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Res. 18110-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/2026

Flood risk in Palmas del Sol, PuntarenasRiesgo de inundación en Palmas del Sol, Puntarenas

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted; the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health are ordered to coordinate and execute, within six months, the necessary measures to definitively solve stormwater management and protect the community's fundamental rights.Se declara con lugar el amparo y se ordena a la Municipalidad de Puntarenas y al Ministerio de Salud coordinar y ejecutar, en un plazo de seis meses, las medidas necesarias para solucionar definitivamente el manejo de aguas pluviales y proteger los derechos fundamentales de la comunidad.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo action filed by residents of the Palmas del Sol community in El Roble, Puntarenas, regarding the lack of an adequate stormwater drainage system, which causes water accumulation, flooding, and health risks. The Chamber found that despite previous actions by the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health (including a 2022 health order), the issue persisted and worsened after the closure of the only functional drainage channel, creating an imminent risk. The court ordered both institutions to coordinate and execute, within six months, the necessary measures to definitively solve the stormwater management problem and protect the rights to health, safety, personal integrity, and a healthy environment.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por vecinos de la comunidad Palmas del Sol, El Roble de Puntarenas, por la ausencia de un sistema adecuado de drenaje pluvial que genera acumulación de aguas, inundaciones y riesgos sanitarios. La Sala determinó que, pese a acciones previas de la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud (incluyendo una orden sanitaria de 2022), la problemática persistía y se agravó con el cierre del único canal de evacuación existente, lo que creaba un riesgo inminente. El tribunal ordenó a ambas instituciones coordinar y ejecutar, en un plazo de seis meses, las medidas necesarias para solucionar definitivamente el manejo de aguas pluviales y proteger los derechos a la salud, seguridad, integridad personal y ambiente sano.

Key excerptExtracto clave

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. From the comprehensive analysis of the proven facts, the sworn reports, and the evidence in the file, this Chamber concludes that the present amparo action must be granted. Although it is noted that both the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health have carried out some administrative actions related to the reported problem, the truth is that such steps have not been sufficient to effectively, timely, and definitively resolve the situation affecting the Palmas del Sol community in El Roble, Puntarenas. Indeed, the very reports submitted by the respondent authorities show that there is a real problem regarding the lack of an adequate stormwater channeling and drainage system in the area. The Ministry of Health acknowledged deficiencies in stormwater channeling and water accumulation on public roads during rainy conditions, despite a health order having been issued to the Municipality of Puntarenas since 2022. In turn, the respondent Municipality acknowledged that the channel used for stormwater evacuation was closed and that this creates an imminent flood risk, affecting both surrounding homes and the community at large. Given this factual scenario, it is not enough for the authorities to state that they have carried out inspections, technical meetings, or preliminary steps, because the purpose of the amparo is not exhausted by mere formal administrative activity. From a constitutional perspective, what matters is to determine whether the actions taken have been suitable, effective, and sufficient to remove the reported threat or harm. In this case, the answer is negative, since the problem persists, the drainage still lacks a definitive solution, and the community residents remain exposed to the risk of floods, material damage, health impacts, and environmental deterioration.IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del análisis integral de los hechos acreditados, los informes rendidos bajo juramento y la prueba incorporada al expediente, esta Sala concluye que el presente recurso de amparo debe ser declarado con lugar. Si bien se advierte que tanto la Municipalidad de Puntarenas como el Ministerio de Salud han realizado algunas actuaciones administrativas relacionadas con la problemática denunciada, lo cierto es que tales gestiones no han sido suficientes para resolver de manera efectiva, oportuna y definitiva la situación que afecta a la comunidad de Palmas del Sol, en El Roble de Puntarenas. En efecto, de los propios informes rendidos por las autoridades recurridas se desprende que existe una problemática real relacionada con la falta de un sistema adecuado de canalización y drenaje de aguas pluviales en el sector. El Ministerio de Salud reconoció la existencia de deficiencias en la canalización de aguas pluviales, así como la acumulación de aguas en la vía pública durante condiciones lluviosas, pese a haberse emitido desde el año 2022 una orden sanitaria dirigida a la Municipalidad de Puntarenas. A su vez, la Municipalidad accionada reconoció que el canal utilizado para la evacuación de aguas pluviales fue cerrado y que ello genera un riesgo inminente de inundación, con afectación tanto para las viviendas circundantes como para la comunidad en general. Bajo ese cuadro fáctico, no basta con que las autoridades indiquen que han realizado inspecciones, reuniones técnicas o gestiones preliminares, pues el objeto del amparo no se agota con la sola actividad formal de la Administración. Lo relevante desde la perspectiva constitucional, es determinar si las actuaciones desplegadas han sido idóneas, eficaces y suficientes para remover la amenaza o lesión denunciada. En este caso, la respuesta es negativa, toda vez que la problemática persiste, el drenaje continúa sin una solución definitiva y las personas habitantes de la comunidad permanecen expuestas al riesgo de inundaciones, daños materiales, afectación sanitaria y deterioro de su entorno.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Lo relevante desde la perspectiva constitucional, es determinar si las actuaciones desplegadas han sido idóneas, eficaces y suficientes para remover la amenaza o lesión denunciada."

    "From a constitutional perspective, what matters is to determine whether the actions taken have been suitable, effective, and sufficient to remove the reported threat or harm."

    Considerando IV

  • "Lo relevante desde la perspectiva constitucional, es determinar si las actuaciones desplegadas han sido idóneas, eficaces y suficientes para remover la amenaza o lesión denunciada."

    Considerando IV

  • "La Municipalidad de Puntarenas tiene una obligación directa en la atención de la infraestructura local y de los servicios e intereses propios del cantón, conforme al artículo 169 de la Constitución Política y al marco competencial previsto en el Código Municipal."

    "The Municipality of Puntarenas has a direct obligation to address local infrastructure and the services and interests of the canton, in accordance with Article 169 of the Political Constitution and the competence framework established in the Municipal Code."

    Considerando IV

  • "La Municipalidad de Puntarenas tiene una obligación directa en la atención de la infraestructura local y de los servicios e intereses propios del cantón, conforme al artículo 169 de la Constitución Política y al marco competencial previsto en el Código Municipal."

    Considerando IV

  • "La acumulación de aguas pluviales en vía pública y zonas habitadas no constituye una simple molestia vecinal, sino una condición objetiva de riesgo que puede favorecer focos de contaminación, malos olores, proliferación de vectores y afectaciones sanitarias, especialmente durante la época lluviosa."

    "The accumulation of stormwater on public roads and inhabited areas is not merely a neighborhood nuisance, but an objective risk condition that can promote sources of contamination, bad odors, vector proliferation, and health impacts, especially during the rainy season."

    Considerando IV

  • "La acumulación de aguas pluviales en vía pública y zonas habitadas no constituye una simple molestia vecinal, sino una condición objetiva de riesgo que puede favorecer focos de contaminación, malos olores, proliferación de vectores y afectaciones sanitarias, especialmente durante la época lluviosa."

    Considerando IV

  • "La situación descrita compromete derechos fundamentales vinculados con la salud, la seguridad, la integridad personal, el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el acceso a condiciones mínimas de salubridad comunitaria."

    "The described situation compromises fundamental rights related to health, safety, personal integrity, the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, as well as access to minimum community health conditions."

    Considerando IV

  • "La situación descrita compromete derechos fundamentales vinculados con la salud, la seguridad, la integridad personal, el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el acceso a condiciones mínimas de salubridad comunitaria."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Document Review  Res. No. 2026018110 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-second of May of two thousand twenty-six.

Amparo action processed in case file number 26-010991-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 005], [Name 006], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003], [Name 004], identity card [Value 004], [Name 005], identity card [Value 006], [Name 007], identity card [Value 007], on behalf of the COMMUNITY OF PALMAS DEL SOL, EL ROBLE, PUNTARENAS, against the MINISTRY OF HEALTH, MUNICIPALITY OF PUNTARENAS.

Resulting:

1.- Through a document received in the Chamber on March 23, 2026, the petitioners file an amparo action on behalf of the COMMUNITY OF PALMAS DEL SOL, EL ROBLE, PUNTARENAS against the MINISTRY OF HEALTH and the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS. They state that in the community of Sol, El Roble de Puntarenas, a problem has arisen regarding stormwater management associated with the construction development of the sector, which was carried out without the existence of a storm drainage system, despite the fact that it involves a public road of a municipal nature. Consequently, rainwater, including runoff from impermeable surfaces such as streets, homes, and buildings, concentrated and moved towards the lowest points of the sector, which led to the saturation of soils and septic tanks. This situation demonstrated insufficient regulation and control by the Municipality of Puntarenas in the granting of construction permits in an area that did not have the correct infrastructure for the adequate evacuation of stormwater. Due to this problem that occurs every winter, the community residents requested an inspection from the Ministry of Health, which was processed under official letter number MS-DRRSPC-DARSPC-04652022, resulting in a sanitary order sent to the Municipality of Puntarenas number 0087-REG-2022, in which the problems of water accumulation and flooding were recognized and the respondent municipality was requested to act. In response to the sanitary order, the Municipality of Puntarenas issued official letters numbers MP-AM-OF-6788-11-2020 and MP-UTGV-OF-0471-10-2022, in which it acknowledged having executed mitigation works, including ditching, road elevation, and the construction of a ford to channel the waters towards a vacant lot, with the owner's authorization, as a temporary solution while a definitive remedial plan was being developed. It states that the drainage resulting from the interventions prevented the houses from flooding, fulfilling its essential function of collecting and evacuating waters coming from the public road and from multiple properties in the sector, constituting the only point that allows the evacuation of stormwater from the area, as a temporary mitigation measure on property number 6143952. However, they have not developed the promised definitive solution, nor adopted preventive measures in the face of the current risk. In 2025, they tried to follow up on the sanitary order and the municipal official letters, without obtaining a response. As matters stand, on March 13, 2026, they filed a formal request before the respondent municipality, requesting a technical inspection, verification of the existing drainage, and adoption of preventive measures, given the observation of activity on the land that would be modifying the ford constructed by the municipality that channeled water towards a vacant lot. In addition, they requested the inclusion of a lot measurement and the establishment of levels, which demonstrates the possible execution of works and the imminence of the risk of flooding to homes with the arrival of the rainy season. Likewise, they sent a communication to the Ministry of Health requesting follow-up on the previously issued sanitary order. However, as of the date of filing this matter, they have not carried out the requested inspection, nor adopted measures, constituting an unjustified administrative omission. They argue that the eventual elimination of the drainage carried out by the respondent municipality would aggravate a condition previously recognized by the sanitary authorities, generating a direct risk to the health, safety, and integrity of the homes, as well as to the right to a healthy environment of the sector's inhabitants, as there exists a real, current, and imminent threat that the drainage will be eliminated, modified, or closed, which would cause the accumulation of stormwater on the public road and in the homes of the sector. They explain that on March 27, 2026, the owner of the land where the storm drainage is located closed the existing drainage channel, eliminating the only functional stormwater evacuation point in the sector, aggravating the situation of stormwater accumulation on the public road and in the homes of the community. Therefore, they request that the Municipality of Puntarenas be ordered to carry out the technical inspection, assess the existing drainage, refrain from allowing or tolerating any work or intervention that affects the drainage without a definitive and prompt hydraulic solution, and adopt the necessary measures to comprehensively solve the drainage problem of the Palmas del Sol community, in El Roble de Puntarenas. They also request that the Ministry of Health be ordered to follow up on the sanitary order issued since 2022 and assess the current sanitary risk.

2.- By means of the resolution at 11:01 hours on April 23, 2026, this proceeding was set in motion.

3.- MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER - also known as Mery Denisse Munive Angermüller - and CAROLINA LIZETH GUILLÉN MELÉNDEZ, in their capacities as minister and acting director of the Directorate of the Health Rector Area of Puntarenas, Chacarita, respectively, both of the MINISTRY OF HEALTH, report under oath, stating the following: “… We respond to the present amparo action, based on technical report No. CARTA-MS-MSDRRSPC-DARSPC-0297-2026, dated April 27, 2026, issued by the undersigned Dr. Carolina Guillén Meléndez, which informs the following: “I. REGARDING THE PETITION OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER TO THIS HEALTH RECTOR AREA. The fulfillment of what is ordered in the amparo action processed in case file No. 26-010991-0007-CO, which orders the Ministry of Health to follow up on sanitary order No. 0087-REG-2022 issued since 2022 and assess the current sanitary risk. II. REGARDING THE ACTIONS OF THE HEALTH RECTOR AREA FIRST: This Health Rector Area (Área Rectora de Salud, ARS) received a sanitary complaint related to deficiencies in the channeling of stormwater, which generates overflow onto the public road located in El Roble, 100 m S of the Ministry of Finance, on Avenida 2 between Calles 174 and 176. SECOND: To identify the reported facts, an inspection was carried out at the site in which the reported facts were verified, therefore sanitary order No. 0087-REG-2022 was notified to Mr. Wilber Arguedas Madriz in his position as Municipal Mayor of the central canton of Puntarenas, so that he could inform this Directorate of the Health Rector Area of a plan of actions to guarantee that the public road located in El Roble, between Calles 174 and 176 on Avenida 2, has a storm sewer system that allows adequate channeling of waters under rainy conditions. THIRD: In response to sanitary order No. 0087-REG-2022, official letters MP-AM-OF-6788-11-2022 and MP-UTGV-OF-0525-11-2022 issued by the Municipality of Puntarenas were received. Based on said official letters, as a long-term action, it was proposed to include the necessary works to combat the reported problem in the Five-Year Plan (Plan Quinquenal) for the period between 2026 and 2030, in accordance with the provisions of Article 2 of the Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention to the Cantonal Road Network No. 9329. FOURTH: In order to assess the current sanitary risk of the reported facts and verify compliance with sanitary order No. 0087-REG-2022, on April 24, 2026, during an inspection at the site, it was possible to observe accumulation of stormwater at different points on the public road on Avenida 2 between Calles 174 and 176. In the inspected sector, a storm sewer system is not observed that would allow adequate channeling of waters under rainy weather conditions, such as those experienced during the day prior to the inspection carried out. FIFTH: Considering that the actions carried out by the Municipality of Puntarenas to resolve the reported sanitary problem have not been sufficient to prevent stormwater from accumulating on the public road in this sector under rainy weather conditions, on April 23, 2026, official letter CARTA-MSDRRSPC-DARSPC-0286-2026 was notified to Mr. Randall Chavarría Matarrita in his position as Municipal Mayor, so that before May 11, 2026, he may report on the result of the actions mentioned in official letter MP-UTGV-OF-0525-11-2022, which were proposed by the Municipality of Puntarenas in response to sanitary order No. 0087-REG-2022. SIXTH: In the event that the Municipality of Puntarenas does not respond within the period granted to the request for information issued by this Directorate of the Health Rector Area, a fine of one base salary will be issued for non-compliance with sanitary order No. 0087-REG-2022, based on Articles 378 and 378 bis of the General Health Law. If after 20 business days the fine has not been paid by the Municipality of Puntarenas, the corresponding criminal complaint will be filed before the Contraventional Court (Juzgado Contravencional) of the Public Ministry for the alleged crime of disobedience to Authority, which is typified in numeral 314 of the Penal Code. (…)”. CONCLUSION. From the foregoing, it is determined that the actions of the Directorate of the Health Rector Area Puntarenas-Chacarita are entirely in accordance with the law, since from the moment the sanitary complaint related to the channeling of stormwater in the reported sector was filed, this Ministry has attended to and followed up on said situation, issuing the corresponding administrative acts and within the regulatory framework that permits it; however, carrying out the necessary actions as such to solve the problem is beyond our competence; nevertheless, we will give the respective follow-up to the actions that the Municipality of Puntarenas must take to definitively solve the problem presented in that sector of the community …”.

4.- RANDALL ALEXIS CHAVARRÍA MATARRITA reports under oath, in his capacity as mayor of the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS, who maintains the following: “… Of the above, engineer Jeffrey Ramírez Castro in his capacity as Director of the Technical Unit for Road Management (Unidad Técnica de Gestión Vial) in this regard, through official letter MP-UTGV-OF-0124-04-2026 dated April 30, 2026, stated in the relevant part: “…FIRST: REGARDING THE INSPECTION CARRIED OUT. On March 26, 2026, at 9:30 a.m., an inspection was carried out at the site, specifically in the Palmas del Sol urbanization, jointly with Mr. Mauricio Gutiérrez, Director of the Urban Development and Control Department, and Arch. Fanny Araya, Coordinator of the Urban and Territorial Management Department. The inspection was carried out on the land owned by Mr. Víctor Manuel Seguro Montenegro, the place where the channel used for the evacuation of stormwater from the community is located. SECOND: INSPECTION FINDINGS. As a result of the inspection, the following was determined: 1- It was verified that the existing stormwater channel was closed by the current landowner, who acquired the property in good faith. However, it is known that the previous owner did not inform about the existence and function of the drainage, a situation that demonstrates an act of bad faith, given that said point constitutes the only functional means of evacuating stormwater in the sector. 2- It was determined that the closure of said strip of land generates an imminent risk of flooding, affecting both the current owner and the surrounding homes. THIRD: ACTIONS TAKEN BY THE MUNICIPALITY. This Directorate has coordinated two internal technical meetings with teams from the Municipality of Puntarenas, with the objective of analyzing and defining a proposal that allows providing an integral, efficient solution, in the shortest possible time and with economic viability, to the problem of stormwater evacuation in the community of Palmas del Sol. FOURTH: PREVENTIVE MEASURES ADOPTED. In relation to the need to avoid interventions that aggravate the situation, it is reported: • The land where the drainage is located is currently private property. • Instructions will be given to carry out surveillance work in order not to allow the development of infrastructure on said land that could affect the drainage system. The foregoing, aligned with the express request before the Urban Planning Department that no construction permits be granted on said property, while the substantive situation is being resolved. FIFTH: ACTIONS IN PROCESS. As part of the corrective actions, it is indicated: • The possibility of acquiring said strip of land is under analysis, in order to carry out definitive works for the evacuation of stormwater, in accordance with the designs resulting from the corresponding technical studies.• Design that will allow establishing the effective mechanism for the evacuation of stormwater.• Additionally, the Municipality will proceed to send an official letter to the current owner, with the purpose of reaching an agreement that allows, on a temporary basis, the reconstruction of the obstructed channel or drainage, thus guaranteeing the evacuation of stormwater and reducing the risk for the community. SIXTH: FINAL CONSIDERATION. This Municipality recognizes the existing problem and reiterates its commitment to adopt the necessary measures to safeguard the safety, health, and well-being of the inhabitants of the community of Palmas del Sol, through both provisional and definitive actions...”. As can be observed, since March 26, 2026, the Municipality of Puntarenas has been working on planning the resolution of the problem presented at the site, adopting preventive measures, and in parallel establishing a provisional solution while the definitive solution for the stagnation of those waters is implemented.".

5.- JEFFREY RAMÍREZ CASTRO reports under oath, in his capacity as director of the Technical Unit for Road Management of the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS, who states the following: “… FIRST: REGARDING THE INSPECTION CARRIED OUT On March 26, 2026, at 9:30 a.m., an inspection was carried out at the site, specifically in the Palmas del Sol urbanization, jointly with Mr. Mauricio Gutiérrez, Director of the Urban Development and Control Department, and Arch. Fanny Araya, Coordinator of the Urban and Territorial Management Department. The inspection was carried out on the land owned by Mr. Víctor Manuel Seguro Montenegro, the place where the channel used for the evacuation of stormwater from the community is located. SECOND: INSPECTION FINDINGS As a result of the inspection, the following was determined: 1. It was verified that the existing stormwater channel was closed by the current landowner, who acquired the property in good faith. However, it is known that the previous owner did not inform about the existence and function of the drainage, a situation that demonstrates an act of bad faith, given that said point constitutes the only functional means of evacuating stormwater in the sector. 2. It was determined that the closure of said strip of land generates an imminent risk of flooding, affecting both the current owner and the surrounding homes. THIRD: ACTIONS TAKEN BY THE MUNICIPALITY This Directorate has coordinated two internal technical meetings with teams from the Municipality of Puntarenas, with the objective of analyzing and defining a proposal that allows providing an integral, efficient solution, in the shortest possible time and with economic viability, to the problem of stormwater evacuation in the community of Palmas del Sol. FOURTH: PREVENTIVE MEASURES ADOPTED In relation to the need to avoid interventions that aggravate the situation, it is reported:  The land where the drainage is located is currently private property.  Instructions will be given to carry out surveillance work in order not to allow the development of infrastructure on said land that could affect the drainage system. The foregoing, aligned with the express request before the Urban Planning Department that no construction permits be granted on said property, while the substantive situation is being resolved. FIFTH: ACTIONS IN PROCESS As part of the corrective actions, it is indicated:  The possibility of acquiring said strip of land is under analysis, in order to carry out definitive works for the evacuation of stormwater, in accordance with the designs resulting from the corresponding technical studies.  Design that will allow establishing the effective mechanism for the evacuation of stormwater.  Additionally, the Municipality will proceed to send an official letter to the current owner, with the purpose of reaching an agreement that allows, on a temporary basis, the reconstruction of the obstructed channel or drainage, thus guaranteeing the evacuation of stormwater and reducing the risk for the community. SIXTH: FINAL CONSIDERATION This Municipality recognizes the existing problem and reiterates its commitment to adopt the necessary measures to safeguard the safety, health, and well-being of the inhabitants of the community of Palmas del Sol, through both provisional and definitive actions.”.

6.- Through a document received in the Chamber on May 5, 2026, the petitioners refer to the reports rendered by the authorities of the Municipality of Puntarenas, in the following terms: “… FIRST: That in the report rendered by the Municipality of Puntarenas, signed by the Director of the Technical Unit for Road Management, it is expressly recognized that the existing stormwater channel was closed and that said point constituted the only functional means of evacuating stormwater in the sector, as well as that the closure generates an imminent risk of flooding for the surrounding homes. SECOND: Far from refuting the facts reported in this action, the municipal report confirms them in their essential aspects, by admitting the existence of the problem, the closure of the evacuation channel, and the persistence of the risk for the community. THIRD: Notwithstanding the foregoing, the actions described by the respondent authority do not constitute a current, concrete, or executed solution, but only future and indeterminate statements, without a certain deadline for compliance, and under that scheme they have kept us waiting for several years. This insufficiency becomes more serious with the onset of the rainy season, since the increase in flow and accumulation of stormwater directly elevates the risk of flooding faced by the community, without there being to date an effective provisional measure that guarantees the adequate evacuation of said waters. (attached images) FOURTH: The report rendered does not establish certain deadlines, concrete execution dates, an intervention schedule, or an immediate and effective provisional measure that guarantees the evacuation of stormwater while an eventual substantive solution is defined. Nor does it prove that, today, there exists an executed work or a material action that eliminates or reduces in a real and immediate manner the reported threat. FIFTH: On the contrary, by the Municipality recognizing that there is an imminent risk of flooding and that the closed point was the only functional means of evacuation in the sector, it is evident that the threat that motivated this action remains current, real, and unresolved. SIXTH: Consequently, this party considers that the municipal report does not prove a sufficient action to effectively protect the fundamental rights compromised, but rather limits itself to exposing preliminary, eventual, or analysis-subject procedures, insufficient given the urgency of the situation raised.”.

7.- In the substantiation of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering

I.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, following judgment number 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions- those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the reasonably established deadlines to resolve the requests filed by the administered parties in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario is raised, since it is a matter of an alleged complaint for the absence of storm drainage in the community of Palmas del Sol, El Roble, Puntarenas, which allegedly has not been resolved within a reasonable period and that puts the integrity of the petitioners at risk, as well as a healthy environment. Given the nature of the subject matter dealt with by the proceeding, this Chamber will assess the possible delays in resolving the complaint filed. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioners seek to have the Municipality of Puntarenas ordered to carry out a technical inspection in the community of Palmas del Sol, assess the existing storm drainage, and adopt urgent and integral measures to prevent flooding. Likewise, they request that said municipality refrain from permitting works that affect the drainage without having a definitive hydraulic solution. In addition, they require the Ministry of Health to follow up on the sanitary order issued since 2022 and assess the current sanitary risk faced by the community.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:

Regarding the Municipality of Puntarenas:

  • a)In the community of Palmas del Sol, located in El Roble de Puntarenas, there is a problem related to the management and evacuation of stormwater, derived from the construction development of the sector and the absence of an adequate storm drainage system (see reports rendered under oath and attached evidence).
  • b)Through sanitary order number 0087-REG-2022, issued by the Ministry of Health, the existence of problems of water accumulation and flooding in the community of Palmas del Sol was recognized, requiring the Municipality of Puntarenas to adopt corrective measures (see reports rendered under oath and attached evidence).
  • c)The Municipality of Puntarenas executed temporary mitigation works consisting of ditching, road elevation, and construction of a ford to channel stormwater towards a vacant lot, as a provisional measure to reduce flooding in the sector (see reports rendered under oath and attached evidence).
  • d)The drainage constructed by the Municipality of Puntarenas was the only functional stormwater evacuation point in the community of Palmas del Sol (see reports rendered under oath and attached evidence).
  • e)On March 26, 2026, officials from the Municipality of Puntarenas carried out an inspection in the Palmas del Sol urbanization, specifically on the land owned by Víctor Manuel Seguro Montenegro, the site where the channel used for the evacuation of stormwater from the community is located. As a result of the inspection carried out, the municipal authorities verified that the existing stormwater channel had been closed by the current landowner, a situation that generates an imminent risk of flooding for the surrounding homes and for the property itself (see reports rendered under oath and attached evidence).
  • f)The Municipality of Puntarenas coordinated internal technical meetings with the purpose of analyzing and defining a proposal for an integral, efficient, and economically viable solution to the stormwater evacuation problem existing in the community of Palmas del Sol (see reports rendered under oath and attached evidence).
  • g)As preventive measures, the Municipality of Puntarenas arranged to carry out surveillance work to prevent the development of infrastructure that affects the existing drainage system and requested that no construction permits be granted on the property where the stormwater channel is located, while the substantive situation is being resolved (see reports rendered under oath and attached evidence).
  • h)The Municipality of Puntarenas is assessing the possibility of acquiring the strip of land where the drainage is located, as well as executing definitive works and establishing an effective mechanism for the evacuation of stormwater in the community. Likewise, it plans to manage a temporary agreement with the current owner to provisionally rebuild the obstructed channel (see reports rendered under oath and attached evidence).
  • i)The municipal authorities acknowledged the existing problem in the community of Palmas del Sol and expressed their commitment to adopt provisional and definitive measures aimed at safeguarding the safety, health, and well-being of the sector's inhabitants (see reports rendered under oath and attached evidence).

Regarding the Ministry of Health:

  • a)In the community of Palmas del Sol, located in El Roble de Puntarenas, there are problems of accumulation and management of stormwater due to the lack of an adequate storm drainage system (see report rendered under oath and attached evidence).
  • b)The Ministry of Health received a sanitary complaint related to deficiencies in the channeling of stormwater and overflow of water onto the public road located in El Roble de Puntarenas (see report rendered under oath and attached evidence).
  • c)On the occasion of said complaint, the Ministry of Health carried out an inspection at the site and verified the reported facts, which is why it issued sanitary order No. 0087-REG-2022 directed to the Municipality of Puntarenas, requiring it to adopt measures to guarantee an adequate storm sewer system in the area (see report rendered under oath and attached evidence).
  • d)In response to the sanitary order issued, the Municipality of Puntarenas sent official letters MP-AM-OF-6788-11-2022 and MP-UTGV-OF-0525-11-2022, through which it reported on mitigation actions and works implemented to address the reported problem (see report rendered under oath and attached evidence).
  • e)As a long-term measure, the Municipality of Puntarenas proposed including the necessary works to solve the storm drainage problem within the Five-Year Plan (Plan Quinquenal) corresponding to the period 2026-2030 (see report rendered under oath and attached evidence).
  • f)On March 26, 2026, officials from the Municipality of Puntarenas carried out a technical inspection in the Palmas del Sol urbanization, specifically on the land where the channel used for the evacuation of stormwater from the community is located (see report rendered under oath and attached evidence).
  • g)During said inspection, the municipal authorities verified that the existing stormwater channel had been closed by the current landowner, a situation that generates an imminent risk of flooding for nearby homes and the affected sector (see report rendered under oath and attached evidence).
  • h)On April 23, 2026, the Directorate of the Health Rector Area of Puntarenas notified the Municipality of Puntarenas of official letter CARTA-MSDRRSPC-DARSPC-0286-2026, through which it requested information on the actions executed to solve the reported problem (see report rendered under oath and attached evidence).
  • i)On April 24, 2026, officials from the Ministry of Health carried out a new inspection at the site, verifying the accumulation of stormwater at different points on the public road and the lack of an adequate storm sewer system for channeling water in the rainy season (see report rendered under oath and attached evidence).
  • j)The Municipality of Puntarenas coordinated internal technical meetings and arranged preventive measures to prevent new k) interventions that would affect the existing drainage system, as well as the assessment of possible definitive solutions to the problem of stormwater evacuation in the community of Palmas del Sol (see report rendered under oath and attached evidence).

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. From the integral analysis of the proven facts, the reports rendered under oath, and the evidence incorporated into the case file, this Chamber concludes that the present amparo action must be granted. While it is noted that both the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health have carried out some administrative actions related to the reported problem, the truth is that such procedures have not been sufficient to effectively, timely, and definitively resolve the situation affecting the community of Palmas del Sol, in El Roble de Puntarenas.

Indeed, from the reports rendered by the respondent authorities themselves, it is apparent that there is a real problem related to the lack of an adequate system for channeling and drainage of stormwater (aguas pluviales) in the sector. The Ministry of Health acknowledged the existence of deficiencies in the channeling of stormwater (aguas pluviales), as well as the accumulation of water on public roads during rainy conditions, despite a sanitary order having been issued since 2022 directed to the Municipality of Puntarenas. In turn, the respondent Municipality acknowledged that the channel used for the evacuation of stormwater was closed and that this generates an imminent risk of flooding, with impact on both the surrounding dwellings and the community in general.

Under this factual framework, it is not enough for the authorities to indicate that they have carried out inspections, technical meetings, or preliminary efforts, because the purpose of the amparo is not exhausted by the mere formal activity of the Administration. What is relevant from the constitutional perspective is to determine whether the actions deployed have been suitable, effective, and sufficient to remove the reported threat or injury. In this case, the answer is negative, given that the problem persists, the drainage continues without a definitive solution, and the inhabitants of the community remain exposed to the risk of flooding, material damage, sanitary impact, and deterioration of their environment.

The situation described compromises fundamental rights linked to health, safety, personal integrity, the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, as well as access to minimum conditions of community sanitation. The accumulation of stormwater on public roads and inhabited areas does not constitute a mere neighborhood nuisance, but an objective risk condition that can foster sources of contamination, bad odors, proliferation of vectors, and sanitary impacts, especially during the rainy season. Therefore, the lack of an effective and coordinated institutional response places the protected community in a situation of vulnerability that cannot be constitutionally tolerated.

In that sense, the Municipality of Puntarenas has a direct obligation in the attention of local infrastructure and of the services and interests specific to the canton, in accordance with Article 169 of the Political Constitution and the jurisdictional framework established in the Municipal Code. Said jurisdiction includes the adoption of reasonable, technical, and timely measures to address the problems arising from road infrastructure and stormwater drainage (drenaje pluvial) in the communities under its jurisdiction. For its part, the Ministry of Health, as the governing body in sanitary matters, cannot limit itself to verifying the existence of the problem, but must exercise its powers of surveillance, control, prevention, and follow-up, in order to order the appropriate sanitary measures and verify their effective compliance.

Thus, the solution of the case requires real inter-institutional coordination between both respondent authorities. The Municipality must execute the technical actions necessary to correct the absence or insufficiency of stormwater drainage, while the Ministry of Health must oversee, follow up on, and adopt the pertinent sanitary measures to prevent the accumulation of water from generating risks to public health. The existence of differentiated competencies does not justify inaction or administrative delay; on the contrary, it imposes a reinforced duty of coordination when institutional omission can affect the fundamental rights of a community.

Consequently, having accredited that the reported problem persists, that the authorities themselves recognize the existing risk, and that an effective solution has not been provided for the lack of stormwater drainage in the community of Palmas del Sol, it is appropriate to grant the recurso de amparo. To restore the violated rights, it is appropriate to order the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health to, within the scope of their competencies, coordinate and execute the actions necessary to comprehensively address the reported situation, guaranteeing the protection of the health, safety, and well-being of the inhabitants of the affected community.

V.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent promulgation of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the recurso de amparo established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently promulgated regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it corresponds exclusively to define its own jurisdiction. Therefore, save for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do properly proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), those with jurisdiction are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VI.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the petitioner filed a complaint for the accumulation of water and flooding in the community of Palmas del Sol, Puntarenas, with environmental contamination, which involves the right to a healthy environment and the right to health, which the petitioner claims has not been definitively resolved, with a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE EXECUTION OF THE JUDGMENT.

Partial dissent regarding the execution of the judgment, so that, in accordance with Art. 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), it be assigned to the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court.

The execution of the orders issued by the Constitutional Chamber corresponds, in principle, to be supervised by this same jurisdiction. However, that norm contemplates exceptional cases in which, by determination of this Court, the execution of the judgment is ordered to be assigned to the contentious-administrative jurisdiction:

"Art. 56. The execution of the judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except regarding the liquidation and fulfillment of indemnities and pecuniary liabilities, or in other aspects that the Chamber itself considers appropriate, in which case it will be carried out in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure established in the law regulating that jurisdiction." (Highlighting not in the original).

Recall that the bill for discussion of the LJC originally provided the following:

"Art. 56. Judgments favorable to the petitioner shall be executed in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure established in the Law Regulating that Jurisdiction." (Highlighting not in the original).

However, the text was modified via motion so that the norm would be consistent with what is regulated in Art. 153 of the Political Constitution, but the following explanation was given:

"THE SECRETARY: Motion No. 68 (32-19) by Deputy Chacón Jiménez: "Article 57 (formerly 56): so that the text reads as follows: "the execution of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except regarding the liquidation and fulfillment of indemnities or pecuniary liabilities in other aspects that the Chamber itself considers appropriate, in which case it will be carried out in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure established in the law regulating that jurisdiction." THE PRESIDENT: Is the motion read open for discussion?

Doctor Piza Escalante: Here there was a contradiction with the general thesis that it is the Courts that execute their judgments and it sent all execution to the Contentious-Administrative Jurisdiction; thus, the other articles that allowed the Chamber to execute them were left up in the air.

Deputy Corrales Bolaños: In that part, it says: "or in other aspects that the Chamber itself considers appropriate...", what is it referring to?

Doctor Piza Escalante: The idea is that the Chamber, in the judgment execution venue, resolves whatever it considers corresponds to it. The rest, it sends to the Contentious-Administrative venue.

THE SECRETARY: Is the motion considered sufficiently discussed?

THE PRESIDENT: Discussed. Approved (unanimously, five deputies present)." (sic). See minutes of approval of the LJC. (Highlighting not in the original).

Based on the foregoing, it is clear that the LJC itself authorizes this Chamber to evaluate and decide whether it is necessary to refer all or some of the aspects related to the execution of the judgment to the contentious-administrative jurisdiction.

In this specific case, by virtue of the nature of the orders this Court is issuing, I consider it appropriate to assign the execution phase of the matter to the contentious-administrative jurisdiction. This is due to the nonexistence of suitable mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on the orders set forth in this judgment, which involve highly complex technical aspects.

In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedural Code regarding execution (Art. 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liabilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Art. 56 of the LJC, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this Judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic File before the Judiciary," approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The recurso is granted. MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER -known as Mery Denisse Munive Angermüller- and CAROLINA LIZETH GUILLÉN MELÉNDEZ, in their order as minister and acting director of the Directorate of the Health Governing Area of Puntarenas, Chacarita, both of the MINISTRY OF HEALTH, or whomever holds those positions, are ordered to coordinate and arrange all actions that fall within the scope of their competencies, to minimize the impact on the health, safety, sanitation, and environment of the inhabitants of the affected community. Likewise, RANDALL ALEXIS CHAVARRÍA MATARRITA and JEFFREY RAMÍREZ CASTRO, in their order as mayor and director of the Technical Road Management Unit, both of the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS, or whomever holds those positions, must definitively solve -from the technical point of view- the management of stormwater (aguas pluviales) in the community of Palmas del Sol, in El Roble de Puntarenas. In addition to this, the petitioners must be notified of the progress of the works from their start to their completion, all the above within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment. The respondents, or whomever holds those positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within a recurso de amparo, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely penalized. The Municipality of Puntarenas and the State are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the process of execution of judgment in the contentious-administrative venue. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Salazar Alvarado records a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the venue for the execution of the judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that this phase be assigned to the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. Notify. - Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document -- Verification code --  FILE No. 26-010991-0007-CO

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Revisión del Documento  Res. Nº 2026018110 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintidos de mayo de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-010991-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 005], [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 006], [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 007], a favor de la COMUNIDAD DE PALMAS DEL SOL, EL ROBLE, PUNTARENAS, contra el MINISTERIO DE SALUD, MUNICPALIDAD DE PUNTARENAS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 23 de marzo de 2026, los recurrentes interpone un recurso de amparo a favor de la COMUNIDAD DE PALMAS DEL SOL, EL ROBLE, PUNTARENAS contra el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICPALIDAD DE PUNTARENAS. Manifiestan que en la comunidad del Sol, El Roble de Puntarenas, se ha generado una problemática de manejo de aguas pluviales asociada al desarrollo constructivo del sector, el cual se llevó a cabo sin la existencia de un sistema de drenaje pluvial, pese a tratarse de una vía pública de carácter municipal. En consecuencia, las aguas de lluvia, incluyendo la escorrentía proveniente de superficies impermeables como calles, viviendas y edificaciones, se concentraron y desplazaron hacia los puntos más bajos del sector, lo que conllevó la saturación de los suelos y tanques sépticos. Tal situación, evidenció una insuficiente regulación y control por parte de la Municipalidad de Puntarenas en el otorgamiento de permisos de construcción en una zona que no contaba con la infraestructura correcta para la adecuada evacuación de aguas pluviales. Por tal problemática que se presenta en cada invierno, los vecinos de la comunidad solicitaron una inspección al Ministerio de Salud, la cual fue atendida bajo el número de oficio MS-DRRSPC-DARSPC-04652022, emanando orden sanitaria enviada a la Municipalidad de Puntarenas número 0087-REG-2022, en la que se reconocieron los problemas de acumulación de aguas e inundaciones y se solicitó a la municipalidad accionada actuar. En respuesta a la orden sanitaria, la Municipalidad de Puntarenas emitió los oficios números MP-AM-OF-6788-11-2020 y el MP-UTGV-OF-0471-10-2022, en los que reconoció haber ejecutado obras de mitigación, incluyendo cuneteo, elevación de la vía y la construcción de un vado para canalizar las aguas hacia un lote baldío, con autorización del propietario, como solución temporal mientras se desarrollaba un plan remedial definitivo. Expone que el drenaje resultante de las intervenciones permitió que las casas no se inunden, cumpliendo con su función esencial al recoger y evacuar aguas provenientes de la vía pública y de múltiples propiedades del sector, constituyendo el único punto que permite la evacuación de aguas pluviales del área, como medida temporal de mitigación en la finca número 6143952. No obstante, no han desarrollado la solución definitiva prometida, ni adoptado medidas preventivas ante el riesgo actual. En 2025, intentó dar seguimiento a la orden sanitaria y los oficios municipales, sin obtener respuesta. Así las cosas, el 13 de marzo de 2026, presentó solicitud formal ante la municipalidad accionada, requiriendo inspección técnica, verificación del drenaje existente y adopción de medidas preventivas, ante la observación de actividad en el terreno que estaría modificando al vado elaborado por la municipalidad que canalizó el agua hacia un lote baldío. Además, incluir medición del lote y establecimiento de niveles, lo cual evidencia la posible ejecución de obras y la inminencia del riesgo de inundación de viviendas ante la llegada de la temporada lluviosa. De igual forma, remitió comunicación al Ministerio de Salud solicitando seguimiento a la orden sanitaria emitida previamente. No obstante, a la fecha de interposición del presente asunto, no han realizado la inspección solicitada, ni adoptado medidas, configurando una omisión administrativa injustificada. Aduce que la eventual eliminación del drenaje realizado por la municipalidad recurrida agravaría una condición previamente reconocida por las autoridades sanitarias, generando un riesgo directo a la salud, seguridad e integridad de las viviendas, así como al derecho a un ambiente sano de los habitantes del sector, al existir una amenaza, real, actual e inminente de que el drenaje sea eliminado, modificado o cerrado, lo que provocaría la acumulación de aguas pluviales en la vía pública y en las viviendas del sector. Explica que el 27 de marzo de 2026, el propietario del terreno donde se ubica el drenaje pluvial cerró el canal de drenaje existente, eliminando el único punto funcional de evacuación de aguas pluviales del sector, agravando la situación de acumulación de aguas pluviales en vía pública y viviendas de la comunidad. Por lo cual, solicita se ordene a la Municipalidad de Puntarenas realizar la inspección técnica, valorar el drenaje existente, abstenerse de permitir o tolerar cualquier obra o intervención que afecte el drenaje sin solución hidráulica definitiva y pronta y adoptar las medidas necesarias para solucionar de forma integral el problema de drenaje de la comunidad Palmas del Sol, en El Roble de Puntarenas. También se ordene al Ministerio de Salud, dar seguimiento a la orden sanitaria efectuada desde 2022 y valorar el riesgo sanitario actual.

2.- Mediante la resolución de las 11:01 horas del 23 de abril de 2026, se dio curso a este proceso.

3.- Informan bajo juramento MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER -conocida como Mery Denisse Munive Angermüller- y CAROLINA LIZETH GUILLÉN MELÉNDEZ, por su orden ministra y directora a.i. de la Dirección del Área Rectora de Salud de Puntarenas, Chacarita, ambas del MINISTERIO DE SALUD, quienes manifiestan lo siguiente: “… Atendemos el presente recurso de amparo, con sustento en el informe técnico N° CARTA-MS-MSDRRSPC-DARSPC-0297-2026, de fecha 27 de abril del 2026, emitido por la suscrita Dra. Carolina Guillén Meléndez, donde se informa lo siguiente: “I. SOBRE LA PETICIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL A ESTA ÁREA RECTORA DE SALUD. El cumplimiento de lo dispuesto en recurso de amparo tramitado en expediente N° 26-010991-0007-CO, que ordena al Ministerio de Salud dar seguimiento a la orden sanitaria N° 0087-REG-2022 efectuada desde 2022 y valorar el riesgo sanitario actual. II. SOBRE LA ACTUACIÓN DEL ÁREA RECTORA DE SALUD PRIMERO: Se ha recibido en esta Área Rectora de Salud (ARS) denuncia sanitaria relacionada con deficiencias en la canalización de aguas pluviales lo cual genera rebalse sobre vía pública ubicada en el Roble, 100 m S del Ministerio de Hacienda, sobre avenida 2 entre calles 174 y 176. SEGUNDO: Para lograr identificar los hechos denunciados se realizó inspección al sitio en la cual se comprobaron los hechos denunciados por lo que se notificó orden sanitaria N° 0087-REG-2022 al Sr. Wilber Arguedas Madriz en su cargo como Alcalde Municipal del cantón central de Puntarenas para que informara a esta Dirección de Área Rectora de Salud plan de acciones para garantizar que la vía pública ubicada en el Roble, entre calles 174 y 176 sobre avenida 2 cuente con alcantarillado pluvial que permita una adecuada canalización de aguas en condiciones de lluvia. TERCERO: Como respuesta a la orden sanitaria N° 0087-REG-2022 se recibieron los oficios MP-AM-OF-6788-11-2022 y MP-UTGV-OF-0525-11-2022 emitidos por la Municipalidad de Puntarenas. Con base en dichos oficios, como acción a largo plazo se planteó incluir los trabajos necesarios para combatir la problemática denunciada en el Plan Quinquenal del período comprendido entre los años 2026 y 2030 de conformidad con lo estipulado en el artículo 2 de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal N° 9329. CUARTO: Con el fin de valorar el riesgo sanitario actual de los hechos denunciados y verificar cumplimiento de orden sanitaria N° 0087-REG-2022, el 24 de abril del 2026 durante inspección en el sitio fue posible observar acumulación de aguas pluviales sobre distintos puntos en vía pública sobre avenida 2 entre calles 174 y 176. En el sector inspeccionado no se observa un sistema de alcantarillado pluvial que permita una adecuada canalización de aguas en condiciones climáticas lluviosas, como las vividas durante el día anterior a la inspección realizada. QUINTO: Considerando que las acciones realizadas por la Municipalidad de Puntarenas para resolver el problema sanitario denunciado no han sido suficientes para evitar que en este sector se acumulen las aguas pluviales sobre vía pública en condiciones climáticas lluviosas, el 23 de abril del 2026 se notificó CARTA-MSDRRSPC-DARSPC-0286-2026 al Sr. Randall Chavarría Matarrita en su cargo como Alcalde Municipal para que antes del 11 de mayo del 2026 informe acerca del resultado de las acciones mencionadas en oficio MP-UTGV-OF-0525-11-2022, las cuales fueron planteadas por la Municipalidad de Puntarenas en respuesta a orden sanitaria N° 0087-REG-2022. SEXTO: En el caso de que la Municipalidad de Puntarenas no responda dentro del plazo otorgado a la solicitud de información que esta Dirección de Área Rectora de Salud emita se emitirá (Sic.) una multa de un salario base por incumplimiento de la orden sanitaria N° 0087-REG-2022, con base en los artículos 378 y 378 bis de la Ley General de Salud. Si después de 20 días hábiles la multa no ha sido cancelada por la Municipalidad de Puntarenas se presentará ante el Juzgado Contravencional del Ministerio Público la respectiva denuncia penal por el presunto delito de desobediencia a la Autoridad, el cual se encuentra tipificado en el numeral 314 del Código Penal. (…)”. CONCLUSIÓN. De lo anteriormente expuesto, se determina que la actuación de la Dirección del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita se encuentra en todo ajustada a derecho, ya que desde el momento en que se interpuso la denuncia sanitaria relacionada con la canalización de aguas pluviales en el sector denunciado, este Ministerio ha dado atención y seguimiento a dicha situación, girando los actos administrativos correspondientes y dentro del marco normativo que lo permite; sin embargo, el efectuar las acciones necesarias como tal para solucionar el problema, se encuentra fuera de nuestra competencia; no obstante daremos seguimiento respectivo a las actuaciones que debe hacer la Municipalidad de Puntarenas para solucionar de manera definitiva la problemática presentada en ese sector de la comunidad …”.

4.- Informa bajo juramento RANDALL ALEXIS CHAVARRÍA MATARRITA, en su condición de alcalde de la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, quien sostiene lo siguiente: “… De lo anterior, el ingeniero Jeffrey Ramírez Castro en su condición de Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial al respecto mediante oficio MP-UTGV-OF-0124-04-2026 de fecha 30 de abril de 2026 indicó en lo conducente: “…PRIMERO: SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA. El día 26 de marzo de 2026 a las 9:30 a.m., se efectuó inspección en el sitio, específicamente en la urbanización Palmas del Sol, en conjunto con el señor Mauricio Gutiérrez, Director del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, y la Arq. Fanny Araya, Coordinadora del Departamento de Gestión Urbana y Territorial. La inspección se realizó en el terreno propiedad del señor Víctor Manuel Seguro Montenegro, lugar donde se ubica el canal utilizado para la evacuación de aguas pluviales de la comunidad. SEGUNDO: HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN. Producto del inspección se determinó lo siguiente: 1- Se constató que el canal pluvial existente fue cerrado por el propietario actual del terreno, quien adquirió la propiedad de buena fe. No obstante, se tiene conocimiento de que el propietario anterior no informó sobre la existencia y función del drenaje, situación que evidencia una actuación de mala fe, dado que dicho punto constituye el único medio funcional de evacuación de aguas pluviales del sector. 2- Se determinó que el cierre de dicha franja de terreno genera un riesgo inminente de inundación, afectando tanto al propietario actual como a las viviendas circundantes. TERCERO: ACCIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD. Esta Dirección ha coordinado dos reuniones técnicas internas con equipos de la Municipalidad de Puntarenas, con el objetivo de analizar y definir una propuesta que permita brindar una solución integral, eficiente, en el menor plazo posible y con viabilidad económica, al problema de evacuación de aguas pluviales en la comunidad de Palmas del Sol. CUARTO: MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS. En relación con la necesidad de evitar intervenciones que agraven la situación, se informa: • El terreno donde se ubica el drenaje corresponde actualmente a propiedad privada. • Se girarán instrucciones para realizar labores de vigilancia a fin de no permitir el desarrollo de infraestructura en dicho terreno que pueda afectar el sistema de drenaje. Lo anterior, alineado a la solicitud expresa ante el Departamento de Planificación Urbana que no se otorguen permisos de construcción sobre dicho inmueble, mientras se resuelve la situación de fondo. QUINTO: ACCIONES EN PROCESO. Como parte de las acciones correctivas, se indica: • Se encuentra en análisis la posibilidad de adquirir dicha franja de terreno, con el fin de ejecutar obras definitivas de evacuación de aguas pluviales, conforme a los diseños que resulten de los estudios técnicos correspondientes.• Diseño que permitirá establecer el mecanismo efectivo de evacuación de las aguas pluviales.• Adicionalmente, la Municipalidad procederá a remitir oficio al propietario actual, con el propósito de alcanzar un acuerdo que permita, de forma temporal, la reconstrucción del canal o drenaje obstruido, garantizando así la evacuación de aguas pluviales y reduciendo el riesgo para la comunidad. SEXTO: CONSIDERACIÓN FINAL. Esta Municipalidad reconoce la problemática existente y reitera su compromiso de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad, salubridad y bienestar de los habitantes de la comunidad de Palmas del Sol, mediante acciones tanto provisionales como definitivas...”. Como se puede observar, desde el día 26 de marzo de 2026 la Municipalidad de Puntarenas está trabajando en la planificación de la resolución de la problemática presentada en el lugar, adoptando medidas preventivas, paralelamente estableciendo una solución provisional mientras se implementa la solución definitiva del estancamiento de esas aguas.”.

5.- Informa bajo juramento JEFFREY RAMÍREZ CASTRO, en su condición de director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, quien manifiesta lo siguiente: “… PRIMERO: SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA El día 26 de marzo de 2026 a las 9:30 a.m., se efectuó inspección en el sitio, específicamente en la urbanización Palmas del Sol, en conjunto con el señor Mauricio Gutiérrez, Director del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, y la Arq. Fanny Araya, Coordinadora del Departamento de Gestión Urbana y Territorial. La inspección se realizó en el terreno propiedad del señor Víctor Manuel Seguro Montenegro, lugar donde se ubica el canal utilizado para la evacuación de aguas pluviales de la comunidad. SEGUNDO: HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN Producto de la inspección se determinó lo siguiente: 1. Se constató que el canal pluvial existente fue cerrado por el propietario actual del terreno, quien adquirió la propiedad de buena fe. No obstante, se tiene conocimiento de que el propietario anterior no informó sobre la existencia y función del drenaje, situación que evidencia una actuación de mala fe, dado que dicho punto constituye el único medio funcional de evacuación de aguas pluviales del sector. 2. Se determinó que el cierre de dicha franja de terreno genera un riesgo inminente de inundación, afectando tanto al propietario actual como a las viviendas circundantes. TERCERO: ACCIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD Esta Dirección ha coordinado dos reuniones técnicas internas con equipos de la Municipalidad de Puntarenas, con el objetivo de analizar y definir una propuesta que permita brindar una solución integral, eficiente, en el menor plazo posible y con viabilidad económica, al problema de evacuación de aguas pluviales en la comunidad de Palmas del Sol. CUARTO: MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS En relación con la necesidad de evitar intervenciones que agraven la situación, se informa:  El terreno donde se ubica el drenaje corresponde actualmente a propiedad privada.  Se girarán instrucciones para realizar labores de vigilancia a fin de no permitir el desarrollo de infraestructura en dicho terreno que pueda afectar el sistema de drenaje, Lo anterior, alineado a la solicitud expresa ante el Departamento de Planificación Urbana que no se otorguen permisos de construcción sobre dicho inmueble, mientras se resuelve la situación de fondo. QUINTO: ACCIONES EN PROCESO Como parte de las acciones correctivas, se indica:  Se encuentra en análisis la posibilidad de adquirir dicha franja de terreno, con el fin de ejecutar obras definitivas de evacuación de aguas pluviales, conforme a los diseños que resulten de los estudios técnicos correspondientes.  Diseño que permitirá establecer el mecanismo efectivo de evacuación de las aguas pluviales.  Adicionalmente, la Municipalidad procederá a remitir oficio al propietario actual, con el propósito de alcanzar un acuerdo que permita, de forma temporal, la reconstrucción del canal o drenaje obstruido, garantizando así la evacuación de aguas pluviales y reduciendo el riesgo para la comunidad. SEXTO: CONSIDERACIÓN FINAL Esta Municipalidad reconoce la problemática existente y reitera su compromiso de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad, salubridad y bienestar de los habitantes de la comunidad de Palmas del Sol, mediante acciones tanto provisionales como definitivas.”.

6.- Por escrito recibido en la Sala el 05 de mayo de 2026, la parte recurrente se refiere a los informes rendidos por las autoridades de la Municipalidad de Puntarenas, en los siguientes términos: “… PRIMERO: Que en el informe rendido por la Municipalidad de Puntarenas, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se reconoce expresamente que el canal pluvial existente fue cerrado y que dicho punto constituía el único medio funcional de evacuación de aguas pluviales del sector, así como que el cierre genera un riesgo inminente de inundación para las viviendas circundantes. SEGUNDO: Lejos de desvirtuar los hechos denunciados en este recurso, el informe municipal los confirma en sus aspectos esenciales, al admitir la existencia de la problemática, el cierre del canal de evacuación y la persistencia del riesgo para la comunidad. TERCERO: No obstante lo anterior, las acciones expuestas por la autoridad recurrida no constituyen una solución actual, concreta ni ejecutada, sino únicamente manifestaciones futuras e indeterminadas, sin plazo cierto de cumplimiento y bajo ese esquema nos han tenido esperando varios años. Tal insuficiencia adquiere mayor gravedad con el ingreso de la temporada lluviosa, pues el aumento del caudal y acumulación de aguas pluviales eleva de manera directa el riesgo de inundación que enfrenta la comunidad, sin que exista a la fecha una medida provisional efectiva que garantice la evacuación adecuada de dichas aguas. (imágenes adjuntas) CUARTO: El informe rendido no establece plazos ciertos, fechas concretas de ejecución, cronograma de intervención, ni medida provisional inmediata y efectiva que garantice la evacuación de aguas pluviales mientras se define una eventual solución de fondo. Tampoco acredita que, hoy en día, exista una obra ejecutada o una actuación material que elimine o reduzca de manera real e inmediata la amenaza denunciada. QUINTO: Por el contrario, al reconocer la Municipalidad que existe un riesgo inminente de inundación y que el punto cerrado era el único medio funcional de evacuación del sector, resulta evidente que la amenaza que motivó este recurso permanece actual, real y no resuelta. SEXTO: En consecuencia, esta parte considera que el informe municipal no acredita una actuación suficiente para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos, sino que se limita a exponer gestiones preliminares, eventuales o sujetas a análisis, insuficientes frente a la urgencia de la situación planteada.”.

7.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando

I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una supuesta denuncia por la ausencia de drenaje pluvial en la comunidad de Palmas del Sol, El Roble, Puntarenas, que presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable y que pone en riesgo la integridad de los recurrentes, así como a un ambiente sano. Atendiendo a la naturaleza de la temática que trata la gestión, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de la denuncia planteada. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente pretende que se ordene a la Municipalidad de Puntarenas realizar una inspección técnica en la comunidad de Palmas del Sol, valorar el drenaje pluvial existente y adoptar medidas urgentes e integrales para evitar inundaciones. Asimismo, solicita que dicha municipalidad se abstenga de permitir obras que afecten el drenaje sin contar con una solución hidráulica definitiva. Además, requiere que el Ministerio de Salud dé seguimiento a la orden sanitaria emitida desde el año 2022 y valore el riesgo sanitario actual que enfrenta la comunidad.

III.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:

En cuanto a la Municipalidad de Puntarenas:

  • a)En la comunidad de Palmas del Sol, ubicada en El Roble de Puntarenas, existe una problemática relacionada con el manejo y evacuación de aguas pluviales, derivada del desarrollo constructivo del sector y de la ausencia de un sistema de drenaje pluvial adecuado (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).
  • b)Mediante orden sanitaria número 0087-REG-2022, emitida por el Ministerio de Salud, se reconoció la existencia de problemas de acumulación de aguas e inundaciones en la comunidad de Palmas del Sol, requiriéndose a la Municipalidad de Puntarenas la adopción de medidas correctivas (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).
  • c)La Municipalidad de Puntarenas ejecutó obras de mitigación temporales consistentes en cuneteo, elevación de la vía y construcción de un vado para canalizar las aguas pluviales hacia un lote baldío, como medida provisional para disminuir las inundaciones en el sector (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).
  • d)El drenaje construido por la Municipalidad de Puntarenas constituía el único punto funcional de evacuación de aguas pluviales de la comunidad de Palmas del Sol (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).
  • e)El 26 de marzo de 2026, funcionarios de la Municipalidad de Puntarenas realizaron una inspección en la urbanización Palmas del Sol, específicamente en el terreno propiedad de Víctor Manuel Seguro Montenegro, sitio donde se ubica el canal utilizado para la evacuación de aguas pluviales de la comunidad. Producto de la inspección realizada, las autoridades municipales constataron que el canal pluvial existente había sido cerrado por el propietario actual del terreno, situación que genera un riesgo inminente de inundación para las viviendas circundantes y para el propio inmueble (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).
  • f)La Municipalidad de Puntarenas coordinó reuniones técnicas internas con el propósito de analizar y definir una propuesta de solución integral, eficiente y económicamente viable al problema de evacuación de aguas pluviales existente en la comunidad de Palmas del Sol (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).
  • g)Como medidas preventivas, la Municipalidad de Puntarenas dispuso realizar labores de vigilancia para evitar el desarrollo de infraestructura que afecte el sistema de drenaje existente y solicitó que no se otorguen permisos de construcción sobre el inmueble donde se ubica el canal pluvial, mientras se resuelve la situación de fondo (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).
  • h)La Municipalidad de Puntarenas se encuentra valorando la posibilidad de adquirir la franja de terreno donde se ubica el drenaje, así como ejecutar obras definitivas y establecer un mecanismo efectivo para la evacuación de aguas pluviales en la comunidad. Asimismo, proyecta gestionar un acuerdo temporal con el propietario actual para reconstruir provisionalmente el canal obstruido (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).
  • i)Las autoridades municipales reconocieron la problemática existente en la comunidad de Palmas del Sol y manifestaron su compromiso de adoptar medidas provisionales y definitivas dirigidas a salvaguardar la seguridad, salubridad y bienestar de los habitantes del sector (ver informes rendidos bajo juramento y prueba adjunta).

En cuanto al Ministerio de Salud:

  • a)En la comunidad de Palmas del Sol, ubicada en El Roble de Puntarenas, se presentan problemas de acumulación y manejo de aguas pluviales debido a la inexistencia de un sistema adecuado de drenaje pluvial (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • b)El Ministerio de Salud recibió una denuncia sanitaria relacionada con deficiencias en la canalización de aguas pluviales y rebalse de aguas sobre la vía pública ubicada en El Roble de Puntarenas (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • c)Con ocasión de dicha denuncia, el Ministerio de Salud realizó una inspección en el sitio y constató los hechos denunciados, razón por la cual emitió la orden sanitaria No. 0087-REG-2022 dirigida a la Municipalidad de Puntarenas, requiriéndole la adopción de medidas para garantizar un adecuado sistema de alcantarillado pluvial en la zona (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • d)En respuesta a la orden sanitaria emitida, la Municipalidad de Puntarenas remitió los oficios MP-AM-OF-6788-11-2022 y MP-UTGV-OF-0525-11-2022, mediante los cuales informó sobre acciones y obras de mitigación implementadas para atender la problemática denunciada (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • e)Como medida a largo plazo, la Municipalidad de Puntarenas planteó incluir las obras necesarias para solucionar el problema de drenaje pluvial dentro del Plan Quinquenal correspondiente al período 2026-2030 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • f)El 26 de marzo de 2026, funcionarios de la Municipalidad de Puntarenas realizaron una inspección técnica en la urbanización Palmas del Sol, específicamente en el terreno donde se ubica el canal utilizado para la evacuación de aguas pluviales de la comunidad (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • g)Durante dicha inspección, las autoridades municipales constataron que el canal pluvial existente había sido cerrado por el propietario actual del terreno, situación que genera un riesgo inminente de inundación para las viviendas cercanas y el sector afectado (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • h)El 23 de abril de 2026, la Dirección del Área Rectora de Salud de Puntarenas notificó a la Municipalidad de Puntarenas el oficio CARTA-MSDRRSPC-DARSPC-0286-2026, mediante el cual solicitó información sobre las acciones ejecutadas para solucionar la problemática denunciada (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • i)El 24 de abril de 2026, funcionarios del Ministerio de Salud realizaron una nueva inspección en el sitio, constatando acumulación de aguas pluviales sobre distintos puntos de la vía pública y la inexistencia de un sistema de alcantarillado pluvial adecuado para la canalización de aguas en época lluviosa (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).
  • j)La Municipalidad de Puntarenas coordinó reuniones técnicas internas y dispuso medidas preventivas para evitar nuevas k) intervenciones que afectaran el sistema de drenaje existente, así como la valoración de posibles soluciones definitivas al problema de evacuación de aguas pluviales en la comunidad de Palmas del Sol (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del análisis integral de los hechos acreditados, los informes rendidos bajo juramento y la prueba incorporada al expediente, esta Sala concluye que el presente recurso de amparo debe ser declarado con lugar. Si bien se advierte que tanto la Municipalidad de Puntarenas como el Ministerio de Salud han realizado algunas actuaciones administrativas relacionadas con la problemática denunciada, lo cierto es que tales gestiones no han sido suficientes para resolver de manera efectiva, oportuna y definitiva la situación que afecta a la comunidad de Palmas del Sol, en El Roble de Puntarenas.

En efecto, de los propios informes rendidos por las autoridades recurridas se desprende que existe una problemática real relacionada con la falta de un sistema adecuado de canalización y drenaje de aguas pluviales en el sector. El Ministerio de Salud reconoció la existencia de deficiencias en la canalización de aguas pluviales, así como la acumulación de aguas en la vía pública durante condiciones lluviosas, pese a haberse emitido desde el año 2022 una orden sanitaria dirigida a la Municipalidad de Puntarenas. A su vez, la Municipalidad accionada reconoció que el canal utilizado para la evacuación de aguas pluviales fue cerrado y que ello genera un riesgo inminente de inundación, con afectación tanto para las viviendas circundantes como para la comunidad en general.

Bajo ese cuadro fáctico, no basta con que las autoridades indiquen que han realizado inspecciones, reuniones técnicas o gestiones preliminares, pues el objeto del amparo no se agota con la sola actividad formal de la Administración. Lo relevante desde la perspectiva constitucional, es determinar si las actuaciones desplegadas han sido idóneas, eficaces y suficientes para remover la amenaza o lesión denunciada. En este caso, la respuesta es negativa, toda vez que la problemática persiste, el drenaje continúa sin una solución definitiva y las personas habitantes de la comunidad permanecen expuestas al riesgo de inundaciones, daños materiales, afectación sanitaria y deterioro de su entorno.

La situación descrita compromete derechos fundamentales vinculados con la salud, la seguridad, la integridad personal, el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el acceso a condiciones mínimas de salubridad comunitaria. La acumulación de aguas pluviales en vía pública y zonas habitadas no constituye una simple molestia vecinal, sino una condición objetiva de riesgo que puede favorecer focos de contaminación, malos olores, proliferación de vectores y afectaciones sanitarias, especialmente durante la época lluviosa. Por ello, la falta de una respuesta institucional efectiva y coordinada coloca a la comunidad amparada en una situación de vulnerabilidad que no puede ser tolerada constitucionalmente.

En ese sentido, la Municipalidad de Puntarenas tiene una obligación directa en la atención de la infraestructura local y de los servicios e intereses propios del cantón, conforme al artículo 169 de la Constitución Política y al marco competencial previsto en el Código Municipal. Dicha competencia comprende la adopción de medidas razonables, técnicas y oportunas para atender los problemas derivados de la infraestructura vial y del drenaje pluvial en las comunidades bajo su jurisdicción. Por su parte, el Ministerio de Salud, como rector en materia sanitaria, no puede limitarse a constatar la existencia del problema, sino que debe ejercer sus potestades de vigilancia, control, prevención y seguimiento, a fin de ordenar las medidas sanitarias que correspondan y verificar su efectivo cumplimiento.

Así las cosas, la solución del caso exige una coordinación interinstitucional real entre ambas autoridades recurridas. La Municipalidad debe ejecutar las acciones técnicas necesarias para corregir la ausencia o insuficiencia del drenaje pluvial, mientras que el Ministerio de Salud debe fiscalizar, dar seguimiento y adoptar las medidas sanitarias pertinentes para evitar que la acumulación de aguas genere riesgos para la salud pública. La existencia de competencias diferenciadas no justifica la inacción ni la dilación administrativa; por el contrario impone un deber reforzado de coordinación cuando la omisión institucional puede afectar derechos fundamentales de una comunidad.

En consecuencia, al haberse acreditado que la problemática denunciada subsiste, que las propias autoridades reconocen el riesgo existente y que no se ha brindado una solución efectiva a la falta de drenaje de aguas pluviales en la comunidad de Palmas del Sol, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo. Para restablecer los derechos vulnerados, corresponde ordenar a la Municipalidad de Puntarenas y al Ministerio de Salud que, dentro del ámbito de sus competencias, coordinen y ejecuten las actuaciones necesarias para atender integralmente la situación denunciada, garantizando la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes de la comunidad afectada.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia por la acumulación de aguas e inundaciones en la comunidad de Palmas del Sol, Puntarenas, con contaminación ambiental, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.

Salvo el voto respecto de la ejecución de la sentencia, para que, de conformidad con el art. 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), sea residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

La ejecución de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada por esta misma jurisdicción. Sin embargo, esa norma contempla supuestos de excepción en los que, por determinación de este Tribunal, se ordene residenciar la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa:

“Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).

Recuérdese que en el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente:

“Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).

Sin embargo, el texto fue modificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación:

“EL SECRETARIO:

Moción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez:

“artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”.

EL PRESIDENTE:

En discusión la moción leída?

Doctor Piza Escalante:

Aquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos.

Diputado Corrales Bolaños:

En esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo?

Doctor Piza Escalante:

La idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa.

EL SECRETARIO:

Se considera suficientemente discutida la moción?

EL PRESIDENTE:

Discutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (sic). Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original).

A partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala para que valore y decida si es preciso derivar a la jurisdicción contencioso-administrativa todos o algunos los aspectos relativos a la ejecución de la sentencia.

En este caso concreto, en virtud de la entidad de las órdenes que está girando este Tribunal, estimo que lo procedente es residenciar la fase de ejecución del asunto en la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo anterior, debido a la inexistencia de mecanismos idóneos previstos por la normativa que rige a esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a las órdenes consignadas en esta sentencia que revisten aspectos técnicos de gran complejidad.

En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de LJC, considero que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a MARY DENISSE MUNIVE ANGERMÜLLER -conocida como Mery Denisse Munive Angermüller- y CAROLINA LIZETH GUILLÉN MELÉNDEZ, por su orden ministra y directora a.i. de la Dirección del Área Rectora de Salud de Puntarenas, Chacarita, ambas del MINISTERIO DE SALUD, o quienes ocupen esos cargos, coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, para minimizar las afectaciones a la salud, seguridad, salubridad y ambiente de las personas habitantes de la comunidad afectada. Asimismo, RANDALL ALEXIS CHAVARRÍA MATARRITA y JEFFREY RAMÍREZ CASTRO, por su orden alcalde y director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ambos de la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, o quienes ocupen esos cargos, deberán solucionar -desde el punto de vista técnico- de manera definitiva, el manejo de las aguas pluviales en la comunidad de Palmas del Sol, en El Roble de Puntarenas. Aunado a ello, se le deberá notificar a los recurrentes los avances de las obras desde su inicio hasta su finalización, todo lo anterior dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen esos cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Puntarenas y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto de la sede de la ejecución de la sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que esa fase sea residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Notifíquese. - Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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