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Res. 15288-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/04/2026

Amparo for cataract surgery and CCSS waiting listsAmparo por cirugía de cataratas y listas de espera de la CCSS

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OutcomeResultado

Granted without awardCon lugar sin condena

The Chamber grants the amparo for violation of the right to health due to CCSS's delay in scheduling a cataract surgery, but does not award costs, damages or losses, considering that the surgery was performed during the proceedings and that the granting operates ex lege without automatic economic consequences.La Sala declara con lugar el amparo por violación del derecho a la salud debido a la demora de la CCSS en programar una cirugía de cataratas, pero no condena en costas, daños ni perjuicios, al considerar que la cirugía fue realizada durante el proceso y que la estimación opera ex lege sin consecuencias económicas automáticas.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed on behalf of a 63-year-old person who, after being diagnosed with cataracts in both eyes and referred for surgery in September 2025, was placed on a waiting list with no certain surgery date. The petitioner argues the delay violates the right to health and life, as vision loss is progressive and severe. During the amparo proceedings, the CCSS scheduled and performed the surgery on April 27, 2026, leading to an abnormal termination of the process due to extra-procedural satisfaction. The Chamber grants the amparo for violation of Article 21 of the Constitution but, by majority, decides not to award costs, damages, or losses, holding that the estimation operates ex lege without automatic economic consequences. There are partial dissenting votes from Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas, who hold that an abstract condemnation for damages and losses should be imposed, and Justice Salazar Alvarado additionally for costs, pursuant to Articles 51 and 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.La Sala Constitucional conoce un amparo interpuesto por una persona de 63 años que, tras ser diagnosticada con cataratas en ambos ojos y referida a cirugía en septiembre de 2025, fue incluida en lista de espera sin fecha cierta de intervención. El recurrente aduce que la demora vulnera el derecho a la salud y a la vida, pues la pérdida de visión es progresiva y severa. Durante la tramitación del amparo, la CCSS programó y realizó la cirugía el 27 de abril de 2026, lo que configuró una terminación anormal del proceso por satisfacción extraprocesal. La Sala declara con lugar el recurso por la vulneración al artículo 21 constitucional, pero, por mayoría, decide no imponer condenatoria en costas, daños y perjuicios, al considerar que la estimación opera ex lege sin consecuencias económicas automáticas. Se consignan votos salvados parciales de los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas, quienes sostienen que procede la condenatoria en abstracto en daños y perjuicios, y el magistrado Salazar Alvarado adicionalmente en costas, por imperio de los artículos 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Key excerptExtracto clave

IV.- ON THE MERITS. Having examined the record, this Chamber finds it proved that, in the specific case, a violation of the fundamental right to health of the amparado occurred. This violation materialized in the waiting time to which he was subjected for the performance of a surgery, a procedure for which he was included in the waiting list on December 18, 2025, without, at the time of filing the amparo, having a certain scheduling date for the required surgical intervention. In that regard, this Tribunal has reiterated that it is the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to effectively and timely guarantee the provision of health services, in order to protect the fundamental right enshrined in Article 21 of the Political Constitution. Consequently, the appeal is estimable. However, it is noted that, on the occasion of the notification of the resolution granting leave to proceed with this process, the respondent authorities reported that the surgery required by the amparada was scheduled and performed for April 27, 2026. Consequently, the appropriate course is to grant the amparo, under the terms to be set forth in the operative part of this judgment.IV.- SOBRE EL FONDO. Examinados los autos, esta Sala tiene por demostrado que, en el caso concreto, se produjo una lesión al derecho fundamental a la salud del amparado. Dicha afectación se materializa en el tiempo de espera al que fue sometido para la realización de una cirugía, procedimiento para el cual fue incluido en la lista de espera el 18 de diciembre de 2025, sin que, al momento de interponer el recurso de amparo, contará con una fecha de programación cierta para la intervención quirúrgica requerida. En ese sentido, este Tribunal ha reiterado que corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social garantizar de manera efectiva y oportuna la prestación de los servicios de salud, a fin de proteger el derecho fundamental consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política. Por consiguiente, el recurso resulta estimable. No obstante, se tiene que, con ocasión de la notificación de la resolución de curso del presente proceso, las autoridades recurridas informaron que la cirugía requerida por la amparada fue programada y realizada para el 27 de abril de 2026. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo, en los términos que se establecerán en la parte dispositiva de esta sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Examinados los autos, esta Sala tiene por demostrado que, en el caso concreto, se produjo una lesión al derecho fundamental a la salud del amparado. Dicha afectación se materializa en el tiempo de espera al que fue sometido para la realización de una cirugía, procedimiento para el cual fue incluido en la lista de espera el 18 de diciembre de 2025, sin que, al momento de interponer el recurso de amparo, contará con una fecha de programación cierta para la intervención quirúrgica requerida."

    "Having examined the record, this Chamber finds it proved that, in the specific case, a violation of the fundamental right to health of the amparado occurred. This violation materialized in the waiting time to which he was subjected for the performance of a surgery, a procedure for which he was included in the waiting list on December 18, 2025, without, at the time of filing the amparo, having a certain scheduling date for the required surgical intervention."

    Considerando IV

  • "Examinados los autos, esta Sala tiene por demostrado que, en el caso concreto, se produjo una lesión al derecho fundamental a la salud del amparado. Dicha afectación se materializa en el tiempo de espera al que fue sometido para la realización de una cirugía, procedimiento para el cual fue incluido en la lista de espera el 18 de diciembre de 2025, sin que, al momento de interponer el recurso de amparo, contará con una fecha de programación cierta para la intervención quirúrgica requerida."

    Considerando IV

  • "En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente."

    "In cases such as this, where an abnormal termination of the process occurs, akin to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority view that costs, nor damages, should not be awarded, because the economic consequences of the judgment are similar to those of closing the file."

    Considerando V

  • "En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente."

    Considerando V

  • "Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos."

    "If the right has been violated and the Chamber so finds, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate."

    Considerando VIII (voto salvado Garro)

  • "Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos."

    Considerando VIII (voto salvado Garro)

  • "La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios."

    "The mere fact that, in the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops or suspends the challenged act, does not rule out, per se, that prior to that cessation due to the acting entity's own or external cause, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses."

    Considerando VII (voto salvado Salazar)

  • "La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios."

    Considerando VII (voto salvado Salazar)

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-ninth of April, two thousand and twenty-six.

Amparo action processed under case file number 26-011847-0007-CO, filed by Nombre01, identity card number CED01, on behalf of Nombre02, identity card number CED02, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

WHEREAS:

  1. 1Through a written submission received and incorporated into the case file at 12:03 hours on April 7, 2026, the petitioner files an amparo action against the Caja Costarricense de Seguro Social. They allege that the protected party is a sixty-three-year-old person who, in 2025, began to progressively and rapidly lose their vision. Subsequently, in August 2025, at the ASEMBIS clinic, they were diagnosed with cataracts in both eyes, with greater advancement in the left eye. In September 2025, they were referred to the ophthalmology service of the Hospital Fernando Escalante Pradilla, where the diagnosis was confirmed, they were told that surgery was necessary, and they were placed on the waiting list. They add that they were subsequently assigned an ophthalmology appointment for the year 2034 and an optometry appointment for April 2026. They claim that, at the time of filing the appeal, the protected party presents total loss of vision in the left eye and severe deterioration in the right eye, making it necessary for the respondent authority to schedule the surgery on a prompt and certain date. Due to the foregoing, they request that the appeal be granted with its legal consequences.
  2. 2By means of a Presidency ruling at 16:33 hours on April 17, 2026, the proceeding was admitted, and reports were requested from the Medical Director and the head of the Surgery and Ophthalmology Service, both of the Hospital Fernando Escalante Pradilla.
  3. 3Joicy Solis Castro, in her capacity as general director, and Junior José Quesada Porras, as head of the surgery and ophthalmology service, both of the Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, report under oath that:
"(...) At the time of responding to this appeal, the protected party already has a surgery date to resolve their condition, set for April 27, 2026, and has been duly informed that said surgery will be performed provided they do not present any medical contraindication."
  1. 4Through an email sent by Mario Boschini López (...01), from the general management of the Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, it is demonstrated that the protected party underwent surgery on April 27, 2026.
  2. 5In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

WHEREAS:

I. PURPOSE OF THE APPEAL

The petitioner states that the protected party presented progressive and accelerated vision loss in both eyes, which makes it difficult for them to carry out their work. They comment that in August 2025, they were diagnosed with cataracts in both eyes, and that in September of that same year, they were referred to the ophthalmology service of the Hospital Fernando Escalante Pradilla, where the diagnosis was confirmed and the need for surgery was indicated, resulting in their placement on the waiting list. They mention that they were given an ophthalmology appointment for the year 2034 and an optometry appointment for April 2026. The petitioner claims that the protected party presents total vision loss in their left eye and progressive deterioration in the right eye, making it essential that a surgical intervention be performed within a near timeframe.

II. PROVEN FACTS

Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:

  • a)The protected party is a sixty-three-year-old person (see consultation made to the website of the Tribunal Supremo de Elecciones).
  • b)On December 18, 2025, the protected party was placed on the waiting list for high-priority surgery (see report rendered).
  • c)The ruling at 16:33 hours on April 17, 2026, which admitted the proceeding, was notified to the respondent authorities on April 20, 2026 (see notification records).
  • d)Upon notification of the amparo proceeding, the respondent authorities scheduled and performed the surgery on the protected party for April 27, 2026 (see report rendered and evidence provided).

III. ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH

The right to life, recognized in numeral 21 of the Political Constitution, is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that section of the Political Charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Caja Costarricense del Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and lives of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to users with a clear and unequivocal vocation of service, as that has been the reason for their creation and existence.

IV. ON THE MERITS

Having examined the proceedings, this Chamber deems it proven that, in the specific case, an injury to the fundamental right to health of the protected party occurred. Said impairment materialized in the waiting time they were subjected to for the performance of a surgery, a procedure for which they were included on the waiting list on December 18, 2025, without, at the time of filing the amparo action, having a certain scheduled date for the required surgical intervention.

In that sense, this Court has reiterated that it is the responsibility of the Caja Costarricense de Seguro Social to effectively and timely guarantee the provision of health services, in order to protect the fundamental right enshrined in Article 21 of the Political Constitution. Consequently, the appeal is deemed admissible.

However, it is noted that, upon notification of the ruling admitting the present proceeding, the respondent authorities reported that the surgery required by the protected party was scheduled and performed for April 27, 2026. Consequently, the appropriate course is to grant the amparo action, in the terms that will be set forth in the operative part of this judgment.

V. ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

Upon better consideration, the majority of the Chamber holds the view that the granting of the appeal, which operates ex lege in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), which states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted (...)," must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the appeal is granted, it is also true that the same first paragraph of the cited Article 52 refers to the granting being dictated "solely for purposes of indemnification and costs, if applicable." It is emphasized that the Law states "if applicable," which means that the applicability or inapplicability of the indemnification and costs depends on an assessment, evaluation, or weighting by the Court.

In cases like this, where an abnormal termination of the proceeding occurs, comparable to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the criterion of the majority that there is no room to award costs, nor damages and prejudices, because the economic consequences of the judgment are similar to those of closing the case file. Furthermore, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo, there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of indemnification. When laws present omissions or deficiencies, it is up to the judges to rectify those shortcomings; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic.

To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: "any ruling that grants the appeal shall order, in abstract, the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the appeal costs, reserving their liquidation for the execution of the sentence," referring to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the proceeding. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law, and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf.

Article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which corresponds to procedural logic in any matter. To the above are added factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which an abusive exercise of the vicarious action in the amparo remedy has been generated, for purposes of profit through indemnification, insofar as the alleged victims do not participate directly. Based on the foregoing, it is the criterion of the majority to resolve this appeal without an award of costs, damages, or prejudices.

VI. NOTE OF JUDGE RUEDA LEAL

The issue of amparo actions related to the right to health, and, above all, that of the waiting lists at the Caja Costarricense de Seguro Social, are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has experienced an exponential increase, as the statistics of this Court demonstrate.

Number of health-related case files submitted to the Constitutional Chamber:

YEARHEALTH-RELATED QUANTITY
20121745
20131891
20142710
20153725
20164865
20175682
20186932
20197623
20205912
20217796
20228310
202312845
202415300
202517252

From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is highlighted, when this area reached 43.21% of the Court's circulating workload.

Of those matters, a good number correspond to waiting lists. With regard to the foregoing, this Tribunal, in judgment no. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of said pronouncement, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in case file no. Telf01, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the shortage of medical specialists, equipment needs and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism from appointments at various medical centers of the respondent institution, among others.

In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting times must be defined by pathology or related diagnostic groups according to symptomatology, level of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and ranking of a patient on the waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided by the constitutional principles of public service: efficiency, efficacy, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, with the vote in question, it is intended that the Caja Costarricense de Seguro Social—within the framework of its constitutional and legal competencies—take the measures required to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.

In addition to this, with the aim of monitoring compliance with the aforementioned judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to assist in monitoring the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.

VII.PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I separate from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable." Moreover, Article 51 ibid establishes that:

"...any ruling that grants the appeal shall order, in abstract, the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the appeal costs, reserving their liquidation for the execution of the sentence." This latter rule establishes the general system that regulates the matter of indemnification and the payment of costs, which the majority terms a "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights...".

In the majority's view, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court confirms an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a situation contemplated in the aforementioned Article 52—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the infringer for the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the appeal costs.

This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the imperative need for an award of costs, damages, and prejudices against the infringer arises, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and in the principle that the Administration must be responsible for the damages and prejudices it causes through its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time of hearing and granting the amparo, the effects of the challenged act may have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, since such a case forms an integral part of the general system of necessary award in these extremes, which the Ley de la Jurisdicción Constitucional contains.

On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator established and precisely defined the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the ruling that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that unequivocally provides for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights.

Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for purposes of indemnification and costs, if applicable." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered from the injury to their constitutional rights.

In my view, such exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices upon a violation of fundamental rights, such award is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established unequivocally and clearly that in the specific case no prejudice susceptible to indemnification was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that dispels the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions—whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and prejudices, and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and prejudices, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, however, it does not enter into the weighing of whether these issues have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said award (in damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally indemnifiable.

By way of reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:

"ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications." It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in abstract in those areas, since this type of claim would not be admissible within that type of cause when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, prejudices, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber.

In that order, in my judgment, under the tenor of the mentioned numeral 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which the motivated estimation of the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived or associated with the facts analyzed, is made. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by cause attributable to the respondent entity or another, the alleged negligence or reproached disturbance may have caused damages and prejudices. However, such a question of merit, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an award in abstract that later constitutes the basis for analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa.

The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and prejudices, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall upon the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether these administrative conducts have produced injuries to them is an extreme that, as a matter of principle and save exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of cause. Note that, in the situation regulated under that mandate, the Constitutional Chamber does not carry out an analysis of the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infringement, with which, much less can it be defined whether, based on what was reported by the requester, there may or may not be situations of possible civil reparation.

In this way, the dispensation of award to which that norm alludes is of an exceptional, not a general, nature. Therefore, in those cases, the norm imposes the award in abstract, so that it is within another plenary proceeding that its applicability is analyzed. Otherwise, if that liberation from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, would be at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature, that a conduct was adopted which causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person.

That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, if the permanence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was made to cease due to the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and prejudices, it is a matter that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere realization of the factual situation regulated in the mentioned numeral 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the award in abstract of costs, damages, and prejudices.

VIII. DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT

Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable." My interpretation of that law is as follows: That "ruling" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to the costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, under the tenor of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not indemnificatory but restorative; however, Article 51 of the LJC states: "Any ruling that grants the appeal shall order, in abstract, the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the appeal costs, reserving their liquidation for the execution of the sentence." If the right has been violated and the Chamber so confirms, even in the event that it has been restored, damages and prejudices could have arisen. For this reason, the award in abstract of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an award in abstract, the damages and prejudices have not occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, since only he is responsible for establishing as proven the real existence and magnitude of the same.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when there is an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed fair, the Chamber may impose costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not the award of costs.

IX. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE

The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The action is declared with merit, without special award of costs, damages, and losses. Judge Rueda Leal records a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not costs.- Fernando Castillo V.

President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Telephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente Nº 26-011847-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02 contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito recibido e incorporado al expediente a las 12:03 horas del 07 de abril de 2026, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Alega que el amparado es una persona de sesenta y tres años que en el 2025 comenzó a perder progresiva y aceleradamente su visión. Posteriormente, en agosto de 2025 en la clínica ASEMBIS fue diagnosticado con cataratas en ambos ojos, con mayor avance en el ojo izquierdo. En septiembre de 2025 fue referido al servicio de oftalmología del Hospital Fernando Escalante Pradilla, lugar en el cual se confirmó su diagnóstico, se le indicó que era preciso una cirugía y se incorporó en la lista de espera. Añade que subsiguientemente se le asignó cita oftalmológica para el año 2034 y cita de optometría para abril de 2026. Acusa que, al momento de la interposición del recurso, el amparado presenta pérdida total de la visión en el ojo izquierdo y deterioro severo en el ojo derecho por lo que es necesario que la autoridad recurrida le programe la cirugía en una fecha pronta y cierta. Debido a lo señalado, solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
  2. 2Mediante resolución de Presidencia de las 16:33 horas del 17 de abril de 2026, se dio curso al proceso y se le solicitó informes al Director Médico y al jefe del Servicio de cirugía y oftalmología, ambos del Hospital Fernando Escalante Pradilla.
  3. 3Informan bajo juramento Joicy Solis Castro, en calidad de directora general y Junior José Quesada Porras, en condición de jefe del servicio de cirugía y oftalmología, ambos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, que:

“(…) Al momento de respuesta de este recurso el amparado ya cuenta con fecha de cirugía para la resolución de su padecimiento para el 27 de abril de 2026 y debidamente informado dicha cirugía se realizará siempre y cuando este no presente alguna contraindicación médica”.

  1. 4Mediante correo electrónico remitido por Mario Boschini López (...01), de la dirección general del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, se demuestra que el amparado fue intervenido quirúrgicamente el 27 de abril de 2026.
  2. 5En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I. OBJETO DEL RECURSO

El recurrente indica que el amparado presentó pérdida progresiva y acelerada de la visión en ambos ojos, lo cual le dificulta la realización de sus labores. Comenta que en agosto de 2025 se le diagnosticó con cataratas en ambos ojos y que en septiembre de ese mismo año fue referido al servicio de oftalmología del Hospital Fernando Escalante Pradilla, donde se confirmó su diagnóstico y se le indicó la necesidad de una cirugía por lo que ingresó a lista de espera. Menciona que se le dio cita oftalmológica para el año 2034 y cita optométrica para abril de 2026. El recurrente acusa que el amparado presenta pérdida total de visión en su ojo izquierdo y un deterioro progresivo en el derecho por lo que es esencial que se le realice una intervención quirúrgica en un plazo cercano.

II. HECHOS PROBADOS

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)La amparada es una persona de sesenta y tres años de edad (ver consulta realizada a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones).
  • b)En fecha 18 de diciembre de 2025, el tutelado ingresó a lista de espera para cirugía con prioridad alta (ver informe rendido).
  • c)La resolución de las 16:33 horas del 17 de abril de 2026 que dio curso al proceso, le fue notificada a las autoridades recurridas el 20 de abril de 2026 (ver actas de notificación).
  • d)Con ocasión a la notificación del proceso de amparo, las autoridades recurridas le programaron y realizaron la cirugía a la amparada, para el 27 de abril de 2026 (ver informe rendido y prueba aportada).

III. SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD

El derecho a la vida, reconocido en el numeral 21, de la Constitución Política, es la piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

IV. SOBRE EL FONDO

Examinados los autos, esta Sala tiene por demostrado que, en el caso concreto, se produjo una lesión al derecho fundamental a la salud del amparado. Dicha afectación se materializa en el tiempo de espera al que fue sometido para la realización de una cirugía, procedimiento para el cual fue incluido en la lista de espera el 18 de diciembre de 2025, sin que, al momento de interponer el recurso de amparo, contará con una fecha de programación cierta para la intervención quirúrgica requerida.

En ese sentido, este Tribunal ha reiterado que corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social garantizar de manera efectiva y oportuna la prestación de los servicios de salud, a fin de proteger el derecho fundamental consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política. Por consiguiente, el recurso resulta estimable.

No obstante, se tiene que, con ocasión de la notificación de la resolución de curso del presente proceso, las autoridades recurridas informaron que la cirugía requerida por la amparada fue programada y realizada para el 27 de abril de 2026. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo, en los términos que se establecerán en la parte dispositiva de esta sentencia.

V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización.

Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-.

Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

VI. NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL

El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.

En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.

Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

VII.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.

Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.

A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.

Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.

Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.

Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.

Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VIII. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA

Dice el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

IX. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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