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Res. 15336-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 30/04/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the Alajuela 2 Health Area to adopt definitive measures within two months to close the illegal industrial activities and protect the petitioner's rights to health and a healthy environment, condemning the State to pay costs, damages, and losses.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al Área Rectora de Salud Alajuela 2 adoptar medidas definitivas en dos meses para clausurar las actividades industriales ilegales y proteger los derechos a la salud y al ambiente sano del tutelado, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo petition against the Ministry of Health for administrative inaction regarding illegal industrial operations — a mosaic factory, a mechanic shop, and a carpentry workshop — running without valid sanitary permits in a residential neighborhood of Alajuela, generating noise, particulate matter, toxic gases, and vibrations harming the protected party and family. Despite more than a year of inspections, technical reports, and three judicial search-warrant requests all rejected by contravention courts, the health authority never issued a final administrative act or closed the establishments. The Court held that Articles 363 and 378 bis of the General Health Law authorize administrative closure by external sealing without any court order, making the inaction materially ineffective and inexcusable. It ordered the Alajuela 2 Health Area to adopt definitive measures within two months and condemned the State to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud por omisión administrativa frente a actividades industriales ilegales —fábrica de mosaicos, taller mecánico y taller de ebanistería— que operaban sin permisos sanitarios vigentes en una zona residencial de Barrio San José de Alajuela, generando contaminación sónica, material particulado, gases tóxicos y vibraciones que afectaban la salud del tutelado y su familia. Pese a más de un año de inspecciones, informes técnicos y tres solicitudes de allanamiento rechazadas por los juzgados contravencionales, la autoridad sanitaria no dictó ningún acto administrativo final ni clausuró los establecimientos. La Sala señaló que los artículos 363 y 378 bis de la Ley General de Salud permiten la clausura administrativa mediante sellado exterior sin necesidad de orden judicial, por lo que la inacción fue materialmente ineficaz e inexcusable. Ordenó al Área Rectora de Salud Alajuela 2 adoptar medidas definitivas en dos meses y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Indeed, from the first inspection conducted on September 13, 2024, it was established that the property adjacent to the protected party's home housed industrial activities — a mosaic factory, a mechanic shop, and a carpentry workshop — operating without valid sanitary permits, and some without any pending application, in a zone of eminently residential use. This situation was reiterated and confirmed in technical report MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2524-2024; nevertheless, despite the objective finding of illegality and the continuity of the activities, the respondent authority chose to limit its action to warnings and rescheduled visits, allowing the reported situation to persist over an extended period. Furthermore, while this Chamber acknowledges that the Ministry requested judicial search warrants on three occasions, all of them rejected by the competent contravention courts, this does not exempt the Administration from its constitutional duty of heightened protection of public health. The judicial denial of a specific measure cannot serve as justification for material inaction, nor for the prolonged tolerance of manifestly illegal and potentially dangerous activities. On the contrary, faced with the impossibility of entering the premises by that route, the sanitary authority was required to maximize the administrative measures at its disposal, such as issuing stricter sanitary orders, imposing sanctions, ordering administrative closure where appropriate, or activating other suitable legal mechanisms to effectively halt the activities. ...as the Alajuela Contravention Court expressly stated when rejecting the search-warrant requests filed by the health authority itself, the external verification of activities operating without a permit constitutes sufficient basis to apply the powers set out in Articles 363 and 378 bis of the General Health Law, specifically administrative closure, which may be executed by placing seals on the exterior of the establishment, without requiring a court order.En efecto, desde la primera inspección realizada el 13 de setiembre de 2024, quedó acreditado que en la propiedad colindante con la vivienda del tutelado se desarrollaban actividades industriales -fábrica de mosaicos, taller mecánico y taller de ebanistería- sin contar con permisos sanitarios vigentes, e incluso algunas sin trámite alguno, en una zona de uso eminentemente residencial. Tal situación fue reiterada y confirmada en el informe técnico MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2524-2024; sin embargo, pese a la constatación objetiva de la ilegalidad y a la continuidad de las actividades, la autoridad recurrida optó por limitar su actuación a apercibimientos y reprogramaciones, permitiendo que la situación denunciada persistiera por un período prolongado. Asimismo, si bien esta Sala reconoce que el Ministerio solicitó en tres ocasiones órdenes de allanamiento judicial, todas ellas rechazadas por los juzgados contravencionales competentes, ello no exonera a la Administración de su deber constitucional de tutela reforzada de la salud pública. La denegatoria judicial de una medida específica no puede servir como justificación para la inacción material, ni para la tolerancia prolongada de actividades manifiestamente ilegales y potencialmente peligrosas para la salud humana. Por el contrario, ante la imposibilidad de ingreso al inmueble por esa vía, correspondía a la autoridad sanitaria extremar las medidas administrativas a su disposición, tales como la adopción de órdenes sanitarias más estrictas, la imposición de sanciones, la clausura administrativa cuando procediera o la activación de otros mecanismos legales idóneos para lograr el cese efectivo de las actividades. ...tal como expresamente lo indicó el Juzgado Contravencional de Alajuela al rechazar las solicitudes de allanamiento tramitadas por la propia autoridad sanitaria, la verificación externa de actividades funcionando sin permiso constituye fundamento suficiente para aplicar las potestades previstas en los artículos 363 y 378 bis de la Ley General de Salud, en particular la clausura administrativa, la cual puede ejecutarse mediante la colocación de sellos en el exterior del establecimiento, sin requerir orden judicial.
Pull quotesCitas destacadas
"Pese a ello, consta que en al menos tres oportunidades dicha autoridad jurisdiccional le indicó de manera clara y reiterada al Ministerio de Salud el proceder legalmente idóneo frente a la situación constatada, sin que tales instrucciones fueran atendidas ni se adoptaran las medidas administrativas correspondientes, lo que evidencia una actuación omisiva y carente de la proactividad exigible en materia de tutela de la salud pública y del ambiente sano."
"Notwithstanding, the record shows that on at least three occasions the jurisdictional authority clearly and repeatedly indicated to the Ministry of Health the legally appropriate course of action for the confirmed situation, yet those instructions were neither heeded nor were the corresponding administrative measures adopted, evidencing conduct that is omissive and lacking the proactivity required in matters of public health and healthy-environment protection."
Considerando V
"Pese a ello, consta que en al menos tres oportunidades dicha autoridad jurisdiccional le indicó de manera clara y reiterada al Ministerio de Salud el proceder legalmente idóneo frente a la situación constatada, sin que tales instrucciones fueran atendidas ni se adoptaran las medidas administrativas correspondientes, lo que evidencia una actuación omisiva y carente de la proactividad exigible en materia de tutela de la salud pública y del ambiente sano."
Considerando V
"esta Sala concluye que la actuación del Ministerio de Salud ha sido materialmente ineficaz y que la prolongación indebida de una situación constatada como irregular lesiona los derechos fundamentales a la salud, a un ambiente sano y a la calidad de vida del amparado, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar."
"This Chamber concludes that the Ministry of Health's conduct has been materially ineffective and that the undue prolongation of a situation confirmed as irregular violates the fundamental rights to health, a healthy environment, and quality of life of the protected party, so the petition must be granted."
Considerando V
"esta Sala concluye que la actuación del Ministerio de Salud ha sido materialmente ineficaz y que la prolongación indebida de una situación constatada como irregular lesiona los derechos fundamentales a la salud, a un ambiente sano y a la calidad de vida del amparado, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar."
Considerando V
"El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental."
"The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the remaining fundamental rights of the country's inhabitants rest. Likewise, the right to health finds support in that constitutional provision, since life is inconceivable without guaranteeing every person the minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance."
Considerando IV (citando Sentencia 5928-06)
"El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental."
Considerando IV (citando Sentencia 5928-06)
"Se ordena a Víctor González Jiménez, en su condición de director a.i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2, o a quien ocupe ese cargo, que en un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, adopte y ejecute todas las medidas administrativas necesarias, efectivas y proporcionales para resolver de manera definitiva la denuncia presentada en agosto de 2024, garantizando la protección de los derechos fundamentales del amparado."
"The acting director of the Alajuela 2 Health Area, or whoever holds that position, is ordered to adopt and execute within no more than two months from notification of this judgment all necessary, effective, and proportional administrative measures to definitively resolve the complaint filed in August 2024, guaranteeing the protection of the protected party's fundamental rights."
Por tanto
"Se ordena a Víctor González Jiménez, en su condición de director a.i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2, o a quien ocupe ese cargo, que en un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, adopte y ejecute todas las medidas administrativas necesarias, efectivas y proporcionales para resolver de manera definitiva la denuncia presentada en agosto de 2024, garantizando la protección de los derechos fundamentales del amparado."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the thirtieth of April of two thousand and twenty-six.
Amparo petition (recurso de amparo) filed by [Nombre 001], national identity document (cédula de identidad) no. [Valor 001], on behalf of [Nombre 002], national identity document no. [Valor 002], against the MINISTERIO DE SALUD.
Background:
Drafted by Justice Araya García; and,
Considering:
I.Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the claim — regarding the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings — it must be clarified that, pursuant to judgment No. 2008-02545 issued at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Sala Constitucional has referred to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) — with certain exceptions — those matters in which the question is whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sector-specific laws governing special administrative proceedings, for the purpose of resolving by final act an administrative proceeding — initiated ex officio or at the request of a party — or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception is presented, since the matter involves an omission attributed to the respondent authorities with respect to the handling of an environmental complaint filed by the petitioner.
II.Subject Matter of the Petition. The petitioner alleges a violation of the fundamental rights to health, a healthy environment, and the personal and family well-being of the protected party, due to the omission and failure to act of the Ministerio de Salud in response to repeated complaints regarding illegal industrial activities operating without sanitary operating permits on a property adjacent to the protected party's residence in Barrio San José de Alajuela. The petitioner notes that, despite technical reports confirming the illegality and harmful effects of those activities, as well as multiple administrative and judicial measures — including rejected search-and-entry requests — the authorities have neither ordered closure nor adopted effective measures, allowing the contamination to continue and the reported impacts to worsen.
This lack of specificity and precision in the description of the premises prevents this judicial authority from evaluating whether the property requires authorization for a search and entry, as it is not specified whether the property is publicly accessible or designated for private use. Second, the request submitted by the Ministerio de Salud lacks the evidentiary elements that adequately support the necessity of the search and entry. The mere assertion that access to the property has been denied and that the gate was found closed, without the submission of objective or documentary evidence to support that situation, is not sufficient to justify a measure as exceptional as a search and entry. A search and entry cannot be requested based solely on generic assertions unsupported by evidence. In this regard, article 195 of the Código Procesal Penal establishes that there must be grounds for the search and entry, which require an evidentiary basis demonstrating the necessity of the measure.
The bare assertion, without supporting evidence, that access was denied and the gate was closed, and that despite several attempts no response was received, is not sufficient to order a search and entry, given that the conditions set out in the criminal procedural rules must be analyzed, and the search and entry must be the only means by which the purposes for which it was requested can be achieved; in the visit of September 30, 2024, the written submission states that the access gate is completely closed but that it is determined that the reported establishments continue to operate within the property, and that from outside the property one can hear the noise of machinery and equipment, the presence of particulate matter, personnel at work, and that ultimately entry to the property was not permitted. Therefore, the purpose of this search and entry is to verify whether or not the administrative act has been complied with, but the same written submission states that during one visit it was possible to verify from outside the property that the establishments continue to operate; accordingly, this authority does not find sufficient reason to conclude that the search and entry is the appropriate means to carry out the acts described by the Ministerio de Salud in its request.
Therefore, the object of the search and entry appears contradictory to the undersigned: if noncompliance has already been confirmed by other means, what necessary purpose is served by a measure as exceptional as a search and entry? Given that the failure to comply with health orders or measures has been evidenced, why not apply the provisions of article 378 bis of the Ley General de Salud and prepare and serve the health report or order and determine the administrative fine? Or alternatively, if it has already been confirmed that activities are being carried out without a permit, why not proceed with the closure of the premises as provided in article 363 of the same law — since for that purpose a search and entry is not necessary, given that the seals are affixed to the exterior of the establishment? Since the external verification has already been carried out, there is no justification for resorting to a measure as invasive and extraordinary as a search and entry when the facts have already been indirectly confirmed.
Finally, the request from the Ministerio de Salud is contradictory: if the facts have already been evidenced through other means of proof, the necessity of conducting a search and entry is not justified. The purpose of the search and entry is undermined, since it is proposed to employ an exceptional measure — namely, the search and entry — to verify facts that have already been established indirectly. This contradiction makes clear that the purpose pursued by the search and entry is not duly supported. In light of the foregoing, this judicial authority finds that the requirements established by the criminal procedural rules for the granting of the requested search and entry are not met. The request lacks sufficient evidentiary basis, adequate identification of the premises to be searched, and a clear justification of why the search and entry is the only appropriate means to achieve the requested purposes. Therefore, the search-and-entry request submitted by the Ministerio de Salud must be rejected (…)" (see evidence submitted to the file).
Furthermore, regardless of the nature of the request (and all the more so in the case of search-and-entry warrants), the petitioner is under an obligation to exhaustively substantiate any requests made to the jurisdictional authority, in accordance with the principles set out in Article 62 of the Code of Criminal Procedure, Votos 965-2004 of 08-13-2004, 1400-2004 of 12-03-2004, and 165-2005 of 03-11-2005, all from the Third Chamber (Sala Tercera) of the Supreme Court of Justice. That said, and bearing the foregoing in mind, I note that the request must be denied, not only because it is disproportionate in light of the objective it purports to fulfill: '…to verify on-site compliance with the administrative act issued regarding the operating health permits of the commercial establishments…' Folio 2, front. For the reasons stated, the infringement of any fundamental right is not justified; this ground alone is sufficient to deny the motion filed (…)" (see evidence submitted to the case file).
IV.On the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment. The fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution), as well as through the international regulations applicable to the domestic legal order. In this regard, in ruling number 5928-06 of 15:00 hours on May 2, 2006, this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) held the following:
"(…) The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which all other fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, that provision of the Political Charter also grounds the right to health, since life is inconceivable unless the human person is guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy environment in perfect balance. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Constitutional Chamber has drawn on the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referencing the principle that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there also exists a duty to protect and preserve the environment for present and future generations — the principle of sustainable development (…)." Likewise, from the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution derives the obligation of the State to protect the environment. That provision establishes:
"(…) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused (…)." This confirms that the various public authorities have the unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.
V.On the specific case. From the comprehensive analysis of the case file and the duly proven facts, this Constitutional Chamber finds that the Ministry of Health (Ministerio de Salud), acting through the Health Governance Area of Alajuela 2, has indeed carried out a series of formal actions since the complaint was filed in August 2024, including initial inspections, issuance of on-site inspection reports (actas oculares), preparation of technical reports, coordination with the Municipalidad de Alajuela, and the filing of several judicial entry warrant requests before the judicial authority. Nevertheless, those efforts have not been adequate or effective in fulfilling the constitutional purpose they are meant to serve, namely, the effective protection of the fundamental right to health and to a healthy environment of the protected party (amparado) and his immediate family (núcleo familiar).
Indeed, from the first inspection conducted on September 13, 2024, it was established that the property adjacent to the protected party's residence was being used for industrial activities — a mosaic tile factory (fábrica de mosaicos), an auto repair shop (taller mecánico), and a carpentry workshop (taller de ebanistería) — without valid operating health permits, and in some cases without any application whatsoever, in a zone of predominantly residential use. This situation was reiterated and confirmed in technical report MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2524-2024; however, despite the objective finding of illegality and the continuation of the activities, the respondent authority (autoridad recurrida) chose to limit its action to formal warnings and reschedulings, allowing the reported situation to persist for an extended period.
Likewise, while this Constitutional Chamber acknowledges that the Ministry submitted judicial entry warrant requests on three occasions, all of which were denied by the competent misdemeanor courts (Juzgados Contravencionales), this does not exempt the Administration from its constitutional duty of heightened protection of public health. The judicial denial of a specific measure cannot serve as justification for material inaction, nor for the prolonged toleration of manifestly illegal activities that are potentially dangerous to human health. On the contrary, faced with the impossibility of gaining access to the property through that avenue, the sanitary authority was required to maximize the administrative measures at its disposal, such as issuing stricter sanitary orders, imposing sanctions, pursuing administrative closure where applicable, or activating other suitable legal mechanisms to bring about the effective cessation of the activities.
From the documented actions, it is apparent that, more than a year after the complaint was filed, the industrial activities continue to operate — at least intermittently — without operating health permits, without adequate mitigation measures, and without a final administrative act having been issued to definitively resolve the reported situation. This circumstance evidences a significant administrative omission from a constitutional standpoint, given that the State's action has been neither timely nor sufficient to prevent the prolongation of the health and environmental risk to the protected party.
At this juncture, it is necessary to emphasize to the Health Governance Area of Alajuela 2 that, as has been established, the activities conducted on the reported property — the mosaic tile factory and the auto repair shop — lack valid operating health permits, while the carpentry workshop also lacked verified authorization, all of which was established through external inspection and on-site inspection reports, without requiring entry into the property. In this regard, as the Juzgado Contravencional of Alajuela expressly stated when denying the judicial entry warrant requests filed by the sanitary authority itself, the external verification of activities operating without a permit constitutes sufficient grounds to apply the powers set forth in Articles 363 and 378 bis of the Ley General de Salud, specifically administrative closure, which may be executed by affixing seals to the exterior of the establishment without requiring a judicial order.
Notwithstanding this, the record shows that on at least three occasions the jurisdictional authority clearly and repeatedly indicated to the Ministry of Health the legally appropriate course of action given the established situation, without those instructions being heeded or the corresponding administrative measures being adopted, which evidences a pattern of omission and a lack of the proactivity required in the protection of public health and a healthy environment.
Consequently, this Constitutional Chamber concludes that the Ministry of Health's actions have been materially ineffective and that the undue prolongation of a situation that has been found to be irregular infringes upon the protected party's fundamental rights to health, to a healthy environment, and to quality of life; therefore, the writ of amparo (recurso de amparo) must be granted.
VI.Note by Justice (magistrado) Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Constitutional Chamber's position that when a party alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the competent body to hear the legal dispute is the Administrative-Contentious Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Constitutional Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the writ of amparo established in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights.
In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Constitutional Chamber should modify its jurisprudential line, since, pursuant to Article 7 of its own Law, it falls exclusively to this Chamber to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this very Constitutional Chamber as exceptional cases that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo remedy, in all other cases, and for the reasons given by this Constitutional Chamber (ruling No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.
VII.Note by Justice Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also my view that where the Public Administration has already intervened, adjudication and resolution falls within the administrative-contentious jurisdiction. Nevertheless, I do take up the merits of the matter when other rights of the persons affected by the contamination source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner filed an environmental complaint regarding noise pollution (contaminación sónica) and dust contamination that has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life.
VIII.Documentation submitted to the case file. The parties are hereby notified that any documents submitted in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, must be collected from the court registry within a maximum period of 30 business days counted from the date of notification of this ruling. Otherwise, all materials not collected within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The writ is granted. Víctor González Jiménez, in his capacity as acting director (director a.i.) of the Health Governance Area of Alajuela 2, or whoever holds that position, is hereby ordered, within a period of no more than two months counted from the date of notification of this ruling, to adopt and execute all necessary, effective, and proportionate administrative measures to definitively resolve the complaint filed in August 2024, guaranteeing the protection of the protected party's fundamental rights. Likewise, within that same period, the complainant must be notified of the resolution reached. The respondent authority is hereby warned that failure to comply with this order will constitute the criminal offense of contempt, and that in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on any person who receives an order that they must comply with or ensure is complied with, issued in a writ of amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to ensure its compliance, provided that the offense is not more severely penalized under another provision.
The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, to be assessed in enforcement proceedings before the administrative-contentious courts. Justice Castillo Víquez appends a note. Justice Salazar Alvarado appends a note. Notify the parties.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE No. 25-035429-0007-CO Phone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad no. [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad no. [Valor 002], contra el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.De previo. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una omisión atribuida a las autoridades recurridas respecto de la tramitación de una denuncia ambiental presentada por la persona accionante.
II.Objeto del recurso. El recurrente alega la violación a los derechos fundamentales a la salud, a un ambiente sano y al bienestar personal y familiar del amparado, debido a la omisión e inoperancia del Ministerio de Salud frente a denuncias reiteradas por actividades industriales ilegales que se desarrollan, sin permisos sanitarios, en una propiedad colindante a su vivienda en Barrio San José de Alajuela. Señala que, pese a informes técnicos que acreditan la ilegalidad y los efectos nocivos de dichas actividades, así como múltiples gestiones administrativas y judiciales -incluidas solicitudes de allanamiento rechazadas-, las autoridades no han ordenado el cierre ni adoptado medidas eficaces, permitiendo la continuidad de la contaminación y el agravamiento de las afectaciones denunciadas.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
De acuerdo con el artículo 195 del Código Procesal Penal, en su inciso b), es requisito indispensable para la procedencia de una orden de allanamiento la "determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser registrados". En el presente caso, la solicitud menciona únicamente una ubicación genérica ("en propiedad privada, situada en Barrio San José de Alajuela"), sin especificar si se trata de una casa de habitación, un local público, un establecimiento de reunión o recreo, lo cual es fundamental para emitir una orden de allanamiento válida. Esta falta de concreción y precisión en la descripción del lugar impide a esta autoridad jurisdiccional evaluar si se trata de un espacio que requiere la autorización para un allanamiento, ya que no se especifica si la propiedad es accesible al público o si está destinada a fines privados. En segundo lugar, la solicitud presentada por el Ministerio de Salud carece de los elementos probatorios que fundamenten adecuadamente la necesidad del allanamiento.
La mera afirmación de que el acceso a la propiedad ha sido negado y que el portón se encontraba cerrado, sin la aportación de pruebas objetivas o documentales que respalden dicha situación, no es suficiente para justificar una medida tan excepcional como lo es un allanamiento. El allanamiento no puede ser solicitado basándose exclusivamente en afirmaciones genéricas sin sustento probatorio. En este sentido, el artículo 195 del Código Procesal Penal establece que debe haber motivo del allanamiento el cual requiere de base probatoria que demuestre la necesidad de la medida. El solo dicho sin prueba que le negaron el acceso y que el portón está cerrado, y que ante varios intentos no obtuvieron respuesta, esto no es suficiente para ordenar el allanamiento, dado que se deben de analizar los presupuestos contemplados en la normativa penal, siendo el allanamiento el único medio por el cual se puedan lograr los fines para los cuales fue solicitado; en la visita del 30 de setiembre de 2024 en el escrito se menciona que el portón de acceso está totalmente cerrado pero se determina que los establecimientos denunciados continúan funcionando a lo interno de la propiedad, desde las afueras de la propiedad se logra escuchar ruido de maquinaria, equipos, la presencia de material particulado, personal laborando y al final no les permiten el ingreso de la propiedad.
Entonces, el fin de este allanamiento es verificar si se ha cumplido o no el acto administrativo, pero en el mismo escrito están indicando que en una visita pudieron verificar desde afuera de la propiedad que los establecimientos continúan funcionado, por ende, no encuentra esta autoridad una razón suficiente y que el allanamiento sea el medio idóneo para cumplir con los actos que describe el Ministerio de Salud en su solicitud. Por ende, resulta contradictorio para la suscrita el objeto del allanamiento, siendo que si ya lo tiene por constatado por otros medios, cuál es el fin necesario de realizar una medida tan excepcional como lo es el allanamiento, siendo que al indicar tener por evidenciado el incumplimiento de las órdenes o medidas sanitarias, porque no aplicar lo estipulado en el artículo 378 bis de la Ley General de Salud y confeccionar y notificar el informe o orden sanitario y determinar la multa administrativa o bien si ya tienen por constatado que se realizan actividades sin permiso proceder con la clausura del local como lo establece el artículo 363 de la misma ley, siendo que para esto no es necesario la realización de un allanamiento, dado que los sellos se colocan en el exterior del establecimiento.
Dado que la verificación externa ya ha sido realizada, no se encuentra justificado recurrir a una medida tan invasiva y extraordinaria como lo es el allanamiento, cuando los hechos ya han sido comprobados de forma indirecta. Finalmente, la solicitud del Ministerio de Salud es contradictoria, ya que si los hechos ya han sido evidenciados mediante otros medios de prueba, no se justifica la necesidad de realizar un allanamiento. El objeto del allanamiento resulta desvirtuado, ya que se propone realizar una medida excepcional, como es el allanamiento, para verificar hechos que ya se han constatado de manera indirecta. Esta contradicción deja claro que el fin perseguido con el allanamiento no está debidamente fundamentado. En virtud de lo anterior, esta autoridad jurisdiccional estima que no se cumple con los requisitos establecidos por la normativa procesal penal para la procedencia del allanamiento solicitado.
La solicitud carece de base probatoria suficiente, de una adecuada individualización del lugar a allanar y de una justificación clara de por qué el allanamiento es el único medio idóneo para lograr los fines solicitados. Por tanto, la solicitud de allanamiento presentada por el Ministerio de Salud debe ser rechazada (…)” (ver prueba aportada al expediente).
IV.Sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable al ordenamiento interno. En este sentido, en sentencia número 5928-06 de las 15:00 horas del 2 de mayo de 2006, este Tribunal estimó lo siguiente:
“(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública.
En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible (…)”.
Asimismo, del segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto:
"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (…)”.
Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
V.Sobre el caso concreto. Del análisis integral del expediente y de los hechos debidamente probados, esta Sala constata que el Ministerio de Salud, por medio del Área Rectora de Salud Alajuela 2, sí ha desplegado una serie de actuaciones formales desde la interposición de la denuncia en agosto de 2024, tales como inspecciones iniciales, emisión de actas oculares, elaboración de informes técnicos, coordinación con la Municipalidad de Alajuela y la presentación de varias solicitudes de allanamiento ante la autoridad judicial. No obstante, esas gestiones no han sido idóneas ni eficaces para cumplir el fin constitucional que les es propio, cual es la protección efectiva del derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano del amparado y su núcleo familiar.
En efecto, desde la primera inspección realizada el 13 de setiembre de 2024, quedó acreditado que en la propiedad colindante con la vivienda del tutelado se desarrollaban actividades industriales -fábrica de mosaicos, taller mecánico y taller de ebanistería- sin contar con permisos sanitarios vigentes, e incluso algunas sin trámite alguno, en una zona de uso eminentemente residencial. Tal situación fue reiterada y confirmada en el informe técnico MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2524-2024; sin embargo, pese a la constatación objetiva de la ilegalidad y a la continuidad de las actividades, la autoridad recurrida optó por limitar su actuación a apercibimientos y reprogramaciones, permitiendo que la situación denunciada persistiera por un período prolongado.
Asimismo, si bien esta Sala reconoce que el Ministerio solicitó en tres ocasiones órdenes de allanamiento judicial, todas ellas rechazadas por los juzgados contravencionales competentes, ello no exonera a la Administración de su deber constitucional de tutela reforzada de la salud pública. La denegatoria judicial de una medida específica no puede servir como justificación para la inacción material, ni para la tolerancia prolongada de actividades manifiestamente ilegales y potencialmente peligrosas para la salud humana. Por el contrario, ante la imposibilidad de ingreso al inmueble por esa vía, correspondía a la autoridad sanitaria extremar las medidas administrativas a su disposición, tales como la adopción de órdenes sanitarias más estrictas, la imposición de sanciones, la clausura administrativa cuando procediera o la activación de otros mecanismos legales idóneos para lograr el cese efectivo de las actividades.
De las actuaciones acreditadas, se desprende que, a más de un año de presentada la denuncia, las actividades industriales continúan operando -al menos de forma intermitente- sin permisos sanitarios, sin medidas de mitigación adecuadas y sin haberse dictado un acto administrativo final que resuelva de manera definitiva la situación denunciada. Tal circunstancia evidencia una omisión administrativa relevante desde la perspectiva constitucional, pues la actuación estatal no ha sido ni oportuna ni suficiente para prevenir la prolongación del riesgo a la salud y al ambiente del amparado.
En este punto, resulta necesario recalcar al Área Rectora de Salud Alajuela 2 que, conforme quedó acreditado, las actividades desarrolladas en la propiedad denunciada -fábrica de mosaicos y taller mecánico- carecen de permisos sanitarios de funcionamiento vigentes, mientras que el taller de ebanistería tampoco contaba con autorización verificada, lo cual fue constatado mediante inspección externa y actas oculares, sin que resultara indispensable el ingreso al inmueble. En ese sentido, tal como expresamente lo indicó el Juzgado Contravencional de Alajuela al rechazar las solicitudes de allanamiento tramitadas por la propia autoridad sanitaria, la verificación externa de actividades funcionando sin permiso constituye fundamento suficiente para aplicar las potestades previstas en los artículos 363 y 378 bis de la Ley General de Salud, en particular la clausura administrativa, la cual puede ejecutarse mediante la colocación de sellos en el exterior del establecimiento, sin requerir orden judicial.
Pese a ello, consta que en al menos tres oportunidades dicha autoridad jurisdiccional le indicó de manera clara y reiterada al Ministerio de Salud el proceder legalmente idóneo frente a la situación constatada, sin que tales instrucciones fueran atendidas ni se adoptaran las medidas administrativas correspondientes, lo que evidencia una actuación omisiva y carente de la proactividad exigible en materia de tutela de la salud pública y del ambiente sano.
En consecuencia, esta Sala concluye que la actuación del Ministerio de Salud ha sido materialmente ineficaz y que la prolongación indebida de una situación constatada como irregular lesiona los derechos fundamentales a la salud, a un ambiente sano y a la calidad de vida del amparado, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar.
VI.Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia ambiental por contaminación sónica y de polvo que no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Víctor González Jiménez, en su condición de director a.i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2, o a quien ocupe ese cargo, que en un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, adopte y ejecute todas las medidas administrativas necesarias, efectivas y proporcionales para resolver de manera definitiva la denuncia presentada en agosto de 2024, garantizando la protección de los derechos fundamentales del amparado. De igual manera, deberán dentro de ese mismo plazo notificar a la parte denunciante sobre lo resuelto. Se advierte a la parte recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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