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Res. 14493-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/04/2026
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo and ordered the Municipality of Grecia to take, within three days, the necessary actions to resolve the complaint substantively, inspect the activity, and communicate the result to the appellant.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó a la Municipalidad de Grecia adoptar, en tres días, las actuaciones necesarias para resolver de fondo la denuncia, fiscalizar la actividad y comunicar el resultado al recurrente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted the amparo appeal filed by an elderly person against the Municipality of Grecia for the lack of effective attention to a complaint filed in December 2025. The appellant alleged that a neighboring property operated a truck and heavy machinery yard without municipal permits, generating noise and pollution that affected his health and that of other neighbors. Although the municipality conducted inspections and determined that the activity was being carried out without a license on a property different from the one originally reported, it did not provide proof of having effectively closed the establishment. The Chamber considered that the lack of an effective and documented response constituted harmful administrative inaction, violating the rights to health, a healthy environment, and effective administrative protection, aggravated by the appellant's status as an elderly person. It ordered the municipality to resolve the complaint substantively, inspect the activity, and communicate the result to the appellant within three days.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por una persona adulta mayor contra la Municipalidad de Grecia por la falta de atención eficaz a una denuncia presentada en diciembre de 2025. En su denuncia, el recurrente indicó que en una propiedad colindante funcionaba un predio de camiones y maquinaria pesada sin permisos municipales, generando ruido y contaminación que afectaban su salud y la de otros vecinos. Aunque la municipalidad realizó inspecciones y determinó que la actividad se desarrollaba sin licencia en una finca distinta a la denunciada inicialmente, no acreditó haber clausurado efectivamente el establecimiento. La Sala consideró que la falta de una respuesta efectiva y documentada configuraba una inactividad administrativa lesiva de los derechos a la salud, al ambiente sano y a la tutela administrativa efectiva, agravada por la condición de adulto mayor del recurrente. Ordenó resolver de fondo la denuncia, fiscalizar la actividad y comunicar el resultado al recurrente en un plazo de tres días.
Key excerptExtracto clave
Under this normative and jurisprudential framework, the Chamber finds that the appeal must be granted. Although the respondent authority asserts in its report that, once the lack of a business license was verified, 'it proceeded to reinspect and immediately close the establishment,' the truth is that such action is not evidenced in the body of evidence submitted to this Chamber. That is, no closure order, administrative act, notice of notification, report of material execution, official photographic evidence, or any other suitable document was provided to sufficiently demonstrate that the measure was actually ordered and carried out. In amparo proceedings, the sworn statements of the Administration are relevant, but they do not replace the need for documentary support when the assertion involves a specific material action whose verification is crucial to determine whether the alleged injury has ceased. When the respondent’s defense rests on the allegation of a subsequent remedial action, it is the authority’s burden to sufficiently prove its execution. Having failed to do so, this Chamber cannot consider the claimed violation to have been cured. Nor is this undermined by the municipality's argument that the appellant did not provide a suitable means for notifications. Even assuming that this could have an impact on the manner of communicating certain actions, it does not relieve the municipality of its primary duty to investigate the complaint, adopt the corresponding control measures, and leave a reliable record of them. All the more so when, according to its own report, the Administration was able to technically determine that the reported activity was being carried out without a municipal license on a specific property. In other words, the eventual deficiency in indicating a means of notification cannot become a valid justification for the persistence of an irregular situation that the authority itself admits having detected within its sphere of competence. The core of this amparo is not, therefore, a mere procedural communication problem, but the persistence of a materially relevant administrative inaction, resulting from the lack of evidence of an effective response to a presumably clandestine activity with a direct impact on the appellant's health and environment.Bajo ese marco normativo y jurisprudencial, este Tribunal estima que el recurso debe declararse con lugar. Si bien la autoridad recurrida afirma en su informe que, una vez corroborada la falta de patente, “se procedió a la reinspección y clausura inmediata del establecimiento”, lo cierto es que tal actuación no consta acreditada en el acervo probatorio remitido a esta Sala. Es decir, no se aportó acta de clausura, orden administrativa, constancia de notificación, informe de ejecución material, prueba fotográfica oficial ni ningún otro documento idóneo que permita tener por demostrado que la medida fue efectivamente dictada y ejecutada. En sede de amparo, las manifestaciones de la Administración rendidas bajo juramento poseen relevancia, pero no desplazan la necesidad de respaldo documental cuando lo afirmado consiste en una actuación concreta y material cuya verificación resulta decisiva para determinar si cesó o no la lesión acusada. Cuando la propia defensa de la recurrida descansa en la alegación de un hecho posterior reparador, corresponde a esa autoridad acreditar de manera suficiente su realización. Al no haberlo hecho, no puede esta Sala tener por enervada la violación reclamada. Tampoco desvirtúa lo anterior el alegato municipal relativo a que el recurrente no señaló un medio idóneo para notificaciones. Aun admitiendo que ello pudiera tener incidencia sobre la forma de comunicar ciertas actuaciones, no releva a la municipalidad de su deber principal de investigar la denuncia, adoptar las medidas de control que correspondan y dejar constancia fehaciente de ello. Menos aún cuando, según el propio informe, la Administración sí logró determinar técnicamente que la actividad denunciada se ejercía sin licencia municipal en una finca específica. En otras palabras, la eventual deficiencia en el señalamiento de un medio de notificación no puede convertirse en justificación válida para la persistencia de una situación irregular que la propia autoridad admite haber detectado dentro de su ámbito competencial. El núcleo del presente amparo no es, entonces, un mero problema de comunicación procesal, sino la permanencia de una inactividad administrativa materialmente relevante, traducida en la falta de acreditación de una respuesta efectiva frente a una actividad presuntamente clandestina con incidencia directa en la salud y el ambiente del amparado.
Pull quotesCitas destacadas
"las municipalidades, en su condición de gobiernos locales no son simples receptoras pasivas de denuncias vecinales, sino órganos constitucionalmente llamados a administrar los intereses y servicios locales, lo que comprende la vigilancia, control y corrección de actividades que se desarrollan en el cantón cuando estas carecen de habilitación municipal o afectan bienes jurídicos de relevancia constitucional."
"municipalities, in their capacity as local governments, are not mere passive recipients of neighborhood complaints, but constitutionally mandated bodies to administer local interests and services, which includes the surveillance, control, and correction of activities carried out in the canton when they lack municipal authorization or affect legally protected interests of constitutional relevance."
Considerando V
"las municipalidades, en su condición de gobiernos locales no son simples receptoras pasivas de denuncias vecinales, sino órganos constitucionalmente llamados a administrar los intereses y servicios locales, lo que comprende la vigilancia, control y corrección de actividades que se desarrollan en el cantón cuando estas carecen de habilitación municipal o afectan bienes jurídicos de relevancia constitucional."
Considerando V
"la eventual deficiencia en el señalamiento de un medio de notificación no puede convertirse en justificación válida para la persistencia de una situación irregular que la propia autoridad admite haber detectado dentro de su ámbito competencial."
"the eventual deficiency in indicating a means of notification cannot become a valid justification for the persistence of an irregular situation that the authority itself admits having detected within its sphere of competence."
Considerando V
"la eventual deficiencia en el señalamiento de un medio de notificación no puede convertirse en justificación válida para la persistencia de una situación irregular que la propia autoridad admite haber detectado dentro de su ámbito competencial."
Considerando V
"el artículo 50 de la Constitución Política no protege el ambiente como una abstracción desligada de la persona, sino como presupuesto del bienestar, la salud y la dignidad humana; de ahí que la jurisprudencia constitucional haya insistido en la especial intensidad del deber estatal de prevención y tutela cuando existen denuncias por ruido, contaminación, afectación vecinal o explotación irregular de actividades económicas."
"Article 50 of the Political Constitution does not protect the environment as an abstraction detached from the individual, but as a prerequisite for well-being, health, and human dignity; hence, constitutional case law has insisted on the special intensity of the state's duty of prevention and protection when there are complaints of noise, pollution, neighborhood impact, or irregular exploitation of economic activities."
Considerando V
"el artículo 50 de la Constitución Política no protege el ambiente como una abstracción desligada de la persona, sino como presupuesto del bienestar, la salud y la dignidad humana; de ahí que la jurisprudencia constitucional haya insistido en la especial intensidad del deber estatal de prevención y tutela cuando existen denuncias por ruido, contaminación, afectación vecinal o explotación irregular de actividades económicas."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fourth of April of two thousand twenty-six.
Amparo action processed in file No. 26-009616-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF GRECIA.
Whereas:
Drafted by Judge Hess Herrera; and,
Considering:
Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the reasonably established deadlines for resolving requests filed by individuals, in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Precisely, in the case sub lite, an exception is raised, as it involves a complaint regarding a truck and heavy machinery yard that generates noise and pollution, which has allegedly not been resolved within a reasonable timeframe and endangers the integrity of the petitioner, his family, and other neighbors—several of whom are older adults. Given the nature of the subject matter of the proceeding, this Chamber will assess possible delays in resolving the complaint filed. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
The petitioner—an older adult—filed an amparo action against the Municipality of Grecia due to the lack of response to a complaint filed on December 15, 2025. In that proceeding, he indicated that on the property adjacent to the north of his own property, a truck and heavy machinery yard operates, allegedly without the corresponding municipal permits, generating noise and pollution that affects his health, that of his family, and that of other neighbors, several of them older adults. He points out that, despite the time elapsed, the municipality has not addressed his complaint.
The following facts are deemed duly proven and of relevance to the decision in this matter:
The following fact of relevance to this resolution is not deemed proven:
SOLE. That the respondent local government closed the establishment located on property 639663.
From the list of proven facts, it is clear that the petitioner filed a complaint since December 15, 2025, regarding the operation of a truck and heavy machinery yard near his property, an activity that, as the municipal corporation itself determined through a technical study, aerial photography analysis, field visits, and official letter PAT-086-2026, was actually taking place on the adjacent property Dirección03 and lacked a Municipal Operating License. Thus, the report submitted under oath itself certifies not only the existence of a specific proceeding by the protected party but also that the respondent municipality verified a presumably irregular activity within its territorial jurisdiction, with potential impact on the fundamental rights to health, a healthy environment, and the tranquility of neighbors. In this context, the controversy does not revolve around whether the respondent authority had or did not have jurisdiction to intervene, but precisely on the sufficiency, effectiveness, and evidence of the actions it claims to have carried out.
The Chamber has repeatedly held that municipalities, in their capacity as local governments, are not merely passive recipients of neighborhood complaints, but rather constitutionally mandated bodies responsible for administering local interests and services, which includes the surveillance, control, and correction of activities taking place in the canton when they lack municipal authorization or affect constitutionally relevant legal interests. This obligation derives, in the first instance, from Article 169 of the Political Constitution, which places the administration of local interests and services under the local government; from Article 3 of the Municipal Code, which reaffirms that the government and administration of cantonal interests and services are the responsibility of the municipal government; and from the legal regime regarding licenses and business permits, according to which the municipality is responsible for establishing and supervising the conditions under which for-profit activities are carried out in its territory. Added to this is Article 50 of the Constitution, which recognizes every person's right to a healthy and ecologically balanced environment and obligates the State—including, of course, municipalities within the scope of their competences—to guarantee, defend, and preserve that right.
Alongside this material oversight duty, the Administration bears the correlative duty to address, process, and resolve complaints submitted to its knowledge within a reasonable timeframe and with real, useful, and verifiable actions. This is based on Article 41 of the Political Constitution, which enshrines the right to prompt and complete justice, a precept that constitutional jurisprudence has consistently projected onto administrative activity, particularly when dealing with claims involving the environment, public health, local planning, or the irregular exercise of activities subject to municipal control. In this line, the Chamber has recognized the duty of municipalities to execute swift and effective actions in response to community needs and to resolve administrative complaints without undue delays, especially when the omission may result in a prolongation of the risk or the impact denounced.
Under this normative and jurisprudential framework, this Court deems that the action must be granted. While the respondent authority asserts in its report that, once the lack of a business permit was corroborated, "a re-inspection and immediate closure of the establishment was carried out," the fact is that such action is not substantiated in the body of evidence sent to this Chamber. That is, no closure record, administrative order, notification certificate, material execution report, official photographic evidence, or any other suitable document was provided that would allow it to be considered proven that the measure was effectively ordered and executed. In amparo proceedings, the sworn statements of the Administration are relevant, but they do not displace the need for documentary support when what is claimed consists of a specific, material action whose verification is decisive in determining whether the alleged harm has ceased. When the respondent's own defense relies on the allegation of a subsequent remedial act, it is incumbent upon that authority to sufficiently prove its execution. By failing to do so, this Chamber cannot consider the claimed violation to have been neutralized.
Nor does the municipality's argument that the petitioner did not indicate a suitable means for notifications detract from the above. Even admitting that this could have an impact on the manner of communicating certain actions, it does not relieve the municipality of its primary duty to investigate the complaint, adopt the corresponding control measures, and leave reliable record thereof. This is even more so when, according to its own report, the Administration did technically determine that the reported activity was being carried out without a municipal license on a specific property. In other words, the potential deficiency in indicating a means of notification cannot become a valid justification for the persistence of an irregular situation that the authority itself admits to having detected within its jurisdictional scope. The core of the present amparo is, therefore, not a mere problem of procedural communication, but the persistence of a materially relevant administrative inactivity, reflected in the lack of evidence of an effective response to a presumably clandestine activity with a direct impact on the petitioner's health and environment.
It is also important to underscore that Article 50 of the Political Constitution does not protect the environment as an abstraction detached from the person, but as a prerequisite for well-being, health, and human dignity; hence, constitutional jurisprudence has insisted on the special intensity of the State's duty of prevention and protection when there are complaints about noise, pollution, neighborhood impacts, or irregular exploitation of economic activities. This obligation is further accentuated in a case like the present one, where the petitioner identifies as an older adult, a condition that imposes on public authorities a reinforced duty of protection, consistent also with the constitutional mandate of special protection for older adults. From this perspective, the passivity, delay, or insufficiently substantiated response of the municipality not only compromises the right to obtain effective administrative protection but can also have implications on the protected party's rights to health and a healthy environment.
Thus, upon finding: i) that the complaint was filed in December 2025; ii) that the municipality itself verified that the activity was being carried out without a license on a specific property; and iii) that there is insufficient proof to demonstrate the effective closure or cessation of the reported irregular activity, it is appropriate to find that the harmful administrative inactivity persists. Consequently, the action must be granted in order to order the Municipality of Grecia to, within the scope of its constitutional and legal powers, adopt effectively and with due documentation the necessary actions to resolve the complaint filed by the petitioner fully, supervise the activity verified on the indicated property, and communicate to him, through a suitable means, the result of the proceedings carried out. Only in this way is the constitutional standard of effective protection satisfied, which falls upon local governments in the protection of cantonal interests and services, as well as the fundamental right to a healthy environment and health.
I have supported this Court's thesis that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete administrative justice, the competent bodies to hear the legal dispute are the Administrative Contentious Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on Article 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional disputes that this same Chamber has recognized as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative contentious jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
In environmental matters, it is also this undersigned's opinion that, if the Public Administration has already intervened, I consider that its knowledge and resolution correspond to the administrative contentious jurisdiction. Nevertheless, I do proceed to examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner claims that a truck and heavy machinery yard operates on the property adjacent to the north of his property, allegedly without the corresponding municipal permits, generating noise and pollution that affects his health, that of his family, and that of other neighbors, several of whom are older adults, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
The petitioner is warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Files before the Judiciary," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The amparo action is granted. DONALD ALBERTO QUESADA RODRÍGUEZ, in his capacity as mayor of the MUNICIPALITY OF GRECIA, or whoever holds such office, is ordered, within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, to adopt, effectively and with due documentation, the necessary actions to fully resolve the complaint filed by the petitioner, supervise the activity verified on the indicated property, and communicate to the petitioner, through a suitable means, the result of the proceedings carried out. It is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo action, and fails to carry it out or have it carried out, provided the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipality of Grecia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that served as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the administrative contentious judgment. Judge Castillo Víquez adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note. Notify. - Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
FILE No. 26-009616-0007-CO Telephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección04, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 26-009616-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE GRECIA.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por un predio de camiones y maquinaria pesada que genera ruido y contaminación, la cual presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable y pone en riesgo la integridad del recurrente, la de su familia y la de otros vecinos -varios de ellos adultos mayores-. Atendiendo a la naturaleza de la temática que trata la gestión, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de la denuncia planteada. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
El recurrente -persona adulta mayor- interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Grecia debido a la falta de atención a una denuncia presentada el 15 de diciembre de 2025. En dicha gestión, indicó que en la propiedad colindante al norte de su inmueble funciona un predio de camiones y maquinaria pesada, presuntamente sin los permisos municipales correspondientes, lo que genera ruido y contaminación que afecta su salud, la de su familia y la de otros vecinos, varios de ellos adultos mayores. Señala que, pese al tiempo transcurrido, la municipalidad no ha atendido su queja.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:
ÚNICO. Que el gobierno local recurrido clausura el establecimiento ubicado en la finca 639663.
Del elenco de hechos probados se desprende que el recurrente formuló denuncia desde el 15 de diciembre de 2025 por el funcionamiento de un predio de camiones y maquinaria pesada en las inmediaciones de su propiedad, actividad que, según logró determinar la propia corporación municipal mediante estudio técnico, análisis de fotografía aérea, visitas de campo y el oficio PAT-086-2026, se desarrollaba realmente en la finca colindante Dirección03 y carecía de Licencia Municipal de Funcionamiento. De ese modo, el propio informe rendido bajo juramento acredita no solo la existencia de una gestión concreta del amparado, sino también que la municipalidad recurrida verificó una actividad presuntamente irregular dentro de su jurisdicción territorial, con eventual incidencia en los derechos fundamentales a la salud, al ambiente sano y a la tranquilidad de los vecinos. En ese contexto, la controversia no gira en torno a si la autoridad recurrida tenía o no competencia para intervenir, sino, precisamente, sobre la suficiencia, eficacia y acreditación de las actuaciones que afirma haber desplegado.
La Sala ha sostenido de manera reiterada que las municipalidades, en su condición de gobiernos locales no son simples receptoras pasivas de denuncias vecinales, sino órganos constitucionalmente llamados a administrar los intereses y servicios locales, lo que comprende la vigilancia, control y corrección de actividades que se desarrollan en el cantón cuando estas carecen de habilitación municipal o afectan bienes jurídicos de relevancia constitucional. Esa obligación deriva, en primer término del artículo 169 de la Constitución Política que coloca en cabeza del gobierno municipal la administración de los intereses y servicios locales; del artículo 3 del Código Municipal, que reafirma que el gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales están a cargo del gobierno municipal y del régimen legal relativo a licencias y patentes, conforme al cual corresponde a la municipalidad establecer y fiscalizar las condiciones bajo las cuales se ejercen actividades lucrativas en su territorio. A ello se añade el artículo 50 constitucional, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y obliga al Estado —incluidas, por supuesto las municipalidades dentro del ámbito de sus competencias— a garantizar, defender y preservar ese derecho.
Junto a ese deber material de fiscalización, pesa sobre la Administración el deber correlativo de atender, tramitar y resolver las denuncias sometidas a su conocimiento dentro de un plazo razonable y con actuaciones reales, útiles y verificables. Ello encuentra fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política, que consagra el derecho a una justicia pronta y cumplida, precepto que la jurisprudencia constitucional ha proyectado de forma constante sobre la actividad administrativa, particularmente cuando se trata de reclamos que involucran ambiente, salubridad, ordenamiento local o ejercicio irregular de actividades sujetas a control municipal. En esa línea, la Sala ha reconocido el deber de las municipalidades de ejecutar acciones céleres y eficaces frente a las necesidades de la comunidad y de resolver las denuncias administrativas sin dilaciones indebidas, especialmente cuando la omisión puede traducirse en una prolongación del riesgo o de la afectación denunciada.
Bajo ese marco normativo y jurisprudencial, este Tribunal estima que el recurso debe declararse con lugar. Si bien la autoridad recurrida afirma en su informe que, una vez corroborada la falta de patente, “se procedió a la reinspección y clausura inmediata del establecimiento”, lo cierto es que tal actuación no consta acreditada en el acervo probatorio remitido a esta Sala. Es decir, no se aportó acta de clausura, orden administrativa, constancia de notificación, informe de ejecución material, prueba fotográfica oficial ni ningún otro documento idóneo que permita tener por demostrado que la medida fue efectivamente dictada y ejecutada. En sede de amparo, las manifestaciones de la Administración rendidas bajo juramento poseen relevancia, pero no desplazan la necesidad de respaldo documental cuando lo afirmado consiste en una actuación concreta y material cuya verificación resulta decisiva para determinar si cesó o no la lesión acusada. Cuando la propia defensa de la recurrida descansa en la alegación de un hecho posterior reparador, corresponde a esa autoridad acreditar de manera suficiente su realización. Al no haberlo hecho, no puede esta Sala tener por enervada la violación reclamada.
Tampoco desvirtúa lo anterior el alegato municipal relativo a que el recurrente no señaló un medio idóneo para notificaciones. Aun admitiendo que ello pudiera tener incidencia sobre la forma de comunicar ciertas actuaciones, no releva a la municipalidad de su deber principal de investigar la denuncia, adoptar las medidas de control que correspondan y dejar constancia fehaciente de ello. Menos aún cuando, según el propio informe, la Administración sí logró determinar técnicamente que la actividad denunciada se ejercía sin licencia municipal en una finca específica. En otras palabras, la eventual deficiencia en el señalamiento de un medio de notificación no puede convertirse en justificación válida para la persistencia de una situación irregular que la propia autoridad admite haber detectado dentro de su ámbito competencial. El núcleo del presente amparo no es, entonces, un mero problema de comunicación procesal, sino la permanencia de una inactividad administrativa materialmente relevante, traducida en la falta de acreditación de una respuesta efectiva frente a una actividad presuntamente clandestina con incidencia directa en la salud y el ambiente del amparado.
Importa subrayar, además, que el artículo 50 de la Constitución Política no protege el ambiente como una abstracción desligada de la persona, sino como presupuesto del bienestar, la salud y la dignidad humana; de ahí que la jurisprudencia constitucional haya insistido en la especial intensidad del deber estatal de prevención y tutela cuando existen denuncias por ruido, contaminación, afectación vecinal o explotación irregular de actividades económicas. Esa obligación se acentúa todavía más en un caso como el presente, en el que el recurrente se identifica como persona adulta mayor, condición que impone a las autoridades públicas un deber reforzado de protección, acorde también con el mandato constitucional de tutela especial a la persona adulta mayor. Desde esa óptica, la pasividad, tardanza o respuesta insuficientemente acreditada de la municipalidad no solo compromete el derecho a obtener una tutela administrativa efectiva, sino que puede proyectarse sobre los derechos a la salud y al ambiente sano del amparado.
Así las cosas, al constatarse: i) que la denuncia fue presentada desde diciembre de 2025; ii) que la propia municipalidad verificó que la actividad se desarrollaba sin licencia en una finca determinada y iii) que no existe prueba suficiente que acredite la efectiva clausura o la cesación de la actividad irregular denunciada, lo procedente es estimar que persiste la inactividad administrativa lesiva. En consecuencia, el recurso debe acogerse, a fin de ordenar a la Municipalidad de Grecia que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, adopte de manera eficaz y debidamente documentada las actuaciones necesarias para resolver de fondo la denuncia planteada por el recurrente, fiscalizar la actividad constatada en la finca indicada y comunicarle, por medio idóneo, el resultado de las gestiones realizadas. Solo de esa forma se satisface el estándar constitucional de tutela efectiva que pesa sobre los gobiernos locales en la protección de los intereses y servicios cantonales, así como del derecho fundamental a un ambiente sano y a la salud.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que en la propiedad colindante al norte de su inmueble funciona un predio de camiones y maquinaria pesada, presuntamente sin los permisos municipales correspondientes, lo que genera ruido y contaminación que afecta su salud, la de su familia y la de otros vecinos, varios de ellos adultos mayores, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a DONALD ALBERTO QUESADA RODRÍGUEZ en su condición de alcalde de la MUNICIPALIDAD DE GRECIA, o a quien ocupe tal cargo, que en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, adopte de manera eficaz y debidamente documentada las actuaciones necesarias para resolver de fondo la denuncia planteada por el recurrente, fiscalizar la actividad constatada en la finca indicada y comunicarle, por medio idóneo, el resultado de las gestiones realizadas al recurrente. Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Grecia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a la presente declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. El magistrado Castillo Víquez suscribe nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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