Res. 16988-2026 Sala Constitucional — Amparo denied over sanitary order for slope stabilization

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo, holding that the disagreement with the sanitary order must be addressed through ordinary legality channels.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, considerando que la disconformidad con la orden sanitaria debía ventilarse en la vía de legalidad ordinaria.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied the amparo filed by an elderly woman against the Ministry of Health, the Municipality of Goicoechea, and the CNE. The petitioner claimed that a sanitary order forced her to bear the cost of stabilizing an unstable slope caused by a neighbor, violating her fundamental rights given her vulnerable economic condition. The Chamber found that the Ministry of Health acted within its authority, conducting inspections, gathering technical criteria, and issuing the sanitary order as a risk mitigation measure. The petitioner's disagreement with the order involves ordinary legality and technical aspects beyond constitutional jurisdiction. Regarding the Municipality and CNE, no arbitrary action or omission harming fundamental rights was proven; the municipality did not issue the order, and the CNE merely provided a technical report. The Chamber emphasized it is not an appellate body for administrative acts, so any nullity claims must be pursued through ordinary channels.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto por una adulta mayor contra el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Goicoechea y la CNE. La recurrente alegó que una orden sanitaria le imponía la obligación de costear obras de estabilización de una ladera inestable generada por un vecino, vulnerando sus derechos fundamentales debido a su condición económica vulnerable. La Sala determinó que el Ministerio de Salud actuó conforme a sus competencias, realizando inspecciones, recabando criterios técnicos y emitiendo la orden sanitaria como medida de mitigación de riesgo. La disconformidad de la recurrente con el contenido de dicha orden constituye un debate de legalidad ordinaria y de carácter técnico que excede la competencia de la jurisdicción constitucional. Respecto a la Municipalidad y la CNE, no se acreditó ninguna actuación u omisión arbitraria que lesionara derechos fundamentales, ya que la municipalidad no emitió la orden sanitaria y la CNE solo emitió un informe técnico. La Sala aclaró que no es una instancia revisora de actos administrativos, por lo que cualquier vicio de nulidad deberá discutirse en la vía ordinaria.

Key excerptExtracto clave

Upon reviewing the amparo petition and the evidence in the record, this Court finds that the petitioner's claims actually amount to a disagreement with the sanitary order issued by the respondent authority. Indeed, the proven facts show that the Ministry of Health became aware of the reported situation in 2024, conducted on-site inspections, gathered specialized technical criteria—including the report issued by the CNE—and, based on these inputs, adopted a series of measures aimed at mitigating the detected risk, including the issuance of Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, which ordered the execution of slope stabilization works and other preventive actions. Likewise, the record shows that the petitioner utilized the ordinary mechanisms to challenge this administrative act, filing a motion for reconsideration with subsidiary appeal, which were duly considered and resolved by the competent authority, with the sanitary order being confirmed in all its aspects. Thus, no omission or administrative inactivity attributable to the respondent authority is observed that would warrant intervention by this constitutional jurisdiction. Therefore, the petitioner's objection essentially questions the appropriateness, scope, and effects of the sanitary order, particularly regarding the obligation to assume the costs of the stabilization works and the distribution of burdens among the parties involved. However, such aspects entail an analysis of ordinary legality and are eminently technical in nature, involving risk assessment, determination of corrective measures, and allocation of responsibilities among private parties, which exceeds the scope of this constitutional jurisdiction. In this regard, it must be noted that this Chamber is not an additional administrative instance; therefore, it is not its role to review the appropriateness of the sanitary order in question, in accordance with the governing regulations. Now, if the petitioner considers that said administrative act contains defects leading to nullity or that the distribution of imposed burdens is improper, this is a matter that must be raised before the respondent authority itself or through the corresponding ordinary channels, where the merits of the case can be examined and her claims pursued.Analizado el escrito de interposición del presente recurso, así como la prueba aportada al expediente, este Tribunal determina que lo expuesto por la parte recurrente corresponde, en realidad, a una disconformidad con la orden sanitaria emitida por la autoridad recurrida. En efecto, de los hechos acreditados se desprende que el Ministerio de Salud conoció de la situación denunciada desde el año 2024, realizó inspecciones en el sitio, recabó criterios técnicos especializados –incluido el informe emitido por la CNE– y, con fundamento en dichos insumos, adoptó una serie de medidas dirigidas a mitigar el riesgo detectado, entre ellas la emisión de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, mediante la cual se dispuso la ejecución de obras de estabilización de la ladera y otras acciones preventivas. Asimismo, consta que la parte recurrente hizo uso de los mecanismos ordinarios de impugnación contra dicho acto administrativo, al interponer recurso de revocatoria con apelación en subsidio, los cuales fueron debidamente conocidos y resueltos por la autoridad competente, confirmándose en todos sus extremos la orden sanitaria emitida. De este modo, no se advierte una omisión por parte de la autoridad recurrida ni una inactividad administrativa que pudiera dar lugar a la intervención de esta jurisdicción constitucional. Así, la inconformidad planteada por la accionante se dirige, en esencia, a cuestionar la procedencia, alcance y efectos de la orden sanitaria, particularmente en lo relativo a la obligación de asumir los costos de las obras de estabilización y la distribución de las cargas entre las partes involucradas. No obstante, tales aspectos implican un análisis de legalidad ordinaria y de naturaleza eminentemente técnica, relacionado con la valoración del riesgo, la determinación de las medidas correctivas y la asignación de responsabilidades entre particulares, lo cual excede el ámbito de conocimiento de esta jurisdicción constitucional. Al respecto, es menester indicar que esta Sala no es una instancia más de la Administración, por lo que no le corresponde revisar la procedencia de la orden sanitaria en cuestión, esto, de conformidad con la normativa que rige la materia. Ahora bien, si la recurrente considera que dicho acto administrativo contiene vicios de nulidad o que la distribución de las cargas impuestas resulta improcedente, es un asunto que, como tal, deberá plantear ante la propia autoridad recurrida, o bien, en la vía ordinaria respectiva, donde se podrá conocer el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

Pull quotesCitas destacadas

"este Tribunal determina que lo expuesto por la parte recurrente corresponde, en realidad, a una disconformidad con la orden sanitaria emitida por la autoridad recurrida."

"this Court finds that the petitioner's claims actually amount to a disagreement with the sanitary order issued by the respondent authority."

Considerando III

"este Tribunal determina que lo expuesto por la parte recurrente corresponde, en realidad, a una disconformidad con la orden sanitaria emitida por la autoridad recurrida."

Considerando III

"no se advierte una omisión por parte de la autoridad recurrida ni una inactividad administrativa que pudiera dar lugar a la intervención de esta jurisdicción constitucional."

"no omission or administrative inactivity attributable to the respondent authority is observed that would warrant intervention by this constitutional jurisdiction."

Considerando III

"no se advierte una omisión por parte de la autoridad recurrida ni una inactividad administrativa que pudiera dar lugar a la intervención de esta jurisdicción constitucional."

Considerando III

"esta Sala no es una instancia más de la Administración, por lo que no le corresponde revisar la procedencia de la orden sanitaria en cuestión, esto, de conformidad con la normativa que rige la materia."

"this Chamber is not an additional administrative instance; therefore, it is not its role to review the appropriateness of the sanitary order in question, in accordance with the governing regulations."

Considerando III

"esta Sala no es una instancia más de la Administración, por lo que no le corresponde revisar la procedencia de la orden sanitaria en cuestión, esto, de conformidad con la normativa que rige la materia."

Considerando III

"la determinación del origen de la inestabilidad de la ladera y la distribución de responsabilidades entre los involucrados constituyen aspectos de naturaleza técnica que fueron abordados por la autoridad sanitaria competente al emitir la orden sanitaria."

"the determination of the origin of the slope instability and the distribution of responsibilities among the parties involved are technical matters that were addressed by the competent health authority when issuing the sanitary order."

Considerando IV

"la determinación del origen de la inestabilidad de la ladera y la distribución de responsabilidades entre los involucrados constituyen aspectos de naturaleza técnica que fueron abordados por la autoridad sanitaria competente al emitir la orden sanitaria."

Considerando IV

Full documentDocumento completo

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fifteenth of May, two thousand twenty-six.

Amparo proceeding processed in case file number 26-009316-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED03, against the MUNICIPALITY OF GOICOECHEA, MINISTRY OF HEALTH, and the NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE -CNE-.

Whereas:

1By means of a document incorporated into the digital case file at 13:27 hours on March 16, 2026, the petitioner filed an amparo action against the Municipality of Goicoechea, Ministry of Health, and the CNE. She states literally the following:

"At the rear of my dwelling there is an unstable slope, upon which a neighbor built a house several years ago, without technical studies or stabilization works.

This construction has caused landslides, directly affecting my property and putting my health and safety at risk.

I have filed complaints with the Ministry of Health, the Municipality, and the CNE.

Official inspections confirm the instability of the cut slope, the direct discharge of rainwater onto my patio, and the risk of collapse.

Despite being the affected party, a health order has been issued to me requiring me to pay for half of a retaining wall, together with the neighbor who built on the upper part.

My husband, Nombre02, receives an old-age pension from the Costa Rican Social Security Fund, with a fixed but limited income.

I am a homemaker, with no income of my own. We are both older adults, which evidences our condition of economic and social vulnerability.

In previous years, the Municipality of Goicoechea built retaining walls for other neighbors in the same zone, but omitted doing so on my property, despite the risk being evident.

The Municipality also permitted the construction of the dwelling on the upper part, without requiring mitigation works, which aggravates its responsibility.

In response to the health order, I was urged to coordinate with the affecting neighbor and share the costs of a gabion-type containment work, which exceeds my economic means.

I even requested an extension due to a lack of resources, which evidences my real inability to comply with what was ordered.

I have approached CONAPAM, IMAS, the Ministry of Health, and the CNE in meetings and formal procedures, but no institution has provided me with an effective solution, as recorded in the document issued by CONAPAM and in the minutes of meetings with IMAS.

Finally, I am being victimized by the situation and an attempt is being made to impose an economic burden on me that I cannot assume.

(…)

I respectfully request the Constitutional Chamber:

That this amparo action be granted.

That the health order requiring me to pay for containment works be annulled.

That the respondent authorities be ordered to adopt immediate corrective measures to stabilize the cut slope and protect my dwelling.

That my status as an older adult and homemaker with no own income be recognized, and that I be exempted from any economic burden derived from the neighbor's improper construction.

That the Municipality be ordered to justify why it permitted the construction on the upper part and why it omitted building retaining walls on my property when it did so for others.

That the Municipality and the Ministry of Health be ordered to apply the principle of environmental liability to the party causing the damage.

That my right to a safe dwelling be guaranteed, pursuant to Article 50 of the Constitution and international treaties.

That urgent precautionary measures be issued, ordering the suspension of the health order and the immediate execution of palliative stabilization works while the merits of the appeal are resolved."

2By resolution at 14:58 hours on April 7, 2026, the Presidency of the Chamber granted leave to proceed with this constitutional process and requested a report from the mayor and the president of the Emergency Committee, both of Goicoechea, as well as from the director of the Health Governing Area of Goicoechea and the president of the CNE, regarding the facts alleged by the petitioner.
3By means of a document incorporated into the digital case file at 15:42 hours on April 13, 2026, Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the CNE, reports under oath the following:

"FIRST: That at the rear of her dwelling there is an unstable slope, upon which a neighbor built a house several years ago, without technical studies or stabilization works. She indicates that this construction has caused landslides. (the original wording and spelling are respected, italics do not correspond to the original).

FACT ONE: The CNE only has knowledge of what is established in Technical Report CNEUIR-INF-0214-2025, in which it is concluded that the slope represents a high risk for the dwelling; however, according to what is recorded in official communication CNE-UGPR-OF-0967-2026 of April 8, 2026, from the Reconstruction Process Management Unit, it is evidenced that there are no records of Procurement for Undeclared Emergencies from the last year, nor is there any request for intervention made by the Municipality of Goicoechea.

SECOND: She alleges that she has filed complaints with the Ministry of Health, the Municipality of Goicoechea, and the National Emergency Commission. She states that official inspections confirm the instability of the cut slope, the direct discharge of rainwater onto her patio, and the risk of collapse. (the original wording and spelling are respected, italics do not correspond to the original).

FACT TWO: This representation has no knowledge of this. In accordance with official communication CNE-UGPR-OF-0967-2026 of April 8, 2026, from the Reconstruction Process Management Unit, there are no records of Procurement for Undeclared Emergencies from the last year, nor is there any request for intervention made by the Municipality of Goicoechea.

THIRD: She comments that, despite being the affected party, a health order was issued to her requiring her to pay for half of a retaining wall, together with the neighbor who built on the upper part. (the original wording and spelling are respected, italics do not correspond to the original).

FACT THREE: This representation has no knowledge of this. Moreover, the CNE had no participation in what is alleged, as the issuance of health orders is not within the competence of my represented entity; nor are there reports of emergency incidents, as established in the attached official communication CNE-UGPR-OF-0967-2026.

FOURTH: That the petitioner states that her husband receives an old-age pension from the Costa Rican Social Security Fund, with a fixed but limited income, and she is a homemaker, with no income of her own. She explains that both are older adults, which evidences their condition of economic and social vulnerability. (the original wording and spelling are respected, italics do not correspond to the original).

FACT FOUR: We have no knowledge of this; these are subjective statements by the petitioner.

FIFTH: She comments that in previous years, the respondent municipality built retaining walls for other neighbors in the same zone, but omitted doing so on her property, despite the risk being evident. She maintains that the respondent municipality also permitted the construction of the dwelling on the upper part without requiring mitigation works, which aggravates its responsibility. (the original wording and spelling are respected, italics do not correspond to the original).

FACT FIVE: We have no knowledge of this. We are not aware of the actions taken by the Municipality.

SIXTH: She argues that, in response to the health order, she was urged to coordinate with the affecting neighbor and share the costs of a gabion-type containment work, which exceeds her economic means. She affirms that she even requested an extension due to a lack of resources, which evidences her real difficulty in complying with what was ordered. (the original wording and spelling are respected, italics do not correspond to the original).

FACT SIX: This representation has no knowledge of this. Moreover, the CNE had no participation in what is alleged, as the issuance of health orders is not within the competence of my represented entity.

SEVENTH: She mentions that she has approached CONAPAM, IMAS, the Ministry of Health, and the CNE through meetings and formal procedures; however, no institution has provided her with an effective solution. Finally, she asserts that she is a victim of the situation and an attempt is being made to impose an economic burden on her that she cannot assume.

FACT SEVENTH: This representation has no knowledge of this. Moreover, the CNE had no participation in what is alleged, as the issuance of health orders is not within the competence of my represented entity; nor are there reports of emergency incidents, as established in the attached official communication CNE-UGPR-OF-0967-2026. It has not been proven by the petitioner that the CNE has any pending procedure without response or that any technical report is pending completion."

4By means of a document incorporated into the digital case file at 15:46 hours on April 15, 2026, Fernando Chavarría Quirós, in his capacity as mayor of Goicoechea, reports under oath the following:

"Justices, based on official communication MG-AG-DI-0974-2026, dated April 14, 2026, signed by Eng. Mario Iván Rojas Sánchez, Director of Engineering and Operations, regarding the alleged facts, I hereby render the report requested by this honorable Constitutional Chamber concerning the statements of the petitioner herein. I indicate that Mrs. Nombre01 is the owner of house #Dirección01 in the district of Mata de Plátano, a property with cadastral map SJ-601999-85. She indicates that her property is being affected by the landslide of a cut slope at the rear of said property, which borders the private property in the name of Sociedad Tonguska S.A., with legal identification number CED01. Likewise, she indicates that during the rainy season, there is an invasion of rainwater coming from said bordering property. In this regard, it is noted that this case became known because in 2025 the Ministry of Health analyzed the possibility of declaring the dwelling of Mrs. Nombre01 uninhabitable. Regarding this, the following is noted:

a)The property of Mrs. Nombre01 owns a cut slope over 3.00 meters in height, where, for the purpose of enlarging her patio, she dug into the cut slope, generating a slope steeper than its natural stability angle.
b)The adjoining neighbor, upon learning of the rainwater problem, built a small wall on the upper part of their lot that prevents the invasion of rainwater from their property.
c)The properties immediately adjacent to that of Mrs. Nombre01 do not have a wall.
d)For the existing cut slope (created by Mrs. Nombre01 on her property), what is recommended is the planting of vetiver grass and not to dig any further into the cut slope; rather, the appropriate action is to place the material extracted at the toe of the slope back.
e)Below, I include an image of the works carried out by Mrs. Nombre01 in the patio of her property in order to expand said space, abruptly increasing the slope of the cut slope, which undoubtedly reflects that she herself caused each and every one of the impacts she alleges in this amparo action."

5By means of a document incorporated into the digital case file at 11:51 hours on April 17, 2026, Jimmy Vargas Charpentier, in his capacity as acting director of the Health Governing Area of Goicoechea, reports under oath the following:

"II. OF THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH AND THE SPECIFIC CASE.

1- On folio 0001, dated July 15, 2024, this Office of the Health Governing Area of Goicoechea received a complaint filed by Mrs. Nombre01, ID CED02, in which she stated: "For several years we have been having difficulties since at the rear of the house there is a dirt wall that has been eroding with the rain and currently represents a high risk for us because there have been several landslides. Two older adults live in the house and we have notified this situation to inspectors who have recently visited the area and have recommended that we raise the alert with you in order to request support, as the situation at this point is really risky." "For this reason, we appeal to your disposition and help so that the appropriate measures can be taken, since sometimes my grandchildren play in the patio and it is very dangerous at this moment due to the erosion present." (attaches photographs folio 0002,0003).

2- On folio 0009, dated August 9, 2024, by means of inspection record 02-2024, it was indicated that an inspection was carried out, determining the existence of a slope with erosion that is sliding, a risk being determined, for which reason support would be requested from the Central South Region to determine the ground conditions.

3- On folio 00010, dated August 9, 2024, complaint 238-2024 filed by Mrs. Nombre01 was forwarded to colleague Cristian Rodríguez Ramírez, representative of the Municipal Emergency Commission, so that we could conduct a joint inspection. (there was no response).

4- On folio 00011, dated August 19, 2024, a joint inspection was requested from engineer Mario Iván, an official of the Municipality of Goicoechea, for Friday, August 23, 2024, at 9 a.m. (there was no response).

5- On folio 0012, dated August 20, 2025, support was requested from the Regulation Process of the Central South Region to assess the ground conditions in question.

6- On folios 0015, 0016, and 0017, by means of official communication MS-DRRSCS-URS-0514-2024, dated October 4, 2024, signed by Licentiate Allan Bolaños Benavides, an official of the Regulation Process of the Central South Region, he recommends: 1. Transferring the case to the Municipality of Goicoechea so that, within its powers, it verifies and establishes the corresponding urban planning measures (actions carried out by the Governing Area since August 19, 2025) 2. Requesting an opinion from the National Emergency Commission to determine the potential existence of any risk for both the property under study and the neighboring properties. (actions carried out by this Governing Area since August 9, 2025) 7- On folio 0019, dated November 18, 2025, report MSDRRSCS-URS-0514-2024, dated October 4, 2024, signed by Licentiate Allan Bolaños Benavides, an official of the Regulation Process of the Central South Region, was forwarded to the engineering department of the Municipality of Goicoechea (Mr.

Mario Iván Rojas Sánchez) so that they could use their good offices and respond to points 1. Transfer to the Municipality so that, within its powers, it verifies and establishes the corresponding urban planning measures regarding this case 2. Request an opinion from the National Emergency Commission to determine the potential existence of any risk for both the property under study and the neighboring properties. He was informed that we are available to conduct a joint inspection (No response). 8- On folios 0019, 0020, dated January 23, 2025, Mr. Cristian Rodríguez Ramírez, representative of the Municipal Emergency Commission, was consulted again on the following points: 1. Within the scope of its powers, has the Municipality of Goicoechea verified and established urban planning measures regarding this case. 2. An opinion was requested from the CNE to determine the existence of a risk.

9- On folio 0021, dated February 11, 2025, Mr. Cristian Rodríguez, representative of the Municipal Emergency Commission, indicated by electronic mail: "in this case, the Municipal Emergency Commission does not issue this type of opinion since the National Emergency Commission is a coordinating body for emergency response; in this case, point 1 is the responsibility of the Engineering Department of the Municipality, and point 2 is also the responsibility of the same department, which has engineers who can determine the degree of risk to which the properties are exposed; if it were necessary to determine the impact from a geological point of view, a visit from the commission's geologist could be coordinated, but this does not imply that the opinion must be issued from a structural point of view." 10- On folio 0022, dated February 13, 2025, Mr. Cristian Rodríguez, representative of the Emergency Commission, was requested to coordinate with the geologist from the National Emergency Commission.

11- On folio 0023, dated May 5, 2025, by means of official communication CNE.UIAR.INF-0214-2025, signed by engineer Juan Ignacio Chaves Salas, it evidences instability of the slope, a situation that represents a risk for both the dwelling on the lower part and the structure on the upper part.

12- On folio 0026, Mrs. Mauren Hernández, daughter of Mrs. Nombre01 (older adult complainant), was informed of the actions taken in her case, and copies of official communications MS-DRRSCS-URS-IT-0514-2024 and CNE.UIAR.INF-0214-2025, signed by engineer Juan Ignacio Salas, were attached, which evidence instability of the slope, a situation that represents a risk for both the dwelling on the lower part and the structure on the upper part.

13- On folios 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, dated May 23, 2025, health order MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025 was notified to Mrs. Nombre01, requiring them to carry out the necessary works to stabilize the slope. The lady does not sign, but it was left at her dwelling house.

14- On folio 0033, dated May 19, 2025, the Arce parties, owners of the property located above the slope, were called to coordinate notification and sending of official communication CNE.UIAR.INF-0214-2025, signed by engineer Juan Ignacio Salas, which evidences instability of the slope, a situation that represents a risk for both the dwelling on the lower part and the structure on the upper part.

15- On folios 0037, 0038, dated May 26, 2025, Mrs. Nombre01 requested a copy of the case file corresponding to complaint D-238-2024.

16- By means of folio 0039, dated May 27, 2025, case file D-238-2024 was sent to the email address ...01.

17- On folio 0042, dated May 30, 2025, a meeting was held at the Office of the Health Governing Area of Goicoechea with the affected parties: Nombre03 (daughter of the complainant), Nombre01 (older adult complainant), Randal Arce Aguilar, and Michel Marín Mora (owner of the house above the slope). They indicate that they wish to carry out the works and that both parties will carry out the palliative measure requested by this Ministry (placing plastic on the slope to prevent erosion). To carry out this activity, they will meet at the home of Mrs. Nombre01 at 2 in the afternoon. The parties' concern is not having money to make the improvements. (the meeting minutes were signed by all parties).

18- I highlight that on May 30, 2025, in the meeting held at the Governing Area, as recorded on folio 0042, the parties agreed to place plastic on the slope to prevent erosion and landslides; Mr. Randal buys it and Mrs. Nombre01 places it on the slope to prevent rain erosion. On folios 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, dated May 30, 2025, the notification made to Mr. Randall Arce Aguilar is evidenced.

19- On folio 0048, Mrs. Nombre03, daughter of the older adult complainant Nombre01, requested a meeting with the mayor, COAPAN, CNE, to present the existing situation.

20- On folio 0049, a meeting was requested with several institutions: IMAS, CONAPAN, Municipal Engineering, Mayor, CNE, and the parties.

21- On folios 0050, 0052, 0053, and 0054, dated May 30, 2025, Mrs. Nombre01 filed an Appeal with a subsidiary Appeal against health order No. CS-DARS-G-0700-2025.

22- On folio 0055, dated June 5, 2025, by means of record CS-DARSG-0084-2025, it is recorded that we appeared at the dwelling of Mrs. Nombre01 accompanied by officials from the engineering department of the Municipality of Goicoechea. In this inspection, the Municipality indicated that an inspection would be carried out at the house on top of the slope to verify the rainwater system.

23- On June 10, 2025, by means of Resolution of Revocation Appeal No. MSDRRSCS-1326-2025, the revocation appeal filed is resolved WITHOUT MERIT in all its aspects.

24- On folios 0077 to 0080, dated November 26, 2025, by means of resolution No. MSDM-LB-3577-2025, Minister Mary Denisse Munive Angermüller stated: The referenced health order, signed by the office of the Health Governing Area of Goicoechea, and official communication MS-DRRSCS-1326-2025 signed by the Regional Office, are confirmed. Therefore, the Appeal filed by Mrs. Nombre01 was declared WITHOUT MERIT.

25- On folio 0084, dated January 22, 2026, this Ministry sent an email to Mrs. Nombre03, daughter of the older adult woman, requesting to indicate the start date of the works, with no response. 26- On folio 0085, dated February 24, 2026, Mrs. Nombre03, daughter of the older adult complainant, was asked for consent to conduct an inspection and verify compliance with the necessary works carried out to minimize the risk of landslides.

27- On folio 0086, Mrs. Nombre03 and Randall Arce request an extension until the third week of April 2026 to adjust the necessary economic resources to comply with the requirement. Mrs. Nombre03 was responded to that this request must be processed via email ...02 in compliance with protocol MS.NI.SLA.07.P.06.

As can be clearly denoted, this health authority has not been remiss in fulfilling its duties; it has kept the petitioner informed of the actions and procedures carried out according to our competence, in pursuit of finding a solution to the reported issue. However, it is important to assess the petitioner's situation, given that providing the economic value that the implementation of the required containment work entails for the solution of the problem presented does not strictly depend on this health authority. That said, this health authority will continue providing the necessary accompaniment and follow-up to achieve the definitive solution to the specific case in the shortest possible time."

6The legal requirements have been observed in the procedures followed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.Object of the action. The petitioner indicates that at the rear of her dwelling there is an unstable slope upon which a neighbor built a house without technical studies or stabilization works, which has caused landslides that directly affect her property and endanger her integrity. She indicates that she has filed complaints with various authorities, whose inspections confirmed the instability of the cut slope, the discharge of rainwater onto her property, and the risk of collapse; however, despite her status as the affected party, a health order was issued to her requiring her to assume, along with the neighbor, the cost of a retaining wall. In this context, the petitioner argues that she and her husband, who is a pensioner, are in a situation of economic vulnerability that prevents them from assuming this burden, which they have even tried to postpone without success. Likewise, she maintains that the respondent municipality permitted the construction on the upper part without requiring mitigation measures and that, unlike other cases in the same zone, it has not executed containment works on her property, despite the existing risk.

Finally, she states that, despite the efforts made before different institutions, she has not received an effective solution, and therefore she considers that the actions of the respondent authorities violate her fundamental rights by imposing a disproportionate economic burden on her and failing to guarantee adequate safety conditions in her dwelling.

II.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent party has omitted referring to them as provided for in the initial order:

f)On July 15, 2024, the petitioner sent a note addressed to the mayor of Goicoechea to the email addresses ...03, ...04, ...05, and ...06, among others, belonging to authorities of the Municipality of Goicoechea, the Health Governing Area of Goicoechea, and the CNE, in which she stated the following:

"I greet you most respectfully and at the same time present my situation. My name is Nombre01, identity card CED02, I am the owner of the dwelling house located at Dirección02, in Mata de Plátano, Bruncas Urbanization, Dirección03, adjacent to the Bruncas community hall, Dirección04# For several years we have been having difficulties since at the rear of the house there is a dirt wall that has been eroding with the rains and currently represents a high risk for us because there have been several landslides. Two older adults live in the house and we have notified this situation to inspectors who have recently visited the area and have recommended that we raise the alert with you in order to request support, as the situation at this point is really risky.

For this reason, we appeal to your disposition and help so that the appropriate measures can be taken, since sometimes my grandchildren play in the patio and it is very dangerous at this moment due to the erosion present.

I thank you in advance for the attention you give to my request and remain awaiting your response" (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).

g)On August 9, 2024, officials from the Health Governing Area of Goicoechea conducted a health inspection at the petitioner's property and, by means of ocular inspection record No. 02-24, recorded the following findings:

"I appear at the complaining party's property and am allowed entry. I move to the patio and observe a landslide that is slowly advancing into the complaining party's patio.

It was observed that between the complaining party's house and the property that is sliding, there is approximately 8 meters of difference in level, and there is a high risk of landslide and a possible tragedy.

It is observed that the neighboring bordering property is the community hall, which has its retaining wall and there is no landslide.

Based on this inspection, it is necessary to request support at the Regional and Municipal Level to establish a strategy to minimize the risk" (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).

h)On October 4, 2024, the Regional Directorate of Health Governing of Central South, through technical report No. MS-DRRSCS-URS-IT-0514-2024, concluded and recommended the following:

"4.1 CONCLUSIONS The property referenced by the request for professional support from the DARSG, owned by the complaining party, is visited.

The existence of a significant difference in level between the complaining party's dwelling and the neighboring property is determined, generating a cut slope.

The cut slope possesses signs of erosion due to the action of the rains, which has caused the migration of fines from the upper parts to the toe of the slope, generating an accumulation of soil.

At the time of the inspection, based on what was visible from the patio of Mrs. Nombre01's dwelling, conditions of instability of the cut slope such as creep, loss of verticality, or movement of elements of the building on the upper level are not identified.

To determine the precise degree of stability of the cut slope and the necessary containment works, specific engineering practices such as studies, surveys, modeling, analysis, among others, typical of the geotechnical area, beyond the scope of this ministry, must be carried out.

An assessment by the Municipal Emergency Committee (Comité Municipal de Emergencias, CME) is considered appropriate, so that the geotechnical condition of the terrain and its possible influence on both the property under study and the surrounding properties can be analyzed. This input will allow determining the existence of any risk and/or danger to the health of the occupants and/or neighbors of the building under study.

4.2 RECOMMENDATIONS It is recommended to the DARSG the following:

1. Transfer the case to the municipality so that, from the scope of its powers, it verifies and establishes the corresponding urban planning measures.

2. Request the opinion of the CME to determine the potential existence of any risk for both the property under study and the neighboring properties.

3. Instruct the complaining party to engage a professional specialist in engineering and architecture to assist her in determining the precise degree of stability and, eventually, in estimating the necessary containment works, through the presentation of a corrective action plan. The foregoing with legal basis in the General Health Law (Ley General de Salud) No. 5395, Articles 1, 2, 4, 7, 8, 37, 313, and 319.

4. Apply the administrative acts deemed pertinent from the scope of competence of this ministry" (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).

i)On May 5, 2025, the Risk Research and Analysis Unit of CNE, through technical report no. CNE-UIAR-INF-0214-2025, assessed the risk of slope instability at the rear of the petitioner's dwelling, in which it analyzed, concluded, and recommended the following:

"IV. General analysis of the hazard and vulnerability.

A. The rear of the assessed dwelling is situated below a slope where; apparently, material falls have occurred.

B. The slope is less than 4 meters from the dwelling.

C. At the top of the slope, there are structures built at the edge of the cutting (talud).

V. Conclusions

A. The evident instability of the slope represents a risk both to the dwelling at the bottom and to the structure at the top.

B. If the slope is not intervened, with the rains of the next rainy season, landslides could increase and consequently both the dwelling at the bottom and the structure at the top would be affected.

VI. Recommendations

A. As a palliative measure, plastic sheeting should be placed over the slope to prevent the rains from saturating the ground and causing further landslides.

B. The owners of the structure at the top should be notified so that they can collaborate with the proper management of stormwater and the necessary mitigation measures.

C. The possibility of carrying out a stabilization work on the slope should be assessed to guarantee the safety of both structures.

D. Any work carried out must have the respective studies and be under the supervision of an accredited professional.

E. Those affected could turn to aid institutions, such as the IMAS, for them to assess the possibility of assisting them with the financing of the work" (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).

j)On May 23, 2025, the Directorate of the Health Governing Area of Goicoechea notified the protected party of health order no. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, in which the following was ordered:

"1. You must place plastic sheeting over the slope to prevent the rains from saturating the ground as a palliative measure. 2. You must carry out the necessary works to channel the stormwater that falls onto the slope. 3. You must submit to the Directorate of the Health Governing Area of Goicoechea the slope stabilization studies supervised by an accredited professional. 4. You must carry out the necessary works to stabilize the slope to guarantee the safety of both structures, supervised by an accredited professional" (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).

k)On May 30, 2025, the Directorate of the Health Governing Area of Goicoechea notified Mr. Randall Arce Aguilar –neighboring owner of the petitioner– of health order no. MS-DRRSCS-DARS-8-0705-2025, in which the following was ordered:

l)On May 30, 2025, the petitioner filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal against health order no. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025 (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).
m)On June 10, 2025, the Central South Regional Directorate of Health Governance declared the motion for reconsideration against health order no. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, filed by the appellant, without merit (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).
n)On October 28, 2025, an official of the Health Governing Area of Goicoechea, through ocular inspection record no. MS-RCS-DARSG-0022-2025, recorded the following findings: "I present myself at the site and I am allowed entry, being able to verify that land measurement works are being carried out to begin work. However, the rains have halted the works. Follow-up is to be given in the month of January 2026" (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).
o)On November 26, 2025, the Minister of Health declared the appeal filed by the petitioner against health order no. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025 without merit (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).
p)On February 25, 2026, Mrs. Maureen Herrera –daughter of the appellant– and Mr. Randall Arce Aguilar requested from official Catalina Chavarría Solano, assigned to the Regulation Unit of the Directorate of the Health Governing Area of Goicoechea, an extension for compliance with health order no. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, in the following terms:

"In response to the health order issued by the Ministry of Health regarding the construction of the retaining work, I would like to state that we have managed various quotations with specialized companies. However, the amounts presented significantly exceed our initial budget, which makes it difficult to meet the established deadline.

For the foregoing, we respectfully request that an extension be granted to us until the third week of the month of April, in order to adjust the necessary financial resources and guarantee compliance with what is required. Likewise, we remain at your disposal to coordinate a meeting in which we can explain our situation and the efforts made in greater detail" (see the report of the respondent ministry and the evidence provided to the digital case file).

III.Regarding the Ministry of Health. The appellant maintains that at the rear of her dwelling there is an unstable slope on which a neighbor built a structure without technical studies or stabilization works, which has generated landslides that affect her property and represent a risk to her integrity. She indicates that, despite the steps taken before various authorities, the Ministry of Health issued a health order that imposes on her, together with the neighboring owner, the obligation to carry out stabilization works, which she considers disproportionate due to her socioeconomic condition and her status as an older adult, for which reason she requests the intervention of this Chamber.

Having analyzed the filing document of this appeal, as well as the evidence provided to the case file, this Court determines that what is stated by the appellant corresponds, in reality, to a disagreement with the health order issued by the respondent authority. Indeed, from the accredited facts, it is clear that the Ministry of Health became aware of the denounced situation in 2024, carried out inspections at the site, gathered specialized technical criteria –including the report issued by the CNE– and, based on said inputs, adopted a series of measures aimed at mitigating the detected risk, among them the issuance of health order no. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, through which the execution of slope stabilization works and other preventive actions were ordered. Likewise, the record shows that the appellant made use of the ordinary mechanisms of challenge against said administrative act, by filing a motion for reconsideration with a subsidiary appeal, which were duly heard and resolved by the competent authority, confirming the issued health order in all its aspects. Thus, no omission on the part of the respondent authority or administrative inactivity that could give rise to the intervention of this constitutional jurisdiction is observed.

Thus, the disagreement raised by the petitioner is directed, in essence, at questioning the propriety, scope, and effects of the health order, particularly regarding the obligation to assume the costs of the stabilization works and the distribution of burdens among the parties involved. However, such aspects imply an ordinary legality analysis of an eminently technical nature, related to the risk assessment, the determination of corrective measures, and the assignment of responsibilities among private parties, which exceeds the scope of review of this constitutional jurisdiction.

In this regard, it is necessary to indicate that this Chamber is not another instance of the Administration, and therefore it is not its responsibility to review the propriety of the health order in question, this, in accordance with the regulations governing the matter. Now, if the appellant considers that said administrative act contains nullity defects or that the distribution of the imposed burdens is improper, it is a matter that, as such, must be raised before the respondent authority itself, or, in the respective ordinary channel, where the merits of the matter can be heard and her claims can be asserted.

Consequently, since no arbitrary, unreasonable action or one injurious to fundamental rights is evidenced on the part of the Ministry of Health, but rather a discrepancy with the content of an administrative act issued in the exercise of its powers, the dismissal of the appeal proceeds, with respect to this authority.

IV.Regarding the Municipality of Goicoechea. Concerning the Municipality of Goicoechea, it should be reiterated that the claim raised by the appellant is directly linked to the health order issued by the Health Governing Area of Goicoechea, through which the slope stabilization measures were ordered and obligations were established for the involved owners. It should be noted that the petitioner's claim is not directed against an autonomous action of the Municipality of Goicoechea, but rather derives from the legal effects of an administrative act issued by the competent health authority. In this vein, there is no record that this entity issued the act being questioned –the health order–.

Now, even though the appellant attributes responsibility for generating the risk to the respondent municipality, both for having allowed construction on the upper part and for not having executed retaining works on her property, unlike what, according to her assertion, occurred with other neighbors, the truth is that such allegations are not duly accredited in the case file, nor do they, by themselves, allow for the configuration of an injury to fundamental rights. On the contrary, from the very report rendered under oath by the respondent municipal authority, it is clear that the existing cutting (talud) on the petitioner's property was subject to interventions carried out by the appellant herself, specifically through excavations aimed at expanding the patio area, which would have increased the slope of the terrain. Meanwhile, the technical report from the CNE, recorded in proven fact d), accounts for the existence of structures built on the upper part of the slope, at the edge of the cutting (talud), which likewise affects the detected risk condition.

In that sense, the determination of the origin of the slope instability and the distribution of responsibilities among those involved constitute aspects of a technical nature that were addressed by the competent health authority when issuing the health order. Hence, what is sought by the appellant implies that this Chamber review such aspects or order the execution of works by the respondent municipality, which would necessarily entail examining the content and scope of said administrative act and substituting the Administration in a decision adopted on a technical basis. Such a proposition cannot be addressed in this venue.

This being the case, no arbitrary action or omission attributable to the Municipality of Goicoechea that has caused an injury to the fundamental rights of the appellant is accredited.

V.Regarding the CNE. With respect to this institution, it is not apparent that this entity has issued any act that results injurious to fundamental rights or that it has incurred an unjustified omission. On the contrary, its intervention was limited to the issuance of a technical report in which the condition of the slope was assessed and recommendations were formulated, an input that was considered by the competent health authority for the adoption of the corresponding measures. In that context, no arbitrary action or omission attributable to the CNE is accredited; rather, its participation was of a technical nature and within the scope of its powers, for which reason the appeal must be declared without merit regarding this authority.

VI.Documentation provided to the case file. The parties are warned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del quince de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-009316-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED03, contra la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, MINISTERIO DE SALUD y la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -CNE-.

Resultando:

1Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 13:27 horas del 16 de marzo de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Goicoechea, Ministerio de Salud y la CNE. Expone literalmente lo siguiente:

“En la parte trasera de mi vivienda existe una ladera inestable, sobre la cual un vecino construyó una casa hace varios años, sin estudios técnicos ni obras de estabilización.

Esta construcción ha provocado deslizamientos de terreno, afectando directamente mi propiedad y poniendo en riesgo mi salud y seguridad.

He presentado denuncias ante el Ministerio de Salud, la Municipalidad y la CNE.

Las inspecciones oficiales confirman la inestabilidad del talud, la descarga directa de aguas pluviales sobre mi patio, y el riesgo de colapso.

A pesar de ser la parte afectada, se me ha emitido una orden sanitaria que me obliga a costear la mitad de un muro de contención, junto con el vecino que construyó en la parte alta.

Mi esposo, Nombre02, es pensionado por vejez de la Caja Costarricense del Seguro Social, con un ingreso fijo pero limitado.

Yo soy ama de casa, sin ingresos propios. Ambos somos adultos mayores, lo que evidencia nuestra condición de vulnerabilidad económica y social.

En años anteriores, la Municipalidad de Goicoechea construyó muros de contención para otros vecinos de la misma zona, pero omitió hacerlo en mi propiedad, pese a que el riesgo era evidente.

La Municipalidad además permitió la construcción de la vivienda en la parte alta, sin exigir obras de mitigación, lo que agrava su responsabilidad.

En atención a la orden sanitaria, se me instó a coordinar con el vecino afectante y compartir gastos de una obra de contención tipo gavión, lo cual excede mis posibilidades económicas.

Incluso solicité prórroga por falta de recursos, lo que evidencia mi imposibilidad real de cumplir con lo ordenado.

He acudido a CONAPAM, al IMAS, al Ministerio de Salud y a la CNE en reuniones y gestiones formales, pero ninguna institución me ha brindado una solución efectiva, como consta en el documento emitido por CONAPAM y en las actas de reuniones con IMAS.

Finalmente, estoy siendo víctima de la situación y se me pretende imponer una carga económica que no puedo asumir.

(…)

Solicito respetuosamente a la Sala Constitucional:

Que se declare con lugar el presente recurso de amparo.

Que se deje sin efecto la orden sanitaria que me obliga a costear obras de contención.

Que se ordene a las autoridades recurridas adoptar medidas correctivas inmediatas para estabilizar el talud y proteger mi vivienda.

Que se reconozca mi condición de persona adulta mayor y ama de casa sin ingresos propios, y se me exima de cualquier carga económica derivada de la construcción indebida del vecino.

Que se ordene a la Municipalidad justificar por qué permitió la construcción en la parte alta y por qué omitió construir muros de contención en mi propiedad cuando sí lo hizo en otras.

Que se ordene a la Municipalidad y al Ministerio de Salud aplicar el principio de responsabilidad ambiental al causante del daño.

Que se garantice mi derecho a una vivienda segura, conforme al artículo 50 constitucional y tratados internacionales.

Que se dicten medidas cautelares urgentes, ordenando la suspensión de la orden sanitaria y la ejecución inmediata de obras paliativas de estabilización mientras se resuelve el fondo del recurso”.

2Por resolución de las 14:58 horas del 07 de abril de 2026, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se le solicitó informe al alcalde y al presidente del Comité de Emergencias, ambos de Goicoechea, así como al director del Área Rectora de Salud de Goicoechea y al presidente de la CNE, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
3Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 15:42 horas del 13 de abril de 2026, informa bajo juramento Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente del CNE, lo siguiente:

“PRIMERO: Que en la parte trasera de su vivienda existe una ladera inestable, sobre la cual un vecino construyó una casa hace varios años, sin estudios técnicos ni obras de estabilización. Indica que esa construcción ha provocado deslizamientos de terreno. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original).

HECHO PRIMERO: A la CNE le consta únicamente lo establecido en el Informe Técnico CNEUIR-INF-0214-2025, en el cual se concluye que la ladera representa un alto riesgo para la vivienda, sin embargo, según consta en el oficio CNE-UGPR-OF-0967-2026 del 08 de abril de 2026 de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, se evidencia que no hay registros de Contrataciones por Emergencias no Declaradas del último año, no se tiene ninguna solicitud de intervención realizada por la Municipalidad de Goicoechea.

SEGUNDO: Alega que ha planteado denuncias ante el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Goicoechea y la Comisión Nacional de Emergencias. Manifiesta que las inspecciones oficiales confirman la inestabilidad del talud, la descarga directa de aguas pluviales sobre su patio y el riesgo de colapso. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original).

HECHO SEGUNDO: No nos consta, de conformidad con en el oficio CNE-UGPR-OF-0967-2026 del 08 de abril de 2026 de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción no se tienen registros de Contrataciones por Emergencias no Declaradas del último año, no se tiene ninguna solicitud de intervención realizada por la Municipalidad de Goicoechea TERCERO: Comenta que, a pesar de ser la parte afectada, se le ha emitido una orden sanitaria que la obliga a costear la mitad de un muro de contención, junto con el vecino que construyó en la parte alta. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original).

HECHO TERCERO: No le consta a esta representación, además de que la CNE no tuvo participación alguna en lo alegado, pues no es competencia de mi representada la emisión de ordenes sanitarias, pero tampoco consta reportes de incidentes por emergencias, tal y como se establece en el oficio adjunto CNE-UGPR-OF-0967-2026.

CUARTO: Que la recurrente refiere que su esposo es pensionado por vejez de la Caja Costarricense de Seguro Social, con un ingreso fijo pero limitado y ella es ama de casa, sin ingresos propios. Explica que ambos son personas adultas mayores, lo que evidencia su condición de vulnerabilidad económica y social. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original).

HECHO CUARTO: No nos constan son manifestaciones subjetivas de la parte recurrente.

QUINTO: Comenta que años anteriores, la municipalidad recurrida construyó muros de contención para otros vecinos de la misma zona, pero omitió hacerlo en su propiedad, pese a que el riesgo era evidente. Sostiene que la municipalidad recurrida, además, permitió la construcción de la vivienda en la parte alta sin exigir obras de mitigación, lo que agrava su responsabilidad. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original).

HECHO QUINTO: No nos consta. De las gestiones realizadas por la Municipalidad no tenemos conocimiento.

SEXTO: Aduce que, en atención a la orden sanitaria, se le instó a coordinar con el vecino afectante y compartir los gastos de una obra de contención tipo gavión, lo cual excede sus posibilidades económicas. Afirma que incluso solicitó una prórroga por falta de recursos, lo que evidencia su dificultad real de cumplir con lo ordenado. (se respeta la redacción y ortografía del original, cursiva no corresponden al original).

HECHO SEXTO: No le consta a esta representación, además de que la CNE no tuvo participación alguna en lo alegado, pues no es competencia de mi representada la emisión de ordenes sanitarias SÉTIMO: Menciona que ha acudido al CONAPAM, al IMAS, al Ministerio de Salud y a la CNE mediante reuniones y gestiones formales; sin embargo, ninguna institución le ha brindado una solución efectiva. Finalmente, asegura que es víctima de la situación y se le pretende imponer una carga económica que no puede asumir.

HECHO SÉTIMO: No le consta a esta representación, además de que la CNE no tuvo participación alguna en lo alegado, pues no es competencia de mi representada la emisión de ordenes sanitarias, pero tampoco consta reportes de incidentes por emergencias, tal y como se establece en el oficio adjunto CNE-UGPR-OF-0967-2026, no ha sido probado por la parte recurrente que la CNE tenga alguna gestión sin contestar o que se encuentre pendiente la realización de algún informe técnico”.

4Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 15:46 horas del 15 de abril de 2026, informa bajo juramento Fernando Chavarría Quirós, en su condición de alcalde de Goicoechea, lo siguiente:

“Señores Magistrados, con base en el oficio MG-AG-DI-0974-2026, del 14 de abril de 2026, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, con relación a los hechos alegados, vengo a rendir el informe solicitado por esta honorable Sala Constitucional referente a las manifestaciones de la aquí recurrente, indico que la Sra. Nombre01 que es propietaria de la casa #Dirección01 en el distrito de Mata de Plátano, propiedad con plano de catastro SJ-601999-85, quien señala que su propiedad está siendo afectada por el deslizamiento de un talud en la parte posterior de dicha propiedad que colinda con la propiedad privada a nombre de la Sociedad Tonguska S.A. con cédula Jurídica CED01, asimismo, señala que la época lluviosa presenta invasión de aguas pluviales provenientes de dicha propiedad colindante, al respecto se le indica que este caso se conoció por cuanto en el año 2025 el Ministerio de Salud analizó la posibilidad de declarar inhabitable la vivienda de la Sra. Nombre01, al respecto se señala que:

a)La propiedad de la señora Nombre01 es propietaria de un talud de más de 3,00 metros de altura, en donde para efectos de agrandar su patio ella escarbó el talud, generando un talud de mayor pendiente a la de estabilidad natural.
b)El vecino colindante al conocer de la problemática de aguas pluviales construyó en la parte superior de su lote un pequeño muro que impide la invasión de aguas pluviales desde su propiedad.
c)Las propiedades inmediatas a la de la Sra. Nombre01 no cuentan con muro.
d)En el talud existente (creado por la señora Nombre01 en su propiedad), lo que se recomienda es la siembra de zacate vetiver y no volver a escarbar más el talud, más bien lo adecuado es volver a colocar el material extraído al pie del talud.
e)De seguido incluyo imagen de las obras realizadas por la señora Nombre01, en el patio de su propiedad a fin de ampliar dicho espacio, incrementando de forma abrupta la pendiente del talud, lo que indudablemente refleja que fue ella misma quien provocó todos y cada uno de las afectaciones que alega en este recurso de amparo”.

5Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 11:51 horas del 17 de abril de 2026, informa bajo juramento Jimmy Vargas Charpentier, en su condición de director a.i del Área Rectora de Salud de Goicoechea, lo siguiente:

“II. DE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD Y EL CASO EN CONCRETO.

1- En folio 0001, con fecha del 15 de julio del 2024, se recibió en esta Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea, denuncia interpuesta por de la señora Nombre01 cédula CED02, en la que indico: “Desde hace varios años hemos estado teniendo dificultades ya que en la parte trasera de la casa hay un muro de tierra que con la lluvia se ha estado erosionando y actualmente ya presenta un alto riesgo para nosotros porque ha habido varios deslizamiento ponte seguido en la casa vivimos 2 adultos mayores y hemos notificado esta situación a inspectores que recientemente han visitado la zona y nos han recomendado levantar la alerta con su persona con el fin de solicitar apoyo pues realmente la situación de este punto es riesgosa.” “Por esta razón apelamos a su disposición y ayuda para que sean tomadas las medidas que correspondan, pues en ocasiones en el patio juegan mis nietos y es muy peligroso en este momento por la erosión que presenta.” (adjunta fotografías folio 0002,0003,).

2- En folio 0009, con fecha del 9 de agosto del 2024, mediante el acta de inspección 02-2024, se indicó que se realizó inspección determinando la existencia de una ladera con erosión que se está deslizando, determinándose un riesgo, razón por la cual se solicitará apoyo a la Región Central Sur para determinar las condiciones del terreno.

3- En folio 00010, con fecha del 9 de agosto del 2024, se hace traslado a compañero Cristian Rodríguez Ramírez, representante de la Comisión de Emergencia Municipal la denuncia 238- 2024 interpuesta por la señora Nombre01 para que realicemos inspección conjunta. (no hubo respuesta).

4- En folio 00011, con fecha del 19 de agosto del 2024, se solicitó inspección conjunta al ingeniero Mario Iván, funcionario de la Municipalidad de Goicoechea para el viernes 23 de agosto del 2024 a las 9 am. (no hubo respuesta).

5- En folio 0012, con fecha del 20 de agosto del 2025, se solicitó al Proceso de Regulación de la Región Central Sur apoyo para valorar las condiciones del terreno de marras.

6- En folio 0015, 0016 y 0017, mediante el oficio MS-DRRSCS-URS-0514-2024, del 4 de octubre del 2024, suscrito por el Licenciado Allan Bolaños Benavides, funcionario del Proceso de Regulación de la Región Central Sur, recomienda: 1. Trasladar a la Municipalidad de Goicoechea para que dentro de sus potestades verifique y establezca las medidas de ordenamiento urbano correspondientes (acciones realizadas por el Área Rectora desde el 19 de agosto del 2025) 2. Solicitar criterio a la Comisión Nacional de Emergencia para que determine la existencia potencial de algún riesgo tanto para el inmueble en estudio como para los inmuebles vecinos. (accione realizadas por esta Área Rectora desde 9 de agosto del 2025) 7- En folio 0019, con fecha del 18 de noviembre del 2025, se hace traslado del informe MSDRRSCS-URS-0514-2024, con fecha del 4 de octubre del 2024, suscrito por el Licenciado Allan Bolaños Benavides, funcionario del Proceso de Regulación de la Región Central Sur a ingeniería de la Municipalidad de Goicoechea (señor Mario Iván Rojas Sánchez) para que interpusieran sus buenos oficios y dieran respuesta a los puntos 1.

Trasladar a la Municipalidad para que dentro de sus potestades verifique y establezca las medidas de ordenamiento urbano correspondientes en torno a este caso 2. Solicitar criterio a la Comisión Nacional de Emergencia para que determine la existencia potencial de algún riesgo tanto para el inmueble en estudio como para los inmuebles vecinos. Se le indica que estamos en la disposición de realizar inspección conjunta (Sin respuesta) 8- En folio 0019, 0020, con fecha del 23 de enero del 2025, se consultó nuevamente al señor Cristian Rodríguez Ramírez, representante de la Comisión de Emergencia Municipal los siguientes puntos: 1. Dentro del ámbito de sus potestades la Municipalidad de Goicoechea, ha verificado y establecido las medidas de ordenamiento urbano en torno a este caso. 2. Se solicitó criterio a la CNE para que determine la existencia de un riesgo.

9- En folio 0021, con fecha del 11 febrero del 2025, el señor Cristian Rodríguez, representante de la Comisión de Emergencia Municipal, indica mediante correo electrónico: “en este caso la Comisión Municipal de Emergencias no emite este tipo de criterio ya que la Comisión Nacional de Emergencias es un órgano de coordinación para la atención de emergencias, en este caso el punto 1 es soporte de la Dirección de Ingeniería de la Municipalidad, en caso del punto 2 también es resorte del mismo departamento quien cuenta con ingenieros que pueden determinar el grado de riesgo al que se encuentran los inmuebles si fuera necesario determinar la afectación desde el punto de vista geológico se podría coordinar una visita del geólogo de la comisión coma pero esto no implica que desde el punto de vista estructural se debe emitir el criterio 10- En folio 0022 con fecha del 13 de febrero del 2025, se le indico al señor Cristian Rodríguez, representante de la Comisión de Emergencia, se le solicito realizar coordinación con el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencia.

11- En folio 0023 del 05 de mayo del 2025, mediante el oficio CNE.UIAR.INF-0214-2025 , suscrito por el ingeniero Juan Ignacio Chaves Salas, evidencia inestabilidad de la ladera situación que representa un riesgo tanto para la vivienda de la parte baja como para la estructura de la parte alta.

12- En folio 0026, se informa a la señora Mauren Hernández, hija de la señora Nombre01 (denunciante adulta mayor) las acciones realizadas en su caso y se adjuntan los oficios MS-DRRSCS-URS-IT-0514-2024 y el oficio CNE.UIAR.INF-0214-2025, suscrito por el ingeniero Juan Ignacio Salas, quién evidencia inestabilidad de la ladera situación que representa un riesgo tanto para la vivienda de la parte baja como para la estructura de la parte alta.

13- En folios 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, con fecha del 23 de mayo del 2025, se notificó orden sanitaria, MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, a la señora Nombre01, para que realicen las obras necesarias para estabilizar la ladera. La señora no firma, pero se deja en su casa de habitación.

14- En folio 0033, con fecha del 19 de mayo del 2025, se llamó a los señores Arce, propietarios del inmueble ubicado arriba de la ladera para coordinar notificación y envío del oficio el CNE.UIAR.INF-0214-2025, suscrito por el ingeniero Juan Ignacio Salas, quién evidencia inestabilidad de la ladera situación que representa un riesgo tanto para la vivienda de la parte baja como para la estructura de la parte alta.

15- En folio 0037, 0038, con fecha del 26 de mayo del 2025, la señora Nombre01, solicito copia del expediente correspondiente a la denuncia D-238-2024.

16- Mediante folio 0039, con fecha del 27 de mayo del 2025 se le envía expediente D-238- 2024 al correo electrónico ...01.

17- En folio 0042, con fecha del 30 de mayo del 2025, se realizó reunión en la Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea con las partes afectadas; Nombre03(hija de la denunciante) Nombre01(denunciante adulta mayor) Randal Arce Aguilar y Michel Marín Mora ( propietario de la casa arriba de la ladera) ellos indican que desean realizar los trabajos y que ambas partes realizaran la medida paliativa solicita por este Ministerio (ubicar plástico en la ladera para evitar erosión) para cumplir esta actividad se reunirán en la casa de la señora Nombre01 a las 2 de la tarde. La preocupación de las partes es no tener dinero para hacer las mejoras. (el acta de reunión fue firmada por todas las partes).

18- Resalto que el día 30 de mayo del 2025 en la reunión celebrada en el Área Rectora lo cual consta en el folio 0042, las partes acuerdan poner el plástico en la ladera para evitar la erosión y deslizamientos, el señor Randal lo compra y la señora Nombre01 lo coloca en la ladera para evitar la erosión de la lluvia. En folio 0043,0044,0045,0046,0047, del 30 de mayo del 2025 se evidencia la notificación realizada al señor Randall Arce Aguilar.

19- En folio 0048, la señora Nombre03 hija de la denunciante Nombre01 adulta mayor, solicito reunión con el alcalde, COAPAN, CNE, con el objetivo de exponer la situación existente.

20- En folio 0049, se solicitó reunión a varias instituciones IMAS, CONAPAN, Ingeniería Municipal, Alcalde, CNE y a las partes.

21- En folios 0050, 0052, 0053 y 0054, con fecha 30 de mayo del 2025, la señora Nombre01, interpone Recurso de Apelación con Apelación en subsidio, contra la orden sanitaria Nª CS-DARS-G-0700-2025.

22- En folio 0055, con fecha 05 de junio de 2025, mediante acta CS-DARSG-0084-2025, consta que nos presentamos en la vivienda de la señora Nombre01 en compañía de funcionarios de la dirección de ingeniería de la Municipalidad de Goicoechea. En esta inspección la Municipalidad indico que se realizara inspección a la casa que esta en el alto de la ladera para verificar el sistema pluvial.

23- En fecha 10 de junio de 2025, mediante resolución de Recurso de Revocatoria Nª MSDRRSCS-1326-2025, se resuelve SIN LUGAR, en todos sus extremos el recurso de revocatoria incoado.

24- En folio 077 al 0080, en fecha 26 de noviembre de 2025, mediante resolución Nª MSDM-LB-3577-2025, la señora ministra Mary Denisse Munive Angermüller indico: Se confirma la orden sanitaria de cita, suscrita por la dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea y el oficio MS-DRRSCS-1326-2025 suscrito por la Dirección Regional. Por lo cual se declaró SIN LUGAR el recuro de Apelación incoado por la señora Nombre01.

25- En folio 0084, con fecha del 22 de enero del 2026, este Ministerio envió correo a la señora Nombre03 hija de la señora adulta mayor solicitando indicaran la fecha de inicios de obras, sin respuesta. 26- En folio 0085, con fecha del 24 de febrero del 2026 se le solicito a la señora Nombre03 hija de la denunciada adulta mayor anuencia para realizar inspección y corroborar el cumplimiento de las obras realizadas necesarias para minimizar el riesgo de deslizamiento.

27- En folio 0086, la señora Nombre03 Y Randall Arce solicitan prórroga hasta la tercera semana de abril del 2026 con el fin de ajustar los recursos económicos necesarios para cumplir con los requerido. Se le responde a la señora Nombre03 que esta solicitud debe se tramitada bajo el correo electrónico ...02 en cumplimento al protocolo MS.NI.SLA.07.P.06.

Como podrá denotarse claramente, esta autoridad de salud no ha sido omisa en el cumplimiento de sus funciones, ha mantenido informada a la recurrente de las acciones y gestiones realizadas de acuerdo con nuestra competencia, en pro de buscar una solución con la problemática denunciada. Sin embargo, es importante valorar la situación de la recurrente, toda vez que, no depende estrictamente de esta autoridad de salud proporcionar el valor económico que conlleva la implementación de la obra de contención que se requiere para la solución de la problemática expuesta. Dicho esto, esta autoridad de salud seguirá dando el acompañamiento y seguimiento necesario para lograr en el menor tiempo posible la solución definitiva del caso en concreto”.

6En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La recurrente señala que en la parte trasera de su vivienda existe una ladera inestable sobre la cual un vecino construyó una casa sin contar con estudios técnicos ni obras de estabilización, lo que ha provocado deslizamientos de terreno que afectan directamente su propiedad y ponen en riesgo su integridad. Indica que ha planteado denuncias ante diversas autoridades, cuyas inspecciones confirmaron la inestabilidad del talud, la descarga de aguas pluviales hacia su inmueble y el riesgo de colapso; no obstante, pese a su condición de afectada, se le emitió una orden sanitaria que la obliga a asumir, junto con el vecino, el costo de un muro de contención. En ese contexto, la accionante aduce que, junto con su esposo, quien es pensionado, se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que le impide asumir esta carga, la cual incluso ha intentado posponer sin éxito.

Asimismo, sostiene que la municipalidad recurrida permitió la construcción en la parte alta sin exigir medidas de mitigación y que, a diferencia de otros casos en la misma zona, no ha ejecutado obras de contención en su propiedad, pese al riesgo existente. Finalmente, manifiesta que, a pesar de las gestiones realizadas ante distintas instituciones, no ha recibido una solución efectiva, por lo que estima que la actuación de las autoridades recurridas vulnera sus derechos fundamentales al imponerle una carga económica desproporcionada y no garantizar condiciones adecuadas de seguridad en su vivienda.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

f)El 15 de julio de 2024, la recurrente envió una nota dirigida al alcalde de Goicoechea a las direcciones electrónicas ...03, ...04, ...05 y ...06 entre otras, pertenecientes a autoridades de la Municipalidad de Goicoechea, Área Rectora de Salud de Goicoechea y la CNE, en la que sostuvo lo siguiente:

“Le saludo muy respetuosamente y a la vez le presento mi situación. Mi nombre es Nombre01, cédula de identidad CED02, soy propietaria de la casa de habitación ubicada en la Dirección02, en Mata de Plátano, Urbanización Bruncas, Dirección03, contiguo al salón comunal Bruncas, Dirección04# Desde hace varios años hemos estado teniendo dificultades ya que en la parte trasera de la casa hay un muro de tierra que con las lluvias se ha estado erosionando y actualmente ya representa un alto riesgo para nosotros porque han habido varios deslizamientos. En la casa vivimos dos adultos mayores y hemos notificado esta situación a inspectores que recientemente han visitado la zona y nos han recomendado levantar la alerta con su persona con el fin de solicitar apoyo pues realmente la situación en este punto es riesgosa.

Por esta razón apelamos a su disposición y ayuda para que sean tomadas las medidas que correspondan, pues en ocasiones en el patio juegan mis nietos y es muy peligroso en este momento por la erosión que presenta.

Agradezco de antemano la atención que presente a mi solicitud y quedando a la espera de su respuesta” (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).

g)El 09 de agosto de 2024, funcionarios del Área Rectora de Salud de Goicoechea realizaron inspección sanitaria en el inmueble de la recurrente y mediante el acta de inspección ocular nro. 02-24, consignaron los siguientes hallazgos:

“Me presento en la propiedad denunciante y se me permite el ingreso a la vivienda me traslado al patio y observo un deslizamiento de tierra que avanza poco a poco en el patio de la denunciante.

Se observó que entre la casa denunciante y la propiedad que se desliza existe aproximadamente 8 mts de desnivel y existe un alto riesgo de deslizamiento y una posible tragedia.

Se observa que la propiedad vecina, colindante es el salón comunal que cuenta con su muro de contención y no existe deslizamiento.

Con base a esta inspección es necesario pedir apoyo a Nivel Regional y Municipal para establecer una estrategia para minimizar el riesgo” (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).

h)El 04 de octubre de 2024, la Dirección Regional de Rectoría de Salud Central Sur, a través del informe técnico nro. MS-DRRSCS-URS-IT-0514-2024, concluyó y recomendó lo siguiente:

“4.1 CONCLUSIONES Se visita el bien inmueble referido por la solicitud de apoyo profesional de la DARSG, propiedad de la denunciante.

Se determina la existencia de una diferencia de nivel importante entre la vivienda de la denunciante y la propiedad vecina, generándose un talud.

El talud posee indicios de erosión por la acción de las lluvias lo que ha provocado la migración de finos desde las partes altas hasta el pie del talud, generando una acumulación de suelo.

Al momento de la inspección, con lo visualizado desde el patio de la vivienda de la señora Nombre01, no se identifican condiciones de inestabilidad del talud como reptación, pérdida de verticalidad o movimiento de elementos de la edificación en el nivel superior.

Para determinar el grado preciso de estabilidad del talud y las obras de contención necesarias se deberán llevar a cabo prácticas de ingeniería específicas como: estudios, levantamientos, modelajes, análisis, entre otros, propios del área geotécnica, fuera del alcance de este ministerio.

Se considera oportuno la valoración por parte del Comité Municipal de Emergencias (CME), para que se analice la condición geotécnica del terreno y su posible influencia, tanto con el bien inmueble en estudio como con las propiedades circundantes. Este insumo permitirá determinar la existencia de algún riesgo y/o peligro para la salud de los ocupantes y/o vecinos de la edificación en estudio.

4.2 RECOMENDACIONES Se recomienda a la DARSG, lo siguiente:

1. Trasladar el caso a la municipalidad para que, desde el ámbito de sus potestades, verifique y establezca las medidas de ordenamiento urbano que correspondan.

2. Solicitar el criterio del CME para que se determine la existencia potencial de algún riesgo tanto para el inmueble en estudio como para los inmuebles vecinos.

3. Instruir a la denunciante para que se acompañe de un profesional especialista en ingeniería y arquitectura que le asista en la determinación del grado preciso de estabilidad y, eventualmente, en la estimación de las obras de contención necesarias, por medio de la presentación de un plan de acciones correctivas. Lo anterior con fundamento legal en la Ley General de Salud No. 5395, artículos 1, 2, 4, 7, 8, 37, 313 y 319.

4. Aplicar los actos administrativos que considere pertinentes desde el ámbito de competencia de este ministerio” (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).

i)El 05 de mayo de 2025, la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, mediante el informe técnico nro. CNE-UIAR-INF-0214-2025, valoró el riesgo de inestabilidad de la ladera en parte trasera de la vivienda de la accionante, en el que analizó, concluyó y recomendó lo siguiente:

“IV. Análisis general de la amenaza y vulnerabilidad.

A. La parte trasera de la vivienda evaluada se encuentra bajo una ladera en donde; aparentemente, se ha dado caída de material.

B. La ladera está a menos de 4 metros de la vivienda.

C. En la parte alta de la ladera hay estructuras construidas al borde del talud.

V. Conclusiones

A. La evidente inestabilidad de la ladera representa un riesgo tanto para la vivienda en la parte baja como para la estructura de la parte alta.

B. De no intervenir la ladera, con las lluvias de la próxima época lluviosa, se podrían incrementar los derrumbes y por consiguiente se afectaría tanto la vivienda de la parte baja como la estructura en la parte alta.

VI. Recomendaciones

A. Paliativamente se deben colocar plásticos sobre la ladera para evitar que las lluvias saturen el terreno y se den más derrumbes.

B. Se deberá dar parte a los propietarios de la estructura de la parte alta, para que colabore con el adecuado manejo de las aguas pluviales y las medidas de mitigación necesarias.

C. Se debe valorar la posibilidad de realizar una obra de estabilización en la ladera para garantizar la seguridad de ambas estructuras.

D. Cualquier obra que se realice debe de contar con los estudios respectivos y estar bajo la supervisión de un profesional acreditado.

E. Los afectados podrían acudir a instituciones de ayuda; como el IMAS, para que valoren la posibilidad de asistirlos con el financiamiento de la obra” (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).

j)El 23 de mayo de 2025, la Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea le notificó a la tutelada la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, en la cual se dispuso lo siguiente:

“1. Debe colocar de plásticos sobre la ladera para evitar que las lluvias saturen el terreno como medida paliativa.

2. Debe realizar las obras necesarias para canalizar las aguas pluviales que caen a la ladera.

3. Debe presentar a la Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea los estudios de estabilización de la ladera supervisados por un profesional acreditado.

4. Debe realizar las obras necesarias para estabilizar la ladera para garantizar la seguridad de ambas estructuras, supervisadas por un profesional acreditado” (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).

k)El 30 de mayo de 2025, la Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea le notificó al señor Randall Arce Aguilar –propietario colindante de la accionante– la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARS-8-0705-2025, en la cual se dispuso lo siguiente:

“1. Debe colocar de plásticos sobre la ladera para evitar que las lluvias saturen el terreno como medida paliativa.

2. Debe realizar las obras necesarias para canalizar las aguas pluviales que caen a la ladera.

3. Debe presentar a la Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea los estudios de estabilización de la ladera supervisados por un profesional acreditado.

l)El 30 de mayo de 2025, la promovente interpone un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025 (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).
m)El 10 de junio de 2025, la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur declaró sin lugar el recurso de revocatoria en contra de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025 incoado por la parte recurrente (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).
n)El 28 de octubre de 2025, una funcionaria del Área Rectora de Salud de Goicoechea, mediante el acta de inspección ocular nro. MS-RCS-DARSG-0022-2025, consignó los siguientes hallazgos: “Me presento al lugar y me permiten el ingreso pudiendo constatar que están realizando trabajos de medición del terreno para iniciar trabajos. Sin embargo las lluvias han frenado las obras. Se dan seguimiento en el mes de enero 2026” (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).
o)El 26 de noviembre de 2025, la ministra de Salud declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la accionante en contra de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025 (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).
p)El 25 de febrero de 2026, la señora Maureen Herrera –hija de la recurrente– y el señor Randall Arce Aguilar le solicitaron a la funcionaria Catalina Chavarría Solano, destacada en la Unidad de Regulación de la Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea una prórroga para el cumplimiento de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, en los siguientes términos:

“En atención a la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud respecto a la construcción de la obra de contención, me permito manifestar que hemos gestionado diversas cotizaciones con empresas especializadas. No obstante, los montos presentados exceden significativamente nuestro presupuesto inicial, lo que dificulta cumplir con el plazo establecido.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se nos conceda una prórroga hasta la tercer semana del mes de abril, con el fin de ajustar los recursos económicos necesarios y garantizar el cumplimiento de lo requerido. Asimismo, quedamos a su disposición para coordinar una reunión en la que podamos exponerle con mayor detalle nuestra situación y las gestiones realizadas” (véase el informe del ministerio accionado y la prueba aportada al expediente digital).

III.Sobre el Ministerio de Salud. La recurrente sostiene que en la parte trasera de su vivienda existe una ladera inestable sobre la cual un vecino construyó una estructura sin estudios técnicos ni obras de estabilización, lo que ha generado deslizamientos de terreno que afectan su propiedad y representan un riesgo para su integridad. Indica que, pese a las gestiones planteadas ante distintas autoridades, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria que le impone, junto con el propietario colindante, la obligación de ejecutar obras de estabilización, lo cual considera desproporcionado en razón de su condición socioeconómica y de su condición de persona adulta mayor, por lo que solicita la intervención de esta Sala.

Analizado el escrito de interposición del presente recurso, así como la prueba aportada al expediente, este Tribunal determina que lo expuesto por la parte recurrente corresponde, en realidad, a una disconformidad con la orden sanitaria emitida por la autoridad recurrida. En efecto, de los hechos acreditados se desprende que el Ministerio de Salud conoció de la situación denunciada desde el año 2024, realizó inspecciones en el sitio, recabó criterios técnicos especializados –incluido el informe emitido por la CNE– y, con fundamento en dichos insumos, adoptó una serie de medidas dirigidas a mitigar el riesgo detectado, entre ellas la emisión de la orden sanitaria nro. MS-DRRSCS-DARS-G-0700-2025, mediante la cual se dispuso la ejecución de obras de estabilización de la ladera y otras acciones preventivas. Asimismo, consta que la parte recurrente hizo uso de los mecanismos ordinarios de impugnación contra dicho acto administrativo, al interponer recurso de revocatoria con apelación en subsidio, los cuales fueron debidamente conocidos y resueltos por la autoridad competente, confirmándose en todos sus extremos la orden sanitaria emitida. De este modo, no se advierte una omisión por parte de la autoridad recurrida ni una inactividad administrativa que pudiera dar lugar a la intervención de esta jurisdicción constitucional.

Así, la inconformidad planteada por la accionante se dirige, en esencia, a cuestionar la procedencia, alcance y efectos de la orden sanitaria, particularmente en lo relativo a la obligación de asumir los costos de las obras de estabilización y la distribución de las cargas entre las partes involucradas. No obstante, tales aspectos implican un análisis de legalidad ordinaria y de naturaleza eminentemente técnica, relacionado con la valoración del riesgo, la determinación de las medidas correctivas y la asignación de responsabilidades entre particulares, lo cual excede el ámbito de conocimiento de esta jurisdicción constitucional.

Al respecto, es menester indicar que esta Sala no es una instancia más de la Administración, por lo que no le corresponde revisar la procedencia de la orden sanitaria en cuestión, esto, de conformidad con la normativa que rige la materia. Ahora bien, si la recurrente considera que dicho acto administrativo contiene vicios de nulidad o que la distribución de las cargas impuestas resulta improcedente, es un asunto que, como tal, deberá plantear ante la propia autoridad recurrida, o bien, en la vía ordinaria respectiva, donde se podrá conocer el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

En consecuencia, al no evidenciarse una actuación arbitraria, irrazonable o lesiva de derechos fundamentales por parte del Ministerio de Salud, sino una discrepancia con el contenido de un acto administrativo dictado en ejercicio de sus competencias, procede la desestimatoria del recurso, en lo que respecta a esta autoridad.

IV.En cuanto a la Municipalidad de Goicoechea. En lo que respecta a la Municipalidad de Goicoechea, conviene reiterar que el reclamo planteado por la parte recurrente se encuentra directamente vinculado con la orden sanitaria emitida por el Área Rectora de Salud de Goicoechea, mediante la cual se dispusieron las medidas de estabilización de la ladera y se establecieron obligaciones a cargo de los propietarios involucrados. Nótese que la pretensión de la recurrente no se dirige contra una actuación autónoma de la Municipalidad de Goicoechea, sino que deriva de los efectos jurídicos de un acto administrativo dictado por la autoridad sanitaria competente. En esa línea, no consta que esta entidad haya emitido el acto que se cuestiona –la orden sanitaria–.

Ahora bien, aun cuando la parte recurrente atribuye a la municipalidad accionada responsabilidad en la generación del riesgo, tanto por haber permitido la construcción en la parte alta como por no haber ejecutado obras de contención en su propiedad a diferencia de lo que, según afirma, ocurrió con otros vecinos, lo cierto es que tales alegaciones no se encuentran debidamente acreditadas en el expediente, ni permiten, por sí mismas, configurar una lesión a derechos fundamentales. Por el contrario, del propio informe rendido bajo juramento por la autoridad municipal accionada se desprende que el talud existente en la propiedad de la accionante fue objeto de intervenciones realizadas por la propia recurrente, específicamente mediante excavaciones orientadas a ampliar el área del patio, lo cual habría incrementado la pendiente del terreno. Por su parte, el informe técnico de la CNE, consignado en el hecho probado d), da cuenta de la existencia de estructuras construidas en la parte superior de la ladera, al borde del talud, lo que igualmente incide en la condición de riesgo detectada.

En ese sentido, la determinación del origen de la inestabilidad de la ladera y la distribución de responsabilidades entre los involucrados constituyen aspectos de naturaleza técnica que fueron abordados por la autoridad sanitaria competente al emitir la orden sanitaria. De ahí que lo pretendido por la recurrente implique que esta Sala revise tales extremos o disponga la ejecución de obras por parte de la municipalidad accionada, lo cual supondría necesariamente examinar el contenido y alcance de dicho acto administrativo y sustituir a la Administración en una decisión adoptada con fundamento técnico. Tal planteamiento no puede ser atendido en esta sede.

Así las cosas, no se acredita una actuación u omisión arbitraria atribuible a la Municipalidad de Goicoechea que haya provocado una lesión a los derechos fundamentales de la parte recurrente.

V.Respecto al CNE. En lo atiente a esta institución, no se desprende que esta entidad haya emitido acto alguno que resulte lesivo de derechos fundamentales ni que haya incurrido en una omisión injustificada. Por el contrario, su intervención se limitó a la emisión de un informe técnico en el que se valoró la condición de la ladera y se formularon recomendaciones, insumo que fue considerado por la autoridad sanitaria competente para la adopción de las medidas correspondientes. En ese contexto, no se acredita una actuación u omisión arbitraria atribuible a la CNE, sino que su participación fue de carácter técnico y dentro del ámbito de sus competencias, razón por la cual el recurso debe declararse sin lugar en cuanto a esta autoridad.

VI.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Amparo denied over sanitary order for slope stabilizationDesestimación de amparo por orden sanitaria de estabilización de ladera

V. Conclusions

VI. Recommendations

V. Conclusiones

VI. Recomendaciones

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