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Res. 14321-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/04/2026
OutcomeResultado
The Sala severed the amparo to be processed as a contempt proceeding within case 25-009503-0007-CO, finding that a prior ruling had already addressed the same environmental problem and that the petitioners act in defense of diffuse interests; the present case was archived.La Sala desglosó el amparo para tramitarlo como gestión de desobediencia en el expediente 25-009503-0007-CO, al constatar que ya existía pronunciamiento previo sobre la misma problemática ambiental y que los recurrentes actúan en defensa de intereses difusos; el presente caso fue archivado.
SummaryResumen
Amparo filed by neighbors against the Municipality of San Rafael de Heredia for failing to execute the demolition of an unpermitted warehouse built by Corporación FEROFRA S.A. on finca 4-118401-000, located in an inalienable zone (Law 65/1888) and the GAM Plan Special Protection Zone (Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE). The property sits in an area of high hydrogeological vulnerability and Valle Central aquifer recharge, within 300 meters of a potable water intake, with contamination risk from scrap vehicle storage containing hydrocarbons. Despite repeated closure seals and inspections since November 2024, the municipality never executed the ordered demolition. The Sala Constitucional found the matter already addressed by a prior ruling (Res. 2025029991) ordering remediation within six months; finding no new facts and that diffuse environmental interests were invoked, it severed the new amparo to be processed as a contempt proceeding within the original case file.Recurso de amparo interpuesto por vecinos contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia por omitir ejecutar la demolición de una bodega tipo galerón construida sin permisos por Corporación FEROFRA S.A. en la finca 4-118401-000, ubicada en zona inalienable (Ley 65 de 1888) y Zona Especial de Protección del Plan GAM (Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE). La finca se encuentra en área de alta vulnerabilidad hidrogeológica y recarga de los acuíferos del Valle Central, a menos de 300 metros de una toma de agua potable, con riesgo de contaminación por almacenamiento de chatarra vehicular con hidrocarburos. Pese a múltiples clausuras e inspecciones desde noviembre de 2024, la municipalidad no ejecutó el derribo ordenado. La Sala Constitucional constata que la problemática fue resuelta mediante sentencia previa (Res. 2025029991, Exp. 25-009503-0007-CO) que ordenó remediar en seis meses; al no existir hechos nuevos y tratarse de derechos difusos ambientales, desglosó el nuevo amparo para tramitarlo como gestión de desobediencia en el expediente original.
Key excerptExtracto clave
The petitioners allege a violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment by the Municipality of San Rafael de Heredia, connected to the rights to health and access to potable water, as a consequence of the municipality's omission and insufficient action to effectively prevent, stop, and halt a manifestly illegal construction and activity on finca 4-118401-000, located in an inalienable zone and a Special Protection Zone, despite full knowledge of the absence of land use approval, municipal construction permit, environmental viability authorization, and other required permits, as well as repeated defiance of closure orders, allowing the consolidation of a warehouse and the operation of vehicle scrap storage and processing activities in an area of high hydrogeological vulnerability and aquifer recharge, near a potable water intake, a tolerance that currently and seriously exposes the water resource and the environment, violating the invoked constitutional rights. It is noted that while the Municipality of San Rafael de Heredia has taken some action to address the reported problem, the fact remains that as of the date of this ruling the relevant procedure has not been completed, and the demolition order for works constructed without a municipal license has not been executed, with an unlawful construction (lacking permits) remaining in the zone of Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Law 65 of 1888. Accordingly, a violation of the fundamental rights of the petitioners and neighboring residents is verified. In the present case, the petitioners do not set forth in their submissions any new facts that would warrant analysis and resolution through a new proceeding. Furthermore, although the petitioners are not listed as parties in amparo No. 25-009503-0007-CO, they unequivocally act in defense of a healthy and ecologically balanced environment, and therefore standing to defend diffuse interests is recognized. Consequently, since this Tribunal has already issued a ruling on the problem concerning the reported property, the proper course is to sever the present proceedings so that they are processed within amparo No. 25-009503-0007-CO as a contempt proceeding.Los recurrentes reclaman la violación al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en conexidad con el derecho a la salud y al acceso al agua potable, como consecuencia de su omisión y actuación insuficiente para impedir, detener y hacer cesar de manera efectiva una construcción y actividad manifiestamente ilegales desarrolladas en la finca matrícula 4-118401-000, ubicada en zona inalienable y en Zona Especial de Protección, pese a tener pleno conocimiento de la inexistencia de uso de suelo, licencia municipal, viabilidad ambiental y demás permisos exigidos, así como del desacato reiterado a órdenes de clausura, permitiendo la consolidación de una bodega y la operación de actividades de almacenamiento y procesamiento de chatarra vehicular en un área de alta vulnerabilidad hidrogeológica y recarga acuífera, próxima a una toma de agua potable, tolerancia que expone de forma actual y grave el recurso hídrico y el ambiente, vulnerando los derechos constitucionales invocados. De ese modo, se denota que si bien es cierto la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha realizado acciones para solucionar la problemática denunciada, lo cierto es que a la fecha no se ha terminado con el procedimiento respectivo, por lo que no se ha ejecutado la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, manteniéndose hasta la fecha una construcción fuera de legalidad (sin permisos) en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por lo anterior, se verifica una lesión a los derechos fundamentales de los recurrentes, así como a los vecinos del lugar. En el caso concreto, los recurrentes no exponen en los escritos presentados algún hecho nuevo que amerite un análisis y resolución mediante un nuevo proceso. Asimismo, si bien los accionantes no figuran como recurrentes y/o tutelados en el recurso de amparo no. 25-009503-0007-CO, lo cierto es que inequívocamente acude a favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que se admite la defensa por intereses difusos. Por consiguiente, dado que ya este Tribunal vertió un pronunciamiento sobre la problemática de la propiedad denunciada, lo que procede es desglosar las presentes diligencias para que se tramiten en el recurso de amparo no. 25-009503-0007-CO, como una gestión de desobediencia.
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"Los recurrentes reclaman la violación al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en conexidad con el derecho a la salud y al acceso al agua potable, como consecuencia de su omisión y actuación insuficiente para impedir, detener y hacer cesar de manera efectiva una construcción y actividad manifiestamente ilegales desarrolladas en la finca matrícula 4-118401-000, ubicada en zona inalienable y en Zona Especial de Protección."
"The petitioners allege a violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment by the Municipality of San Rafael de Heredia, connected to the rights to health and access to potable water, as a consequence of the municipality's omission and insufficient action to effectively prevent, stop, and halt a manifestly illegal construction and activity on finca 4-118401-000, located in an inalienable zone and a Special Protection Zone."
Considerando II – Objeto del recurso
"Los recurrentes reclaman la violación al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en conexidad con el derecho a la salud y al acceso al agua potable, como consecuencia de su omisión y actuación insuficiente para impedir, detener y hacer cesar de manera efectiva una construcción y actividad manifiestamente ilegales desarrolladas en la finca matrícula 4-118401-000, ubicada en zona inalienable y en Zona Especial de Protección."
Considerando II – Objeto del recurso
"a la fecha no se ha terminado con el procedimiento respectivo, por lo que no se ha ejecutado la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, manteniéndose hasta la fecha una construcción fuera de legalidad (sin permisos) en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por lo anterior, se verifica una lesión a los derechos fundamentales de los recurrentes, así como a los vecinos del lugar."
"The relevant procedure has not been completed to date, and accordingly the demolition order for works constructed without a municipal license has not been executed, with an unlawful construction remaining in the zone of Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Law 65 of 1888. Accordingly, a violation of the fundamental rights of the petitioners and neighboring residents is verified."
Considerando IV – Sentencia 2025029991 transcrita (ratio decidendi del amparo previo)
"a la fecha no se ha terminado con el procedimiento respectivo, por lo que no se ha ejecutado la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, manteniéndose hasta la fecha una construcción fuera de legalidad (sin permisos) en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por lo anterior, se verifica una lesión a los derechos fundamentales de los recurrentes, así como a los vecinos del lugar."
Considerando IV – Sentencia 2025029991 transcrita (ratio decidendi del amparo previo)
"si bien los accionantes no figuran como recurrentes y/o tutelados en el recurso de amparo no. 25-009503-0007-CO, lo cierto es que inequívocamente acude a favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que se admite la defensa por intereses difusos."
"Although the petitioners are not listed as parties in amparo No. 25-009503-0007-CO, they unequivocally act in defense of a healthy and ecologically balanced environment, and therefore standing to defend diffuse interests is recognized."
Considerando V
"si bien los accionantes no figuran como recurrentes y/o tutelados en el recurso de amparo no. 25-009503-0007-CO, lo cierto es que inequívocamente acude a favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que se admite la defensa por intereses difusos."
Considerando V
"la toma de agua superficial que abastece al distrito de Concepción se encuentra a menos de 300 metros del sitio intervenido, lo que agrava la amenaza ambiental y sanitaria."
"The surface water intake that supplies the district of Concepción is located less than 300 meters from the intervened site, which aggravates the environmental and public health threat."
Resultando 1 – Escrito de los recurrentes (hecho acreditado en el expediente)
"la toma de agua superficial que abastece al distrito de Concepción se encuentra a menos de 300 metros del sitio intervenido, lo que agrava la amenaza ambiental y sanitaria."
Resultando 1 – Escrito de los recurrentes (hecho acreditado en el expediente)
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fourth of April, two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], national identity card no. [Valor 001], [Nombre 002], national identity card no. [Valor 002], [Nombre 003], national identity card no. [Valor 003], against the MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.
Background:
The opinion is drafted by Justice Araya García; and,
Considering:
I.Prior to examining the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings (procedimiento pronto y cumplido)—it must be clarified that, beginning with ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has held that matters in which the question is whether the Public Administration has or has not complied with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws for special administrative proceedings—whether to issue a final administrative act (acto final) in a proceeding initiated ex officio or at the request of a party, or to rule on applicable administrative appeals—should be referred to the administrative-contentious jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa), with certain exceptions. Precisely in this case, one of those exceptional circumstances arises, since it involves a delay in the resolution of an environmental complaint, and this Chamber has continued to accept for review those matters in which an alleged violation of the environment is at stake. With that point clarified, the specific situation raised in this amparo petition is now addressed.
II.Subject of the appeal. The petitioners claim a violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment by the Municipalidad de San Rafael de Heredia, in connection with the right to health and access to drinking water, as a result of the municipality's omission and insufficient action in effectively preventing, halting, and stopping a manifestly illegal construction and activity on property registered under folio real 4-118401-000, located within an inalienable zone and a Special Protection Zone (Zona Especial de Protección), despite the municipality's full knowledge of the absence of a land-use permit (uso de suelo), municipal building permit, environmental clearance (viabilidad ambiental), and other required permits, as well as of the repeated non-compliance with closure orders (órdenes de clausura), thereby allowing the consolidation of a warehouse (bodega) and the operation of storage and processing activities involving automotive scrap metal (chatarra vehicular) in an area of high hydrogeological vulnerability (vulnerabilidad hidrogeológica) and aquifer recharge (recarga acuífera), in proximity to a drinking water intake (toma de agua potable); such tolerance currently and seriously endangers the water resource and the environment, thereby violating the constitutional rights invoked.
Furthermore, the same individual who had received notification record No. 0005776 during the previous visit referenced in IPUT-779-2024 was present at the site, but the police were unable to approach him to obtain his personal details; nevertheless, Inspector Hugo Vargas also made him aware of the obligation not to continue the already-sealed works (…)." Additionally, it was clarified that the property referenced in IPUT-797-2024 is no. 118401, not no. 204488, as the report erroneously stated (see the reports submitted and the evidence provided).
However, they refused to open the gates or identify themselves; nonetheless, contact was made with one of the workers and he was once again informed that he must not continue contributing to the construction process of the sealed works until the appropriate permit has been obtained. Thereafter, the seals were re-placed on the gates as shown in the following photographic record" (see the reports submitted and the evidence provided).
Among the main actions taken in response to this matter, we can note: 1. On November 11, 2024, through official communication IPUT-779-2024, the zone inspector stated: '... I hereby report that an inspection was conducted at property 118401, registered in the name of Rafael Humberto Sánchez Campos, following a complaint received regarding apparent construction without a building permit. During the inspection, a large steel-frame shed under construction without the corresponding permits was detected; accordingly, closure seals were placed and the property owner was handed Acta 5782, as shown in the following photographic record ...' 2. On November 13, 2024, through notification record N°-5776, the zone inspector stated: '... Large shed without a building permit ...' Accordingly, the work was sealed again for lack of the corresponding permits. 3. On November 19, 2024, through official communication IPUT-779-2024, the zone inspector stated: '...
I hereby report on the request for an inspection of property 118401, located in Ángeles, Calle Lobo, 250 meters east of the Río Turales, registered in the name of Corporación Ferofra S.A., following a complaint received by telephone and email indicating apparent construction on said property—"apparently a shed for a workshop." Upon arriving at the site, the reported construction was detected, with the structural bases of the steel-frame building already in place; the persons who were constructing were called over and indicated that the owner was not present, so Acta N°5776 was left at the site, notifying the parties that the work was being sealed for lack of the corresponding permits, and closure seals were placed as evidence of the foregoing, as shown in the attached photographic record ...' 4. On November 19, 2024, formal warning Resolution No. 797-IPUT-2024 regarding property 118401 was issued, delivered to a worker at the property named Víctor González Alfaro (tractor driver), who was informed that he must refrain from continuing with the work sealed by the Municipality and was warned of the judicial consequences of continuing such unlawful conduct. 5.
On November 20, 2024, through official communication IPUT-797-2024, the zone inspector stated: '... I hereby report that, accompanied by inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, a visit was made to the property registered under folio real 4 204488-000 in the name of Corporación Ferofra S.A., located in Concepción, 120 m north of the junction of Calle Lobo and Calle Ciénega, following a telephone call from a resident who chose not to identify himself, reporting the continuation of the sealed works; accordingly, the visit was coordinated with the municipal police, and upon arriving at the site it was indeed observed that the sealed works had continued, consistent with the previous photographic record in IPUT-779-2024, for which a new photographic record was obtained ...' '... Additionally, it is reported that at the time of the visit a tractor was leaving the property, and the driver was stopped by Municipal Police Officer Mainor Calderón Briceño, who requested identification and recorded the matter in the formal warning record attached to this communication, which the driver signed, being informed that he must not continue contributing to the construction process of the sealed works until the appropriate permit has been obtained.
Furthermore, the same individual who had received notification record No. 0005776 during the previous visit referenced in IPUT-779-2024 was present at the site, but the police were unable to approach him to obtain his personal details; nevertheless, Inspector Hugo Vargas also made him aware of the obligation not to continue the already-sealed works ...'; (it is clarified that the property referenced in IPUT-797-2024 is N°-118401, not N°204488, as the report states). 6. On November 21, 2024, IPUT 808-2024 reported the correction of the warning issued in connection with property N°204488 and rectified it to property N°118401 as the correct property in which the works had been carried out without the corresponding permits. 7. On January 6, 2025, new inspection report no. IPUT-011-2025 was produced, with updated information confirming that during the end-of-year holiday period of 2024 non-compliance with the authority's orders had continued and that routine end-of-year inspections confirmed the continuation of the works; the following was stated, among other things (photographs taken on December 25, 2024): '...
I hereby report that a visit was made to the property registered under folio real 4 118401-000 in the name of Corporación Ferofra S.A., located in Concepción, 120 m north of the junction of Calle Lobo and Calle Ciénega, which is subject to the closure order pursuant to IPUT-808-2024; upon arriving at the site it was observed that the sealed works had continued, consistent with the previous photographic record in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024, for which a new photographic record was obtained ...' Additionally, it was stated: '... Collaboration was coordinated with the municipal police; Officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arrived at the site to inform the construction workers present that they were in violation of the closure order. However, they refused to open the gates or identify themselves; nonetheless, contact was made with one of the workers and he was once again informed that he must not continue contributing to the construction process of the sealed works until the appropriate permit has been obtained.
Thereafter, the seals were re-placed on the gates as shown in the following photographic record ...' 8. On January 8, 2025, Resolution IU-001-2025 was served on the owner of property 4-118401-000, stating, among other things: '...a period of 30 days is granted for the owner to bring the situation into legal compliance through the appropriate measures under the applicable legal framework, meaning to carry out at his own expense the demolition of the works that do not fully conform to the law; those works do NOT have a permit, and the existing land-use designation is not a permit, nor is it currently valid; in this way the owner must comply with the provisions of the applicable legal framework.' 9. A motion for reconsideration with subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025 was filed by Luis Felipe Bravo Chavarría. 10. On January 23, 2025, official communication IU-009-2025 transferred a certified copy of administrative case file D-1865 corresponding to property 118401, to be delivered to the Municipal Council (Consejo Municipal).
The same was delivered by the Municipal Mayor's Office through official communication AM-072-2025 of January 23, 2025. 11. On March 7, 2025, Resolution IU-016-2025 was served by the Urban Territorial Management Unit on the Municipal Mayor's Office, dismissing the motion for reconsideration with subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025, so that the Mayor's Office could in turn address the subsidiary appeal. With regard to the delivery of the case file in question, I advise you that in order to proceed with assembling said copy I ask that you make a payment of 5245 and send a copy of the payment receipt to the email address [email protected] (…)" (see the evidence provided in the case file).
With regard to the request for information on compliance with Resolution IU-001-2025, corresponding to the first resolution of the notification process carried out in this case, and whether it was served, I advise you that, as set forth in the second paragraph, it was invalidated by the internal legal advisory, which stated: 'any administrative proceeding must be conducted in person with the registered owner (propietario registral) of the real property,' requiring this Unit to initiate the due process again, while awaiting the legal opinion requested by the Mayor's Office (…)" (see the reports submitted and the evidence provided).
aa) By means of resolution no. AM-014-2026, the appeal was referred to the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda for review through improper hierarchical review (jerarquía impropia) (see official communication no. CARTA-MSRH-UGUT-071-2026 of April 14, 2026).
bb) Currently, Corporación Ferofra, owner of the reported property, has filed a contentious proceeding before the Tribunal Contencioso Administrativo, which is being processed under case file no. 25-004765-1027-CA, against the Municipalidad de San Rafael de Alajuela. The case is active and has not yet been decided on the merits (see official communication no. CARTA-MSRH-UGUT-071-2026 of April 14, 2026).
IV.This Court has previously adjudicated a writ of amparo (recurso de amparo) related to the facts examined herein, although it was brought by parties other than the current petitioners, and by judgment no. 2025029991 of 9:30 a.m. on September 19, 2025, it granted the writ, finding it established that a construction had been carried out without permits on the property registered under property no. (matrícula) 4-118401-000, located partially or entirely within an inalienable zone (zona inalienable) and a Special Protection Zone (Zona Especial de Protección), and ordered the Municipalidad de San Rafael de Heredia to adopt the necessary, effective, and timely measures to resolve the reported situation, within a period of six months from the date of notification of that judgment:
III.On the merits. After analyzing the evidentiary elements submitted, this Court finds a violation of the petitioners' fundamental rights. This is because, in the report submitted by the representative of the respondent authority—which is deemed to have been given under oath with all consequences, including criminal consequences, established in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted for resolution of the matter, it has been duly established that on the property registered under registered property folio (folio real) 4-118401-000, in the district of Concepción, an unlawful construction is being carried out within the zone covered by Decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 of 1888. As a result, an anonymous complaint was filed with the Municipalidad de San Rafael de Heredia. Thus, on November 11, 2024, the municipal area inspector of the Municipalidad de San Rafael de Heredia conducted an inspection at the property registered under folio real 4-118401-000, in the district of Concepción, where, according to official communication IPUT-779-2024, the following was stated: "(…) I hereby report that an inspection was carried out at property 118401, registered in the name of Rafael Humberto Sánchez Campos, following a complaint received regarding an apparent construction without a building permit (PC).
At the time of the inspection, a warehouse shed (galerón) of steel purlins (perling) was detected in the course of construction, which does not have the corresponding permits; closure seals (sellos de clausura) were therefore placed and Act 5782 was delivered to the owner, as shown in the following photographic record (…)". Furthermore, on November 13, 2024, through notification act No. 5776, the area inspector of the Municipalidad de San Rafael de Heredia noted "Warehouse shed without a building permit." The works were therefore sealed again for lack of the corresponding permits. Consequently, on November 19, 2024, through official communication IPUT-779-2024, the area inspector of the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated the following: "(…) I hereby report on the inspection request for property 118401, located in Ángeles, Calle Lobo, 250 meters east of the Río Turales, registered in the name of Corporación Ferofra S.A., following a complaint received by telephone and email indicating an apparent construction being carried out on said property—'apparently a warehouse shed for a workshop.' Upon arriving at the site, the reported construction was detected, with the structural base of steel purlins already in place; the persons who were building were called over and they indicated that the owner was not present, so Act No. 5776 was left, indicating that the works are sealed for lack of the corresponding permits, and closure seals were placed as evidence of the foregoing." Thus, on November 19, 2024, the Municipalidad de San Rafael de Heredia issued Warning Resolution (Resolución de Apercibimiento) No. 797-IPUT-2024 for property 118401, delivered to a farm worker by the name of Víctor González Alfaro (tractor driver), who was informed that he must refrain from continuing the works sealed by the municipality and was warned of the judicial consequences in the event of continuing such unlawful conduct.
Likewise, on November 20, 2024, through official communication IPUT-797-2024, the area inspector of the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated the following: "(…) I hereby report that, together with inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, a visit was made to the property registered under folio real 4-204488-000 in the name of Corporación Ferofra S.A., located in Concepción, 120 meters north of the intersection of Calle Lobo and Calle Ciénega, following a telephone call from a taxpayer who chose not to identify himself, reporting the continuation of the sealed works; the visit was therefore coordinated with the municipal police, and upon arriving at the site it was indeed observed that the sealed works had continued in accordance with the prior photographic record submitted in IPUT-779-2024, for which the following photographic record was again obtained… (…) …Additionally, it is reported that at the time of the visit a tractor was leaving the property, and the driver was approached by Municipal Police Officer Mainor Calderón Briceño, who requested identification and recorded the information in the warning act appended to this official communication, which was signed, and the driver was made aware that he must not continue contributing to the construction process of the sealed works until the appropriate proceeding has been completed.
Furthermore, the same person who received notification act No. 0005776 during the prior visit referenced in IPUT-779-2024 was present at the site, but it was not possible to approach him through the police to obtain his personal data; however, Inspector Hugo Vargas also informed him of the obligation not to continue the already-sealed works (…)". It is further clarified that the property referred to in IPUT-797-2024 is No. 118401 and not No. 204488, as the report erroneously states. Furthermore, on November 21, 2024, official communication IPUT-808-2024 reported the correction of the notice (prevención) issued with respect to property No. 204488, rectifying it to property No. 118401 as the correct property on which the works were carried out without the corresponding permits. Subsequently, on January 6, 2025, the Municipalidad de San Rafael de Heredia issued a new inspection report, number IPUT-011-2025, with updated information confirming that during the 2024 year-end holiday period the contempt (desacato) of authority continued and routine year-end inspections confirmed the continuation of the works.
The following was also stated: "(…) I hereby report that a visit was made to the property registered under folio real 4-118401-000 in the name of Corporación Ferofra S.A., located in Concepción, 120 meters north of the intersection of Calle Lobo and Calle Ciénega, which is sealed pursuant to IPUT-808-2024; upon arriving at the site, it was observed that the sealed works had continued in accordance with the prior photographic record submitted in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024, for which the following photographic record was again obtained (…) Furthermore, the collaboration of the municipal police was coordinated, with Officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arriving at the site to inform the builders present that they are in violation of the closure. However, they refused to open the gates or identify themselves; nonetheless, it was possible to speak with one of the workers, who was again informed that he must not continue contributing to the construction process of the sealed works until the appropriate proceeding has been completed.
The seals were subsequently reapplied to the gates as shown in the following photographic record." Accordingly, on January 8, 2025, resolution IU-001-2025 was served, notifying the owner of property 4-118401-000, among other things, the following: "(…) a period of 30 days is granted for you to bring your situation into compliance as required under the applicable legal order, that is, to carry out at your own expense the demolition of the works that do not fully comply with the law, which do NOT have a permit and for which the existing land-use authorization (uso de suelo) is not a permit and is not currently in force, so that compliance may be achieved with the provisions of the applicable legal order." Given this situation, at an unspecified date, the company's representative filed a motion for reconsideration with subsidiary appeal against resolution IU-001-2025. Therefore, on January 23, 2025, through official communication IU-009-2025, a certified copy of administrative case file D-1865 corresponding to property 118401 was transferred for delivery to the Municipal Council (Consejo Municipal).
It was delivered by the Mayor's Office with official communication AM-072-2025 of January 23, 2025. Subsequently, on March 7, 2025, resolution IU-016-2025 was served from the Urban Territorial Management Unit to the Mayor's Office, denying the motion for reconsideration with subsidiary appeal against resolution IU-001-2025, so that the Mayor's Office would in turn address the subsidiary appeal. Furthermore, on March 21, the Mayor's Office, by means of resolution AM-020-2025, denied the motion for reconsideration with subsidiary appeal against resolution IU-001-2025. Finally, by means of report IU-120-2025 of September 3, 2025, the representative of the Urban Territorial Management Unit of the Municipalidad de San Rafael de Heredia established the following: "First, with regard to the order to demolish the works generated without a municipal license, I must note that it has not been carried out because the notification process that was conducted was subjected to a legal evaluation, which, based on the principle of legality, resulted in an opinion through official communication No. AL-486-2025 that invalidates the notification process, thus requiring the process to be restarted; according to said legal advisory, the first resolution (IU-001-2025) should have been personally served, despite the fact that it was challenged by the legal representative of the company that owns the property registered under folio real 4-118401-000.
Currently, the Mayor's Office requested an opinion a few days ago from the Internal Legal Advisory Office to analyze the possibility of applying a more expeditious procedure, given that the property is partially within the inalienable zone established by Decreto N° LXV of July 1888. Regarding the information requested about compliance with resolution IU-001-2025, corresponding to the first resolution in the notification process conducted in this case and whether it was served, I note that, as set forth in the second paragraph, it was invalidated by the internal legal advisory office, which stated: 'any administrative procedure must be carried out by personal service on the registered owner of the real property,' requiring this Unit to reinstate the due process, pending the request for a legal opinion from the Mayor's Office. As for notification of the petitioners or complainants in this case, I note that information regarding the follow-up and proceedings in this case has been communicated on repeated occasions to complainants and interested parties who provided their contact information.
However, in connection with the case previously associated with this case file (No. 25-009503-0007-CO), no complaints or requests for information have been received from the petitioners who filed the writ in question, and no information has therefore been transmitted to them."
In this regard, it is established that for more than 10 months the respondent Municipality confirmed that on the property registered under folio real 4-118401-000, in the district of Concepción, an unlawful construction is being carried out within the zone covered by Decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 of 1888, arising from an anonymous complaint. Given that situation, it is confirmed that the Municipality has conducted several inspections at the site, where it confirmed the illegal construction without the required permits ("Warehouse shed without a building permit"), and has therefore proceeded to place closure seals, which have on multiple occasions been disregarded in outright contempt of authority, with the continuation of the works confirmed. It is further reiterated that on January 8, 2025, resolution IU-001-2025 was served, notifying the owner of property 4-118401-000, among other things, the following: "(…) a period of 30 days is granted for you to bring your situation into compliance as required under the applicable legal order, that is, to carry out at your own expense the demolition of the works that do not fully comply with the law, which do NOT have a permit and for which the existing land-use authorization is not a permit and is not currently in force, so that compliance may be achieved with the provisions of the applicable legal order." Given this situation, the corresponding appeals were filed, all of which have been denied.
Notwithstanding the foregoing, as of the date of this ruling it is established that the demolition order for the works generated without a municipal license has not been carried out because the notification process that was conducted was subjected to a legal evaluation, invalidating the notification process and thus requiring the process to be restarted.
Accordingly, it is noted that while the Municipalidad de San Rafael de Heredia has taken steps to resolve the reported problem, the fact remains that to date the corresponding procedure has not been completed, and therefore the demolition order for the works generated without a municipal license has not been carried out, with an unlawful construction (without permits) remaining to this date within the zone covered by Decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 of 1888. For the foregoing reasons, a violation of the petitioners' fundamental rights, as well as those of neighboring residents, is confirmed.
In light of the foregoing, what is appropriate is to grant the writ. (…)
Por tanto:
The writ is granted. Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor, and Esteban Arce Camacho, in his capacity as head of the Urban Territorial Management Unit, both of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, or whoever occupies those offices, are ordered to adopt the necessary, effective, and timely measures required to guarantee a solution to the reported problem; this must be accomplished within a period of SIX MONTHS, counted from the date of notification of this judgment. The respondent authority is warned that, pursuant to the provisions of article 71 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty day-fines, shall be imposed on any person who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a writ of amparo, and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely penalized. The Municipalidad de San Rafael de Heredia is ordered to pay the costs and any damages and losses caused by the acts underlying this declaration, to be assessed in enforcement proceedings before the administrative litigation court. Justice Castillo Víquez appends a concurring note. Notify the parties.
V.In the present case, the petitioners do not set forth in their submitted briefs any new fact that warrants analysis and resolution through a new proceeding. Furthermore, although the claimants do not appear as petitioners and/or protected parties in writ of amparo no. 25-009503-0007-CO, that proceeding unequivocally serves to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment; therefore, standing based on diffuse interests (intereses difusos) is recognized. Consequently, since this Court has already issued a ruling on the problem of the reported property, what is appropriate is to sever the present proceedings so that they may be processed within writ of amparo no. 25-009503-0007-CO as a non-compliance proceeding (gestión de desobediencia) (see, in a similar sense, judgment no. 2026012880 of 9:20 a.m. on April 14, 2026).
VI.Conclusion. The brief added to the digital case file on September 11, 2025, as well as the remaining memorials submitted in this proceeding, are hereby severed to be processed as a non-compliance proceeding within writ of amparo No. 25-009503-0007-CO. The present matter is hereby archived.
VII.Concurring Note of Justice Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Court's position that, when a party alleges a violation of the right to prompt and effective justice in the administrative jurisdiction (sede administrativa), the body competent to hear the legal dispute is the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the writ of amparo established by article 32 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, in conjunction with article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material acts of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights.
In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, by virtue of article 7 of its governing Law, has exclusive jurisdiction to define its own competence. Therefore, except for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases—which are indeed admissible in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding—in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is consistent with article 25 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos), the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
VII.Documentation submitted to the case file. The parties are reminded that, should any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the court within a maximum period of 30 business days from the date of notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The brief added to the digital case file on September 11, 2025, as well as the remaining memorials submitted in this proceeding, are hereby severed to be processed as a non-compliance proceeding within writ of amparo No. 25-009503-0007-CO. The present matter is hereby archived. Justice Castillo Víquez appends a concurring note.
Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE NO. 25-027699-0007-CO Phone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Iglesia del Perpetuo Socorro).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad no. [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad no. [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad no. [Valor 003], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se trata de un retardo en resolución de una denuncia ambiental, siendo que esta Sala ha continuado admitiendo para valoración aquellos asuntos en los que está de por medio la presunta violación al medio ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman la violación al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en conexidad con el derecho a la salud y al acceso al agua potable, como consecuencia de su omisión y actuación insuficiente para impedir, detener y hacer cesar de manera efectiva una construcción y actividad manifiestamente ilegales desarrolladas en la finca matrícula 4-118401-000, ubicada en zona inalienable y en Zona Especial de Protección, pese a tener pleno conocimiento de la inexistencia de uso de suelo, licencia municipal, viabilidad ambiental y demás permisos exigidos, así como del desacato reiterado a órdenes de clausura, permitiendo la consolidación de una bodega y la operación de actividades de almacenamiento y procesamiento de chatarra vehicular en un área de alta vulnerabilidad hidrogeológica y recarga acuífera, próxima a una toma de agua potable, tolerancia que expone de forma actual y grave el recurso hídrico y el ambiente, vulnerando los derechos constitucionales invocados.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas (…)”. Además, se aclaró que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la no. 118401 y no la no. 204488, como erróneamente describió el informe (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
Que el día 11 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: " ... Mediante el presente me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Rafael Humberto Sánchez Campos por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC. Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico ... " 2. Que el día 13 de noviembre del 2024 mediante el acta de notificación N°-5776, el inspector de la zona procede a indicar: " ... Galerón sin permiso de construcción ... " Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes. 3. Que el día 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: " ...
Mediante el presente me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Ángeles calle Lobo, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller". Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo si se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta N°5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada. Como se indica en el registro fotográfico adjunto ... " 4. Que el día 19 de noviembre del 2024 se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Víctor González Alfaro (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito. 5.
Que el dia 20 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: " ... Mediante el presente me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico ... " " ... Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda.
Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas ... "; (se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N°204488, como describe el informe. 6. Que el día 21 de noviembre del 2024 con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca N°204488 y se rectifica por la finca N°118401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes. 7. Que el día 06 de enero del 2025 se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras; se indica entre otros lo siguiente (fotos tomadas el 25 de diciembre del 2024): " ...
Mediante el presente me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico ... " Adicionalmente se indicó: " ... Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solis y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura. Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda.
Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico ... " 8. Que el día 08 de enero del 2025 se notifica la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: "...se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente." 9. Que se presentó el recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 por parte de Luis Felipe Bravo Chavarría. 10. Que el 23 de enero del 2025 con el oficio IU-009-2025 se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la finca 118401, para ser entregado al Consejo Municipal.
El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025. 11. Que el 7 de marzo del 2025 se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio. Con respecto a la entrega del expediente del caso en cuestión, le indico que para proceder con la conformación de dicha copia le solicito realizar el pago de 5245 y enviar copia del recibo de pago al correo [email protected] (…)” (ver prueba aportada al expediente).
La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía (…)” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).
aa) Mediante resolución no. AM-014-2026 se elevó el conocimiento del recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por jerarquía impropia (ver oficio no. CARTA-MSRH-UGUT-071-2026 del 14 de abril de 2026).
bb) Actualmente la Corporación Ferofra, propietaria de la finca denunciada, interpuso un proceso de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual se tramita bajo el expediente no. 25-004765-1027-CA, en contra la Municipalidad de San Rafael de Alajuela. Se encuentra activo, sin resolución de fondo (ver oficio no. CARTA-MSRH-UGUT-071-2026 del 14 de abril de 2026).
IV.Esta Sala ya conoció un recurso de amparo vinculado con los hechos aquí examinados, aunque promovido por personas distintas a las ahora recurrentes, y mediante sentencia no. 2025029991 de las 9:30 horas del 19 de setiembre de 2025, declaró con lugar el recurso, al estimar acreditada la existencia de una construcción realizada sin permisos en la finca matrícula 4-118401-000, ubicada parcial o totalmente en zona inalienable y en Zona Especial de Protección, y ordenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia adoptar las medidas necesarias, efectivas y oportunas para solucionar la situación denunciada, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de dicho fallo:
III.Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales de los recurrentes. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por ende, de forma anónima se presentó una denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Así, el 11 de noviembre de 2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó una inspección en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, en donde, según oficio IPUT-779-2024, se indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Rafael Humberto Sánchez Campos por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC.
Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico (…)”. Además, el 13 de noviembre de 2024, mediante el acta de notificación Nº-5776, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia indica “Galerón sin permiso de construcción”. Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes. Por consiguiente, el 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Ángeles calle Lobo, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller".
Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo y se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta Nº 5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada”. Así, el 19 de noviembre del 2024, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Víctor González Alfaro (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito. Igualmente, el 20 de noviembre de 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia procede a indicar lo siguiente: “(…) me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha lo coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico...
(…) ...Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas (…)”. Además, se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N° 204488, como erróneamente describe el informe.
Además, el 21 de noviembre de 2024, con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca Nº 204488 y se rectifica por la finca N°1 18401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes. Posteriormente, el 06 de enero del 2025, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras. Igualmente, se indica lo siguiente: “(…) me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico (…) Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solís y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura.
Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico”. De ese modo, el 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente”.
Ante esa situación, en fecha indeterminada, el representante de la empresa presentó un recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025. Por lo tanto, el 23 de enero de 2025, con el oficio IU-009-2025, se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la finca 118401, para ser entregado al Consejo Municipal. El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025. Posteriormente, el 07 de marzo del 2025, se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio. Además, el 21 de marzo, la Alcaldía Municipal resuelve con rechazo mediante la Resolución AM-020-2025, la Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025.
Por último, mediante informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025, el representante de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia estableció lo siguiente: “En primera instancia, con respecto a la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, debo indicar que no se han ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, ante la cual basado en el principio de legalidad se ha emitido un criterio mediante el oficio N° AL-486-2025, que invalida el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso, ya que de acuerdo a lo indicado por dicha asesoría la primera resolución (IU-001-2025) tuvo que haberse notificado de forma personal, a pesar de que la misma fue recurrida por el representante legal de la sociedad propietaria de la finca folio real 4-118401-000. Actualmente, la Alcaldía Municipal solicitó un dictamen días atrás a la Asesoría Legal Interna para analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento más expedito al encontrarse la propiedad parcialmente en la zona inalienable establecida por el Decreto N° LXV de julio de 1888.
La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía. En cuanto a la notificación a los recurrentes o denunciantes de este caso, le externo que se ha comunicado en repetidas ocasiones la información del seguimiento y proceder con este caso a denunciantes e interesados que han brindado sus datos para obtener esta información. Sin embargo, del caso anteriormente asociado a este expediente (N°25-009503-0007-CO), no se han recibido denuncias o solicitudes de información por parte de los recurrentes que interpusieron el recurso en cuestión, por lo que no se ha trasladado información a ellos”.
En este sentido, se constata que desde hace más de 10 meses la Municipalidad recurrida constató que en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, lo anterior ante una denuncia anónima. De ese modo, ante dicha situación, se verifica que la Municipalidad ha realizado varias inspecciones en el lugar, en donde constató la construcción ilegal sin los permisos respectivos (“Galerón sin permiso de construcción”), por lo que ha procedido a colocar los sellos de clausura, los cuales en múltiples ocasiones han sido incumplidos, en total desacato a la autoridad, por lo que se ha constatado la continuación de las obras. Así, se reitera que el 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente”.
Ante esa situación, se interpusieron los recursos respectivos, los cuales han sido rechazados. No obstante, lo anterior, a la fecha se tiene por demostrado que la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal no se ha ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, invalidándose el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso.
De ese modo, se denota que si bien es cierto la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha realizado acciones para solucionar la problemática denunciada, lo cierto es que a la fecha no se ha terminado con el procedimiento respectivo, por lo que no se ha ejecutado la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, manteniéndose hasta la fecha una construcción fuera de legalidad (sin permisos) en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por lo anterior, se verifica una lesión a los derechos fundamentales de los recurrentes, así como a los vecinos del lugar.
En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso. (…)
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde, y a Esteban Arce Camacho, en su condición de jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocupen los cargos, adoptar las medidas necesarias, efectivas y oportunas que se requieren para garantizar la solución a la problemática denunciada, lo anterior se deberá realizar en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a la autoridad recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciera cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. E l Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.
V.En el caso concreto, los recurrentes no exponen en los escritos presentados algún hecho nuevo que amerite un análisis y resolución mediante un nuevo proceso. Asimismo, si bien los accionantes no figuran como recurrentes y/o tutelados en el recurso de amparo no. 25-009503-0007-CO, lo cierto es que inequívocamente acude a favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que se admite la defensa por intereses difusos. Por consiguiente, dado que ya este Tribunal vertió un pronunciamiento sobre la problemática de la propiedad denunciada, lo que procede es desglosar las presentes diligencias para que se tramiten en el recurso de amparo no. 25-009503-0007-CO, como una gestión de desobediencia (ver en similar sentido la sentencia no. 2026012880 de las 9:20 horas del 14 de abril de 2026).
VI.Conclusión. Desglósense el escrito agregado al expediente digital el 11 de setiembre de 2025, así como el resto de los memoriales aportados a este proceso, para que se tramiten como una gestión de desobediencia en el recurso de amparo No. 25-009503-0007-CO. Archívese el presente asunto.
VII.Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Desglósense el escrito agregado al expediente digital el 11 de setiembre de 2025, así como el resto de los memoriales aportados a este proceso, para que se tramiten como una gestión de desobediencia en el recurso de amparo No. 25-009503-0007-CO. Archívese el presente asunto. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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