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Res. 13437-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/04/2026
OutcomeResultado
The Chamber denied the amparo by majority, finding that ICAA's refusal to grant potable water availability was grounded in objective technical impossibility and did not constitute a fundamental rights violation; Magistrate Cruz Castro dissented in favor of ordering concrete and progressive remedial measures.La Sala declaró sin lugar el recurso de amparo por mayoría, concluyendo que la denegatoria del ICAA de otorgar disponibilidad de agua potable se fundó en imposibilidades técnicas objetivas y no constituyó violación de derechos fundamentales; el Magistrado Cruz Castro salvó el voto a favor de ordenar medidas concretas y progresivas.
SummaryResumen
A resident of San Antonio de Alajuelita filed an amparo against ICAA (AyA) challenging its denial of a potable water availability certificate needed to individualize service at his property, claiming a shared meter caused insufficient pressure and intermittent supply. The Constitutional Chamber denied the resource by majority, reaffirming its settled doctrine that a technical, legal, or material impossibility to provide potable water service does not violate fundamental rights, provided the denial is grounded in objective criteria and duly notified. ICAA demonstrated that the ME-A-19 Puente Mulas system operates with hydraulic and hydric deficit in the 12 de Julio operational zone, and AyA's Services Regulation (Arts. 7 and 10) limits consumption in deficit zones to one unit per property. Magistrate Cruz Castro dissented, arguing that Arts. 21 and 50 of the Constitution and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights require the Administration to adopt progressive measures, not merely note the system's insufficiency.Un vecino de San Antonio de Alajuelita interpuso recurso de amparo contra el ICAA (AyA) por la negativa a otorgar una constancia de disponibilidad de agua potable para individualizar el servicio en su inmueble, alegando que el medidor compartido con otros propietarios provocaba baja presión e intermitencia en el suministro. La Sala Constitucional desestimó el recurso por mayoría, reafirmando su doctrina de que la imposibilidad técnica, jurídica o material para dotar el servicio de agua potable no viola derechos fundamentales, siempre que la denegatoria no sea arbitraria sino fundada en criterios objetivos y debidamente notificada. El ICAA acreditó que el sistema ME-A-19 Puente Mulas opera con déficit hídrico e hidráulico en la zona operativa 12 de Julio, y el Reglamento de Servicios de AyA (Arts. 7 y 10) limita el consumo en zonas deficitarias a una sola unidad de consumo por inmueble. El Magistrado Cruz Castro salvó el voto, argumentando que los Arts. 21 y 50 de la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obligan a la Administración a adoptar medidas progresivas y no meramente constatar la insuficiencia del sistema.
Key excerptExtracto clave
In this regard, this jurisdiction has recognized, repeatedly, that ICAA, ASADAs, and municipalities that provide potable water supply services are fully authorized, before approving or rejecting requests for water availability, to require compliance with requirements established in the legal order and to weigh legal and technical considerations. That said, although there is a fundamental right to water that may be demanded of the relevant Administration, the provision of the service may well be conditioned upon compliance with the requirements established for its granting and upon the material possibility of supply. Accordingly, the Chamber concludes that the denials of potable water and sewerage service at the property in question are neither illegitimate nor arbitrary, but rather justified by technical and legal impossibilities that were duly notified to the applicant. In another vein, the denial in question is grounded in objective grounds and therefore the conduct of the respondent institute presents no constitutional infirmities. From this perspective, the invocation of technical limitations cannot serve as an absolute justification for disregarding a basic subsistence need. The Administration cannot limit itself to noting the system's insufficiency; it has a legal duty to plan, foresee, and execute the necessary actions to progressively guarantee access to water service, especially when human consumption is involved.Al respecto, esta jurisdicción ha reconocido, reiteradamente, que el ICAA, las ASADAS y las municipalidades que prestan el servicio de suministro de agua potable, de previo a aprobar o rechazar las posibilidades de disponibilidad de agua potable que les sean formuladas, están en plena capacidad de exigir el cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, y ponderar razones de orden legal y técnico. Así las cosas, si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la Administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro. Así las cosas, la Sala concluye que las denegatorias del servicio de agua potable y alcantarillado en el inmueble en cuestión no resulta ilegítima ni arbitraria, sino que se justifica en imposibilidades técnicas y legales que le fueron debidamente notificadas a la solicitante. En otra línea de ideas, se estima que la negativa en cuestión se fundamenta en presupuestos objetivos y, por ende, la actuación del instituto accionado no presenta roces de índole constitucional. Desde esta perspectiva, la invocación de limitaciones técnicas no puede erigirse en una justificación absoluta para desatender una necesidad básica de subsistencia. La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.
Pull quotesCitas destacadas
"si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la Administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."
"although there is a fundamental right to water that may be demanded of the relevant Administration, the provision of the service may well be conditioned upon compliance with the requirements established for its granting and upon the material possibility of supply."
Considerando III
"si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la Administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro."
Considerando III
"siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en una imposibilidad jurídica o material; se descarta la violación de derechos fundamentales"
"as long as the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded act, but is instead justified by a legal or material impossibility, a violation of fundamental rights is ruled out"
Considerando III (citando Sentencia 07779-2019)
"siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en una imposibilidad jurídica o material; se descarta la violación de derechos fundamentales"
Considerando III (citando Sentencia 07779-2019)
"La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano."
"The Administration cannot limit itself to noting the system's insufficiency; it has a legal duty to plan, foresee, and execute the necessary actions to progressively guarantee access to water service, especially when human consumption is involved."
Voto Salvado del Magistrado Cruz Castro
"La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano."
Voto Salvado del Magistrado Cruz Castro
"El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas."
"Water is not just any service — it is an essential human right, and therefore the respondent authority cannot shirk its duty to guarantee it by hiding behind technical limitations without offering effective solutions."
Voto Salvado del Magistrado Cruz Castro
"El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas."
Voto Salvado del Magistrado Cruz Castro
Full documentDocumento completo
Document Review CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-first of April, two thousand twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) processed under case file number 26-007401-0007-CO, filed by Nombre01, national identity card (cédula de identidad) CED01, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
BACKGROUND:
"1. On 25 September 2025, a request for a Certificate of Potable Water Availability (Constancia de Disponibilidad de Agua Potable) was received in the name of Nombre01, identity card No. CED02, for the property registered under Property Registration Record No. and Cadastral Plan SJ-586846-1985, in the Province of San José, Canton of Alajuelita, District of San Antonio, for the individualization of a service that would supply a family covered outdoor grill area (rancho parrillero) for recreational weekend use; the request was entered into the Integrated Management and Development System (Sistema Integrado para la Gestión y Desarrollos, SIGDD), generating request number 2025-00101562-1. (See technical reports No. UEN-SCZIII-GAM-2026-00219 dated 25 March 2026 and No. UEN-SCMED-GAM-2026-00519 dated 27 March 2026.) 2. The request for a Certificate of Potable Water Availability in the name of Nombre01, identity card ED03.. 110700094, for the property registered under Property Registration Record No., Cadastral Plan No. SJ-586846-1985, located in the Province of San José, Canton of Alajuelita, District of San Antonio, for the individualization of a service that would supply a family covered outdoor grill area for recreational weekend use, was reviewed and resolved through resolution SIGDD-2025-00101562-1-1-1, which denied both the potable water service and the sanitary sewer, based on the technical study conducted, which indicated: 'The production and distribution infrastructure in the sector is insufficient for this type of development, which falls within the ME-A-19 Puente Mulas system of AyA; this system covers areas in which, due to their location and deficiencies in the water capacity (capacidad hídrica) and hydraulic capacity (capacidad hidráulica) of the supply systems, water availability is not possible for more than one consumption unit per property,' notified on 09 October 2025 to the email address designated for that purpose by the applicant, namely: ...01.
(See technical report No. UEN-SCMED-GAM-2026-00519 dated 27 March 2026.) 3. Note that the denial of the Certificate of Potable Water Availability in the name of petitioner Nombre01 was grounded in purely technical considerations, namely, that the production and distribution infrastructure in the sector is insufficient for this type of development, which falls within the ME-A-19 Puente Mulas system of the AyA Metropolitan Aqueduct, which is in a deficit-surplus state; furthermore, it is located in the 12 de Julio operational zone, which currently presents water and hydraulic deficits. Note that the purpose of issuing administrative acts that grant or deny services in a given area is to inform the administered party of the actual conditions regarding water capacity, collection capacity, and environmental conditions offered by or affecting AyA systems at a given point, based on 'basic studies' and even more specific studies depending on the nature of the project, which form the basis for issuing the act and must address, among other aspects: the location of the project, analysis in relation to the water inventory of the area, the vulnerability of the project, its scale, nature, projected flow in liters per second, type of activity, population growth, environmental factors that could be affected, and any other aspects to be assessed at the technical level.
Likewise, according to memorandum No. UEN-OS-GAM-2025-00160 from the UEN Optimización de Sistemas GAM dated 05 May 2025, the ME-A-19 Puente Mulas system presents, as of that date, a deficit in water capacity of approximately (-9.8 l/s); on the other hand, through the water capacity analysis report for GAM systems No. UEN-OS-GAM-2025-00592 dated 04 December 2025, it is indicated that this system is now in a surplus state with a positive balance of 18.1 l/s, although it has vulnerabilities associated primarily with its topographic configuration, high population density, losses (ANC), and dependence on specific infrastructure; therefore, preventive restrictions are established in sectors dependent on critical infrastructure (such as Bello Horizonte and Monasterio) until their hydraulic behavior under real operating conditions can be validated, and positive availability cannot be granted for developments exceeding 1 residential unit in the zones of 12 de Julio, Alto Carrizal, Alto Raicero, Bebedero, Bello Horizonte Desamparados, Bello Horizonte La Verbena, Bello Horizonte Monte Alto, Bello Horizonte Tejarcillos, Dirección01, Dirección02, El Alto de Alajuelita, El Carmen de Escazú, Monasterio, and Naranjal.
The remaining supply zones of the Puente Mulas system have no restrictions, but since they currently present deficiencies in their water and hydraulic capacities, they are considered a deficit zone (zona deficitaria), in accordance with the Reglamento para la Prestación de los Servicios, Articles 7 and 10, which state that consumption in deficit zones may not exceed that of a single-family dwelling or individual commercial establishment. Upon verifying the conditions of the property, it was possible to determine that there is one (1) service associated with the property, identified by NIS 5554684 under the Metropolitan Residential rate (M1). (See technical report No. UEN-SCMED-GAM-2026-00519 dated 27 March 2026.)
AyA's actions are grounded in Article 11 of the Constitución Política; Article 11 of the Ley General de la Administración Pública; and Articles 1, 2, 3, 7, 10, 14, and 74 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA.
In the present case, it has been demonstrated that AyA has executed and carried out all actions falling within the scope of its competence and within the applicable legal framework, in denying the Certificate of Potable Water Availability in the name of petitioner Nombre01, due to the demonstrated actual and current lack of water and/or hydraulic capacity of the potable water system ME-A-19 Puente Mulas, proving through scientific and technical means that there is no technical feasibility to grant a positive availability for potable water supply, given that this system, currently in a surplus state, is located in the 12 de Julio operational zone, which currently presents a water and hydraulic deficit. Therefore, based on an analysis of the documents submitted by the petitioner, it is concluded that Certificate No. SIGDD-2025-001015621-1-1-NRT is grounded in Articles 7 (subsections 12, 129, and 131), 8, 9, 10, 14, and 74 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, with respect to the absence of technical feasibility due to deficiencies in the potable water system ME-A-19 Puente Mulas, 12 de Julio operational zone.
Accordingly, based on the foregoing, it is concluded that this writ lacks technical, legal, and regulatory merit, as AyA has fulfilled the obligations imposed by law within the constitutional and legal framework pursuant to the principle of legality, and therefore no constitutional right of the petitioner has been violated." The respondent requests that the writ be denied.
Drafted by Justice Garro Vargas; and,
CONSIDERING:
The petitioner, a resident of San Antonio de Alajuelita, states that he is the owner of a dwelling located on the property registered under property registration record no. 1-0169293-005 with cadastral plan SJ-586846-1985. He explains that in the locality, the potable water supply is provided by ICAA; however, it is delivered through a single shared meter among several property owners, which causes unequal distribution, low pressure, intermittent service, and, at times, complete absence of service for extended periods of the day, hindering its use for human consumption, hygiene, food preparation, and other basic needs. For this reason, he states that on 25 September 2025 he filed a formal service availability request with ICAA to regularize access to his dwelling. However, he claims that on 09 October 2025, through official communication SIGDD-2025-00101562-1-2-NN, technical feasibility was denied, citing insufficient infrastructure in the ME-A-19 Puente de Mulas system and the absence of a sanitary sewer network in the area. He considers that said denial was not accompanied by alternative measures to guarantee effective and sufficient access to potable water, thereby maintaining the impairment to the supply.
Of relevance to the decision of this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been so proven or because the respondent failed to address them as required by the initial order (auto inicial):
The remaining supply zones of the Puente Mulas system have no restrictions, but since they currently present deficiencies in their water supply and hydraulic capacities, they are considered deficit zones (zonas deficitarias), in accordance with the Service Provision Regulations (Reglamento para la Prestación de los Servicios), Articles 7 and 10, which state that consumption in deficit zones may not exceed the consumption of a single-family residence or individual business (see the report and attached evidence).
After analyzing the evidentiary elements submitted and the sworn report filed by the respondent authority, with timely notice of the consequences set forth in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), this Chamber finds the following established: on September 25, 2025, ICAA received a request for a Certificate of Potable Water Availability in the name of the petitioner for the property registered under Real Folio No. and Cadastral Plan SJ-586846-1985, located in the Province of San José, Alajuelita, San Antonio, for the establishment of an individual service connection that would supply a family barbecue shelter for recreational weekend use. The petitioner's request was entered into the Integrated Management and Development System (SIGDD), generating request No. 2025-00101562-1. Nevertheless, it is concluded that through resolution No. SIGDD-2025-00101562-1-1-1, the request for a Certificate of Potable Water Availability filed by the applicant for the establishment of an individual service connection that would supply a family barbecue shelter for recreational weekend use was considered and denied for both the potable water service and sanitary sewerage; this, based on the technical study conducted, which stated: "The production and distribution infrastructure in the sector is insufficient for this type of development, which is included within the AyA's ME-A-19 Puente de Mulas system; this system corresponds to areas where, due to their location and deficiencies in the water supply and hydraulic capacities of the supply systems, water availability for more than one consumption unit per property is not possible." The foregoing was duly notified on October 9, 2025, to the email address designated for that purpose, namely: ...01.
In this regard, it is noted that upon verifying the conditions of the petitioner's property, ICAA determined that there is an associated service identified by NIS 5554684 under the Metropolitan Residential rate (M1). Consistently with the foregoing, the attached report confirmed the following: according to memorandum No. UEN-OS-GAM-2025-00160 of the GAM Systems Optimization Business Unit dated May 5, 2025, the ME-A-19 Puente Mulas system currently presents a water supply capacity deficit of approximately (-9.8 l/s); the water supply capacity analysis report for GAM systems No. UEN-OS-GAM-2025-00592 dated December 4, 2025, indicates that this system is in a surplus condition and has a positive balance of 18.1 l/s, although it has vulnerabilities associated primarily with its topographic configuration, high population density, losses (ANC), and dependence on specific infrastructure; therefore, preventive restrictions are established in sectors dependent on critical infrastructure (such as Bello Horizonte and Monasterio).
Until the system's hydraulic behavior under actual operating conditions is validated, positive availability cannot be granted to developments of more than one housing unit in the following zones: 12 de Julio, Alto Carrizal, Alto Raicero, Bebedero, Bello Horizonte Desamparados, Bello Horizonte La Verbena, Bello Horizonte Monte Alto, Bello Horizonte Tejarcillos, Dirección01, Dirección02, El Alto de Alajuelita, El Carmen de Escazú, Monasterio, Naranjal. The remaining supply zones of the Puente Mulas system have no restrictions, but since they currently present deficiencies in their water supply and hydraulic capacities, they are considered deficit zones, in accordance with the Service Provision Regulations, Articles 7 and 10, which state that consumption in deficit zones may not exceed the consumption of a single-family residence or individual business.
By virtue of the facts described, this Chamber, through judgment No. 07779-2019 of 09:15 hours of May 3, 2019, when considering a matter similar to this case file, ruled in the following terms:
The petitioner (recurrente) states that she owns a plot of land intended for construction, located in San Antonio de Puriscal. She notes that she began the procedures to build a dwelling on said plot and approached the respondent institution to request potable water service, which was denied on the grounds that there is no availability of potable water or a sewage system (sistema de alcantarillado) in front of her property. She argues that this determination is incorrect, since both a sewage system and a potable water supply do in fact exist in the area, as it is a main road where dozens of neighbors enjoy access to the water supply; she therefore requests that the writ be granted. 18 II.- PROVEN FACTS. The following facts are considered duly established for the purposes of deciding this matter, either because they have been duly proven or because the respondent authorities failed to address them as required by the initial order: a) The petitioner appeared before the respondent authority on February 5, 2019, to process potable water availability request No. 2019-1405 for the property recorded under Folio Real Matricula (see electronic record). b) The availability request was denied by means of the non-availability certificate for aqueduct and sewage services UND-GAM-0694-2019-1405, issued on February 28, 2019, which stated that, in front of the property recorded under Folio Real Matricula, the production infrastructure currently required to approve the availability requested by the petitioner does not exist (see electronic record). c) The respondent authority informed the petitioner in the aforementioned resolution that, as a consequence of the lack of water capacity currently recorded in the Sistema Puriscal, it is not feasible for AyA to approve any request for service availability in the sector where the petitioner's property is located, since approving new requests would result in a deterioration in the quantity and continuity of service delivery to the current customers of the Acueducto (see electronic record). d) There are currently projects in the canton (cantón) of Puriscal that will help address the lack of water capacity in the area indicated by the petitioner (see electronic record).
III.- ON THE TECHNICAL IMPOSSIBILITIES THAT OBSTRUCT THE SUPPLY OF POTABLE WATER. This Court has repeatedly held that a technical, legal, or formal impossibility of providing potable water service does not constitute a violation of fundamental rights; and that it is reasonable to deny service requests, or to require that the interested party assume the installation costs, when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is necessary. Accordingly, it has been consistently understood in such cases that the issue is not a refusal of access to potable water service, but rather an impossibility of providing it, or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility — namely, the lack of infrastructure. Of course, the authorities in charge have an obligation to continually expand their infrastructure in order to guarantee the population access to the service, but as long as gaps remain, the collaboration of those concerned is indispensable.
In other words, as long as the failure to provide potable water service is not capricious, arbitrary, or unfounded, but is instead justified by a legal or material impossibility, a violation of fundamental rights is ruled out (see judgments 2010-001516, 2017-6701, 2007-11190, and 2006-014218, among others). 19 IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In this regard, this Court considers that the petitioner's claim is inadmissible, since, according to the report submitted under oath and the evidence provided by the respondent authority, the challenged action is not arbitrary or illegitimate, given that the protected party's (amparada's) request was duly attended to, and her substantive disagreement lies in the denial of the requested service. With respect to the arguments and claims raised, it must be noted that this Court is not a reviewer of the legality of acts or resolutions of the Administration, and therefore it is not within its competence to determine whether the relief sought by the protected party is appropriate or whether it conforms to current legislation — a task belonging to the ordinary, administrative, or judicial avenues.
According to what was reported under the solemnity of oath, said availability request was denied by means of the non-availability certificate for aqueduct and sanitary sewage services UND-GAM-0694-2019-1405, issued on February 28, 2019, and communicated to the petitioner, which stated that in front of the property recorded under Folio Real Matricula-001, the production infrastructure currently required to approve the availability sought by the petitioner does not exist; in the administrative venue, the certificate of availability of aqueduct and sanitary sewage services is a prerequisite that Municipalities, INVU, and other competent entities require prior to approving the corresponding subdivision (fraccionamiento) and construction permits; in the specific case of the petitioner, it was determined that the lack of water capacity currently recorded in the Sistema Puriscal makes it not feasible for AyA to approve any request for service availability in the sector where the petitioner's property is located, since approving new requests would result in a deterioration in the quantity and continuity of service delivery to the current customers of the Acueducto.
It states that there are currently projects in the canton of Puriscal that will help address the lack of water capacity in the area indicated by the petitioner in the short, medium, and long term. That said, whether the requested service should or should not be granted is not a matter to be decided in this jurisdiction, as it falls outside the scope of its competence; and it should be added that this Court has repeatedly held that it is permissible to deny requests for the granting of potable water service when technical impossibilities exist, when sub-constitutional requirements are not met, or when technical and/or legal criteria justify such a denial. Furthermore, this Court has repeatedly noted that, in cases where a violation of Article 33 of the Political Constitution is alleged, it is not sufficient for the petitioner to simply assert that two parties have been treated differently in order to establish a breach of the constitutional provision; the party alleging a violation of this principle is obligated to provide, ab initio, sufficient elements suggesting — with a reasonable degree of probability — that equal situations have been treated differently in an unjustified manner.
In light of the foregoing, and after reviewing the petition as filed, this Court considers that in the sub lite there are insufficient elements to suggest a possible infringement of the principle of equality alleged by the 20 petitioner. Based on the foregoing, and should the protected party's disagreement persist, she may raise her complaints or claims before the respondent authority or before the competent judicial venue, where she may fully litigate the merits of the matter and assert her claims. Consequently, the writ is inadmissible and is hereby so declared.
In this regard, this jurisdiction has repeatedly recognized that ICAA, the ASADAS, and the municipalities that provide potable water supply services are fully empowered, prior to approving or rejecting potable water availability requests submitted to them, to require compliance with the requirements established in the legal framework and to weigh legal and technical considerations. That being the case, while there is a fundamental right to water that may be demanded of the corresponding Administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the material possibility of supply. In accordance with the foregoing, it is evident that the reason potable water and sewage availability has not been granted is the existence of strictly technical considerations, since it was determined that "the production and distribution infrastructure in the sector is insufficient for this type of development, which is included within Sistema ME-A-19 Puente Mulas del Acueducto Metropolitano AyA, currently in a deficit-surplus state (estado deficitario superavitario); furthermore, it is located in zona operativa 12 de Julio, which currently presents a hydraulic and water deficit." That being the case, the Court concludes that the denials of potable water and sewage service for the property in question are neither illegitimate nor arbitrary, but are justified by technical and legal impossibilities that were duly communicated to the applicant.
On a separate point, it is considered that the denial in question is grounded in objective premises and, therefore, the action of the respondent institution raises no constitutional concerns. Finally, it is necessary to clarify for the petitioner that this Court lacks jurisdiction, as the matter is one of mere legality, to analyze whether the grounds put forward by ICAA for granting the requested services are improper. Accordingly, such a discussion must be raised, if the claimant so wishes, before the authority itself or before the competent ordinary judicial venue. The same applies if the claimant considers that ICAA must guarantee the water supply to her property and/or if she believes that the necessary technical measures should be ordered to individualize the service with a dedicated meter. In light of the foregoing, since it is considered that the facts alleged do not constitute a violation of the fundamental rights of the claimant, the writ of amparo (amparo) is inadmissible and is hereby so declared.
I dissent from the majority's view. In the present case, the Administration's refusal to provide an essential service is validated on the basis of technical considerations relating to the insufficiency of water infrastructure; however, the ruling fails to adequately weigh the fact that access to potable water constitutes a fundamental right, indispensable for life, health, and human dignity.
Article 21 of the Political Constitution protects human life, and this Court has recognized that access to water for human consumption is a material prerequisite of that right. Likewise, Article 50 of the Constitution imposes upon the State the duty to guarantee the well-being of all inhabitants, which necessarily includes effective, sufficient, and continuous access to potable water. At the international level, instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights — as interpreted by the Comité DESC in its General Comment No. 15 — recognize the human right to water, obligating States to adopt positive measures for its full realization. There is a reinforced obligation imposed upon the State in a social and democratic rule of law; for this reason, the supply of water is a priority obligation of the public authorities.
From this perspective, the invocation of technical limitations cannot stand as an absolute justification for neglecting a basic subsistence need. The Administration cannot confine itself to noting the inadequacy of the system; it has a legal duty to plan, anticipate, and execute the measures necessary to progressively guarantee access to water service, especially when human consumption is at stake.
The majority approach normalizes a structural omission: it accepts that the lack of infrastructure exempts the State from its obligation, when precisely that deficiency evidences a failure to fulfill its duty of foresight. The issue is not one of compelling the impossible, but of demanding that the Administration adopt reasonable, alternative, or progressive measures so as not to leave persons without protection.
Water is not just any service; it is an essential human right, and therefore the challenged authority cannot disregard its duty to guarantee it by sheltering behind technical limitations without offering effective solutions.
For these reasons, I consider that the writ (recurso) should have been granted, at least in order to direct the Administration to adopt specific and progressive measures to guarantee, within a reasonable period, the petitioner's (recurrente) effective access to drinking water. Water is a fundamental asset and right whose effectiveness must be genuinely secured; this is an inescapable duty.
The parties are hereby notified that if any paper documents, objects, or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device have been submitted, these must be retrieved from the court office (despacho) within a maximum period of 30 business days (días hábiles) counted from the notification of this judgment (sentencia). Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The writ is denied. Justice Cruz Castro dissents and would grant the amparo proceedings (proceso de amparo), ordering the adoption of specific measures and directing that the protected party (parte amparada) be given a definite date by which the water supply (abastecimiento de agua) will be satisfied.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
1
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-007401-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
RESULTANDO:
“1. El día 25 de setiembre de 2025 se recibe solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable a nombre de Nombre01, cédula No. CED02, para la finca matricula Folio Real No. y Piano Catastro SJ-586846-1985 en la Provincia San José, Cantón Alajuelita, Distrito San Antonio, para la individualización de un servicio que abastecería un rancho parrillero familiar para uso fines de semana recreativo, misma que se ingresa al Sistema Integrado para la Gestión y Desarrollos (SIGDD), generando el número de solicitud No. 2025-00101562-1. (Ver informes técnicos No. UEN-SCZIII-GAM-2026-00219 de fecha 25 de marzo del 2026 y No. UEN-SCMED-GAM-2026-00519 de fecha 27 de marzo del 2026). 2. La solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable a nombre de Nombre01, cédula ED03.. 110700094, para la finca matricula Folio Real No. , Plano Catastro No. SJ-586846-1985 ubicado en la Provincia de San José, Cantón Alajuelita, Distrito San Antonio, para la individualización de un servicio que abastecería un rancho parrillero familiar para uso fines de semana recreativo, se conoció y resolvió mediante resolución SIGDD-2025-00101562-1-1-1 de manera negativa para el servicio de agua potable y para alcantarillado sanitario, con fundamento en el estudio técnico realizado, que indicó: “Infraestructura de producción y de distribución en el sector es insuficiente para este tipo de desarrollo mismo que está incluido dentro del sistema ME-A-19 Puente de Mulas del AyA; el cual corresponde a las áreas en los que, por su ubicación y por deficiencias en la capacidad hídrica y capacidad hidráulica de los sistemas de abastecimiento, no se tiene disponibilidad de agua para más de una unidad de consumo por inmueble”, notificada el día 09 de octubre del 2025 a la dirección de correo electrónico señalado al efecto por el solicitante, sea: ...01.
(Ver informe técnico No. UEN-SCMED-GAM-2026-00519 de fecha 27 de marzo del 2026). 3. Señalar que la denegatoria de la solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable a nombre del recurrente Nombre01, se fundamentó en aspectos eminentemente técnicos, sean, la infraestructura de producción y de distribución en el sector es insuficiente para este tipo de desarrollo, mismo que está incluido dentro del Sistema ME-A-19 Puente Mulas del Acueducto Metropolitano AyA, que se encuentra en estado deficitario superavitario, además, el mismo se ubica en la zona operativa 12 de Julio, la cual actualmente presenta déficit hídrico e hidráulico. Indicar que el objetivo de la emisión de actos administrativos que otorgan o deniegan servicios en una zona determinada, es informar al administrado sobre la realidad existente en cuanto a capacidad hídrica, capacidad de recolección y condiciones de orden ambiental que ofrecen o padecen los sistemas de AyA en un punto determinado, tomando como fundamento los “estudios básicos” e incluso estudios de naturaleza más específica dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales se constituyen en la base para dictar el acto y que debe contemplar entre otros aspectos: ubicación del proyecto, análisis en relación con el inventario hídrico de la zona, vulnerabilidad del proyecto, dimensión, naturaleza, proyección en litros por segundo, tipo de actividad, crecimiento poblacional, factores de orden ambiental que podrían afectarse y demás aspectos que se deban valorar a nivel técnico.
Asimismo, según memorando No. UEN-OS-GAM-2025-00160 de la UEN Optimización de Sistemas GAM de fecha 05 de mayo del 2025, el sistema ME-A-19 Puente Mulas presenta a la fecha un déficit en la capacidad hídrica de (-9.8 l/s) aproximadamente, por otra parte, mediante el informe de análisis de la capacidad hídrica en sistemas GAM No. UEN-OS-GAM-2025-00592 con fecha del 04 de diciembre 2025, indica que este sistema se encuentra en estado superavitario y posee un balance positivo de 18.1 l/s, aunque posee vulnerabilidades asociadas principalmente a su configuración topográfica, alta densidad poblacional, pérdidas (ANC) y dependencia de infraestructuras específicas, por lo que se establecen restricciones preventivas en sectores dependientes de infraestructuras críticas (como Bello Horizonte y Monasterio), hasta validar su comportamiento hidráulico bajo operación real no se podrán dar disponibilidades positivas a desarrollos mayores a 1 unidad habitacional en las zonas 12 de Julio, Alto Carrizal, Alto Raicero, Bebedero, Bello Horizonte Desamparados, Bello Horizonte La Verbena, Bello Horizonte Monte Alto, Bello Horizonte Tejarcillos, Dirección01, Dirección02, El Alto de Alajuelita, El Carmen de Escazú, Monasterio, Naranjal.
Las demás zonas de abastecimiento del sistema Puente Mulas no tienen restricciones, pero al presentar actualmente deficiencias en sus capacidades hídricas e hidráulicas se considera como zona deficitaria, de acuerdo con el Reglamento para la Prestación de los Servicios en los artículos 7 y 10 que indican que el consumo en zonas deficitarias no puede ser mayor al consumo de una vivienda unifamiliar O comercio individual al verificar las condiciones del inmueble, fue posible determinar que existe un (1) servicio asociado al inmueble que se identifica con el NIS 5554684 en tarifa Metropolitano Residencial (M1). (Ver informe técnico No. UEN-SCMED-GAM-2026-00519 de fecha 27 de marzo del 2026).
II.NORMATIVA APLICABLE El accionar de AyA se fundamenta en el artículo 11 de la Constitución Política; artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública; artículos 1, 2, 3, 7, 10, 14 y 74 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA.
III.CONCLUSIONES En el presente caso queda demostrado que AyA ha ejecutado y realizado todas las acciones que corresponden al ámbito de su competencia y dentro del marco de legalidad que nos rige al denegar la solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable a nombre del recurrente Nombre01 por la evidenciada falta real y actual de capacidad hídrica y/o hidráulica del sistema de agua potable ME-A-19 Puente Mulas, demostrando de la mano de la ciencia y la técnica que no existe factibilidad técnica para otorgar la disponibilidad positiva para abastecimiento de agua potable debido a que actualmente este sistema en estado superavitario, se encuentra en la zona operativa 12 de Julio, la cual actualmente presenta déficit hídrico e hidráulico, por lo que del análisis de los documentos presentados por el recurrente, se concluye que la Constancia No. SIGDD-2025-001015621-1-1-NRT tiene su fundamento en los artículos 7 (inciso 12, 129 y 131), 8, 9, 10, 14 y 74 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, en cuanto a la inexistencia de factibilidad técnica por deficiencias en el sistema de agua potable ME-A-19 Puente Mulas, zona operativa 12 de Julio, por lo que con fundamento en lo expuesto, se concluye que este Recurso carece de fundamento técnico, legal y reglamentario, ya que AyA ha cumplido con las obligaciones impuestas por imperio de ley en el marco constitucional y legal por el principio de legalidad, por ende, no se ha violentado ningún derecho constitucional a la recurrente”.
Solicita que se declare sin lugar el recurso.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
CONSIDERANDO:
El recurrente, quien es vecino de San Antonio de Alajuelita, manifiesta que es propietario de una vivienda ubicada en la finca inscrita bajo folio real nro. 1-0169293-005 con plano catastrado SJ-586846-1985. Explica que en la localidad el abastecimiento de agua potable es suministrado por el ICAA; sin embargo, se realiza mediante un único medidor compartido entre varios propietarios, lo que provoca distribución desigual, baja presión, intermitencia y, en ocasiones, ausencia total del servicio durante amplios periodos del día, dificultando el uso para consumo humano, higiene, preparación de alimentos y demás necesidades básicas. Por lo anterior, señala que el 25 de setiembre de 2025 gestionó ante el ICAA una solicitud formal de disponibilidad del servicio para regularizar el acceso a su vivienda. No obstante, reclama que el 09 de octubre de 2025, mediante oficio SIGDD-2025-00101562-1-2-NN, se negó la factibilidad técnica alegando insuficiencia en la infraestructura del sistema ME-A-19 Puente de Mulas y ausencia de red de alcantarillado sanitario en la zona. Estima que tal negativa no fue acompañada de medidas alternativas para garantizar el acceso efectivo y suficiente al agua potable, manteniéndose la afectación en el suministro.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal tiene por acreditado lo siguiente: el 25 de setiembre de 2025 el ICAA recibió una solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable a nombre del recurrente para la finca matrícula Folio Real No. y Plano Catastro SJ-586846-1985 ubicada en la Provincia San José, Alajuelita, San Antonio, para la individualización de un servicio que abastecería un rancho parrillero familiar para uso fines de semana recreativo. La solicitud del amparado fue ingresada al Sistema Integrado para la Gestión y Desarrollos (SIGDD) generando la solicitud No. 2025-00101562-1. No obstante, se colige que mediante resolución No. SIGDD-2025-00101562-1-1-1 la solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable interpuesta por el gestionante para la individualización de un servicio que abastecería un rancho parrillero familiar para uso fines de semana recreativo se conoció y resolvió de manera negativa para el servicio de agua potable y para alcantarillado sanitario; esto, con fundamento en el estudio técnico realizado, el cual indicó: “Infraestructura de producción y de distribución en el sector es insuficiente para este tipo de desarrollo mismo que está incluido dentro del sistema ME-A-19 Puente de Mulas del AyA; el cual corresponde a las áreas en los que, por su ubicación y por deficiencias en la capacidad hídrica y capacidad hidráulica de los sistemas de abastecimiento, no se tiene disponibilidad de agua para más de una unidad de consumo por inmueble”.
Lo anterior le fue debidamente notificado el 09 de octubre del 2025 a la dirección de correo electrónico señalado al efecto, sea: ...01. En ese sentido, se coteja que al verificar las condiciones del inmueble del promovente, el ICAA determinó que existe un servicio asociado que se identifica con el NIS 5554684 en tarifa Metropolitano Residencial (M1). En concordancia con lo anterior, del informe adjunto se verificó lo siguiente: según memorando No. UEN-OS-GAM-2025-00160 de la UEN Optimización de Sistemas GAM del 05 de mayo del 2025 el sistema ME-A-19 Puente Mulas presenta a la fecha un déficit en la capacidad hídrica de (-9.8 l/s) aproximadamente; en el informe de análisis de la capacidad hídrica en sistemas GAM No. UEN-OS-GAM-2025-00592 del 04 de diciembre 2025 se indica que este sistema se encuentra en estado superavitario y posee un balance positivo de 18.1 l/s, aunque posee vulnerabilidades asociadas principalmente a su configuración topográfica, alta densidad poblacional, pérdidas (ANC) y dependencia de infraestructuras específicas, por lo que se establecen restricciones preventivas en sectores dependientes de infraestructuras críticas (como Bello Horizonte y Monasterio), hasta validar su comportamiento hidráulico bajo operación real no se podrán dar disponibilidades positivas a desarrollos mayores a una unidad habitacional en las zonas 12 de Julio, Alto Carrizal, Alto Raicero, Bebedero, Bello Horizonte Desamparados, Bello Horizonte La Verbena, Bello Horizonte Monte Alto, Bello Horizonte Tejarcillos, Dirección01, Dirección02, El Alto de Alajuelita, El Carmen de Escazú, Monasterio, Naranjal; las demás zonas de abastecimiento del sistema Puente Mulas no tienen restricciones, pero al presentar actualmente deficiencias en sus capacidades hídricas e hidráulicas se considera como zona deficitaria, de acuerdo con el Reglamento para la Prestación de los Servicios en los artículos 7 y 10 que indican que el consumo en zonas deficitarias no puede ser mayor al consumo de una vivienda unifamiliar o comercio individual.
En virtud de los hechos descritos, esta Sala mediante sentencia No. 07779-2019 de las 09:15 horas del 03 de mayo de 2019, al conocer un asunto similar al de este expediente, se pronunció en los siguientes términos:
“I.- OBJETO DEL RECURSO. Señala la recurrente que posee un terreno para construcción ubicado en San Antonio de Puriscal. Acota que inició los trámites para la construcción en una casa de habitación en dicho terreno y acudió ante la institución recurrida para solicitar el servicio de agua potable, el cual le fue negado indicándole que no hay disponibilidad de agua potable y sistema de alcantarillado frente a su propiedad. Señala que lo anterior, no lleva razón debido a que sí existe un sistema de alcantarillado y agua potable ya que se trata de una carretera principal donde decenas de vecinos gozan de la disponibilidad del líquido, por lo que solicita se declare con lugar el recurso. 18 II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse según lo prevenido en el auto inicial: a) La recurrente se apersonó ante la autoridad recurrida el día 05 de febrero de 2019, para tramitar la solicitud de disponibilidad de agua potable N°2019-1405, para la Finca Folio Real Matricula (ver registro electrónico). b) La solicitud de disponibilidad fue denegada mediante la certificación de no disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado UND-GAM- 0694- 2019-1405, emitida en fecha 28 de febrero de 2019, que detalló que frente a la Finca Folio Real Matricula , actualmente no existe la infraestructura de producción necesaria para aprobar la disponibilidad requerida por la recurrente (ver registro electrónico). c) La autoridad recurrida le informó en la anterior resolución que como consecuencia de la falta de capacidad hídrica que actualmente registra el Sistema Puriscal, no es factible para AyA, aprobar ninguna solicitud de disponibilidad de servicios en el sector en que se ubica la Finca de la recurrente, pues de aprobarse nuevas peticiones, se generaría un desmejoramiento en la cantidad y continuidad de prestación del servicio para los clientes actuales del Acueducto (ver registro electrónico). d) Actualmente existen proyectos en el cantón de Puriscal que ayudaran a solventar la falta de capacidad hídrica en la zona indicada por la recurrente (ver registro electrónico).
III.- SOBRE LAS IMPOSIBILIDADES TÉCNICAS QUE OBSTACULIZAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que la imposibilidad técnica, jurídica o formal para dotar el servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales; y que resulta razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, las autoridades encargadas tienen la obligación de ir expandiendo su infraestructura para garantizar a la población el acceso al servicio, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados.
En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en una imposibilidad jurídica o material; se descarta la violación de derechos fundamentales (véanse las sentencias 2010-001516, 2017-6701, 2007-11190, y 2006-014218, entre otras). 19 IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Al respecto, estima este Tribunal que el reclamo de la recurrente resulta improcedente toda vez que de acuerdo al informe rendido bajo la fe de juramento y a la prueba aportada por la autoridad recurrida, se tiene que la actuación impugnada no resulta arbitraria o ilegítima, dado que la solicitud de la amparada fue atendida, y su disconformidad de fondo radica en la denegatoria del servicio pretendido. En relación con los alegatos y pretensiones expuestas, se impone advertir que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar si la pretensión requerida por la amparado es procedente, o si se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional.
Según lo informado bajo la solemnidad de juramento, dicha solicitud de disponibilidad fue denegada mediante la certificación de no disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado UND-GAM- 0694-2019-1405, emitida en fecha 28 de febrero de 2019, comunicada a la recurrente en la cual se detalló que frente a la Finca Folio Real Matricula -001, actualmente no existe la infraestructura de producción necesaria para aprobar la disponibilidad requerida por la recurrente en vía administrativa, la constancia de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, es un requisito que las Municipalidades, INVU y demás entidades competentes, requieren de manera previa para la aprobación de los permisos de fraccionamiento y construcción correspondientes, en el caso concreto de la recurrente se determinó que la falta de capacidad hídrica que actualmente registra el Sistema Puriscal, no hace factible para el AyA, aprobar ninguna solicitud de disponibilidad de servicios en el sector en que se ubica la finca de la recurrente, pues de aprobarse nuevas peticiones, se generaría un desmejoramiento en la cantidad y continuidad de prestación del servicio para los clientes actuales del Acueducto, Indica que actualmente existen proyectos en el cantón de Puriscal que ayudaran a corto, mediano y largo plazo a solventar la falta de capacidad hídrica en la zona indicada por la recurrente.
Ahora bien, la procedencia o no del servicio solicitado no es un asunto que deba discutirse en esta Jurisdicción, ya que es ajeno al ámbito de su competencia, y cabe agregar que ya en reiteradas ocasiones este Tribunal ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales o existan criterios técnicos y/o legales que así lo justifiquen. Por otro lado, adviértase que, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales.
Partiendo de lo expuesto, y luego de revisado el escrito de interposición, este Tribunal estima que en el sub lite no se infieren elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad alegado por la 20 recurrente. Con base en lo expuesto y de mantenerse la disconformidad de la amparada, esta podrá plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.
Al respecto, esta jurisdicción ha reconocido, reiteradamente, que el ICAA, las ASADAS y las municipalidades que prestan el servicio de suministro de agua potable, de previo a aprobar o rechazar las posibilidades de disponibilidad de agua potable que les sean formuladas, están en plena capacidad de exigir el cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, y ponderar razones de orden legal y técnico. Así las cosas, si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la Administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro. De acuerdo con lo señalado anteriormente, resulta evidente que la razón por la cual no se le ha brindado la disponibilidad de agua potable y alcantarillado se debe a la existencia de aspectos eminentemente técnicos, debido a que se determinó que “la infraestructura de producción y de distribución en el sector es insuficiente para este tipo de desarrollo, mismo que está incluido dentro del Sistema ME-A-19 Puente Mulas del Acueducto Metropolitano AyA, que se encuentra en estado deficitario superavitario, además, el mismo se ubica en la zona operativa 12 de Julio, la cual actualmente presenta déficit hídrico e hidráulico”.
Así las cosas, la Sala concluye que las denegatorias del servicio de agua potable y alcantarillado en el inmueble en cuestión no resulta ilegítima ni arbitraria, sino que se justifica en imposibilidades técnicas y legales que le fueron debidamente notificadas a la solicitante. En otra línea de ideas, se estima que la negativa en cuestión se fundamenta en presupuestos objetivos y, por ende, la actuación del instituto accionado no presenta roces de índole constitucional. Finalmente, es menester aclararle a la parte recurrente que este Tribunal resulta incompetente, por ser un tema de mera legalidad, analizar si los argumentos emitidos por el ICAA para otorgar los servicios que demanda son improcedentes. De manera que dicha discusión, deberá ser planteada, si a bien lo tiene la accionante, ante la propia autoridad, o bien ante la vía jurisdiccional ordinaria que resulte competente. Lo mismo ocurre si la parte accionante estima que el ICAA debe garantizarle el suministro de agua en su propiedad y/o si considera que se debe disponer las medidas técnicas necesarias para la individualización del servicio con medidor propio. En mérito de lo expuesto, al considerarse que con los hechos alegados no se han violado los derechos fundamentales de la parte accionante, el amparo resulta improcedente y así se declara.
Disiento del criterio de mayoría. En el presente caso, se valida la negativa de la Administración de brindar un servicio esencial, con base en consideraciones técnicas relativas a la insuficiencia de la infraestructura hídrica; sin embargo, se omite ponderar adecuadamente que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental, indispensable para la vida, la salud y la dignidad humana.
El artículo 21 de la Constitución Política protege la vida humana, y este Tribunal ha reconocido que el acceso al agua para consumo humano es un presupuesto material de ese derecho. Asimismo, el artículo 50 constitucional impone al Estado el deber de garantizar el bienestar de todos los habitantes, lo cual incluye necesariamente el acceso efectivo, suficiente y continuo al agua potable. En el ámbito internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –interpretado por el Comité DESC en su Observación General No. 15– reconocen el derecho humano al agua, obligando a los Estados a adoptar medidas positivas para su plena realización. Hay una obligación reforzada impuesta al Estado en un estado social y democrático de derecho, por esta razón el suministro de agua, es una obligación prioritaria de los poderes públicos.
Desde esta perspectiva, la invocación de limitaciones técnicas no puede erigirse en una justificación absoluta para desatender una necesidad básica de subsistencia. La Administración no puede limitarse a constatar la insuficiencia del sistema; tiene el deber jurídico de planificar, prever y ejecutar las acciones necesarias para garantizar progresivamente el acceso al servicio al agua, especialmente cuando se trata de consumo humano.
El enfoque mayoritario normaliza una omisión estructural: acepta que la falta de infraestructura exonera al Estado de su obligación, cuando precisamente esa carencia evidencia un incumplimiento de su deber de previsión. No se trata de obligar a lo imposible, sino de exigir que la Administración adopte medidas razonables, alternativas o progresivas para no dejar en desprotección a las personas.
El agua no es un servicio cualquiera, es un derecho humano esencial, por ello, la autoridad accionada no puede desentenderse de su deber de garantizarlo, escudándose en limitaciones técnicas sin ofrecer soluciones efectivas.
Por estas razones, estimo que el recurso debió declararse con lugar, al menos para ordenar a la Administración la adopción de medidas concretas y progresivas que garantice, en un plazo razonable, el acceso efectivo al agua potable del recurrente. El agua es un bien y un derecho fundamental cuya vigencia debe asegurarse efectivamente, es un deber ineludible.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar el proceso de amparo, ordenando que se adopten medidas concretas y se le indique a la parte amparada una fecha cierta para satisfacer el abastecimiento de agua.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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