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Res. 16259-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/05/2026

Amparo for SINAC failure to respond to Forest Management Plan requestAmparo por omisión de respuesta del SINAC a solicitud sobre Plan de Manejo de Bosque

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The appeal is granted, without a special award of costs, damages and losses for the majority. Judge Salazar Alvarado partially dissents and imposes costs, damages and losses; Judge Garro Vargas partially dissents and orders damages but not costs.Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios para la mayoría. Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado impone costas, daños y perjuicios; voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas ordena condena en daños y perjuicios pero no en costas.

SummaryResumen

The petitioner requested from SINAC's Tempisque Conservation Area information on the existence and copies of a Forest Management Plan for a specific property. The agency failed to respond within the legal ten-day deadline, only acknowledging receipt and forwarding the request to legal counsel, even after reminders. The Constitutional Chamber granted the amparo for violation of the right to petition and timely response, as the information was only provided after the amparo was admitted. The majority did not award costs or damages, finding no impact on a clearly patrimonial constitutional right and considering the late compliance satisfactory. Two separate partial dissents were issued: Judge Salazar Alvarado imposed costs and damages due to the breach of the constitutional deadline; Judge Garro Vargas ordered damages but not costs.La recurrente solicitó al Área de Conservación Tempisque del SINAC información sobre la existencia y copias de un Plan de Manejo de Bosque en un terreno específico. La entidad no contestó en el plazo legal de diez días hábiles, limitándose a acusar recibo y trasladar la gestión a asesoría jurídica, incluso después de reiteraciones. La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso por violación del derecho de petición y pronta respuesta, ya que la información fue suministrada hasta después de notificado el amparo. La mayoría no impuso condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que no hubo afectación a un derecho patrimonial evidente y que la restitución fue satisfactoria. Se emitieron votos salvados parciales: el magistrado Salazar Alvarado impuso condenatoria en costas, daños y perjuicios por el incumplimiento del plazo constitucional; la magistrada Garro Vargas ordenó la condenatoria en daños y perjuicios pero no en costas.

Key excerptExtracto clave

IV.- SPECIFIC CASE. It was verified that the petitioner made the information request she claims, through email accounts that are provided as official communication mechanisms of the respondent. Likewise, it is recorded that, upon notification of the transfer order to the respondent authority, the requested information was provided to the protected party. However, since this occurred once this matter was already under way, the Chamber considers that the appeal must be granted, as will be stated. V.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber finds that, in the instant case, in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if applicable"), the grant must be without a special award of costs, damages and losses, based on the following considerations. While there is an express statutory text requiring the operative part of the ruling to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is pronounced "solely for purposes of compensation and costs, if applicable." It is underscored that the Law says "if applicable," meaning that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to an impact on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary).IV.- CASO CONCRETO. Se comprobó que la recurrente formuló la solicitud de información que afirma, a través de unas cuentas de correo electrónico que se encuentran previstas como mecanismos oficiales de comunicación de la recurrida. Igualmente, consta que, con ocasión de notificación del auto de traslado a la autoridad recurrida, se suministró a la amparada lo pedido. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá. V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario).

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se comprobó que la recurrente formuló la solicitud de información que afirma, a través de unas cuentas de correo electrónico que se encuentran previstas como mecanismos oficiales de comunicación de la recurrida. Igualmente, consta que, con ocasión de notificación del auto de traslado a la autoridad recurrida, se suministró a la amparada lo pedido. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso."

    "It was verified that the petitioner made the information request she claims, through email accounts that are provided as official communication mechanisms of the respondent. Likewise, it is recorded that, upon notification of the transfer order to the respondent authority, the requested information was provided to the protected party. However, since this occurred once this matter was already under way, the Chamber considers that the appeal must be granted."

    Considerando IV

  • "Se comprobó que la recurrente formuló la solicitud de información que afirma, a través de unas cuentas de correo electrónico que se encuentran previstas como mecanismos oficiales de comunicación de la recurrida. Igualmente, consta que, con ocasión de notificación del auto de traslado a la autoridad recurrida, se suministró a la amparada lo pedido. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso."

    Considerando IV

  • "Tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo."

    "Being a constitutionally endorsed deadline - both by the legislator and by this Constitutional Court - its noncompliance entails a violation of the fundamental right that prompted the petitioner to file this amparo appeal as a mechanism to obtain a response to her request or access to the information required, regardless of whether the response or delivery of information occurred before or upon the amparo."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, Considerando VI

  • "Tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, Considerando VI

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Case Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the seventh of May two thousand twenty-six.

Amparo action brought by Nombre01, identity card CED01, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

WHEREAS:

  1. 1By means of a brief filed at 13:15 hours on March 31, 2026, the petitioner brought an amparo action against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, since, as she affirms, on February 18, 2026, through the email addresses ...01, ...02, and ...03, she sent a communication to the respondent authority in which she requested the following information: "(…) Firstly, I request to be informed whether in that Conservation Area there exists, -whether in process or approved-, any Forest Management Plan (Plan de Manejo de Bosque) within the land comprised in the cadastral map (plano matrícula) , which originally corresponded to the property (finca) matrícula , whose current map number is , having been segregated the properties with the map and with the map . I request that if an administrative file for said Forest Management Plan exists, I be provided with certified copies thereof, for which I hereby request to be informed of what is necessary to coordinate the obtaining of copies and their certification, preferably digitally, for legal purposes.(…)". She points out that, through official letter no. CARTA-SINAC-ACT-DR-326-2026 of February 26, 2026, receipt of the filing was acknowledged; however, far from issuing a substantive, express, and reasoned response to what was requested, it merely informed her that the filing had been forwarded to the Legal Advisory Directorate of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía). She mentions that, due to the lack of response, on March 18 and 26, 2026, she reiterated her request for information; yet, as of the date of filing the action, she has not received a response. She considers her fundamental rights to have been harmed. She requests the intervention of this Chamber.
  2. 2By resolution at 17:24 hours on April 17, 2026, the action was admitted and the director of the Tempisque Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación was requested to submit a report on the facts alleged.
  3. 3Nelson Marín Mora, in his capacity as regional director of the Tempisque Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, reports under oath that, by means of official letter CARTA-SINAC-ACT-DR-641-2026 of April 21, 2026, file TE-TE01-IF-0003-2026 was transferred to the protected party through an access link on OneDrive, as it is a heavy file.
  4. 4The legal formalities have been observed in the proceedings that have been followed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

WHEREAS:

I. PURPOSE OF THE ACTION

The petitioner notes that in mid-March of the current month, she formulated a request before the respondent office, so that she might be provided with information of public interest; however, the term foreseen to attend to her request having expired, what was requested had not been provided to her. She affirms that this proceeding is contrary to her fundamental rights.

II. PRELIMINARY ISSUE

In the resolution admitting this amparo, the respondent authority was asked to indicate whether the emails through which the petitioner sent her request are established as an official communication mechanism of their institution. Given that it did not do so, they are considered as such, in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).

III. PROVEN FACTS

The following are considered proven as relevant to the decision of this amparo action:

  • 1)On February 18, 2026, the petitioner formulated a request before the Tempisque Conservation Area, through electronic means, to the effect that: “(…) Firstly, I request to be informed whether in that Conservation Area there exists, -whether in process or approved-, any Forest Management Plan (Plan de Manejo de Bosque) within the land comprised in the cadastral map (plano matrícula) , which originally corresponded to the property (finca) matrícula -Z-000, whose current map number is G-0052763-2023, having been segregated the properties Telf01 with the map G-002999-2024 and 5-2811-Z-000 with the map G-0052191-2022. I request that if an administrative file for said Forest Management Plan exists, I be provided with certified copies thereof, for which I hereby request to be informed of what is necessary to coordinate the obtaining of copies and their certification, preferably digitally, for legal purposes (…)” (copy attached to the filing brief).
  • 2)The email accounts ...01, ...02, and ...03 are established as official communication mechanisms of the respondent (uncontested fact).
  • 3)At 14:49 hours on April 21, 2026, the transfer order was notified to the respondent authority (notification records visible in the Event History of the Electronic File).
  • 4)By means of official letter CARTA-SINAC-ACT-DR-641-2026 of April 21, 2026, file TE-TE01-IF-0003-2026 was transferred to the protected party through an access link on OneDrive (report provided under oath and attached copies).
  • 5)By email at 16:21 hours on April 21, 2026, that official letter was notified to the protected person (copies attached to the report).

IV. SPECIFIC CASE

It was proven that the petitioner formulated the request for information that she affirms, through email accounts that are established as official communication mechanisms of the respondent. Equally, it is recorded that, on the occasion of the notification of the transfer order to the respondent authority, what was requested was provided to the protected party. However, as this occurred once this matter was in progress, the Chamber deems that it is necessary to uphold the action, as will be stated.

V. ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION

Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable"), the upholding must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the action is declared with merit when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the upholding is issued "solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is underscored that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.

In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "every resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not that concerning indemnification and costs is applicable is not foreseen.

The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if she deems it appropriate, to an ordinary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without an award of costs, damages, and losses.

VI. DISSENTING REASONS AND PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO

While I concur with the majority vote that declares the action with merit for violation of the right to petition and prompt response, I consider that it should be upheld; but imposing upon the respondent party the payment of costs, as well as indemnification for the damages and losses occasioned, for the following reasons.

The right to petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obliges public officials to resolve the requests of the administered within a term of ten business days from the date of filing such requests, unless a different term has been indicated for responding. However, Article 32 cited also provides that, in the decision on the petition, the Chamber shall assess the reasons adduced to consider said term insufficient, considering the circumstances and the nature of the matter. In any event, the Administration is obliged to communicate to the petitioner the causes for the delay in ruling. For purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind what is indicated by the norms cited above.

Article 27 of the Political Constitution establishes the following:

"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, are guaranteed." For its part, numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:

"When the amparo refers to the right to petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and no term has been indicated for responding, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed with the administrative office, without prejudice to, in the decision on the action, assessing the reasons adduced to consider that term insufficient, considering the circumstances and the nature of the matter." In the same sense, in Law for the Regulation of the Right to Petition No. 9097 of October 26, 2012 (Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097), it is established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is of relevance to keep in mind what is indicated in numeral 6 of said regulation:

"Filing of writings and response term.

The writing in which the petition is filed and any other documents and communications that are submitted before the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable term of ten business days counted from the day following receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational norm of each entity…".

Thus, in amparo actions referring to the alleged injury to this right, there is an express legal norm -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders providing the required information within the ten business days following its request, as provided by Articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated previously. Additionally, said term is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.

Likewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:

"…every resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This latter norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights…".

Consequently, in the case before us, the violation of the constitutionally endorsed term of ten days -which, it should be noted, is not required for the rest of amparo actions, except for that of rectification and response (numeral 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction)- is verified.

Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority's thesis, is to consider the injury to the right to petition and prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, as accredited, ordering the award of costs, damages, and losses against the respondent authority.

Thus, dealing with a term constitutionally endorsed -both by the legislator and by this Constitutional Court-, its non-compliance entails an injury to the fundamental right indicated that drove the petitioner to file this amparo action as a mechanism for obtaining a response to her request or access to the information she has required, regardless of whether the response or the delivery of the information occurred before or on the occasion of the amparo; because the truth is that, finally, the administered person saw her constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo action that she was forced to bring, with the inconveniences and costs that this entails. It is insisted, the response or the access given by the respondent Administration that occurs once the term in question has expired, even if it occurs before the notification of the amparo's admission, or, as in this case, on the occasion of the notice of said admission, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by ordinals 27 and 30 of the Political Constitution.

It is clear that in this hypothesis, that extemporaneous response entails satisfaction of the protected party's claim, but this is no obstacle to the acknowledgment of the damages and losses that this indolence may have caused to the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the safeguarding of her fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Consequently, I partially dissent, and I impose on the respondent party the payment of costs, damages, and losses.

VII. DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT

Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." My interpretation of this norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to the costs. Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to the costs.

Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to an amparo action is not indemnificatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC indicates: "Every resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." If the right has been violated and the Chamber verifies it, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had occurred, there would be no title -derived from this process- to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite an abstract condemnation being issued, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, since it corresponds only to that judge to consider the real existence and magnitude of the same as proven.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only in the face of an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.

For the foregoing reasons, I partially dissent from the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not for costs.

VIII. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE

The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulations on the Electronic File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The action is declared with merit, without a special award of costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado sets forth different reasons and partially dissents, solely for indemnificatory purposes, and imposes on the respondent party the payment of costs, damages, and losses. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses, but not the condemnation for costs. Let it be notified.

Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Document Digitally Signed FILE No. 26-011374-0007-CO Telephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters South of the Perpetuo Socorro church).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo promovido por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

RESULTANDO:

  1. 1Mediante memorial presentado a las 13:15 horas de 31 de marzo de 2026, la recurrente promovió recurso de amparo, contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pues, según afirma, el 18 de febrero de 2026, por medio de las direcciones electrónicas ...01, ...02 e ...03, remitió un oficio a la autoridad recurrida en el que solicitó la siguiente información: “(…) En primer lugar, solicito se me informe si en esa Área de Conservación existe, -ya sea en trámite o aprobado-, algún Plan de Manejo de Bosque dentro del terreno comprendido en el plano matrícula , que correspondía originalmente a la finca matrícula , cuyo actual número de plano es , al haberse segregado las fincas con el plano y con el plano . Pido que en caso de existir expediente administrativo de dicho Plan de Manejo, se me faciliten copias certificadas del mismo, para lo que desde ya solicito se me indique lo necesario para coordinar la obtención de copias y su certificación, de preferencia de manera digital, para efectos legales.(…)”. Señala que, por medio del oficio nro. CARTA-SINAC-ACT-DR-326-2026 de 26 de febrero de 2026 se acusó recibido de la gestión presentada; no obstante, lejos de emitir una respuesta de fondo, expresa y motivada sobre lo pedido, se limitó a informar que la gestión había sido trasladada a la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Energía. Menciona que, debido a la falta de respuesta, el 18 y 26 de marzo de 2026 reiteró su solicitud de información; empero, al día de interposición del recurso no ha recibido respuesta. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita la intervención de esta Sala.
  2. 2Por resolución de las 17:24 horas de 17 de abril de 2026 se dio curso al recurso y se requirió un informe al director Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sobre los hechos acusados.
  3. 3Informa bajo juramento Nelson Marín Mora, en su condición de director regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que mediante oficio CARTA-SINAC-ACT-DR-641-2026 de 21 de abril del 2026 se le traslado el expediente TE-TE01-IF-0003-2026 a la amparada, a través de un enlace de acceso en OneDrive, por ser un expediente pesado.
  4. 4En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

CONSIDERANDO:

I. OBJETO DEL RECURSO

La recurrente acota que a mediados del mes de marzo de los corrientes, formuló una solicitud ante la dependencia recurrida, a efectos de que se le brindara información de interés público; sin embargo, vencido el término previsto para atender su solicitud, no se le habría suministrado lo pedido. Afirma que ese proceder es contrario a sus derechos fundamentales.

II. CUESTIÓN PRELIMINAR

En la resolución que dio curso a este amparo se le solicitó a la autoridad recurrida indicar si los correos electrónicos a través de los cuales la parte recurrente remitió su petición, están previstos como mecanismo oficial de comunicación de su institución. Dado que no lo hizo, se considera que sí lo son, en virtud del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

III. HECHOS PROBADOS

De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes:

  • 1)El 18 de febrero de 2026, el recurrente formuló una solicitud ante el Área de Conservación Tempisque, a través de medios electrónicos, a efectos de que: “(…) En primer lugar, solicito se me informe si en esa Área de Conservación existe, -ya sea en trámite o aprobado-, algún Plan de Manejo de Bosque dentro del terreno comprendido en el plano matrícula , que correspondía originalmente a la finca matrícula -Z-000, cuyo actual número de plano es G-0052763-2023, al haberse segregado las fincas Telf01 con el plano G-002999-2024 y 5-2811-Z-000 con el plano G-0052191-2022. Pido que en caso de existir expediente administrativo de dicho Plan de Manejo, se me faciliten copias certificadas del mismo, para lo que desde ya solicito se me indique lo necesario para coordinar la obtención de copias y su certificación, de preferencia de manera digital, para efectos legales (…)” (copia adjunta al libelo de interposición).
  • 2)Las cuentas de correo electrónico ...01, ...02 e ...03, se encuentran previstas como mecanismos oficiales de comunicación de la recurrida (hecho no controvertido).
  • 3)A las 14:49 horas de 21 de abril de 2026 se notificó el auto de traslado a la autoridad recurrida (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico).
  • 4)Mediante el oficio CARTA-SINAC-ACT-DR-641-2026 de 21 de abril de 2026 se trasladó el expediente TE-TE01-IF-0003-2026 a la amparada, a través de un enlace de acceso en OneDrive (informe rendido bajo juramento y copias adjuntas).
  • 5)Por correo electrónico de las 16:21 horas de 21 de abril de 2026 se notificó ese oficio a la persona amparada (copias adjuntas al informe).

IV. CASO CONCRETO

Se comprobó que la recurrente formuló la solicitud de información que afirma, a través de unas cuentas de correo electrónico que se encuentran previstas como mecanismos oficiales de comunicación de la recurrida. Igualmente, consta que, con ocasión de notificación del auto de traslado a la autoridad recurrida, se suministró a la amparada lo pedido. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.

Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI. RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO

Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:

“Presentación de escritos y plazo de respuesta.

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:

“…toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales.

Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo de la parte amparada, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar a la parte recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

VII. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA

Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

VIII. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e impone a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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