Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 16879-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/05/2026

Amparo on appointment rescheduling and removal from surgical waiting list at San Carlos HospitalAmparo sobre reprogramación de cita y exclusión de lista de espera quirúrgica en Hospital San Carlos

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo is partially granted, ordering the Physical Medicine appointment of August 4, 2026 to be maintained and treatment determined; dismissed regarding surgery and physical therapy. The majority does not award costs or damages, with dissenting votes ordering abstract condemnation.Se declara parcialmente con lugar el recurso, ordenando mantener la cita de Fisiatría del 4 de agosto de 2026 y determinando el tratamiento; sin lugar en cuanto a la cirugía y terapia física. La mayoría no condena en costas, daños ni perjuicios, con votos salvados que disponen condena en abstracto.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviews an amparo for violation of the right to health of a patient at San Carlos Hospital. The claimant argues that, after undergoing surgery at INS, his pending CCSS procedure was canceled and he was told to restart the process with a new referral. He also complains of unreasonable wait times for Physical Medicine appointments. The Chamber finds that, while the appointment was rescheduled after notice of the amparo, the initial delay constituted a violation. Regarding the surgery, the claim is dismissed because the patient himself stated he no longer needed it. The amparo is partially granted, ordering the appointment to be maintained, with no award of costs, damages or losses according to the majority, though with dissenting votes arguing for abstract condemnation. The ruling includes a note by Judge Rueda Leal on the exponential increase in health and waiting-list amparos.La Sala Constitucional conoce un amparo por violación al derecho a la salud de un paciente del Hospital San Carlos. El recurrente alega que, tras una cirugía realizada en el INS, se le canceló el procedimiento pendiente en la CCSS y se le informó que debía reiniciar el proceso con nueva referencia. Asimismo, denuncia plazos irrazonables para citas en Fisiatría. La Sala constata que, si bien la reprogramación de la cita de Fisiatría se realizó tras la notificación del amparo, se configuró una lesión por la demora inicial. Respecto a la cirugía, desestima el reclamo porque el propio paciente manifestó que ya no la requería. Se declara parcialmente con lugar, ordenando mantener la cita de Fisiatría y sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el criterio de mayoría, aunque con votos salvados que abogan por la condenatoria abstracta. La sentencia incluye una nota del Magistrado Rueda Leal sobre el aumento exponencial de amparos de salud y listas de espera.

Key excerptExtracto clave

Upon review of the record, the Chamber finds it proven that the claimant's arguments regarding the waiting time for necessary medical care are indeed harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in public service delivery. In that sense, the waiting period the claimant was subjected to is unreasonable. Nevertheless, upon notification of the resolution admitting this amparo, the appointment was rescheduled. On the other hand, the claimant asserts he requires surgery; however, with respect to this point, this Tribunal fails to verify a violation of his right to health. Note that, after several telephone calls with the claimant, on December 11, 2025, the user himself stated that he had already received surgical care at the National Insurance Institute and that he did not need to continue the process at this hospital; therefore, it cannot be confirmed that he is currently on a surgical waiting list.Del análisis de los autos, la Sala tiene por demostrado que, efectivamente, lo expuesto por la parte recurrente, respecto al plazo de espera para la atención médica que requiere, resulta lesivo al derecho a la salud, y contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, el plazo de espera al que se pretendía someter al amparado, para la atención médica que amerita, resulta irrazonable. A pesar de lo anterior, con ocasión a la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, se reprogramó la cita requerida por el paciente. Por otro lado, el recurrente asegura que requiere de una cirugía; sin embargo, en cuanto a este extremo, este Tribunal no logra verificar una lesión a su derecho a la salud. Nótese, que luego de varias llamadas telefónicas con el recurrente, el 11 de diciembre de 2025, el propio usuario manifestó que ya había recibido atención quirúrgica en el Instituto Nacional de Seguros y que no requería continuar el proceso en ese hospital, por lo que no se puede constatar que, a la fecha, se encuentre en una lista quirúrgica.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Del análisis de los autos, la Sala tiene por demostrado que, efectivamente, lo expuesto por la parte recurrente, respecto al plazo de espera para la atención médica que requiere, resulta lesivo al derecho a la salud, y contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos."

    "Upon review of the record, the Chamber finds it proven that the claimant's arguments regarding the waiting time for necessary medical care are indeed harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in public service delivery."

    Considerando IV

  • "Del análisis de los autos, la Sala tiene por demostrado que, efectivamente, lo expuesto por la parte recurrente, respecto al plazo de espera para la atención médica que requiere, resulta lesivo al derecho a la salud, y contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos."

    Considerando IV

  • "Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”."

    "Although there is an express legal text mandating that the operative part of the ruling declare the appeal granted, it is also true that the same first paragraph of article 52 of the cited law provides that the granting is issued “solely for purposes of compensation and costs, if applicable.”"

    Considerando V

  • "Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”."

    Considerando V

  • "Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales."

    "As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated by the rule, not only because exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the violation of their constitutional rights."

    Considerando VII (Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado)

  • "Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales."

    Considerando VII (Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado)

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Review of the Document CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the thirteenth of May, two thousand twenty-six.

Amparo remedy processed under case file No. 26-014196-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND.

WHEREAS:

  1. 1Through a brief added to the digital case file at 18:38 hours on April 22, 2026, the petitioner files an amparo remedy against the Costa Rican Social Security Fund, stating that he is a patient of the Orthopedics service at the San Carlos hospital. He indicates that, on occasion of what was resolved in a prior amparo, on December 11, 2025, he was informed of the scheduling of a surgery for December 27, 2025. He notes that he explained the impossibility of attending on that date, due to having recently undergone surgery on his left knee at the National Insurance Institute (INS). He mentions that, on this matter, he was told that he had to manage another referral with the doctor at his assigned EBAIS and start the process over again. He affirms that his right knee is quite affected and he has neither scheduled appointments nor follow-up. He adds that he also suffers from problems in his left shoulder and has not yet been evaluated, despite the issuance of a referral for this purpose. He mentions that in December, he was referred from the Neurosurgery service of the San Carlos hospital to physical therapy at that same hospital, for which appointments were scheduled for May 2026 and July 2027. He considers that what has been described violates his fundamental rights. He requests that the remedy be granted.
  2. 2By means of the resolution at 13:21 hours on May 5, 2026, the Presidency of the Chamber granted a hearing to the medical director and the head of the Orthopedics service, and the head of the Physical Therapy service, all of the San Carlos Hospital, regarding the facts alleged by the petitioner.
  3. 3Through a brief added to the Chamber's digital case file at 09:50 hours on May 12, 2026, Daniel Abarca Hernández and José Andrés Montoya Ledezma, in their order the general director and the head of the Surgery and Orthopedics service, both of the San Carlos Hospital, report under oath that the user's pending appointments do not correspond to physical therapy, but rather to the Physiatry service. The patient has two active appointments: one at the Back Clinic in a group modality scheduled for May 26, 2026, and another individual consultation in Rehabilitation; all necessary actions have been taken for adequate patient care, and a new appointment date is provided at the Physiatry Outpatient Clinic on Tuesday, August 4, 2026, at 2:00 p.m. with Dr. Luis Diego Rojas Araya. Section 3B. They add that the patient was evaluated in October 2025 by the Orthopedics Service and was placed on the surgical waiting list for diagnostic arthroscopy and meniscal remodeling of the knee.In December 2025, he was contacted for surgical scheduling; however, on December 11, 2025, the user himself indicated that he had already undergone surgery by the National Insurance Institute (INS). Due to the above, the waiting list was purged, and he was discharged by the Orthopedics Service, as recorded in an administrative note. He currently has no follow-up visits, appointments, or active processes in Orthopedics at this facility. In accordance with the clinical record and reports from the Integrated Health Record System (SIES), this hospital made multiple telephone calls related to the petitioner's preoperative process, which are detailed chronologically below: On November 26, 2025, a telephone call was made to the user for the purpose of informing him of the need to present himself for the pickup and completion of preoperative tests (laboratory tests, electrocardiogram, and chest x-ray), essential for the preoperative evaluation and eventual surgical scheduling.On December 4, 2025, a new contact was recorded, expressly noting that the patient did not attend to complete or pick up the previously requested preoperative tests, despite having been timely contacted. Finally, on December 11, 2025, a third telephone call was made, during which the user himself stated that he had already received surgical care at another medical center, specifically the National Insurance Institute, indicating that he no longer needed to continue the surgical process at this hospital. They request that the remedy be denied.
  4. 4The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Drafted by Judge Araya García; and,

WHEREAS:

I. PURPOSE OF THE REMEDY

The petitioner alleges that on December 11, 2025, he was informed of the scheduling of a surgery for December 27, 2025. He notes that he explained the impossibility of attending on that date, due to having recently undergone surgery on his left knee at the National Insurance Institute (INS). He mentions that, on this matter, he was told that he had to manage another referral with the doctor at his assigned EBAIS and start the process over again. He mentions that in December, he was referred from the Neurosurgery service of the San Carlos hospital to physical therapy at that same hospital, for which appointments were scheduled for May 2026 and July 2027.

II. PROVEN FACTS

Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • 1)The petitioner is a forty-five-year-old person (see public inquiry conducted on the website of the Supreme Electoral Tribunal).
  • 2)On November 26, 2025, the respondent authority made a telephone call to the user to inform him of the need to present himself for the pickup and completion of preoperative tests (laboratory tests, electrocardiogram, and chest x-ray), essential for the preoperative evaluation and eventual surgical scheduling (see report rendered by the respondent authority).
  • 3)On December 4, 2025, the respondent authority recorded a new contact, expressly noting that the patient did not attend to complete or pick up the previously requested preoperative tests, despite having been timely contacted (see report rendered by the respondent authority).
  • 4)On December 11, 2025, the respondent authority made a third telephone call, during which the user himself stated that he had already received surgical care at another medical center, specifically the National Insurance Institute, indicating that he no longer needed to continue the surgical process at this hospital (see report rendered by the respondent authority).
  • 5)The resolution at 13:21 hours on May 5, 2026, which initiates this process, was notified to the medical authorities on May 7, 2026 (see notification records).
  • 6)On the occasion of the notification of the resolution that initiated this process, the appointment requested by the patient in the specialty of Physiatry was rescheduled for August 4, 2026 (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities).

III. ON THE RIGHT TO HEALTH

This Tribunal has recognized the full validity of the right to health, which derives from the right to life contemplated in Article 21 of the Political Constitution, which is the cornerstone upon which the remaining fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Thus, it has recognized that life is inconceivable if an adequate and harmonious physical, psychological, and environmental balance is not guaranteed to individuals. Consequently, delay or inaction in medical care by health centers can have negative repercussions on the health and life of individuals. Likewise, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest possible level of physical and mental health, for which the State and its institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of illnesses, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all persons.

IV. ON THE MERITS

In the sub lite case, the petitioner alleges that on December 11, 2025, he was informed of the scheduling of a surgery for December 27, 2025. He notes that he explained the impossibility of attending on that date, due to having recently undergone surgery on his left knee at the National Insurance Institute (INS). He mentions that, on this matter, he was told that he had to manage another referral with the doctor at his assigned EBAIS and start the process over again. He mentions that in December, he was referred from the Neurosurgery service of the San Carlos hospital to physical therapy at that same hospital, for which appointments were scheduled for May 2026 and July 2027.

In this regard, the respondent medical authority, in its report rendered under the solemnity of an oath, indicates that on November 26, 2025, it contacted the user by telephone to inform him of the need to pick up and complete the preoperative tests required for his evaluation and eventual surgical scheduling. It affirms that on December 4, 2025, a record was made that the petitioner did not attend to complete or pick up said tests, despite having been previously contacted. Subsequently, it assures that on December 11, 2025, during a third telephone call, the user himself stated that he had already received surgical care at the National Insurance Institute and no longer needed to continue the process at that hospital. Finally, it assures that the appointment requested by the patient in the specialty of Physiatry was rescheduled for August 4, 2026.

From the analysis of the case file, the Chamber considers it proven that, indeed, what was stated by the petitioner regarding the waiting period for the medical care he requires is injurious to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services. In this sense, the waiting period to which the petitioner was intended to be subjected for the medical care he merits is unreasonable. Despite the above, on the occasion of the notification of the resolution that initiated this process, the appointment requested by the patient was rescheduled. In conclusion, having accredited the alleged violation of the petitioner's right to health, it is appropriate to grant the remedy, in the terms set forth in the operative part of this Judgment, insofar as his evaluation is concerned.

On the other hand, the petitioner asserts that he requires surgery; however, regarding this point, this Tribunal cannot verify an injury to his right to health. It should be noted that after several telephone calls with the petitioner, on December 11, 2025, the user himself stated that he had already received surgical care at the National Insurance Institute and no longer needed to continue the process at that hospital, so it cannot be verified that, to date, he is on a surgical list. Therefore, regarding the surgery, the remedy must be dismissed.

Finally, regarding the specialty of Physical Therapy, it is considered proven that the petitioner receives care only in the Physiatry service, so regarding said authority, the remedy is denied, given that it has no involvement in the matter.

V. ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION

Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the granting that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which provides: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted (...)", should be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the remedy is granted, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law refers to the granting being ordered "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate." It is emphasized that the Law indicates "if they are appropriate," which means that the appropriateness or inappropriateness of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal.

In cases such as this, where an abnormal termination of the process occurs, comparable to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority opinion that costs should not be awarded, nor damages and prejudices, because the economic consequences of the judgment are similar to those of archiving the case file. Furthermore, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo, there are no elements of judgment to suggest otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the appropriateness of indemnification. When laws present omissions or deficiencies, it is incumbent upon judges to rectify these shortcomings; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other recourse than to interpret and apply them according to the requirements of procedural logic.

To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, which states that: "any resolution that upholds the remedy shall impose an abstract award for the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This refers to a natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, Public Law and General Procedural Law, or, where applicable, International or Community Law, and also, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedure Code and other procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf.

Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. Added to the above are factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which there has been an abusive exercise of vicarious action in the amparo remedy, for purposes of enrichment through indemnification, insofar as the alleged victims do not participate directly. Based on the above, it is the majority opinion to resolve this remedy without an award of costs, damages, or prejudices.

VI. NOTE FROM JUDGE RUEDA LEAL

The issue of amparo remedies related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of process has seen an exponential increase, as shown by this Tribunal's statistics.

Number of health case files admitted to the Constitutional Chamber:

YEARHEALTH CASES
20121745
20131891
20142710
20153725
20164865
20175682
20186932
20197623
20205912
20217796
20228310
202312845
202415300
202511697*

*Data updated as of September 4, 2025.

From the table above, it can be inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the increase in these matters during 2024 is highlighted, when this subject matter reached 42.94% of the Tribunal's caseload.

Of those matters, a large number correspond to waiting lists. Regarding the foregoing, this Tribunal, in judgment No. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, due to the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the above, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of that ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in case file No. Telf01, among which are indicated: lack of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, lack of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs and increasing demand at the primary care level, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others.

In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting times must be defined by pathology or related diagnostic groups according to symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to determine the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must consider the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the vote in question aims for the Costa Rican Social Security Fund ‑within the framework of its constitutional and legal powers‑ to take the measures required to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.

In addition to this, with the purpose of monitoring compliance with the referenced judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsperson to assist in monitoring the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.

VII.PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the remedy, I depart from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the petitioner.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate." On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

"...any resolution that upholds the remedy shall impose an abstract award for the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This latter norm establishes the general system that regulates the issue of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights...".

In the majority's opinion, Article 51, cited, regulates those cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Tribunal verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the remedy, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a case contemplated in Article 52, referenced-, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the remedy.

This rule is nothing more than the recognition, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave grounds for the granting of the remedy, a subject regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by the respondent authority's own decision, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in any of these cases, an imperative need always arises for an award of costs, damages, and prejudices against the infringer, the basis of which is found in the principles of protection of individual rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices caused by its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and prejudices, as such a case forms an integral part of the general system of necessary award on those points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor has it ruled on the merits of the claim, has verified the violation that the petitioner has suffered in their fundamental rights, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the process." The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution initiating the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights.

Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, despite the granting of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be granted "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices in the event of a violation of fundamental rights, said award is always appropriate, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly evident that, in the specific case, no prejudice capable of being compensated was caused. Only and uniquely under such circumstances could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. Since in this case, there is no element whatsoever to refute the presumption that economic damages and prejudices arose for the petitioner from the challenged actions -the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this remedy must necessarily entail the award of costs, damages, and prejudices, and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo processes do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and prejudices, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the system of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, however, it does not delve into the assessment of whether these issues have or have not generated injuries in the strictly patrimonial sphere of the petitioners. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, provides that said award (in damages, prejudices, and costs) operates, if appropriate, the undersigned do not consider that this examination of pertinence may, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo remedy, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, as applicable), have constituted the adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable.

For reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedure Code, Law No. 8508, define a special process whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following purpose:

"ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo processes against Public Law subjects, solely in relation to the proof, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications." It is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract award of damages in those categories, since such claims would not be appropriate within that type of proceeding when the judgment handed down in the amparo proceeding expressly establishes the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement on this point. That is, the special process in the contentious-administrative jurisdiction requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber.

In that vein, in my view, pursuant to the aforementioned Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the dispensation from that pecuniary award requires the demonstration, in each case, of situations based on which it is reasonably determined that there are no pecuniary injuries, even potential ones, arising from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception which, as such, requires a qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is handed down revoking, halting, or suspending the challenged action, does not, in itself, rule out that, prior to that cessation due to the respondent entity’s own cause or external cause, the alleged indolence or the reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such substantive issues relating to the actual occurrence of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and concerning which, pursuant to the provisions of the aforementioned Article 52, are characteristic of an abstract award that later forms the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction.

The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is emphasized, that is not their purpose or primary rationale. Thus, the party seeking amparo is not responsible for claiming or demonstrating damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative actions have caused them injuries is a matter that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of proceeding. It should be noted that, in the scenario regulated by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the aforementioned supervening circumstance. Ergo, in these cases, by legal mandate, no assessment is made as to whether or not there is an infringement, whereby, much less can it be determined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations giving rise to potential civil compensation.

Accordingly, the dispensation from an award referred to in that rule is exceptional, not a matter of principle. Therefore, in those scenarios, the rule imposes an abstract award, so that its appropriateness may be analyzed in another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent, may have suffered injuries to their pecuniary sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by Article 45 of the Constitución Política, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 thereof. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted causing the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the person’s fundamental rights.

That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, whether the persistence of the threat or the deterioration of their situation, insofar as it was made to cease for the reasons mentioned in the rule under examination, generated damages and losses is an issue that, absent proof to the contrary, must be analyzed in an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, must in no way be denied as a presupposition merely because of the occurrence of the hypothetical fact regulated by the aforementioned Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this remedy must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and losses.

VIII. DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT

Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if these are appropriate.” My interpretation of that rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if these are appropriate” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution granting the remedy shall award in the abstract the indemnification for damages and losses caused and the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract award, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction shall so declare, since it is for that judge alone to find the actual existence and magnitude thereof as proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is intended, it would incentivize the Administration to respect rights only when an amparo remedy exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it deems it just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

Based on the foregoing, I partially dissent from the dispositive part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.

IX. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE

The parties are advised that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The remedy is partially granted, without special award of costs, damages, and losses, solely regarding the scheduling of the assessment appointment required in the Physiatry specialty. Daniel Abarca Hernández, in his capacity as director general of Hospital San Carlos, or whoever occupies that position, is ordered to arrange what is necessary, within the scope of his authority, to maintain the appointment scheduled for August 4, 2026, in the Physiatry specialty at that medical center and to determine the medical treatment to be followed for the management of the pathology. The respondent authorities are warned that, pursuant to the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punishable. Magistrate Rueda Leal notes his separate opinion. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders the award of damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not the award of costs. In all other respects, the remedy is denied.- Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Telephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

Secciones

Marcadores

Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-014196-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito incorporado al expediente digital al ser las 18:38 horas del 22 de abril de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, y manifiesta que es paciente del servicio de Ortopedia del hospital de San Carlos. Señala que con ocasión de lo resuelto en un amparo anterior, el 11 de diciembre de 2025 se le comunicó la programación de una cirugía para el 27 de diciembre de 2025. Acota que explicó la imposibilidad de asistir en esa fecha, debido a que recientemente se le había operado la rodilla izquierda en el Instituto Nacional de Seguros (INS). Menciona que sobre el particular, se le indicó que debía gestionar otra referencia ante el médico del EBAIS de adscripción y empezar el proceso de nuevo. Afirma que su rodilla derecha está bastante afectada y no cuenta con citas programadas ni control. Añade que también sufre de problemas en su hombro izquierdo y aún no se le ha valorado, pese a la emisión de una referencia para tales efectos. Menciona que en diciembre fue remitido del servicio de Neurocirugía del hospital de San Carlos a terapia física en ese mismo nosocomio, cuyas citas se le programaron para mayo de 2026 y julio de 2027. Estima que lo descrito conculca sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Mediante la resolución de las 13:21 horas del 05 de mayo de 2026, la Presidencia de la Sala concedió audiencia al director médico y al jefe del servicio de Ortopedia, y al jefe del servicio de Terapia Física, todos del Hospital de San Carlos, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.
  3. 3Por escrito agregado al expediente digital de la Sala a las 09:50 horas el 12 de mayo de 2026, informan bajo juramento Daniel Abarca Hernández y José Andrés Montoya Ledezma, por su orden el director general y el jefe del servicio de Cirugía y Ortopedia, ambos del Hospital San Carlos, que las citas pendientes del usuario no corresponden a terapia física, sino al servicio de Fisiatría. El paciente mantiene dos citas activas: una en la Clínica de Espalda en modalidad grupal programada para el 26 de mayo de 2026 y otra consulta individual en Rehabilitación, se han realizado todas las acciones necesarias para una adecuada atención del paciente, y se brinda una nueva fecha de atención en la Consulta Externa de Fisiatría el martes 04 agosto 2026 a las 2:00 pm con el Dr. Luis Diego Rojas Araya. Sección 3B. Agregan que el paciente fue valorado en octubre de 2025 por el Servicio de Ortopedia, ingresándose a lista de espera quirúrgica para artroscopía diagnóstica y remodelación meniscal de rodilla.En diciembre de 2025 fue contactado para programación quirúrgica; sin embargo, el 11 de diciembre de 2025 el propio usuario indicó que ya había sido intervenido quirúrgicamente por el Instituto Nacional de Seguros (INS). Debido a lo anterior, se procedió a la depuración de la lista de espera y se otorgó alta por parte del Servicio de Ortopedia, según consta en nota administrativa. Actualmente no registra controles, citas ni procesos activos en Ortopedia en este establecimiento. De conformidad con el expediente clínico y los reportes del Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES), este hospital realizó múltiples gestiones telefónicas relacionadas con el proceso preoperatorio del recurrente, las cuales se detallan cronológicamente a continuación: El 26 de noviembre de 2025 se efectuó una llamada telefónica al usuario con el objetivo de indicarle la necesidad de presentarse para el retiro y realización de los estudios preoperatorios (laboratorios, electrocardiograma y radiografía de tórax), indispensables para la valoración preoperatoria y eventual programación quirúrgica.El 04 de diciembre de 2025 se consignó una nueva gestión en la que se deja constancia expresa de que el paciente no asistió a realizarse ni a retirar los estudios preoperatorios previamente solicitados, pese a haber sido oportunamente contactado. Finalmente, el 11 de diciembre de 2025 se realizó una tercera llamada telefónica, oportunidad en la cual el propio usuario manifestó que ya había recibido atención quirúrgica en otro centro médico, específicamente en el Instituto Nacional de Seguros, indicando que no requería continuar el proceso quirúrgico en este hospital. Solicitan se declare sin lugar el recurso.
  4. 4En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el MagistradoAraya García; y,

CONSIDERANDO:

I. OBJETO DEL RECURSO

La parte recurrente alega que el 11 de diciembre de 2025 se le comunicó la programación de una cirugía para el 27 de diciembre de 2025. Acota que explicó la imposibilidad de asistir en esa fecha, debido a que recientemente se le había operado la rodilla izquierda en el Instituto Nacional de Seguros (INS). Menciona que sobre el particular, se le indicó que debía gestionar otra referencia ante el médico del EBAIS de adscripción y empezar el proceso de nuevo. Menciona que en diciembre fue remitido del servicio de Neurocirugía del hospital San Carlos a terapia física en ese mismo nosocomio, cuyas citas se le programaron para mayo de 2026 y julio de 2027.

II. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • 1)El amparado es una persona de cuarenta y cinco años de edad (véase consulta pública realizada en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones).
  • 2)El 26 de noviembre de 2025, la autoridad recurrida efectuó una llamada telefónica al usuario para indicarle la necesidad de presentarse para el retiro y realización de los estudios preoperatorios (laboratorios, electrocardiograma y radiografía de tórax), indispensables para la valoración preoperatoria y eventual programación quirúrgica (véase informe rendido por la autoridad recurrida).
  • 3)El 04 de diciembre de 2025, la autoridad recurrida consignó una nueva gestión en la que se deja constancia expresa de que el paciente no asistió a realizarse ni a retirar los estudios preoperatorios previamente solicitados, pese a haber sido oportunamente contactado (véase informe rendido por la autoridad recurrida).
  • 4)El 11 de diciembre de 2025, la autoridad recurrida realizó una tercera llamada telefónica, oportunidad en la cual el propio usuario manifestó que ya había recibido atención quirúrgica en otro centro médico, específicamente en el Instituto Nacional de Seguros, indicando que no requería continuar el proceso quirúrgico en este hospital (véase informe rendido por la autoridad recurrida).
  • 5)La resolución de las 13:21 horas del 05 de mayo de 2026, la cual da curso a este proceso, fue notificada a las autoridades médicas el 07 de mayo de 2026 (véanse actas de notificación).
  • 6)Con ocasión a la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, se reprogramó la cita requerida por el paciente en la especialidad de Fisiatría para el 04 de agosto de 2026 (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

III. SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención medica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.

IV. SOBRE EL FONDO

En el sub lite, la parte recurrente alega que el 11 de diciembre de 2025 se le comunicó la programación de una cirugía para el 27 de diciembre de 2025. Acota que explicó la imposibilidad de asistir en esa fecha, debido a que recientemente se le había operado la rodilla izquierda en el Instituto Nacional de Seguros (INS). Menciona que sobre el particular, se le indicó que debía gestionar otra referencia ante el médico del EBAIS de adscripción y empezar el proceso de nuevo. Menciona que en diciembre fue remitido del servicio de Neurocirugía del hospital de San Carlos a terapia física en ese mismo nosocomio, cuyas citas se le programaron para mayo de 2026 y julio de 2027.

Al respecto, la autoridad médica recurrida, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, indica que el 26 de noviembre de 2025 se contactó telefónicamente con el usuario para indicarle la necesidad de retirar y realizarse los estudios preoperatorios requeridos para su valoración y eventual programación quirúrgica. Afirma que el 04 de diciembre de 2025 se dejó constancia de que el amparado no asistió a efectuarse ni a retirar dichos estudios, pese a haber sido previamente contactado. Posteriormente, asegura que el 11 de diciembre de 2025, durante una tercera llamada telefónica, el propio usuario manifestó que ya había recibido atención quirúrgica en el Instituto Nacional de Seguros y que no requería continuar el proceso en ese hospital. Finalmente, asegura que se reprogramó la cita requerida por el paciente en la especialidad de Fisiatría para el 04 de agosto de 2026.

Del análisis de los autos, la Sala tiene por demostrado que, efectivamente, lo expuesto por la parte recurrente, respecto al plazo de espera para la atención médica que requiere, resulta lesivo al derecho a la salud, y contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, el plazo de espera al que se pretendía someter al amparado, para la atención médica que amerita, resulta irrazonable. A pesar de lo anterior, con ocasión a la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, se reprogramó la cita requerida por el paciente. En conclusión, al haberse acreditado la acusada violación del derecho a la salud del tutelado, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia, en lo que a su valoración se refiere.

Por otro lado, el recurrente asegura que requiere de una cirugía; sin embargo, en cuanto a este extremo, este Tribunal no logra verificar una lesión a su derecho a la salud. Nótese, que luego de varias llamadas telefónicas con el recurrente, el 11 de diciembre de 2025, el propio usuario manifestó que ya había recibido atención quirúrgica en el Instituto Nacional de Seguros y que no requería continuar el proceso en ese hospital, por lo que no se puede constatar que, a la fecha, se encuentre en una lista quirúrgica. Por ende, en cuanto a la cirugía, el recurso debe ser desestimado.

Por último, en cuanto a la especialidad de Terapia Física, se tiene por demostrado que el amparado no recibe atención sino en el servicio de Fisiatría, por lo que en cuanto a dicha autoridad se declara sin lugar el recurso, toda vez que no tiene injerencia en el asunto.

V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización.

Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-.

Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

VI. NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL

El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 11697* *Datos actualizados al 4 de setiembre de 2025.

Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el incremento de estos asuntos durante el 2024, cuando esta materia alcanzó el 42.94% del circulante del Tribunal.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.

En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.

Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

VII.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.

Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.

A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.

Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.

Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.

Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.

Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VIII. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA

Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

IX. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente en cuanto a la programación de la cita de valoración requerida en la especialidad de Fisiatría. Se ordena a Daniel Abarca Hernández en su condición de director general del Hospital San Carlos, o a quien ocupe dicho cargo, que disponga lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, para que se mantenga la cita programada para el 04 de agosto de 2026 en la especialidad de Fisiatría en ese centro médico y se determine el tratamiento médico a seguir para el manejo de la patología. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad a lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

      Concept anchorsAnclajes conceptuales

        Spanish key termsTérminos clave en español

        News & Updates Noticias y Actualizaciones

        All articles → Todos los artículos →

        Weekly Dispatch Boletín Semanal

        Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

        ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

        One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

        Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
        Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

        Stay Informed Mantente Informado

        Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

        Email Updates Actualizaciones por Correo

        Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

        Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

        WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

        Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

        Join Channel Unirse al Canal
        Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
        🙏