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Res. 13746-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/04/2026

Amparo regarding surgical waitlist and against-medical-advice dischargeAmparo por lista de espera quirúrgica y salida exigida

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted due to unreasonable delay in gallbladder surgery, ordering it within three months and awarding costs and damages against the CCSS.Se declara con lugar el amparo por la dilación irrazonable en la cirugía de vesícula, ordenando su realización en un plazo máximo de tres meses, con condena en costas, daños y perjuicios contra la CCSS.

SummaryResumen

A patient with cholelithiasis brought an amparo due to the delay in her gallbladder surgery, scheduled since September 2025 with low priority. The Constitutional Chamber noted she had an urgent surgery opportunity in June 2025 but left against medical advice (salida exigida), and in later visits she absconded before completing evaluations. Even though the surgery was no longer urgent, the over-seven-month wait was deemed unreasonable, harmful to the right to health, and contrary to public service efficiency, exacerbated by the patient's unbearable pain. The amparo is granted, ordering the surgery within three months and awarding costs and damages against the CCSS. Separate opinions clarify the order should not displace priority patients and highlight the repeated violation of health rights through waitlists, referencing a prior ruling that ordered the CCSS to implement an integrated management system to address structural causes. The hospital authority that failed to submit a report had the facts deemed admitted against them.Una paciente con colelitiasis solicitó amparo por la demora en su cirugía de vesícula, programada desde septiembre de 2025 con prioridad baja. La Sala Constitucional analizó que tuvo una oportunidad de cirugía urgente en junio de 2025, pero solicitó salida exigida, y en visitas posteriores se fugó antes de completar valoraciones. Aunque la cirugía ya no era de urgencia, el plazo de más de siete meses de espera se consideró irrazonable, lesivo del derecho a la salud y opuesto a la eficiencia del servicio público, agravado por el dolor insoportable que sufre la paciente. Se declara con lugar el amparo y se ordena realizar la cirugía en un plazo máximo de tres meses, condenando a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios. Se incluyen notas separadas sobre la aplicación de la orden sin desplazar a pacientes prioritarios y sobre la reiterada violación del derecho a la salud por listas de espera, citando una sentencia previa que ordenó a la CCSS un sistema de gestión integrado para atender las causas estructurales del problema. La autoridad hospitalaria que no rindió informe tuvo por ciertos los hechos en su contra.

Key excerptExtracto clave

VI.- On the specific case. From the established facts it appears that on June 21, 2025, the plaintiff was treated in the Emergency Department of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(...) it is documented that she presents cholelithiasis in addition to signs of cholecystitis (gallbladder inflammation). At that time, the medical indication is given that the patient must be admitted to start antibiotics and subsequently, during the same hospitalization, the gallbladder surgery would be performed. This indication does not mean that the patient is placed on any waiting list, since by medical criteria, she must be operated on during that same hospitalization. Faced with this indication, the patient decides unilaterally to leave the hospital, requesting discharge against medical advice assuming responsibility for her state of health (...) the record documents that the patient was effectively told she would remain in the Emergency Department waiting to be urgently scheduled for the gallbladder surgery that at that time was considered necessary. According to the notes, however, the patient requested “discharge against medical advice” (...)” (sic) (as recorded in the report given under oath, added to the digital file). On July 3 and 7, as well as on August 31, 2025, the plaintiff went to the Emergency Department of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia but absconded before completing the medical evaluations and indications. VII.- Now, on September 9, 2025, the plaintiff was evaluated by a Surgeon in the General Surgery Outpatient Clinic of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(...) at that time, she was without acute pain, so given the ultrasound finding of gallstones (cholelithiasis), she is sent to the waiting list for cholecystectomy, but with LOW priority (...) The moment when it was considered an emergency has already passed (...)” (sic) (as recorded in the report given under oath, added to the digital file). There is no certain date within a reasonable period to carry out the operation. Undoubtedly, the waiting period of more than 7 months, elapsed since September 9, 2025, is unreasonable, harmful to the right to health, as well as contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public health services, especially taking into account that the plaintiff currently suffers unbearable pain. Thus, even though the operation is no longer urgent, this Constitutional Chamber must still intervene. VIII.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is necessary to grant the amparo, with the consequences specified in the operative part of the judgment.VI.- Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que el 21 de junio de 2025, la tutelada fue atendida en el Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(...) se documenta que presenta colelitiasis además de datos de colecistitis (inflamación de la vesícula). En ese momento, se da la indicación médica de que la paciente debe ingresarse para iniciar antibióticos y posteriormente, durante el mismo internamiento, se realizaría la cirugía de vesícula. Esta indicación no significa que la paciente ingresa a ninguna lista de espera, ya que por criterio médico, se debe operar durante ese mismo internamiento. Ante esta indicación, la paciente decide de forma unilateral irse del hospital, solicitando salida exigida asumiendo la responsabilidad sobre su estado de salud (...) en el expediente se documenta que efectivamente a la paciente se le indicó que se iba a mantener en el Servicio de Emergencias en espera para programársele en forma urgente la cirugía de vesícula que en ese momento se consideró que requería. Según las notas, sin embargo, la paciente solicitó la “salida exigida” (...)” (sic) (así se consignó en el informe rendido bajo juramento, agregado al expediente digital). El 3 y 7 de julio, así como el 31 de agosto de 2025, la amparada acudió al Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, pero se fugó antes de completar las valoraciones e indicaciones médicas. VII.- Ahora bien, el 9 de setiembre de 2025, la tutelada fue valorada por un Cirujano en Consulta Externa de Cirugía General del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(...) en ese momento, cursa sin dolor agudo, por lo que ante el hallazgo de ultrasonido de pierdas en la vesícula (colelitiasis), se envía a lista de espera para colecistectomía, pero con prioridad BAJA (...) El momento en que fue considerada emergencia, ya pasó (...)” (sic) (así se consignó en el informe rendido bajo juramento, agregado al expediente digital). No existe una fecha cierta dentro de un plazo proporcionado para llevar a cabo la operación. Sin duda alguna el plazo de espera de más de 7 meses, transcurrido desde el 9 de setiembre de 2025, es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales, sobre todo si se toma en cuenta que la amparada actualmente sufre dolor insoportable. Así las cosas, aunque la operación ya no sea de urgencia, igual esta Sala Constitucional debe intervenir. VIII.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso de amparo, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de la sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Sin duda alguna el plazo de espera de más de 7 meses, transcurrido desde el 9 de setiembre de 2025, es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales, sobre todo si se toma en cuenta que la amparada actualmente sufre dolor insoportable."

    "Undoubtedly, the waiting period of more than 7 months, elapsed since September 9, 2025, is unreasonable, harmful to the right to health, as well as contrary to the principles of efficiency and effectiveness in the provision of public health services, especially taking into account that the plaintiff currently suffers unbearable pain."

    Considerando VII

  • "Sin duda alguna el plazo de espera de más de 7 meses, transcurrido desde el 9 de setiembre de 2025, es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales, sobre todo si se toma en cuenta que la amparada actualmente sufre dolor insoportable."

    Considerando VII

  • "Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."

    "Clinic and hospital directors cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of “waiting lists” for surgical interventions and certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and expeditiously."

    Considerando V

  • "Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere."

    Considerando V

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-first of April of two thousand twenty-six.

Amparo action filed by Nombre01, identity card CED02, on behalf of Nombre02, identity card CED01, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, CCSS).

Whereas:

  1. 1By means of the filing added to the digital case file at 10:53 hours on March 20, 2026, Nombre03 filed an amparo action on behalf of Nombre02, against the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. The petitioner asserted that on September 9, 2025, the protected person was placed on a waiting list to undergo a surgery, of an urgent nature, prescribed at the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. She claimed that there is no certain date within a reasonable timeframe to carry out the operation. She stated that the patient suffers unbearable pain. She requested that the action be granted.
  2. 2By means of the order issued at 10:24 hours on March 30, 2026, the amparo action was admitted, and notice was given to the Director General, the Head of the Surgery Department, and the Head of the Emergency Department, all of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
  3. 3By means of the filing added to the digital case file at 11:47 hours on April 7, 2026, Tania Jiménez Umaña and Carolina Jiménez Jiménez, Director General, and Head of the General Surgery Department, respectively, all of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, reported: “(…) the patient is on a waiting list for surgery for cholelithiasis (colelitiasis), with a date of 09/09/2025. Currently, the department is resolving surgeries based on the chronological and priority order of the waiting list, addressing the oldest cases, in addition to the highest priority cases such as patients admitted through the emergency room and patients with cancer (…) the case of this patient involves surgery for a benign condition, which was also classified as LOW priority by the surgeon in charge (…) The EDUS file is reviewed, and the patient was indeed assessed in the emergency room on 06/21/2025, where it is documented that she presents cholelithiasis (colelitiasis) along with signs of cholecystitis (colecistitis) (inflammation of the gallbladder).At that time, the medical indication was given that the patient should be admitted to start antibiotics and subsequently, during the same hospitalization, the gallbladder surgery would be performed. This indication does not mean the patient is placed on any waiting list, as by medical criteria, she must be operated on during that same hospitalization. Given this indication, the patient unilaterally decided to leave the hospital, requesting a discharge against medical advice (salida exigida) and assuming responsibility for her health condition. After this, 3 more consultations are documented at the HCG emergency department (07/03/2025, 07/07/2025, and 08/31/2025), in which she consulted for pain on all occasions; however, all 3 times she left the hospital before completing the assessments and medical indications. On 09/09/2025, an assessment by the Surgeon in the General Surgery Outpatient Clinic is finally documented, at which time she presented without acute pain, therefore, given the ultrasound finding of stones in the gallbladder (cholelithiasis) (colelitiasis), she is sent to the waiting list for cholecystectomy, but with LOW priority.If the patient had followed medical indications from the beginning, she would already have been operated on and resolved by now. The moment when she was considered an emergency has passed. From a medical point of view, at this time, there is no prioritization criterion that justifies operating on this patient ahead of emergencies, patients with malignant disease, and the other patients who are ahead of her on the waiting list. Dr. Donald Corella Elizondo, Head of the Emergency Department, mentions that the file was reviewed with the general file consultant profile of patient Nombre02, identity card CED01, and in view of this, it is documented that: The patient has had multiple consultations in the Emergency Department for biliary tract pathology conditions. Below is a list of the consultations and the discharge condition that has been documented therein (…) Among the consultations listed in the Chamber's resolution, that of January 24, 2026, it is documented that the patient was found to be ABSENT.During the consultations from June 20 to 23, 2025, the file documents that the patient was indeed told she would be kept in the Emergency Department awaiting urgent scheduling of the gallbladder surgery that was considered necessary at that time. According to the notes, however, the patient requested a “discharge against medical advice (salida exigida)” (…)” (sic).
  4. 4By means of the document added to the digital case file at 11:43 hours on April 14, 2026, the Secretariat of the Constitutional Chamber certified that it does not appear that, from March 30 to April 13, 2026, the Head of the Emergency Department of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia filed any filing or document to render the report ordered from him.
  5. 5In the proceedings followed, the legal requirements have been met.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.Subject of the action. The petitioner asserted that on September 9, 2025, the protected person was placed on a waiting list to undergo a surgery, of an urgent nature, prescribed at the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. She claimed that there is no certain date within a reasonable timeframe to carry out the operation.

II.Preliminary matter. The Head of the Emergency Department of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia omitted to render the report ordered from him, for which reason, in application of Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the facts were taken as true with regard to said official, and the amparo action is resolved based on the evidence in the case file.

III. Proven facts. The following facts are deemed duly demonstrated as relevant to the decision in this matter

1. The protected person is 31 years old (see the Civil Registry database).

2. On June 21, 2025, the protected person was treated in the Emergency Department of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(…) it is documented that she presents cholelithiasis (colelitiasis) along with signs of cholecystitis (colecistitis) (inflammation of the gallbladder). At that time, the medical indication was given that the patient should be admitted to start antibiotics and subsequently, during the same hospitalization, the gallbladder surgery would be performed. This indication does not mean the patient is placed on any waiting list, as by medical criteria, she must be operated on during that same hospitalization. Given this indication, the patient unilaterally decided to leave the hospital, requesting a discharge against medical advice (salida exigida) and assuming responsibility for her health condition (…) the file documents that the patient was indeed told she would be kept in the Emergency Department awaiting urgent scheduling of the gallbladder surgery that was considered necessary at that time. According to the notes, however, the patient requested a “discharge against medical advice (salida exigida)” (…)” (sic) (see the report rendered under oath, added to the digital case file).

3. On July 3 and 7, as well as August 31, 2025, the protected person went to the Emergency Department of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, but she left before completing the assessments and medical indications (see the report rendered under oath, added to the digital case file).

4. On September 9, 2025, the protected person was assessed by a Surgeon in the General Surgery Outpatient Clinic of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(…) at that time, she presented without acute pain, therefore, given the ultrasound finding of stones in the gallbladder (cholelithiasis) (colelitiasis), she is sent to the waiting list for cholecystectomy, but with LOW priority (…) The moment when she was considered an emergency has passed (…)” (sic) (see the report rendered under oath, added to the digital case file).

5. There is no certain date within a reasonable timeframe to carry out the operation (an undisputed fact).

6. The protected person currently suffers unbearable pain (an undisputed fact).

IV.On the fundamental right to health. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that same constitutional provision, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social) can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, organs, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.

V.Regarding the principles of efficiency, efficacy, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public organs and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical care, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) have the duty to adopt and implement organizational changes, hire medical or auxiliary personnel, and acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and prompt services. The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke the problem of "waiting lists" for surgical interventions and certain specialized tests or the lack of financial, human, and technical resources to justify deficient and precarious patient care, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and expeditiously.

The heads of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) and the Directors of its Hospitals and Clinics have the duty and, consequently, are personally responsible – in the terms of Article 199 et seq. of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) – for adopting and implementing all administrative and organizational provisions and measures to put a definitive stop to the delayed provision – which, on occasions, becomes an omission due to its consequences – of health services, a situation that clearly constitutes an unequivocal failure of service that may give rise to the administrative property liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 et seq. of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública)).

VI.On the specific case. From the statement of proven facts, it is clear that on June 21, 2025, the protected person was treated in the Emergency Department of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(…) it is documented that she presents cholelithiasis (colelitiasis) along with signs of cholecystitis (colecistitis) (inflammation of the gallbladder). At that time, the medical indication was given that the patient should be admitted to start antibiotics and subsequently, during the same hospitalization, the gallbladder surgery would be performed. This indication does not mean the patient is placed on any waiting list, as by medical criteria, she must be operated on during that same hospitalization. Given this indication, the patient unilaterally decided to leave the hospital, requesting a discharge against medical advice (salida exigida) and assuming responsibility for her health condition (…) the file documents that the patient was indeed told she would be kept in the Emergency Department awaiting urgent scheduling of the gallbladder surgery that was considered necessary at that time.

According to the notes, however, the patient requested a “discharge against medical advice (salida exigida)” (…)” (sic) (as recorded in the report rendered under oath, added to the digital case file). On July 3 and 7, as well as August 31, 2025, the protected person went to the Emergency Department of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, but she left before completing the assessments and medical indications.

VII.Now, on September 9, 2025, the protected person was assessed by a Surgeon in the General Surgery Outpatient Clinic of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(…) at that time, she presented without acute pain, therefore, given the ultrasound finding of stones in the gallbladder (cholelithiasis) (colelitiasis), she is sent to the waiting list for cholecystectomy, but with LOW priority (…) The moment when she was considered an emergency has passed (…)” (sic) (as recorded in the report rendered under oath, added to the digital case file). There is no certain date within a reasonable timeframe to carry out the operation. Without a doubt, the waiting period of more than 7 months, elapsed since September 9, 2025, is unreasonable, injurious to the right to health, and contrary to the principles of efficiency and efficacy in the provision of public healthcare services, especially considering that the protected person currently suffers unbearable pain. Thus, even though the operation is no longer urgent, this Constitutional Chamber must still intervene.

VIII.Conclusion. Under this set of circumstances, it is necessary to grant the amparo action, with the consequences specified in the operative part of the judgment.

IX.Note by Magistrate Castillo Víquez and Magistrate Garro Vargas. Although in this case, we concur with our vote to grant the amparo action due to the delay in performing the surgery required by the protected party, the order provided in the operative part of this ruling, in the sense that she be operated on within the period established in the "Por tanto" (Therefore) section, shall apply provided it does not result in displacing another patient who requires a priority or urgent surgery because their life is in danger or serious harm to their health would be caused.

X.Note by Magistrate Rueda Leal. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of waiting lists at the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. This type of process has seen an exponential increase, as shown by the statistics of this Court.

Number of health case files submitted to the Constitutional Chamber:

YEARAMOUNT IN HEALTH
20121745
20131891
20142710
20153725
20164865
20175682
20186932
20197623
20205912
20217796
20228310
202312845
202415300
202517252

From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date, there has been a constant increase in matters filed for violation of the right to health. Likewise, the exacerbated increase in these matters during 2025 is notable, when this area reached 43.21% of the Court's active caseload.

Of these matters, a good number correspond to waiting lists. In this regard, this Court, in judgment No. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared a systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months from the notification of that ruling, of an integrated management system for the purposes of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, acknowledged by the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) itself in its report rendered in case file No. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the lack of specialist doctors, needs for equipment and increasing demand at the first level of care, patient absenteeism from appointments in various medical centers of the respondent institution, among others.

In the cited integrated management system project, reasonable waiting periods per pathology or related groups of diagnosis must be defined according to symptomatology, degree of urgency, and the patient's conditions, as well as objective criteria to determine the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the above, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a vulnerable state (older adults, indigenous persons, persons living in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, efficacy, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, with the aforementioned vote, the intention is for the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) – within the framework of its constitutional and legal powers – to take the required measures to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.

In addition to this, for the purpose of monitoring compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes) to assist with monitoring the execution of that resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it comes from the entity itself, not only from the Chamber's rulings.

XI.Documentation provided to the case file. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Electronic Case File Regulations for the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is granted. It is ordered that Tania Jiménez Umaña and Carolina Jiménez Jiménez, in their respective capacities as Director General and Head of the General Surgery Department, both of the Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, or whoever holds those positions in their stead, arrange everything necessary within the scope of their powers and coordinate what is pertinent so that, within a period of THREE MONTHS from the notification of this judgment, the surgery prescribed for the protected person is performed, subject to prior fulfillment of all medical requirements, as well as under the strict responsibility and supervision of her treating physician, provided that a change in the patient's circumstances does not require another type of care, and there is no objectively verified contraindication. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided the offense is not more severely punished.

The Costa Rican Social Security Fund (CCSS) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in an enforcement proceeding before the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez and Magistrate Garro Vargas record a note. Magistrate Rueda Leal records a note. Notify.

Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

CASE FILE No. 26-009913-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED01, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando:

  1. 1Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 10:53 horas de 20 de marzo de 2026, Nombre03 presentó un recurso de amparo a favor de Nombre02, en contra del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. La recurrente aseguró que el 9 de setiembre de 2025, la tutelada fue incluida en una lista de espera para practicarle una cirugía, de urgencia, prescrita en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Reclamó que no existe una fecha cierta dentro de un plazo proporcionado para llevar a cabo la operación. Refirió que la paciente sufre dolor insoportable. Solicitó que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Mediante el auto de las 10:24 horas de 30 de marzo de 2026, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado al Director General, al Jefe del Servicio de Cirugía y al Jefe del Servicios de Emergencias, todos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
  3. 3Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 11:47 horas de 7 de abril de 2026, Tania Jiménez Umaña y Carolina Jiménez Jiménez, Directora General, y Jefa del Servicio de Cirugía General, todos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, informaron: “(…) la paciente se encuentra en lista de espera para una cirugía por colelitiasis, con fecha 09/09/2025. Actualmente, el servicio se encuentra resolviendo las cirugías en base al orden cronológico y prioritario de la lista de espera, impactando los casos más antiguos, además de los casos más prioritarios como son los pacientes que ingresan por emergencias y los pacientes con cáncer (…) el caso de esta paciente, se trata de una cirugía por enfermedad benigna, que además fue calificada como prioridad BAJA por el cirujano a cargo (…) Se revisa expediente EDUS y efectivamente la paciente fue valorada en emergencias el día 21/06/2025 donde se documenta que presenta colelitiasis además de datos de colecistitis (inflamación de la vesícula).En ese momento, se da la indicación médica de que la paciente debe ingresarse para iniciar antibióticos y posteriormente, durante el mismo internamiento, se realizaría la cirugía de vesícula. Esta indicación no significa que la paciente ingresa a ninguna lista de espera, ya que por criterio médico, se debe operar durante ese mismo internamiento. Ante esta indicación, la paciente decide de forma unilateral irse del hospital, solicitando salida exigida asumiendo la responsabilidad sobre su estado de salud. Luego de esto, se documentan 3 consultas más al servicio de emergencias del HCG (03/07/2025, 07/07/2025 y 31/08/2025), en donde en todas consulta por dolor, sin embargo, las 3 veces se fuga del hospital antes de completar las valoraciones e indicaciones médicas. El día 09/09/2025, finalmente se documenta una valoración por el Cirujano en la Consulta Externa de Cirugía General, en donde en ese momento, cursa sin dolor agudo, por lo que ante el hallazgo de ultrasonido de pierdas en la vesícula (colelitiasis), se envía a lista de espera para colecistectomía, pero con prioridad BAJA.Si la paciente hubiese seguido las indicaciones médicas desde el inicio, para este momento ya estaría operada y resuelta. El momento en que fue considerada emergencia, ya pasó. Desde el punto de vista médico, en este momento, no hay criterio de priorización que justique que esta paciente se opere previo a las emergencias, a los pacientes con enfermedad maligna y a los otros pacientes que se encuentran antes que ella en lista de espera. Menciona el Dr. Donald Corella Elizondo, Jefe Servicio de Emergencias que se procede a revisar el expediente con el perfil de consultor de expediente general de la paciente Nombre02, cédula de identidad CED01, y a la vista de este se documenta que: La paciente ha tenido múltiples consultas en el Servicio de Emergencias por cuadros de patología de la vía biliar. A continuación, se realiza un listado de las atenciones y la condición de salida que se ha documentado en el mismo (…) Dentro de las atenciones que se enumeran en la resolución de la Sala, la de fecha 24 de enero 2026, se documenta que la paciente se encontró AUSENTE.Durante la atención de los días 20 al 23 de junio 2025, en el expediente se documenta que efectivamente a la paciente se le indicó que se iba a mantener en el Servicio de Emergencias en espera para programársele en forma urgente la cirugía de vesícula que en ese momento se consideró que requería. Según las notas, sin embargo, la paciente solicitó la “salida exigida” (…)” (sic).
  4. 4Por medio del documento agregado al expediente digital a las 11:43 horas de 14 de abril de 2026, la Secretaría de la Sala Constitucional hizo constar que no aparece que del 30 de marzo al 13 de abril de 2026, el Jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, haya presentado escrito o documento alguno para rendir el informe que se le ordenó.
  5. 5En los procedimientos seguidos se ha cumplido las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso. La recurrente aseguró que el 9 de setiembre de 2025, la tutelada fue incluida en una lista de espera para practicarle una cirugía, de urgencia, prescrita en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Reclamó que no existe una fecha cierta dentro de un plazo proporcionado para llevar a cabo la operación.

II.Cuestión preliminar. El (la) Jefe (a) del Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia omitió rendir el informe que se le ordenó, razón por la cual, en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tuvo por ciertos los hechos en lo que a dichos (as) funcionarios (as) atañe, y se resuelve el recurso de amparo a partir de los elementos de juicio que constan en el expediente.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1. La amparada tiene 31 años (ver la base de datos del Registro Civil).

2. El 21 de junio de 2025, la tutelada fue atendida en el Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(…) se documenta que presenta colelitiasis además de datos de colecistitis (inflamación de la vesícula). En ese momento, se da la indicación médica de que la paciente debe ingresarse para iniciar antibióticos y posteriormente, durante el mismo internamiento, se realizaría la cirugía de vesícula. Esta indicación no significa que la paciente ingresa a ninguna lista de espera, ya que por criterio médico, se debe operar durante ese mismo internamiento. Ante esta indicación, la paciente decide de forma unilateral irse del hospital, solicitando salida exigida asumiendo la responsabilidad sobre su estado de salud (…) en el expediente se documenta que efectivamente a la paciente se le indicó que se iba a mantener en el Servicio de Emergencias en espera para programársele en forma urgente la cirugía de vesícula que en ese momento se consideró que requería. Según las notas, sin embargo, la paciente solicitó la “salida exigida” (…)” (sic) (ver el informe rendido bajo juramento, agregado al expediente digital).

3. El 3 y 7 de julio, así como el 31 de agosto de 2025, la amparada acudió al Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, pero se fugó antes de completar las valoraciones e indicaciones médicas (ver el informe rendido bajo juramento, agregado al expediente digital).

4. El 9 de setiembre de 2025, la tutelada fue valorada por un Cirujano en Consulta Externa de Cirugía General del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(…) en ese momento, cursa sin dolor agudo, por lo que ante el hallazgo de ultrasonido de pierdas en la vesícula (colelitiasis), se envía a lista de espera para colecistectomía, pero con prioridad BAJA (…) El momento en que fue considerada emergencia, ya pasó (…)” (sic) (ver el informe rendido bajo juramento, agregado al expediente digital).

5. No existe una fecha cierta dentro de un plazo proporcionado para llevar a cabo la operación (hecho no controvertido).

6. La amparada, actualmente, sufre dolor insoportable (hecho no controvertido).

IV.Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

V.En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas.

Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).

VI.Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que el 21 de junio de 2025, la tutelada fue atendida en el Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(…) se documenta que presenta colelitiasis además de datos de colecistitis (inflamación de la vesícula). En ese momento, se da la indicación médica de que la paciente debe ingresarse para iniciar antibióticos y posteriormente, durante el mismo internamiento, se realizaría la cirugía de vesícula. Esta indicación no significa que la paciente ingresa a ninguna lista de espera, ya que por criterio médico, se debe operar durante ese mismo internamiento. Ante esta indicación, la paciente decide de forma unilateral irse del hospital, solicitando salida exigida asumiendo la responsabilidad sobre su estado de salud (…) en el expediente se documenta que efectivamente a la paciente se le indicó que se iba a mantener en el Servicio de Emergencias en espera para programársele en forma urgente la cirugía de vesícula que en ese momento se consideró que requería.

Según las notas, sin embargo, la paciente solicitó la “salida exigida” (…)” (sic) (así se consignó en el informe rendido bajo juramento, agregado al expediente digital). El 3 y 7 de julio, así como el 31 de agosto de 2025, la amparada acudió al Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, pero se fugó antes de completar las valoraciones e indicaciones médicas.

VII.Ahora bien, el 9 de setiembre de 2025, la tutelada fue valorada por un Cirujano en Consulta Externa de Cirugía General del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: “(…) en ese momento, cursa sin dolor agudo, por lo que ante el hallazgo de ultrasonido de pierdas en la vesícula (colelitiasis), se envía a lista de espera para colecistectomía, pero con prioridad BAJA (…) El momento en que fue considerada emergencia, ya pasó (…)” (sic) (así se consignó en el informe rendido bajo juramento, agregado al expediente digital). No existe una fecha cierta dentro de un plazo proporcionado para llevar a cabo la operación. Sin duda alguna el plazo de espera de más de 7 meses, transcurrido desde el 9 de setiembre de 2025, es irrazonable, lesivo del derecho a la salud, así como contrario a los principios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos asistenciales, sobre todo si se toma en cuenta que la amparada actualmente sufre dolor insoportable. Así las cosas, aunque la operación ya no sea de urgencia, igual esta Sala Constitucional debe intervenir.

VIII.Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso de amparo, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de la sentencia.

IX.Nota del magistrado Castillo Víquez y de la magistrada Garro Vargas. Si bien en este caso concurrimos con nuestro voto a declarar con lugar el recurso de amparo por la dilación en la realización de la cirugía requerida por la parte amparada, la orden que se dispone en la parte dispositiva de este fallo, en el sentido de que se le intervenga en el plazo establecido en el por tanto, se aplicará siempre y cuando no conlleve desplazar a otro paciente que requiere de una cirugía prioritaria o urgente en vista de que está en peligro su vida o se le causará un daño grave en su salud.

X.Nota del magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO CANTIDAD EN SALUD 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.

En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.

Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

XI.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Tania Jiménez Umaña y a Carolina Jiménez Jiménez, en sus calidades respectivas de Directora General, y Jefa del Servicio de Cirugía General, ambas del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que dispongan todo lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente para que, dentro del plazo de TRES MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se practique a la tutelada la cirugía que le fue prescrita, previo cumplimiento de todos los requisitos médicos, así como bajo estricta responsabilidad y supervisión de su médico tratante, siempre y cuando por variación de las circunstancias de la paciente no requiera otro tipo de atención, y no haya alguna contraindicación objetivamente verificada. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Garro Vargas consignan nota. El magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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