← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 15271-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/04/2026
OutcomeResultado
The amparo is granted due to violation of the right to health, without award of costs, damages or losses per the majority, ordering medical care on the expedited date.Se declara con lugar el recurso por lesión al derecho a la salud, sin condenatoria en costas, daños y perjuicios según el criterio de mayoría, ordenando la atención médica en la fecha adelantada.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed on behalf of a 63-year-old patient with a cataract in his left eye, who had been given an ophthalmology appointment at Hospital San Rafael de Alajuela for April 20, 2029—a wait of over seven years from the referral. The Chamber held that this delay was excessive, disproportionate, and violated the fundamental right to health derived from Article 21 of the Political Constitution, as well as the principles of efficiency and effectiveness in public service delivery. It noted that, due to the amparo, the hospital authorities advanced the evaluation to May 15, 2026. Despite the supervening restitutio, the Chamber granted the amparo because the violation had occurred, but the majority decided not to award costs, damages, or losses. Two justices dissented in part, arguing for an abstract award of damages. The hospital was ordered to ensure the medical appointment on the new date and to coordinate with another facility if necessary.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto a favor de un paciente de 63 años con catarata en el ojo izquierdo, a quien el Hospital San Rafael de Alajuela había asignado una cita en oftalmología para el 20 de abril de 2029, es decir, con un plazo de espera de más de siete años desde la referencia. La Sala consideró que dicho plazo resultaba excesivo, desproporcionado y lesivo del derecho fundamental a la salud, derivado del artículo 21 de la Constitución Política, así como de los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. Constató que, con ocasión del amparo, las autoridades hospitalarias adelantaron la valoración al 15 de mayo de 2026. Pese a la restitución sobrevenida, la Sala declaró con lugar el recurso por haberse producido la lesión, pero la mayoría decidió no imponer condenatoria en costas, daños y perjuicios, decisión de la cual discreparon dos magistrados mediante votos salvados. Se ordenó a las autoridades recurridas garantizar la atención en la nueva fecha y coordinar con otro centro si fuera necesario.
Key excerptExtracto clave
From the analysis of the record, this Chamber found it proven that indeed there was a violation of the right to health derived from Article 21 of the Political Constitution, and of the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services, since on March 24, 2022, the ophthalmology authorities scheduled a medical appointment for the patient for April 20, 2029, a situation that is unacceptable. Therefore, this Chamber considers that the amparo must be granted, since it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively protect the right to health of all its users, which obviously includes the obligation to provide timely and diligent care and medical treatment that its patients need. This Constitutional Court clarifies that public agencies and entities providing public health services have the imperative and non-postponable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and that lack of human and material resources are not legally valid arguments to exempt them from fulfilling that obligation.Del análisis de los autos, esta Sala tuvo por demostrado que efectivamente hubo una lesión al derecho a la salud derivado del artículo 21, de la Constitución Política, y a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, ya que, el 24 de marzo de 2022, las autoridades del servicio de oftalmología le emitieron al paciente una atención médica para el 20 de abril de 2029, situación que resulta inaceptable. Debido a lo anterior, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. Este Tribunal Constitucional aclara que los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.
Pull quotesCitas destacadas
"La catarata se define como una opacidad del cristalino que provoca pérdida visual progresiva. Si bien su tratamiento definitivo es quirúrgico, la indicación de cirugía depende del grado de afectación funcional y del grado de madurez del cristalino. Es importante enfatizar que no todas las cataratas requieren una intervención inmediata; en casos de cataratas incipientes, donde la opacidad es mínima y la agudeza visual se mantiene funcional, la cirugía no está indicada en el corto plazo, y se opta por un seguimiento clínico."
"A cataract is defined as an opacity of the lens that causes progressive visual loss. Although its definitive treatment is surgical, the indication for surgery depends on the degree of functional impairment and the maturity of the lens. It is important to emphasize that not all cataracts require immediate intervention; in incipient cataracts, where opacity is minimal and visual acuity remains functional, surgery is not indicated in the short term, and clinical follow-up is chosen."
Informe del Hospital San Rafael de Alajuela (Resultando 3)
"La catarata se define como una opacidad del cristalino que provoca pérdida visual progresiva. Si bien su tratamiento definitivo es quirúrgico, la indicación de cirugía depende del grado de afectación funcional y del grado de madurez del cristalino. Es importante enfatizar que no todas las cataratas requieren una intervención inmediata; en casos de cataratas incipientes, donde la opacidad es mínima y la agudeza visual se mantiene funcional, la cirugía no está indicada en el corto plazo, y se opta por un seguimiento clínico."
Informe del Hospital San Rafael de Alajuela (Resultando 3)
"este Centro médico considera que no se ha negado la atención médica ni se ha vulnerado el derecho fundamental a la salud de la persona amparada, habiéndose actuado conforme a los lineamientos clínico y administrativos vigentes"
"this medical center considers that medical care has not been denied and the fundamental right to health of the protected person has not been violated, having acted in accordance with current clinical and administrative guidelines"
Informe del Hospital San Rafael de Alajuela (Resultando 3)
"este Centro médico considera que no se ha negado la atención médica ni se ha vulnerado el derecho fundamental a la salud de la persona amparada, habiéndose actuado conforme a los lineamientos clínico y administrativos vigentes"
Informe del Hospital San Rafael de Alajuela (Resultando 3)
"los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación"
"public agencies and entities providing public health services have the imperative and non-postponable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and that lack of human and material resources are not legally valid arguments to exempt them from fulfilling that obligation"
Considerando IV
"los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación"
Considerando IV
"si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos"
"if the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. Therefore, an abstract award for them is appropriate"
Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas (Considerando VIII)
"si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos"
Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas (Considerando VIII)
Full documentDocumento completo
Review of the Document File: 26-011439-0007-CO Resolution No. 2026015271 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-ninth of April of two thousand twenty-six.
Amparo proceeding processed under file number 26-011439-0007-CO, filed by Name01, identity card CED01, on behalf of Name02, identity card CED02, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).
WHEREAS:
“A cataract is defined as an opacity of the crystalline lens that causes progressive visual loss. While its definitive treatment is surgical, the indication for surgery depends on the degree of functional impairment and the degree of maturity of the crystalline lens. It is important to emphasize that not all cataracts require immediate intervention; in cases of incipient cataracts, where the opacity is minimal and visual acuity remains functional, surgery is not indicated in the short term, and clinical follow-up is chosen. While we understand that the waiting time may be perceived as prolonged, this situation responds to structural limitations in human resources, the slots in schedules that are at maximum capacity and the operative hours of the service, which is a purely administrative matter and does not correspond to the service. In order to expedite the patient assessment process, an appointment is granted in the external ophthalmology consultation on the 15th of May, 2026, which will be duly notified through official means.
It is emphasized that the patient must first be evaluated in the external consultation by the specialist, who is the only one who assesses the need and priority of surgery, as the patient already has a scheduled appointment. Therefore, this medical center considers that medical care has not been denied, nor has the fundamental right to health of the protected person been violated, having acted in accordance with the current clinical and administrative guidelines”. They request that the appeal be dismissed.
Drafted by Judge Araya García; and,
CONSIDERING:
The petitioner states that the protected person suffers from a cataract in the left eye. He indicates that on the 24th of March, 2022, the ophthalmology service of the San Rafael de Alajuela Hospital issued the user an appointment for the 20th of April, 2029, a period he considers excessive.
Deemed relevant for the resolution of the present appeal are the following facts of importance, which are considered duly proven:
This Tribunal has recognized the full validity of the right to health, which derives from the right to life contemplated in Article 21 of the Political Constitution, which is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Thus, it has recognized that life is inconceivable if an adequate and harmonious physical, psychological, and environmental balance is not guaranteed to individuals. In this way, delay or inaction in medical care on the part of health centers can negatively impact the health and life of individuals. Likewise, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest possible level of physical and mental health, for which the State and its institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and sanitary police powers. This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under conditions of equality, for all individuals.
From the analysis of the case file, this Chamber found it proven that there was indeed a violation of the right to health derived from Article 21 of the Political Constitution, and of the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public services, since, on the 24th of March, 2022, the authorities of the ophthalmology service issued the patient a medical care appointment for the 20th of April, 2029, a situation that is unacceptable. Due to the foregoing, this Chamber considers that the appeal must be granted, as it is the duty of the Costa Rican Social Security Fund to effectively protect the right to health of all its users, which includes —evidently— the obligation to provide timely and diligent medical care and treatment needed by its patients. Furthermore, this Constitutional Tribunal clarifies that the public organs and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation.
Now then, upon verifying the injury to the right to health, this Chamber must intervene; however, given that, on the occasion of the filing of the amparo action, the respondent authorities brought forward the evaluation to the 15th of May, 2026, the appropriate course is to grant the appeal, under the terms set forth in the operative part of this Judgment.
Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the opinion that the granting that operates ex lege, in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC), which states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted (…)”, must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted, it is also true that the same first paragraph of Article 52 of the cited law refers that the granting is ordered “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”. It is underlined that the Law indicates “if they are appropriate”, which means that the appropriateness or inappropriateness of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal.
In cases like this, where an abnormal termination of the proceeding occurs, comparable to discontinuance due to extra-procedural satisfaction, it is the majority opinion that it is not appropriate to award costs, nor damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of a file closure. Furthermore, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the appropriateness of indemnification. When laws present omissions or deficiencies, it is up to judges to rectify these shortcomings; if laws lack intelligibility in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the requirements of procedural logic.
To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, which states that: “any resolution that grants the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment”, refers to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the case and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the proceeding. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedure Code and the other Procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf.
Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislature established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. To the above are added reasons of fact, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which there has been an abusive exercise of the vicarious action in amparo, for purposes of enrichment through indemnification, insofar as the alleged victims do not participate directly. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this appeal without an award of costs, damages, or losses.
The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists at the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has had an exponential increase, as the statistics of this Tribunal reveal.
Number of health files filed with the Constitutional Chamber:
| YEAR | NUMBER IN HEALTH |
|---|---|
| 2012 | 1745 |
| 2013 | 1891 |
| 2014 | 2710 |
| 2015 | 3725 |
| 2016 | 4865 |
| 2017 | 5682 |
| 2018 | 6932 |
| 2019 | 7623 |
| 2020 | 5912 |
| 2021 | 7796 |
| 2022 | 8310 |
| 2023 | 12845 |
| 2024 | 15300 |
| 2025 | 17252 |
From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to the present there has been a constant increase in cases filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these cases during 2025 stands out, when this subject matter reached 43.21% of the Tribunal's circulating cases.
Of those cases, a significant number corresponds to waiting lists. In relation to the foregoing, this Tribunal, in judgment No. 2019-005560 at 09:30 hours on the 29th of March, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured individuals, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the elaboration, within a period of six months counted from the notification of said pronouncement, of an integrated management system (sistema de gestión integrado) for the purposes of resolving waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in case file No. Telf01, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist doctors, equipment needs and increasing demand from the first level of care, patient absenteeism to appointments at various medical centers of the respondent institution, among others.
In the cited integrated management system project, reasonable waiting periods per pathology or related diagnostic groups must be defined according to symptomatology, level of urgency, and patient conditions, as well as the objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must consider the particularities of vulnerable populations (older adults, indigenous people, people in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, effectiveness, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the aforementioned vote intends that the Costa Rican Social Security Fund —within the framework of its constitutional and legal competencies— take the measures required to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.
In addition to that, with the aim of following up on the compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for the 14th of November, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes) to cooperate with the follow-up to the execution of such resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this originates from the entity itself, not solely from the Chamber's resolutions.
VII.PARTIALLY DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.
While I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I separate myself from the majority opinion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:
“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”.
On the other hand, in Article 51 ibid., it is established that:
“...any resolution that grants the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment”.
This latter norm establishes the general system that regulates the issue of indemnification and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the case and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's opinion, Article 51, cited, regulates cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to some fundamental right and, therefore, grants the appeal, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo —a scenario contemplated in Article 52, referred to— by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the award against the infringer for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal.
This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive measure, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the case, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the amparo proceeding, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of the protection of the rights of individuals and in that the Administration must be responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not eliminate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, as such case forms an integral part of the general system of necessary award in those matters contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
Furthermore, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not examined nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of their fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights granted in their favor by the Administration; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding”.
The legislature established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, indubitably, the revocation, halting, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”. As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.
In my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses upon a violation of fundamental rights, such award is always appropriate, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution revoking, halting, or suspending the challenged action, unless it is demonstrated in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable injury capable of being indemnified was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from payment of said matters. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions —whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—, the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.
As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of the fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, but does not delve into the consideration of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected individuals. While the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that such an award (in damages, losses, and costs) operates, if appropriate, we the undersigned do not believe that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conduct or omissions attributable to the Administration (or subject of private law, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable.
By way of reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedure Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:
“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely concerning the demonstration, liquidation, and compliance with pecuniary indemnifications”.
It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary precedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract for those items, as such types of claims would not be appropriate within those types of causes when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inappropriateness of damages, losses and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, under the terms of the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial award requires the substantiation, in each case, of situations based on which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is considered, with reasoning.
Therefore, it involves an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a casuistic basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation by cause proper or foreign to the respondent entity, the accused indolence or reproached disturbance may have come to cause damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an award in the abstract that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction.
The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is emphasized, this is not its primary object or ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the protection of their fundamental rights. Then, if those administrative conducts have caused them injuries, it is an extreme that, by thesis of principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis for this type of causes. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not perform an analysis on the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, one does not enter into evaluating whether or not there is an infraction, whereby even less can it be defined whether, based on what is denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation.
In this way, the dispensation from award referred to in that norm is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in these cases, the norm imposes the award in the abstract, so that it is within another plenary proceeding that its appropriateness is analyzed. Otherwise, if this release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and ignoring the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the cessation of conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person.
That is, in order to obtain the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is reiterated, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation insofar as it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses, is an issue that, save for proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, in no way must be denied, as a presupposition, by the mere concretion of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the respect I always hold for the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the award in the abstract for costs, damages, and losses.
Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”.
My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. What is more, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.
Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to amparo is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment”.
If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses (daños y perjuicios) could have arisen. For that reason, an abstract condemnation of these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that damages and losses had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only that judge is competent to deem the actual existence and magnitude of such damages and losses as proven.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when faced with an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Chamber may impose a costs order (condenatoria en costas), even when the right has been restored.
In light of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation for damages and losses (daños y perjuicios), but not the costs order (condenatoria en costas).
The parties are warned that, if any document on paper has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin N° 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is granted, without a special costs order (condenatoria en costas) or award for damages and losses (daños y perjuicios). Karen Rodríguez Segura and Jeremías Sandí Delgado are ordered, in that same order, as general director and head of the ophthalmology service, respectively, both of Hospital San Rafael de Alajuela, or whoever occupies those positions in their stead, to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that, on the indicated date, being May 15, 2026, the medical care is provided to the protected person, as stated under oath, and the treatment to be followed is determined. Furthermore, if necessary, their medical care must be coordinated with another hospital center that has space availability. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished.
Judge Rueda Leal records notes. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation for damages, losses (daños y perjuicios), and costs (costas). Judge Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses (daños y perjuicios), but not for costs (costas).- Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-011439-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
“La catarata se define como una opacidad del cristalino que provoca pérdida visual progresiva. Si bien su tratamiento definitivo es quirúrgico, la indicación de cirugía depende del grado de afectación funcional y del grado de madurez del cristalino. Es importante enfatizar que no todas las cataratas requieren una intervención inmediata; en casos de cataratas incipientes, donde la opacidad es mínima y la agudeza visual se mantiene funcional, la cirugía no está indicada en el corto plazo, y se opta por un seguimiento clínico. Si bien entendemos que el tiempo de espera pueda percibirse como prolongado, esta situación responde a limitaciones estructurales en el recurso humano, los cupos en agendas que se encuentran al máximo de su capacidad y horario operativo del servicio, lo cual es un tema meramente administrativo y no corresponde al servicio. Con el fin de agilizar el proceso de valoración del paciente se otorga una cita en la consulta externa de oftalmología el día 15 de mayo del 2026, la cual será debidamente notificada por los medios oficiales.
Se hace énfasis que el paciente debe de ser primero valorado en la consulta externa por el especialista quien es el único que valora la necesidad y prioridad de cirugía, ya la paciente cuenta con una cita programada. Por tanto, este centro médico considera que no se ha negado la atención médica ni se ha vulnerado el derecho fundamental a la salud de la persona amparada, habiéndose actuado conforme a los lineamientos clínico y administrativos vigentes”. Solicitan se declare sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
El recurrente manifiesta que el amparado sufre de catarata en el ojo izquierdo. Indica que, el 24 de marzo de 2022, el servicio de oftalmología del Hospital San Rafael de Alajuela le emitió al usuario una cita para el 20 de abril de 2029, plazo que considera excesivo.
De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
Este Tribunal ha reconocido la plena vigencia del derecho a la salud, el cual se desprende del derecho a la vida contemplado en el artículo 21, de la Constitución Política, que es piedra angular sobre la cual descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Así, ha reconocido que la vida resulta inconcebible si no se garantiza a las personas un adecuado y armónico equilibrio físico, psíquico y ambiental. De tal forma, el retardo o inacción en la atención médica por parte de los centros de salud, puede repercutir negativamente en la salud y en la vida de las personas. Asimismo, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible, de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas.
Del análisis de los autos, esta Sala tuvo por demostrado que efectivamente hubo una lesión al derecho a la salud derivado del artículo 21, de la Constitución Política, y a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, ya que, el 24 de marzo de 2022, las autoridades del servicio de oftalmología le emitieron al paciente una atención médica para el 20 de abril de 2029, situación que resulta inaceptable. Debido a lo anterior, considera esta Sala que el recurso debe estimarse, pues es deber de la Caja Costarricense de Seguro Social resguardar de forma efectiva, el derecho a la salud de todos sus usuarios, lo que incluye -evidentemente- la obligación de prestar de manera oportuna y diligente, la atención y el tratamiento médico que necesitan sus pacientes. Por otra parte, este Tribunal Constitucional aclara que los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.
Ahora bien, al constatarse la lesión al derecho a la salud, esta Sala debe intervenir; sin embargo, en vista de que, con ocasión a la interposición del recurso de amparo, las autoridades recurridas adelantaron la valoración para el 15 de mayo de 2026, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia.
V.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización.
Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-.
Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.
El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. Telf01, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.
En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.
Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
VII.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.
Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.
Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante, la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.
Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.
A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:
“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.
Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.
Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.
Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.
Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.
Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.
Dice el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se le ordena a Karen Rodríguez Segura y a Jeremías Sandí Delgado, bajo ese mismo orden directora general y jefe del servicio de oftalmología, ambos del Hospital San Rafael de Alajuela, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en la fecha indicada, sea el 15 de mayo de 2026, se le realice la atención médica al tutelado, tal como se indicó bajo juramento y se determine el tratamiento a seguir. Además, de ser necesario, deberá coordinarse su atención médica con otro centro hospitalario que tenga disponibilidad de espacios. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
El magistrado Rueda Leal consigna notas. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Document not found. Documento no encontrado.