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Res. 15365-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/04/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Court granted the amparo, finding the Ministry of Health only verified compliance with its November 2023 sanitary order after being notified of the amparo proceedings in March 2026; no costs or damages were awarded, though two magistrates partially dissented on that point.La Sala declaró con lugar el recurso de amparo al constatar que el Ministerio de Salud solo coordinó la verificación del cumplimiento de la orden sanitaria emitida en noviembre de 2023 después de ser notificado del auto de curso del amparo en marzo de 2026, sin condena especial en costas, daños y perjuicios, aunque dos magistrados disintieron parcialmente en ese extremo.
SummaryResumen
The Constitutional Court (Sala IV) reviewed an amparo petition filed by residents of Calle Israel in Desamparados, alleging that the Ministry of Health's regional office failed to take effective action against a neighboring property discharging raw sewage onto a public easement, causing foul odors and environmental contamination since January 2023. The health authority had issued a sanitary order in November 2023 requiring connection of all wastewater to an authorized treatment system but spent months unable to personally notify the property owner, who was reportedly abroad. The Court found that the health authority coordinated the compliance verification visit only after being notified of the amparo proceedings on March 23, 2026, at which point a dye test confirmed the sewage problem had been corrected. The amparo was granted under Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law without costs or damages, though two magistrates partially dissented. The ruling also contains important doctrinal notes on when the Constitutional Court—rather than the administrative court—has jurisdiction over environmental health complaints.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por vecinos de Calle Israel en Desamparados, quienes alegaron que el Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud no adoptó medidas eficaces ante el vertido de aguas servidas de una vivienda privada directamente sobre una servidumbre pública, generando malos olores y contaminación ambiental desde enero de 2023. La autoridad sanitaria emitió una orden sanitaria en noviembre de 2023 exigiendo la conexión del sistema de aguas servidas a un tratamiento autorizado, pero tardó meses en lograr su notificación personal y en verificar su cumplimiento. La Sala constató que fue solo tras notificársele el auto de curso del amparo, el 23 de marzo de 2026, que la autoridad coordinó la visita de verificación y determinó que la orden había sido acatada. Declaró el recurso con lugar conforme al artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin condena en costas, daños y perjuicios, aunque dos magistrados disintieron parcialmente en ese extremo. El fallo contiene además notas doctrinales relevantes sobre la competencia de la Sala Constitucional para conocer asuntos ambientales frente a la jurisdicción contencioso-administrativa cuando están en juego los derechos a la salud y a un ambiente sano.
Key excerptExtracto clave
In this case, as was demonstrated, it was only after the Ministry of Health was notified of the order to process the amparo—which occurred on March 23, 2026—that the respondent regional health authority coordinated the necessary actions to verify compliance with sanitary order No. MS-DRRSCS-ARS-D-OS-0259-2023 issued on November 24, 2023; accordingly, the appropriate course is to declare the amparo petition well-founded without a specific condemnation in costs, damages, and losses, as will be stated below. I consider that in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, their knowledge and resolution belongs to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter the merits of the matter when other rights of persons affected by the contamination source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy, pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the petitioner claims to have filed a complaint with the Ministry of Health regarding contamination caused by a neighboring dwelling that discharges sewage directly onto a public easement, affecting the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified quality of life for the petitioner and neighboring residents, but which has not been definitively resolved. The mere circumstance that, in the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial ruling revoking, halting, or suspending the challenged action does not, per se, rule out the possibility that, prior to such cessation—whether caused by or beyond the respondent body—the alleged indolence or disturbance may have caused damages and losses.En la especie, como se demostró fue con posterioridad a la notificación del auto de curso al Ministerio de Salud, lo que ocurrió el 23 de marzo de 2026, que el área rectora de salud recurrida coordinó las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-ARS-D-OS-0259-2023 emitida el 24 de noviembre del 2023, lo que procede es declarar con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante el Ministerio de Salud, la problemática de contaminación generada por una vivienda vecina que vierte las aguas servidas directamente sobre una servidumbre pública, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la parte recurrente y demás vecinos, pero que no ha sido resuelta de forma definitiva. la sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios.
Pull quotesCitas destacadas
"en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, según el dicho de la parte recurrente, se está ante una denuncia interpuesta ante el Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud de Desamparados por la existencia de una vivienda que vierte aguas servidas directamente a la servidumbre pública generando malos olores y contaminación ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta."
"In this case, an exceptional circumstance arises because, according to the petitioner, the complaint filed with the Desamparados Regional Health Office concerns a dwelling that discharges sewage directly onto the public easement, generating foul odors and environmental contamination that, allegedly, has not been resolved."
Considerando I — Cuestión Previa
"en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, según el dicho de la parte recurrente, se está ante una denuncia interpuesta ante el Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud de Desamparados por la existencia de una vivienda que vierte aguas servidas directamente a la servidumbre pública generando malos olores y contaminación ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta."
Considerando I — Cuestión Previa
"Se subraya que la Ley indica 'si fueren procedentes', lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal."
"It is stressed that the Law states 'if they are applicable,' which means that the appropriateness or inapplicability of the indemnification and costs depends on a weighing, assessment, or balancing by the Court."
Considerando VI — Sobre la Condenatoria en Costas, Daños y Perjuicios
"Se subraya que la Ley indica 'si fueren procedentes', lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal."
Considerando VI — Sobre la Condenatoria en Costas, Daños y Perjuicios
"Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo."
"With the position defended by the majority, I consider that, contrary to the intended goal, it would incentivize the Administration to respect rights only in the presence of an amparo petition."
Voto Salvado Parcial de la Magistrada Garro Vargas — Considerando X
"Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo."
Voto Salvado Parcial de la Magistrada Garro Vargas — Considerando X
"no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales."
"It is not incumbent upon the protected party to claim or demonstrate damages, since what they seek is the protection of their fundamental rights."
Voto Salvado Parcial del Magistrado Salazar Alvarado — Considerando IX
"no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales."
Voto Salvado Parcial del Magistrado Salazar Alvarado — Considerando IX
Full documentDocumento completo
Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the thirtieth of April, two thousand and twenty-six.
Amparo petition (recurso de amparo) processed under case file (expediente) number 26-005795-0007-CO, filed by [Nombre 001], national identification number [Valor 001], on behalf of VECINOS DE CALLE REAL, against the ÁREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS.
WHEREAS:
"REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTERIO DE SALUD AND THE SPECIFIC CASE. On January 17, 2023, a complaint was received via email at [email protected] from the Comité de Vecinos against a residence located in Barrio Santa Cecilia, 300 meters east and 200 meters south of Super Los Astua, Calle Israel, the last house inside the property of Flory Rojas; the owner's surname is unknown and only the given name Anibal is indicated. The complaint concerns wastewater contamination and was assigned complaint number CS-ARS-D-DE-0043-2023. On May 19, 2023, an inspection visit was conducted pursuant to Official Record MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0392-2023; the reported property was located; however, officials were not attended to, and it was indicated that persons could be found at the residence during evening hours. On July 25, 2023, follow-up was carried out pursuant to Official Record MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0608-2023; entry to the residence was permitted and the tenants (inquilinos) attended to officials; a septic tank (tanque séptico) was observed, upon which a dye test (prueba de coloración) was performed on the wastewater from the kitchen sinks (fregaderos), yielding a positive result in the drainage within the property; subsequently, a fluorescein (fluoresceína) test was performed on the sewage (aguas negras) from the toilets (servicios sanitarios), yielding a negative result within the property and in the drainage channel (cordón de caño).
On November 24, 2023, Technical Report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0747-2023 was generated, concluding non-compliance with Article 285 of the Ley General de Salud, and determining that administrative acts (actos administrativos) should be issued given the positive dye test result and the inconsistencies in wastewater management. On November 24, 2023, sanitary order MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0259-2026 was issued, ordering Tatiana María Flores Caballero, as owner of Finca 600801, within a period of 90 business days from notification, to 'Connect all the wastewater from the property (from showers, washbasins, kitchen sinks, and laundry) to an authorized treatment system, in such a way that it does not mix with stormwater, and that it complies with Articles 10.1-4 and 10.1-6 of the Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. She is hereby warned that in case of non-compliance, a fine will be imposed in accordance with Articles 378 and 378 bis of the Ley General de Salud.' On January 11, 2024, the Área Rectora received a request for information regarding the case from the Contraloría de Servicios, in which [Nombre 001] indicated that she had not received a response to the complaint.
On January 12, 2024, Official Communication MS-DRRSCS-ARS-D-0021-2024 was issued, informing the complainant, [Nombre 001], President of the Comité de Vecinos de Calle Israel, of the follow-up on complaint CS-ARS-D-DE-0043-2023; she was informed that the administrative acts had already been issued and that their notification was pending; however, it had been delayed because the owner's possible notification address was unknown. On January 17, 2024, a telephone call was made to Mr. Anibal Mora Ortega, who was informed that a dye test had been conducted at the residence and that the sanitary order needed to be served; however, he stated that he was not the owner, only the caretaker, and that the owner was abroad. On January 29, 2024, a visit was made to the reported property for the purpose of notification; however, the owner could not be located and the tenants refused to receive the order due to their status as occupants (moradores).
On January 30, 2024, the Contraloría de Servicios and the complainant were informed that several notification attempts had been made but that it had not been possible to locate the owner, as the only information available was that she was abroad. It was also clarified that notification must be made personally pursuant to Art. 19 of Ley 8687 and Articles 239-242 of Ley 6227, since as public officials they must adhere to the principle of legality (principio de legalidad) established in Article 11 of the Constitución Política; the case was therefore referred to the Departamento de Asuntos Jurídicos to determine how to proceed with the complaint. On February 22, 2024, Official Communication MS-DRRSCS-ARS-D-0152-2024 was issued, requesting that the Ministerio de Migración y Extranjería verify whether the owner of the reported property, Tatiana María Flores Caballero, was abroad and to provide the record of her entries and exits from the country since 2023.
On February 26, 2024, an email was received from [email protected] providing the telephone number of the property's caretaker, who lives in Coopelot San Rafael Abajo. On March 18, 2024, a visit was made to the property; however, the tenants stated that the caretaker lives in the southern zone, making it impossible to serve the sanitary order. On March 20, 2024, a telephone call was made to caretaker Reina Caballero, who was informed that notification to Ms. Tatiana Caballero was required or an official notice (edicto) would be published in the Gaceta; she indicated that the owner would personally appear at the Ministry's offices to receive notification. On March 21, 2024, the complainant was informed via the email address [email protected] of the progress of the case and the difficulties encountered in serving the administrative act due to the inability to locate the owner.
On April 3, 2024, Official Communication MS-DRRSCS-ARS-D-0242-2024 was issued, requesting that the Regional Director, Dr. Nelson Cordero Rodríguez, publish an official notice to serve sanitary order DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0259-2023, given that several notification attempts had been made and it was impossible to locate the owner, who did not reside at the property and had reportedly been abroad. On April 11, 2024, sanitary order MS-DRRSCS-ARS-D-0259-2023 was personally served on Ms. Tatiana Flores Caballero, granting her 90 business days from receipt of notification. On May 16, 2024, a visit was made to verify compliance with the sanitary order; however, officials were not attended to at the location. On August 8, 2025, information on the case follow-up was sent to the complainant, informing her that the sanitary order had been served but that compliance could not be verified due to the great difficulty in locating the owner.
Considerations on the case: On September 3, 2025, the Área Rectora de Salud Desamparados conducted follow-up pursuant to Phone Call Record MS-DRRSCS-ARS-D-TEL-0092-2025; [Nombre 001] answered the call and was asked whether the requested repairs had been made, to which she replied affirmatively but stated she did not believe they had worked; she provided the telephone number of the property's caretaker, but upon calling, the number was not in service. On October 16, 2025, a telephone call was made pursuant to MS-DRRSCS-ARS-D-TEL-0097-2025 and the number 8828-0935 for Flores Caballero was provided. On October 21, 2025, a sanitary order follow-up inspection was conducted pursuant to Official Record MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0819-2025; several calls were made at the easement, persons were observed, but they did not attend to the officials and provided no information about the owner. On March 23, 2026, a telephone call was made to the owner's mother, who stated that the requested work had been completed, and a visit was scheduled to verify compliance through a fluorescein test at 2 p.m. On March 23, 2026, a follow-up visit was conducted on sanitary order MS-DRRSCS-ARS-D-OS-0259-2023; Mr.
Anibal Mora Ortega attended to the officials; a dye test was performed on the wastewater system and yielded a negative result, from which it was determined that the sanitary order had been complied with; it was accordingly decided to close complaint CS-ARS-D-DE-0043-2023 and proceed to archive the case."
"From all of the foregoing, it is abundantly clear that there has been no inaction, arbitrary omission, or negligent conduct on the part of the Ministerio de Salud. On the contrary, the respondent authority attended to the complaint filed in 2023, conducted multiple technical inspections, issued the corresponding sanitary order, and undertook repeated and documented efforts to achieve its service and follow-up, facing obstacles arising from the material impossibility of timely locating the owner of the property and the lack of cooperation from third parties. The record also shows that the sanitary order in question was ultimately served and complied with, and that following the technical verification conducted on March 23, 2026, the health authority determined that the reported wastewater discharge had been corrected, ruling out any persistence of the situation that gave rise to this petition. Consequently, there is no current injury or certain and imminent threat to the fundamental rights invoked, in particular the right to health and to a healthy environment. On that basis, it is evident that the administrative action was carried out within the framework of legality, reasonableness, and proportionality, respecting due process and the inherent competencies of the governing body in matters of public health." She requests that the petition be denied.
This ruling is drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
CONSIDERING:
Before analyzing the merits of the case — regarding the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings — it should be clarified that, as of Ruling No. 2008-02545 issued at 8:55 hours on February 22, 2008, this Court has referred — with some exceptions — to the administrative contentious jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) those matters in which the question is whether a public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative procedures, for issuing a final act concluding an administrative proceeding — initiated ex officio or at the request of a party — or for ruling on the applicable administrative appeals. This case falls precisely within one of the recognized exceptions, because, according to the petitioner, it involves a complaint filed with the Área Rectora de Salud of the Ministerio de Salud of Desamparados regarding the existence of a residence discharging wastewater directly onto the public easement, generating foul odors and environmental contamination, which has allegedly not been resolved. Having clarified that point, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this amparo petition.
This Court has repeatedly held that the failure to submit a report, or its untimely submission, is not in itself sufficient grounds for automatically granting the petition, since the Court must proceed to examine the admissibility of the petition on the basis of the arguments raised and the other evidentiary elements in the record.
The petitioner states that on January 17, 2023, the Comité Pro Mejoras y Seguridad of the community filed a complaint with the Área Rectora de Salud of the Ministerio de Salud of Desamparados alleging that a residence was discharging wastewater directly onto the public easement, generating foul odors and environmental contamination. She notes that the complaint was assigned case file number CS-ARS-DDE-0043-2023. She states that in November 2023, the Ministerio de Salud issued a sanitary order against the owners of the property for improper disposal of wastewater; however, the Área de Salud reported being unable to notify the owners and left the case without effective follow-up. She alleges that since then the discharge has continued, the foul odors persist, and residents continue to be exposed to health risks. She requests that the amparo petition be granted, that the ÁREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS be ordered to immediately adopt effective measures to eliminate the wastewater discharge and foul odors; that effective and continuous follow-up be directed without allowing notification difficulties to serve as an excuse; and that the actual protection of the right to health and a healthy environment for the residents of Calle Israel be guaranteed.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been substantiated in the record or because the respondent failed to address them as required in the initial order:
In the case at hand (sub lite), it was established as proven that on January 17, 2023, the Área Rectora de Salud Desamparados received, via the email account [email protected], a complaint filed by the Neighborhood Committee against a dwelling located in Barrio Santa Cecilia, concerning wastewater (aguas residuales) contamination; the complaint was assigned consecutive number CS-ARS-D-DE-0043-2023. From that point, the following actions were carried out: on May 19, 2023, the respondent authority conducted an inspection visit and successfully located the reported property; however, no one attended to the officials. On July 25, 2023, a follow-up to the case was conducted pursuant to Record MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0608-2023; access to the dwelling was permitted and the tenants were in attendance. A septic tank (tanque séptico) was observed, and a dye test (prueba de coloración) was performed on the greywater (aguas servidas) from sinks, yielding a positive result in the drainage within the property; a fluorescein (fluoresceína) test was performed on the blackwater (aguas negras) from toilets and yielded a negative result both within the property and at the drainage channel.
On November 24, 2023, Technical Report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0747-2023 was issued, concluding that Art. 285 of the Ley General de Salud had been violated and, consequently, determining that administrative acts should be issued in light of the positive dye test result and the inconsistencies in the handling of wastewater. On November 24, 2023, the respondent health governing area issued sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0259-2026, directing Tatiana María Flores Caballero, in her capacity as owner of Finca 600801, to comply within ninety business days from notification by "connecting all greywater (originating from showers, hand-washing basins, kitchen sinks, and laundry) from the property to an authorized treatment system, in such a manner that it does not mix with stormwater and that it complies with articles 10.1-4 and 10.1-6 of the Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones.
She is warned that in the event of non-compliance, a fine will be imposed pursuant to articles 378 and 378 bis of the Ley General de Salud." On January 11, 2024, the Área Rectora de Salud Desamparados received a request for information regarding the case from the Contraloría de Servicios, in which the appellant stated she had not received any response to her complaint. On January 12, 2024, the respondent issued Official Communication MS-DRRSCS-ARS-D-0021-2024, informing the complainant—the appellant herein—of the follow-up to complaint No. CS-ARS-D-DE-0043-2023; it was clarified that administrative acts had already been issued and that notification was pending; however, notification had been delayed because the owner's address for service was unknown. On January 17, 2024, a telephone call was made to Anibal Mora Ortega, who was informed of the need to serve the sanitary order; he stated, however, that he is not the owner, only the caretaker, and that the owner is abroad.
On January 29, 2024, the respondent ministry conducted a visit to the reported property for the purpose of notification; however, the owner could not be located, and the tenants refused to accept the order due to their status as residents only. On January 30, 2024, the Contraloría de Servicios and the complainant were informed that several notification attempts had been made but that it had not been possible to locate the owner, as the only known information was that she was abroad. It was further clarified that notification was required to be made in person pursuant to Art. 19 of Ley 8687 and articles 239 and 242 of Ley 6227; the case was referred to the Legal Affairs Department to determine the appropriate course of action regarding the complaint. On February 22, 2024, Official Communication MS-DRRSCS-ARS-D-0152-2024 was issued, requesting that the Ministerio de Migración y Extranjería confirm whether the owner of the reported dwelling was abroad and provide the record of her entries into and exits from the country since 2023.
On February 26, 2024, an email was received from [email protected] providing the telephone number of the property caretaker, who lives in Coopelot San Rafael Abajo. On March 18, 2024, a visit was made to the property; however, the tenants indicated that the caretaker lives in the southern zone, and it was therefore not possible to serve the sanitary order. On March 20, 2024, a telephone call was made to the caretaker Reina Caballero, who was informed that Tatiana Caballero needed to be served or that an edict (edicto) would be published in the Gaceta; she indicated that the owner would come to the Ministry's offices to receive notification in person. On March 21, 2024, the respondent authority informed the complainant, via the email account [email protected], of the status of the case and the difficulties encountered in serving the administrative act due to the inability to locate the owner.
On April 3, 2024, Official Communication MS-DRRSCS-ARS-D-0242-2024 was issued, requesting that the Regional Director publish an edict to notify sanitary order No. DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0259-2023; on April 11, 2024, Tatiana Flores Caballero was personally served sanitary order No. MS-DRRSCS-ARS-D-0259-2023. On May 16, 2024, a visit was conducted to verify compliance with the sanitary order, but no one at the location attended to the officials. On August 8, 2025, information on the status of the case was sent to the complainant, indicating that the sanitary order had been served but that compliance had not been able to be verified due to the significant difficulty in locating the owner. On September 3, 2025, a follow-up to the case was conducted pursuant to Call Record MS-DRRSCS-ARS-D-TEL-0092-2025 with the owner, who was asked whether the requested repairs had been carried out; she stated that they had, but that she believed they had not worked properly; she provided the telephone number of the property caretaker, a call was made but the number did not correspond to any subscriber.
On October 21, 2025, an inspection visit was conducted as a follow-up to the sanitary order pursuant to Record MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0819-2025; several calls were made from the access path to the property, persons were observed inside, but they did not attend to the officials. On March 23, 2026, the respondent ministry made a telephone call to the owner's mother, who indicated that the requested work had been completed and coordinated a visit to verify compliance by means of a fluorescein test. On March 23, 2026, a follow-up visit to sanitary order No. MS-DRRSCS-ARS-D-OS-0259-2023 was conducted and a dye test was performed on the greywater system, yielding a negative result. Finally, it is evident that the Área Rectora de Salud Desamparados determined that the sanitary order had been complied with, resolved to close complaint No. CS-ARS-D-DE-0043-2023, and proceeded to archive the case. In the instant matter, as was demonstrated, it was only after the order admitting the writ (auto de curso) was notified to the Ministerio de Salud—which occurred on March 23, 2026—that the respondent health governing area coordinated the necessary actions to verify compliance with sanitary order No. MS-DRRSCS-ARS-D-OS-0259-2023, issued on November 24, 2023. Accordingly, the appropriate course of action is to grant the writ without an award of costs, damages, and losses (condenatoria en costas, daños y perjuicios), as set forth below.
52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon further consideration, the majority of the Court finds that, in the case under examination (sub examine), pursuant to the provisions of the first paragraph of Art. 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial ruling is issued revoking, stopping, or suspending the challenged act, the writ shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if these are warranted"), the grant of the writ should be made without a special award of costs, damages, and losses, on the basis of the following considerations. While there is an express statutory text obliging the operative part of the judgment to state that the writ is granted whenever the grievance is resolved while the amparo is pending, that same paragraph in fine provides that the grant is made "solely for the purposes of indemnification and costs, if these are warranted." It is emphasized that the Act uses the phrase "if these are warranted," which means that the appropriateness or inappropriateness of indemnification and costs is subject to an evaluation, appraisal, or weighing by the Court.
In cases such as this one, the substance of the claim of the protected party and the conduct of the respondent authority in recognizing it suggest that the alleged prejudices, injuries, or disruptions are not directly related to an impact on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would be the case, for example, with an infringement of the right to wages). To dispel any doubt on this point, it is important to highlight the provisions of Art. 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: "any ruling granting the writ shall impose an abstract-level condemnation to indemnification for damages and losses caused, and to payment of the costs of the writ, reserving liquidation thereof for the enforcement stage," a provision that does not contemplate the possibility of weighing whether indemnification and costs are warranted or not. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law, or, as applicable, those of International or Community Law, and, additionally, in order of precedence, the Ley General de la Administración Pública, the Código Procesal Contencioso Administrativo, and other procedural codes, serve as supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—see Art. 14.
For the contentious-administrative jurisdiction, the legislature established a provision fully applicable by analogy to the instant case in Art. 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic applicable across all areas of law. In any event, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they so choose, to ordinary proceedings in order to demonstrate that they have suffered some form of prejudice. On the basis of the foregoing, it is the majority's view to resolve this writ without an award of costs, damages, and losses.
I have supported this Court's position that, when a litigant (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and effective justice in the administrative forum (sede administrativa), the competent bodies to adjudicate the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts, not this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is amenable to judicial protection by means of the writ of amparo established by Art. 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Art. 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the Administration's material acts, its administrative decisions, or its response are affecting his or her fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its line of jurisprudence; pursuant to numeral 7 of its own Act, this Court has exclusive authority to define its own jurisdiction.
Accordingly, except for those legal and constitutional disputes that this very Chamber has recognized as exceptional cases—which are indeed admissible in this jurisdiction through the constitutional protection process of the writ of amparo—in all other cases, and for the reasons set forth by this Court (sentencia N° 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is consistent with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
I am of the view that, in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, adjudication and resolution thereof fall within the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do proceed to examine the merits of the matter when the fundamental rights of those affected by the source of contamination are at stake, including the rights to health, quality of life, and the right to enjoy a clean and pollution-free environment (Art. 50 of the Constitución Política), as is the case here, in which the appellant claims to have filed a complaint with the Ministerio de Salud regarding a contamination problem caused by a neighboring dwelling that discharges greywater directly onto a public easement (servidumbre pública), affecting the right of the appellant and other neighbors to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life, a problem that has not been definitively resolved.
IX.PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE SALAZAR ALVARADO, SOLELY WITH REGARD TO THE ABSENCE OF AN AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I agree with the rest of the Chamber in granting the writ, I depart from the majority's view insofar as it exempts the respondent party from an award of costs, damages, and losses arising from the injury inflicted upon the fundamental rights of the protected party.
The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Art. 52, provides:
"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial ruling is issued revoking, stopping, or suspending the challenged act, the writ shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if these are warranted." Additionally, Art. 51 of the same Act establishes:
"...any ruling granting the writ shall impose an abstract-level condemnation to indemnification for damages and losses caused, and to payment of the costs of the writ, reserving liquidation thereof for the enforcement stage." This latter provision establishes the general system governing indemnification and costs, which the majority describes as "the natural or normal manner of concluding the proceedings, where there is a ruling on the merits and recognition of the facts that have violated fundamental rights…" In the majority's view, Art. 51, as cited, governs the cases in which the Chamber has found the grievance to be established, giving rise, as a consequence, to the need for an award of costs, damages, and losses. However, in the undersigned's view, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both in cases in which this Constitutional Court has found a violation of a fundamental right and accordingly grants the writ, and in those in which the Administration, of its own accord, restores to the aggrieved person the enjoyment of his or her fundamental rights upon learning of the amparo—the scenario contemplated in the aforementioned Art. 52—, by operation of articles 50 and 51 of the cited Act, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to indemnification for damages and losses caused and to payment of the costs of the writ.
This rule is nothing more than the recognition, for the party whose fundamental rights have been violated, of the right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva) regarding the remedy of the harmful consequences arising from the acts or omissions of the infringing authorities; and it also serves as a deterrent to prevent the State from again engaging in the conduct that gave rise to the grant of the writ, a matter governed by Art. 50 of the Act regulating this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance established and proceeded to rule on the merits, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself upon learning that the amparo was being processed, with reinstatement in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Art. 52), in either scenario the imperative need for an award of costs, damages, and losses against the infringer arises, grounded in the principles of protection of individual rights and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.
Thus, the fact that, at the time the amparo is considered and granted, the effects of the challenged act may have already ceased, under the terms of articles 50 and 52 of the cited Act, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, since this case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation in those respects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Furthermore, it is clear that Art. 52, as mentioned, applies solely in those cases in which the Chamber, even though it has not examined or ruled on the merits of the claim, has established the violation suffered by the protected party in his or her fundamental rights, by virtue of the reinstatement—in the enjoyment of those rights—that the Administration has accorded in the party's favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, constitutes an "abnormal conclusion of the proceedings." The legislature established and delimited, with precision, the conditions under which this Chamber may order this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo be pending, meaning that the Administration has been duly notified of the ruling admitting the writ; and, 2) that there is an administrative or judicial ruling that, unequivocally, provides for the revocation, cessation, or suspension of the challenged act in violation of fundamental rights.
Indeed, the provision in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses notwithstanding the granting of the writ, by providing that, in the cases it regulates, the writ shall be granted "solely for the purposes of indemnification and costs, if these are warranted." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it is operative only in the circumstances strictly contemplated by the provision, not only by virtue of the rule that exceptions in law must be interpreted narrowly, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly entail an infringement of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against damages and losses suffered as a result of injury to their constitutional rights.
In my view, this exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation to costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial ruling revoking, stopping, or suspending the challenged act, unless it is established beyond doubt and clearly that in the specific case no prejudice of a compensable nature was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from paying those amounts. Since in the instant case there is no element whatsoever that rebuts the presumption that the protected party has suffered economic damages and losses arising from the challenged conduct—the precise determination of which does not fall within this jurisdiction—, the grant of this writ must necessarily entail an award of costs, damages, and losses, and we so declare.
As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings are not primarily aimed at analyzing the existence or non-existence of damages and losses, but rather at determining whether there are acts or omissions that may cause or produce a breach of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis carried out in this forum focuses on that verification, but does not extend to weighing whether such matters have or have not generated injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. While the aforementioned Art. 52 of the LJC, in its literal scope, provides that such condemnation—in damages, losses, and costs—operates when warranted, the undersigned does not consider that this assessment of appropriateness can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within a separate ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo proceeding, the conduct or omissions attributable to the Administration (or to a private law entity, as applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable.
By way of reference, articles 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define a special proceeding whose purpose is to determine the economic consequences arising from awards issued in these proceedings. In light of Art. 179 of that same Code, the proceeding has the following purpose:
"ARTICLE 179.- Execution of judgments rendered by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public law entities shall fall within the jurisdiction of the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, solely with regard to the demonstration, liquidation, and enforcement of monetary indemnifications." It is clear that this proceeding is directed at analyzing the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract-level condemnation on those grounds, since such claims would not be admissible in that type of proceeding if the judgment rendered within the amparo proceeding were to expressly establish the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, nor when there is no express ruling on this particular point. That is to say, the special proceeding in the contentious-administrative forum requires, as a sine qua non prerequisite, a condemnation or express ruling by this Constitutional Chamber.
In this regard, in my view, pursuant to the aforementioned Art. 52 of the LJC, an exemption from that patrimonial condemnation requires, in each specific case, the establishment of circumstances on the basis of which the non-existence of patrimonial injuries—even potential ones—arising from or associated with the facts analyzed is found, with adequate reasoning. It is therefore an exception that, as such, requires qualified application, duly reasoned on a case-by-case basis. The mere fact that, in the course of the proceedings, the Administration issues a ruling or a judicial judgment is rendered revoking, stopping, or suspending the challenged act does not, per se, rule out that, prior to that cessation—whether caused by the respondent entity itself or by an external factor—, the negligence alleged or the disturbance complained of may have already caused damages and losses. However, such substantive questions, with respect to the actual nature of the injuries, their amount, timely claim, and so on, are assessments that fall outside the nature of these proceedings and which, pursuant to the mandate of the aforementioned Art. 52, are proper to an abstract-level condemnation that then serves as the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction.
The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses, since, as has been emphasized, that is not their primary purpose or ratio. Accordingly, the protected party is not required to claim or demonstrate damages, as what is being sought is the protection of his or her fundamental rights. Whether that administrative conduct has caused injuries is a matter that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in this type of proceeding. It should be noted that, in the scenario regulated by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the conclusion of the amparo or habeas corpus by virtue of the supervening circumstance already mentioned. Therefore, in such cases, by operation of law, no assessment is made of whether or not there is a violation, and consequently, even less can it be determined whether, based on what the claimant has alleged, there may or may not be situations of possible civil reparation.
Thus, the exemption from condemnation to which that provision refers is of an exceptional, not a general, nature. Accordingly, in such cases, the provision mandates abstract-level condemnation, so that it is within a separate plenary proceeding that its appropriateness is analyzed. Otherwise, if such relief from damages, losses, and costs were applied as a rule, the legal protection of the situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in his or her patrimonial sphere would be jeopardized, in detriment to what is established by Art. 45 of the Constitución Política, and in disregard of the Administration's potential liability, as imposed by Art. 9 thereof. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of a proceeding of this nature that conduct was adopted causing the cessation of the acts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the individual.
That is to say, in order to obtain the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue thereof that the cessation of the contested disturbance occurred. It is reiterated: if the persistence of the threat or deterioration of the person's situation until such time as it was brought to an end by the causes referred to in the provision under examination generated damages and losses, that is a matter that, absent evidence to the contrary, must be analyzed within ordinary proceedings, but which, it is reiterated, must under no circumstances be denied, as a premise, solely by virtue of the materialization of the factual scenario regulated by the aforementioned Art. 52 of the LJC. Accordingly, with the utmost respect for the majority's position, I express my dissenting vote and reiterate that the grant of this writ must necessarily entail an abstract-level condemnation to costs, damages, and losses.
Art. 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) reads: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial ruling is issued revoking, stopping, or suspending the challenged act, the writ shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if these are warranted." My interpretation of that provision is as follows: That "ruling" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if these are warranted" refers to costs. Moreover, Art. 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, on the basis of Art. 14 of the LJC, refers precisely and only to these: to costs.
Admittedly, pursuant to Art. 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the writ of amparo is not compensatory but restorative; however, Art. 51 of the LJC states: "Any ruling granting the writ shall impose an abstract-level condemnation to indemnification for damages and losses caused, and to payment of the costs of the writ, reserving liquidation thereof for the enforcement stage." If the right has been violated and the Chamber so finds, even in cases where it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract-level condemnation of these is appropriate. If such condemnation were not made, in the event that damages and losses have actually occurred, there would be no basis—derived from this proceeding—upon which to claim them, which could constitute a violation of Art. 41 of the CP. If, despite an abstract-level condemnation being entered, no damages and losses have in fact occurred, the judge in the ordinary proceedings will so declare, since it is exclusively within that forum's competence to find proven the actual existence and magnitude thereof.
Under the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would in practice incentivize the Administration to respect rights only in the face of a writ of amparo. It remains to be said that Art. 52 of the LJC contemplates the possibility that, if deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.
For the foregoing reasons, I partially dissent from the operative part and order the condemnation to damages and losses, but not to costs.
The parties are hereby notified that if any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device has been submitted, such materials must be retrieved from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Plenary Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
In accordance with article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the petition for constitutional relief (recurso) is granted, with no special award of costs, damages, or losses. Justice Castillo Víquez appends a separate note. Justice Salazar Alvarado appends a separate note. Justice Salazar Alvarado partially dissents from the majority vote and orders an award of damages, losses, and costs. Justice Garro Vargas partially dissents from the majority vote and orders an award of damages and losses, but not costs.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
1
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-005795-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de VECINOS DE CALLE REAL, contra el ÁREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS.
RESULTANDO:
“DE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD Y EL CASO EN CONCRETO. El 17 de enero del 2023 se recibe a través del correo electrónico [email protected] denuncia de Comité de Vecinos denuncia contra vivienda de vecino ubicada en Barrio Santa Cecilia, del super los Astua 300 m este y 200 m sur, Calle Israel, última casa dentro de la propiedad de Flory Rojas, se desconoce el apellido del propietario soló se indica nombre Anibal, se refiere contaminación de aguas residuales, se asigna consecutivo de denuncia CS-ARS-D-DE-0043-2023. El 19 de mayo del 2023 se realiza visita de inspección, según acta MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0392-2023, se logra ubicar la propiedad denunciada, sin embargo, no se atiende a los funcionarios, se indica que se puede ubicar personas en la vivienda en horario nocturno. El 25 de julio del 2023 se realiza seguimiento al caso según Acta MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0608-2023, se permite el ingreso a la vivienda y atienden los inquilinos, se observa un tanque séptico al cual se realiza prueba de coloración en aguas servidas (fregaderos) y se obtiene resultado positivo en drenaje dentro de la propiedad, posteriormente se realiza prueba con fluoresceína en aguas negras (servicios sanitarios) y se obtiene resultado negativo dentro de la propiedad y el cordón de caño.
El 24 de noviembre del 2023 se genera el Informe Técnico MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0747-2023 en el que se concluye incumplimiento del Artículo 285 de la Ley General de Salud, por lo cual se determina emitir los actos administrativos ante prueba positiva de coloración y las inconsistencias en el manejo de aguas residuales. El 24 de noviembre del 2023 se emite la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0259-2026 en la cual se ordena a Tatiana María Flores Caballero en su condición de propietaria de la Finca 600801 en un plazo de 90 días hábiles a partir de la notificación “Conectar toda el agua servida (proveniente de duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa) de la propiedad a un sistema de tratamiento autorizado; de manera que no se mezcle con aguas pluviales y que cumpla con los artículos 10.1-4 y 10.1-6 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. Se le previene que en caso de incumplimiento se impondrá multa conforme los artículos 378 y 378 bis de la Ley General de Salud.
El 11 de enero del 2024 se recibe en el Área Rectora solicitud de información del caso por parte de la Contraloría de Servicios, en el cual la Señora [Nombre 001] indica no haber recibido respuesta a la denuncia. El 12 de enero del 2024 se emite el Oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0021-2024, en el que se le informa a la denunciante [Nombre 001], Presidente del Comité de Vecinos de Calle Israel el seguimiento a la denuncia CS-ARS-D-DE-0043-2023, se le aclara que ya se ha emitido los actos administrativos y está pendiente su notificación, sin embargo, se ha demorado, ya que se desconoce la posible dirección de notificación de la propietaria. El 17 de enero del 2024 se realiza llamada telefónica al Sr. Anibal Mora Ortega, se le indica que se efectúa prueba de coloración en la vivienda y se requiere notificar la orden sanitaria, sin embargo, refiere que él no es propietario, solo el encargado y la dueña se encuentra fuera del país.
El 29 de enero del 2024 se realiza visita a la propiedad denunciada para notificación, sin embargo, no se logra ubicar a la propietaria y los inquilinos no reciben la orden, debido a su condición de moradores. El 30 de enero del 2024 se comunica a la Contraloría de Servicios y la denunciante que se han efectuado varios intentos de notificación y no ha sido posible ubicar a la propietaria, únicamente se tiene información de que se encuentra fuera del país, asimismo se aclara que la notificación debe realizar de forma personal según Artículo 19 de la Ley 8687 y Artículos 239-242 de la Ley 6227, ya que como funcionarios públicos se debe acatar el principio de legalidad establecido en el Artículo 11 de la Constitución Política, por lo tanto se elevó el caso al Departamento de Asuntos Jurídicos, para determinar como proceder con la denuncia. El 22 de febrero del 2024 se emite el Oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0152-2024, en el cual se solicita al Ministerio de Migración y Extranjería corroborar si la propietaria de la vivienda denunciada Tatiana María Flores Caballero se encuentra fuera del país y remitir el registro de entradas y salidas del país desde el año 2023.
El 26 de febrero del 2024 se recibe correo electrónico de [email protected], en el que aporta número telefónico de la encargada de la propiedad, quien vive en Coopelot San Rafael Abajo. El 18 de marzo del 2024 se realiza visita a la propiedad, sin embargo, los inquilinos refieren que la encargada vive en la zona sur, por lo cual no es posible notificar la orden sanitaria. El 20 de marzo del 2024 se realiza llamada telefónica a la encargada Reina Caballero y se le indica que se requiere notificar a la Señora Tatiana Caballero o se emitirá edicto en la Gaceta, por lo cual indica que la propietaria se presentará a las Oficinas del Ministerio a recibir la notificación personalmente. El 21 de marzo del 2024 se informa a la denunciante a través del correo electrónico [email protected], el seguimiento del caso y las dificultades que se ha tenido para notificar el acto administrativo, al no poder localizar a la propietaria.
El 03 de abril del 2024 se emite el Oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0242-2024 en el cual se solicita al Dr. Nelson Cordero Rodríguez, Director Regional, publicación de Edicto para notificar la orden sanitaria DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0259-2023, ya que se han realizado varios intentos de notificación y no es posible localizar a la propietaria, ya que no vive ahí e incluso de informa que esta fuera del país. El 11 de abril del 2024 se notifica de forma personal a la Sra. Tatiana Flores Caballero la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-0259-2023, en la cual se le otorga 90 días hábiles a partir de recibida la notificación. El 16 de mayo del 2024 se realiza visita para corroborar orden sanitaria, sin embargo, no atienden en el lugar a los funcionarios. El 08 de agosto del 2025 se envía a la denunciante información del seguimiento del caso y se le indica que ya se notificó la orden sanitaria, pero no se ha podido corroborar el cumplimiento debido a que se presenta gran dificultad para localizar al dueño.
Consideraciones del caso: El Área Rectora de Salud Desamparados realiza el 03 de setiembre del 2025 seguimiento al caso según Acta de Llamada MS-DRRSCS-ARS-D-TEL-0092-2025, atiende la Sra. [Nombre 001], se le consulta si se han realizado los arreglos solicitados quien refiere que sí, pero considera no funcionaron, brinda teléfono de encargado de la propiedad, se efectúa llamada pero el número no corresponde a ningún abonado. El 16 de octubre del 2025 se realiza llamada telefónica MS-DRRSCS-ARS-D-TEL-0097-2025 y se aporta el número 8828-0935 Flores Caballero. El 21 de octubre del 2025 se realiza visita de inspección en seguimiento a la orden sanitaria según Acta MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0819-2025, se realizan varias llamadas a la servidumbre, se observan personas, pero estas no atienden a los funcionarios y no brinda información de la propietaria. El 23 de marzo del 2026 se realiza llamada telefónica a la madre de la propietaria quien refiere que ya se realizaron los trabajos solicitados y se coordina visita para corroborar el cumplimiento a través de prueba de fluoresceína a las 2pm.
El 23 de marzo del 2026 se realiza visita de seguimiento a la orden sanitaria MS-DRRSCS-ARS-D-OS-0259-2023, atiende el Sr. Anibal Mora Ortega, se efectúa prueba de coloración en el sistema de aguas servidas y se obtiene resultado negativo, por lo cual se determina cumplimiento de la orden sanitaria y se resuelve cerrar la denuncia CS-ARS-D-DE-0043-2023 y proceder a archivar el caso”.
“De todo lo expuesto se desprende con claridad que no ha existido inactividad, omisión arbitraria ni conducta negligente por parte del Ministerio de Salud, sino que, por el contrario, la autoridad recurrida atendió la denuncia presentada desde el año 2023, realizó múltiples inspecciones técnicas, emitió la correspondiente orden sanitaria y desplegó reiteradas y documentadas gestiones para lograr su notificación y seguimiento, enfrentando obstáculos derivados de la imposibilidad material de ubicar oportunamente a la persona propietaria del inmueble, así como de la falta de colaboración de terceros. Asimismo, consta en autos que la orden sanitaria de marras fue finalmente notificada y cumplida y que, tras la verificación técnica realizada el 23 de marzo de 2026, la autoridad de salud determinó que el vertido de aguas servidas denunciado había sido corregido, descartándose la persistencia de la situación que dio origen al presente recurso. En consecuencia, no se configura una lesión actual ni una amenaza cierta e inminente a los derechos fundamentales invocados, en particular al derecho a la salud y a un ambiente sano. Bajo ese entendido, resulta evidente que la actuación administrativa se desarrolló dentro del marco de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, respetando el debido proceso y las competencias propias del órgano rector en materia de salud pública”.
Solicita que se declare sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
CONSIDERANDO:
De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativo a los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, según el dicho de la parte recurrente, se está ante una denuncia interpuesta ante el Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud de Desamparados por la existencia de una vivienda que vierte aguas servidas directamente a la servidumbre pública generando malos olores y contaminación ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
En reiteradas ocasiones esta Sala ha indicado que el hecho de no rendir un informe o hacerlo extemporáneamente, no es motivo suficiente para la estimatoria automática del recurso, toda vez que la Sala debe entrar a estudiar la procedencia del recurso con base en los alegatos esgrimidos y demás elementos probatorios allegados a los autos.
La recurrente manifiesta que el 17 de enero de 2023 el Comité Pro Mejoras y Seguridad de la comunidad denunció ante el Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud de Desamparados que una vivienda vierte aguas servidas directamente a la servidumbre pública generando malos olores y contaminación ambiental. Señala que a la denuncia se le asignó el expediente No. CS-ARS-DDE-0043-2023. Indica que en noviembre de 2023, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra los propietarios del inmueble por inadecuada disposición de aguas servidas; empero, el Área de Salud manifestó no haber logrado notificar a los dueños y dejó el caso sin seguimiento efectivo. Acusa que desde entonces el vertido continúa, los malos olores persisten y los vecinos siguen expuestos a riesgos sanitarios. Solicita que se declare con lugar el recurso de amparo, se ordene al Área Rectora de Salud de Desamparados adoptar de inmediato medidas eficaces para eliminar el vertido de aguas servidas y los malos olores; que se disponga un seguimiento efectivo y continuo sin excusarse en problemas de notificación; y que se garantice la protección real del derecho a la salud y a un ambiente sano para los vecinos de Calle Israel.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En el sub lite se tuvo por acreditado que el 17 de enero del 2023 el Área Rectora de Salud Desamparados recibió a través del correo electrónico [email protected] una denuncia por parte del Comité de Vecinos contra una vivienda ubicada en Barrio Santa Cecilia, la cual se refiere contaminación de aguas residuales; se asignó consecutivo de denuncia No. CS-ARS-D-DE-0043-2023. A partir de ahí se verifican las siguientes actuaciones: el 19 de mayo del 2023 la autoridad recurrida realizó una visita de inspección y logró ubicar la propiedad denunciada; sin embargo, no se atendió a los funcionarios. El 25 de julio del 2023 se realiza seguimiento al caso según Acta MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0608-2023; se permitió el ingreso a la vivienda y atienden los inquilinos, siendo que se observó un tanque séptico al cual se realiza prueba de coloración en aguas servidas (fregaderos) y se obtiene resultado positivo en drenaje dentro de la propiedad; se realizó prueba con fluoresceína en aguas negras (servicios sanitarios) y se obtiene resultado negativo dentro de la propiedad y el cordón de caño.
El 24 de noviembre del 2023 se generó el Informe Técnico MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0747-2023, en el cual se concluyó incumplimiento del Artículo 285 de la Ley General de Salud y, por ende, se determinó emitir los actos administrativos ante prueba positiva de coloración y las inconsistencias en el manejo de aguas residuales. El 24 de noviembre del 2023 el área rectora de salud accionada emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0259-2026 y ordenó a Tatiana María Flores Caballero, en su condición de propietaria de la Finca 600801, que en un plazo de noventa días hábiles a partir de la notificación debía “conectar toda el agua servida (proveniente de duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa) de la propiedad a un sistema de tratamiento autorizado; de manera que no se mezcle con aguas pluviales y que cumpla con los artículos 10.1-4 y 10.1-6 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones.
Se le previene que en caso de incumplimiento se impondrá multa conforme los artículos 378 y 378 bis de la Ley General de Salud”. El 11 de enero del 2024 el Área Rectora de Salud Desamparados recibió una solicitud de información del caso por parte de la Contraloría de Servicios, en el cual la recurrente indicó no haber recibido respuesta a la denuncia. El 12 de enero del 2024 la accionada emitió el Oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0021-2024 y le informó a la denunciante, aquí recurrente, sobre el seguimiento a la denuncia No. CS-ARS-D-DE-0043-2023; se le aclaró que ya se ha emitido los actos administrativos y estaba pendiente su notificación; sin embargo, se ha demorado debido a que se desconoce la posible dirección de notificación de la propietaria. El 17 de enero del 2024 se realizó llamada telefónica a Anibal Mora Ortega, a quien se le comunicó que se requiere notificar la orden sanitaria; no obstante, refirió que él no es propietario, solo el encargado y la dueña se encuentra fuera del país.
El 29 de enero del 2024 el ministerio accionado realizó visita a la propiedad denunciada para notificación; sin embargo, no se logró ubicar a la propietaria y los inquilinos no recibieron la orden debido a su condición de moradores. El 30 de enero del 2024 se comunicó a la Contraloría de Servicios y a la denunciante que se habían efectuado varios intentos de notificación, pero no había sido posible ubicar a la propietaria, puesto que únicamente se tiene información de que se encuentra fuera del país. Además, se aclaró que la notificación debía realizarse de forma personal según artículo 19 de la Ley 8687 y artículos 239, 242 de la Ley 6227; se elevó el caso al Departamento de Asuntos Jurídicos para determinar el proceder con la denuncia. El 22 de febrero del 2024 se emitió el Oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0152-2024, donde se solicitó al Ministerio de Migración y Extranjería corroborar si la propietaria de la vivienda denunciada se encontraba fuera del país, así como remitir el registro de entradas y salidas del país desde el año 2023.
El 26 de febrero del 2024 se recibió correo electrónico de [email protected] y se aportó el número telefónico de la encargada de la propiedad, quien vive en Coopelot San Rafael Abajo. El 18 de marzo del 2024 se realizó visita a la propiedad; empero, los inquilinos refieren que la encargada vive en la zona sur y, por ello, no fue posible notificar la orden sanitaria; el 20 de marzo del 2024 se realizó llamada telefónica a la encargada Reina Caballero y se le indicó que se requería notificar a Tatiana Caballero o se emitirá edicto en la Gaceta; indicó que la propietaria se presentará a las Oficinas del Ministerio a recibir la notificación personalmente. El 21 de marzo del 2024 la autoridad accionada le informó a la denunciante, a través del correo electrónico [email protected], el seguimiento del caso y las dificultades que se ha tenido para notificar el acto administrativo al no poder localizar a la propietaria.
El 03 de abril del 2024 se emitió el Oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0242-2024, en el cual se solicitó al Director Regional la publicación de Edicto para notificar la orden sanitaria No. DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0259-2023; el 11 de abril del 2024 se notificó de forma personal a la Tatiana Flores Caballero la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-ARS-D-0259-2023. El 16 de mayo del 2024 se realizó visita para corroborar el cumplimiento de la orden sanitaria, pero no atendieron en el lugar a los funcionarios; el 08 de agosto del 2025 se envió a la denunciante información del seguimiento del caso y se le indicó que ya se notificó la orden sanitaria, pero no se ha podido corroborar el cumplimiento debido a que se presenta gran dificultad para localizar al dueño. El 03 de setiembre del 2025 se realizó seguimiento al caso según Acta de Llamada MS-DRRSCS-ARS-D-TEL-0092-2025 a la propietaria, a quien se le consultó si se han realizado los arreglos solicitados; refiere que sí, pero considera que no funcionaron; brindó el teléfono de encargado de la propiedad, se efectúa llamada pero el número no corresponde a ningún abonado.
El 21 de octubre del 2025 se realizó visita de inspección en seguimiento a la orden sanitaria según Acta MS-DRRSCS-ARS-D-AI-0819-2025; se realizaron varias llamadas a la servidumbre, se observan personas, pero no atendieron a los funcionarios. El 23 de marzo del 2026 el ministerio accionado realizó una llamada telefónica a la madre de la propietaria, quien refirió que ya se realizaron los trabajos solicitados y se coordinó visita para corroborar el cumplimiento a través de prueba de fluoresceína. El 23 de marzo del 2026 se realizó visita de seguimiento a la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-ARS-D-OS-0259-2023 y se efectuó prueba de coloración en el sistema de aguas servidas, pero se obtuvo resultado negativo. Finalmente, se desprende que el Área Rectora de Salud Desamparados determinó el cumplimiento de la orden sanitaria, resolvió cerrar la denuncia No. CS-ARS-D-DE-0043-2023 y procedió a archivar el caso.
En la especie, como se demostró fue con posterioridad a la notificación del auto de curso al Ministerio de Salud, lo que ocurrió el 23 de marzo de 2026, que el área rectora de salud recurrida coordinó las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de la orden sanitaria No. MS-DRRSCS-ARS-D-OS-0259-2023 emitida el 24 de noviembre del 2023, lo que procede es declarar con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios, tal y como se señalará a continuación.
VI.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante el Ministerio de Salud, la problemática de contaminación generada por una vivienda vecina que vierte las aguas servidas directamente sobre una servidumbre pública, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la parte recurrente y demás vecinos, pero que no ha sido resuelta de forma definitiva.
IX.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. El Magistrados Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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