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Res. 14226-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/04/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Court granted the amparo and ordered the hospital to perform the biopsy and urological evaluation within a maximum of one month.La Sala Constitucional declara con lugar el recurso y ordena al hospital realizar la biopsia y valoración urológica en el plazo máximo de un mes.
SummaryResumen
The Constitutional Court granted an amparo filed by a 68-year-old man with prostate problems against the Dr. Tony Facio Castro Hospital. The petitioner claimed he was given an appointment for urological assessment on November 30, 2026—a deadline he considered disproportionate and a violation of his right to health as an older adult. The Court held that subjecting an older adult patient to a wait of more than one month for medical care is excessive and unreasonable. Although during the proceedings the hospital rescheduled a biopsy for September 2026, the Court found that deadline still disproportionate. It ordered that the biopsy and required urological evaluation be carried out within one month. The decision reaffirms the CCSS's obligation to provide efficient, continuous, and patient-adapted health services, especially for vulnerable populations, and ordered the institution to pay costs and damages.La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo interpuesto por un hombre de 68 años con problemas de próstata contra el Hospital Dr. Tony Facio Castro. El recurrente denunció que se le asignó cita de valoración en urología para el 30 de noviembre de 2026, un plazo que consideró desproporcionado y violatorio de su derecho a la salud como adulto mayor. El Tribunal determinó que someter a un paciente adulto mayor a una espera de más de un mes para recibir atención médica es excesivo e irrazonable. Aunque durante el proceso el hospital reprogramó una biopsia para septiembre de 2026, la Sala consideró que ese plazo seguía siendo desproporcionado. En consecuencia, ordenó que en el plazo máximo de un mes se realicen la biopsia y la valoración urológica requeridas. La sentencia reitera la obligación de la CCSS de prestar servicios de salud eficientes, continuos y adaptados a las necesidades de los pacientes, especialmente de poblaciones vulnerables, y condena a la institución al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
In the present case, this Constitutional Court, in accordance with the evidence on file and the sworn report submitted by the respondent authorities, finds that the petitioner is correct in his claim. This is because it has been proven that, on the date this amparo was filed (March 17, 2026), the petitioner was required to wait approximately eight months to be assessed in the Urology Service of the Dr. Tony Facio Castro Hospital, given that his appointment for such care was scheduled for November 30, 2026. In this Court's view, the waiting period imposed on the petitioner is clearly excessive and unreasonable for providing an insured person with the medical care and treatment he requires, especially in this case where it is established that he is an older adult—a population that, in the opinion of this Constitutional Court, should not wait more than one month to receive the medical care they need (see judgment no. 2018020332 at 9:30 a.m. on December 5, 2018). Along the same lines, it is necessary to point out that the Administration must promptly and timely take the necessary actions to safeguard not only the health and life of its users, but also a better quality of life. Subjecting a patient to uncertainty about a firm date for medical care, an exam, or a procedure, or to a disproportionate deadline, is contrary not only to the principles outlined in the previous paragraph that govern the provision of health services, but also imposes aggravating circumstances that certainly affect their quality of life.En el presente asunto, este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, estima que lleva razón el recurrente en su alegato. Lo anterior, por cuanto se tiene por demostrado que, para el día de formulado el presente amparo (17 de marzo de 2026), el petente debía de esperar aproximadamente ocho meses, para ser valorado en el Servicio de Urología del Hospital Dr. Tony Facio Castro, habida cuenta que la cita para dicha atención le fue programada para el 30 de noviembre de 2026. Dicho plazo de espera al que ha sido sometido el accionante, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere, sobre todo en este caso donde consta que se trata de una persona adulto mayor, población que, en criterio de este Tribunal Constitucional, no debe esperar más de un mes para recibir la atención médica que requiere (ver sentencia no. 2018020332 de las 9:30 horas del 5 de diciembre de 2018). En ese mismo orden de consideraciones resulta menester apuntar que la Administración debe realizar, de manera pronta y oportuna, las acciones necesarias para resguardar, no solo la salud y vida de sus usuarios, sino además una mejor calidad de vida. Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios indicados en el considerando anterior que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida.
Pull quotesCitas destacadas
"Dicho plazo de espera al que ha sido sometido el accionante, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere, sobre todo en este caso donde consta que se trata de una persona adulto mayor, población que, en criterio de este Tribunal Constitucional, no debe esperar más de un mes para recibir la atención médica que requiere."
"The waiting period imposed on the petitioner is clearly excessive and unreasonable for providing an insured person with the medical care and treatment he requires, especially in this case where it is established that he is an older adult—a population that, in the opinion of this Constitutional Court, should not wait more than one month to receive the medical care they need."
Considerando V
"Dicho plazo de espera al que ha sido sometido el accionante, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere, sobre todo en este caso donde consta que se trata de una persona adulto mayor, población que, en criterio de este Tribunal Constitucional, no debe esperar más de un mes para recibir la atención médica que requiere."
Considerando V
"Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."
"Public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, especially those who require immediate and urgent medical care. Neither a lack of human and material resources nor other similar circumstances are legally valid arguments to exempt them from fulfilling this obligation."
Considerando IV
"Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación."
Considerando IV
"Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las 'listas de espera' para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."
"The heads of Clinics and Hospitals may not invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of 'waiting lists' for surgical interventions and certain specialized exams, or the lack of financial, human, and technical resources, because it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and prompt manner."
Considerando IV
"Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las 'listas de espera' para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
EV Document Generation Template: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj Case File: 26-009550-0007-CO Resolution No. 2026014226 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours forty minutes on the twenty-second of April, two thousand twenty-six.
Amparo action filed by Nombre01, identity card no. CED01, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Whereas:
Drafted by Judge Araya García; and,
Considering:
I.Object of the appeal. The petitioner alleges that he is an older adult person, who suffers from prostate-related problems. He indicates that the authorities of the Hospital Dr. Tony Facio Castro assigned him an evaluation appointment in the Urology Service for November 30, 2026, a timeframe he considers disproportionate, unreasonable, and therefore, violative of his right to health.
III.Regarding the right to health of older adults. The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that article of the political charter, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other health care units of the Caja Costarricense del Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence. Thus, Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the right of every person to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, therefore the State and its Institutions have the obligation to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health police powers.
This translates into the duty of prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure access to health services, under equal conditions, for all persons. In addition to this, the provisions of the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons are relevant, which, in Article 3, subsection k), establishes good treatment and preferential care as a general principle. In congruence with the previous article, Article 19 of the Convention states in its first subsection that States shall ensure preferential care and universal, equitable, and timely access to quality comprehensive health services based on primary care, and utilize traditional, alternative, and complementary medicine, in accordance with national legislation and customs and practices. Likewise, subsection m) of the same article stipulates that the availability and access to medicines recognized as essential by the World Health Organization shall be guaranteed to the older person, including controlled medications necessary for palliative care.
Additionally, Article 6 of the aforementioned Convention indicates that States have the obligation to adopt the necessary measures to guarantee older adults an effective enjoyment of the right to life and the right to live with dignity in old age until the end of their days, and on equal terms with other sectors of the population. This obligation also entails taking measures so that older persons have non-discriminatory access to comprehensive care.
IV.Regarding the principles of efficiency, efficacy, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients, and above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from compliance with such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social have the duty to adopt and implement organizational changes, to hire the required medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment needed to provide efficient, effective, and prompt services. The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of "waiting lists" for surgical interventions and the application of certain specialized examinations, or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and expeditious manner.
The heads of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of the Hospitals and Clinics belonging to them have the duty, and consequently are personally responsible – in the terms of Article 199 and following of the General Law of Public Administration –, to adopt and implement all administrative and organizational measures and provisions to definitively put an end to the late provision – which, on occasions, becomes omission-based due to its consequences – of health services, a situation that constitutes, by all lights, an unequivocal lack of service that may give rise to the patrimonial administrative liability of that entity for the anti-juridical injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 and following of the General Law of Public Administration).
V.Regarding the specific case. In the present matter, this Constitutional Tribunal, in accordance with the evidence added to the case file, as well as the report rendered under oath by the respondent authorities, finds that the petitioner's claim holds merit.
The foregoing, because it is proven that, as of the day this amparo was filed (March 17, 2026), the petitioner had to wait approximately eight months to be evaluated in the Urology Service of the Hospital Dr. Tony Facio Castro, given that the appointment for said care was scheduled for November 30, 2026. This waiting period to which the claimant has been subjected, in the opinion of this Chamber, clearly becomes excessive and unreasonable for an insured person to be provided the medical care and treatment they require, especially in this case where it is evident that it concerns an older adult person, a population that, in the judgment of this Constitutional Tribunal, should not wait more than one month to receive the medical care they require (see ruling no. 2018020332 of 9:30 a.m. on December 5, 2018).
In that same order of considerations, it is necessary to point out that the Administration must carry out, in a prompt and timely manner, the necessary actions to safeguard, not only the health and life of its users, but also a better quality of life. Subjecting a patient to the uncertainty of a definitive date for medical care, the performance of an examination or a procedure, or else to a disproportionate timeframe, is contrary not only to the principles indicated in the previous considering section that must govern the provision of health services, but also imposes aggravating circumstances that certainly affect their quality of life. All this generates a state of constant uncertainty about the moment when such actions may be carried out, as well as questions about their timeliness for addressing the pathology the patient presents.
Under such a state of affairs, this Chamber finds that, in the present case, the petitioner's right to health enshrined in Article 21 of the Political Constitution has been violated.
Now, it is worth noting that, as a result of the notification of the resolution admitting this amparo, the authorities of the Hospital Dr. Tony Facio Castro rescheduled the petitioner an appointment for the biopsy procedure for September 22, 2026, and a priority evaluation appointment for November 30, 2026; however, in the judgment of this Tribunal, the waiting periods to which the petitioner continues to be subjected are unreasonable, since, as stated, this is an older adult person. Consequently, the examination and evaluation in question must be performed for the petitioner within the timeframe indicated in the operative part of this judgment.
VI.Corollary. By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant this amparo, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.
VII.Note by Judge Rueda Leal. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists at the Caja Costarricense de Seguro Social are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of proceeding has seen an exponential increase, as this Tribunal's statistics demonstrate.
Number of health case files admitted to the Constitutional Chamber:
| Year | Quantity in health |
|---|---|
| 2012 | 1745 |
| 2013 | 1891 |
| 2014 | 2710 |
| 2015 | 3725 |
| 2016 | 4865 |
| 2017 | 5682 |
| 2018 | 6932 |
| 2019 | 7623 |
| 2020 | 5912 |
| 2021 | 7796 |
| 2022 | 8310 |
| 2023 | 12845 |
| 2024 | 15300 |
| 2025 | 17252 |
From the table above it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in cases admitted for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 stands out, when this area reached 43.21% of the Tribunal's caseload.
Of those matters, a good number correspond to waiting lists. Regarding the foregoing, this Tribunal, in ruling no. 2019-005560 of 09:30 a.m. on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Caja Costarricense de Seguro Social of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the above, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of said ruling, of an integrated management system for the purpose of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Caja Costarricense de Seguro Social itself in its report rendered in case file no. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist physicians, equipment needs and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism at appointments in various medical centers of the respondent institution, among others.
In the cited integrated management system project, reasonable waiting periods must be defined by pathology or related diagnosis groups according to symptomatology, level of urgency, and patient conditions, as well as the objective criteria to determine the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, persons in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be guided according to the constitutional principles of public service: efficiency, efficacy, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the vote in question intends that the Caja Costarricense de Seguro Social – within the framework of its constitutional and legal competencies – take the necessary measures to mitigate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.
In addition to this, for the purpose of monitoring compliance with the referred ruling, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Defensoría de los Habitantes to assist with the monitoring of the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Caja Costarricense to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it originates from the entity itself, not just from the Chamber's resolutions.
VIII.Documentation provided to the case file. The party is warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session no. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session no. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is granted. Daver Vidal Romero, in his capacity as General Director or whoever holds the position, as well as the Head of the Urology Service, both of the Hospital Dr. Tony Facio Castro, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the biopsy and the evaluation required in the Urology Service of the respondent hospital are performed for the petitioner. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of the judgment of the administrative contentious court. Judge Rueda Leal adds a note. Notify.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE NO. 26-009550-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).
EV Generación de Machote: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta minutos del veintidos de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad no. CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Alega el recurrente que es una persona adulto mayor, quien padece de problemas relacionados con la próstata. Señala que las autoridades del Hospital Dr. Tony Facio Castro le asignaron cita de valoración en el Servicio de Urología para el 30 de noviembre de 2026, plazo que estima desproporcionado, irrazonable y por ende, violatorio a su derecho a la salud.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.Sobre el derecho a la salud de las personas adultas mayores. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
De esta forma, el artículo 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus Instituciones tienen la obligación de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Esto se traduce en el deber de la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que asegure el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad, para todas las personas. Sumado a esto, resulta de relevancia lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual, en el artículo 3, inciso k), establece como un principio general el buen trato y la atención preferencial.
En congruencia con el artículo anterior, el numeral 19 de la Convención enuncia en su primer inciso, que los Estados deberán asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y los usos y costumbres. Igualmente, en el inciso m) del mismo artículo, se estipula que se deberá garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos. Adicionalmente, el artículo 6 de la precitada Convención, indica que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar a las personas adultas mayores, un efectivo goce del derecho a la vida y al derecho de vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, y en igual de condiciones con los demás sectores de la población. Esta obligación, además, conlleva la toma de medidas para que las personas mayores tengan un acceso no discriminatorio a cuidados integrales.
IV.En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas.
Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
V.Sobre el caso concreto. En el presente asunto, este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, estima que lleva razón el recurrente en su alegato.
Lo anterior, por cuanto se tiene por demostrado que, para el día de formulado el presente amparo (17 de marzo de 2026), el petente debía de esperar aproximadamente ocho meses, para ser valorado en el Servicio de Urología del Hospital Dr. Tony Facio Castro, habida cuenta que la cita para dicha atención le fue programada para el 30 de noviembre de 2026. Dicho plazo de espera al que ha sido sometido el accionante, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere, sobre todo en este caso donde consta que se trata de una persona adulto mayor, población que, en criterio de este Tribunal Constitucional, no debe esperar más de un mes para recibir la atención médica que requiere (ver sentencia no. 2018020332 de las 9:30 horas del 5 de diciembre de 2018).
En ese mismo orden de consideraciones resulta menester apuntar que la Administración debe realizar, de manera pronta y oportuna, las acciones necesarias para resguardar, no solo la salud y vida de sus usuarios, sino además una mejor calidad de vida. Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios indicados en el considerando anterior que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida. Todo esto genera un estado de pendencia constante sobre el momento en que tales actuaciones pueden ser realizadas, así como cuestionamientos sobre su oportunidad para el abordaje de la patología que presente el paciente.
Bajo tal estado de cosas, esta Sala estima que, en la especie, se ha quebrantado el derecho a la salud del recurrente consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política.
Ahora bien, cabe indicar que, con motivo de la notificación de la resolución de curso de este amparo, las autoridades del Hospital Dr. Tony Facio Castro le reprogramaron al petente cita para la toma de la biopsia para el 22 de setiembre 2026, y cita para de valoración prioritaria para el 30 de noviembre 2026; sin embargo, en criterio de este Tribunal los plazos de espera a los que sigue siendo sometido el petente son irrazonables, ya que, como se dijo, se trata de una persona adulto mayor. Por consiguiente, al recurrente se le deberá realizaron el examen y la valoración en cuestión en el plazo señalado en la parte dispositiva de la presente sentencia.
VI.Corolario. En mérito de lo expuesto, se impone acoger el presente amparo, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.
VII.Nota del Magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.
Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
Año Cantidad en salud 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.
De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.
En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.
Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.
VIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión no. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial no. 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión no. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daver Vidal Romero, en su condición de Director General o a quien ocupe el cargo, así como al Jefe del Servicio de Urología, ambos del Hospital Dr. Tony Facio Castro, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de UN MES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, al recurrente se le realice la biopsia y la valoración que requiere en el Servicio de Urología del hospital recurrido. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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