de cognición plenaria), that is, a full-cognizance proceeding that can only be conducted before the ordinary courts (jurisdicción ordinaria).
The writ of amparo is not designed to challenge or review technical or legal assessments made in light of infra-constitutional law, nor to introduce new evidentiary elements to contrast with those in an administrative case file. Accordingly, if the petitioner deems it appropriate, he must present his arguments before the respondent authorities themselves or, alternatively, before the ordinary courts, venues in which he may, in full breadth, discuss the merits of the matter and assert his claims. In view of the foregoing, the appeal is dismissed with respect to this point….' Since the cited precedent is applicable to the specific case at hand and there are no sufficient grounds in the present matter for this Tribunal to depart from the position it has maintained, dismissal of the matter is appropriate." The conditions analyzed in judgment Res. N° 2023030148 are met for considering the Administration's activity to have been duly developed and fulfilled within the framework of legality, without violating any fundamental rights, given that the petitioner's claim concerns questions of legality. Accordingly, this honorable Court is respectfully requested to take into account what has been stated and to dismiss the writ of amparo."
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considering:
I.Subject of the appeal. The petitioner states that within administrative case file No. 13412-P, MINAE has issued various acts related to a well located in Condominio Santa Vista, upon which the potable water supply of several residential units has depended for more than 23 years, and that subsequent administrative resolutions have ordered its sealing. He states that by resolution No. AL-UHTPCOSJ-0060-2026, he was granted a period of ten days to carry out this order, under notice of penalty of sanctions. He argues that the well is located on a property owned by a third party over which he holds neither possession nor control, and whose owner has denied access, preventing him from complying with the order. He further asserts that there exist easements related to the water system that have not been assessed by the administration in order to ensure access to the site. Nevertheless, the respondent authorities continue to demand compliance without enabling a mechanism that would allow the order to be carried out lawfully, placing him in a situation where compliance would entail criminal liability and non-compliance would entail administrative sanctions. He details that these actions compromise access to potable water for several residential units of the condominium, affecting an essential service and violating his fundamental rights.
II.Proven facts. Of importance for the resolution of this matter, the following facts are considered duly established, either because they have been duly evidenced or because the respondent party failed to address them as required in the initial order:
III.On the Specific Case. The petitioner states that, within administrative case file nro. 13412-P, MINAE ordered the sealing of a well located in Condominio Santa Vista—on which the potable water supply for several residential units depends—and, through resolution nro. AL-UHTPCOSJ-0060-2026, set a deadline for executing this order under threat of sanctions. He argues that the well is located on property belonging to a third party who denies him access, making it impossible for him to comply with what was ordered. He further contends that the respondent authorities maintain the compliance requirement without enabling legal mechanisms to carry out the sealing, thereby jeopardizing the potable water access of several units within the condominium and violating his fundamental rights. He therefore requests that the effects of the challenged resolutions be suspended and that the respondents be ordered to adopt the necessary measures to resolve the situation.
In this regard, it is relevant to note that this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has already ruled on the situation described. For example, in judgment nro. 2023030148, issued at 9:30 a.m. on November 17, 2023, the following was decided:
"I.- Subject of the appeal. The petitioning party claims that [Nombre62 002] received potable water from well AB-1730; however, ICAA denied a request for renewal of the concession for that well, leaving them without water.
II.On the specific case. In the case at hand, this Chamber analyzed the claims made by the petitioning party and, through judgment No. 2020012850 issued at 9:15 a.m. on July 10, 2020, the Chamber ruled as follows:
'Likewise, it is noted with respect to point 3) that determining whether ICAA must provide the service by drawing water from well AB-1477 is a matter of ordinary statutory legality, not one that can be resolved by this Constitutional Tribunal, since it does not involve, at least not directly, any fundamental right (in this regard, it is noted that the petitioner does not reside on the referenced property but rather seeks the availability of the service as a prerequisite for commencing a construction project). The same applies to determining whether the technical requirements for granting the service are or are not met. It should be noted that the writ of amparo (recurso de amparo) is, in essence, a summary proceeding governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and prompt. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions—procedures and formal acts that are reflected and materialized in an administrative case file—the matter ceases to be appropriate for amparo, since a plenary cognition proceeding is required, that is, a full evidentiary proceeding that can only be conducted before the ordinary courts.
The amparo is not designed to challenge or review technical or legal criteria rendered in light of the infra-constitutional legal framework, nor to gather new evidentiary elements to contrast with those already in an administrative case file that has been processed over extended, deliberate periods, as would be the case with the water well in question. Accordingly, the petitioner must, if he so chooses, present his arguments before the respondent authorities themselves or, alternatively, before the ordinary courts, where he will be able to fully argue the merits of the matter and enforce his claims. In light of the foregoing, the appeal is denied as to this point...' As the cited precedent is applicable to the specific case and there are no sufficient reasons in the instant case for this Tribunal to depart from the position maintained therein, the matter must be dismissed.
III.Documentation submitted to the case file. The parties are advised that, if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the court's offices within a maximum period of thirty business days (días hábiles), counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the 'Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,' approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is summarily dismissed." With regard to the instant case, this Chamber finds no reason to depart from the position maintained in the cited precedent, as the petitioner once again raises a dispute arising from the administrative actions and technical criteria related to well AB-1730 of Condominio Santa Vista, as well as the well-sealing order issued by MINAE. Indeed, the arguments presented are substantially identical to those analyzed in judgment nro. 2023030148, in which this Tribunal determined that the dispute raised was a matter of ordinary statutory legality outside the scope of the writ of amparo. In any event, it is noted that ICAA granted a positive potable water availability determination for the property corresponding to Condominio Santa Vista through resolution SIGDD-2026-00001856-1-2-SN of February 26, 2026. In view of the foregoing, as no current violation of fundamental rights susceptible to protection in this jurisdiction is found, the appeal is denied.
IV.Documentation submitted to the case file. The parties are advised that, if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the court's offices within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the 'Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,' approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is denied.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de mayo de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-011262-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA -MINAE- y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -ICAA-.
Resultando:
“Dentro del expediente administrativo N.° 13412-P, el Ministerio de Ambiente y Energía ha emitido actos administrativos relacionados con un pozo ubicado en el proyecto denominado CONDOMINIO SANTA VISTA, el cual se ubica en la filial doce y del cual depende y ha dependido el suministro de agua del Condominio Santa Vista por espacio superior a los 23 años.
Mediante diversas resoluciones administrativas, entre ellas la resolución N.° R-287-23 y actos posteriores, se ha ordenado el sellado del pozo.
Posteriormente, mediante resolución N.° AL-UHTPCOSJ-0060-2026, se otorgó al suscrito un plazo perentorio de diez días para ejecutar el sellado del pozo, bajo apercibimiento de sanciones.
El pozo objeto de la orden se encuentra ubicado dentro del lote N.° 12, propiedad de un tercero, sobre el cual el suscrito no ostenta posesión ni control material.
El propietario del inmueble ha manifestado de forma expresa su negativa a permitir el ingreso, bajo advertencia de interponer acciones penales en caso de acceso no autorizado.
Existen además documentos que acreditan la existencia de servidumbres relacionadas con el sistema hídrico (VV12–VV3), las cuales no han sido valoradas ni resueltas por la Administración para efectos de garantizar el acceso.
A pesar de lo anterior, las autoridades recurridas mantienen la exigencia de cumplimiento, sin habilitar mecanismo alguno que permita ejecutar la orden de manera legal.
En consecuencia, se coloca al recurrente en una situación jurídicamente inadmisible:
Cumplir la orden administrativa implica incurrir en posible responsabilidad penal. • No cumplirla implica exponerse a sanciones administrativas.
La actuación impugnada afecta directamente el acceso al agua potable de al menos once (11) unidades habitacionales del Condominio Santa Vista, comprometiendo un servicio esencial.
(…)
Por lo expuesto, solicito:
Se declare con lugar el presente recurso de amparo.
Se ordene la suspensión inmediata de los efectos de las resoluciones impugnadas.
Se ordene a las autoridades recurridas abstenerse de exigir el cumplimiento de una obligación material y jurídicamente imposible.
Se ordene a las instituciones recurridas adoptar las medidas necesarias, razonables y legales para resolver la situación, incluyendo la definición del acceso al pozo y la coordinación institucional correspondiente.
Se condene al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, incluyendo aquellos derivados de la afectación al suministro de agua potable de las once (11) unidades habitacionales del Condominio Santa Vista.
Se tenga como especialmente relevante la afectación a un servicio esencial como lo es el acceso al agua potable”.
“I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE Con fundamento en el memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-00754, de fecha 29 de abril de 2026, suscrito por el Ing. Jorge Chaves Campos, funcionario de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, el cual se adjunta como prueba y forma parte integral del expediente administrativo, queda demostrado que:
El señor [Nombre 001] ha gestionado en reiteradas ocasiones solicitudes de disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para el inmueble identificado con matrícula de folio real 1-1474-M-000, correspondiente al Condominio Santa Vista, ubicado en el distrito Salitral, cantón Santa Ana, de la provincia de San José; dichas solicitudes han sido tramitadas bajo distintos números de gestión en los años 2020, 2022, 2024 y 2025, siendo todas ellas resueltas de forma negativa en cuanto a la disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario, en virtud de la inexistencia de condiciones técnicas que permitieran el abastecimiento del inmueble. (ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026- 00754).
Ahora bien, en el presente año se tramita nuevamente la solicitud de disponibilidad de agua potable para el inmueble citado en el acápite anterior, solicitud número 2026-00001856-1 con fecha de ingreso el 27 de enero del 2026, misma que se otorga positiva y la cual se notifica mediante resolución N°SIGDD-2026-00001856-1-2-SN en fecha 26 de febrero del año en curso, por cuanto se determinó que, con la entrada en operación del sistema asociado al Tanque Monasterio, se logró contar con condiciones técnicas que permitieron otorgar disponibilidad positiva de agua potable, manteniéndose la inexistencia de alcantarillado sanitario en la zona. (ver memorando N°UEN-SCMED-GAM-2026-00754).
No obstante, según consta en el sistema institucional, pese a contar con la disponibilidad positiva otorgada por la Institución, el recurrente no ha continuado con el trámite de solicitud de nuevo servicio para lograr la materialización del servicio requerido.
En respaldo de lo anteriormente señalado, es menester indicar lo que al respecto establece los artículos 11, 13 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, incisos 1 respectivamente, los cuales disponen:
“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.
“1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.
Artículo 16. “1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia…”
En el presente caso, se constata que no se ha violentado ningún derecho Constitucional, ya que como ha quedado evidenciado en el informe técnico que forma parte integral del libelo que se presenta en este acto; las solicitudes de disponibilidad de agua potable, presentadas por el recurrente en los años 2020, 2022, 2024 y 2025, todas ellas se resolvieron de forma negativa, en virtud de la inexistencia de condiciones técnicas que permitieran el abastecimiento del servicio en el inmueble; no obstante, en el presente año el señor Guardia tramita una nueva solicitud de disponibilidad, siendo esta positiva, misma que se notifica mediante resolución N°SIGDD-2026-00001856-1-2-SN de fecha 26 de febrero del año en curso, ya que, con la entrada en operación del sistema asociado al Tanque Monasterio, se logró contar con condiciones técnicas que permitieron otorgar disponibilidad positiva de agua potable, manteniéndose la inexistencia de alcantarillado sanitario en la zona.
Empero, pese a contar con la disponibilidad de agua positiva por parte del Instituto, el recurrente no ha continuado con el trámite de solicitud de nuevo servicio para lograr la materialización del servicio requerido. En ese sentido, es claro que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha emitido acto administrativo alguno que prive al recurrente del acceso al servicio de agua potable, sino que, por el contrario, ha resuelto sus gestiones conforme a criterios técnicos y, una vez superadas las limitaciones de infraestructura hidráulica, ha procedido a otorgar la disponibilidad correspondiente, sin que el interesado haya gestionado su ejecución. En consecuencia, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha actuado dentro del marco de legalidad que le resulta exigible, sin incurrir en omisión, arbitrariedad o afectación ilegítima de derecho fundamental alguno, razón por la cual el presente recurso carece de fundamento.
Se concluye que la Institución cumplió con todas las obligaciones impuestas por imperio de ley en el marco constitucional y legal conforme al principio de legalidad, sin que se haya violentado ninguno de los derechos fundamentales del amparado. Le corresponde al señor [Nombre 001] continuar con el trámite de solicitud de nuevo servicio ante el AYA para que se proceda con su instalación.
Por lo antes expuesto sobre los hechos alegados mediante este recurso de amparo, queda demostrado que nuestras actuaciones han sido las correctas de conformidad con la normativa que nos rige, solicitamos se DECLARE SIN LUGAR el presente recurso, se ordene archivar el expediente y se exima de toda responsabilidad al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.
“Los hechos alegados por el recurrente son los siguientes:
Sobre los hechos alegados en relación con las competencias de la Dirección de Agua, se informa lo siguiente:
Analizados los argumentos del recurso, se entiende que la supuesta violación a los Derechos Fundamentales del recurrente por esta Dirección, son por dos razones que se deben identificar por separado.
La primera porque se dictó ORDEN ADMINISTRATIVA DE SELLADO DEL POZO del que se abastece de agua, pero el pozo está en el lote N° 12 propiedad de un tercero, quien no le da acceso para cumplir la orden y por esa razón no puede cumplir materialmente.
La segunda porque la misma orden administrativa compromete la continuidad del servicio público esencial (de abastecimiento de agua).
La solución de ninguna de las dos situaciones anteriores son competencia de MINAE. El artículo 50 de la Ley de Aguas establece lo siguiente:
“Artículo 99.- Cuando el que quiera aprovechar las aguas públicas no obtuviere de los vecinos la licencia correspondiente para la construcción de las obras necesarias para el aprovechamiento, podrá recurrir ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación solicitando la imposición de la servidumbre respectiva”.
El recurrente afirma que se abastece de agua del pozo perforado en otro lote, autorización que conforme a la norma anterior no corresponde al MINAE.
Por otra parte, manifiesta que está de por medio una orden de sellado del pozo y no puede ingresar sin permiso porque incurre en una posible conducta tipificada en el Código Penal.
Entonces véase una contradicción, tiene licencia para usar el agua, pero no para coordinar el sellado del pozo y cumplir con la orden administrativa.
Sobre la continuidad del “servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano”, la competencia para ese uso es del A y A, ASADAS con Convenio de Delegación y otros entes facultados expresamente por ley. El MINAE para el A y A inscribe las fuentes y sólo para las instituciones facultadas por ley como las Municipalidades y otras, otorga concesión para uso poblacional, pero no a particulares.
La ORDEN DE SELLADO del pozo se dio al Condominio Santa Vista, a través de su Administrador, una Junta Administradora representada por el recurrente, señor [Nombre 001], a quien corresponde coordinar las acciones para llevar a cabo el sellado, por hallarse el pozo una filial del condominio, no es una orden administrativa a título personal.
Concesión de agua para autoabastecimiento en condominio del expediente administrativo N° 13412-P.
En expediente administrativo de esta Dirección N° 13412-P se otorgó concesión de aprovechamiento de agua, la cual se encuentra vencida, para uso Autoabastecimiento en Condominio, otorgada con sustento en el Decreto Ejecutivo N°35271-S-MINAET, “Reglamento para la Perforación y Concesión de Aguas para el Autoabastecimiento en Condominios”, que permite a un condominio autoabastecerse de agua de un pozo perforado, para uso consumo humano doméstico y otros usos contemplados en el Manual de Dotaciones, aprobado por Resolución R-0327-2001-MINAE. Ese Manual “desglosa los usos en tablas técnicas (ej. litros por huésped en turismo, litros por hectárea en riego, o por cabeza de ganado en pecuario). Es el “catálogo” que usan los técnicos para aprobar el volumen de una concesión.” Pero debe aclararse que una concesión para autoabastecimiento en condominio no habilita un servicio público y por lo tanto el uso otorgado no es poblacional.
Mediante Resolución R-0437-2012-AGUAS-MINAE de las 9:10 horas del 9 de mayo de 2012 se otorgó concesión de aprovechamiento de aguas, por un plazo de DIEZ AÑOS a CONDOMINIO SANTA VISTA, cédula jurídica 3-109-293751, representado por el señor [Nombre 001], cédula 1-412-1494, del pozo N° AB-1730, en cantidad de 0.07 l/s para uso doméstico en condominio, en la propiedad folio real 1474 - M-000, ubicado en distrito Salitral, cantón Santa Ana de la provincia de San José, realizándose la captación en propiedad de VISTA DEL VALLE DOCE K S. A.
De acuerdo con el Registro Nacional la naturaleza de ese condominio es: terreno con un condominio compuesto por doce fincas filiales aptas para construir que se destinarán a uso habitacional las cuales podrán tener una altura máxima de tres pisos.
El 18 de marzo de 2020 CONDOMINIO SANTA VISTA solicitó aumento de caudal para tomar 0.43 l/s además del caudal otorgado en concesión de agua en cantidad de 0.07 l/s.
Como resultado de la evaluación técnica de la solicitud se realizó el Informe técnico DA-UHTPCOSJ-0127-2001 del 18 de enero de 2021, por la Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central de esta Dirección, el cual indica “… en la solicitud de concesión no se incluyen los planos que componen el Condominio Santa Vista, ni el diseño de sitio con la distribución de los planos y áreas comunes.” Continúa indicando que “a partir del mosaico catastral del plan regulador del cantón de Santa Ana; de acuerdo con esta distribución el pozo se encuentra dentro de una finca filial como se indicó en el oficio DA-UHTPCOSJ-1803-2020.” En la sección RECOMENDACIONES se considera importante, entre otros aspectos, “que el solicitante aporte un diseño del sitio con los respectivos planos que conforman el proyecto.” El Informe se notificó el 14 de abril de 2021 al solicitante, mediante oficio AL-0099-2021 del 14 de abril de 2021.
Posteriormente en oficio DA-UHTPCOSJ-1441-2021 del 21 de julio de 2021 de la Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central, se respondió al Director de Agua su consulta para justificar el aumento de caudal del pozo AB-1730, de cuyas consideraciones y para efecto del presente amparo, indica que “técnicamente sí es posible explotar el caudal solicitado” y que “queda confirmado que el pozo AB-1730 se encuentra dentro de una finca filial y no de un área común.” De acuerdo con el mismo oficio, el pozo se ubica en una filial propiedad de VISTA DEL VISTA DEL VALLE DOCE K S. A., sociedad que mantuvo concesión del pozo en expediente 9015-P, pero esta se otorgó en el año 2009 y actualmente no tiene concesión ni solicitud para el aprovechamiento de agua del pozo por esa sociedad.
Tratándose de un pozo para autoabastecimiento en condominio, aunque técnicamente el aprovechamiento sea posible, su ubicación en una finca filial no resulta posible para otorgar concesión para abastecer el condominio, por razones legales.
Actualmente, el Decreto N° 43053-MINAE publicado en La Gaceta N° 175 del 10 de setiembre de 2021, “Reglamento para la perforación de Pozos y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas”, establece en el artículo 17 lo siguiente:
“Artículo 17.- Pozos para el Autoabastecimiento en Condominio. Para el uso de pozos en el autoabastecimiento de agua en condominio, la perforación debe realizarse dentro de condominio y en área común conforme al artículo 10 de la Ley Reguladora de la propiedad en condominio N° 7933. En estos casos se aplicará la normativa especial que regula el caso.” Sin embargo, la Ley N° 7933 es del 28 de octubre de 1999, anterior al Decreto N°35271-S-MINAET, del 13 de abril de 2009, “Reglamento para el Permiso de Perforación y Concesión de Agua para el Autoabastecimiento en Condominios”.
Así, la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio establece en el artículo 10 inciso d) lo siguiente:
“Artículo 10.- Deberán ser comunes:
Con base en lo anterior se dictó la Resolución R-1749-2021-AGUAS-MINAE de las once horas veinte minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, notificada el 1° de noviembre de 2021 se DENEGÓ la solicitud de aumento de caudal y en el mismo Por Tanto se indicó que siendo que la concesión vence el 6 de junio de 2022 y en los diez años por los cuales se otorgó no se ha llevado a cabo el proyecto, debe la junta Administradora del Condominio y lo dicho en esta resolución sobre competencia funcional para el abastecimiento de ese desarrollo habitacional, tomar las medidas necesarias para solicitar al ente prestatario que asuma el abastecimiento del proyecto.
Por vencimiento del plazo de la concesión, se solicitó nuevamente concesión de agua para autoabastecimiento en condominio, la cual se DENEGÓ mediante resolución R-0562-2023-AGUAS-MINAE, de las nueve horas, catorce minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, notificada el 23 de mayo de 2023, porque el pozo se encuentra dentro de una finca filial y no en área común. Esa misma resolución otorgó un plazo de SEIS MESES para que realice las gestiones ante el A y A, para integrarse al acueducto rural, para no poner en peligro el abastecimiento de agua de los habitantes del condominio.
Contra la resolución R-0562-2023-AGUAS-MINAE se presentó recurso de REVOCATORIA el cual se resolvió y declaró sin lugar mediante resolución R-287-2023-MINAE, por parte del Ministro como lo que se dio por agotada la vía administrativa.
La orden de sellado del pozo está dirigida al Administrador del Condominio Santa Vista. La sociedad propietaria de la filial donde está perforado el pozo no ha solicitado concesión para uso en la filial, sino que el condominio se abastece de ese pozo, perforado en la filial propiedad de VISTA DEL VALLE DOCE K S. A. y según indica el recurrente no tiene el permiso para ingresar a sellar el pozo. Pero tampoco está autorizado el condominio para abastecerse de una fuente que no es común.
Es el condominio el que debe coordinar el sellado del pozo. No se ha amenazado con sanciones administrativas por el incumplimiento. Está tipificado el delito de Desobediencia en el Código Penal y en reiteradas ocasiones los Tribunales han resuelto que por transparencia se le debe indicar al administrado las posibles consecuencias de sus actuaciones. La presentación de una denuncia en ese sentido no es una amenaza al recurrente en su condición de representante del condominio.
Pese a haberse agotado la vía administrativa mediante resolución R-0562-2023-AGUAS-MINAE, del doce de mayo de dos mil veintitrés, y conocer que debido a que el pozo se encuentra dentro de una finca filial y no en área común, debía en el plazo de SEIS MESES realizar las gestiones ante el A y A, para integrarse al acueducto rural (así indicado en la parte Dispositiva de la resolución que denegó el aumento de caudal R-1749-2021-AGUAS-MINAE), de lo que no consta en el expediente gestión de su parte en ese sentido.
Únicamente consta en el expediente administrativo reiteradas solicitudes de NO DISPONIBILIDAD del ente prestatario del servicio público en la zona, presentándolas a la Dirección de Agua para que con esas respuestas esta Institución levante la restricción legal para el otorgamiento de concesión de agua para autoabastecimiento en condominio del pozo ubicado en finca filial, lo que haría incurrir a esta institución en un acto absolutamente nulo y contrario a la ley, con las responsabilidades que conlleva para el servidor público que lo autorice.
Pese a haberse agotado la vía administrativa el recurrente ha presentado varias solicitudes de prórroga de ese plazo, las cuales han sido resueltas.
Mediante oficio AL-0137-2024 del 23 de febrero de 2024, notificada el 27 de febrero de 2024, se otorgó una prórroga por un plazo de TRES MESES.
Por oficio AL-UHTPCOSJ-0060-2026 del 26 de marzo del año 2026, notificado el 26 de marzo de 2026, se concedió una segunda prórroga “POR ÚLTIMA VEZ”, por un plazo de TRES MESES. Siendo esta la orden de sellado la que se refiere el recurrente en la interposición del amparo.
En otro orden, debe indicarse que la sentencia N° 2023-030148, dictada en el expediente N° 23-028034-0007-CO, 10 de noviembre de 2023, la recurrente interpuso recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía, consultada la Plataforma Net Sol Poder Judicial, se tiene que en su Resultando 1 indica: “la Junta Administradora del condominio, solicitó Renovación de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas por medio del pozo AB-1730, para tomar 0.70 litros por segundo, para uso Abastecimiento en Condominio, para utilizarla en la finca folio real 1474-M-000, ubicada en Dirección1429, de la provincia de San José, realizándose la captación en propiedad del [Nombre del pozo]. Comenta que el Ministro de Ambiente y Energía, Señor Franz Tattenbach Capra resolvió denegar dicha solicitud de concesión del pozo AB-1730 y se les brindó un plazo de 6 meses para realizar las gestiones de integración al acueducto rural y por ende cerrar definitivamente el pozo y cortar la red de distribución única de agua que poseen en dicho condominio, sin haber realizado un estudio administrativo sobre la afectación directa a la población”.
El amparo fue rechazado de plano siendo importante al respecto el Considerando II):
“II.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, esta Sala analizó lo alegado por la parte accionante y mediante sentencia No. 2020012850 de las 9:15 horas del 10 de julio de 2020, la Sala declaró lo siguiente:
“Igualmente, se advierte en cuanto al punto 3) que el indicar si el ICAA debe brindar el servicio tomando el agua del pozo AB-1477, obedece a un conflicto de legalidad ordinaria, no atribuible en este Tribunal Constitucional, toda vez que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno (en este sentido, se observa que el recurrente no habla en la finca aludida, sino que pretende la disponibilidad del servicio aludido como requisito previo para iniciar una construcción). Igual suerte corre el punto 4) en cuanto a la inspección por parte del órgano estatal. Se advierte que el recurso de amparo es esencialmente, un proceso sumario y rápido por la simplicidad y brevedad de las vías administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo–, el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que sólo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria.
El amparo no está diseñado para confrontar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infraconstitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante largos períodos y resguardando, como sería lo acontecido con el pozo de agua de interés. Por consiguiente, deberá el recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante las propias autoridades accionadas o, en su defecto, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo...”.
Al ser aplicable el precedente de cita al caso concreto y no existir en el sub examine razones suficientes para que este Tribunal varíe el criterio sostenido, procede el rechazo del asunto.” Se cumplen los supuestos analizados en la sentencia Res. N° 2023030148 para tener por desarrollada y cumplida la actividad de la administración en el marco de legalidad, sin violentar Derechos Fundamentales, siendo el reclamo del recurrente por cuestiones de legalidad, por lo que se solicita respetuosamente a ese honorable Despacho tener en consideración lo indicado y declarar sin lugar el recurso de amparo”.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente señala que dentro del expediente administrativo nro. 13412-P, el MINAE ha emitido diversos actos relacionados con un pozo ubicado en el Condominio Santa Vista, del cual depende el suministro de agua potable de varias unidades habitacionales desde hace más de 23 años, ordenando su sellado mediante resoluciones administrativas posteriores. Indica que, mediante resolución nro. AL-UHTPCOSJ-0060-2026, se le otorgó un plazo de diez días para ejecutar esta orden, con apercibimiento de sanciones. Aduce que el pozo se ubica en un inmueble de propiedad de un tercero sobre el cual no tiene posesión ni control, cuyo propietario ha negado el acceso, lo que le impide cumplir con la orden. Asimismo, sostiene que existen servidumbres relacionadas con el sistema hídrico que no han sido valoradas por la administración para garantizar el ingreso al sitio. No obstante, las autoridades recurridas mantienen la exigencia de cumplimiento sin habilitar un mecanismo que permita ejecutar la orden de manera legal, lo que lo coloca en una situación en la que cumplir implicaría incurrir en responsabilidad penal y no hacerlo conllevaría sanciones administrativas. Detalla que estas actuaciones comprometen el acceso al agua potable de varias unidades habitacionales del condominio, afectando un servicio esencial y vulnerando sus derechos fundamentales.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.Sobre el caso concreto. El recurrente señala que, dentro del expediente administrativo nro. 13412-P, el MINAE ordenó el sellado de un pozo ubicado en el Condominio Santa Vista, del cual depende el abastecimiento de agua potable de varias unidades habitacionales, otorgándole mediante resolución nro. AL-UHTPCOSJ-0060-2026 un plazo para ejecutar esta orden con apercibimiento de sanciones. Aduce que el pozo se encuentra en propiedad de un tercero que le niega el acceso, por lo que le resulta imposible cumplir con lo ordenado. Asimismo, sostiene que las autoridades recurridas mantienen la exigencia de cumplimiento sin habilitar mecanismos legales para ejecutar el sellado, lo que compromete el acceso al agua potable de varias viviendas del condominio y vulnera sus derechos fundamentales. En consecuencia, solicita que se suspendan los efectos de las resoluciones impugnadas y se ordene a las recurridas adoptar las medidas necesarias para resolver la situación.
Al respecto, resulta pertinente destacar que esta Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre la situación expuesta. Verbigracia, en la sentencia nro. 2023030148 de las 09:30 horas del 17 de noviembre de 2023 se resolvió lo siguiente:
“I.- Objeto del recurso. La parte recurrente reclama que el [Nombre62 002] recibía agua potable por el pozo AB-1730; sin embargo, el ICAA denegó una solicitud de renovación de concesión de ese pozo, dejándolos sin agua.
II.Sobre el caso concreto. En el sub lite, esta Sala analizó lo alegado por la parte accionante y mediante sentencia No. 2020012850 de las 9:15 horas del 10 de julio de 2020, la Sala declaró lo siguiente:
“Igualmente, se advierte en cuanto al punto 3) que dilucidar si el ICAA debe brindar el servicio tomando el agua del pozo AB-1477, obedece a un conflicto de legalidad ordinaria, no dirimible en este Tribunal Constitucional, toda vez que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno (en este sentido, se subraya que el recurrente no habita en la finca aludida, sino que pretende la disponibilidad del servicio aludido como requisito previo para iniciar una construcción). Igual suerte corre determinar si se cumplen o no los requisitos técnicos para otorgar el servicio. Se advierte que el recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria.
El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente, como sería lo acontecido con el pozo de agua de interés. Por consiguiente, deberá el recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante las propias autoridades accionadas o, en su defecto, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo...” Al ser aplicable el precedente de cita al caso concreto y no existir en el sub examine razones suficientes para que este Tribunal varíe el criterio sostenido, procede el rechazo del asunto.
III.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso”.
Atinente al sub examine, esta Sala no encuentra motivo para variar el criterio sostenido en el precedente citado, pues el recurrente nuevamente plantea un conflicto derivado de las actuaciones administrativas y criterios técnicos relacionados con el pozo AB-1730 del Condominio Santa Vista, así como con la orden de sellado dispuesta por el MINAE. En efecto, los alegatos expuestos guardan identidad sustancial con los analizados en la sentencia nro. 2023030148, en la cual este Tribunal estimó que la discusión planteada correspondía a un asunto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito del recurso de amparo. En cualquier caso, se aprecia que el ICAA otorgó disponibilidad positiva de agua potable para el inmueble correspondiente al Condominio Santa Vista mediante resolución SIGDD-2026-00001856-1-2-SN del 26 de febrero de 2026. Así las cosas, al no advertirse una lesión actual a derechos fundamentales susceptible de tutela en esta jurisdicción, se declara sin lugar el recurso.
IV.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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