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Res. 14748-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/04/2026

Amparo for surgical delay at Max Peralta Hospital and CCSS waiting listsAmparo por demora quirúrgica en Hospital Max Peralta y listas de espera de la CCSS

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the hip surgery to be performed within a maximum of three months, under strict medical responsibility and provided there is no objective contraindication, ordering CCSS to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó realizar la cirugía de cadera en un plazo máximo de tres meses, bajo estricta responsabilidad médica y siempre que no exista contraindicación objetiva, condenando a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a patient with severe hip osteoarthritis who had been on a waiting list for hip surgery at the Dr. Max Peralta Jiménez Hospital for over a year and four months. The Chamber granted the amparo, ordering the surgery to be performed within a maximum of three months, subject to medical prerequisites and the absence of contraindications. The judgment reaffirmed that unreasonable waiting periods violate the fundamental right to health and the principles of efficiency and effectiveness in public health services. Relevant separate opinions were included: Justices Castillo Víquez and Garro Vargas conditioned the order on not displacing patients with urgent or priority surgeries, while Justice Rueda Leal detailed the exponential increase in health-related amparos and the CCSS's systemic failure to address waiting lists, despite earlier structural orders from the Chamber.La Sala Constitucional conoció el amparo de un paciente con coxartrosis severa que llevaba más de un año y cuatro meses en lista de espera para cirugía de cadera en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. La Sala declaró con lugar el recurso, ordenando realizar la intervención en un plazo máximo de tres meses, previo cumplimiento de los requisitos médicos y siempre que no existiera contraindicación. La sentencia reafirmó que los plazos de espera irrazonables vulneran el derecho fundamental a la salud y los principios de eficiencia y eficacia en los servicios públicos de salud. Además, se consignaron notas relevantes: los magistrados Castillo Víquez y Garro Vargas condicionaron la orden a que no se desplace a pacientes con cirugías prioritarias o urgentes, mientras que el magistrado Rueda Leal expuso el aumento exponencial de amparos de salud y el incumplimiento sistémico de la CCSS respecto de las listas de espera, pese a órdenes estructurales previas de la Sala.

Key excerptExtracto clave

IV. Regarding the principles of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and especially of those who require immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling that obligation. From this perspective, the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund are under a duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and prompt services. The heads of clinics and hospitals may not invoke, to justify deficient and precarious care of patients, the problem of ‘waiting lists’ for surgical interventions and certain specialized tests or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and swiftly. V. On the specific case. From the statement of proven facts it follows that on December 4, 2024, the petitioner was placed on a waiting list for a surgery prescribed by the Orthopedics Service of the Dr. Max Peralta Jiménez Hospital for severe left hip osteoarthritis. There is no certain date within a reasonable time for the operation to be carried out. Without a doubt, the waiting period that has elapsed of more than 1 year and 4 months is unreasonable, injurious to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the delivery of public health services, especially taking into account that the petitioner reported suffering intense pain.IV. En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. V. Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que el 4 de diciembre de 2024, el tutelado fue incluido en una lista de espera con el fin de que se le practique una cirugía prescrita en el Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, por padecer coxartrosis severa de cadera izquierda. No existe una fecha cierta dentro de un plazo proporcionado para llevar a cabo la operación. Sin duda alguna el plazo de espera transcurrido de más de 1 año y 4 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales, sobre todo si se toma en cuenta que el amparado refirió sufrir dolor intenso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."

    "The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and especially of those who require immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling that obligation."

    Considerando IV

  • "Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."

    Considerando IV

  • "Sin duda alguna el plazo de espera transcurrido de más de 1 año y 4 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales."

    "Without a doubt, the waiting period that has elapsed of more than 1 year and 4 months is unreasonable, injurious to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the delivery of public health services."

    Considerando V

  • "Sin duda alguna el plazo de espera transcurrido de más de 1 año y 4 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales."

    Considerando V

  • "La orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud."

    "The order set forth in the operative part of this ruling, requiring the procedure within the established time frame, shall apply only insofar as it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or they would suffer serious harm to their health."

    Nota del magistrado Castillo Víquez y de la magistrada Garro Vargas

  • "La orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud."

    Nota del magistrado Castillo Víquez y de la magistrada Garro Vargas

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fourth of April, two thousand twenty-six.

Amparo action filed by Nombre01, identity card CED01, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, CCSS).

Whereas:

  1. 1By means of the brief added to the digital file at 12:02 hours on April 8, 2026, Nombre01 filed an amparo action against the Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. The petitioner asserted that a prescribed operation has not been performed on him in the Orthopedics Service of the Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. He stated that he was placed on the waiting list on December 4, 2024. He reported suffering intense pain. He requested that the action be granted.
  2. 2By means of the order issued at 10:52 hours on April 17, 2026, the amparo action was admitted and notice was given to the Medical Director and the Head of the Orthopedics Service, both of the Hospital Dr. Max Peralta Jiménez.
  3. 3By means of the brief added to the digital file at 11:16 hours on April 22, 2026, Krisia Marlene Díaz Valverde and Ruddy Canales Vargas, General Director and Head of the Surgery Section and Orthopedics Specialty, respectively, both of the Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, reported: “(…) It is essential to clearly establish that: 1. The patient has maintained continuous medical follow-up, without abandonment by the health system. 2. The non-performance of the surgical procedure within a shorter timeframe is directly due to voluntary decisions by the patient, who requested his removal from the waiting list in June 2024. 3. Upon requesting his re-entry in December 2024, the process begins again from zero, in accordance with the principles of equity and institutional list management. IV. CONSIDERATIONS REGARDING WAITING LISTS AND TECHNICAL CRITERION The CCSS waiting list system is governed by principles of: • Clinical priority • Equity among patients • Availability of resources • Fulfillment of preoperative requirements Advancing a surgery without technical or medical criterion: • Constitutes an arbitrary alteration of the waiting list order • Violates the rights of other patients in equal or worse clinical condition • Breaks the principle of distributive justice in public health V. PREOPERATIVE REQUIREMENTS For most orthopedic surgical procedures, including joint replacements, it is essential to have: • Assessments by multiple specialties (internal medicine, anesthesiology, cardiology, among others) • Optimization of comorbidities • Complementary diagnostic studies This process can take between 4 to 6 months, and: • It does not depend exclusively on the Orthopedics service • It involves multiple independent institutional services Advancing a surgery without completing these requirements compromises patient safety and contravenes good medical practice.VI. CONSIDERATIONS REGARDING CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE Although the Constitutional Chamber has protected the right to health and timely access to medical services, it is important to note that: • The timeframes established in some rulings do not always respond to specialized technical or medical criteria • The imposition of unrealistic timeframes can generate: • Clinical risk for patients • Disorganization of services • Structural impairment of the health system Likewise, non-compliance with said timeframes entails economic sanctions against the CCSS, which contributes to the weakening of the public health system. VII. TECHNICAL POSITION IN THE EVENT OF A JUDICIAL ORDER Should the Constitutional Chamber order the advancement of the surgical procedure, it is considered necessary to state that: • Said order should be based on objective technical criteria • Compliance with minimum preoperative requirements must be guaranteed • It is imperative that the established timeframes be realistic and medically justified Decision-making without technical support can generate clinical risks and inequality in access to health services.VIII. CONCLUSIONS 1. The patient has not been neglected by the health system. 2. The delay in his surgical procedure is a direct consequence of the patient's own decisions. 3. Advancing the surgery without medical criterion: • Violates the rights of third parties • Compromises patient safety • Contravenes institutional regulations 4. Surgical timeframes must respond to technical criteria, not to impositions alien to medical practice (…)” (sic).
  4. 4The legal requirements have been met in the proceedings followed.

Drafted by Judge Araya García; and,

Considering:

I.Purpose of the action. The petitioner asserted that a prescribed operation has not been performed on him in the Orthopedics Service of the Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. He stated that he was placed on the waiting list on December 4, 2024. He reported suffering intense pain.

II. Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven

1. The protected party is 59 years old (see the Civil Registry database).

2. On December 4, 2024, the protected party was placed on a waiting list for the purpose of undergoing a surgery prescribed in the Orthopedics Service of the Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, due to suffering from severe coxarthrosis of the left hip (see medical certificate No. HMP-JCE-01505-2026, added to the digital file).

3. There is no certain date within a proportionate timeframe for carrying out the operation (uncontested fact).

4. The protected party suffers intense pain (uncontested fact).

III.Regarding the fundamental right to health. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, the right to health finds its basis in that article of the political charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, organs, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.

IV.Regarding the principles of efficiency, efficacy, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public organs and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund are under the duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment that are required to provide efficient, effective, and swift services. The heads of the Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of “waiting lists” for surgical interventions and the application of certain specialized examinations, or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and expeditious manner.

The heads of the Costa Rican Social Security Fund and the Directors of the Hospitals and Clinics belonging to it are under the duty and, consequently, are personally responsible – in terms of Article 199 and following of the General Law of Public Administration – for adopting and implementing all administrative and organizational measures to definitively put an end to the late provision – which, on occasions, becomes negligent due to its consequences – of health services, a situation that constitutes, clearly, an unequivocal failure of service that may give rise to the administrative patrimonial liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 and following of the General Law of Public Administration).

V.Regarding the specific case. From the list of proven facts, it is clear that on December 4, 2024, the protected party was placed on a waiting list for the purpose of undergoing a surgery prescribed in the Orthopedics Service of the Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, due to suffering from severe coxarthrosis of the left hip. There is no certain date within a proportionate timeframe for carrying out the operation. Without a doubt, the waiting period that has elapsed of more than 1 year and 4 months is unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and efficacy in the provision of public welfare services, especially considering that the protected party reported suffering intense pain.

VI.Conclusion. Under this set of circumstances, it is necessary to grant the amparo action, with the consequences specified in the operative part of the judgment.

VII.Note by Judge Castillo Víquez and Judge Garro Vargas. Although in this case we concur with our vote to grant the amparo action due to the delay in performing the surgery required by the protected party, the order set forth in the operative part of this ruling, in the sense that he be operated on within the timeframe established in the therefore clause, shall apply provided that it does not entail displacing another patient who requires priority or urgent surgery because their life is in danger or their health would suffer serious harm.

VIII.Note by Judge Rueda Leal. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund, are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of process has had an exponential increase, as shown by the statistics of this Court.

Number of health case files received by the Constitutional Chamber:

YEARNUMBER IN HEALTH
20121745
20131891
20142710
20153725
20164865
20175682
20186932
20197623
20205912
20217796
20228310
202312845
202415300
202517252

From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase of these matters during 2025 is notable, when this subject area reached 43.21% of the Court's circulating workload.

Of those matters, a good number corresponds to waiting lists. In connection with the foregoing, this Court, in judgment No. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the waiting list phenomenon. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of that ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of that problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in case file No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism to appointments in various medical centers of the respondent institution, among others.

In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related groups of diagnosis according to the symptomatology, the level of urgency, and the patient's conditions, as well as the objective criteria for determining the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, efficacy, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the referenced vote seeks for the Costa Rican Social Security Fund – within the framework of its constitutional and legal powers – to take the measures required to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.

In addition to this, for the purpose of monitoring compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) to assist with the follow-up on the execution of that resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to this comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.

IX.Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Electronic Case File Regulations before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is granted. Krisia Marlene Díaz Valverde and Ruddy Canales Vargas, in their respective capacities as General Director and Head of the Surgery Section and Orthopedics Specialty, both of the Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, or whoever occupies those positions in their place, are ordered to make all necessary arrangements within the scope of their authority and to coordinate what is pertinent so that, within the period of THREE MONTHS counted from the notification of this judgment, the surgery prescribed for the protected party is performed, upon prior fulfillment of all medical requirements, as well as under the strict responsibility and supervision of his treating physician, provided that due to a variation in the patient's circumstances he does not require another type of care, and that no objectively verified contraindication exists. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo action, and fails to carry it out or enforce it, provided the offense is not more severely punished.

The Costa Rican Social Security Fund (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, CCSS) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment proceeding of the administrative contentious jurisdiction. Judge Castillo Víquez and Judge Garro Vargas record a note. Judge Rueda Leal records a note. Notify.

Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

*8QAAJ63IPRG461* CASE FILE No. 26-012002-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters South of the Perpetuo Socorro church).

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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando:

  1. 1Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 12:02 horas de 8 de abril de 2026, Nombre01 presentó un recurso de amparo en contra del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. El recurrente aseguró que no se le ha practicado una operación prescrita en el Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. Afirmó que fue incluido en la lista de espera el 4 de diciembre de 2024. Refirió sufrir dolor intenso. Solicitó que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Mediante el auto de las 10:52 horas de 17 de abril de 2026, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado al Director Médico y al Jefe del Servicio de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez.
  3. 3Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 11:16 horas de 22 de abril de 2026, Krisia Marlene Díaz Valverde y Ruddy Canales Vargas, Directora General y Jefe de la Sección de Cirugía y de la Especialidad de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, informaron: “(…) Es fundamental dejar claramente establecido que: 1. El paciente ha mantenido seguimiento médico continuo, sin abandono por parte del sistema de salud. 2. La no realización del procedimiento quirúrgico en un plazo menor obedece directamente a decisiones voluntarias del paciente, quien solicitó su exclusión de la lista de espera en junio de 2024. 3. Al solicitar su reingreso en diciembre de 2024, el proceso inicia nuevamente desde cero, conforme a los principios de equidad y gestión de listas institucionales. IV. CONSIDERACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA Y CRITERIO TÉCNICO El sistema de listas de espera de la CCSS se rige por principios de: • Prioridad clínica • Equidad entre pacientes • Disponibilidad de recursos • Cumplimiento de requisitos preoperatorios El adelanto de una cirugía sin mediar criterio técnico ni médico: • Constituye una alteración arbitraria del orden de la lista de espera • Vulnera los derechos de otros pacientes en igual o mayor condición clínica • Rompe el principio de justicia distributiva en salud pública V. REQUISITOS PREOPERATORIOS Para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos ortopédicos, incluyendo reemplazos articulares, es indispensable: • Valoraciones por múltiples especialidades (medicina interna, anestesiología, cardiología, entre otras) • Optimización de comorbilidades • Estudios diagnósticos complementarios Este proceso puede tomar entre 4 a 6 meses, y: • No depende exclusivamente del servicio de Ortopedia • Involucra múltiples servicios institucionales independientes Adelantar una cirugía sin completar estos requisitos compromete la seguridad del paciente y contraviene la buena práctica médica.VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Si bien la Sala Constitucional ha tutelado el derecho a la salud y el acceso oportuno a servicios médicos, es importante señalar que: • Los plazos establecidos en algunos fallos no siempre responden a criterios técnicos ni médicos especializados • La imposición de tiempos irreales puede generar: • Riesgo clínico para los pacientes • Desorganización de los servicios • Afectación estructural del sistema de salud Asimismo, el incumplimiento de dichos plazos conlleva sanciones económicas contra la CCSS, lo cual contribuye al debilitamiento del sistema público de salud. VII. POSICIÓN TÉCNICA ANTE UNA EVENTUAL ORDEN JUDICIAL En caso de que la Sala Constitucional ordene el adelanto del procedimiento quirúrgico, se considera necesario señalar que: • Dicha orden debería fundamentarse en criterios técnicos objetivos • Se debe garantizar el cumplimiento de requisitos preoperatorios mínimos • Es imprescindible que los plazos establecidos sean realistas y médicamente justificados La toma de decisiones sin sustento técnico puede generar riesgos clínicos y desigualdad en el acceso a los servicios de salud.VIII. CONCLUSIONES 1. El paciente no ha sido desatendido por el sistema de salud. 2. El retraso en su procedimiento quirúrgico es consecuencia directa de decisiones propias del paciente. 3. El adelanto de la cirugía sin criterio médico: • Vulnera derechos de terceros • Compromete la seguridad del paciente • Contraviene la normativa institucional 4. Los tiempos quirúrgicos deben responder a criterios técnicos, no a imposiciones ajenas a la práctica médica (…)” (sic).
  4. 4En los procedimientos seguidos se ha cumplido las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. El recurrente aseguró que no se le ha practicado una operación prescrita en el Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez. Afirmó que fue incluido en la lista de espera el 4 de diciembre de 2024. Refirió sufrir dolor intenso.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1. El amparado tiene 59 años (ver la base de datos del Registro Civil).

2. El 4 de diciembre de 2024, el tutelado fue incluido en una lista de espera con el fin de que se le practique una cirugía prescrita en el Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, por padecer coxartrosis severa de cadera izquierda (ver el certificado médico No. HMP-JCE-01505-2026, agregado al expediente digital).

3. No existe una fecha cierta dentro de un plazo proporcionado para llevar a cabo la operación (hecho no controvertido).

4. El amparado sufre dolor intenso (hecho no controvertido).

III.Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

IV.En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas.

Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).

V.Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que el 4 de diciembre de 2024, el tutelado fue incluido en una lista de espera con el fin de que se le practique una cirugía prescrita en el Servicio de Ortopedia del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, por padecer coxartrosis severa de cadera izquierda. No existe una fecha cierta dentro de un plazo proporcionado para llevar a cabo la operación. Sin duda alguna el plazo de espera transcurrido de más de 1 año y 4 meses es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales, sobre todo si se toma en cuenta que el amparado refirió sufrir dolor intenso.

VI.Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso de amparo, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de la sentencia.

VII.Nota del magistrado Castillo Víquez y de la magistrada Garro Vargas. Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la parte amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.

VIII.Nota del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.

En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.

Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

IX.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Krisia Marlene Díaz Valverde y a Ruddy Canales Vargas, en sus calidades respectivas de Directora General y Jefe de la Sección de Cirugía y de la Especialidad de Ortopedia, ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que dispongan todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente para que, dentro del plazo de TRES MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se practique al tutelado la cirugía que le fue prescrita, previo cumplimiento de todos los requisitos médicos, así como bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre y cuando por variación de las circunstancias del paciente no requiera otro tipo de atención, y no medie alguna contraindicación objetivamente verificada. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas consignan nota. El magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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