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Res. 16432-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/05/2026

Legislative consultation dismissed for lack of grounds on IBRD-IFAD sustainable agriculture loansConsulta legislativa inadmisible sobre préstamos BIRF-FIDA para agricultura sostenible

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The Constitutional Chamber declared the facultative legislative consultation inadmissible and unresolvable for lacking precise, circumstantiated constitutional grounds challenging the sustainable agriculture loan contracts bill (Bill 25.228).La Sala declaró inadmisible e inevacuable la consulta legislativa facultativa por carecer de fundamentación precisa y circunstanciada sobre la inconstitucionalidad del proyecto de ley de contratos de préstamo para agricultura sostenible (Expediente N.° 25.228).

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismissed as inadmissible a facultative constitutional consultation filed by twelve legislators challenging Bill 25.228, which approves World Bank (IBRD) and IFAD loan contracts funding a USD 140 million sustainable and competitive agriculture program. The legislators raised three constitutional doubts: non-compliance with environmental norms, violation of legal certainty, and fiscal sustainability of public debt. The Chamber held the consultation failed to meet the reasoned-petition requirement of Art. 99 of the Constitutional Jurisdiction Law, because the legislators neither identified specific bill articles nor provided precise, circumstantiated arguments. Environmental concerns—touching GHG emissions, agricultural NAMA programs, irrigation districts, and natural resource management—were stated in entirely generic, abstract, and imprecise terms. The Chamber reaffirmed that consultations are unresolvable when arguments are omissive, vague, or insufficient.La Sala Constitucional declaró inadmisible e inevacuable la consulta legislativa facultativa interpuesta por doce diputados contra el Expediente N.° 25.228, que aprueba contratos de préstamo entre Costa Rica y el Banco Mundial (BIRF) y el FIDA para financiar un programa de agricultura sostenible y competitiva por USD 140 millones. Los legisladores alegaban tres dudas constitucionales: incumplimiento de normas ambientales, violación al principio de seguridad jurídica e impacto negativo en la sostenibilidad de la deuda pública. La Sala constató que la consulta no cumplía el requisito del artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues los diputados no identificaron artículos específicos del proyecto ni expusieron argumentos precisos y circunstanciados. Las dudas sobre normativa ambiental —relativas a emisiones GEI, NAMA agropecuarios, distritos de riego y manejo de recursos naturales— se plantearon de forma totalmente genérica, abstracta e imprecisa. La Sala reiteró su línea jurisprudencial: la consulta es inevacuable cuando las argumentaciones son omisas, vagas o insuficientes.

Key excerptExtracto clave

In the case at hand, this Chamber finds that the submitted consultation lacks adequate foundation. The legislator-petitioners state that Bill 25.228 generates for them 'sufficient doubts and objections' regarding 'compliance with environmental norms,' 'legal certainty,' and the 'financing impact on public debt sustainability.' But in truth, no proper argumentative development is offered in relation to those doubts. In the first place, the petitioners limit themselves to a brief description of the bill's content and objectives, and then add that Costa Rica is exposed to a 'risk… of carrying out this project without violating the current environmental regulations [that] is very large, and that there would be a transgression of the current environmental regulations, therefore it is requested that it be considered unconstitutional.' But no specification or foundation is provided as to what those risks would be. It is not even clear whether the petitioners' doubt relates to the bill's concrete content or to its eventual application. The truth is that such concern is raised in a completely generic, abstract, and imprecise manner. In sum, there is no precise, sufficient, and adequately circumstantiated argumentation, which renders the present consultation inadmissible.En el sub lite, constata esta Sala que la consulta formulada no contiene una adecuada fundamentación. Las personas diputadas consultantes refieren que el proyecto de ley que se tramita en expediente nro. 25.228... les genera "dudas y objeciones suficientes", en relación con "el cumplimiento de las normas ambientales", "la seguridad jurídica" e "impacto del financiamiento en la sostenibilidad de la deuda pública". Pero lo cierto es que no se realiza un apropiado desarrollo argumentativo respecto de tales dudas. En primer lugar, las personas consultantes se limitan a realizar una lacónica exposición sobre el contenido y objetivos del proyecto objeto de consulta, para luego añadir que Costa Rica se expone a un "riesgo… para realizar este proyecto sin transgredir la normativa ambiental vigente es muy grande, y se estaría ante la transgresión de la normativa ambiental vigente por lo tanto se solicita considerar si es inconstitucional". Pero no se especifican ni fundamentan cuáles serían tales riesgos. Incluso, no queda claro si la duda de los consultantes se refiere al contenido concreto del proyecto o se relaciona con su eventual aplicación. Lo cierto es que tal preocupación se plantea de forma totalmente genérica, abstracta e imprecisa. No existe, en definitiva, una argumentación precisa, suficiente y debidamente circunstanciada, lo que determina la inadmisibilidad de la presente consulta.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, señala claramente que en tratándose de la consulta facultativa de constitucionalidad, la misma deberá plantearse mediante un memorial razonado, en el cual se exprese los aspectos que se cuestionan del proyecto de ley, así como los motivos por los cuales se tuviere duda u objeciones sobre la constitucionalidad del mismo."

    "Article 99 of the Constitutional Jurisdiction Law clearly states that a facultative constitutional consultation must be filed through a reasoned brief, in which the aspects of the bill being questioned are set forth, as well as the reasons for which there are doubts or objections regarding its constitutionality."

    Considerando II

  • "El artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, señala claramente que en tratándose de la consulta facultativa de constitucionalidad, la misma deberá plantearse mediante un memorial razonado, en el cual se exprese los aspectos que se cuestionan del proyecto de ley, así como los motivos por los cuales se tuviere duda u objeciones sobre la constitucionalidad del mismo."

    Considerando II

  • "si las argumentaciones resultan omisas, insuficientes, o vagas, la consulta debe resultar inadmisible y, por ende, inevacuable, por cuanto no contaría este Tribunal con los motivos expresos por los cuales pronunciarse."

    "If the arguments are omissive, insufficient, or vague, the consultation must be found inadmissible and therefore unresolvable, since the Court would lack the express reasons upon which to issue a ruling."

    Considerando II

  • "si las argumentaciones resultan omisas, insuficientes, o vagas, la consulta debe resultar inadmisible y, por ende, inevacuable, por cuanto no contaría este Tribunal con los motivos expresos por los cuales pronunciarse."

    Considerando II

  • "«la competencia de la Sala Constitucional tiene origen en las dudas o reparos de constitucionalidad que formulen los legisladores», de forma que si tales argumentos no existen como tal... resultaría impropio para la Sala emitir criterio alguno, pues se estaría en supuestos que trascienden las competencias de la Sala en materia de consultas legislativas de constitucionalidad."

    "The Constitutional Chamber's jurisdiction 'originates in the constitutional doubts or objections formulated by legislators,' so that if such arguments do not actually exist… it would be improper for the Chamber to issue any opinion, as it would be acting beyond the scope of its competences in legislative constitutional consultations."

    Considerando II

  • "«la competencia de la Sala Constitucional tiene origen en las dudas o reparos de constitucionalidad que formulen los legisladores», de forma que si tales argumentos no existen como tal... resultaría impropio para la Sala emitir criterio alguno, pues se estaría en supuestos que trascienden las competencias de la Sala en materia de consultas legislativas de constitucionalidad."

    Considerando II

  • "No existe, en definitiva, una argumentación precisa, suficiente y debidamente circunstanciada, lo que determina la inadmisibilidad de la presente consulta."

    "In sum, there is no precise, sufficient, and adequately circumstantiated argumentation, which renders the present consultation inadmissible."

    Considerando III

  • "No existe, en definitiva, una argumentación precisa, suficiente y debidamente circunstanciada, lo que determina la inadmisibilidad de la presente consulta."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on the seventh of May, two thousand twenty-six.

Optional legislative constitutional referral (consulta legislativa facultativa de constitucionalidad) filed by legislators (diputados) [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011], and [Nombre 012], concerning the "bill filed under EXPEDIENTE N.°25.228, APPROVAL OF THE LOAN AGREEMENTS ENTERED INTO BETWEEN THE REPUBLIC OF COSTA RICA AND THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (BIRF) AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (FIDA) TO FINANCE THE PROGRAM FOR SUSTAINABLE AND COMPETITIVE AGRICULTURE IN COSTA RICA." Recitals:

  1. 1By written submission received by this Chamber on April 30, 2026, the consulting legislators filed an optional legislative constitutional referral concerning the "bill filed under EXPEDIENTE N.°25.228, APPROVAL OF THE LOAN AGREEMENTS ENTERED INTO BETWEEN THE REPUBLIC OF COSTA RICA AND BIRF AND FIDA TO FINANCE THE PROGRAM FOR SUSTAINABLE AND COMPETITIVE AGRICULTURE IN COSTA RICA," in which they state:

"1. PURPOSE OF THE PROPOSAL To improve the sustainability, competitiveness, and economic participation of selected small and medium agricultural producers (pequeños y medianos productores agrícolas) in Costa Rica.

Definition of terms in the objective:

"Sustainability": encompasses environmental sustainability actions such as reducing greenhouse gas (gases de efecto invernadero, GEI) emissions, climate-change resilience, and broader natural resource management (water, soils, biodiversity), as well as the social dimension through the inclusion of vulnerable populations (women, youth, persons with disabilities), and the economic dimension through actions that allow for greater democratization of economic activity and wealth generation, especially in communities with lower social development indices.

"Competitiveness": refers to producers' capacity to compete in domestic and international markets.

"Economic participation": refers to the capacity of vulnerable groups (small and medium agricultural producers — PYMPAs, including in particular women and youth) to benefit from the development of the agricultural sector. "Agriculture": shall be understood as the primary economic sector and includes crops, livestock, fishing, and aquaculture.

The Program's framework of application is within the Política Pública del Sector Agropecuario 2023-2032, made official through Decreto Ejecutivo N°43.887MAG, whose general objective is: "To enhance economic, social, and environmental sustainability through the implementation of tools and mechanisms that contribute to the development and well-being of the population linked to the Costa Rican Agricultural Sector." The Program for Results for Sustainable and Competitive Agriculture in Costa Rica with BIRF and FIDA broadens the scope of the Política Pública del Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032, which has four strategic axes guiding its policy actions (strategic interventions), namely: 1. modernization of Agricultural Sector institutions, 2. promotion of competitiveness, 3. productivity and sustainability, and 4. value-added production and commercialization.

Through an injection of resources amounting to US$ 140 million (equivalent to € 134,710,450), this will enable: the transition of 10,500 producers to sustainable models of adaptation and mitigation of climate change with accessible financial products from SBD for productive transformation; the development of a cold chain network (red de Frío) in the central canton (cantón) of Puntarenas that will offer cold-storage services to small and medium fishers, thereby improving product quality and commercialization; the modernization of the infrastructure of 14 Water User Associations (Sociedades de Usuarios del Agua) in northern Cartago, as well as the conduct of a feasibility study to determine the viability of developing an irrigation district (Distrito de Riego) in that area; the creation of a digital file to facilitate information and administrative procedures for producers; the expansion of traceability (trazabilidad) processes covering activities such as potato and onion cultivation, fishing and aquaculture, pork production, and oil palm, among others; as well as the strengthening of institutional services at the laboratory level in INTA, SFE, and SENASA; among other actions that will promote sustainable growth in the sector.

2. LEGISLATIVE PROCESS The bill was introduced into the legislative stream on October 6, 2025.

It was published in the Diario Oficial la Gaceta No. 200 of October 24, 2025, in Supplement (Alcance) No. 137.

It was reviewed and approved by the Treasury Affairs Committee (Comisión de Asuntos Hacendarios) on March 17, 2026.

It was approved on first reading (primer debate) in the Legislative Plenary (Plenario Legislativo) on April 21, 2026.

3. STANDING Articles 96, subsection (inciso) b), 97, and 98 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) establish, as the standing requirement for filing a constitutional referral, that it be requested by at least ten legislators and that it be filed after the bill has been approved on first reading. Both requirements are met, since this referral is signed by at least ten legislators and was filed after the bill in question 4. SUBJECT MATTER OF THE REFERRAL In compliance with the provisions of Article 99 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the aspects of the bill being challenged are set out below, together with the reasons giving rise to sufficient doubts and objections to warrant filing this constitutional referral.

Concern is expressly stated with respect to two fundamental elements: the first is compliance with environmental regulations; the second is legal certainty (seguridad jurídica); and the third is the impact of the financing on public-debt sustainability.

Below are details of interest regarding specific matters:

I.The general interest in the supreme safeguarding of compliance with environmental regulations, legal certainty, and, finally, the impact of the financing on public-debt sustainability must guide the analysis of EXPEDIENTE N.°25.228, APPROVAL OF THE LOAN AGREEMENTS ENTERED INTO BETWEEN THE REPUBLIC OF COSTA RICA AND BIRF AND FIDA TO FINANCE THE PROGRAM FOR SUSTAINABLE AND COMPETITIVE AGRICULTURE IN COSTA RICA.

It is evident that the legislative initiative poses a genuine challenge to compliance with environmental and social regulations, insofar as it seeks the following:

The purpose of the project is to improve the sustainability, competitiveness, and economic participation of specific small and medium agricultural producers in Costa Rica. Modernize public agricultural extension (extensión agrícola) services: improve and implement the Digital Information Platform for Producers; train extension specialists to expand their knowledge and capabilities in key areas, including: (i) the adoption of NAMA; (ii) registration and use of the Digital Information Platform for Producers, the emerging agricultural-sector traceability system, and other digital resources; (iii) adapting extension services for vulnerable groups; and (iv) general business management. Promote the competitiveness of agricultural producers and improve their access to domestic and international markets through actions such as: developing and implementing a traceability system for the agricultural sector and certifying participating producers; conducting analyses to improve food safety and compliance with animal and phytosanitary standards, including those related to the origin of animals, the quality of veterinary medicines, and veterinary diagnostics; developing and publishing a national public policy and a corresponding action plan to promote the registration and proper use of agricultural pesticides; drafting and publishing regulations for the use of bio-inputs (bioinsumos); staffing and supplying the means to carry out analyses aimed at improving agrochemical control and registration services; and designing and building the Cold Storage Warehouse (Bodega de Almacenamiento en Frío).

Improvement of the environmental sustainability of agricultural production: delivering specialized technical assistance to PYMPAs working with livestock, coffee, and sugarcane to accelerate NAMA adoption; establishing four (4) demonstration farms (fincas de demostración) for the livestock NAMA model; improving access to financial mechanisms, including credit, guarantees, and subsidies for PYMPAs adopting NAMA, and delivering financial literacy training for producers; recognizing producers who implement sustainable practices through the Programa Bandera Azul; conducting baseline assessments of GEI emissions for livestock, coffee, and sugarcane NAMA models; conducting GEI emissions, organic carbon, and soil carbon assessments on specific NAMA farms; (i) conducting feasibility studies for the Distrito de Riego Cartago, training and strengthening the management capacities of the Water User Associations, and modernizing the 14 existing irrigation works maintained by the Water User Associations; and (ii) automating the sluice gates (esclusas) of the Distrito de Riego Arenal Tempisque to optimize water flows and improve water-use efficiency; strengthening the capacities of INTA and the ONS to produce and certify specific resilient crop varieties; and conducting an assessment of current NAMA financing initiatives with the aim of evaluating their effectiveness and identifying possible adjustments to reduce their fiscal costs.

The risk to which Costa Rica is exposed in implementing this project without violating existing environmental regulations is very great, and a transgression of existing environmental regulations would therefore be at issue; accordingly, the Chamber is asked to consider whether this is unconstitutional.

II. THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY AS A FOUNDING PRINCIPLE OF THE LEGAL ORDER

This is the second precept submitted for the Chamber's review, since legal certainty constitutes a general principle of law, which may also be conceptualized as every individual's guarantee that their legal situation will not be altered except through regular procedures established in advance — that is, it represents the guarantee of the objective application of the law, such that individuals know at all times what their rights and obligations are. From a subjective standpoint, legal certainty is equivalent to the moral certainty an individual has that their property will be respected; this requires certain conditions, such as a judicial organization, a police force, and laws, so that, from an objective standpoint, legal certainty is equivalent to the existence of a just and effective social order whose observance is ensured by public coercion.

In this regard, it must be understood that, in the absence of sufficient legal and technical criteria to determine that the objectives of the bill do not infringe legal certainty, the bill may be unconstitutional.

III. FINANCIAL IMPACT ON PUBLIC-DEBT SUSTAINABILITY

This is the third precept submitted for review by the justices (magistrados), given that the financial impact of the bill under review could affect the sustainability of the public debt (deuda pública).

The total cost of the Program amounts to one hundred fifteen million five hundred thousand euros (EUR 115,500,000), as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion. The substantial sum that the country will be obligated to repay under this loan calls into question the fiscal capacity to meet that debt and could therefore generate a significant financial impact on the sustainability of the public debt.

For this reason, and in the absence of sufficient legal and financial criteria to determine that the objectives of the bill do not transgress financial security, a finding of unconstitutionality may be warranted.

5. PROCEDURAL MATTERS As an interlocutory matter: the Presidency of the Asamblea Legislativa has scheduled the second debate (segundo debate) for April 27, 2026, at sixteen hundred hours.

We therefore request that formal notice of this discretionary constitutional review (consulta facultativa de constitucionalidad) be communicated to the Presidency of the Asamblea Legislativa, and that all discussion of bill N.° 25228 and its vote in second debate be suspended.

6. PRAYER FOR RELIEF On the basis of the constitutional, legal, and jurisprudential grounds set forth above, we respectfully request that this Tribunal uphold the present discretionary constitutional review as filed, and assess whether the matters identified herein violate the Constitución Política as formulated in this petition."

  1. 2The formalities required by law have been observed in the conduct of these proceedings.

The opinion is authored by Justice Castillo Víquez; and,

Considering:

I. ON THE ADMISSIBILITY OF THE PETITION

The consulting legislators (personas diputadas consultantes) contend that the present petition is admissible pursuant to articles 96, subsection b), 97, and 98 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, having been signed by more than ten legislators and having been filed after the bill under review was approved in first debate (primer debate). However, this Court concludes that in the present case the requirement set forth in article 99 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is not met, as the petition lacks adequate grounds for its constitutional doubts, as will be analyzed in the following sections.

II. ON THE GROUNDS REQUIRED FOR DISCRETIONARY CONSTITUTIONAL REVIEWS

With respect to the necessary grounds for discretionary constitutional reviews, the Chamber has established that:

"Article 99 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional clearly provides that a discretionary constitutional review must be filed by means of a reasoned brief (memorial razonado), in which the aspects of the bill being challenged are set forth, together with the reasons for which the petitioner has doubts or objections concerning its constitutionality. This provision establishes—and constitutional case law has consistently so recognized—that the filing (libelo de interposición) must identify the specific articles of the bill whose constitutionality is challenged or queried, and must clearly state the reasons for which a provision of the bill is believed to be unconstitutional; otherwise the petition would be inadmissible—see, in this regard, judgments (sentencias) numbers 5399-95, 501-I-95, 5544-95, 1999-7085, 2001-11643, 2012-09253, 2022-9342, among others. Indeed, on this point the Chamber has stated:

'…In this case the petitioners do not identify the articles of the bill being challenged, nor the reasons for their doubts or objections regarding its constitutionality, and they merely indicate the subject matter of the query without advancing any constitutional argument, so that the petition cannot be entertained. Constitutional case law has consistently so held, and for this reason the appropriate course is to deny the petition as presented.' Beyond the specific citation of the articles whose constitutionality is challenged, as noted above, the grounds on which the legislative petition is filed must also be clear and express, detailing the reasons why the legislators hold reasonable doubts about the constitutionality of the provisions at issue. In this regard, the Chamber has stated that if the arguments are omitted, insufficient, or vague, the petition must be inadmissible and therefore not subject to disposition (inevacuable), since the Court would not have the express grounds on which to issue a ruling. Indeed, the Chamber has stated:

'…It must also be recalled that the same statute provides in article 101 that the Chamber shall dispose of the petition by issuing a ruling "on the aspects and grounds consulted or on any others it deems constitutionally relevant," but the Court interprets "the aspects and grounds consulted" as those which, pursuant to article 99, challenge or object to the bill, or underlie the doubt that the legislators may have regarding it. Since, therefore, the petition departs from what is legally required, it is not receivable; if the Court were nonetheless to admit and resolve it, it would place itself in a position outside the scope of its powers.' (Judgment nro. 2001-11643, reiterated in judgments numbers 2012-9253, 2017-11714, 2021-21204, and 2022-9345, among others.) Emphasis not in the original.

Accordingly, if a petition is imprecise in citing the articles or in setting forth the grounds for well-founded constitutional doubts, it is inadmissible and not subject to disposition. This criterion was reiterated and consolidated in the Chamber's case law when, in the already-cited judgment number 2012-9253, reiterated in 2022-9345, it was determined that:

"[T]his is so because 'in the case of discretionary legislative constitutional reviews, «the jurisdiction of the Sala Constitucional has its origin in the constitutional doubts or objections formulated by the legislators»—judgment 2001-12459—so that if such arguments do not in fact exist, or when the consulting legislators themselves state that they have no doubts about the constitutionality of the provisions or bills under review, it would be improper for the Chamber to issue any opinion, since those would be situations that transcend the Chamber's powers in the area of discretionary legislative constitutional reviews—judgment 2002-3460-.' Emphasis not in the original." (voto nro. 2024-032834 of 9:20 a.m. on November 1, 2024) Furthermore, in voto nro. 2024-036153 of 9:45 a.m. on December 3, 2024, this Court added that the:

"(…) lack of grounds prevents the Court from conducting a thorough analysis and issuing a decision on the matter, since the Chamber may only do so when it has the necessary elements before it, which must be provided by the consulting legislators, who are the parties empowered to raise constitutional doubts in proceedings of this type."

III. ON THE PRESENT PETITION

In the sub lite, this Chamber finds that the petition as filed does not contain adequate grounds. The consulting legislators state that the bill being processed under case file (expediente) nro. 25.228, entitled "APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA PARA FINANCIAR EL PROGRAMA PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA EN COSTA RICA," gives rise to "sufficient doubts and objections" with respect to "compliance with environmental regulations," "legal certainty (seguridad jurídica)," and "the financial impact on the sustainability of the public debt." However, the petition does not develop these doubts through adequate argumentation. First, the consulting legislators limit themselves to a cursory exposition of the content and objectives of the bill under review, then add that Costa Rica faces a "risk… for carrying out this project without violating current environmental regulations [that] is very great, and there would therefore be a violation of current environmental regulations, so consideration is requested as to whether it is unconstitutional." But neither the nature nor the basis of such risks is specified.

It is not even clear whether the petitioners' doubts relate to the specific content of the bill or to its eventual application. The fact is that this concern is raised in an entirely generic, abstract, and imprecise manner. A similar situation arises with respect to the issue of legal certainty, in which the petitioners make a generic reference to the principle of legal certainty and then add that "it must be understood that, in the absence of sufficient legal and technical criteria to determine that the objectives of the bill do not transgress legal certainty, a finding of unconstitutionality may be warranted." However, the petition does not concretely explain the reasons why such criteria are lacking or their actual bearing on a possible infringement of the principle of legal certainty. The same holds true with respect to the alleged financial impact of the bill, where the petitioners make a cursory reference to the cost of the program and again assert that, in the "absence of sufficient legal and financial criteria to determine that the objectives of the bill do not transgress financial security, a finding of unconstitutionality may be warranted." On this point as well, no further argumentative development is provided. In sum, the petition lacks precise, sufficient, and adequately substantiated argumentation, which renders it inadmissible.

In light of the foregoing, the petition is not subject to disposition and is so declared.

IV. DOCUMENTS SUBMITTED TO THE CASE FILE

The parties are notified that any documents submitted in paper form, as well as any objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be retrieved from the Court within a maximum period of 30 business days counted from notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The petition is not subject to disposition.

Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Telephone: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Iglesia del Perpetuo Socorro).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de mayo de dos mil veintiseis .

Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por los diputados [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011] y [Nombre 012], referente al “proyecto de ley consignado bajo el EXPEDIENTE N.°25.228, APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA PARA FINANCIAR EL PROGRAMA PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA EN COSTA RICA.”

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en esta Sala el 30 de abril de 2026, los diputados consultantes formulan consulta legislativa facultativa de constitucionalidad con respecto al “proyecto de ley consignado bajo el EXPEDIENTE N.°25.228, APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA PARA FINANCIAR EL PROGRAMA PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA EN COSTA RICA”, en el que manifiestan que:

“1. OBJETO DE LA PROPUESTA Mejorar la sostenibilidad, competitividad y participación económica de pequeños y medianos productores agrícolas seleccionados en Costa Rica.

Definición de términos del objetivo:

"Sostenibilidad": incluye acciones de sostenibilidad ambiental como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la resiliencia al cambio climático y la gestión más amplia de los recursos naturales (agua, suelos, biodiversidad), así como a la dimensión social mediante la inclusión de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) y la dimensión económica mediante acciones que permitan una mayor democratización de la actividad económica y generación de riqueza especialmente en comunidades con menores índices de desarrollo social.

"Competitividad": se refiere a la capacidad de los productores para competir en los mercados nacionales e internacionales.

"Participación económica": se refiere a la capacidad de los grupos vulnerables (pequeños y medianos productores agrícolas — PYMPAS, incluyendo en particular a las mujeres y los jóvenes) de beneficiarse del desarrollo del sector agrícola. "Agricultura": debe entenderse como sector económico primario e incluye a cultivos, ganado, la pesca y la acuicultura.

El marco de aplicación del Programa es dentro de la Política Pública del Sector Agropecuario 2023-2032, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N°43.887MAG, cuyo objetivo general es: "Potenciar la sostenibilidad económica, social y ambiental mediante la implementación de herramientas y mecanismos que contribuyan al desarrollo y bienestar de la población vinculada al Sector Agropecuario Costarricense. " Programa por Resultados para una agricultura sostenible y competitiva en Costa Rica con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), permite ampliar el alcance de la Política Pública del Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032, la cual tiene cuatro ejes estratégicos, sobre los cuales se orienta las acciones de política (intervenciones estratégicas), a saber: 1. modernización de las instituciones del Sector Agropecuario, 2. fomento de la competitividad, 3. productividad y sostenibilidad, y 4. valor agregado y comercialización.

Mediante una inyección de recursos por un monto de US$ 140 millones (equivalente a € 134.710.450), que permitirá el escalamiento de 10.500 productores a modelos sostenibles de adaptación y mitigación al cambio climático con productos financieros accesibles desde el SBD para la transformación productiva; el desarrollo de una red de Frío en el cantón central Puntarenas que ofrecerá el servicio de frío a los pequeños y medianos pescadores, lo cual mejorará la calidad y comercialización del producto; la modernización de la infraestructura de 14 Sociedades de Usuarios del Agua en el Norte de Cartago así como la realización de un estudio de factibilidad que permitirá determinar la viabilidad de desarrollar un distrito de riego en dicha zona; la creación de un expediente digital que facilite la información y trámites a las personas productoras; aumentar los procesos de trazabilidad incluyendo actividades como la papa y cebolla, la pesca y la acuicultura, el ganado porcino, la palma aceitera entre otros; así como el fortalecimiento de los servicios instituciones a nivel de laboratorios en el IN TA, el SFE y SENASA; entre otras acciones que fomentará el crecimiento sostenible del sector.

2. TRAMITACIÓN  El expediente fue presentado a la corriente legislativa el 6 de octubre de 2025.

 Fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta N. 0 200 de 24 de octubre de 2025 en el Alcance N. 0 137.

 Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios el 17 de marzo de 2026.

 Fue aprobado en primer debate en el Plenario Legislativo el 21 de abril de 2026.

3. LEGITIMACIÓN Los Artículos 96, inciso b), 97 y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establecen como parámetro de legitimación para plantear consulta de constitucionalidad, que la soliciten al menos diez diputados y que se plantee después de haber sido aprobada en primer debate. Ambos requisitos se cumplen, por cuanto la presente consulta la suscribimos al menos diez diputados, y la planteamos luego de que el proyecto de referencia 4. OBJETO DE LA CONSULTA En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a continuación, puntualizamos los aspectos cuestionados del proyecto en referencia, con la indicación de los motivos que generan dudas y objeciones suficientes como para elevar la presente consulta de constitucionalidad.

Se deja manifiesta la preocupación en relación con dos elementos fundamentales, el primero es el cumplimiento de las normas ambientales, el segundo la seguridad jurídica y el tercero es el impacto del financiamiento en la sostenibilidad de la deuda pública.

A continuación el detalle de interés sobre aspectos particulares:

I.El interés general, en el supremo resguardo del cumplimiento de las normas ambientales, la seguridad jurídica y finalmente el impacto del financiamiento en la sostenibilidad de la deuda pública deben inspirar el análisis del EXPEDIENTE N. O 25.228, APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA PARA FINANCIAR EL PROGRAMA PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA EN COSTA RICA".

Es evidente que la iniciativa de ley presenta un verdadero desafío al cumplimiento de las normas ambientales y sociales toda vez que pretende lo detallado a continuación:

El objetivo del proyecto es mejorar la sostenibilidad, competitividad y participación económica de pequeños y medianos productores agrícolas específicos, en Costa Rica, Modernizar los servicios públicos de extensión agrícola: mejora e implementación de la Plataforma Digital de Información para Productores; capacitar a los especialistas en extensión para aumentar sus conocimientos y capacidades en áreas clave, como las siguientes: (i) la adopción de NAMA; (ii) el registro y uso de la Plataforma Digital de Información para Productores, el sistema de trazabilidad emergente del sector agrícola y otros recursos digitales; (iii) la adaptación de la extensión para grupos vulnerables; y (iv) la gestión general del negocio. Promover la competitividad de los productores agrícolas, mejorar el acceso de los productores agrícolas a mercados nacionales e internacionales a través de acciones como: el desarrollo e implementación de un sistema de trazabilidad para el sector agrícola y certificar a los productores participantes; llevar a cabo análisis para mejorar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los estándares animales y fitosanitarios, incluidos aquellos relacionados con el origen de los animales, la calidad de los medicamentos de uso veterinario y los diagnósticos veterinarios; desarrollar y publicar una política pública nacional y el plan de acción correspondiente para promover el registro y uso adecuado de pesticidas agrícolas; redactar y publicar las regulaciones para el uso de bioinsumos; dotar de personal y proporcionar los suministros para llevar a cabo análisis destinados a mejorar los servicios de control y registro agroquímicos; y diseñar Y construir la Bodega de Almacenamiento en Frío.

Mejoramiento de la sostenibilidad medioambiental de la producción agraria: entregar asistencia técnica especializada a PYMPAs que trabajan con ganado, café y caña de azúcar para acelerar la adopción de NAMA; establecer cuatro (4) fincas de demostración para el modelo de NAMA para la ganadería; mejorar el acceso a mecanismos financieros, que incluye créditos, avales y subvenciones para PYMPAs que adopten NAMA, y entregar capacitaciones en materia de educación financiera para los productores; reconocer a los productores que implementen prácticas sostenibles a través del Programa Bandera Azul; llevar a cabo evaluaciones de referencia de las emisiones de GEI para modelos de NAMA de ganado, café y caña de azúcar; llevar a cabo evaluaciones de emisiones de GEI, carbono orgánico y en suelo de fincas NAMA específicas; (i) llevar a cabo estudios de viabilidad para el Distrito de Riego Cartago, capacitar y fortalecer las capacidades de gestión de las Sociedades de Usuarios de Agua, y modernizar los 14 trabajos de riego existentes mantenidos por las Sociedades de Usuarios de Agua; y (ii) automatizar las esclusas del Distrito de Riego Arenal Tempisque para optimizar los flujos de agua y mejorar la eficiencia del uso del agua; fortalecer las capacidades del INTA y la ONS para producir y certificar variedades de cultivos resilientes específicas; y llevar a cabo una evaluación de las iniciativas actuales de financiamiento de NAMA con el propósito de evaluar su eficacia e identificar posibles ajustes para disminuir sus costos fiscales.

El riesgo al que se expone Costa Rica para realizar este proyecto sin transgredir la normativa ambiental vigente es muy grande, y se estaría ante la transgresión de la normativa ambiental vigente por lo tanto se solicita considerar si es inconstitucional.

II. PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO PRINCIPIO FUNDANTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Este es el segundo precepto que se somete a revisión de la Sala ya que la seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como la garantía de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el individuo de sus bienes le serán respetados; lo cual requiere de ciertas condiciones, tales como la organización judicial, el cuerpo de policía, las leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública.

Al respecto, debe entenderse que al no contarse con criterios jurídicos y técnicos suficientes para determinar que los objetivos del proyecto de ley no transgredan la seguridad jurídica se podría estar ante una inconstitucionalidad.

III. IMPACTO FINANCIERO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA

Este es el tercer precepto que se somete a revisión de los señores magistrados, siendo que el impacto del financiamiento del proyecto de ley en revisión podría afectar la sostenibilidad de la deuda pública.

El costo total del Programa es por la suma de cien millones ciento quince mil quinientos euros (EUR 115.500.000), según pueda convertirse tal monto de vez en cuando a través de una Conversión de Moneda. El alto monto al que se verá sometido el país para pagar este crédito pone en duda la capacidad económica para hacerle frente a esa deuda y por ende más bien podría generar un alto impacto financiero en la sostenibilidad de la deuda pública.

Por esta razón y al no contar con criterios jurídicos y financieros suficientes para determinar que los objetivos del proyecto de ley no transgredan la seguridad financiera se podría estar ante una inconstitucionalidad.

5. CUESTIONES DE TRÁMITE Interlocutoriamente: La Presidencia de la Asamblea Legislativa tiene agendado realizar segundo debate para el 27 de abril de 2026 a las dieciséis horas.

Por lo que solicitamos se comunique formalmente a la Presidencia de la Asamblea Legislativa de la presente Consulta Facultativa y que se suspenda toda discusión del proyecto de ley N.° 25228 y su votación en segundo debate.

6. PETITORIA En razón del fundamento constitucional, legal y jurisprudencial expuesto, solicitamos respetuosamente a este Tribunal estime la presente Consulta Facultativa planteada, y valore si lo aquí señalado violenta la Constitución Política según se formula en esta consulta.”

  1. 2En la substanciación del proceso se ha observado las formalidades de ley.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA

Las personas diputadas consultantes aducen que la presente consulta es admisible, conforme lo dispuesto en los artículos 96, inciso b), 97 y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por haber sido suscrita por más de diez diputados y haberse formulado después de aprobarse en primer debate el proyecto consultado. No obstante, concluye este Tribunal que en la especie no se cumple el requisito previsto en el ordinal 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al carecer la consulta de una adecuada fundamentación de las dudas de constitucionalidad, según se analizará en los siguientes considerandos.

II. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS CONSULTAS FACULTATIVAS DE CONSTITUCIONALIDAD

En lo atinente a la necesaria fundamentación de las consultas facultativas de constitucionalidad, esta Sala ha precisado que:

“El artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, señala claramente que en tratándose de la consulta facultativa de constitucionalidad, la misma deberá plantearse mediante un memorial razonado, en el cual se exprese los aspectos que se cuestionan del proyecto de ley, así como los motivos por los cuales se tuviere duda u objeciones sobre la constitucionalidad del mismo. Esta disposición determina -y así ha sido reconocido de manera reiterada por la jurisprudencia constitucional- que en el libelo de interposición deba expresarse los artículos del proyecto cuya constitucionalidad se cuestiona o consulta, y manifestarse de manera clara los motivos por los cuales se estima que una norma del proyecto puede ser inconstitucional, pues caso contrario la consulta sería inadmisible -ver, en este sentido, las sentencias números 5399-95, 501-I-95, 5544-95, 1999-7085, 2001-11643, 2012-09253, 2022-9342, entre otras-. En efecto, sobre el particular ha dicho la Sala que:

“…En este caso los consultantes no indican los artículos del proyecto que cuestionan, ni los motivos por los cuales tienen dudas u objeciones sobre su constitucionalidad, y simplemente señalan el tema consultado, prescindiendo de realizar algún tipo de argumento de constitucionalidad, por lo que no procede evacuar la consulta. Así lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia constitucional y por ese motivo lo procedente es no ha lugar a evacuar la consulta formulada.” Más allá de la cita puntual de los artículos cuya constitucionalidad se consulta, tal como se ha indicado, los motivos por los cuales se formula la consulta legislativa también deben ser claros y expresos, detallando las razones por las cuales las personas legisladoras mantienen dudas razonables sobre la constitucionalidad de las normas consultadas. Al respecto, ha dicho la Sala que, si las argumentaciones resultan omisas, insuficientes, o vagas, la consulta debe resultar inadmisible y, por ende, inevacuable, por cuanto no contaría este Tribunal con los motivos expresos por los cuales pronunciarse. En efecto, ha dicho la Sala que:

“…Ha de recordarse también que la misma ley dispone en su artículo 101 que la Sala evacuará la consulta dictaminando "sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional", pero el tribunal interpreta que "los aspectos y motivos consultados" son los que, de acuerdo con el artículo 99, cuestionan u objetan el proyecto, o fundamentan la duda que pudieran tener los legisladores acerca de éste. Dado, pues, que la consulta se aparta de lo legalmente establecido, no es de recibo; si el tribunal, no obstante, la admitiera y absolviera, se colocaría en situación que está fuera de los alcances de sus atribuciones”. (Sentencia nro. 2001-11643, reiterada en las sentencias números 2012-9253, 2017-11714, 2021-21204 y 2022-9345, entre otras). El énfasis no es del original.

De tal forma, si una consulta resulta ser imprecisa en citar los artículos o en exponer los motivos por los cuales existen dudas fundadas de constitucionalidad, la misma resulta inadmisible e inevacuable. Este criterio fue reiterado y consolidado por la jurisprudencia de la Sala, al determinar, en la ya citada sentencia número 2012-9253, reiterada en la 2022-9345, que:

“[E]sto es así por cuanto «tratándose de consultas legislativas de tipo facultativo, «la competencia de la Sala Constitucional tiene origen en las dudas o reparos de constitucionalidad que formulen los legisladores» -sentencia 2001-12459-, de forma que si tales argumentos no existen como tal, o bien, cuando los propios diputados consultantes manifiesten carecer de dudas sobre la constitucionalidad de las normas o proyectos consultados, resultaría impropio para la Sala emitir criterio alguno, pues se estaría en supuestos que trascienden las competencias de la Sala en materia de consultas legislativas de constitucionalidad -sentencia 2002-3460-.” El destacado no es del original.” (voto nro. 2024-032834 de las 9:20 horas del 1 de noviembre de 2024) Por su parte, en voto nro. 2024-036153 de las 9:45 horas del 3 de diciembre de 2024, este Tribunal agregó que la:

“(…) falta de fundamentación impide al Tribunal realizar un análisis exhaustico y emitir una decisión al respecto, pues la Sala solo puede hacerlo, cuando cuente con los elementos necesarios para ello, los cuales deben ser aportados por los diputados consultantes, quienes son los competentes para plantear dudas de constitucionalidad en este tipo de procesos.”

III. SOBRE LA PRESENTE CONSULTA

En el sub lite, constata esta Sala que la consulta formulada no contiene una adecuada fundamentación. Las personas diputadas consultantes refieren que el proyecto de ley que se tramita en expediente nro. 25.228, de “APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA PARA FINANCIAR EL PROGRAMA PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA EN COSTA RICA”, les genera “dudas y objeciones suficientes”, en relación con “el cumplimiento de las normas ambientales”, “la seguridad jurídica” e “impacto del financiamiento en la sostenibilidad de la deuda pública”. Pero lo cierto es que no se realiza un apropiado desarrollo argumentativo respecto de tales dudas. En primer lugar, las personas consultantes se limitan a realizar una lacónica exposición sobre el contenido y objetivos del proyecto objeto de consulta, para luego añadir que Costa Rica se expone a un “riesgo… para realizar este proyecto sin transgredir la normativa ambiental vigente es muy grande, y se estaría ante la transgresión de la normativa ambiental vigente por lo tanto se solicita considerar si es inconstitucional”.

Pero no se especifican ni fundamentan cuáles serían tales riesgos. Incluso, no queda claro si la duda de los consultantes se refiere al contenido concreto del proyecto o se relaciona con su eventual aplicación. Lo cierto es que tal preocupación se plantea de forma totalmente genérica, abstracta e imprecisa. Similar situación se presenta respecto al tema de la seguridad jurídica, en que los consultantes hacen una referencia genérica al principio de seguridad jurídica y luego añaden que “debe entenderse que al no contarse con criterios jurídicos y técnicos suficientes para determinar que los objetivos del proyecto de ley no transgredan la seguridad jurídica se podría estar ante una inconstitucionalidad.” Pero lo cierto es que no se explican concretamente los motivos por lo que se extrañan tales criterios o su incidencia efectiva en una posible infracción al principio de seguridad jurídica.

Lo mismo acontece en cuanto al alegado impacto financiero del proyecto, pues, los consultantes hacen una somera referencia al costo del programa y nuevamente afirman que al “no contar con criterios jurídicos y financieros suficientes para determinar que los objetivos del proyecto de ley no transgredan la seguridad financiera se podría estar ante una inconstitucionalidad.” En cuanto a este punto, tampoco se realiza mayor desarrollo argumentativo. No existe, en definitiva, una argumentación precisa, suficiente y debidamente circunstanciada, lo que determina la inadmisibilidad de la presente consulta.

En virtud de lo expuesto, no ha lugar a evacuar la consulta y así se declara.

IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

No ha lugar a evacuar la consulta.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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