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Res. 16997-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/05/2026

Access to Environmental Information on Residential Project in High-Sensitivity AreaAcceso a información ambiental sobre proyecto residencial en área de alta sensibilidad

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber granted the amparo against the Municipality of Osa for violating the right to petition and prompt response by taking nearly six months to provide information on permits for a residential project in an area of high environmental sensitivity, and denied it against ACOSA-SINAC, which had answered in time; no condemnation in costs or damages was issued by the majority.La Sala declaró con lugar el recurso contra la Municipalidad de Osa por violar el derecho de petición y pronta respuesta al demorar casi seis meses en entregar información sobre permisos de un proyecto residencial en zona de alta sensibilidad ambiental, y lo declaró sin lugar contra ACOSA-SINAC, que había respondido oportunamente; sin condenatoria en costas ni daños perjuicios (mayoría).

SummaryResumen

The Constitutional Chamber resolved an amparo against SINAC's Área de Conservación Osa (ACOSA) and the Municipality of Osa for failing to respond to public information requests about the Complejo Residencial Balcones del Pacífico project in Bahía Ballena. The petitioner sought data on construction permits, earthworks, water availability, and tree-cutting authorizations in an area of high environmental sensitivity adjacent to the Térraba-Sierpe National Wetland. A SINAC field inspection had uncovered the illegal cutting of 56 trees without AFE authorization. The Chamber granted the amparo against the Municipality—which took nearly six months to respond, doing so only after being notified of the pending amparo—but denied it against ACOSA, which had answered the original request in time. The ruling was issued without condemnation in costs or damages, with partial dissenting votes from two justices.La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto contra el Área de Conservación Osa (ACOSA-SINAC) y la Municipalidad de Osa por no responder solicitudes de información pública sobre el proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacífico en Bahía Ballena. El recurrente pedía datos sobre permisos de construcción, movimientos de tierra, disponibilidad de agua y autorizaciones de corta de árboles en un área de alta sensibilidad ambiental colindante con el Humedal Nacional Térraba-Sierpe. La inspección de campo de SINAC reveló la corta ilegal de 56 árboles sin autorización de la Administración Forestal del Estado. La Sala declaró con lugar el amparo contra la Municipalidad de Osa —que tardó casi seis meses en responder y solo lo hizo tras notificársele el curso del recurso— pero lo desestimó contra ACOSA, que sí atendió la gestión original en tiempo. El fallo se dictó sin condenatoria en costas ni daños, con votos salvados de dos magistrados.

Key excerptExtracto clave

This Court has indicated that if the Administration cannot definitively respond to a request within the 10 business days following receipt of the petition, as required by Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, it is obligated to explain the reasons why it cannot comply, an explanation that must be thorough and detailed so that the petitioner is informed of the status of their request, including a specified deadline by which the information will be provided. Furthermore, it is established that the municipal authority provided the response to the person who submitted the request at 14:08 on April 16, after having been notified at 09:35 on that same day of the resolution of April 13, 2026 granting course to this amparo. Nonetheless, since the petitioner did not object to the first communication being sent to the person who submitted the request on his behalf, that response is deemed properly remitted. In this context, it is found that the Municipality of Osa violated the right of petition and prompt response (Article 27 of the Political Constitution) to the detriment of the petitioner due to its delay in addressing the request, and the amparo against it is therefore granted. Accordingly, having established the constitutional violation under the terms described, the amparo must be declared granted solely against the Municipality of Osa, though without special condemnation in costs, damages, and losses, as the petitioner's claim has already been satisfied. With respect to the Área de Conservación Osa, the amparo is denied.Se advierte que esta Sala ha señalado que en caso de que la Administración no pueda responder de forma definitiva la gestión en el plazo de los 10 días siguientes a la recepción de la petición, como lo dispone el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, está obligada a explicar las razones y motivos por las cuales no puede cumplir con lo pedido, explicación formal que deberá ser profusa y detallada con el objeto que el peticionario sea informado del trámite que ha seguido su gestión, para lo cual, incluso, deberá señalar un plazo en el que se le estará facilitando la información. Además, consta que le hizo saber la respuesta, igualmente, a la persona que remitió la gestión, a las 14:08 horas del pasado 16 de abril, después que a las 09:35 horas de ese mismo día, se notificara a la autoridad municipal recurrida la resolución de las 15:30 horas del 13 de abril de 2026, mediante la cual se le dio curso a este amparo. A pesar de ello, se estima que como el recurrente no objetó el envío de la primera comunicación a quien remitió su gestión, se tiene por bien remitida la respuesta. En ese contexto, se estima que la Municipalidad de Osa infringió el derecho de petición y pronta respuesta (artículo 27 de la Constitucional Política), en perjuicio del recurrente, debido a la demora tanto en atender lo peticionado, por lo que se considera procedente el amparo en su contra. Así las cosas, al acreditarse la infracción constitucional en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar, únicamente, contra la Municipalidad de Osa, aunque sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, como de seguido se explica, pues ya fue satisfecha la pretensión del recurrente. Respecto al Área de Conservación Osa, se desestima el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado."

    "The duty to resolve does not require a favorable answer, but it does require that the response be congruent with the subject matter of the request."

    Considerando IV

  • "el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado."

    Considerando IV

  • "Se encontró la corta de 56 árboles de diferentes especies, diámetros y alturas, cortados sin autorización de la Administración Forestal del Estado, AFE. El volumen total en metros cúbicos corresponde a 37,80."

    "The cutting of 56 trees of various species, diameters, and heights was found, felled without authorization from the State Forestry Administration (AFE). The total volume in cubic meters amounts to 37.80."

    Informe técnico CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026, citado en Considerando VI

  • "Se encontró la corta de 56 árboles de diferentes especies, diámetros y alturas, cortados sin autorización de la Administración Forestal del Estado, AFE. El volumen total en metros cúbicos corresponde a 37,80."

    Informe técnico CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026, citado en Considerando VI

  • "la Municipalidad de Osa infringió el derecho de petición y pronta respuesta (artículo 27 de la Constitucional Política), en perjuicio del recurrente, debido a la demora tanto en atender lo peticionado, por lo que se considera procedente el amparo en su contra."

    "The Municipality of Osa violated the right of petition and prompt response (Article 27 of the Political Constitution) to the detriment of the petitioner due to its delay in addressing the request, and the amparo against it is therefore granted."

    Considerando VI.2

  • "la Municipalidad de Osa infringió el derecho de petición y pronta respuesta (artículo 27 de la Constitucional Política), en perjuicio del recurrente, debido a la demora tanto en atender lo peticionado, por lo que se considera procedente el amparo en su contra."

    Considerando VI.2

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the fifteenth of May, two thousand twenty-six.

Amparo petition (recurso de amparo) processed under case file number 26-009580-0007-CO, filed by [Nombre 001], of legal age, national identification number [Valor 001], against the Área de Conservación Osa of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE and the Municipalidad de Osa.

Background:

  1. 1By written submission received at the Sala's Registry at 08:24 hours on March 18, 2026, the petitioner filed an amparo petition against the Área de Conservación Osa of SINAC of MINAE and the Municipalidad de Osa, and stated that on October 28 and 30, 2025, he submitted administrative requests (gestiones administrativas) to the Área de Conservación Osa of SINAC and the Municipalidad de Osa. He explains that the purpose of those requests was to obtain public information about the legality of the Complejo Residencial Balcones del Pacífico project in Bahía Ballena, specifically regarding the existence of construction permits, earthworks (movimientos de tierra), water availability, and authorizations for tree felling (corta de árboles) in an area of high environmental sensitivity. He states that, by email on November 18, 2025, the Urban Planning Unit of the Municipalidad de Osa requested a 15-day extension to respond to his request.He notes that on November 21, 2025, the Área de Conservación Osa issued official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, by which it indicated that no permits for tree felling or land-use change (cambio de uso del suelo) were on record. He indicates that the aforementioned authority expressly acknowledged that the matter was already being handled through a field inspection (inspección de campo) conducted by officials of the Programa de Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe. He explains that, in light of the foregoing, he repeatedly requested the result of the inspection report from the respondent authority; however, on February 17, 2026, he was only sent an image of a complaint filed with the Fiscalía de Protección de Osa. He adds that on March 16, 2026, he received another document informing him that the case had been dismissed. He challenges the respondent's reliance on the existence of the aforementioned criminal proceeding as a means of evading its obligation to issue the requested technical-administrative report (informe técnico administrativo).He claims that, as of the date of filing this petition, none of the respondent institutions has provided him with the information he sought. He argues that what is described above violates his fundamental rights. He requests that the petition be granted.
  2. 2By order of the Presiding Justice of the Sala at 15:30 hours on April 13, 2026, this amparo was admitted for processing, and the Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and the Mayor of Osa were requested to submit a sworn report on the facts alleged by the petitioner.
  3. 3Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of Osa, submits the following sworn report (written submission filed at 14:11 hours on April 17, 2026):

"I. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER.

The petitioner states that, on October 28 and 30, 2025, he submitted administrative requests to the Área de Conservación Osa of SINAC and to the Municipalidad de Osa, for the purpose of obtaining public information relating to the project known as Complejo Residencial Balcones del Pacífico, located in Bahía Ballena, canton of Osa, specifically regarding construction permits, earthworks, water availability, and authorizations for tree felling.

He also states that, despite the requests submitted and an extension communicated by the municipal administration, as of the date of filing the petition he had not received a definitive response to his request, and therefore considers his fundamental rights of petition and access to administrative information to have been violated.

II. RELEVANT FACTS

1. The Municipalidad de Osa received and internally processed the information request submitted by the interested party, carrying out the necessary administrative coordination to gather the required technical information from the competent departments.

2. In the course of that process, the Directorate of Urban Development and Services issued official letter PDU-522-2025 dated December 8, 2025, which substantively addressed the information request relating to the properties under inquiry in the Complejo Residencial Balcones del Pacífico project.

3. Subsequently, the Mayor's Office issued official letter AM-546-2026-2028 dated April 16, 2026, addressed to Ms. Thais Mena, by which the aforementioned technical letter was formally transmitted and a response to the information request was provided, attaching the details of the studies conducted on the properties under inquiry and noting that no associated construction permits were recorded in the institutional systems.

4. Said communication was electronically notified on April 16, 2026, to the email address [email protected], as shown in the corresponding notification receipt.

5. Accordingly, as of the date this report is submitted, the information request has been answered and notified to the interested party, giving rise to partial extra-procedural satisfaction (satisfacción extraprocesal) of the matter claimed, notwithstanding the fact that the response was communicated after the filing of the petition.

III. LEGAL CONSIDERATIONS

First. Regarding the administrative handling of the request.

The Municipalidad de Osa did not remain inactive in response to the request submitted; rather, it internally processed the matter, requested the corresponding technical information, and generated a substantive response from the competent department. This demonstrates that the administration did activate its internal mechanisms to attend to what was requested by the requesting party.

Second. Regarding the response ultimately notified.

As evidenced by the accompanying documentation, through official letter AM546-2026-2028 dated April 16, 2026, the institutional response with the attached technical letter PDU-522-2025 was sent to the interested party, and said communication was effectively notified on April 16, 2026.

Third. Regarding the current status of the constitutional claim.

Notwithstanding the assessment to be made by the Sala regarding the timeliness of the response, the fact is that at the time this report is submitted, the information request has already been attended to and brought to the knowledge of the interested party, such that the material object of the petition—referring to the complete absence of a response—has ceased to have current effect.

Fourth. Regarding the administrative conduct.

The municipal conduct must be analyzed bearing in mind that there was an internal administrative process aimed at gathering and consolidating the information requested, as well as a technical response that was ultimately formalized and notified. In this regard, the administration acknowledges that communication with the interested party did not materialize until April 16, 2026; however, it respectfully requests that the Sala consider that the request was substantively addressed by the competent municipal departments and that the required information has now been provided.

IV. PETITION

For the reasons set forth above, I respectfully request that the Sala Constitucional:

1. Accept the report submitted by the Municipalidad de Osa as timely and properly filed.

2. Find it established that the information request submitted by the petitioner was attended to by the municipal administration and that, through official letter AM-546-2026-2028 dated April 16, 2026, the corresponding response was formally notified to the interested party, with the technical letter PDU-522-2025 attached.

3. Take into account that, at the time this report is submitted, the information requested has already been brought to the knowledge of the requesting party."

  1. 4Juan José Jiménez Espinoza, in his capacity as Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC, submits the following sworn report (written submission filed at 17:36 hours on April 21, 2026):

"ON THE FACTS ON THE FIRST ALLEGATION: The petitioner states: 'On October 28 and 30, 2025, he submitted administrative requests to the Área de Conservación Osa of SINAC and the Municipalidad de Osa, explaining that the purpose of those requests was to obtain public information about the legality of the Complejo Residencial Balcones del Pacífico project in Bahía Ballena, specifically regarding the existence of construction permits, earthworks, water availability, and authorizations for tree felling or land-use change.' On this allegation, the petitioner is correct. The records of the Área de Conservación Osa confirm receipt of an initial inquiry on October 28, 2025, and subsequently a supplemental inquiry on October 30, 2025.

ON THE SECOND ALLEGATION: The petitioner states that on November 21, 2025, the Área de Conservación Osa issued official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, by which it indicated that no permits for tree felling or land-use change were on record.

On this allegation, the petitioner is correct, as said official letter was notified to the email address designated in the October 28 request as the address for receiving notifications: [email protected] Thereby, the Área de Conservación Osa responded to what was originally requested by the petitioner in his submissions of October 28 and 30, 2025, regarding the existence of authorizations for tree felling or land-use change in the Complejo Residencial Balcones del Pacifico S.A. project.

ON THE THIRD ALLEGATION: The petitioner states 'that the aforementioned authority expressly acknowledged that the matter was already being handled through a field inspection conducted by officials of the Programa de Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe.' On this allegation, the petitioner is correct, as evidenced by official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-200-2025, according to which, as of September 3 of that same year, ACOSA personnel had conducted an initial inspection of the properties identified by the petitioner.

ON THE FOURTH ALLEGATION: The petitioner states 'That on repeated occasions he requested the result of the inspection report from the respondent authority; however, on February 17, 2026, he was only sent an image of a complaint filed with the Fiscalía Protección de Osa.' On this allegation, the petitioner is not correct in the sense that our records do not show that [Nombre 001] formally requested the inspection report relating to the properties identified in the supplemental notes dated October 30, 2025.

On this allegation, I wish to state that during the period between November 21, 2025—the date on which official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 was notified—and February 16, 2026, our records contain no communications from [Nombre 001] requesting any report.

Subsequently, in an email of February 17, 2026, at fifteen hours and ten minutes, sent by Ms. Thais Mena from the email address [email protected], and addressed to officials Lic. Norma Jiménez Coronado and Ing. Arleth Porras Granados, Ms. Mena states the following:

'I am writing to request information on this matter. To date, we have not received any communication from the Programa de Prevención, Control y Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, which we were told would be conducting an inspection and is the entity currently responsible for this matter. For that reason, I would appreciate it if you could update us on any progress or provide a means for us to make direct contact.' Regarding this email, we must note that this request was made by Ms. Thais Mena and not by [Nombre 001].

It should be emphasized that the email of February 17, 2026, at fifteen hours and ten minutes, shows that neither Ms. Thais Mena nor [Nombre 001] requested a copy of any report at any point. What Ms. Thais Mena requested was to be informed of any progress or to be provided with a means of direct contact.

In order to follow up on what Ms. Thais Mena had requested, both Lic. Norma Jiménez Coronado, at fifteen hours and eighteen minutes, and Ing. Arleth Porras Granados, at sixteen hours and twenty-six minutes, on February 17, 2026, forwarded the request to Ing. Carlos Rodríguez Binda, who, at fifteen hours and fifty-three minutes on February 17 of the current year, communicated to Ms. Thais Mena that, as a progress update, 'An image is attached showing the receipt from the Poder Judicial Fiscalía de Protección for the complaint filed against Residencial del Pacífico S.A., located in the hamlet of Ojochal, district of Bahía Ballena, canton of Osa.' This demonstrates that the corresponding complaint had been duly filed.

ON THE FIFTH ALLEGATION: The petitioner states: 'That on March 16 he received another document informing him that the case had been dismissed.' On this allegation, the petitioner is correct, as there is an email dated March 16 at ten hours and four minutes, sent by Ing. Carlos Rodríguez Binda, stating: 'Good morning, cordial greetings. Regarding the Residencial Balcones del Pacifico case, I am attaching the receipt from the Ministerio Público; the judicial case number is 26-000042-0454-PE. I am informed that it was transferred to ordinary proceedings and was dismissed on February 20, 2026; we do not know the reasons, nor was an extension of the report requested.' ON THE SIXTH ALLEGATION: The petitioner states: 'That the respondent relied on the existence of the aforementioned criminal proceeding to evade its obligation to issue the requested technical-administrative report.' On this allegation, the petitioner is not correct, as our records contain no communication stating that the report would not be delivered due to reasons associated with criminal proceedings. On the contrary, Ms. Thais Mena was provided with information so that, should she deem it appropriate, she could appear and request the corresponding case file from the Fiscalía Ambiental de Osa.

It should be noted that on March 13, 2026, an email was received from Ms. Thais Mena, addressed to Ing. Carlos Rodríguez Binda, in which she states:

'Good afternoon, I hope you are all well. I am writing to request that you send us the visit report or the report on the complaint filed by us, since, although we were informed that a complaint was filed with the fiscalía, we have not received any official letter addressing the complaint and the findings of the visit. I would appreciate acknowledgment of receipt.' It is worth noting that, according to our records, this email of March 13 is where, for the first time, a copy of the inspection report on the property owned by Complejo Residencial Balcones del Pacifico S.A. is requested. This new request differs substantially from the requests originally made by [Nombre 001] in his initial submissions of October 28 and 30, 2025, which caused confusion, since the Área de Conservación Osa had already responded with official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 and had acted in accordance with the law by filing a complaint with the Fiscalía Ambiental de Osa on December 2, 2025.

ON THE SEVENTH ALLEGATION: The petitioner states 'That, as of the date of filing this petition, none of the respondent institutions has provided him with the information he sought.' On this allegation, the petitioner is not correct, as through official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 of November 21, 2025, a formal response had been provided to what was requested in the submissions of October 28 and 30, 2026.

ON THE EIGHTH ALLEGATION: The petitioner states 'He argues that what is described violates his fundamental rights. He requests that the petition be granted.' It should be noted that the confusion generated by the variation between the requests originally made by [Nombre 001] and those subsequently modified by Ms. Thais Mena was resolved through two actions taken by the Área de Conservación Osa, as follows:

1. Official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026, notified via email to the addresses [email protected] and [email protected] at nine hours and forty-four minutes on April 21, 2026, in response to what Ms. Thais Mena had requested in her email of March 13 at sixteen hours, transmitting the technical-administrative report of the findings made during the field inspections conducted at the Complejo Residencial Balcones de Pacifico S.A. property.

2. Official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-061-2026, notified via email to the addresses [email protected] and [email protected] at eleven hours and twelve minutes on April 21, 2026, supplementing the information contained in official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026.

This addressed the request made by Ms. Thais Mena in her email of March 13, 2026.

ON THE OFFICIAL MECHANISMS FOR RECEIVING USER REQUESTS.

It should be noted that the email addresses established by the Área de Conservación Osa for receiving user requests are [email protected] and [email protected].

However, it must be noted that the requests submitted by both [Nombre 001] and Ms. Thais Mena were sent to the individual institutional email addresses of Carlos Rodríguez Binda [email protected], Arleth Porras Granados [email protected], and Norma Jiménez Coronado [email protected], all of whom are officials of the Área de Conservación Osa.

PETITION Principal: In accordance with what is set forth in this report and the documentary evidence submitted, I respectfully request that the Justices DENY the present petition, on the grounds that there was a substantive variation or additional requests between what was sought by [Nombre 001] in his submissions of October 28 and 30, 2025, and what was requested by Ms. Thais Mena in her email of March 13, 2026.

Amparo. I request that our Ministry and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be exempted from the payment of procedural costs.

Subsidiary: In the event that Your Honorable Authority finds that the administration bears responsibility, we respectfully and kindly request not to be ordered to pay costs."

  1. 5The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Opinion drafted by Justice Hess Herrera; and,

Considering:

I.Preliminary matter. Given that Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of Osa, failed to indicate in his sworn report whether the email address to which Ms. Thais Mena sent the petitioner's information request is recognized as an official channel of communication with that municipality, this fact is deemed established, and the constitutionality of this matter is analyzed in accordance with Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II.Subject of the petition. The petitioner alleges that on October 28 and 30, 2025, he requested from the Área de Conservación Osa of SINAC and the Municipalidad de Osa public information on the legality of the Complejo Residencial Balcones del Pacífico project in Bahía Ballena. Specifically, regarding the existence of construction permits, earthworks, water availability, and authorizations for tree felling in an area of high environmental sensitivity. He states that, by email on November 18, 2025, the Urban Planning Unit of the Municipalidad de Osa requested a 15-day extension to respond to his request. He notes that on November 21, 2025, the Área de Conservación Osa issued official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, by which it indicated that no permits for tree felling or land-use change were on record. He indicates that the aforementioned authority expressly acknowledged that the matter was already being handled through a field inspection conducted by officials of the Programa de Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe.

He explains that, in light of the foregoing, he repeatedly requested the result of the inspection report from the respondent authority; however, on February 17, 2026, he was only sent an image of a complaint filed with the Fiscalía de Protección de Osa. He adds that on March 16, 2026, he received another document informing him that the case had been dismissed. He challenges the respondent's reliance on the existence of the aforementioned criminal proceeding as a means of evading its obligation to issue the requested technical-administrative report. He claims that, as of the date of filing this petition, none of the respondent institutions has provided him with the information he sought.

III.Established facts. Of importance for the resolution of this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been substantiated or because the respondents failed to address them as required by the initial order:

  • 1)On October 28 and 30, 2025, the petitioner requested from the Área de Conservación Osa of SINAC and the Municipalidad de Osa information regarding the Complejo Residencial Balcones del Pacífico project in Bahía Ballena. Specifically, regarding the existence of construction permits, earthworks, water availability, and authorizations for tree felling in an area of high environmental sensitivity. He designated the email address [email protected] for receipt of notifications (see documentary evidence submitted by the petitioner).
  • 2)Both requests were submitted by email by Thais Mena on behalf of the petitioner (see documentary evidence submitted by the petitioner).
  • a)Regarding the actions of the Área de Conservación Osa with respect to the petitioner's claims.
  • 3)Through official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 of November 21, 2025, the Área de Conservación Osa responded to what was requested by the petitioner in his submissions of October 28 and 30, 2025, regarding the existence of authorizations for tree felling or land-use change in the Complejo Residencial Balcones del Pacifico S.A. project. Said official letter was notified to the email address designated in the October 28 request as the address for receiving notifications: [email protected] (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • 4)On February 17, 2026, at 15:10 hours, by email sent by Ms. Thais Mena from the email address [email protected] and addressed to officials Lic. Norma Jiménez Coronado and Ing. Arleth Porras Granados, she stated the following: 'I am writing to request information on this matter. To date, we have not received any communication from the Programa de Prevención, Control y Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, which we were told would be conducting an inspection and is the entity currently responsible for this matter. For that reason, I would appreciate it if you could update us on any progress or provide a means for us to make direct contact' (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • 5)In order to follow up on what Ms. Thais Mena had requested, both Lic. Norma Jiménez Coronado, at 15:18 hours, and Ing. Arleth Porras Granados, at 16:26 hours, on February 17, 2026, forwarded that request to Ing. Carlos Rodríguez Binda (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • 6)On February 17, 2026, at 15:53 hours, Ing. Carlos Rodríguez Binda communicated to Ms. Thais Mena that, as a progress update, 'An image is attached showing the receipt from the Poder Judicial Fiscalía de Protección for the complaint filed against Residencial del Pacífico S.A., located in the hamlet of Ojochal, district of Bahía Ballena, canton of Osa' (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • 7)On March 16, 2026, at 10:04 hours, Ing. Carlos Rodríguez Binda communicated the following to Ms. Thais Mena: 'Good morning, cordial greetings. Regarding the Residencial Balcones del Pacifico case, I am attaching the receipt from the Ministerio Público; the judicial case number is 26-000042-0454-PE. I am informed that it was transferred to ordinary proceedings and was dismissed on February 20, 2026; we do not know the reasons, nor was an extension of the report requested' (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • 8)On March 13, 2026, an email was received from Ms. Thais Mena addressed to Ing. Carlos Rodríguez Binda, in which she states: 'Good afternoon, I hope you are all well. I am writing to request that you send us the visit report or the report on the complaint filed by us, since, although we were informed that a complaint was filed with the fiscalía, we have not received any official letter addressing the complaint and the findings of the visit. I would appreciate acknowledgment of receipt' (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • 9)On April 16, 2026, at 09:35 hours, the Director of the Área de Conservación Osa was notified of the order of 15:30 hours on April 13, 2026, by which this amparo was admitted for processing (see the corresponding notification record).
  • 10)Through official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026 of April 21, 2026, notified via email to the addresses [email protected] and [email protected] at 09:44 hours on that April 21, Carlos Rodríguez Binda, in his capacity as Administrator of the Humedal Nacional Térraba-Sierpe, addressed to the petitioner and to Ms. Thais Mena, responded to what she had requested in her email of March 13, transmitting the technical-administrative report of the findings made during the field inspections conducted at the Complejo Residencial Balcones de Pacifico S.A. property (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • 11)Through official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-061-2026, notified via email to the addresses [email protected] and [email protected] at 11:12 hours on April 21, 2026, the information contained in official letter CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026 was supplemented (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • 12)The email addresses established by the Área de Conservación Osa for receiving user requests are [email protected] and [email protected]. The requests submitted by both [Nombre 001] and Ms. Thais Mena were sent to the individual institutional email addresses of Carlos Rodríguez Binda [email protected], Arleth Porras Granados [email protected], and Norma Jiménez Coronado [email protected], all of whom are officials of the Área de Conservación Osa (see report of the Acting Director of the Área de Conservación Osa of SINAC and documentary evidence submitted).
  • b)Regarding the actions of the Municipalidad de Osa with respect to the petitioner's claims.
  • 13)On November 18, 2025, by email, the Urban Planning Unit of the Municipalidad de Osa requested a fifteen-day extension from Thais Mena to respond to the request (see documentary evidence submitted by the petitioner).
  • 14)On April 16, 2026, the respondent municipal authority was notified of the order of 15:30 hours on April 13, 2026, by which this amparo was admitted for processing (see the corresponding notification record).
  • 15)Through official letter AM546-2026-2028 of April 16, 2026, Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of Osa, sent Thais Mena at the email address [email protected] an institutional response with the technical letter PDU-522-2025. Said communication was notified at 14:08 hours on April 16 (see report of the respondent Mayor and documentary evidence submitted).

IV.On the right of petition and timely response. The right of petition and timely response (derecho de petición y pronta respuesta), protected under Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve the requests of persons subject to administrative authority (administrados) within ten business days (días hábiles) from the date of submission of such requests, in the absence of any other deadline established for a response. However, the aforementioned Article 32 further provides that, in deciding on the petition, the Court shall weigh the reasons put forward for considering that period insufficient, having regard to the circumstances and the nature of the matter; in such cases, the Administration is always obligated to inform the petitioner (petente) of the reasons for the delay in issuing a ruling. In any event, the duty to resolve does not imply the granting of a favorable or unfavorable response, but it does require that there be necessary congruence between the subject matter of the request and that of the response.

V.On the use of electronic means for submitting requests for information. This Court has ruled, on repeated occasions, regarding the use of electronic means for the submission of requests for information. For example, in judgment (sentencia) No. 2018-016145 of 9:20 a.m. on September 28, 2018, it was stated:

"III. BACKGROUND. This Court, by ruling 2014-003581 of 9:05 a.m. on March 14, 2014, held that "III.- On the merits. In the present matter, the appellant challenges the failure to provide the information he requested in the petition filed on January 5, 2013. Before analyzing the merits of the appellant's claim, it is appropriate to refer to what this Tribunal has stated regarding petitions submitted by email to the Administration. Thus, in judgment No. 2012-0191 of 3:50 p.m. on January 11, 2012, the following was indicated, insofar as relevant: "(…) III. This Constitutional Tribunal, in judgment No. 2008009670 of 9:55 a.m. on June 13, 2008, with an opinion written by the reporting Justice, held the following, insofar as relevant: IV.- ON THE RIGHT OF PETITION AND THE USE OF ELECTRONIC MEANS. Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights may be exercised through new information technologies.

With regard to the right of petition and timely response, the use of electronic means adds new dimensions that must be weighed. Always bearing in mind the progressive and expansive effectiveness of those rights, but also taking into account the non-absolute character of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right of petition and timely response using the means that new technologies provide, it is important that the request be channeled through a freely accessible website of the public body or agency. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address set up specifically to receive requests, whether on a particular subject or as a general inbox for all types of petitions." (See also 2017-5247 of ten o'clock on April 7, 2017)".

VI.On the specific case. From the reports submitted by the respondent authorities, given under oath, with timely admonishment of the consequences set forth in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction and the documentary evidence submitted for the resolution of this amparo (constitutional rights action), it is established that, on October 28, 2025, the appellant requested the following information from the Área de Conservación Osa of SINAC, the ASADA of Ojochal, and the Municipality of Osa regarding the Complejo Residencial Balcones del Pacífico project in Bahía Ballena:

"I. The Municipality of Osa is requested to confirm whether the properties hold construction permits, earthworks (movimientos de tierra) permits, terracing (terraceo) permits, or other municipal authorizations, as well as any ongoing proceedings or activities related thereto. This is in view of the fact that a land-use criterion exists for the three survey plans mentioned.

II.With respect to the ASADA of Ojochal, information is requested regarding the availability of potable water for the properties, as well as the existence of registered wells, concessions, or water extraction permits associated with the properties.

III.Finally, SINAC is requested to indicate whether, within the scope of its jurisdiction, any permit, authorization, or ruling has been issued regarding tree felling (corta de árboles) or land-use change (cambio de uso del suelo).

I designate as the means for receiving notifications the email address [email protected]." Likewise, it is established that on October 30, 2025, the appellant filed a supplemental information request with the Área de Conservación Osa regarding the same matter. Specifically, he requested:

"in follow-up to the request submitted on October 28 of this year, I submit the present document as a supplement to the previously filed petition. I respectfully request that what was requested on that occasion be extended to the following properties, the details of which are set out below:

1. Registered property (finca) with cadastral identifier 60504004655200, property registration folio (folio real) 6-0046552-0-0, with registered cadastral survey plans (planos catastrados) P-497612-1983 and P-1387542-2009, owned by Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., corporate tax ID (cédula jurídica) 3-101-489877. Coordinates E 535866.44, N 1007606.46.

(…)

I request information as to whether, with respect to the indicated properties, any permit, authorization, or ruling has been issued in connection with tree felling, land-use change, or earthworks. I likewise request that an inspection be conducted on said properties and that, should any irregularity be detected, action be taken in accordance with applicable environmental and administrative regulations." This Court confirms that both petitions were submitted by Thais Mena on behalf of the appellant by email. It is likewise noted that, although the first request was also addressed to the ASADA of Ojochal, since the appellant does not claim a failure to respond on the part of that association, no ruling is made in that regard. The following analysis examines the liability of each of the two respondent authorities with respect to the acts alleged.

  • 1)On the actions of the Área de Conservación Osa with respect to the appellant's claims.

It is on record that, by official communication CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 dated November 21, 2025, a response was provided to what the appellant requested in his submissions of October 28 and 30, 2025, informing him:

"SUBJECT: RESPONSE TO REQUEST FOR INFORMATION RELATING TO THE 'COMPLEJO RESIDENCIAL BALCONES DEL PACÍFICO' PROJECT.

Dear Licenciado, The purpose of this communication is to greet you and, at the same time, to respond to the request for information relating to the 'Complejo Residencial Balcones del Pacífico' project, Comunidad las Brisis, Bahía Ballena, Osa; submitted by email on October 28 of the current year, as follows:

FIRST: That this request was received and registered at this office under administrative file OS02-CTE-030-2025.

SECOND: That, by telephone call on October 29 of the current year, between Licenciado Carlos Velázquez and Licenciada Norma Jiménez—both officials of the Área de Conservación Osa—and your person, supplemental information was requested, with the purpose of addressing your request more efficiently.

THIRD: That, on October 30 of the current year, through Ms. Thais Mena (email address [email protected]), a document supplementing the requested information was received.

FOURTH: That, in response to your request and its supplement, it is hereby indicated that, after reviewing the information held by this office, no permit, authorization, or ruling of any kind has been recorded regarding tree felling or land-use change in the name of Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., corporate tax ID 3-101-489877.

FIFTH: That, with respect to your request for an inspection of the properties listed in the supplement submitted, given that it was not possible to locate any proceeding in the name of Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., corporate tax ID 3-101-489877, that falls within this office's jurisdiction with respect to said properties, no inspection will be scheduled. However, you are informed that the case has been and continues to be handled with its corresponding field inspection by officials of the Prevention, Control, and Protection Program of the Humedal Nacional Térraba Sierpe." Said official communication was notified to the email address designated in the October 28 request as the place for receiving notifications: [email protected].

In addition to the foregoing, it is established that at 3:10 p.m. on February 17, 2026, via an email sent by Ms. Thais Mena from the email address [email protected] and addressed to officials Lic. Norma Jiménez Coronado and Ing. Arleth Porras Granados, she stated the following: "I submit this communication to request information with respect to this matter. To date we have not received any communication from the Prevention, Control, and Protection Program of the Humedal Nacional Térraba-Sierpe, which we were told would carry out an inspection and which is currently in charge of the matter. For that reason, I would appreciate it if you could inform me of any developments or provide me with a means to make direct contact." To follow up on what Ms. Thais Mena had requested, both Lic. Norma Jiménez Coronado, at 3:18 p.m., and Ing. Arleth Porras Granados, at 4:26 p.m. on February 17, forwarded that request to Ing. Carlos Rodríguez Binda.

That official, at 3:53 p.m. on that same day, informed Ms. Thais Mena that as a progress update on the process, "An image is attached showing receipt by the Judicial Branch's Environmental Protection Prosecutor's Office (Fiscalía de Protección) of the complaint filed regarding Residencial del Pacífico S.A., located in the hamlet of Ojochal, Bahía Ballena district, Osa canton." On the other hand, on March 13, 2026, they received an email from Ms. Thais Mena addressed to Ing. Carlos Rodríguez Binda, in which she stated: "Good afternoon, I hope you are well. I am writing to request that the visit report or report on the handling of the complaint filed by us be sent to us, since even though we were told that a complaint was filed with the prosecutor's office, we have not received any official communication addressing it or setting out the findings of the visit. I would appreciate an acknowledgment of receipt." Accordingly, at 10:04 a.m. on March 16, 2026, he informed her of the following: "Good morning, warm regards, in connection with the Residencial Balcones del Pacifico case, attached is the receipt from the Ministerio Público; the judicial case number is 26-000042-0454-PE, I am informed that it was transferred to the ordinary track and on February 20, 2026, was dismissed; the reasons are unknown to us and no request for an expanded report was made." However, that same Ms. Mena, at 10:53 a.m. on March 16, indicated to him:

"Good morning, Don Carlos. I hope you are well.

Thank you very much for the information. However, since the complaint was filed before this office, we are interested in knowing what findings arose from the visit to the property and what action has been taken regarding the situation reported.

We would appreciate it if you could provide us with a response, since, according to official communication CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, issued by ACOSA, the Prevention, Control, and Protection Program of the Humedal Nacional Térraba-Sierpe has been in charge of this matter, which included a field inspection.

The information you have provided, as it refers to a complaint filed before the Prosecutor's Office and is of a criminal nature, may be related to the matter reported, but it does not address the inquiry at the administrative level. This is because, since it corresponds to criminal proceedings, we do not have access to that file and cannot even determine with precision what specific facts were reported. Thank you very much in advance and we await your reply." Consequently, by official communication CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026 dated April 21, 2026, notified by email to the addresses [email protected] and [email protected] at 9:44 a.m. on that April 21, Carlos Rodríguez Binda, in his capacity as Administrator of the Humedal Nacional Térraba-Sierpe, addressed to the appellant and to Ms. Thais Mena, provided a response to what said Ms. Mena had requested in her email of March 13, transmitting the administrative technical report of the findings made during the field inspections conducted at the Complejo Residencial Balcones de Pacifico S.A. property. It is on record that they were informed:

"SUBJECT: Report on the Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A. case, located in Ojochal, Bahía Ballena, Osa Dear Sirs and Madams:

Warm regards. Regarding the case relating to Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., you are hereby informed of the results of the field inspections as follows:

1. Consecutive complaint number CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-200-2025, judicial case number 26-000042-0454-PE, date of filing with the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa of the Ministerio Público: December 2, 2025.

2. Date of first field inspection: September 3, 2025. SINAC officials: Jeffry Esquivel, Carlos Murillo, Mauricio Salazar, Davis Aguirre, and Eddy Morales.

3. Property coordinates: E 536262 and N 1007406.

4. The felling of 56 trees of different species, diameters, and heights was found, cut without authorization from the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado, AFE). The total volume in cubic meters is 37.80.

5. Verification through the official timber harvesting (aprovechamiento) system SICAF confirmed that no felling authorization exists for those lands.

6. Total area affected by unauthorized tree felling: 9,272 square meters.

7. Date of second inspection: November 6, 2025; objective: verification of a seepage (afloramiento) of a body of water. SINAC officials: Jeffry Esquivel, Carlos Murillo, and Carlos Rodríguez.

8. The facts described occurred on cadastral survey plan P-497610-1983.

9. Map showing the location of cadastral survey plan P-497610.

(…)

10. Said cadastral survey plan, according to the National Property Registry, belongs to registration matrix property folio 06 31136 000." Also by official communication CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-061-2026, notified by email to the addresses [email protected] and [email protected] at 11:12 a.m. on April 21, 2026, a supplement to the information contained in official communication CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026 was provided. Both were informed of the following:

"SUBJECT: Supplement to the Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A. case, located in Ojochal, Bahía Ballena, Osa Dear Sirs and Madams:

Warm regards. Regarding the case relating to Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., the following points are submitted as a supplement:

1. Owner of the property: COMPLEJO RESIDENCIAL BALCONES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA, legal entity registration number (personería jurídica) 3-10148977, name of legal representative: VALENTÍN PERTUSA GUIRAO, immigration identity document 172400415909.

2. Map showing the location of the felled trees (…)

3. The green dots in the preceding image represent field data collected using a Garmin-brand GPS device, in CRTM05 coordinates.

4. Said complaint will be submitted and filed before the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) of MINAE.

5. Survey plan P-497612-1983 is the same as P-1387542-2009; the latter cancels the former." Bearing the foregoing factual framework in mind, it is necessary to make the following clarifications:

  • 1)It is noted that the email addresses established by the Área de Conservación Osa for receiving user petitions are [email protected] and [email protected]. It is clarified that the requests, from both Mr. [Nombre 001] and Ms. Thais Mena, were sent to the institutional email addresses of officials of the Área de Conservación Osa: Carlos Rodríguez Binda at [email protected], Arleth Porras Granados at [email protected], and Norma Jiménez Coronado at [email protected]. Nevertheless, by official communication CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 dated November 21, 2025, what the appellant had requested in his communications of October 28 and 30, 2025 was addressed, thereby acknowledging the submitted petition and the resulting obligation to handle it.
  • 2)With respect to this authority, the appellant only claims a technical administrative report. In the brief initiating the appeal, he states:

"On November 21, 2025, the Área de Conservación Osa issued official communication CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, reporting that no tree felling permits or land-use changes were on record. However, the authority expressly acknowledged that the case was already being handled by means of a field inspection conducted by officials of the Humedal Nacional Térraba-Sierpe Protection Program. In light of the foregoing, this representation is fully entitled to know the technical findings of said visit, which have been withheld by the administration.

In response to repeated requests by the undersigned to obtain the inspection report, SINAC officials transmitted, on February 17, 2026, only an image of a complaint filed before the Environmental Protection Prosecutor's Office of Osa. Subsequently, on March 16, 2026, the same body informed that criminal case 26-000042-04-PE had been dismissed as of February 20, 2026. The respondent authority seeks to use the existence of criminal proceedings to evade its obligation to produce a technical administrative report, claiming ignorance of the reasons for the dismissal or the need to expand its own reports." However, the respondent indicates that "it is not on record in our files that Mr. [Nombre 001] formally requested the inspection report conducted on the properties mentioned in the supplemental notes dated October 30, 2025. Regarding this allegation, I wish to state that in the period between November 21, 2025—the date on which official communication CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 was notified—and February 16, 2026, no communications from Mr. [Nombre 001] requesting any report appear in our records." This Court confirms this, based on the facts detailed above, since in the two petitions the appellant filed he did not request such a report, and when the response was provided to him, no document of that kind was offered at any time.

Although that response did state that "the case has been and continues to be handled with its corresponding field inspection by officials of the Prevention, Control, and Protection Program of the Humedal Nacional Térraba Sierpe," no reference was made to a possible issuance and transmission of the report now being claimed.

Furthermore, it has been established that it was Ms. Thais Mena who requested the report, without reference to the appellant. Now, although she was the one who had previously submitted the appellant's initial information requests, that fact alone is not sufficient to treat her as a party to these proceedings, since the person who filed this appeal is the one who signed the initial petitions ([Nombre 001])—and that person did not request the report. Moreover, the Administration cannot be held responsible for any omission on the grounds that, after being notified of the ruling giving course to this amparo, it proceeded to transmit the report to both Ms. Mena and the appellant; for, as stated above, it was not the protected party who requested it from the Área de Conservación Osa, but only Ms. Mena. In that context, it is determined that this authority has not failed to observe the appellant's right of petition and timely response. Accordingly, the appeal is dismissed with respect to this claim.

  • 2)On the actions of the Municipality of Osa with respect to the appellant's claims.

As noted, on October 28, 2025, the appellant requested the following from the aforementioned municipal government regarding the Complejo Residencial Balcones del Pacífico project in Bahía Ballena: "I. The Municipality of Osa is requested to confirm whether the properties hold construction permits, earthworks permits, terracing permits, or other municipal authorizations, as well as any ongoing proceedings or activities related thereto. This is in view of the fact that a land-use criterion exists for the three survey plans mentioned." With respect to the municipal government's handling of that petition, it is on record that, first, on November 18, 2025, via email, the Urban Planning Unit requested a fifteen-day extension from Thais Mena (who submitted the petition) in order to respond. Second, by official communication AM-546-2026-2028 dated April 16, 2026, Mainor Fernando Anchía Angulo, in his capacity as Mayor of Osa, transmitted to Thais Mena at email address [email protected] an institutional response together with technical communication PDU-522-2025. This communication was notified at 2:08 p.m. on that April 16. It is apparent that official communication AM-546-2026-2028 stated:

"Subject: Response to request for information – Complejo Residencial Balcones del Pacífico Dear Madam:

By this means I transmit official communication PDU-522-2025, issued by the Directorate of Urban Development and Services, in response to the request for information relating to the properties registered in the name of Complejo Residencial Balcones del Pacífico, located in the Bahía Ballena sector, Osa canton.

The attached document contains the details of the studies conducted on the consulted properties, as well as confirmation that no associated construction permits exist in the institutional systems. Apologies are likewise expressed for the delay in providing the response. It had been prepared since December 9 and was inadvertently not transmitted due to an unintentional error. I remain attentive and at your disposal for any additional clarification that may be required." Furthermore, in technical communication PDU-522-2025 dated December 8, 2025, the Directorate of Urban Development and Services stated:

"In response to the request received by this Department, by means of an administrative petition brief signed by Lic. [Nombre 001], and relating to various properties located in the Bahía Ballena sector, Osa canton, Puntarenas, the following is communicated:

1. According to the location and study conducted on property 046552-000, with cadastral survey plan P-0497612-1983, registered in the name of COMPLEJO RESIDENCIAL BALCONES DEL PACÍFICO, it is noted that said survey plan was subsequently modified by P-1387542-2009. However, no construction permit proceeding associated therewith is identified in the database as of this date. It is likewise confirmed that no permit information linked to this property was found; it was declared a vacant lot (lote baldío) on 11/12/2023.

2. According to the location and study conducted on property 079927-000, with cadastral survey plan P-0497610-1983, likewise registered in the name of COMPLEJO RESIDENCIAL BALCONES DEL PACÍFICO, no construction permit proceeding associated therewith is identified in the systems.

It is likewise confirmed that no permit information linked to this property was found; it was declared a vacant lot on 11/12/2023.

3. With respect to survey plan P-1106791-2006, it is noted that it has no registered title of ownership and no construction permit proceeding is identified in the systems as of this date.

Furthermore, it is noted that it does not appear in any of the institutional databases consulted." It is noted that this Court has held that if the Administration is unable to respond definitively to a petition within the 10 days following receipt of the request, as provided for in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is obligated to explain the reasons and grounds why it cannot comply with what was requested; that formal explanation must be detailed and comprehensive, so that the petitioner is informed of the progress of his or her petition, and for that purpose the Administration must also specify a deadline by which the information will be provided. In the case at hand (sub lite), the respondent municipality informed the person who submitted the appellant's petition of the deadline within which it would transmit the information, but failed to meet that deadline. The fact that the municipality did not communicate this directly to the person who requested the information does not relieve it of liability, since the protected party, by referring to that communication in the initial brief, demonstrated awareness of it.

Furthermore, it is on record that the municipality communicated the response, equally, to the person who submitted the petition, at 2:08 p.m. on April 16, after—at 9:35 a.m. on that same day—the respondent municipal authority had been notified of the ruling of 3:30 p.m. on April 13, 2026, by which this amparo was given course. Notwithstanding this, it is determined that, since the appellant did not object to the transmission of the first communication to the person who submitted his petition, the response is deemed to have been duly transmitted. In that context, it is determined that the Municipality of Osa infringed the right of petition and timely response (Article 27 of the Political Constitution), to the detriment of the appellant, due to the delay in addressing the request; accordingly, the amparo is deemed meritorious against it.

VII.Conclusion. This being so, having established the constitutional violation in the terms described, the appeal must be declared meritorious, solely, against the Municipality of Osa, but without a special award of costs (condenatoria en costas), damages, and losses, as explained below, since the appellant's claim has already been satisfied. With respect to the Área de Conservación Osa, the appeal is dismissed.

VIII.On the award of costs, damages, and losses pursuant to Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon more careful consideration, the majority of the Court determines that, in the case at hand (sub examine), in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, halts, or suspends the challenged act, the appeal shall be declared meritorious solely for purposes of indemnification and costs, if warranted"), the favorable ruling must be issued without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is express statutory language requiring that the operative clause (parte dispositiva) of the judgment state that the appeal is declared meritorious when the grievance is resolved while the amparo is pending, that same paragraph in fine provides that the favorable ruling is issued "solely for purposes of indemnification and costs, if warranted." It is underscored that the Law states "if warranted," which means that whether or not indemnification and costs are warranted depends on an evaluation, assessment, or weighing by the Tribunal.

In cases such as this one, the substance of the protected party's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the impairments, violations, or interferences alleged do not relate directly to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would be the case, for example, with an infringement of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, which states: "every ruling upholding the appeal shall impose in the abstract an obligation to indemnify for damages and losses caused and to pay the costs of the appeal, and shall reserve their quantification for the enforcement of judgment," which does not contemplate the possibility of evaluating whether or not indemnification and costs are warranted. The principles of Constitutional Law, of General Public and Procedural Law, or, as the case may be, of International or Community Law, and additionally, in that order, the General Law of Public Administration and the Code of Administrative Litigation Procedure and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction—cfr.

Article 14. For administrative litigation jurisdiction, the legislature established a provision fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Code of Administrative Litigation Procedure, which responds to the procedural logic applicable in any area of law. In any event, the affected party in the case at hand retains the possibility of resorting, should they see fit, to an ordinary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some form of harm. Based on the foregoing, it is the position of the majority to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.

IX. SEPARATE CONCURRING REASONS OF JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ

In the matter under consideration, it is reported that the email addresses established by the Área de Conservación Osa to receive requests from users are [email protected] and [email protected]. It is clarified that the requests of both Mr. [Nombre 001] and Ms. Thais Mena were sent to the institutional email addresses of Carlos Rodríguez Binda [email protected], Arleth Porras Granados [email protected], and Norma Jiménez Coronado [email protected], all of whom are officials of the Área de Conservación Osa.

Although I agree with the majority of the Court in dismissing the writ of amparo (recurso de amparo) on this point, I nonetheless believe that the rights of the protected party (parte tutelada) were not violated, since a review of the case file reveals that the email addresses to which the request for information directed to the Área de Conservación de Osa was sent are not established as official communication channels. Accordingly, I consider the claim to be inadmissible.

X. SEPARATE REASONING AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO

Although I concur with the majority opinion, which grants the writ for violation of the right of petition and timely response, I believe it should be granted with an order requiring the respondent (parte recurrida) to pay court costs (costas), as well as compensation for damages (daños y perjuicios) caused, for the following reasons.

The right of petition and timely response, set forth in Article 27 of the Constitución Política and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, obligates public officials to resolve requests from members of the public (administrados) within a period of ten business days from the date on which such requests are filed, unless a different period has been established for the response. However, the aforementioned Article 32 further provides that, in deciding the petition, the Court shall weigh the reasons advanced for considering that period insufficient, in light of the circumstances and the nature of the matter. In any event, the Administration is obligated to communicate to the petitioner the reasons for any delay in issuing a decision. For purposes of the present analysis, it is relevant to bear in mind what is provided by the aforementioned provisions.

Article 27 of the Constitución Política provides as follows:

"The freedom of petition is guaranteed, whether individual or collective, before any public official or official entity, and the right to obtain a timely decision." In turn, Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides as follows:

"When an amparo refers to the right of petition and to obtain a timely decision, as established in Article 27 of the Constitución Política, and no period has been set for a response, the violation shall be deemed to have occurred once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed at the administrative office, without prejudice to the Court's weighing, in deciding the writ, of any reasons advanced for considering that period insufficient, in light of the circumstances and the nature of the matter." Likewise, the Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is subject to judicial protection by means of the amparo set forth in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política, in cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to bear in mind the provisions of Article 6 of that law:

"Filing of submissions and response period.

The written submission in which the petition is presented, along with any other documents and communications filed before the corresponding public administration, as indicated by Article 2 of this law, shall obligate the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational rules of each entity…" Accordingly, in writs of amparo relating to the alleged violation of this right, there is an express statutory provision—constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction—that orders the requested information to be provided within the ten business days following the request, as stipulated by Articles 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and 27 of the Constitución Política, as noted above. Additionally, this period is reiterated in Article 6 of Ley N° 9097, which reinforces the legislature's intention with regard to the protection of this right.

Furthermore, Article 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides:

"…every decision granting the writ shall impose an abstract condemnation (condenatoria en abstracto) to compensation for damages caused and to payment of the court costs of the writ, with the calculation of their amount reserved for the enforcement stage." This last provision establishes the general framework governing the matter of compensation and court costs, which the majority refers to as the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits and recognition of the facts that have violated fundamental rights…" Consequently, in the present case, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is established—a period which, incidentally, is not required for other writs of amparo, except for the right of rectification and reply (Article 68 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).

Therefore, the appropriate course of action in this regard—with all due respect to the majority position—is to find the violation of the right of petition and timely response established, as well as the violation of the right of access to public information (Article 30 of the Constitución Política), which guarantees free access to administrative offices for purposes of obtaining information on matters of public interest, and to order the respondent authority to pay court costs, damages, and compensation.

Thus, in the case of a constitutionally endorsed period—endorsed by both the legislature and this Constitutional Court—its non-compliance entails a violation of the fundamental right cited, which led the petitioning party to file the present writ of amparo as a means of obtaining a response to their request or access to the information sought; and this holds regardless of whether the response or disclosure of information occurred before or on the occasion of the amparo, because the fact remains that the petitioner ultimately had their constitutional right satisfied as a result of having been compelled to file the writ of amparo, with all the inconveniences and costs that this entails. It bears repeating that a response or access granted by the respondent Administration that occurs after the expiration of the relevant period—even if it comes before notification of the processing of the amparo, or, as in this case, upon notification of such processing—does not constitute timely compliance with the obligation imposed by Articles 27 and 30 of the Constitución Política.

It is clear that in such a scenario, the belated response represents a satisfaction of the claim of the person protected by the writ (amparado), but this does not preclude recognition of the damages that such indifference may have caused to the petitioner, nor of the costs associated with the exercise of the present procedural action, which was necessary for the protection of their fundamental rights, as authorized by Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Accordingly, I partially dissent from the vote and impose upon the defendant party the obligation to pay court costs, damages, and compensation.

XI. PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS WITH RESPECT TO THE OPERATIVE PART (parte dispositiva) OF THIS JUDGMENT

Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) provides: "If, while the amparo is pending, a resolution is issued—whether administrative or judicial—revoking, halting, or suspending the challenged act, the writ shall be declared granted solely for purposes of compensation and court costs, if applicable." My interpretation of that provision is as follows: That "resolution" refers to any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to court costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely to these alone: to court costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the writ of amparo is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC provides: "Every decision granting the writ shall impose an abstract condemnation to compensation for damages caused and to payment of the court costs of the writ, with the calculation of their amount reserved for the enforcement stage." If the right has been violated and the Court so finds, even if it has been restored, damages may have arisen. For that reason, the abstract condemnation thereof is appropriate. If this were not done—if no such condemnation were issued—in cases where damages did in fact occur, there would be no legal basis—derived from this proceeding—on which to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract condemnation being issued, no damages have in fact occurred, the ordinary court judge will so declare, as it is solely within that court's authority to find proven the actual existence and extent of such damages.

With the thesis defended by the majority, I believe that—contrary to what is sought—the Administration would be incentivized to respect rights only in the face of a writ of amparo. It should be added that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Court may order payment of court costs even when the right has been restored.

For the foregoing reasons, I partially dissent from the vote with respect to the operative part and order an abstract condemnation for damages, but not for court costs.

XII. DOCUMENTATION FILED IN THE CASE RECORD

The parties are hereby notified that, if any paper documents, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the Court's office within a maximum period of thirty business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The writ is declared granted solely against the Municipalidad de Osa, with no special order as to court costs, damages, or compensation. Justice Castillo Víquez provides separate concurring reasons. Justice Salazar Alvarado sets out separate reasoning and partially dissents from the vote, solely for purposes of compensation, and imposes upon the defendant party the payment of court costs, damages, and compensation. Justice Garro Vargas partially dissents from the vote and orders an abstract condemnation for damages, but not for court costs. With respect to the Área de Conservación Osa of SINAC of MINAE, the writ is declared without merit. Notify the parties.

Fernando Castillo V. Chief Justice Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-009580-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], mayor, cédula de identidad [Valor 001], contra el Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Osa.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:24 horas del 18 de marzo de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía -MINAE- y la Municipalidad de Osa y expresa que en fechas 28 y 30 de octubre de 2025 formuló gestiones administrativas ante el Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Municipalidad de Osa. Detalla que el objeto de tales solicitudes fue obtener información pública sobre la legalidad del proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacífico en Bahía Ballena, específicamente sobre la existencia de permisos de construcción, movimientos de tierra, disponibilidad de agua y autorizaciones para corta de árboles en un área de alta sensibilidad ambiental. Expresa que, a través del correo electrónico del 18 de noviembre de 2025, la Unidad de Urbanismo de la Municipalidad de Osa le solicitó una prórroga de 15 días para responder su gestión.Señala que el 21 de noviembre de 2025, el Área de Conservación Osa emitió el oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671- 2025, por medio del cual expresó que no constaban permisos de corta de árboles o cambio de uso de suelo registrados. Indica que la referida autoridad admitió expresamente que el caso ya estaba siendo atendido mediante una inspección de campo realizada por funcionarios del Programa de Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Explica que, en virtud de lo expuesto, en reiteradas ocasiones ha solicitado a la autoridad accionada el resultado del informe de inspección; no obstante, el 17 de febrero de 2026 únicamente se le remitió una imagen de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Protección de Osa. Agrega que el 16 de marzo de 2026 recibió otro documento mediante el cual se le informó que la causa había sido desestimada. Cuestiona que la recurrida se basó en la existencia del proceso penal aludido para evadir su obligación de emitir el informe técnico administrativo solicitado.Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, ninguna de las instituciones accionadas le ha brindado la información de su interés. Estima que lo descrito conculca sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Mediante resolución de las 15:30 horas del 13 de abril de 2026, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Director del Área de Conservación Osa del SINAC y al Alcalde de Osa, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  3. 3Informa bajo juramento Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de Osa (escrito presentado a las 14:11 horas del 17 de abril de 2026) en los siguientes términos:

“I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE RECURRENTE.

La parte recurrente indica que, en fechas 28 y 30 de octubre de 2025, formuló gestiones administrativas ante el Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y ante la Municipalidad de Osa, a efectos de obtener información pública relacionada con el proyecto denominado Complejo Residencial Balcones del Pacífico, ubicado en Bahía Ballena, cantón de Osa, específicamente sobre permisos de construcción, movimientos de tierra, disponibilidad de agua y autorizaciones para corta de árboles.

Asimismo, señala que, pese a las gestiones formuladas y a una prórroga comunicada por la administración municipal, a la fecha de interposición del recurso no había recibido respuesta definitiva a su solicitud, por lo que estima lesionados sus derechos fundamentales de petición y acceso a la información administrativa.

II. HECHOS RELEVANTES

1. La Municipalidad de Osa recibió y tramitó internamente la gestión de información presentada por la parte interesada, efectuando las coordinaciones administrativas necesarias para recabar la información técnica requerida de las dependencias competentes.

2. En el marco de esa tramitación, la Dirección de Desarrollo Urbano y Servicios emitió el oficio PDU-522-2025 de fecha 08 de diciembre de 2025, mediante el cual se atendió materialmente la solicitud de información relacionada con las fincas consultadas del proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacífico.

3. Posteriormente, la Alcaldía Municipal emitió el oficio AM-546-2026-2028 de fecha 16 de abril de 2026, dirigido a la señora Thais Mena, mediante el cual se remitió formalmente el oficio técnico antes indicado y se brindó respuesta a la solicitud de información planteada, adjuntándose el detalle de los estudios realizados sobre las fincas consultadas y la indicación de que no se registraban permisos de construcción asociados en los sistemas institucionales.

4. Dicha comunicación fue notificada electrónicamente el día 16 de abril de 2026 al correo [email protected], según consta en el comprobante de notificación correspondiente.

5. En consecuencia, a la fecha en que se rinde este informe, la gestión de información ya fue contestada y notificada a la parte interesada, por lo que existe satisfacción extraprocesal parcial del objeto reclamado, sin perjuicio de que la respuesta haya sido comunicada con posterioridad a la interposición del recurso.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero. Sobre la atención administrativa de la gestión.

La Municipalidad de Osa no permaneció inactiva frente a la solicitud planteada, sino que dio trámite interno a la gestión, requirió la información técnica correspondiente y generó una respuesta material desde la dependencia competente. Lo anterior evidencia que la administración sí activó sus mecanismos internos para atender lo solicitado por la parte gestionante.

Segundo. Sobre la respuesta finalmente notificada.

Tal como se acredita con la documentación que se acompaña, mediante oficio AM546-2026-2028 de fecha 16 de abril de 2026 se remitió a la parte interesada la respuesta institucional con el oficio técnico PDU-522-2025 adjunto, comunicación que fue efectivamente notificada el mismo 16 de abril de 2026.

Tercero. Sobre el estado actual del reclamo constitucional.

Sin perjuicio de la valoración que corresponda efectuar a esa Sala respecto del plazo en que fue comunicada la respuesta, lo cierto es que al momento de rendirse este informe la solicitud de información ya fue atendida y puesta en conocimiento de la persona interesada, de manera que el objeto material del recurso, referido a la ausencia absoluta de respuesta, ha cesado en sus efectos actuales.

Cuarto. Sobre la actuación administrativa.

La actuación municipal debe analizarse considerando que existió una tramitación administrativa interna orientada a la recopilación y consolidación de la información solicitada, así como una respuesta técnica finalmente formalizada y notificada. En ese sentido, la administración reconoce que la comunicación a la parte interesada no se concretó sino hasta el 16 de abril de 2026; no obstante, solicita respetuosamente a esa Sala valorar que la gestión sí fue materialmente atendida por las dependencias municipales competentes y que actualmente la información requerida ya fue suministrada

IV. PETITORIA

Por las razones expuestas, respetuosamente solicito a la Sala Constitucional:

1. Tener por rendido en tiempo y forma el informe solicitado por la Municipalidad de Osa.

2. Tener por acreditado que la solicitud de información formulada por la parte recurrente fue atendida por la administración municipal y que, mediante oficio AM-546-2026-2028 de fecha 16 de abril de 2026, se notificó formalmente la respuesta correspondiente a la persona interesada, con remisión del oficio técnico PDU-522-2025.

3. Valorar que, al momento de rendirse este informe, la información solicitada ya fue puesta en conocimiento de la parte gestionante”.

  1. 4Informa bajo juramento Juan José Jiménez Espinoza, en su condición de Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC (escrito presentado a las 17:36 horas del 21 de abril de 2026) en los siguientes términos:

“SOBRE LOS HECHOS SOBRE PRIMER ALEGATO: Señala el recurrente “En fecha del 28 y 30 de octubre del 2025 formuló gestiones administrativas ante el Área de Conservación Osa, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC y la municipalidad de Osa, detallando que el objeto de tales solicitudes fue obtener información pública sobre la legalidad del proyecto complejo residencial Balcones del Pacífico de Bahía Ballena, específicamente sobre la existencia de permisos de construcción, movimientos de tierra, disponibilidad de agua y autorizaciones para corta de árboles o cambio de uso de suelo”.

Sobre este alegato, lleva razón el recurrente. Consta en los registros del Área de Conservación Osa la recepción de una consulta inicial el 28 de octubre 2025 y posteriormente de una ampliación el 30 de octubre de 2025.

SOBRE SEGUNDO ALEGATO: Señala el recurrente que el 21 de noviembre del 2025, el Área de Conservación Osa emitió el oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, por medio del cual expreso que no contaba permiso de corta de árboles o cambio de uso de suelos registrados.

Sobre este alegato, lleva razón el recurrente, ya que dicho oficio fue notificado al correo electrónico designado en la solicitud del 28 de octubre como lugar para recibir notificaciones: [email protected] Con esto el Área de Conservación Osa da respuesta a lo solicitado originalmente por el recurrente en sus escritos del 28 y 30 de octubre del 2025, en relación a la existencia de autorizaciones para corta de árboles o cambio de uso de suelo en el proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacifico S.A.

SOBRE TERCER ALEGATO: Señala el recurrente “que la referida autoridad admitió expresamente que el caso ya estaba siendo atendido mediante una inspección de campo realizada por funcionarios del programa de protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe.

Sobre este alegato, lleva razón el recurrente ya que, según consta en el oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-200-2025, desde el 03 de septiembre del mismo año personal de ACOSA había realizado una primera inspección en los inmuebles señalados por el recurrente.

SOBRE CUARTO ALEGATO: Señala el recurrente “Que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la autoridad accionada el resultado del informe de inspección; no obstante, el 17 de febrero del 2026 únicamente se le remitió una imagen ante la Fiscalía Protección de Osa”.

Sobre este alegato, no lleva razón el recurrente en el sentido de que no consta en nuestros registros que el señor [Nombre 001], haya solicitado formalmente el informe de la inspección realizada a los inmuebles indicados en las notas de ampliación fechada del 30 de Octubre del 2025.

Sobre este alegato, deseo manifestar que en periodo comprendido entre 21 de noviembre del 2025 – fecha en que se notificó el oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 – y el 16 de febrero del 2026 no consta en nuestros registros comunicaciones del señor [Nombre 001] solicitando informe alguno.

Posteriormente, en un correo del 17 de febrero del 2026 a las quince horas con diez minutos, correo remitido por la señora Thais Mena, desde la dirección electrónica [email protected], y dirigido a las funcionarias Lic. Norma Jiménez Coronado y a la Ing. Arleth Porras Granados, la señora Mena indica lo siguiente:

“Remito la presente para solicitarles información con respecto a este tema. Hasta el momento no hemos recibido comunicación por parte del Programa de Prevención, Control y Protección del Humedal Nacional Térraba -Sierpe, el cual, se nos indicó llevaría a cabo una inspección y el que es el actual encargado del tema. En razón de ello, agradezco si me pudieran comunicar de cualquier avance o si me pudieran facilitar algún medio para contactar directamente”.

Sobre este correo debemos manifestar que esta solicitud fue hecha por la señora Thais Mena y no por el señor [Nombre 001].

Cabe resaltar que se demuestra que, en el correo del 17 de febrero del 2026, a las quince horas con diez minutos, en ningún momento la señora Thais Mena o el señor [Nombre 001], solicitaron copia de informe alguno. Lo que solicito la señora Thais Mena fue que se le comunicara cualquier avance o un medio para contactar directamente.

Para dar seguimiento a lo solicitado por la señora Thais Mena, tanto la Lic. Norma Jiménez Coronado, a las quince horas con dieciocho minutos, como la Ing. Arleth Porras Granados, a las dieciséis horas con veintiséis minutos, del diecisiete de febrero de 2026, trasladaron dicha solicitud al Ing. Carlos Rodríguez Binda, quien a las quince horas con cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero del año en curso, le comunica a la señora Thais Mena, que como avance del proceso “Se adjunta imagen con recibido de Poder Judicial Fiscalía de Protección desde el por denuncia en Residencial del Pacífico S.A., ubicado en caserío Ojochal, distrito Bahía Ballena, cantón Osa”. Con lo que se demuestra que la respectiva denuncia había sido debidamente interpuesta.

SOBRE QUINTO ALEGATO: Señala el recurrente: “Que el 16 de marzo recibió otro documento sobre el cual se le informo que la causa había sido desestimada.

Sobre este alegato, lleva razón el recurrente, ya que consta correo electrónico del 16 de Marzo a las diez horas con cuatro minutos remitido por Ing. Carlos Rodríguez Binda donde señala “Buenos Días, saludos cordiales, en relación al caso Residencial Balcones del Pacifico , adjunto recibido del Ministerio Publico, el número de causa judicial es 26- 000042-0454-PE, me informan que la pasaron a ordinaria y el 20 de febrero del 2026 fue desestimada, causas no sabemos ni solicitaron ampliación de informe” SOBRE SEXTO ALEGATO: Señala el recurrente: “Que la recurrida se basó en la existencia del proceso penal aludido para evadir su obligación de emitir el informe técnico administrativo solicitado”.

Sobre este alegato el recurrente, no lleva razón, ya que, en nuestros registros no consta comunicación alguna donde se mencionará que el informe no se entregaría por razones asociadas a procesos penales. Por el contrario, se le brinda información a la señora Thais Mena, para que en caso de que lo considere pertinente, se apersone y solicite el respectivo expediente en la Fiscalía Ambiental de Osa.

Cabe señalar que con fecha trece de marzo del 2026, se recibe correo electrónico de la señora Thais Mena, dirigido al Ing. Carlos Rodríguez Binda, donde señala:

“Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Remito el presente correo para solicitar se nos remita el informe de visita o de atención de la denuncia presentada por nosotros, puesto que aún y cuando se nos indicó se interpuso denuncia en la fiscalía, no hemos recibido oficio en el que se haya abordado esta y los hallazgos de la visita. Agradezco se dé acuse de recibido.” Vale resaltar que, según nuestros registros es en este correo del trece de marzo es donde por primera vez se solicita copia del informe de la inspección realizada al inmueble propiedad de Complejo Residencial Balcones del Pacifico S.A., esta nueva solicitud planteada difiere sustancialmente de las gestiones originalmente realizadas por el señor [Nombre 001], en los escritos iniciales en fechas del 28 y 30 de octubre del 2025, lo que genero confusión puesto que para el Área Conservación Osa ya se había dado respuesta con el oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 y se había actuado conforme a derecho con presentación de la denuncia ante la Fiscalía Ambiental de Osa en fecha del dos de diciembre del 2025.

SOBRE SETIMO ALEGATO: Señala el recurrente “Que, a la fecha de interposición de este recurso, ninguna de las instituciones accionadas le ha brindado la información de su interés.

Sobre este alegato el recurrente no lleva razón, ya que mediante oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 del 21 de noviembre del 2025, se le había brindado formal respuesta a lo solicitado en los documentos presentados el 28 y el 30 de octubre 2026.

SOBRE OCTAVO ALEGATO: Señala el recurrente “Estima que lo escrito conculca sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso” Vale indicar que la confusión generada por la variación de las gestiones originalmente realizadas por el señor [Nombre 001] y las posteriormente modificadas por la señora Thais Mena, fueron solventadas por medio de dos actos realizados por el Área de Conservación Osa a saber:

1.Oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026 notificado vía correo electrónica a las direcciones wbrenes@ elawf.com y tmena@ elawf.com, se procedió a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veinte uno de abril 2026, a dar respuesta a lo solicitado por la señora Thais Mena en su correo del 13 de marzo a las dieciséis horas, haciéndole llegar el informe técnico administrativo de los hallazgos realizados en las inspecciones de campo realizada en el inmueble Complejo Residencial Balcones de Pacifico S.A.

2.Oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-061-2026 notificado vía correo electrónica a las direcciones brenes@ elawf.com y [email protected], se procedió a las once horas con doce minutos del veinte uno de abril 2026, a realizar ampliación de la información contenida en oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026.

Con lo que se atiende la solicitud realizada por la señora Thais Mena, en su correo del trece de marzo del 2026.

SOBRE LOS MECANISMOS OFICIALES PARA RECEPCIÓN DE GESTIONES DE LOS USUARIOS.

Cabe señalar que las direcciones electrónicas establecidas por el Área de Conservación osa para recibir gestiones de los usuarios son [email protected] y [email protected] Sin embargo, debe indicarse que las solicitudes, tanto del señor [Nombre 001] como la señora Thais Mena fueron enviadas a las direcciones electrónicas de Carlos Rodríguez Binda [email protected], Arleth Porras Granados [email protected], Norma Jiménez Coronado [email protected] todos los anteriores correos institucionales de funcionarios del Área de Conservación Osa.

PETITORIA Principal: De conformidad con lo estipulado en el presente informe y las pruebas documentales aportadas, respetuosamente solicito a los señores Magistrados, SE DECLARE SIN LUGAR el presente recurso, ya que debe considerarse que existió una variación sustantiva o gestiones adicionales entre lo solicitado por el señor [Nombre 001] en sus documentos del 28 y 30 de octubre del 2025 y lo solicitado por la señora Thais Mena en su correo del trece de marzo del 2026.

Amparo. Solicito se exima a nuestro Ministerio y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del pago de costas procesales.

Subsidiaria: En caso de que su honorable autoridad estima que la administración tiene responsabilidad, se solicita amable y respetuosamente no ser condenados en costas”.

  1. 5En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.Cuestión previa. En vista de que Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de Osa, omitió indicar en el informe rendido bajo juramento si el correo electrónico al que la señora Thais Mena remitió remitió la solicitud de información del recurrente se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con ese ayuntamiento, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II.Objeto del recurso. El recurrente alega que en fechas 28 y 30 de octubre de 2025 solicitó al Área de Conservación Osa del SINAC y la Municipalidad de Osa información pública sobre la legalidad del proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacífico en Bahía Ballena. Específicamente sobre la existencia de permisos de construcción, movimientos de tierra, disponibilidad de agua y autorizaciones para corta de árboles en un área de alta sensibilidad ambiental. Expresa que, a través del correo electrónico del 18 de noviembre de 2025, la Unidad de Urbanismo de la Municipalidad de Osa le solicitó una prórroga de 15 días para responder su gestión. Señala que el 21 de noviembre de 2025, el Área de Conservación Osa emitió el oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, por medio del cual expresó que no constaban permisos de corta de árboles o cambio de uso de suelo registrados. Indica que la referida autoridad admitió expresamente que el caso ya estaba siendo atendido mediante una inspección de campo realizada por funcionarios del Programa de Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe.

Explica que, en virtud de lo expuesto, en reiteradas ocasiones ha solicitado a la autoridad accionada el resultado del informe de inspección; no obstante, el 17 de febrero de 2026 únicamente se le remitió una imagen de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Protección de Osa. Agrega que el 16 de marzo de 2026 recibió otro documento mediante el cual se le informó que la causa había sido desestimada. Cuestiona que la recurrida se basó en la existencia del proceso penal aludido para evadir su obligación de emitir el informe técnico administrativo solicitado. Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, ninguna de las instituciones accionadas le ha brindado la información de su interés.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • 1)El 28 y 30 de octubre de 2025, el recurrente solicitó al Área de Conservación Osa del SINAC y la Municipalidad de Osa información del proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacífico en Bahía Ballena. Específicamente sobre la existencia de permisos de construcción, movimientos de tierra, disponibilidad de agua y autorizaciones para corta de árboles en un área de alta sensibilidad ambiental. Señaló el correo electrónico [email protected] para recepción de notificaciones (véase prueba documental aportada por el recurrente).
  • 2)Ambas gestiones fueron remitidas por correo electrónico por Thais Mena a nombre del recurrente (véase prueba documental aportada por el recurrente).
  • a)Sobre las actuaciones del Área de Conservación Osa en cuanto a lo reclamado por el recurrente.
  • 3)Mediante oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 del 21 de noviembre de 2025, el Área de Conservación Osa dio respuesta a lo solicitado por el recurrente en sus escritos del 28 y 30 de octubre de 2025 sobre la existencia de autorizaciones para corta de árboles o cambio de uso de suelo en el proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacifico S.A. Dicho oficio fue notificado al correo electrónico designado en la solicitud del 28 de octubre como lugar para recibir notificaciones: [email protected] (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • 4)El 17 de febrero de 2026 a las 15:10 horas, mediante correo remitido por la señora Thais Mena, desde la dirección electrónica [email protected] y dirigido a las funcionarias Lic. Norma Jiménez Coronado y a la Ing. Arleth Porras Granados, indicó lo siguiente: “Remito la presente para solicitarles información con respecto a este tema. Hasta el momento no hemos recibido comunicación por parte del Programa de Prevención, Control y Protección del Humedal Nacional Térraba -Sierpe, el cual, se nos indicó llevaría a cabo una inspección y el que es el actual encargado del tema. En razón de ello, agradezco si me pudieran comunicar de cualquier avance o si me pudieran facilitar algún medio para contactar directamente” (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • 5)Para dar seguimiento a lo solicitado por la señora Thais Mena, tanto la Lic. Norma Jiménez Coronado, a las 15:18 horas, como la Ing. Arleth Porras Granados, a las 16:26 horas del 17 de febrero de 2026, trasladaron dicha solicitud al Ing. Carlos Rodríguez Binda (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • 6)El 17 de febrero de 2026, a las 15:53 horas, el Ing. Carlos Rodríguez Binda comunicó a la señora Thais Mena, que como avance del proceso “Se adjunta imagen con recibido de Poder Judicial Fiscalía de Protección desde el por denuncia en Residencial del Pacífico S.A., ubicado en caserío Ojochal, distrito Bahía Ballena, cantón Osa” (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • 7)El 16 de marzo de 2026, a las 10:04 horas, el Ing. Carlos Rodríguez Binda comunicó a la señora Thais Mena lo siguiente “Buenos Días, saludos cordiales, en relación al caso Residencial Balcones del Pacifico, adjunto recibido del Ministerio Publico, el número de causa judicial es 26- 000042-0454-PE, me informan que la pasaron a ordinaria y el 20 de febrero del 2026 fue desestimada, causas no sabemos ni solicitaron ampliación de informe” (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • 8)El 13 de marzo de 2026, se recibe correo electrónico de la señora Thais Mena dirigido al Ing. Carlos Rodríguez Binda, donde señala: “Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Remito el presente correo para solicitar se nos remita el informe de visita o de atención de la denuncia presentada por nosotros, puesto que aún y cuando se nos indicó se interpuso denuncia en la fiscalía, no hemos recibido oficio en el que se haya abordado esta y los hallazgos de la visita. Agradezco se dé acuse de recibido” (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • 9)El 16 de abril de 2026, a las 09:35 horas, se notificó al Director del Área de Conservación Osa la resolución de las 15:30 horas del 13 de abril de 2026, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véase acta de notificación respectiva).
  • 10)Mediante oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026 del 21 de abril de 2026, notificado vía correo electrónica a las direcciones wbrenes@ elawf.com y tmena@ elawf.com a las 09:44 horas de ese 21 de abril, Carlos Rodríguez Binda, en su condición de Administrador del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, dirigido al recurrente y a la señora Thais Mena, dio respuesta a lo solicitado por dicha señora en su correo del 13 de marzo, haciéndole llegar el informe técnico administrativo de los hallazgos realizados en las inspecciones de campo efectuadas en el inmueble Complejo Residencial Balcones de Pacifico S.A. (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • 11)Mediante oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-061-2026, notificado vía correo electrónica a las direcciones brenes@ elawf.com y [email protected], se procedió a las 11:12 horas del 21 de abril de 2026, a realizar ampliación de la información contenida en oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026 (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • 12)Las direcciones electrónicas establecidas por el Área de Conservación Osa para recibir gestiones de los usuarios son [email protected] y [email protected]. Las solicitudes, tanto del señor [Nombre 001], como la señora Thais Mena, fueron enviadas a las direcciones electrónicas de Carlos Rodríguez Binda [email protected], Arleth Porras Granados [email protected], Norma Jiménez Coronado [email protected] todos los anteriores correos institucionales de funcionarios del Área de Conservación Osa (véanse informe del Director en ejercicio del Área de Conservación Osa del SINAC y prueba documental aportada).
  • b)Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en cuanto a lo reclamado por el recurrente.
  • 13)El 18 de noviembre de 2025, a través de correo electrónico, la Unidad de Urbanismo de la Municipalidad de Osa solicitó a Thais Mena una prórroga de quince días para responder la gestión (véase prueba documental aportada por el recurrente).
  • 14)El 16 de abril de 2026, se notificó a la autoridad municipal recurrida la resolución de las 15:30 horas del 13 de abril de 2026, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véase acta de notificación respectiva).
  • 15)Mediante oficio AM546-2026-2028 del 16 de abril de 2026, Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de Osa, remitió a Thais Mena al correo electrónico [email protected] una respuesta institucional con el oficio técnico PDU-522-2025. Comunicación que fue notificada a las 14:08 horas de ese 16 de abril (véanse informe del alcalde recurrido y prueba documental aportada).

IV.Sobre el derecho de petición y pronta respuesta. El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado.

V.Sobre la utilización de medios electrónicos para la remisión de las solicitudes de información. Esta Sala se ha pronunciado, en reiteradas ocasiones, respecto a la utilización de medios electrónicos para la presentación de solicitudes de información. Por ejemplo, en la sentencia No. 2018-016145 de las 9:20 horas del 28 de setiembre de 2018, se señaló:

“III. ANTECEDENTE. Esta Sala, mediante resolución 2014-003581 de las 9:05 horas del 14 de marzo del 2014, dispuso que “III.- Sobre el fondo. En el presente asunto, el recurrente cuestiona que no se hubiera entregado la información que requiriera en la gestión que planteara el 5 de enero de 2013. Previo a entrar a analizar el fondo del reclamo del accionante, conviene hacer alusión a lo que este Tribunal ha señalado con respecto a las gestiones planteadas por medio de correos electrónicos ante la Administración. Así, en la sentencia número 2012-0191 de las 15:50 horas del 11 de enero de 2012, se indicó en lo que interesa, lo siguiente: “(…) III. Este Tribunal Constitucional en la sentencia número 2008009670 de las 9:55 horas del 13 de junio de 2008, con redacción del Magistrado ponente, estimó en lo que interesa, lo siguiente: IV.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL EMPLEO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo de gestiones.” (Ver también 2017-5247 de las diez horas del 7 de abril del 2017)”.

VI.Sobre el caso concreto. De los informes rendidos por las autoridades recurridas, dados bajo juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la prueba documental aportada para la resolución de este amparo, se acredita que, el 28 de octubre de 2025, el recurrente solicitó al Área de Conservación Osa del SINAC, a la ASADA de Ojochal y a la Municipalidad de Osa la siguiente información del proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacífico en Bahía Ballena:

“I. A la Municipalidad de Osa, se solicita conocer si las propiedades cuentan con permisos de construcción, movimiento de tierras, terraceo u otras autorizaciones municipales, así como cualquier trámite o gestión en curso relacionada con dichas actividades. Esto a tenor de que existe un criterio de uso de suelo para los tres planos mencionados.

II.En relación con la ASADA de Ojochal, se requiere información referente a la disponibilidad de agua potable para las propiedades, así como la existencia de pozos registrados, concesiones o permisos de extracción de agua asociados a los inmuebles.

III.Finalmente, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se solicita indicar si, en el ámbito de su competencia, se ha otorgado algún permiso, autorización o pronunciamiento relativo a cortas de árboles o cambios de uso de suelo.

Señalo como medio para recepción de notificaciones, el correo electrónico [email protected]”.

Igualmente, se tiene que el 30 de octubre de 2025, el recurrente realizó una ampliación de solicitud de información al Área de Conservación Osa respecto al mismo tema. En concreto, requirió:

“en seguimiento a la solicitud remitida el 28 de octubre de este año, remito la presente como ampliación de la gestión previamente planteada. Solicito respetuosamente que lo requerido en aquella oportunidad se haga extensivo a las siguientes propiedades, cuyos datos se detallan a continuación:

1. Finca con identificador predial 60504004655200, folio real 6-0046552-0-0, con planos inscritos P-497612-1983 y P-1387542-2009, propiedad de Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., cédula jurídica 3-101-489877. Coordenadas E 535866.44, N 1007606.46.

(…)

Solicito se informe si, respecto de las propiedades indicadas, se ha otorgado algún permiso, autorización o pronunciamiento relacionado con corta de árboles, cambio de uso de suelo o movimientos de tierra. Asimismo, solicito que se realice una inspección en dichas propiedades y que, en caso de detectarse alguna irregularidad, se proceda conforme a la normativa ambiental y administrativa vigente”.

Esta Sala corrobora que ambas gestiones fueron remitidas por Thais Mena a nombre del recurrente mediante correo electrónico. Igualmente, se advierte que, si bien la primera solicitud fue dirigida también a la ASADA de Ojochal, como el recurrente no reclama falta de respuesta por parte de esa asociación, se omite pronunciamiento al respecto. A continuación, se procede a analizar la responsabilidad en los hechos acusados de las dos autoridades recurridas.

  • 1)Sobre las actuaciones del Área de Conservación Osa en cuanto a lo reclamado por el recurrente.

Consta que, mediante oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 del 21 de noviembre de 2025, dio respuesta a lo solicitado por el recurrente en sus escritos del 28 y 30 de octubre de 2025 informándole:

“ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA A PROYECTO “COMPLEJO RESIDENCIAL BALCONES DEL PACÍFICO”.

Estimado Licenciado, Sirva la presente para saludarle, a su vez responder a la solicitud de información relacionada a proyecto “Complejo Residencial Balcones del Pacífico”, Comunidad las Brisis, Bahía Ballena, Osa; enviada vía correo electrónico el día 28 de octubre del año en curso, de la siguiente manera:

PRIMERO: Que la presente solicitud se recibió y registró en esta oficina bajo el expediente administrativo OS02-CTE-030-2025.

SEGUNDO: Que, mediante llamada telefónica del día 29 de octubre del año en curso, entre el Licenciado Carlos Velázquez y la Licenciada Norma Jiménez; ambos funcionarios del Área de Conservación Osa, con su persona; se le solicita ampliación a la información brindada, esto con la finalidad de poder atender a su solicitud de una manera más eficiente.

TERCERO: Que, el día 30 de octubre del año en curso, mediante la señora Thais Mena (correo electrónico [email protected]) se recibe documento de ampliación de información solicitada.

CUARTO: Que, en respuesta a su solicitud y a la ampliación de esta; se le indica que; tras revisar la información que se tiene en esta oficina, no se registra ningún tipo de permiso otorgado, autorización, pronunciamiento relativo a corta de árboles o cambio de uso de suelo a nombre de Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A, cédula jurídica 3-101-489877.

QUINTO: Que, en relación con su solicitud de inspección a los inmuebles mencionados en la ampliación presentada, dado que no fue posible ubicar ningún trámite a nombre de Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A, cédula jurídica 3-101-489877; competente a esta oficina en dichos inmuebles, no se programará inspección a estos. Sin embargo, se le informa que; el caso ha estado siendo atendido con su correspondiente inspección de campo por funcionarios del Programa de Prevención, Control y Protección del Humedal Nacional Térraba Sierpe”.

Dicho oficio fue notificado al correo electrónico designado en la solicitud del 28 de octubre como lugar para recibir notificaciones: [email protected].

Aparte de lo anterior, se acredita que a las 15:10 horas del 17 de febrero de 2026, mediante correo remitido por la señora Thais Mena, desde la dirección electrónica [email protected] y dirigido a las funcionarias Lic. Norma Jiménez Coronado y a la Ing. Arleth Porras Granados, indicó lo siguiente: “Remito la presente para solicitarles información con respecto a este tema. Hasta el momento no hemos recibido comunicación por parte del Programa de Prevención, Control y Protección del Humedal Nacional Térraba -Sierpe, el cual, se nos indicó llevaría a cabo una inspección y el que es el actual encargado del tema. En razón de ello, agradezco si me pudieran comunicar de cualquier avance o si me pudieran facilitar algún medio para contactar directamente”. Para dar seguimiento a lo solicitado por la señora Thais Mena, tanto la Licda. Norma Jiménez Coronado, a las 15:18 horas, como la Ing. Arleth Porras Granados, a las 16:26 horas del 17 de febrero, trasladaron dicha solicitud al Ing. Carlos Rodríguez Binda. Dicho funcionario a las 15:53 horas de ese mismo día, comunicó a la señora Thais Mena que como avance del proceso “Se adjunta imagen con recibido de Poder Judicial Fiscalía de Protección desde el por denuncia en Residencial del Pacífico S.A., ubicado en caserío Ojochal, distrito Bahía Ballena, cantón Osa”.

Por otro lado, el 13 de marzo de 2026, recibieron correo electrónico de la señora Thais Mena dirigido al Ing. Carlos Rodríguez Binda, donde señala: “Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Remito el presente correo para solicitar se nos remita el informe de visita o de atención de la denuncia presentada por nosotros, puesto que aún y cuando se nos indicó se interpuso denuncia en la fiscalía, no hemos recibido oficio en el que se haya abordado esta y los hallazgos de la visita. Agradezco se dé acuse de recibido”. Por ello, a las 10:04 horas del 16 de marzo de 2026 le hizo saber lo siguiente “Buenos Días, saludos cordiales, en relación al caso Residencial Balcones del Pacifico, adjunto recibido del Ministerio Publico, el número de causa judicial es 26- 000042-0454-PE, me informan que la pasaron a ordinaria y el 20 de febrero del 2026 fue desestimada, causas no sabemos ni solicitaron ampliación de informe”. No obstante, la misma señora a las 10:53 horas del 16 de marzo le indicó:

“Buenos días, Don Carlos. Espero se encuentre muy bien.

Muchas gracias por la información. Sin embargo, dado que la denuncia fue presentada ante esta oficina, nos interesa conocer cuáles fueron los hallazgos derivados de la visita realizada a la propiedad y cuál ha sido el abordaje realizado respecto de la situación denunciada.

Agradecemos nos pueda facilitar respuesta, puesto que, según oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, remitida por ACOSA, el Programa de Prevención, Control y Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe ha sido el encargado de atender este tema y esto incluyó una inspección de campo.

La información que nos remite, al referirse a una denuncia presentada ante la Fiscalía y ser de naturaleza penal, aunque podría ser una gestión relacionada con lo denunciado, no atiende la consulta a nivel administrativo. Esto por cuanto, al corresponder a sede penal, no tenemos acceso a dicho expediente, e inclusive, no es posible conocer con precisión cuáles hechos fueron específicamente denunciados. Muchísimas gracias de antemano y quedamos a la espera”.

De ahí que, mediante oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026 del 21 de abril de 2026, notificado vía correo electrónica a las direcciones wbrenes@ elawf.com y tmena@ elawf.com a las 09:44 horas de ese 21 de abril, Carlos Rodríguez Binda, en su condición de Administrador del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, dirigido al recurrente y a la señora Thais Mena, dio respuesta a lo solicitado por dicha señora en su correo del 13 de marzo, haciéndole llegar el informe técnico administrativo de los hallazgos realizados en las inspecciones de campo efectuadas en el inmueble Complejo Residencial Balcones de Pacifico S.A. Consta que se les indicó: “ASUNTO: Informe caso Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., ubicado en Ojochal, Bahía Ballena, Osa Estimados señores:

Saludos cordiales, para el caso relacionado con Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., les informe de los resultados de inspecciones de campo a continuación:

1. Número consecutivo de denuncia CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-200- 2025, número de causa judicial 26-000042-0454-PE, fecha de presentación en Fiscalía de Protección Osa del Ministerio Público, 2 de diciembre de 2025.

2. Fecha de primera inspección de campo 3 de septiembre de 2025. Funcionarios del SINAC Jeffry Esquivel, Carlos Murillo, Mauricio Salazar, Davis Aguirre y Eddy Morales.

}3. Coordenadas propiedad E 536262 y N 1007406.

4. Se encontró la corta de 56 árboles de diferentes especies, diámetros y alturas, cortados sin autorización de la Administración Forestal del Estado, AFE. El volumen total en metros cúbicos corresponde a 37,80.

5. Se verifica por medio del sistema de aprovechamiento oficial SICAF y efectivamente no existe ninguna autorización de corta en esos terrenos. 6. Área total afectada por la corta de árboles sin autorización 9272 metros cuadrados.

7. Fecha de segunda inspección 6 de noviembre de 2025, objetivo verificación de un afloramiento de cuerpo de agua. Funcionarios del SINAC Jeffry Esquivel, Carlos Murillo y Carlos Rodríguez.

8. Que los hechos descritos suceden en el plano catastrado P-497610-1983.

9. Mapa con ubicación del plano catastrado P-497610.

(…)

10.Que dicho plano catastrado según Registro Nacional de la Propiedad pertenece a matricula folio real 06 31136 000”.

También por oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-061-2026, notificado vía correo electrónica a las direcciones brenes@ elawf.com y [email protected], se procedió a las 11:12 horas del 21 de abril de 2026, a realizar ampliación de la información contenida en oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DASP-HNTS-060-2026. A ambos se les informó lo que a continuación se trascribe:

“ASUNTO: Ampliación caso Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., ubicado en Ojochal, Bahía Ballena, Osa Estimados señores:

Saludos cordiales, para el caso relacionado con Complejo Residencial Balcones del Pacífico S.A., se realizan los siguientes puntos como ampliación:

1. Dueño de la propiedad COMPLEJO RESIDENCIAL BALCONES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA, número personería jurídica 3-10148977, nombre representante legal VALENTÏN PERTUSA GUIRAO, documento de identidad migratorio 172400415909.

2. Mapa consignado con la ubicación de los árboles cortados (…)

3. Los puntos verdes en imagen anterior representan datos de campo tomados mediante GPS marca Garmin, en coordenadas CRTM 05.

4. Que dicha denuncia será enviada y presentada al Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE.

5. El Plano P-497612-1983 es el mismo que el P-1387542-2009, este último cancela el primero”.

Teniendo presente el anterior cuadro fáctico, se hace necesario realizar las siguientes precisiones:

  • 1)Se informa que las direcciones electrónicas establecidas por el Área de Conservación Osa para recibir gestiones de los usuarios son [email protected] y [email protected]. Se aclara que las solicitudes, tanto del señor [Nombre 001], como la señora Thais Mena, fueron enviadas a las direcciones electrónicas de Carlos Rodríguez Binda [email protected], Arleth Porras Granados [email protected], Norma Jiménez Coronado [email protected] todos los anteriores correos institucionales de funcionarios del Área de Conservación Osa. Sin embargo, por oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 del 21 de noviembre de 2025, se atendió lo solicitado por el recurrente en las misivas del 28 y 30 de octubre de 2025, reconociendo de esa manera la gestión remitida y la consiguiente obligación de su atención.
  • 2)En cuanto a esta autoridad, el recurrente únicamente reclama un informe técnico administrativo. En el escrito de interposición del recurso refiere:

“En fecha del 21 de noviembre de 2025, el Área de Conservación Osa emitió el oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025, informando que no constaban permisos de corta de árboles o cambio de uso de suelo registrados. No obstante, la autoridad admitió expresamente que el caso ya estaba siendo atendido mediante una inspección de campo realizada por funcionarios del Programa de Protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe. En atención a lo anterior, esta representación se encuentra en plena facultad de conocer los hallazgos técnicos de dicha visita, los cuales han sido retenidos por la administración.

Ante las reiteradas solicitudes del suscrito para obtener el informe de inspección, funcionarios del SINAC remitieron en fecha del 17 de febrero de 2026, únicamente una imagen de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Protección de Osa. Posteriormente, el 16 de marzo de 2026, el mismo ente informó que la causa penal 26-000042-04-PE fue desestimada desde el 20 de febrero de 2026. La autoridad recurrida pretende utilizar la existencia de un proceso penal para omitir su obligación de rendir un informe técnico administrativo, alegando desconocer las razones de la desestimación o la necesidad de ampliar sus propios informes”.

Sin embargo, el recurrido indica que “no consta en nuestros registros que el señor [Nombre 001], haya solicitado formalmente el informe de la inspección realizada a los inmuebles indicados en las notas de ampliación fechada del 30 de Octubre del 2025. Sobre este alegato, deseo manifestar que en periodo comprendido entre 21 de noviembre del 2025 – fecha en que se notificó el oficio CARTA-SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0671-2025 – y el 16 de febrero del 2026 no consta en nuestros registros comunicaciones del señor [Nombre 001] solicitando informe alguno”.

Ello lo corrobora esta Sala, según los hechos detallados líneas arriba, pues en las dos gestiones que el recurrente planteó no solicitó tal informe y cuando se le brindó la respuesta en ningún momento se le ofreció un documento así. Si bien en esa contestación se consignó que “el caso ha estado siendo atendido con su correspondiente inspección de campo por funcionarios del Programa de Prevención, Control y Protección del Humedal Nacional Térraba Sierpe”, no se hizo referencia a una posible emisión y remisión del informe que reclama.

Además, ha quedado demostrado que la señora Thais Mena fue quien solicitó el informe, sin aludir al recurrente. Ahora, si bien fue ella la que antes había remitido las iniciales solicitudes de información del recurrente, no por eso se puede tenerla como parte en este proceso, pues quien interpuso este recurso es quien suscribió las gestiones iniciales ([Nombre 001]), pero no solicitó el informe. Por lo demás, tampoco se puede responsabilizar a la Administración de actuación omisiva por el hecho de que después de la notificación de la resolución de curso de este amparo procediera a remitir el informe tanto a dicha señora como al recurrente, pues, se reitera, no fue el tutelado quien lo requirió al Área de Conservación Osa, sino solo la señora Mena. En ese contexto, se estima que esa autoridad no ha inobservado el derecho de petición y pronta respuesta del tutelado. En consecuencia, el recurso deviene improcedente en cuanto a este extremo.

  • 2)Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en cuanto a lo reclamado por el recurrente.

Como se indicó, el 28 de octubre de 2025 el recurrente solicitó al referido ayuntamiento lo siguiente respecto al proyecto Complejo Residencial Balcones del Pacífico en Bahía Ballena: “I. A la Municipalidad de Osa, se solicita conocer si las propiedades cuentan con permisos de construcción, movimiento de tierras, terraceo u otras autorizaciones municipales, así como cualquier trámite o gestión en curso relacionada con dichas actividades. Esto a tenor de que existe un criterio de uso de suelo para los tres planos mencionados”. En cuanto a la atención a esa gestión por parte del cabildo recurrido, consta que, primeramente, el 18 de noviembre de 2025, a través de correo electrónico, la Unidad de Urbanismo solicitó a Thais Mena (quien envió la gestión) una prórroga de quince días para responder la gestión. En segundo lugar, mediante oficio AM-546-2026-2028 del 16 de abril de 2026, Mainor Fernando Anchía Angulo, en su condición de Alcalde de Osa, remitió a Thais Mena al correo electrónico [email protected] una respuesta institucional con el oficio técnico PDU-522-2025. Comunicación que fue notificada a las 14:08 horas de ese 16 de abril. Se colige que en el oficio AM-546-2026-2028 indicó:

“Asunto: Respuesta a solicitud de información - Complejo Residencial Balcones del Pacífico Estimada señora:

Por este medio me permito remitir el Oficio PDU-522-2025, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Servicios, en respuesta a la solicitud de información relacionada con las propiedades inscritas a nombre de Complejo Residencial Balcones del Pacífico, ubicadas en el sector de Bahía Ballena, cantón de Osa.

El documento adjunto contiene el detalle de los estudios realizados sobre las fincas consultadas, así como la confirmación de la inexistencia de permisos de construcción asociados en los sistemas institucionales. Asimismo, se presentan las disculpas correspondientes por la tardanza en la respuesta brindada. La cual estaba preparada desde el 09 de diciembre y por error involuntario se omitió su remisión. Quedo atento y a su disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera”.

Además, en el oficio técnico PDU-522-2025 del 08 de diciembre de 2025, se consignó por parte de la Dirección Desarrollo Urbano y Servicios:

“En atención a la solicitud recibida por este Departamento, mediante oficio de petición administrativa suscrito por el Lic. [Nombre 001], y relacionada con diversas propiedades ubicadas en el sector de Bahía Ballena, cantón de Osa, Puntarenas, se comunica lo siguiente:

1. Según la ubicación y el estudio realizado sobre la finca 046552-000, con plano catastrado P-0497612-1983, inscrita a nombre de COMPLEJO RESIDENCIAL BALCONES DEL PACÍFICO, se indica que dicho plano fue posteriormente modificado por el P-1387542-2009. No obstante, no se identifica ningún trámite de permiso de construcción asociado en la base de datos a la fecha. Asimismo, se confirma que no se encontró información de permisos ligados a esta propiedad, la cual fue declarada como lote baldío el 11/12/2023.

2. Según la ubicación y el estudio realizado sobre la finca 079927-000, con plano catastrado P-0497610-1983, inscrita igualmente a nombre de COMPLEJO RESIDENCIAL BALCONES DEL PACÍFICO, no se identifica ningún trámite de permiso de construcción asociado en los sistemas.

De igual forma, se confirma que no se encontró información de permisos ligados a esta propiedad, declarada como lote baldío el 11/12/2023.

3. Respecto al plano P-1106791-2006, se señala que no posee título de propiedad inscrito y no se identifica ningún trámite de permiso de construcción en los sistemas a la fecha.

Además, se indica que no presenta ningún tipo de registro en las bases de datos institucionales consultadas”.

Se advierte que esta Sala ha señalado que en caso de que la Administración no pueda responder de forma definitiva la gestión en el plazo de los 10 días siguientes a la recepción de la petición, como lo dispone el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, está obligada a explicar las razones y motivos por las cuales no puede cumplir con lo pedido, explicación formal que deberá ser profusa y detallada con el objeto que el peticionario sea informado del trámite que ha seguido su gestión, para lo cual, incluso, deberá señalar un plazo en el que se le estará facilitando la información. En el sub lite, la municipalidad recurrida le comunicó a la persona que remitió la gestión del recurrente el plazo dentro del cual remitiría la información, pero lo incumplió. Ahora, el hecho de que no se lo hiciera saber a la persona que pidió los datos, no enerva la responsabilidad, pues el tutelado, al hacer referencia a ese hecho en el escrito inicial, hizo de su conocimiento esa comunicación.

Además, consta que le hizo saber la respuesta, igualmente, a la persona que remitió la gestión, a las 14:08 horas del pasado 16 de abril, después que a las 09:35 horas de ese mismo día, se notificara a la autoridad municipal recurrida la resolución de las 15:30 horas del 13 de abril de 2026, mediante la cual se le dio curso a este amparo. A pesar de ello, se estima que como el recurrente no objetó el envío de la primera comunicación a quien remitió su gestión, se tiene por bien remitida la respuesta. En ese contexto, se estima que la Municipalidad de Osa infringió el derecho de petición y pronta respuesta (artículo 27 de la Constitucional Política), en perjuicio del recurrente, debido a la demora tanto en atender lo peticionado, por lo que se considera procedente el amparo en su contra.

VII.Conclusión. Así las cosas, al acreditarse la infracción constitucional en los términos dichos, el recurso debe ser declarado con lugar, únicamente, contra la Municipalidad de Osa, aunque sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, como de seguido se explica, pues ya fue satisfecha la pretensión del recurrente. Respecto al Área de Conservación Osa, se desestima el recurso.

VIII.Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.

Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IX. RAZONES DISTINTAS DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ

En el sub iudice se informa que las direcciones electrónicas establecidas por el Área de Conservación Osa para recibir gestiones de los usuarios son [email protected] y [email protected]. Se aclara que las solicitudes, tanto del señor [Nombre 001], como la señora Thais Mena, fueron enviadas a las direcciones electrónicas de Carlos Rodríguez Binda [email protected], Arleth Porras Granados [email protected], Norma Jiménez Coronado [email protected] todos los anteriores correos institucionales de funcionarios del Área de Conservación Osa.

Si bien concuerdo con la mayoría de la Sala en desestimar el recurso de amparo en cuanto a este aspecto, lo cierto es que considero que los derechos de la parte tutelada no fueron lesionados, por cuanto del estudio de los autos se desprende que los correos electrónicos a los cuales se remitió la solicitud de información dirigida al Área de Conservación de Osa no están previstos como mecanismos oficiales de comunicación. De manera, que estimo que el reclamo resulta improcedente.

X.Razones diferentes y voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado. Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:

“Presentación de escritos y plazo de respuesta.

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales.

Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

XI.Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

XII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Osa, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez da razones distintas. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En cuanto al Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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