← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 13352-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/04/2026
OutcomeResultado
The Court granted the amparo only against the Ministry of Health for failing to issue a final decision on a noise complaint since March 2024, ordering resolution within two months; the claim against the Municipality of Mora was denied.La Sala declaró con lugar el amparo únicamente contra el Ministerio de Salud por no emitir acto final sobre denuncia de ruido desde marzo de 2024, ordenando resolver en dos meses; declaró sin lugar el recurso contra la Municipalidad de Mora.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a neighboring resident against the Municipality of Mora and the Ministry of Health, concerning the activities of Terra Equipos S.A. on a property in a residential zone of Mora canton. The petitioner alleges industrial operations—mass storage, equipment washing, septic-waste truck traffic, heavy machinery—generating excessive noise, vibrations, and foul odors incompatible with residential use. The Court grants the amparo only against the Ministry of Health for keeping a noise complaint filed since March 2024 without ever issuing a final administrative decision, in violation of the right to prompt administrative resolution under Art. 41 of the Constitution. The claim against the Municipality of Mora is denied: noise measurement is the exclusive competence of the Ministry of Health, while challenges to commercial licenses and land-use permits must be pursued before ordinary administrative and contencioso-administrativo courts.La Sala Constitucional conoce recurso de amparo interpuesto por un vecino colindante contra la Municipalidad de Mora y el Ministerio de Salud, por las actividades de la empresa Terra Equipos S.A. en una propiedad ubicada en zona residencial del cantón de Mora. El recurrente alega que la empresa realiza operaciones de carácter industrial —almacenamiento masivo, lavado de maquinaria, tránsito de camiones con lodos sépticos, operación de maquinaria pesada— generando ruido excesivo, vibraciones y malos olores incompatibles con el uso residencial. La Sala declara con lugar el recurso únicamente en cuanto al Ministerio de Salud, por haber mantenido la denuncia de ruido presentada desde marzo de 2024 sin emitir un acto administrativo final y definitivo, lo que vulnera el derecho a una pronta resolución consagrado en el artículo 41 constitucional. Respecto a la Municipalidad, el recurso se declara sin lugar: la medición de ruido es competencia exclusiva del Ministerio de Salud, y los cuestionamientos sobre licencias comerciales y uso de suelo pertenecen a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
The relationship between Articles 24 and 28 of our Constitution establishes that the principle of liberty is limited by the obligation not to harm others, and therefore by the protection of one's sphere of intimacy and the tranquility that sphere entails. Noise disturbs tranquility, especially in the place of residence. Furthermore, under other constitutional provisions such as Article 50, which enshrines the right to a healthy environment, and Article 21, from which the right to health has been derived, the State is obligated to guarantee an environment free from sonic contamination. What is indeed injurious to the protected party's fundamental rights is that, even though since March 11, 2024 the complainant has reported, among other things, the noise problem, as of the date the amparo was filed there is no evidence that a final administrative act was issued expressly, clearly, and definitively resolving that matter. Although the health authority carried out various verification and monitoring activities, these remained strictly material and preparatory, without resulting in a conclusive decision determining whether an infraction exists and, if so, what measures to adopt. Accordingly, the absence of a final administrative ruling means the obligation to resolve petitioners' requests promptly and expressly has not been met, since conducting verification proceedings is not enough if they do not culminate in an act defining the legal situation submitted to the Administration. Therefore, the indefinite prolongation of the matter without a final decision constitutes a violation of the right to prompt administrative resolution enshrined in Article 41 of the Constitution.De la relación del artículo 24 con el 28 de nuestra Constitución Política, el principio de libertad que rige para las personas tiene como uno de sus límites el no perjudicar a terceros, y por eso la protección de su ámbito de intimidad y consecuentemente de la tranquilidad propia de ese ámbito. El ruido perturba la tranquilidad, máxime si se trata del lugar en donde se reside. Además, en atención a otras normas constitucionales como el artículo 50, que consagra el derecho al ambiente, y el artículo 21, del que se ha derivado el derecho a la salud, corresponde que el Estado garantice un ambiente exento de contaminación sónica. Ahora bien, lo que sí resulta lesivo de sus derechos fundamentales es que, pese a que desde el 11 de marzo de 2024 el tutelado ha denunciado, entre otras cosas, la problemática de ruido, lo cierto es que a la fecha de interposición del recurso no se evidencia la emisión de un acto final que resuelva de manera expresa, clara y definitiva dicha gestión. En efecto, aunque la autoridad sanitaria ha desplegado diversas actuaciones de verificación y seguimiento, estas se han mantenido en un plano estrictamente material y preparatorio, sin que se traduzcan en una decisión conclusiva que determine si existe o no una infracción y, en su caso, que disponga las medidas correspondientes. En esa medida, la ausencia de un pronunciamiento final impide tener por satisfecha la obligación de resolver de forma pronta y expresa las gestiones planteadas por los administrados, pues no basta con realizar diligencias de comprobación si estas no culminan en un acto que defina la situación jurídica sometida a conocimiento de la Administración. Por ende, la prolongación de la gestión en un estado indefinido, sin una resolución que ponga término al asunto, configura una vulneración al derecho a una pronta resolución administrativa consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política.
Pull quotesCitas destacadas
"al no haberse acreditado mediante medición técnica alguna la superación de los niveles de ruido permitidos, ni constar una inactividad de la autoridad sanitaria en la verificación de la denuncia, no es posible tener por configurada una vulneración a los derechos fundamentales del tutelado en el plano material de la contaminación sónica."
"Since no technical measurement established that permitted noise levels were exceeded, and since no inactivity by the health authority in verifying the complaint was found, a violation of the protected party's fundamental rights on the material plane of sonic contamination cannot be established."
Considerando IV
"al no haberse acreditado mediante medición técnica alguna la superación de los niveles de ruido permitidos, ni constar una inactividad de la autoridad sanitaria en la verificación de la denuncia, no es posible tener por configurada una vulneración a los derechos fundamentales del tutelado en el plano material de la contaminación sónica."
Considerando IV
"En ese sentido, no le corresponde a esta jurisdicción constitucional fungir como una instancia revisora de la legalidad de los actos administrativos emitidos por la Municipalidad, ni sustituir a la Administración activa en la valoración de aspectos técnicos vinculados con el uso del suelo, el otorgamiento de licencias o el ejercicio de potestades de fiscalización, máxime cuando el ordenamiento jurídico prevé vías ordinarias idóneas para controvertir este tipo de actuaciones."
"This constitutional jurisdiction is not empowered to act as a reviewing instance for the legality of administrative acts issued by the Municipality, nor to substitute the active Administration in assessing technical aspects related to land use, license granting, or the exercise of supervisory powers, especially when the legal system provides ordinary and adequate venues to challenge such acts."
Considerando V
"En ese sentido, no le corresponde a esta jurisdicción constitucional fungir como una instancia revisora de la legalidad de los actos administrativos emitidos por la Municipalidad, ni sustituir a la Administración activa en la valoración de aspectos técnicos vinculados con el uso del suelo, el otorgamiento de licencias o el ejercicio de potestades de fiscalización, máxime cuando el ordenamiento jurídico prevé vías ordinarias idóneas para controvertir este tipo de actuaciones."
Considerando V
"En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"In environmental matters, it is also my view that once the Public Administration has intervened, resolution of the matter belongs to the contencioso-administrativo jurisdiction. Nevertheless, I do reach the merits when other rights of those affected by the contamination source are at stake — including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and uncontaminated environment (Article 50 of the Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"Se declara con lugar el recurso, únicamente por la violación a un derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida."
"The amparo is granted, solely for the violation of the right to prompt and effective administrative justice."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso, únicamente por la violación a un derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida."
Por tanto
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-first of April, two thousand and twenty-six.
Writ of amparo (recurso de amparo) filed under case number 26-004879-0007-CO, brought by MIGUEL HERRERA GONZÁLEZ, professional license number (carnet profesional) 2840, on behalf of Nombre01, identity card CED03, against the MUNICIPALIDAD DE MORA.
Background:
"II. REGARDING LAND-USE PERMIT CU-22-373 OF MAY 6, 2022 AND CONSTRUCTION PERMITS ISSUED BY THIS MUNICIPALITY TO THE COMPANY TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA. FIRST: By resolution CU-22-373 of May 6, 2022, the land-use application submitted by the user TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA for Dirección01, cadastral survey map SJ 0068073-1992, for the activity of "SALE AND DISPLAY OF STRUCTURES FOR EVENTS," was determined to be conforming. In light of the foregoing, by official communication No. DPOT-26-04 of March 12, 2026, signed by official Phisilla Carvajal Venegas, head of Land Use, the following information was provided regarding land-use permit CU-22-373: "(…) I write to extend my greetings and at the same time to respond to the email Report Amparo Writ; the situation of a property located in a zone; residential zone; parcel number 401148 of which TERRA EQUIPOS is the owner, for which certain activities were authorized, such as RENTAL AND SALE OF CONSTRUCTION EQUIPMENT, SALE AND DISPLAY OF METAL STRUCTURES, and for which land-use permit CU-22-373, May 6, 2022, has been granted.
As is generally known, the DEPT. has within its competencies the authority to generate first-instance authorizations for commercial licenses to be approved, after the applicant administrator fulfills a series of requirements. Supervision of commercial licenses falls within the purview of the Tax Administration Department (PATENTES). Parcel 401148 is located in a residential zone; in order to carry out the activities that were permitted: (image 1, 2, 3 and 4) […]
[…]
[…]
[…]
These images confirm that property (finca) 401148 is located where it was mentioned in the first image and is therefore situated in a residential zone.
Having established in the foregoing findings that the property owned by TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA is zoned as "Residential (Z.R)," this zoning (zonificación) imposes certain restrictions on the activities that may and may not be conducted on the property. In this regard, see what the land-use plan (Plan Regulador) of Mora sets forth in section 4.1, which exhaustively defines permitted and non-permitted uses:
Permitted Uses: "Single-family and multi-family housing, and all urban uses compatible with residential use, such as community public-service educational centers, small-scale retail (comercio menor), and other similar uses that do not create incompatibility. The following uses shall be permitted only on lots fronting main roads or primary thoroughfares: clinics, hospitals, veterinary clinics, movie theaters, and sports centers." Non-Permitted Uses: "Industry, including mechanical repair shops, auto-body and paint shops, gate and fence fabrication shops, warehouses (bodegas), sawmills, bars and taverns, wholesale commerce, and any other analogous use that causes nuisance to the neighborhood, such as smoke, odors, noise, heavy traffic, use and transport of toxic, flammable, or explosive materials, and any other nuisance that conflicts with the predominant use." Accordingly, the land use (uso de suelo) granted under CU-22-373 constitutes a land-use determination resolved in conformity with the zone and the property.
It is important to clarify the following: In accordance with Article 28 of the Ley de Planificación Urbana and Article 102 of the Reglamento de Construcciones, the Land-Use Certificate (Certificado de Uso de Suelo) is the specific legal act through which the local Administration certifies whether or not the land use of a parcel conforms to the requirements of the zoning regulations. Commercial or construction licenses, by contrast, constitute authorization acts issued by the Department of Tax Administration or Urban Development and Control, which shall verify compliance with all relevant and applicable regulations. The oversight of commercial licenses falls within the jurisdiction of the Department of Tax Administration (PATENTES), which shall verify compliance with all pertinent and applicable regulations.
It is also important to note that in the operative clause (por tanto) of land-use resolution N°CU-22-373 of 06 de mayo de 2022, the following is stated:
"Provided that the conditions established for the zone are met, the use proposed on the property with cadastral plan SJ-0068073-1992 for an OPERATING PERMIT (SALE AND EXHIBITION OF STRUCTURES FOR EVENTS) is CONFORMING, provided that it does not involve wholesale commerce or any other analogous non-permitted use that causes nuisance to the neighborhood, such as smoke, odors, noise, heavy traffic, use and transport of toxic, flammable, or explosive materials, or any other nuisance that conflicts with the predominant use. No warehousing or storage activity (bodega-almacenamiento) shall be generated, as such activity must be located in the Industrial Zone." Thus, from resolution CU-22-373 of 06 de mayo de 2022 and from Report DPOT-26-04 submitted by the technical unit, it is clearly, objectively, and verifiably established that property number 401148, owned by TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, is located within a Residential zone (Z.Nombre02.), in accordance with the zoning established in the Plan Regulador of the canton of Mora.
In this context, the Land-Use Certificate CU-22-373, issued on 6 de mayo de 2022, constitutes an administrative act (acto administrativo) through which the Municipal Administration certified the conformity of the requested use for SALE AND EXHIBITION OF STRUCTURES FOR EVENTS with the zoning in effect at the time of its issuance, in accordance with the provisions of Article 28 of the Ley de Planificación Urbana and Article 102 of the Reglamento de Construcciones. The described activity is classified as small-scale retail, a use permitted under the zoning applicable to the area where property number 401148 is located, which lies in a residential zone that allows the described use, as determined by the technical unit's analysis.
Furthermore, pursuant to section 4.1 of the Plan Regulador of Mora, the Residential zone permits only those uses compatible with residential living, such as single-family or multi-family housing, small-scale retail, and other urban services that do not generate incompatibility, nuisance to the neighborhood, or negative impacts associated with noise, heavy traffic, storage, or handling of hazardous or bulk materials.
By contrast, industrial uses, warehouses, workshops, wholesale commerce, and any analogous activity incompatible with the predominant residential use are expressly prohibited.
Under this regulatory framework, the land-use authorization granted must be interpreted restrictively, as was likewise set forth in the operative clause of said land-use resolution (cited above), in which the authorization was resolved to be limited to those activities that, by their nature, scale, and form of operation, do not contravene the express prohibitions established for the residential zone, being CONFORMING provided that "it does not involve wholesale commerce or any other analogous non-permitted use that causes nuisance to the neighborhood, such as smoke, odors, noise, heavy traffic, use and transport of toxic, flammable, or explosive materials, or any other nuisance that conflicts with the predominant use. No warehousing or storage activity shall be generated, as such activity must be located in the Industrial Zone." Finally, it is important to clarify that, as the report itself makes clear, it precisely delineates the administrative competencies of a land-use determination.
Although this same Local Government, through the Land-Use sub-process (subproceso), issued Land-Use Certificate N° CU-22-723 of 06 de mayo de 2022 as conforming for the project sought by Terra Equipos S.A., the fact of the matter is that said administrative act is not directly binding at the time of application for and approval of a construction permit (Licencia de Construcción). While land use is a fundamental prerequisite, at the stage of evaluating the construction permit a series of additional factual and technical factors applicable to the submitted proposal must be analyzed. Accordingly, a conforming land-use determination does not imply that the construction permit will or will not be approved, since, as noted, a full set of requirements must be met for the corresponding application and approval process.
The foregoing may be evidenced in light of Resolution N° 2023019022 of nine thirty in the morning of the fourth of August two thousand and twenty-three, issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, which stated:
"(…) it is established that the land-use certificate issued at the request of the appellant stated that it did not replace the construction permit; land use and the construction permit are distinct administrative acts, such that the land-use certificate does not replace the construction permit, its corresponding application process and/or approval. The land-use certificate establishes the general guidelines regarding the use that may be made of the property in question, indicating the guidelines or regulations to which the regulated party must conform at the time it decides to undertake any type of development on said property, thereby generating control over zoning by certifying the possibility of such use. The construction permit constitutes an administrative act, which is granted prior to the commencement of works as a guarantee of compliance with all technical and legal requirements, and becomes perfected upon payment of the corresponding fee established by the municipality for such purposes; in all cases where the totality of applicable technical or legal requirements is not met, the requested permit may not be issued.
(…)" (Emphasis added) Regarding other permits granted by this local government to Terra Equipos S.A., the Construction Sub-process has reported through official communication N°PUCC-013-2026 of 12 de marzo de 2026, signed by Walter Flores Blanco, head of that sub-process, the following:
"(…) with respect to what falls strictly within the administrative actions of this Sub-process regarding the property with registration number [blank], I hereby report the following: After reviewing the records of the Municipal Geographic Information System (SIGRAMU) and the physical files of the Construction Control Sub-process, the following permits granted for the aforementioned property are detailed: 1. Construction Permit PC 269-13 A, granted for 'Maintenance and Repair' works. 2. m². Construction Permit PC 269-13 C, granted for the construction of a large shed (galerón) of 40. Indicating that the granting of these permits responds strictly to regulatory compliance in force at the time of their issuance. Said administrative acts, during their processing and approval, fully complied with the technical and legal requirements mandated by the applicable construction and urban planning regulations.
It is understood that, as of the date of their granting, the Municipality acted in strict adherence to the principle of legality, technically verifying that the construction development conformed to the parameters authorized for Dirección02." In accordance with what was reported by official Walter Flores Blanco, all construction permits granted by this Municipality to Terra Equipos S.A. were preceded by a comprehensive technical and legal review process, with compliance with applicable regulations verified in each case, without any omission, waiver, or relaxation of the required administrative controls.
In that regard, each permit granted constitutes a duly reasoned administrative act issued after effective compliance with the corresponding legal and technical requirements was verified, which demonstrates that the municipal action has been carried out in a diligent, objective, and legally compliant manner.
III.REGARDING THE COMMERCIAL LICENSE REGISTERED BY THIS MUNICIPALITY TO TERRA EQUIPOS S.A., CORPORATE TAX ID (CÉDULA JURÍDICA) CED01
By virtue of the facts reported by the appellant in this appeal in connection with the commercial license granted in favor of TERRA EQUIPOS S.ombre03. on the property in the registry section (partido) of San José number Dirección03, cadastral plan SJ-0068073-1972, for "RENTAL AND SALE OF CONSTRUCTION EQUIPMENT, SALE AND EXHIBITION OF METALLIZED STRUCTURES," the complainant alleges that said commercial activity was substantially modified, with the property becoming dedicated to other ACTIVITIES OF AN INDUSTRIAL NATURE.
In this context, the commercial licenses department of the Municipalidad de Mora, through Report ATM-LC-111-2026 of 12 de marzo de 2026, signed by Karla Matamoros Camacho, head of the Department of Commercial Licenses, has stated the following:
"(…) I must indicate that the approval of each commercial license is generated from the submission of the appropriate application form and compliance with a series of requirements. Each requirement is requested on the basis of some regulation that so establishes it, and they are issued by the corresponding entity or qualified professional. For this reason, this Unit is responsible for verifying compliance with said requirements, but does not question the technical criteria issued by the professional in the exercise of their competencies. With respect to the commercial license registered to Terra Equipos S.A.
...with legal entity registration number (cédula jurídica) CED01, I proceed to provide the following details: On November 5, 2013, Mr. Nombre04, with identity number ED04, with judicial and extrajudicial representation of Terra Equipos S. A. with legal entity registration number CED01, filed a commercial license (licencia comercial) application with the following characteristics:
• Regarding registered property (finca) #436018-000 • With cadastral plan (plano catastro) SJ-260201-95 • Land-use certificate (uso de suelo) dated January 17, 2013 • Activity: RENTAL AND SALE OF CONSTRUCTION EQUIPMENT AND MACHINERY AND STORAGE OF PORTABLE SANITATION UNITS (CABAÑAS SANITARIAS) • Land-use certificate dated June 14, 2013 • Activity: PARKING FOR TANK TRUCKS FOR TRANSPORT OF SEPTIC SLUDGE (LODOS SÉPTICOS) AND ADMINISTRATIVE OFFICES • Commercial license approved by Resolution No. LICCO-077-2013-AT.
On March 4, 2014, an expansion of the commercial license was requested with the following characteristics:
• Regarding registered property #436018-000 • With cadastral plan SJ-260201-95 • Land-use certificate RU-466-13 dated July 29, 2013 • Activity to be added: REPAIR AND MAINTENANCE WORKSHOP • Commercial license approved by Resolution No. LICCO-018-2014-AT.
On May 13, 2022, the represented company applied for a commercial license with the following characteristics:
• Regarding registered property #401148-000 • With cadastral plan SJ-0068073-1992 • Land-use certificate CU-22-373 dated May 6, 2022 • Activity: SALE AND DISPLAY OF METAL STRUCTURES • Commercial license approved by Resolution No. 071-2022-AMPLIA-LICCO-AT.
On June 21, 2024, the represented company requested an expansion of the license with the following characteristics:
• Regarding registered property #436018-000 • With cadastral plan SJ-260201-1995 • Land-use certificate CU-24-371 dated May 12, 2024 • Activity to be added: WASHING AND DISINFECTION OF PORTABLE SANITATION UNITS • Commercial license approved by Resolution No. 421-2024-AMPLIA-LICCO-AT.
On August 13, 2024, the represented company requested a new expansion of the commercial license with the following characteristics:
• Regarding registered property #401148-000 • With cadastral plan SJ-0068073-1992 • Land-use certificate CU-24-488 dated June 18, 2024 • Activity to be added: STORAGE AND RENTAL FOR DISPLAY AND SALE OF STRUCTURES FOR EVENTS, SMALL-SCALE RETAIL (COMERCIO MENOR) • Commercial license approved by Resolution No. 445-2024-AMPLI-LICCO-AT.
From the foregoing details, it is determined that Terra Equipos S. A. with legal entity registration number CED01, in the records of the Municipalidad de Mora as of today, holds a commercial license on two property registration numbers (matrícula), each with the following registered activities:
Registered property #436018-000, with cadastral plan SJ-260201-1995 Authorized activity: RENTAL AND SALE OF CONSTRUCTION EQUIPMENT AND MACHINERY, PARKING FOR TANK TRUCKS FOR TRANSPORT OF SEPTIC SLUDGE, REPAIR AND MAINTENANCE WORKSHOP, STORAGE, WASHING, AND DISINFECTION OF PORTABLE SANITATION UNITS, AND ADMINISTRATIVE OFFICES.
Registered property #401148-000, with cadastral plan SJ-0068073-1992 Authorized activity: SALE AND DISPLAY OF METAL STRUCTURES, STORAGE AND RENTAL FOR DISPLAY AND SALE OF STRUCTURES FOR EVENTS, SMALL-SCALE RETAIL.
From the constitutional appeal (recurso de amparo) filed by Mr. Nombre01 against the Municipalidad de Mora, it is understood that the complainant's grievance concerns the activity taking place on registered property #401148-000, with cadastral plan SJ-0068073-1992, a location authorized for SALE AND DISPLAY OF METAL STRUCTURES, STORAGE AND RENTAL FOR DISPLAY AND SALE OF STRUCTURES FOR EVENTS, SMALL-SCALE RETAIL.
In the same document, under Section III. Relevant Facts from a Constitutional Standpoint, point 3, Mr. Nombre01 states: After the commercial license was granted, and progressively, the company Terra Equipos S.A. substantially changed the authorized activity of "RENTAL AND SALE OF CONSTRUCTION EQUIPMENT, SALE AND DISPLAY OF METAL STRUCTURES," engaging instead in INDUSTRIAL-TYPE ACTIVITIES different from the land-use designation that gave rise to the commercial license granted to it, including: mass storage of products, loading and unloading of metal structures, washing of equipment and portable toilets (inodoros portátiles), washing and storage of trucks that transport septic solids (sólidos sépticos) or excrement, operation of heavy machinery such as forklifts (montacargas) and cranes, and constant heavy truck traffic, generating excessive and constant noise, vibrations, and foul odors, at hours incompatible with residential use, as these activities extend until nine o'clock or later at night.
In this regard, it is important to note that the activity of storage, washing, and disinfection of portable sanitation units (portable toilets) is carried out on registered property #, with cadastral plan SJ-260201-1995, as is likewise indicated in inspection report MM-UI-105-2024 issued by Reiner Reyes Fuentes, Inspector of the Inspection Unit and Municipal Police of the Municipalidad de Mora, in a joint inspection conducted on August 20, 2024, together with officials from the Ministerio de Salud, who also documented the visit through official communication MS-DRRCS-ARSM-IT-365-2024 issued by Maycol Ávalos Rodríguez, Lic. in Environmental Management and Occupational Health Engineering of the Ministerio de Salud.
At various points in the complaint, the affected party refers to the protection of health (noise pollution / contaminación sónica, foul odors, and conditions incompatible with healthy living) — public health matters that fall within the jurisdiction of the Ministerio de Salud. For this reason, the effective, appropriate, and verifiable measures to stop the health impacts that the respondent requests must be directed to the competent authority.
As of today, in the records of the Municipalidad de Mora, the represented company Terra Equipos S. A. with legal entity registration number CED01 remains in compliance with requirements and its tax obligations (…)" In light of the foregoing, based on what is stated in the commercial license department's report, with respect to the property with registration number , located in a residential zone (zona residencial), the company Terra Equipos S.A. holds a commercial license authorized for the following activities:
• Sale and display of metal structures, and • Storage and rental for display and sale of structures for events, this, as already noted, under the small-scale retail modality.
Said license was granted on the basis of Land-Use Certificate CU-22-373 of May 6, 2022, which expressly sets out clear restrictions for the zoning (zonificación) applicable to the location of said property, excluding industrial activities, large-scale warehousing (bodegaje), wholesale trade, or any use that generates nuisances incompatible with residential zoning.
Consequently, the currently valid commercial license for the property does not cover or authorize industrial activities, nor operations involving equipment washing, management of septic waste, intensive use of heavy machinery, or constant heavy truck traffic. On the contrary, the activities that the appellant characterizes as "industrial in nature," such as washing of equipment and portable toilets, washing and storage of trucks that transport septic solids or excrement, operation of heavy machinery such as forklifts, and storage associated with such operations, are not carried out nor authorized for the property ; rather, they hold an express and currently valid commercial license to be conducted exclusively on the registered property with registration number , which has different urban planning conditions and authorizations.
On that property, the company Terra Equipos S.A. holds a commercial license for activities that include, among others:
• Rental and sale of construction equipment and machinery, • Parking for tank trucks for transport of septic sludge, • Repair and maintenance workshop, • Storage, • Washing and disinfection of portable sanitation units, and • Administrative offices.
These activities were authorized through administrative acts following verification of compliance with the corresponding technical, sanitary, environmental, and urban planning requirements, and are not linked to or transferred to registered property 401148-000; this has been confirmed by this local government, which, in fulfillment of its oversight duty, has conducted inspections at Dirección01 to verify that the activity carried out conforms to that authorized under the commercial license granted for said property.
As evidenced by official communication MM-PM-083-2026 of March 11, 2026, Leonardo Trejos Cespedes, coordinator of the Inspection Unit and Municipal Police, reported on the inspections carried out by that unit in fulfillment of its oversight duty, on some occasions jointly with the commercial license department. According to said report, on February 15, 2022, a complaint was received from municipal council member (regidor) Álvaro Arguedas Durán regarding alleged irregularities in the use of a commercial business license (patente comercial) at the indicated property. In response to said complaint, on February 21, 2022, inspector Geovany Rivas Guerrero conducted an on-site inspection, noting that no administrative office or commercial activity of any kind was observed.
Subsequently, through official communication AMM-0370-2025 of June 24, 2025, signed by acting municipal mayor (alcalde municipal a.i.) Emmanuel Ferrer Venegas, a new inspection was requested regarding alleged irregularities related to the commercial license granted for cadastral plan SJ-68073-92 in the name of Terra Equipos S.A. In response to said request, consideration was given to the visit conducted by Lic. Karla Matamoros Camacho, whose findings were communicated through official communication ATM-LC-292-2025, which states that "on June 30 of this year, Municipal Police officers Roy Quesada Chavarría and Alejandro Quirós Brenes and I jointly attended the above-described property, where we were received by Mr. Nombre05, an employee of the represented company Terra Equipos. Upon entering the above-described property, it was observed that the site had some light cargo vehicles parked; the remainder of the property was used for storage of metal structures as can be seen in the photographs included in this report; the presence of two workers (peones) employed by the company was also noted. […] […] […] In accordance with your request and based on a description of what was observed at the time of the visit, it is confirmed that the activity of 'Sale and Display of Metal Structures' is being carried out." Similarly, the actions taken by the Municipal Police during the same inspection were reported through official communication MM-PM-197-2025, in which the unit stated that "on June 30 of this year, Municipal Police officers Roy Quesada Chavarría and Alejandro Quirós Brenes, accompanied by the commercial license officer Lic, Karla Matamoros Camacho, attended the location.
It was observed that, at the time of the visit, the activity of 'Sale and Display of Metal Structures' was being carried out. On site there were some light cargo vehicles and metal structures; no other activities were visible within the premises." Subsequently, through official communication MM-PM-287-2025 of September 30, 2025, an analysis was conducted in the SIGRAMU system, determining that at Dirección02, corresponding to cadastral plan SJ-68073-1992, construction proceedings linked to what exists on the site are on record.
These reports from various inspections carried out by the competent municipal departments at Dirección01 — aimed at verifying that the commercial activity being conducted there conforms to what is permitted by the business license (patente) granted for that property — demonstrate that this municipality has acted diligently and has in no way neglected its oversight duties and its obligation to address the complaints filed by the appellant, given that actions have been taken both in the field and at the internal administrative level to verify the facts presented by him. According to the reports of the executing units, the field actions yielded the finding that at property (finca) Dirección03, the company Terra Equipos S,A maintains the activity of "Sale and Display of Metal Structures," which was the activity approved under the granted license; therefore, it cannot validly be maintained that a substantial or irregular modification of the commercial activity authorized for finca 401148-000 has occurred.
In this regard, taking into account that the activities challenged by the appellant are backed by an independent commercial license (licencia comercial) granted for a different property under a different legal regime, it follows that the appellant's argument may stem from a material confusion between different properties and different commercial licenses, attributing to finca 401148-000 activities that do not form part of the license granted for that property but are instead legally authorized to be exercised on a different property, duly identified as finca 436018-000. In addition to this, it is important to reiterate what was already stated by Ms. Nombre06 in official communication ATM-LC 111-2026, to the effect that some of the facts reported by the complainant do not fall within this municipality's oversight competence but rather within that of other entities such as the Ministry of Health — a point that will be elaborated upon further below.
Likewise, this Chamber should be made aware that, in response to the multiple complaints filed by Mr. Nombre01, the mayor's office has initiated a preliminary investigation (investigación preliminar) to ascertain the true facts of the matter, which forms part of the internal administrative oversight actions that have been developed, specifically through official communication IPAD-006-2025 dated October 1, 2025 — demonstrating that this office has in no way been neglectful of the situation reported by the administrative party. Likewise, regarding the technical-legal report referenced by the appellant, entitled "Informe Técnico Jurídico sobre las anomalías en el otorgamiento de patente comercial a terra equipos," submitted to this municipality by Attorney Miguel Herrera González on December 4, 2025, the same was duly received and referred to the investigative body handling IPAD-006-2025, to be incorporated into that preliminary investigation process; moreover, this was made known to Mr.
Herrera Gómez as representative of Nombre01 through official communication AMM-0900-2025 dated December 11, 2025. Along the same lines, on February 3, 2026, an administrative complaint was received from Mr. Herrera Gómez as representative of Nombre01, requesting the initiation of an ordinary administrative proceeding (procedimiento administrativo ordinario) on the same facts; in response, through official communication AMM-0127-2026 dated February 16, 2026, this office addressed the administrative complaint, reiterating that through official communication No. IPAD‑006‑2025 dated October 31, 2025, the preliminary investigation had been initiated regarding the facts he had reported in connection with the license granted to the company Terra Equipos S,A and the land use (uso de suelo), indicating that, prior to proceeding with the opening of such a proceeding, this administration has, on a discretionary basis, considered it important to conduct the preliminary investigation in the case at hand, in reliance on the jurisprudence of this Chamber, specifically its resolution No. 2011-010890 of 14:30 hrs. on August 17, 2011, in which it was held: "(…) In this regard, this Tribunal has declared that, as a matter of principle, it is impossible to violate the right of defense during a preliminary investigation, since the latter, stricto sensu, does not form part of an administrative proceeding as such, but rather constitutes a preparatory stage whose purpose is to assess whether there is merit to open one or not.
More specifically, it has been stated that the preliminary investigation may be defined as an optional fact-finding activity carried out by the Public Administration itself concerning the specific circumstances of the case." (Underlining added.) In response to this reply, the appellant filed motions for reconsideration with a subsidiary appeal (recursos de revocatoria con apelación en subsidio) against official communication AMM-0127-2026, which were resolved by resolution AMR-013-2026 of ten hours and fifteen minutes on February 23, two thousand and twenty-six, rejecting the motion for reconsideration with subsidiary appeal filed by Mr. Miguel Herrera González on behalf of Nombre01 against official communication AMM-0127-2026 of February 16, 2026, on the grounds of fact and law set forth therein. Subsequently, on February 25, 2025, Mr. Miguel Herrera González, acting as representative of Nombre01, filed a challenge against resolution AMR-013-2026, which was resolved by resolution AMR-016-2026 of ten hours on March 11, two thousand and twenty-six, and was notified on March 11, 2026; the motion for reconsideration was rejected, and the appeal will be heard on appeal by the improper hierarchical superior (jerarca impropio), who, as the competent body, will review the legality of those administrative actions; it is nonetheless evident that the administrative complaints filed by the appellant with this administration have been duly addressed. […] Having stated the foregoing, it has been demonstrated that this administration, in response to the complaints submitted to the municipality by the appellant herein regarding the facts in question, has requested the various municipal departments to review the administrative actions taken and to carry out the appropriate oversight, with the aim of verifying that they conform to the law; as a result, the technical departments have reported that the permits and licenses granted to the company Terra Equipos S,A were issued in compliance with the legal framework after verifying effective compliance with the corresponding legal and technical requirements.
Thus, taking into account what the technical departments have reported, but also addressing the administrative party's concerns, this office, acting responsibly and prior to initiating any administrative proceeding as the appellant has requested of this office, has initiated a preliminary investigation to determine whether or not there is merit to open a proceeding, given that the competent municipal departments in each area have reported conduct that is thorough, objective, and consistent with the legal framework; nonetheless, as a diligent administration, this office has proceeded with the preliminary investigation in response to the concerns raised by the administrative party, so as to ascertain the true facts of the matter, and should the results of the preliminary investigation reveal any irregularity, this administration will take the corresponding measures. In light of the above, no omissive or illegitimate conduct on the part of the Municipalidad de Mora is evident; on the contrary, what is demonstrated is the regular exercise of its administrative control and authorization competencies, which have been exercised in strict adherence to the principle of legality (principio de legalidad), with no element having been established to date that would undermine this conclusion.
Furthermore, diligent and thorough fulfillment of the oversight duty by this municipality is evident from the inspections and investigations conducted in response to the complaints filed by the appellant herein, and given that it has been shown that the submissions made by Nombre01 — including reports, complaints, and appeals — have been duly addressed, it is not true that this municipality has taken no action whatsoever, as the claimant seeks to suggest.
In this case it is important to note that, under the principle of legality, the Ministry of Health is the entity holding sole and exclusive legal competence to address complaints in cases where some form of noise pollution (contaminación sónica) may exist. To this end, the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido provides as follows: "(…) Article 8°—Entity responsible for measurements. In order to verify compliance with the provisions of this Regulation and those derived therefrom, the Ministry of Health, through the Health Governing Areas (Áreas Rectoras de Salud), shall conduct inspection visits to noise-emitting sources to measure noise levels inside buildings. (…)" (Emphasis added.) Furthermore, the Ley General de Salud establishes: "(…) Inspections and other proceedings ARTICLE 346.— For the purposes of effectively monitoring compliance with the provisions of this law, its regulations, and supplementary resolutions issued by health authorities within their competencies, officials of the Ministry, duly identified, may conduct inspections or visits to carry out sanitary operations, collect samples, or gather background information or evidence in buildings, residences, and industrial and commercial establishments and any place where violations of the aforementioned laws, regulations, and resolutions could be committed.
Such proceedings must be carried out during the day, between six and eighteen hours, and private parties are obligated to facilitate them immediately. The time restriction shall not apply to inspections relating to the control of food, narcotics, hallucinogens, and psychotropic substances capable of causing, through their use, psychological or physical dependence. (…)" (Emphasis added.) That law also provides: "(…) ARTICLE 293.— Every natural or legal person is obligated to exercise the utmost diligence in complying with the legal and regulatory provisions or special orders issued by the competent authority, so as to prevent or control atmospheric and environmental pollution in places designated for housing, work, or recreation. (…)" In view of the foregoing, these provisions establish that competence over situations of environmental and noise pollution such as those alleged by the appellant — who states that the activities of the company Terra Equipos at Dirección04 "generate excessive noise, vibrations, foul odors, and environmental pollution" — lies exclusively with the Ministry of Health through the Áreas Rectoras de Salud; therefore, it is that entity which bears responsibility for overseeing and enforcing compliance with the laws aimed at preventing such pollution, and not — as the appellant seeks to argue — this municipality, which position would be contrary to law.
Given the facts reported by the appellant in the present writ of amparo (recurso de amparo), it is necessary to refer to the writ of amparo processed by this Chamber under case file no. 24-035927-0007, filed by Nombre01, identity document ED03, and Nombre07, identity document ED05, against the MINISTERIO DE SALUD AND THE MUNICIPALIDAD DE MORA. In that writ of amparo, the appellants stated that they reside in the canton (cantón) of Mora, in a residential and commercial zone. They indicated that "some months ago, a large-scale warehouse of a business called 'Terra Equipos Alquiler y Venta de Equipos para la Construcción' was installed on the property adjacent to their home." In those proceedings, they reported that the Municipalidad de Mora had "expanded the land-use permits (usos de suelo) without supervision or review, which aggravates the problem they are suffering." They further stated that, with respect to the respondent municipality, they had attempted to request information without positive results.
In response to the facts set forth by the petitioner in those proceedings—the same petitioner as in the present case—this court, by order issued at 14:49 hours on January 2, 2025, admitted the case for processing and requested a report from the director of the Área Rectora de Salud of Mora; as well as from the mayor and the president of the Concejo, both of the Municipalidad de Mora, in response to which this representation submitted the corresponding report before this Constitutional Tribunal on January 9, 2025. In light of the reports submitted, by order No. 2025007768 issued at nine hours and twenty minutes on the fourteenth of March, two thousand and twenty-five, this court ruled the following with respect to this administration: "(…) First, regarding the Municipalidad de Mora, any situation that would at this time warrant the intervention of this constitutional jurisdiction is prima facie ruled out.
In this regard, it should be noted that it is not for this Sala, in this summary writ of amparo (recurso de amparo) proceeding, to review whether the land-use permits and operating permits (permisos de funcionamiento) granted to the company referred to by the petitioning party comply or do not comply with the provisions of ordinary legislation. Accordingly, if the petitioners are dissatisfied with such acts, they must raise the relevant arguments before the competent administrative or ordinary judicial bodies, venues in which they may broadly argue the merits of the matter and assert their claims. (…) Ergo, prima facie any action or omission by the respondent municipality susceptible of being declared unlawful in these proceedings is ruled out. (…) Por tanto: The writ is denied. Justice Salazar Alvarado files a concurring note. (…)" In view of the foregoing, it is clear from the ruling issued by the Sala Constitucional in expediente N.° 24-035927-0007-CO that it is not for this constitutional jurisdiction, in the summary proceeding of the writ of amparo, to review or assess the merits of administrative acts (actos administrativos) relating to land-use permits, commercial licenses (licencias comerciales), or operating permits, when these have been issued by the Administration in the regular exercise of its powers and in accordance with the principle of legality (principio de legalidad).
In the present case, as in the precedent cited, no arbitrary, illegitimate, or omissive conduct attributable to the Municipalidad de Mora is established; rather, what is evidenced is a diligent administrative response attentive to the facts reported by the petitioner, seeking to issue duly motivated administrative acts subject to technical and legal oversight, with respect to which it has already been demonstrated in these proceedings that this administration has not disregarded the complaints filed by the petitioner—on the contrary, it has even initiated a preliminary investigation (investigación preliminar) for the purpose of thoroughly examining and definitively ruling out any irregularity. Therefore, in light of the reiterated case law of this Sala and the objective elements set forth in this report, no violation of fundamental rights that would warrant the intervention of this constitutional jurisdiction has been established, and the writ of amparo is thus inadmissible with respect to the reproaches directed against this local government.
As has already been noted throughout this report, by way of summary, it is stated that, in response to what the petitioner reported regarding the land-use permit issued by this municipality in relation to the property (finca) No. 401148 with cadastral plan (plano catastro) SJ-0068073-1992, owned by TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, official document No. DPOT-26-04 of March 12, 2026, signed by Phisilla Venegas Carvajal, the official in charge of land-use permits at the Municipalidad de Mora, reveals that the technical unit considers the land-use permit issued to be in conformity with and in accordance with the law, since, as the technical unit indicates, the land use granted through resolution CU-22-373 was issued in accordance with the zoning applicable to the location of the property, which, as the report states, is located in a residential zone, for which the referenced land-use permit was issued pursuant to the uses allowed by the applicable regulations for that zoning category.
Likewise, regarding the commercial license granted to Terra Equipos S.A. for STORAGE AND RENTAL, FOR DISPLAY AND SALE OF STRUCTURES FOR EVENTS—MINOR COMMERCE, to be operated on property No. Dirección03, with cadastral plan SJ-0068073-1992, as reported in official document No. ATM-LC-111-2026 of March 12, 2026, signed by Karla Matamoros Camacho, head of the Commercial Licenses Department of the Municipalidad de Mora, said business license (patente) was approved in accordance with the law, given that the company Terra Equipos S.A. met all the requirements established by the business license regulations for each application, and accordingly the commercial licenses that were approved are currently registered as active and issued in conformity with the law and the applicable zoning, as reflected in the approved land-use certificates; it is further reiterated that two business licenses were granted, covering independent properties and for different activities, a matter that has already been thoroughly explained in this report.
In view of the foregoing, as the competent technical units have already indicated, the land-use permits, construction permits (permisos constructivos), and commercial licenses granted by this Municipality for the development of the commercial activities of the company TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA on property No. Dirección03, cadastral plan SJ-0068073-1972, have been issued in strict compliance with the legal framework and the applicable technical and legal requirements, and to date no element has been established that would undermine that conclusion. Nonetheless, and as an enhanced act of administrative diligence, this Administration has ordered the opening of a preliminary investigation for the purpose of clarifying any remaining doubt, thereby demonstrating that this representation has carried out the various oversight actions that this municipality must and indeed has carried out, to ensure that the commercial activities approved by this local government for Terra Equipos S.A. comply with the law, and that this mayor's office (alcaldía) has responsibly undertaken the corresponding administrative acts to address the complaints that the petitioner herein has filed with the municipal administration, not having been remiss in responding to them.
On the other hand, it has been established that, under the principle of legality, the noise pollution (contaminación sónica) and environmental pollution reported by the aggrieved party falls, pursuant to the regulations set forth above, within the exclusive jurisdiction of the Ministerio de Salud, acting in coordination with its Áreas Rectoras de Salud, as this is the entity exclusively competent to oversee this type of environmental and/or noise pollution, to carry out measurements of noise-emitting sources, and to supervise and ensure effective compliance with the law in relation to these situations, and not this municipality. Finally, it must be borne in mind that, with respect to the facts set forth herein, this municipality has already demonstrated to this Sala its compliance with its legal duties in connection therewith, under writ of amparo N.° 24-035927-0007-CO, resolved by order No. 2025007768 issued at nine hours and twenty minutes on the fourteenth of March, two thousand and twenty-five.
For all of the foregoing, this representation considers it confirmed that, within its municipal competencies, all corresponding actions have been taken in response to the concerns expressed by the petitioner before this administration, without any omission, in pursuit of compliance with the principle of legality and applicable regulations, and accordingly all administrative acts that have given rise to any rights for the license holder have been and are being reviewed, with the aim of verifying that everything conforms to the law. Therefore, as already noted, and in demonstration of a diligent and prudent administrative response, this Administration has ordered the opening of a preliminary investigation with the sole purpose of clarifying any remaining doubt and definitively ruling out the existence of any potential irregularities, without this being interpreted as a violation of constitutional guarantees; on the contrary, responsible conduct within all the legal competencies of this local government has been demonstrated, reiterating that this municipality has not been remiss in addressing the complaints filed.
Moreover, pursuant to the line of reasoning adopted by this Sala Constitucional as noted above (order No. 2025007768), it is not for this constitutional jurisdiction, in the summary proceeding of the writ of amparo, to review or assess the merits of administrative acts relating to land-use permits, commercial licenses, or operating permits. In addition, it is reiterated that the honorable justices must bear in mind that the jurisdiction to oversee and regulate noise pollution rests exclusively with the Ministerio de Salud, and therefore this local government bears no responsibility whatsoever in that regard. Accordingly, it is requested that the present writ of amparo be denied for lack of legal basis.
"FIRST: That in accordance with the provisions of Article 34 and related articles of the Law of Constitutional Jurisdiction, I appear in the present proceeding in the capacity of active intervenor on behalf of the petitioning party, as I have a direct, personal, and legitimate interest in the outcome of this writ, given that I am an adjoining neighbor on the eastern side of the company whose industrial activity affects us.
SECOND: That my standing derives from my status as a direct adjoining neighbor of the property where Terra Equipos S.A. carries out the reported activities, a situation that places me in a position of real, current, and ongoing harm, in terms substantially identical to those alleged by the petitioning party.
THIRD: That the activities carried out on said property, which are industrial in nature within a residential-use zone, give rise in my legal sphere to a direct impairment of fundamental rights, particularly with respect to:
The right to health and personal integrity • The right to a healthy and ecologically balanced environment FOURTH: That the harm described is neither eventual nor hypothetical, but material, verifiable, and persistent over time, arising from the continuous operation of heavy machinery, the transit of high-tonnage vehicles, the generation of excessive noise, vibrations, and foul odors, under conditions incompatible with the residential use of the zone.
FIFTH: That I fully concur with all the facts, legal grounds, and claims set forth in the writ of amparo (recurso de amparo) that has been filed, which I adopt as my own for all corresponding legal purposes.
SIXTH: That particularly serious is the inaction of the Municipalidad del Cantón de Mora, which has sought to justify its omission by invoking the supposed existence of a preliminary disciplinary investigation (IPAD-006-2025), initiated in October 2025, without any substantive ruling (resolución de fondo), adoption of precautionary measures (medidas cautelares), or effective action aimed at putting an end to the reported harm having been issued to date.
SEVENTH: That the supposed preliminary investigation (investigación preliminar), far from constituting a valid mechanism of administrative action, has become an instrument of indefinite delay, lacking a fixed deadline and bearing no direct relationship to the Administration's obligation to exercise its powers of oversight, inspection, and control (potestades de control, fiscalización) and to effectively safeguard the fundamental rights at stake.
EIGHTH: That the existence of a preliminary investigation neither suspends nor substitutes the Administration's constitutional duty to:
Issue prompt, express, and reasoned decisions on the petitions submitted • Adopt immediate measures in the face of actual or imminent harm Prevent the continuation of infringements of fundamental rights NINTH: That, in the present case, the municipal omission acquires constitutional relevance not only because of the absence of a substantive ruling, but also because it allows the continuation of a presumably unlawful activity with effects on the enjoyment of constitutional guarantees concerning health, the environment, and the quality of life of adjoining neighbors.
TENTH: That the unjustified delay in adopting measures, in the presence of actual and ongoing harm, itself constitutes an independent violation of the fundamental rights protected by Articles 21, 27, 45, and 50 of the Constitución Política.
ELEVENTH: That in this context, the Administration's conduct runs counter to the principles of reasonableness, proportionality, environmental prevention, and effective administrative protection (tutela administrativa efectiva), by privileging an indefinite internal inquiry over the immediate protection of fundamental rights."
As a preliminary matter, it is my duty to state that Decreto Ejecutivo N° 40724-S of September 23, 2017, published in La Gaceta N°215 of November 14, 2017, supplement 273, entitled "Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud," effective as of May 14, 2021, establishes as the Mission of the Ministerio de Salud that it is the institution that leads and guides social stakeholders in developing actions to protect and improve the physical, mental, and social health of the population, through the exercise of the health stewardship (Rectoría) of the National Health System, with a focus on health promotion and disease prevention, fostering a healthy and balanced human environment, guided by the principles of equity, efficiency, quality, transparency, and respect for diversity, with its actions grounded primarily in the Constitución Política, Ley N° 5395 of October 30, 1973, "Ley General de Salud," Ley N° 5412 of November 8, 1973, "Ley Orgánica del Ministerio de Salud," and Decreto Ejecutivo N° 40724-S, cited above, among others.
Furthermore, the Ley General de Salud, in articles 1, 2, 3, 4, and 7, provides, among other things, that the health of the population is a matter of public interest protected by the State; that it is an essential function of the State to safeguard the health of the population; that it falls to the Executive Branch (Poder Ejecutivo), through the Ministerio de Salud, to define national health policy and to develop, plan, and coordinate all public and private health-related activities, as well as to carry out those activities that are within its legal competence, with the authority to issue autonomous regulations on these matters.
It is important to note that every natural or legal person is subject to the mandates of the aforementioned law and all other laws, regulations, and administrative provisions relating to health, which are matters of public order and, in the event of conflict, prevail over any other provisions of equal formal validity, without prejudice to the powers conferred by law upon the autonomous institutions of the health sector, as well as the general and particular orders, both ordinary and emergency, issued by health authorities in the exercise of their organic competencies; and every person has the right to be duly informed by the competent official of the binding standards in force regarding health matters, except as provided in international conventions and treaties.
Having set forth the foregoing, I now address the constitutional protection petition (recurso de amparo) filed by Miguel Ángel Herrera González on behalf of Nombre01, who alleges that: "…his client Nombre01, national identity card CED02, is a neighbor sharing a boundary with a property owned by the company Terra Equipos S.A., which is located in a residential zone but in which industrial-type activities are being carried out in plain sight of the Municipalidad de Mora. He states that the respondent authority granted a business license (licencia comercial) to Terra Equipos S.A. for the property parcel (finca) in the registry district (partido) of San José, registration number 401148-000, cadastral plan (plano) SJ-0068073-1972, authorized under land-use permit (uso de suelo) number CU-22-373 of May 6, 2022, on the premise that the activity to be carried out was 'RENTAL AND SALE OF CONSTRUCTION EQUIPMENT, SALE AND DISPLAY OF METALLIC STRUCTURES.' He further notes that the aforementioned property is located in a residential zone in which, pursuant to the currently applicable zoning plan (plan regulador) for the cantón de Mora, industrial activities are expressly prohibited, such as warehouses (bodegas), workshops, and any analogous uses that generate disturbances to the neighborhood.
He recounts that, subsequent to the granting of the business license and in a progressive manner, the company Terra Equipos S.Nombre03. substantially modified the authorized activity and began to carry out other activities of an industrial nature. He explains that the company carries out the mass storage of products, loading and unloading of metallic structures, washing of equipment and portable toilets, washing and storage of trucks that transport septic solids or fecal matter, operation of heavy machinery, and constant transit of heavy trucks, generating excessive and constant noise, vibrations, and foul odors, at hours incompatible with residential use, as these activities extend into the late-night hours. He alleges that the described situation prevents his client—who is an elderly person (persona adulta mayor)—as well as the members of his household, from resting, enjoying peace and quiet, and living with dignity, and that they have experienced a deterioration of their quality of life.
He states that for several months, the protected party has appeared before administrative authorities—both the Municipalidad de Mora and the Ministerio de Salud—to request urgent intervention, having submitted compelling technical, expert, and sanitary evidence demonstrating the real harm suffered. Nevertheless, he claims that the respondent municipal government (ayuntamiento) has engaged in a prolonged and unjustified failure to act, tolerating the ongoing harm without taking any action to safeguard the fundamental rights of his client and the residents of the cantón in that residential zone. In this regard, he details that on December 4, 2025, his special attorney-in-fact (apoderado especial), Miguel A. Herrera González, submitted to the mayor (alcalde) of Mora a document entitled 'INFORME TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LAS ANOMALÍAS EN EL OTORGAMIENTO DE PATENTE COMERCIAL A TERRA EQUIPOS,' in which he set forth that the activities of the aforementioned company continue until the late-night hours, generating noise that exceeds the limits permitted in a residential zone.
Likewise, the report referenced administrative irregularities detected and caused by heavy traffic, electrical hazards, sightlines into neighboring properties, and violations of privacy; accordingly, it requested a municipal technical study on environmental noise and the protection of the rights of affected residents, in accordance with the principles of human dignity, habitability, and a healthy environment. He mentions that, by means of official communication AMM-0900-2025, he was informed that the referenced report was added to the preliminary investigation proceeding opened on October 31, 2025, under consecutive number IPAD-006-2025. He questions the fact that the Administration has kept the matter in an indefinite preliminary phase, without expressly resolving the principal request or adopting measures to protect his fundamental rights…." Having set forth the foregoing, I respond to the request of the honorable Tribunal Constitucional, on the basis of report CARTA-MS-DRRSCS-ARSM-182-2026, issued by Dr. Luz Cuadra Morales, Director of the Área Rectora de Salud Mora, as the response to this action, which states, in the relevant part, the following:
CARTA-MS-DRRSCS-ARSM-182-2026: "… I. ON THE FACTS ALLEGED BY THE APPELLANT That they are elderly persons residing in the cantón de Mora in a residential and commercial zone. That adjacent to their property, a large-scale warehouse known as "Terra Equipos" was established, which is used for industrial purposes including the mass storage of products, loading and unloading of metallic structures, and washing and storage of vehicles that transport septic sludge and fecal matter, generating noise, vibrations, and foul odors — a situation they have reported to the Área Rectora de Salud and the Municipalidad.
On March 11, 2024, the Área Rectora de Salud Mora received a complaint filed by the protected party, Mr. Nombre01, alleging noise problems, tall structures alongside the boundary wall (tapia) of his property, and workshop activities not covered by the permits granted to the reported company, Terra Equipos. (folio 0048 to 0049) In response to the complaint, on March 18, 2024, we conducted an on-site inspection visit at the complainant's residence, where we were received by Ms. Nombre07, who stated that the main problem was the noise generated by the establishment and the risk of falling metallic structures stored adjacent to the boundary wall, which exceeded its height. It should be noted that, during the on-site inspection, no noises from workshop activity or metal striking were heard. Stacking (estibaje) of metallic structures above the boundary wall was observed, which could fall onto the complainant's property.
On that occasion, the reported establishment had its gates closed and no one responded to the call of the health authority; accordingly, the inspection of the establishment was rescheduled for April 8, 2024. (folio 0050 and 0051) On April 8, 2024, at the reported establishment "Terra Eventos," we were received by Mr. Nombre08, the human capital manager. On-site verification confirmed that metallic structures were being stored there for sale and display, which was consistent with the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) that had been granted; on that same day, no structural repair work was found to be taking place, no workshop activity was confirmed, and there was no noise; however, the stacking of structures above the boundary wall adjoining the complainant's property was confirmed. The "commercial and industrial activities inspection form" was applied, establishing sanitary non-conformities, and, through technical report MS-DRRSCS-ARSM-156-2024, it was recommended that the corresponding administrative acts be directed accordingly.
(folios 0065 and 0070) As a result of the findings from the April 8, 2024 inspection, through sanitary order (orden sanitaria) CS-ARS-MP-069-2024, notified to the respondent on April 22, 2024, together with technical report MS-DRRSCS-ARSM-156-2024, the following measures were ordered to be implemented within 20 business days: installing smoke detectors, placing emergency signage, maintaining dispensers with liquid soap and disposable towels, having a first-aid kit on hand, and refraining from stacking structures above the boundary wall to prevent the risk of falls. (folios 0071 to 0075 and 0077) Everything set forth up to this point was brought to the attention of the protected party by email at 15:40 hours on April 9, 2024. (folio 0076) Continuing the handling of the complaint, on May 21, 2024, the company Terra Equipos filed before the Área Rectora de Salud Mora a written submission entitled "Contestación a la Orden Sanitaria CS-ARS-MP-069-2024," communicating compliance with the orders.
Therefore, in follow-up to the submitted document and sanitary order CS-ARS-MP-069-2024, an inspection visit to the establishment was conducted by the Área Rectora de Salud on May 28, 202. During that visit, full compliance with items a., b., c., and d. was confirmed, and partial compliance with item e), which corresponded to the stacking of the structures; in the western sector, the structures had been separated from the boundary wall and the first row did not exceed its height; however, in the eastern sector, better arrangement of the structures — which had been placed on racks and continued to exceed the boundary wall — remained pending. It should be noted here that, during the inspection, no noise from the company was detected, although a large amount of structures in storage was observed.
As a result of the compliance-verification visit, technical report MS-DRRSCS ARSM-IT-237-2024 was issued (folios 0091 to 0096). Since there was not full compliance with sanitary order (orden sanitaria) CS-ARS-MP-069-2024, specifically regarding point e), which required that structures not be stacked above the boundary wall (tapia) to prevent the risk of falls, a new sanitary order CS-ARS-MP-114-2024 was served on 04 June 2024, instructing the company, given the quantity of metallic structures stored, to expand its operating permit (permiso de funcionamiento) to cover not only the sale and display but also the storage of structures, and, within 15 business days, to submit a storage and stacking (estibaje) proposal with compliance deadlines, validated by a qualified professional in the field, specifying the maximum stacking heights and the setback distance from the adjoining properties (colindancias) (folios 0097 to 0099 and 0101).
By email at 10:07 on 30 May 2024, the complainant was informed of the actions taken (folio 0100), who, on 04 June 2024, reported the continuation of noise and slow progress in the rearrangement of structures (folios 0104–0105). This concern was addressed by email on 11 June (folio 0104), in which it was clarified that during the verification inspection it had been confirmed that, on the side where the property of Sr. Loria is located, the stacks were set back more than one meter and that those closest to the dwelling did not exceed the height of the boundary wall; and, since the setback distance between structures is not regulated, the rearrangement proposal was requested. Regarding the noise, the complainant was advised that the only way to determine a violation of the regulated noise limits is through a sound-level measurement test (prueba de sonometría), which must be scheduled on the day and at the time proposed by the complainant.
Not satisfied with this response, on 20 June the complainant again wrote by email stating that the stacks remain close to the boundary walls, that the materials on the racks pose a hazard, raised a new concern about the roof structure, which is made of heavy iron, and alleged that the noise and the movement of material into the premises continued; consequently, on 25 June 2024, the complainant was once again asked to indicate a date and time for scheduling the sound-level measurement (medición sónica). (folios 0102 to 0103) It is appropriate to note here that by email dated 25 June (folio 0102), the complainant was informed that the company Terra Eventos had submitted, on 24 June 2024, a technical proposal to comply with sanitary order CS-ARS-MP-114-2024, which includes a schedule of activities for addressing the stacking of structures, consisting of the movement and rearrangement of structures, to be implemented from June to September 2024.
The technical proposal, prepared by an occupational health (salud ocupacional) professional, was duly reviewed and endorsed by the Dirección de Área Rectora de Salud (folios 0106 to 0130). Furthermore, included with the proposal was the municipal expanded land-use authorization (ampliación de uso de suelo) for the storage of structures (folios 0112 to 0115 and 0130).
Now, in light of the new concern raised regarding the alleged risk posed by the roofs of the premises, on 16 July the site was visited and it was confirmed that the roofs were in good condition, had no broken or loose parts, no parts that moved in the wind, and no bent beams or columns; notwithstanding the foregoing, in order to obtain a more informed professional technical opinion, technical report MS-DRRSCS-ARSM-IT-295-2024 recommended that the Dirección de Área Rectora de Salud Mora request technical support from the Unidad de Rectoría de la Dirección Regional Central Sur, so that a civil engineer could assess the structure. (folios 0133 to 0138). The actions taken were reported to the complainant by email on 22 July 2024 (folio 0139).
On 24 July 2024, owing to the quantity of structures stored and in accordance with the provisions of Decreto N° 43432-S, "Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud," the company Terra Eventos submitted documentation for the expansion of its sanitary operating permit, and, upon compliance with the required conditions, certificate CS-ARS-MP-PSF-214-2024 was issued (folio 0165). This was done taking into consideration that the Municipality had already issued the expanded land-use authorization for the storage of structures.
By email dated 05 August 2024, the complainant inquired about the details of the civil engineer's visit; a response was provided on 07 August that no date had yet been set, and the occasion was used to inform the complainant that on 08 August 2024 the inspector would be conducting visits in the district of Colón, so that, if the complainant wished, the sound-level measurement could be carried out; however, no response was received. (folio 0166) On 19 August 2024, Sr. Loria filed a new complaint, this time regarding problems with the cleaning of latrines (lavado de letrinas) at the Terra Eventos premises, and inquired whether the measurement had been carried out, to which the response was that the engineer would conduct it the following day, 20 August. The complainant was also advised that, since no response had been received to the email sent to arrange the measurement, it had not been scheduled (folio 0167). On 20 August, a visit was carried out to verify the problems with latrine cleaning and the structural condition of the roofs. With respect to the latrine cleaning problem, technical report MS-DRRSCS-ARSM-IT-364-2024 was generated documenting the reported facts. (folios 0170 to 0171). The actions taken and the findings were communicated to the complainant by email on 21 August 2024 (folio 0172).
Regarding the assessment of the roofs, engineers Allan Bolaños Benavides and Oscar Arroyo Barahona, in report MS-DRRSCS-URS-IT-0435-2024 dated 22 August 2024, detected no imminent danger to the stability of the structure; this finding was communicated to the petitioner by email on 28 August 2024. (folios 0174 to 0178) Regarding the follow-up and verification of the technical proposal submitted by the respondent company to comply with the arrangement of the structures, on 19 September 2024, during an inspection visit and per technical report MS-DRRSCS-ARSM-434-2024, it was established that the majority of the points set out in the technical proposal had been complied with, with only the placement of signage and the records of weekly reviews remaining pending (folios 0181 to 0185). The actions taken were again reported to the complainant on 20 September 2024, by email. (folio 0186). On that same day, it was agreed to schedule the sound-level measurement for 23 September 2024 at 2:00 p.m. (folios 0187 to 0188); on that date, the absence of noise from the respondent company made it impossible to carry out the sound-level measurement test.
A new attempt at a sound-level measurement was made on 07 October 2024; however, there was likewise no noise. (folios 0189 to 0190) On 03 December, the complainant was informed that the measurement could be carried out on 05 and 09 December 2024, in the morning and afternoon, respectively (folio 0191). On 05 December it could not be carried out due to the absence of noise (folios 0194 and 0195). It should be noted that on 09 December the measurement could not be carried out because Sr. Loría misinterpreted the email sent, as he himself acknowledged, and had to attend a medical appointment. (folio 0193) On 19 December at 10:00 a.m., Sr. Loria sent an email reporting noise at the premises (folio 0196), and despite the fact that no sound-level measurement test had been scheduled, staff of the Área Rectora de Salud set aside their office duties to carry out the measurement, whose result, per technical report MS-DRRCS-ARSM-IT-001-2025, was 48.4 dB(A) for ambient noise (ruido ambiente) plus active noise source combined, which did not exceed the 65 dB(A) threshold prescribed for residential zones (zona residencial) under the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido N° 39428-S (folios 0199 to 0206).
The result of the sound-level measurement was sent to Sr. Loria by email on 7 January 2025. (folio 0211) On 8 January 2025, a return visit was made to the Terra Eventos company and it was confirmed that the outstanding points of sanitary order N0 CS-ARS-MP-114-2024 had been complied with. (folios 0214 to 0218). Sr. Loría was informed of the compliance by email dated 9 January 2025 (folio 0219).
On 17 February 2025, an email was received in which Sr. Loría indicated that on 13 February 2025 a great deal of noise had been heard coming from the Terra Eventos company; a response was provided on 18 February asking him to confirm whether the disturbing noise was still occurring between 7 a.m. and 10 a.m. and between 2 p.m. and 5 p.m. every day, in order to coordinate the sound-level measurement, as the equipment had to be requested from another área rectora de salud because ours was being calibrated; no response was received. (folio 0230) On 10 March 2025, a document was received from Licda. Valeria Bolaños González, attorney at that time for Sr. Nombre01, reporting problems due to noise pollution (contaminación sónica) caused by industrial activity carried out at the Terra Eventos company (folios 0231–0234); for which reason, on 19 March 2025, personnel attended at the home of the affected parties for the purpose of conducting the sound-level measurement; however, the measurement could not be carried out because there was no noise.
(folio 0251) Again, on 26 March 2025 and 15 May 2025, attempts were made by email to coordinate the sound-level measurement with the affected party, as established by the noise measurement procedure; however, no response was provided. (folios 0252–0253) Sr. Loría did not respond again by email until 5 June 2025, indicating that the noise continued and asking whether any document expressing complaints had been served on Terra Eventos, and inquiring about which activities the company was permitted to carry out on the premises (folio 0254). A response was provided by email on 9 June 2025 stating that serving notice on the company was not warranted, since the measurement conducted in December 2024 had not exceeded the permitted decibel levels and the reported noise problems had not been confirmed. It was also indicated that the sound-level measurement could be carried out on 16 June 2025, to which again no response was received.
(folio 0255) On 1 July 2025, Sr. Loría sent an email stating that a truck carrying septic sludge (lodos sépticos) had been parked at Terra Eventos, which he considered harmful to his health; a response was provided on 2 July 2025 informing him that the following day a visit would be made both to conduct the sound-level measurement and to verify the matter of the septic sludge truck (folio 0256). On 3 July 2025, a return visit was made to the site; no noise was perceived from outside the premises, so it was not possible to proceed with the sound-level measurement. Upon entering the company, it was verified that the only thing operating on the premises was a forklift (montacargas) rearranging structures; a tour of the entire storage yard was conducted and no mechanical work of any kind was being carried out; there were likewise no trucks with septic sludge on the premises, no unpleasant odor of any kind, and no discharge of wastewater or sludge onto the ground.
(folios 0258–0261) By email sent on 8 July 2025, Sr. Loría was informed of what had been observed during the inspection on 3 July 2025. (folio 0262) On August 6, 2025, we received a note in which Mr. Nombre01 raised a series of objections regarding the company Terra Eventos, including concerns about noise pollution (contaminación sónica) (folios 0263-0279), a document that was responded to by means of official communication No. CARTA MS-DRRSCS-ARSM-0474-2025, informing him that multiple attempts at noise measurement had been made, specifically under item 2, subsection b); however, it was not possible to carry them out, either because there was no noise present or because he had not come forward to coordinate. In addition, several points were clarified regarding trespass onto private property, loss of privacy, fire hazard, nuisance odors, and stacking of structures (folios 0280-0282).
On October 23, 2025, we received a document titled administrative petition (petición administrativa) for enforcement of an outstanding health order (orden sanitaria) (folios 0283-0299), by which Licdo. Miguel Herrera González, representative of Mr. Nombre01, identified various irregularities regarding the operation of the company, including noise issues. Each of the points raised in the document was addressed by means of document CARTA MS-DRRCS-ARSM-645-2025, including the matter of noise pollution (section D). Said response document was sent by mail on October 30, 2025. (folios 0300 to 0304) On January 6, 2026, by email, Mr. Loría again reported nuisance noise coming from Terra Eventos, as well as the presence of a septic sludge tank (folio 0325), for which reason an inspection was scheduled for January 13, 2026. On that day, noise measurement could not be carried out because there was no noise present; furthermore, no persons were observed washing machinery or engaged in activities that would generate noise, nor were there any trucks carrying septic sludge at the site, nor was any pooled water observed at ground level, nor were any nuisance odors detected.
(folios 0330-0334) The complainant (denunciante) was informed of this by email (folio 0336). In light of all of the foregoing, it is demonstrated that this Health Authority has not been negligent in the performance of its duties and has dedicated itself to addressing each of the objections raised in the course of handling the complaint, and has responded to the requests made by the party before the administration (administrado). …". (emphasis in original) It is essential to clarify that the Ministry of Health does not issue operating permits or business licenses (patentes comerciales) for commercial establishments; what the Ministry issues are operating health permits (permisos sanitarios de funcionamiento) or health authorizations (autorizaciones sanitarias), it being understood that what defines these permits and/or authorizations is precisely the physical and sanitary conditions of the premises that allow for its operation, all of this in accordance with the provisions of Art. 222, 298, 323, 324, and 328 of Ley No. 5395 of October 30, 1973, "Ley General de Salud" — it is the obligation of every natural or legal person engaged in a commercial, industrial, or service activity to hold an operating health permit, and in the specific case of the commercial establishment Terra Eventos, it holds an operating health permit.
As can be appreciated, the reported situation has been properly attended to; the authorities of this Ministry have not been able to determine that the activities carried out at the commercial establishment produce environmental pollution by noise or otherwise; the appropriate administrative acts (actos administrativos) have been issued and the relevant orders have been complied with; all of this has been communicated to the complainant, wherein the Ministry can only commit to continuing to address each situation raised by the appellant (recurrente) herein, and to carry out, if necessary, the corresponding verifications (noise measurements) that would make it possible to determine that the reported noise is actually being produced, which has not been confirmed despite the corresponding noise measurements having been conducted." 7. The prescribed legal requirements have been observed throughout the proceedings.
Opinion authored by Justice Garro Vargas; and,
Considering:
I.Subject of the appeal. The petitioner states that his client is a neighboring resident adjoining a property owned by the company Terra Equipos S.Nombre03., located in a residential zone (zona residencial) of the canton of Mora, on which industrial activities are being carried out with the knowledge of the respondent municipality. He states that said authority granted a commercial license (licencia comercial) on the assumption that the activity consisted of the rental and sale of construction equipment and the display of metallic structures, notwithstanding that the property is located in an area where the zoning plan (plan regulador) expressly prohibits industrial activities. He also indicates that, after the license was granted, the company substantially changed its line of business (giro), carrying out activities such as mass storage of materials, loading and unloading of metal structures, washing of equipment and portable toilets, handling of trucks transporting septic waste (desechos sépticos), operation of heavy machinery, and constant movement of cargo vehicles, thereby generating excessive noise, vibrations, and foul odors at hours incompatible with residential use.
Furthermore, he argues that these activities directly affect the peace, rest, and quality of life of the protected party (amparado), who is an elderly person, as well as of his immediate family, due to the intensity and continuity of the disturbances. He states that, despite having appeared before the Municipalidad de Mora and the Ministerio de Salud, providing technical and sanitary evidence, no effective measures have been taken to remedy the situation. In this regard, he indicates that on 4 December 2025 a technical and legal report was submitted to the mayor, denouncing irregularities in the granting of the business license (patente), the impacts of noise, heavy traffic, risks, and violations of privacy, and requesting the conduct of technical studies and the protection of the rights of neighboring residents. He states that, although it was indicated that said report was incorporated into an administrative proceeding, this proceeding remains at an indefinite preliminary stage, without any resolution or adoption of concrete measures.
Finally, he argues that the prolonged omission of the respondent authority has allowed the continuation of activities incompatible with the land use (uso de suelo), violating the fundamental rights of his client and of the area's residents, and therefore requests that the appeal be declared well-founded with the legal consequences that follow.
II.Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case — concerning the alleged violation of the right to prompt and complete proceedings — it must be clarified that, beginning with Ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Court has referred to the contentious-administrative jurisdiction — with certain exceptions — those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative procedures, both for issuing a final administrative act concluding a proceeding — initiated ex officio or upon a party's request — and for ruling on applicable administrative appeals. Precisely in this case, an exceptional circumstance arises, as the matter involves a complaint concerning noise pollution (contaminación sónica) that has allegedly not been resolved within a reasonable time by the respondent ministry. With that clarification made, the Court proceeds to resolve the specific situation raised in this constitutional remedy (amparo).
III.On third-party intervention (coadyuvancia). Coadyuvancia is a form of adhesive intervention that occurs when a person participates in a proceeding by joining the claims of one of the main parties. In light of the foregoing, any person who holds a direct interest in the outcome of the proceeding is entitled to act as an intervenor (coadyuvante), even though, as neither petitioner nor respondent, such person will not be directly affected by what is decided in the judgment. Third-party intervention is, therefore, the procedural mechanism through which the intervenor may lend assistance (coadyuvar) to the party with a coinciding interest in order to facilitate the success of that party's claim; the intervenor is neither an independent party nor a co-litigant, but merely an adherent without procedural standing to bring a claim in the same proceeding. On this point, Article 34 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides as follows:
"Article 34. The appeal shall be directed against the official or the head of the body that appears as the alleged author of the grievance. If either of them acted in compliance with orders or instructions issued by a superior, or with that superior's authorization or approval, the appeal shall be deemed to have been filed against both, without prejudice to what may be decided in the judgment. If the identity of the official is unknown, the appeal shall be deemed to have been filed against the hierarchical superior (jerarca).
A third party who derives subjective rights from the rule or act that gives rise to the amparo proceeding shall also be considered a party.
Furthermore, anyone who has a legitimate interest in the outcome of the appeal may appear and intervene in it as an intervenor on behalf of the petitioner or the respondent." (Underlining added.)
Accordingly, the effect of the ruling cannot reach the intervening party directly and immediately, nor can the res judicata (cosa juzgada) effect of the judgment affect that party — although in amparo matters the party may benefit from the efficacy of the ruling, given the erga omnes character of the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). In this case, the Court proceeds to admit the third-party intervention filed by Manfred Jorge Loría Camacho, pursuant to Article 34 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, given that he states he holds a direct interest in the outcome of the proceeding in his capacity as a neighboring resident adjoining the property where the reported activities are being carried out, alleging harm under conditions substantially similar to those described by the petitioner.
IV.Established facts. Of relevance to the decision in this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been so demonstrated or because the respondent party failed to address them as required by the initial order (auto inicial):
III.Unproven fact (Hecho no probado). The following fact, which is relevant to this ruling, is not considered duly established:
Only: That there exists a final administrative act or definitive ruling by the Ministerio de Salud declaring the existence of noise pollution at the reported establishment (see the reports of the respondent authorities and the evidence submitted to the digital case file).
IV.Analysis on the merits. First, it is worth noting that this Court has held that noise pollution caused by sound has an impact on the fundamental rights of individuals. On this subject, judgment No. 2025-009098 of 09:50 a.m. on March 25, 2025, stated the following:
"IV.- On the specific case. Under a reading of Article 24 in conjunction with Article 28 of our Constitución Política, the principle of freedom governing individuals has as one of its limits the prohibition against harming third parties, and for this reason it encompasses the protection of one's sphere of privacy (intimidad) and, consequently, of the tranquility inherent in that sphere. Noise disturbs tranquility, especially when it occurs at the place of residence. Furthermore, in light of other constitutional provisions — such as Article 50, which enshrines the right to a healthy environment, and Article 21, from which the right to health has been derived — it falls to the State to guarantee an environment free of noise pollution. For these reasons, with respect to karaoke establishments, live music venues, and similar activities, the jurisprudence of this Court has consistently emphasized the need to respect the rights of neighboring residents." As is apparent from the precedent partially cited above, the Sala Constitucional has held that noise pollution constitutes a form of environmental aggression that directly affects the health and tranquility of individuals, such that, when the permitted threshold (umbral) is exceeded, the State is obligated to deploy effective and verifiable action to prevent, correct, and, where applicable, bring about the cessation of the source of pollution.
In the present case, it is not apparent that the respondent health authority has caused a substantive injury to the petitioner's fundamental rights with regard to noise pollution. The sequence of actions taken demonstrates that, from the time of the complaint filed on March 11, 2024, the Área Rectora de Salud activated on-site verification mechanisms, conducting initial inspections, issuing sanitary orders, and carrying out follow-up visits to assess the conditions of the reported establishment. In that vein, inspections were conducted in March, April, and May 2024, during which — while other sanitary matters were identified, such as the storage of structures and safety conditions — no noise was perceptible at the times of verification, requiring the rescheduling of proceedings and the continuation of administrative follow-up.
Now, regarding the sound measurements themselves, it is apparent that the authority attempted to carry out such measurements on multiple occasions during 2024—including September, October, and December—without being able to complete them, either because no noise was being generated at the time of inspection or due to coordination issues with the complainant himself, which is a determinative factor, given that technical measurement depends on the actual presence of the reported phenomenon. Likewise, when a measurement was finally carried out in December 2024, in the presence of activity at the site, the result obtained was 48.4 dB(A), a value that falls below the permitted limit for a residential zone, which makes it impossible to affirm the existence of a violation of the applicable regulations.
Furthermore, during 2025 the health authority continued to address the manifestations of the petitioner (tutelado), seeking new measurements in February, March, and subsequent months, without being able to complete them on several occasions due to the absence of noise at the time of the visit or lack of coordination, and even conducting new inspections in July of that year, in which no sound levels were perceived that would allow a valid measurement to be taken. In this way, far from evidencing passive conduct, a repeated, progressive, and technically oriented course of action aimed at verifying the complaint is confirmed, in which the absence of conclusive results is due to the factual impossibility of capturing the phenomenon at the times of measurement and not to an administrative omission.
Therefore, since no technical measurement has established that the permitted noise levels were exceeded, and since there is no record of inactivity on the part of the health authority in verifying the complaint, it is not possible to find that a violation of the fundamental rights of the petitioner has been established in the material domain of noise pollution (contaminación sónica).
However, what is indeed injurious to his fundamental rights is the fact that, despite the petitioner having filed a complaint since 11 de marzo de 2024 concerning, among other things, the noise problem, as of the date the appeal was filed there is no evidence that a final administrative act (acto final) has been issued resolving that complaint in an express, clear, and definitive manner. Indeed, although the health authority has carried out various verification and follow-up actions, these have remained at a strictly material and preparatory level, without being translated into a conclusive decision determining whether or not an infraction exists and, where applicable, ordering the corresponding measures. To that extent, the absence of a final ruling prevents the obligation to resolve the complaints filed by parties subject to administrative authority (administrados) promptly and expressly from being deemed satisfied, because conducting verification proceedings is not sufficient if those proceedings do not culminate in an act that defines the legal situation submitted for the Administration's consideration. Therefore, the prolongation of the complaint in an indefinite state, without a resolution that brings the matter to a close, constitutes a violation of the right to a prompt administrative resolution enshrined in artículo 41 de la Constitución Política.
Consequently, the appropriate course of action is to grant the appeal with respect to this aspect of the appeal.
V.Regarding the complaints directed against the Municipalidad de Mora, it must be noted, first and foremost, that the issue concerning the alleged noise pollution was addressed in the preceding section, in which it was determined that the verification, measurement, and control of noise levels falls within the purview of the Ministerio de Salud, in its capacity as the technically competent authority in the matter. Accordingly, it is not appropriate to assign to the Municipalidad de Mora responsibility for an alleged harm arising from sound levels, when that entity does not have jurisdiction either to measure them or to adopt the corresponding sanitary measures, such that no constitutionally significant omission can be attributed to it in that domain.
Furthermore, with respect to the remaining allegations raised by the appellant—relating to the granting of the commercial license (patente comercial), the conformity of land use (uso de suelo), the possible modification of the authorized activity, and the adequacy of the municipal oversight (fiscalización) activities—it is noted that these fall within a discussion proper to the realm of ordinary legality (legalidad ordinaria). Indeed, such challenges entail determining whether the local government's administrative actions conform to the applicable urban planning regulations, the zoning plan (plan regulador) in force, and the specific conditions under which the commercial license was granted, which requires a technical and evidentiary analysis that exceeds the scope of the amparo proceeding.
In that regard, it is not the role of this constitutional jurisdiction to act as a reviewing body of the legality of administrative acts issued by the Municipalidad de Mora, nor to substitute the active Administration in the assessment of technical aspects related to land use, the granting of licenses, or the exercise of oversight powers, especially when the legal system provides ordinary and adequate channels through which to challenge such actions. Accordingly, since no arbitrary or omissive conduct with a direct bearing on fundamental rights is evident—but rather a disagreement with the administrative actions taken—the claims raised in this regard are inadmissible by way of amparo.
VI.Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported this Court's position that when a party before the court (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and effective justice in an administrative forum (sede administrativa), the body that must adjudicate the legal dispute is the Tribunales de lo Contencioso-Administrativo and not this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights.
In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, pursuant to numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, in all other cases, and for the reasons given by this Court (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), the competent bodies are the judges of the administrative contentious jurisdiction, all of which is consistent with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
VII.Note by Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also my view that if there has already been intervention by the Public Administration, adjudication and resolution of the matter falls within the administrative contentious jurisdiction. Nevertheless, I do proceed to examine the merits when the rights of persons affected by the source of contamination are at stake, among them the right to health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of contamination (artículo 50, de la Constitución Política), as occurs in this case, in which the appellant filed a complaint regarding the irregular operation of an establishment causing environmental and noise pollution, involving the right to a healthy environment and the right to health, which the appellant alleges has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of living.
VIII.Documentation submitted to the case file. The parties are warned that, should they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days counted from notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
The appeal is granted, solely for the violation of the right to prompt and effective administrative justice. Consequently, Mary Denisse Munive Angermüller, in her capacity as ministra de Salud, or whoever holds that office, is ordered to take the necessary steps within her area of competence so that, within a maximum period of DOS MESES counted from notification of this judgment, the complaint filed by the petitioner since 11 de marzo de 2024 is definitively resolved. The respondent party is warned that, pursuant to artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty day-fines (días multa), shall be imposed on whoever receives an order they are required to comply with or enforce, issued in an amparo proceeding and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished by another provision. The State is ordered to pay costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in the enforcement of judgment (ejecución de sentencia) before the administrative contentious jurisdiction. As for the Municipalidad de Mora, the appeal is denied. Magistrate Castillo Víquez files a note. Magistrate Salazar Alvarado registers a note. Notify the parties.
Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 26-004879-0007-CO, interpuesto por MIGUEL HERRERA GONZÁLEZ, carnet profesional n.°2840, a favor de Nombre01, cédula de identidad CED03, contra la MUNICIPALIDAD DE MORA.
Resultando:
“II. SOBRE EL USO DE SUELO CU- 22-373 DEL 06 DE MAYO DE 2022 Y PERMISOS CONSTRUCTIVOS EMITIDOS POR ESTE MUNICIPIO A LA EMPRESA TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA. PRIMERO: Mediante resolución CU- 22-373 del 06 de mayo de 2022 se determinó como conforme el uso de suelo solicitado por el usuario TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA para la Dirección01 con plano catastro SJ 0068073-1992 para la actividad de “VENTA Y EXHIBICION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTOS”. En virtud de lo anterior, mediante oficio N°DPOT-26-04 del 12 de marzo de 2026 suscrito por la funcionaria Phisilla Carvajal Venegas, encargada de Usos de Suelo, se informó sobre el uso de suelo CU-22-373 lo siguiente: “(…) Sirva la presente para saludarle, y al mismo tiempo dar respuesta al correo Informe Recurso Amparo; la situación de una propiedad ubicada en zona; zona Residencial; finca número 401148 de la cual es propietario TERRA EQUIPOS, en donde se le autorizaba ciertas actividades, tales como ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN VENTA Y EXHIBICIÓN DE ESTRUCTURAS METALIZADAS, se le han otorgado uso de suelo cu-22-373, 6 de mayo 2022.
Como es de conocimiento general, el DPTO tienen dentro de sus competencias generar las autorizaciones en primera instancia para que se aprueben las licencias comerciales, esto luego de que el Administrado solicitante cumpla con una serie de requisitos. La fiscalización de las licencias comerciales; corresponde al Departamento de Administración Tributaria (PATENTES). La finca 401148 está ubicada en zona residencial para poder ejercer las actividades que le fueron permitidas:(imagen 1, 2, 3 y 4) […]
[…]
[…]
[…]
Estas imágenes dejan en evidencia que la finca 401148 se encuentra donde se mencionaba en la primera imagen y por ende se encuentra en zona residencial. Al determinar en los hechos antes descritos que la Finca de la cual es propietario TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra zonificada como ¨Residencial (Z.R) ¨ genera que tenga ciertos límites ante determinadas actividades que se pueden y no hacer en la propiedad, por lo cual véase lo que establece el Plan Regulador de Mora en su numeral 4.1 donde taxativamente explica el uso permitido y no permitido: Usos Permitidos: ¨La vivienda unifamiliar y multifamiliar, y todos los usos urbanos compatibles con la vivienda, como centros educativos de servicios públicos comunales, comercio menor y otros similares que no provocan incompatibilidad. Los siguientes usos se permitirán solo frente a rutas o vías principales: clínicas, hospitales, clínicas para animales, salas de cine y centros deportivos¨ Usos no Permitidos: ¨La industria, incluidos talleres mecánicos y de enderezado y pintura, de rejas y portones, bodegas, aserraderos, bares y cantinas, comercial al mayoreo, y cualquier otro uso análogo a los citados que provoquen molestias en el vecindario, tales como humo, olores, ruido, tránsito intenso, uso y transporte de materiales tóxicos, inflamables o explosivos y cualquiera otra molestia que entre en conflicto con el uso predominante¨ Por lo que el uso de suelo otorgado CU-22-373, es un uso de suelos resueltos de conformidad con la zona y la finca.
Es importante aclarar: De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana y el artículo 102 del Reglamento de Construcciones, el Certificado de Uso de Suelo corresponde al acto jurídico concreto por medio del cual la Administración local acredita la conformidad o no del uso de suelo de un predio a los requerimientos de la Zonificación, por lo que las licencias comerciales o constructivas corresponde a un acto de autorización emitido por el Departamento de Administración Tributaria o Desarrollo y Control Urbano, quien verificará que se cumpla con toda la normativa pertinente y aplicable. La fiscalización de las licencias comerciales; corresponde al Departamento de Administración Tributaria (PATENTES) quien verificará que se cumpla con toda la normativa pertinente y aplicable. “ Asimismo, es importante señalar que en el por tanto de la resolución de uso de suelo N°CU-22-373 del 06 de mayo de 2022 se indica: “Siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas para la zona, el uso propuesto en la propiedad con plano SJ-0068073-1992 para PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ( VENTA Y EXHIBICION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTOS.) es CONFORME siempre y cuando no se trate comercial al mayoreo, y cualquier otro uso análogo a los citados como no permitos que provoquen molestias en el vecindario, tales como humo, olores, ruido, tránsito intenso, uso y transporte de materiales tóxicos, inflamables o explosivos y cualquiera otra molestia que entre en conflicto con el uso predominante.
Que no se genere la actividad de bodega- almacenamiento mismo que debe ser ubicado en la Zona Industrial.” De esta manera, de la resolución CU-22-373 del 06 de mayo de 2022 y del Informe DPOT-26-04 rendido por el área técnica, se desprende de manera clara, objetiva y verificable que la finca número 401148, propiedad de TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentra ubicada dentro de una zona Residencial (Z.Nombre02.), conforme a la zonificación establecida en el Plan Regulador del cantón de Mora. En este contexto, el Certificado de Uso de Suelo CU-22-373, emitido el 6 de mayo de 2022, constituye un acto administrativo mediante el cual la Administración Municipal acreditó la conformidad del uso solicitado para VENTA Y EXHIBICIÓN DE ESTRUCTIRAS PARA EVENTOS, con la zonificación vigente al momento de su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana y el artículo 102 del Reglamento de Construcciones, siendo que la actividad descrita se determina como de comercio menor, actividad permitida en la zonificación correspondiente al área donde se ubica la finca número 401148 , que se ubica en zona residencial, misma que permite el uso descrito según el análisis realizado por el área técnica.
Aunado, de acuerdo con el numeral 4.1 del Plan Regulador de Mora, siendo que la zona Residencial permite únicamente aquellos usos compatibles con la vivienda, tales como vivienda unifamiliar o multifamiliar, comercio menor y otros servicios urbanos que no generen incompatibilidad, molestias al vecindario ni impactos negativos asociados a ruido, tránsito intenso, almacenamiento o manipulación de materiales peligrosos o de gran volumen. Por el contrario, se encuentran expresamente prohibidos los usos industriales, bodegas, talleres, comercio al por mayor y cualquier actividad análoga que resulte incompatible con el uso predominante residencial. Bajo este marco normativo, la autorización del uso de suelo otorgada debe interpretarse restrictivamente y así mismo se dispuso en el por tanto de dicha resolución de uso de suelo (antes citado), en el cual se resolvió limitado el mismo a aquellas actividades que, por su naturaleza, escala y forma de operación, no contravengan las prohibiciones expresas establecidas para la zona residencial, estando CONFORME siempre y cuando “no se trate comercial al mayoreo, y cualquier otro uso análogo a los citados como no permitidos que provoquen molestias en el vecindario, tales como humo, olores, ruido, tránsito intenso, uso y transporte de materiales tóxicos, inflamables o explosivos y cualquiera otra molestia que entre en conflicto con el uso predominante.
Que no se genere la actividad de bodega- almacenamiento mismo que debe ser ubicado en la Zona Industrial”. Por último, es importante aclarar que, así como lo menciona el informe, el mismo es claro al delimitar las competencias administrativas de un uso de suelo ya que, si bien es cierto este mismo Gobierno Local mediante el subproceso de Usos de Suelo emitió el certificado de uso de suelo N° CU-22-723 del 06 de mayo de 2022 de manera conforme para el proyecto pretendido por la empresa Terra Equipos S,A, lo cierto del caso es que dicho acto administrativo no es vinculante de manera directa para el momento de solicitud y aprobación de la Licencia de Construcción, esto en el tanto que si bien el uso de suelo es un requisito fundamental, al momento de la valoración de la licencia constructiva se deben entrar a analizar otra serie de factores fácticos y técnicos aplicables a la propuesta presentada para su aprobación, por lo que el hecho un uso de suelo conforme, no implica que la Licencia de Construcción también llegue a ser aprobada o no, ya que como se hizo mención, se deberá cumplir con toda una serie de requisitos para su respectivo trámite y aprobación.
Lo anterior, puede evidenciarse a la luz de la resolución N° 2023019022 de las nueve horas treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quién indicó: “(…) se tiene que en el certificado de suelo emitido a solicitud de la recurrente, se indicó que el mismo no reemplazaba la licencia constructiva, el uso de suelo y la licencia de constructiva son actos administrativos distintos, por lo que el certificado de uso de suelo no reemplaza la licencia constructiva, su respectivo trámite y/o aprobación, de uso de suelo establece los lineamientos generales sobre el uso que puede darse de la finca en cuestión, indicando los lineamientos o normativa a la que se deberá ajustar el administrado al momento en que decida realizar algún tipo de desarrollo dentro de dicha propiedad, generando de esta manera el control sobre la zonificación acreditando la posibilidad de uso de este.
La licencia de construcción constituye un acto administrativo, el cual se otorga de previo al inicio de las obras, como garantía de cumplimiento de todos los requerimientos técnicos y legales, perfeccionándose con el pago del canon respectivo establecido por el municipio para tales efectos, en todos aquellos casos en que no se cumpla con la totalidad de requisitos técnicos o legales aplicables al caso en concreto, no podrá ser expedida la licencia solicitada. (…)” (El resaltado es propio) Ahora bien, sobre otros permisos concedidos por parte de este gobierno local a la empresa Terra Equipos S, A, el Subproceso de Constructivo ha informado mediante oficio N°PUCC-013-2026 del 12 de marzo de 2026, suscrito por Walter Flores Blanco, encargado de dicho subproceso, lo siguiente: “(…) en lo que compete estrictamente a las actuaciones administrativas de este Subproceso respecto al inmueble matrícula , me permito informar lo siguiente: Tras la revisión de los registros del Sistema de Información Gráfica Municipal (SIGRAMU) y los ls archivos físicos del Subproceso de Control Constructivo, se detallan las siguientes licencias otorgadas para la finca mencionada: 1.
Licencia de Construcción PC 269-13 A, Otorgada para obras de “Mantenimiento y Reparación” 2. m². Licencia de Construcción PC 269-13 C, Otorgada para la construcción de un galerón de 40 Indicando que, el otorgamiento de estas licencias responde estrictamente al cumplimiento normativo vigente al momento de su emisión. Dichos actos administrativos, durante su gestión y aprobación, cumplían plenamente con los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa constructiva y urbanística aplicable. Se entiende que, a la fecha de su otorgamiento, la Municipalidad actuó en estricto apego al principio de legalidad, verificando técnicamente que el desarrollo constructivo se ajustara a los parámetros autorizados para la Dirección02.” De acuerdo con lo informado por el funcionario Flores Blanco, todas las licencias constructivas otorgadas por esta Municipalidad a la empresa Terra Equipos S.A. fueron precedidas de un proceso de revisión técnica y jurídica integral, verificándose en cada caso el cumplimiento de la normativa aplicable, sin que medie omisión, dispensa o relajación de los controles administrativos exigidos.
En ese sentido, cada permiso concedido constituye un acto administrativo debidamente motivado y emitido tras comprobarse el cumplimiento efectivo de los requisitos legales y técnicos correspondientes, lo cual evidencia que la actuación municipal se ha desarrollado de forma diligente, objetiva y conforme al ordenamiento jurídico. III. SOBRE LA LICENCIA COMERCIAL INSCRITA POR ESTE MUNICIPIO A TERRA EQUIPOS S.A, CÉDULA JURÍDICA CED01 En virtud de los hechos denunciados por el recurrente en el presente recurso en relación con la licencia comercial otorgada a favor de la empresa TERRA EQUIPOS S.ombre03.. en la finca del partido de San José número Dirección03, plano SJ- 0068073- 1972, para “ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN VENTA Y EXHIBICIÓN DE ESTRUCTURAS METALIZADAS”, siendo que el denunciante alude a que dicha actividad comercial fue modificó sustancialmente dedicándose a realizar otras ACTIVIDADES DE CARÁCTER INDUSTRIAL.
Bajo ese contexto, el departamento de licencias comerciales de la Municipalidad de Mora a través del informe ° ATM-LC-111-2026 del 12 de marzo de 2026, suscrito por Karla Matamoros Camacho, jefe del Departamento de Licencias Comerciales, ha indicado lo siguiente: “(…) debo indicar que la aprobación de cada licencia comercial se genera a partir del planteamiento mediante el debido formulario de solicitud y el cumplimiento de una serie de requisitos. Cada uno de los requisitos se solicita con base a alguna normativa que así lo establece y los mismos son emitidos por la entidad o profesional correspondiente. Razón por la cual en esta Unidad se encarga de ratificar su cumplimiento, pero no interpone cuestionamiento sobre el criterio técnico que emite el profesional en ejercicio de sus competencias. Con respecto a la licencia comercial inscrita a Terra Equipos S. A. con cédula jurídica CED01 procedo a detallar: El 05 de noviembre del 2013, el Sr. Nombre04, con cédula ED04,, con representación judicial y extrajudicial de Terra Equipos S. A. con cédula jurídica CED01, plantea solicitud de licencia comercial con las siguientes características: • Sobre finca #436018-000 • Con plano catastro SJ-260201-95 • Uso de suelo del 17 de enero del 2013 • Actividad: ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CABAÑAS SANITARIAS • Uso de suelo del 14 de junio del 2013 • Actividad: PARQUEO PARA CAMIONES CISTERNA PARA TRANSPORTE DE LODOS SÉPTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. • Licencia comercial aprobada mediante Resolución N° LICCO-077-2013-AT.
En fecha 04 de marzo del 2014 solicita ampliación a la licencia comercial con las siguientes características: • Sobre finca #436018-000 • Con plano catastro SJ-260201-95 • Uso de suelo RU-466-13 del 29 de julio del 2013 • Actividad por agregar: TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. • Licencia comercial aprobada mediante Resolución N° LICCO-018-2014-AT. El 13 de mayo del 2022 la representada solicita licencia comercial con las siguientes características: • Sobre finca #401148-000 • Con plano catastro SJ-0068073-1992 • Uso de suelo CU-22-373 del 06 de mayo del 2022 • Actividad: VENTA Y EXHIBICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS • Licencia comercial aprobada mediante Resolución N° 071-2022-AMPLIA-LICCO-AT. Para el 21 de junio del 2024 la representada solicita ampliación a la licencia con las siguientes características: • Sobre finca #436018-000 • Con plano catastro SJ-260201-1995 • Uso de suelo CU-24-371 del 12 de mayo del 2024 • Actividad por agregar: LAVADO DE CABAÑAS SANITARIAS Y DESINFECCIÓN • Licencia comercial aprobada mediante Resolución N° 421-2024-AMPLIA-LICCO-AT.
En fecha 13 de agosto del 2024 la representada solicita nueva ampliación a licencia comercial con las siguientes características • Sobre finca #401148-000 • Con plano catastro SJ-0068073-1992 • Uso de suelo CU-24-488 del 18 de junio del 2024 Actividad por agregar: ALMACENAMIENTO Y ALQUILER PARA EXHIBICIÓN Y VENTA DE ESTRUCTURAS PARA EVENTOS COMERCIO MENOR • Licencia comercial aprobada mediante Resolución N° 445-2024-AMPLI-LICCO-AT. Del detalle anteriormente expuesto se determina que Terra Equipos S. A. con cédula jurídica CED01 en registros de la Municipalidad de Mora al día de hoy mantiene licencia comercial en dos números de finca, en cada una de ellas con las siguientes actividades inscritas: Finca #436018-000, con plano catastro SJ-260201-1995 Actividad autorizada: ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, PARQUEO PARA CAMIONES CISTERNA PARA TRANSPORTE DE LODOS SÉPTICOS, TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CABAÑAS SANITARIAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
Finca #401148-000, con plano catastro SJ-0068073-1992 Actividad autorizada: VENTA Y EXHIBICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ALMACENAMIENTO Y ALQUILER PARA EXHIBICIÓN Y VENTA DE ESTRUCTURAS PARA EVENTOS COMERCIO MENOR Del recurso de amparo interpuesto por el Sr. Nombre01 en contra de la Municipalidad de Mora, se entiende que la disconformidad del demandante es por la actividad que se genera en la finca #401148-000, con plano catastro SJ-0068073-1992, lugar autorizado para la VENTA Y EXHIBICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ALMACENAMIENTO Y ALQUILER PARA EXHIBICIÓN Y VENTA DE ESTRUCTURAS PARA EVENTOS COMERCIO MENOR. Sobre el mismo documento, en el apartado III. Hechos Relevantes Desde La Óptica Constitucional, punto 3, el Sr. Nombre01 expone: Con posterioridad al otorgamiento de la licencia comercial, y de forma progresiva, la empresa Terra Equipos S.A. modificó sustancialmente la actividad autorizada de “ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN VENTA Y EXHIBICIÓN DE ESTRUCTURAS METALIZADAS”, dedicándose a realizar otras ACTIVIDADES DE CARÁCTER INDUSTRIAL, diferentes al uso de suelo que originó la licencia comercial que se le otorgó, entre ellas: almacenamiento masivo de productos, carga y descarga de estructuras metálicas, lavado de equipos e inodoros portátiles, lavado y almacenamiento de camiones que transportan solidos sépticos o excrementos, operación de maquinaria pesada como montacargas y grúas y tránsito constante de camiones pesados, generando ruido excesivo y constante, vibraciones y malos olores, en horarios incompatibles con uso residencial, pues estas actividades se extienden hasta las nueve o más de la noche.
A lo que es importante indicar que sobre la actividad de almacenamiento, lavado y desinfección de las cabinas sanitarias (inodores portátiles) se realiza sobre la finca #, con plano catastro SJ-260201-1995, así mismo se indica en informe de inspección MM-UI-105-2024 emitido por Reiner Reyes Fuentes, Inspector de la Unidad de Inspecciones y Policía Municipal de la Municipalidad de Mora en inspección conjunta realizada el 20 de agosto del 2024, con los personeros del Ministerio de Salud quienes también documentaron visita mediante oficio MS-DRRCS-ARSM-IT-365-2024 emitido por Maycol Ávalos Rodríguez, Lic. en Gestión Ambiental e Ingeniería en Salud Ocupacional del Ministerio de Salud. En diversos puntos de la denuncia, el afectado hace referencia a la protección de la salud (contaminación sónica / ruidos, malos olores y condiciones incompatibles con la vida sana) temas de salud pública que son de injerencia del Ministerio de Salud.
Razón por la cual las medidas efectivas, idóneas y verificables para cesar la afectación a la salud que el demandado solicita deben ser direccionadas a la entidad en competencia. Hoy en día, en registros de la Municipalidad de Mora, la representada Terra Equipos S. A. con cédula jurídica CED01 se mantiene en cumplimiento de requisitos y de sus obligaciones tributarias (…)” Así las cosas, de lo señalado por el informe del departamento de licencias comerciales, se extrae que, en lo que respecta a la finca matrícula , ubicada en zona residencial, la empresa Terra Equipos S,A, mantiene una licencia comercial autorizada para el ejercicio de las siguientes actividades: • Venta y exhibición de estructuras metálicas, y • Almacenamiento y alquiler para exhibición y venta de estructuras para eventos, esto como ya se mencionó bajo la modalidad de comercio menor. Dicha licencia fue otorgada con base en el Certificado de Uso de Suelo CU-22-373 del 6 de mayo de 2022, el cual establece de forma expresa restricciones claras para la zonificación aplicable a la ubicación de dicha propiedad, excluyendo actividades de carácter industrial, bodegaje a gran escala, comercio al por mayor o cualquier uso que genere molestias incompatibles con la zonificación residencial.
En consecuencia, la licencia comercial vigente para la finca no ampara ni autoriza actividades industriales, ni operaciones que impliquen lavado de equipos, manejo de residuos sépticos, uso intensivo de maquinaria pesada, ni tránsito constante de camiones pesados. Por el contrario, las actividades que el recurrente califica como “de carácter industrial”, tales como lavado de equipos e inodoros portátiles, lavado y almacenamiento de camiones que transportan sólidos sépticos o excrementos, operación de maquinaria pesada como montacargas, y almacenamiento asociado a dichas operaciones, no se desarrollan ni se encuentran autorizadas para la finca , sino que cuentan con licencia comercial expresa y vigente para ser ejercidas exclusivamente en la finca matrícula , la cual posee condiciones urbanísticas y autorizaciones distintas. En dicha finca, la empresa Terra Equipos S.A. mantiene licencia comercial para actividades que incluyen, entre otras: • alquiler y venta de equipo y maquinaria de construcción, • parqueo para camiones cisterna para transporte de lodos sépticos, • taller de reparación y mantenimiento, • almacenamiento, • lavado y desinfección de cabinas sanitarias, y • oficinas administrativas.
Estas actividades fueron autorizadas mediante actos administrativos luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios, ambientales y urbanísticos correspondientes, y no se encuentran vinculadas ni trasladadas a la finca 401148-000, esto ha sido comprobado por este gobierno local, el cual en cumplimiento a su deber de fiscalización ha realizado inspecciones en la Dirección01 para verificar que la actividad desarrollada se ajuste a la autorizada mediante la licencia comercial otorgada sobre dicho inmueble. Véase como mediante oficio MM-PM-083-2026 del 11 de marzo de 2026, Leonardo Trejos Cespedes, coordinador de la Unidad de Inspecciones y Policía Municipal informó sobre las inspecciones que en atención al deber de fiscalización han realizado desde dicha área, en ocasiones en conjunto con el departamento de licencias comerciales. Según se indica en el informe señalado, el 15 de febrero de 2022 se recibió denuncia presentada por el regidor Álvaro Arguedas Durán sobre presuntas irregularidades en el uso de una patente comercial en la propiedad indicada.
En atención a dicha denuncia, el 21 de febrero de 2022 el inspector Geovany Rivas Guerrero realizó inspección en el sitio, indicando que no se observó oficina administrativa ni actividad comercial alguna. Posteriormente, mediante oficio AMM-0370-2025 del 24 de junio de 2025, suscrito por el alcalde municipal a.i. Emmanuel Ferrer Venegas, se solicitó realizar nueva inspección sobre presuntas irregularidades relacionadas con la licencia comercial otorgada al plano catastrado SJ-68073-92 a nombre de Terra Equipos S.A. En respuesta a dicha solicitud se consideró la visita realizada por la licenciada Karla Matamoros Camacho, cuyos resultados fueron comunicados mediante el oficio ATM-LC-292-2025 indicándose que “el día 30 de junio del presente, de forma conjunta los compañeros de la Policía Municipal, Roy Quesada Chavarría, Alejandro Quirós Brenes y mi persona, nos apersonamos a la propiedad antes descrita donde fuimos atendidos por el Sr. Nombre05 colaborador de la representada Terra Equipos.
Al momento de ingresar al bien inmueble antes descrito se pudo observar que en el lugar se mantenían algunos vehículos de carga liviana estacionados, el resto de la propiedad disponía de almacenamiento de estructuras metálicas como se puede observar en las fotografías que se muestran en este informe, se pudo divisar la presencia de dos personas (peones) colaboradoras de la empresa. […] […] […] De acuerdo con su solicitud y en descripción de lo observado al momento de la visita, se comprueba que se mantiene en ejercicio la actividad de “Venta y Exhibición de Estructuras Metálicas”. De igual manera, se reportaron las actuaciones realizadas por la Policía Municipal en la misma inspección mediante oficio MM-PM-197-2025, unidad la cual informó que, “El día 30 de junio del presente, de forma conjunta los compañeros de la Policía Municipal, Roy Quesada Chavarría, Alejandro Quirós Brenes, en compañía de la encargada de licencias comerciales Lic, Karla Matamoros Camacho, se hacen presentes al lugar.
Se logra observar que, al momento de la visita, se mantiene en ejercicio la actividad de “Venta y Exhibición de Estructuras Metálicas”. En el sitio hay algunos vehículos de carga liviana y estructuras metálicas, no se divisan otras actividades distintas dentro de las instalaciones.” Luego, mediante oficio MM-PM-287-2025 del 30 de setiembre de 2025, se efectuó un análisis en el sistema SIGRAMU, determinándose que sobre la Dirección02, correspondiente al plano catastrado SJ-68073-1992, y constan trámites de construcción vinculados con lo existente en el sitio. Estos informes de diversas inspecciones efectuadas por los departamentos municipales competentes en la Dirección01 para verificar que la actividad comercial que se está desplegando se ajuste a lo permitido por la patente conferida sobre la misma, evidencian que este municipio ha sido diligente y en ningún caso omisos de sus deberes de fiscalización y atención a lo denunciado por el recurrente, toda vez que se han gestionado actuaciones tanto en campo como a nivel interno administrativo, para comprobar los hechos por él expuestos.
Dichas actuaciones en campo según informan las unidades ejecutaras, han dado como resultado que en la finca Dirección03 la empresa Terra Equipos S,A, mantiene en ejercicio la actividad de “Venta y Exhibición de Estructuras Metálicas” la cual fue la aprobada por la patente otorgada, ante lo cual no puede sostenerse válidamente que exista una modificación sustancial o irregular de la actividad comercial autorizada en la finca 401148-000. En este sentido, teniendo en cuenta que las actividades cuestionadas por el aquí recurrente cuentan con respaldo administrativo en una licencia comercial independiente, otorgada para otro inmueble, bajo un régimen jurídico distinto, se desprende que el argumento del recurrente puede partir de una confusión material entre fincas y licencias comerciales distintas, atribuyendo a la finca 401148-000 actividades que no forman parte de la licencia otorgada para ese inmueble, sino que se encuentran legalmente autorizadas para ejercerse en otra propiedad diferente, debidamente identificada como la finca 436018-000.
Aunado a esto, es importante reiterar lo ya indicado por la señora Nombre06 en el oficio ATM-LC 111-2026, respecto a que algunos de los hechos denunciados por el ofendido no están bajo las competencias de fiscalización de este municipio, sino de otras entidades como el Ministerio de Salud, tesis que se ampliara más adelante. Asimismo, se debe hacer del conocimiento de esta Sala que ante las múltiples denuncias realizadas por el señor Nombre01, el despacho de la alcaldía municipal ha iniciado una investigación preliminar para poder comprobar la verdad real de los hechos, siendo esta parte de las actuaciones de fiscalización administrativa internas que se han desarrollado, esto mediante oficio IPAD-006-2025 del 1 de octubre de 2025, no siendo omisos de ninguna manera frente a la situación denunciada por el administrado. Igualmente, respecto al informe técnico-jurídico al que hace referencia el recurrente, titulado “Informe Técnico Jurídico sobre las anomalías en el otorgamiento de patente comercial a terra equipos” presentado ante este municipio por el Licenciado Miguel Herrera González en fecha 04 de diciembre del 2025, el mismo se tuvo por recibido y se comunicó al órgano investigador de la IPAD-006-2025 para que sea agregado a dicho proceso de investigación preliminar, esto, además, fue puesto en conocimiento del señor Herrera Gómez como representante del señor Nombre01 mediante oficio AMM-0900-2025 de fecha 11 de diciembre de 2025.
En esa misma línea, el 03 de febrero de 2026 se recibió reclamo administrativo del señor Herrera Gómez como representante del señor Nombre01 mediante el cual requirió el inicio de un procedimiento administrativo ordinario sobre los mismos hechos, ante esto, mediante oficio AMM-0127-2026 de fecha 16 de febrero de 2026, este despacho brindó atención al reclamo administrativo reiterándole que mediante el oficio N.°IPAD‑006‑2025 del 31 de octubre de 2025, se dio inicio al proceso de investigación preliminar respecto de los hechos por él denunciados en relación con la patente otorgada a la empresa Terra Equipos S,A, y el uso de suelo, indicándole que, antes de proceder con dicha apertura esta administración de manera facultativa ha considerado importante realizar la investigación preliminar en el caso en cuestión, esto amparado en jurisprudencia de esta Sala, específicamente su resolución N.° número 2011-010890 de las 14:30 hrs. del 17 de agosto de 2011, en la cual se ha indicado: “(…) En este sentido, este Tribunal ha declarado que en tesis de principio es imposible violar el derecho de defensa durante una investigación preliminar, ya que ésta, stricto sensu, no forma parte de un procedimiento administrativo en sí, sino que más bien constituye un estadio preparatorio, cuyo objeto es juzgar si existe mérito para abrirlo o no. Más específicamente, se ha dicho que la investigación preliminar puede definirse como una labor facultativa de comprobación desplegada por la propia Administración Pública de las circunstancias del caso concreto.” (El subrayado es propio).
Ante esta respuesta el recurrente ha presentado recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio AMM-0127-2026 mismo que fue resuelto mediante resolución AMR-013-2026 de las diez horas quince minutos del 23 de febrero del dos mil veintiséis, rechazando el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el señor Miguel Herrera González en representación de Nombre01 contra el oficio AMM-0127-2026 del 16 de febrero de 2026 por las consideraciones de hecho y de derecho en ella expuestas. Posteriormente, el 25 de febrero de 2025 el señor Miguel Herrera González en representación de Nombre01, presentó impugnación contra la resolución AMR-013-2026 la cual se resolvió en la resolución AMR-016-2026 de las diez horas del once de marzo de dos mil veintiséis y fue notificada el pasado 11 de marzo de 2026, se rechazó la revocatoria y la apelación será conocida en alzada por el jerarca impropio quien como ente competente revisará la legalidad de esas actuaciones administrativas, pero se evidencia que los reclamos administrativos presentados por el recurrente ante esta administración han sido debidamente atendidos. […] Dicho lo anterior, se ha demostrado que esta administración frente a las denuncias presentadas al municipio por el aquí recurrente sobre los hechos en cuestión, ha solicitado a las diferentes dependencias municipales la revisión de las actuaciones administrativa y la fiscalización debida, con el fin de verificar que se ajusten a derecho, en virtud de lo cual las áreas técnicas han informado que los permisos y licencias concedidas a la empresa Terra Equipos S,A, se han emitido ajustados al ordenamiento jurídico tras comprobarse el cumplimiento efectivo de los requisitos legales y técnicos correspondientes.
De esta manera, teniendo en cuenta lo informado por las áreas técnicas pero atendiendo a las inquietudes del administrado, este despacho de manera responsable, previo a iniciar cualquier procedimiento administrativo como ha solicitado el recurrente ante esta representación, se ha iniciado una investigación preliminar que permita determinar si existe mérito o no para abrir un procedimiento, toda vez que desde las dependencias municipales competentes en cada campo, se ha manifestado un actuar cumplido, objetivo y conforme al ordenamiento jurídico, pero como administración diligente, este despacho ha procedido con la investigación preliminar en atención de las preocupaciones expuestas por el administrado para determinar la verdad real de los hechos y en caso que los resultados que arroje la investigación preliminar determinen alguna irregularidad, esta administración tomará las medidas respectivas.
Así las cosas, no se evidencia una actuación omisiva o ilegítima por parte de la Municipalidad de Mora, sino por el contrario, se manifiesta el ejercicio regular de sus competencias de control y autorización administrativa, las cuales se han emitido con estricto apego al principio de legalidad sin acreditarse hasta el momento elemento alguno que desvirtúe esto. Además, se evidencia una actuación diligente y cumplida del deber de fiscalización por parte de este municipio al realizar las inspecciones e investigaciones respectivas ante las denuncias presentadas por el aquí recurrente y toda vez que ha quedado expuesto que se han atendido las gestiones presentadas por el señor Nombre01 como informes, reclamos y recursos, no siendo cierto que este municipio no ha tomado acción alguna como lo quiere hacer ver quien reclama. IV. COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL PRESENTE CASO En este caso es importante indicar que, bajo el principio de legalidad, el Ministerio de Salud es el ente que posee la competencia legal única y exclusiva para la atención de denuncias por casos en los que pueda existir algún tipo de contaminación sónica, para esto, véase como el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, establece lo siguiente: “(…) Artículo 8°-Ente encargado de las mediciones.
Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, así como de aquellas que del mismo se derive, el Ministerio de Salud, a través de las Áreas Rectoras de Salud, realizará visitas de inspección a las fuentes emisoras de ruido, para la medición de ruido en el interior de los inmuebles. (…)” (El resaltado es propio). Además, la Ley General de Salud, establece: “(…) De las inspecciones y otras diligencias ARTICULO 346.- Para los efectos de llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos, de resoluciones complementarias que las autoridades de salud dicten dentro de sus competencias, podrán los funcionarios dependientes del Ministerio, debidamente identificados, hacer inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos.
Tales diligencias deberán practicarse durante el día, entre las seis y dieciocho horas y los particulares están en la obligación de facilitarles de inmediato. La limitación horaria no regirá para las inspecciones relativas al control de alimentos, de estupefacientes, alucinógenos y sustancias psicotrópicas capaces de producir por su uso, dependencia psíquica o física. (…)” (El resaltado es propio). Así también, dicha norma establece: “(…) ARTICULO 293.- Toda persona natural o jurídica queda obligada a emplear el máximo de su diligencia en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias o de los pedidos especiales que ordene la autoridad competente, a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o recreación. (…)” Por lo anterior, véase como dichas normas establecen la competencia ante situaciones de contaminación ambiental y sónica como las alegadas por el recurrente al mencionar que las actividades de la empresa Terra Equipos en la Dirección04 “generan ruido excesivo, vibraciones, malos olores y contaminación ambiental”, compete de manera exclusiva al Ministerio de Salud por medio de las Áreas Rectoras de Salud, por lo cual, es esta entidad la responsable de la fiscalización y control del cumplimiento de las leyes a fin de evitar este tipo de contaminación y no, así como lo pretende el recurrente en reprochar dichas conductas a este municipio, lo cual es contrario a derecho.
V. RECURSO DE AMPARO CONOCIDO POR ESTA SALA BAJO EL EXPEDIENTE 24-035927-0007-CO Ante los hechos denunciados por el recurrente en el presente recurso de amparo es necesario referir al recurso de amparo tramitado por esta Sala bajo el expediente nro. 24-035927-0007 interpuesto por Nombre01, cédula de identidad ED03 Y Nombre07, cédula de identidad ED05,, contra el MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE MORA. En dicho recurso de amparo los recurrentes manifestaron que residen en el cantón de Mora, en una zona residencial y de comercio. Indicando que “hace unos meses, se instaló en la propiedad contigua a su casa de habitación, una bodega de grandes dimensiones denominada "Terra Equipos Alquiler y Venta de Equipos para la Construcción". En ese proceso denunciaron que, la Municipalidad de Mora, había “ampliado los permisos de usos de suelo, sin supervisión ni revisión, lo que provoca una agravación del problema que sufren”.
Agregaron que, respecto a la Municipalidad accionada, habían tratado de pedir información, sin resultados positivos. En atención de los hechos señalados por el recurrente en dicho proceso, mismo recurrente del presente proceso, este despecho mediante resolución de las 14:49 horas de 2 de enero de 2025, le dio curso al proceso y le solicitó informe al director del Área Rectora de Salud de Mora; asimismo, al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad Mora, por lo cual esta representación el 9 de enero de 2025 rindió el informe correspondiente ante este Tribunal Constitucional. En virtud de los informes rendidos, mediante resolución Nº 2025007768 de las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco, este despacho resolvió en lo que respecta a esta administración, lo siguiente: “(…) En primer lugar, en relación con la Municipalidad de Mora, a priori se descarta alguna situación que en este momento amerite la intervención de esta jurisdicción constitucional.
Al respecto, conviene advertir que no le corresponde esta Sala, en este proceso sumario de amparo, revisar si los usos de suelo y los permisos de funcionamiento otorgados a la empresa aludida por la parte accionante se ajustan o no a las disposiciones de la legislación ordinaria. De tal manera, si los accionantes se encuentran inconformes con tales actos, deberán formular los alegatos pertinentes ante las instancias administrativas o jurisdiccionales comunes competentes, sedes en las que podrán discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. (…) Ergo, prima facie se descarta alguna acción u omisión de la municipalidad recurrida susceptible de ser declarada en esta vía. (…) Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota (…)” Así las cosas, de lo resuelto por la Sala Constitucional en el expediente N.° 24-035927-0007-CO, se desprende con claridad que no corresponde a esta jurisdicción constitucional, en la vía sumaria del recurso de amparo, revisar ni valorar el fondo de los actos administrativos relativos a usos de suelo, licencias comerciales o permisos de funcionamiento, cuando estos han sido emitidos por la Administración en ejercicio regular de sus competencias y conforme al principio de legalidad.
En el presente caso, al igual que en el antecedente citado, no se configura una actuación arbitraria, ilegítima u omisiva imputable a la Municipalidad de Mora, sino una actuación administrativa diligente y atenta de los hechos denunciados por el recurrente, procurando la emisión de actos administrativos debidamente motivados y sujetos a control técnico y jurídico, respecto de los cuales se ha demostrado ya en esta vía que esta administración no ha ignorado las denuncias presentadas por el recurrente, por el contrario, incluso ha iniciado una indagación preliminar con el fin de investigar a fondo y descartar cualquier irregularidad. Por tanto, a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta Sala y de los elementos objetivos que se exponen en este informe, no se acredita vulneración alguna a derechos fundamentales que amerite la intervención de esta jurisdicción constitucional, resultando improcedente el recurso de amparo en cuanto a los reproches formulados contra este gobierno local.
VI. DEL CASO EN CONCRETO: Como ya se ha mencionado a lo largo de este informe, de manera resumida se indica que, en atención a lo denunciado por el recurrente respecto al uso de suelo emitido por este municipio en relación con la propiedad con número de finca número 401148 con plano catastro SJ-0068073-1992, propiedad de TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, del oficio N°DPOT-26-04 del 12 de marzo de 2026 suscrito por Phisilla Venegas Carvajal, encargada de usos de suelo de la Municipalidad de Mora, se desprende que, dicha área técnica tiene el uso de suelo emitido como conforme y ajustado a derecho, ya que según indica la parte técnica dicho uso otorgado mediante la resolución CU-22-373, se emitió de conformidad a la zona donde se ubica la propiedad, la cual según menciona el informe, se ubica en zona residencial, para lo cual el permiso de uso de suelo señalado se extendió según los usos permitidos por la normativa para dicha zonificación.
Igualmente, sobre la licencia comercial otorgada a Terra Equipos S,A, para ALMACENAMIENTO Y ALQUILER, PARA EXHIBICIÓN Y VENTA DE ESTRUCTURAS PARA EVENTOS COMERCIO MENOR, a explotar en la finca número Dirección03, con plano catastro SJ-0068073-1992, según informa el oficio N° ATM-LC-111-2026 del 12 de marzo de 2026, suscrito por Karla Matamoros Camacho, jefe del Departamento de Licencias Comerciales de la Municipalidad de Mora, dicha patente fue aprobada conforme a derecho, toda vez que indica que la empresa Terra Equipos S,A, cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos por la normativa de patentes para cada trámite, por lo cual hoy en día las licencias comerciales aprobadas se registran activas y emitidas conforme a derecho y a la zonificación según los certificados de usos de suelo aprobados, asimismo, se reitera que son dos las patentes concedidas, sobre fincas independientes y para actividades distintas, lo cual ya ha sido ampliamente explicado en este informe.
Así las cosas, como ya las áreas técnicas competentes han indicado, los permisos de uso de suelo, constructivos y las licencias comerciales otorgados por esta Municipalidad para el desarrollo de las actividades lucrativas de la empresa TERRA EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA en la finca número Dirección03, plano catastrado SJ-0068073-1972, se han emitido en estricto apego al ordenamiento jurídico y al cumplimiento de los requisitos técnicos y legales aplicables, sin que a la fecha se haya acreditado elemento alguno que desvirtúe dicha conclusión. No obstante, y en una actuación reforzada de diligencia administrativa, esta Administración ha dispuesto la apertura de una investigación preliminar con el fin de esclarecer cualquier duda que pudiera subsistir, demostrándose así que esta representación ha desplegado las diferentes gestiones de fiscalización que este municipio debe ejecutar y que efectivamente ha ejecutado, para asegurar que las actividades lucrativas aprobadas por este gobierno local a Terra Equipos S,A, se ajusten a derecho, siendo así que este despacho de la alcaldía de manera responsable ha entablado los actos administrativos respectivos para atender a las denuncias que el aquí recurrente ha presentado ante la administración municipal no siendo omiso ante las mismas.
Por otro lado, ha quedado expuesto que bajo el principio de legalidad, las afectaciones manifestadas de contaminación sónica y ambiental que denuncia el ofendido, de acuerdo con la normativa anteriormente expuesta, es competencia exclusiva del Ministerio de Salud en coordinación de sus Áreas Rectoras de Salud, pues bien, es este el ende el competente para fiscalizar esta clase de contaminación ambiental y/o sónica y realizar las mediciones de fuentes emisoras de ruido y supervisar y asegurar el cumplimiento efectivo de la ley en relación con estas situaciones y no de este municipio. Por último, debe tenerse en cuenta que, sobre los hechos expuestos, este municipio ya ha tenido por demostrado ante esta Sala el cumplimiento de sus deberes legales frente a los mismos, esto bajo el recurso de amparo N.° 24-035927-0007-CO resuelto mediante resolución Nº 2025007768 de las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco.
Por todo lo anterior, considera esta representación que se ha confirmado que desde las competencias municipales se han realizado las actuaciones correspondientes en atención a las preocupaciones manifestadas por el recurrente ante esta administración, sin omisión alguna, esto en aras de cumplir con el principio de legalidad y la normativa vigente, por lo que a la fecha se han y se están revisado todas las actuaciones administrativas que han generado algún derecho al patentado, esto con el fin de corroborar que todo se ajuste a derecho. Por lo cual, y como ya se mencionó, en manifestación de una actuación administrativa diligente y prudente, esta Administración ha dispuesto la apertura de una investigación preliminar con el único fin de esclarecer cualquier duda que pudiera subsistir y descartar de manera definitiva la existencia de eventuales irregularidades, pero sin que esto se interprete como una violación a las garantías constitucionales, por el contrario, se ha demostrado un actuar responsable desde todas las competencias legales de este gobierno local, reiterándose que este municipio no ha sido omiso de las denuncias interpuestas.
Además, de acuerdo con la línea de esta Sala Constitucional anteriormente señalada (resolución Nº 2025007768), no corresponde a esta jurisdicción constitucional, en la vía sumaria del recurso de amparo, revisar ni valorar el fondo de los actos administrativos relativos a usos de suelo, licencias comerciales o permisos de funcionamiento. Aunado a esto, se reitera que deben tener en cuenta los señores magistrados que la competencia para fiscalizar y regular la contaminación sónica es exclusiva del Ministerio de Salud, por lo que, este gobierno local no tiene ningún tipo de responsabilidad. En ese sentido, se solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo por carecer de asidero legal”.
“PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, me apersono en el presente proceso en calidad de coadyuvante activo de la parte recurrente, por tener un interés directo, personal y legítimo en el resultado del presente recurso, pues soy colindante por el sector este con la empresa cuya actividad industrial nos afecta.
SEGUNDO: Que mi condición de legitimación deriva de mi calidad de vecino colindante directo del inmueble donde la empresa Terra Equipos S.A. desarrolla las actividades denunciadas, situación que me coloca en una posición de afectación real, actual y continuada, en términos sustancialmente idénticos a los alegados por la parte recurrente.
TERCERO: Que las actividades desplegadas en dicho inmueble, de carácter industrial en una zona de uso residencial, generan en mi esfera jurídica una afectación directa a derechos fundamentales, particularmente en cuanto a:
El derecho a la salud e integridad personal • El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado CUARTO: Que la afectación descrita no es eventual ni hipotética, sino material, comprobable y persistente en el tiempo, derivada de la operación continua de maquinaria pesada, tránsito de vehículos de alto tonelaje, generación de ruidos excesivos, vibraciones y malos olores, en condiciones incompatibles con el uso residencial de la zona.
QUINTO: Que comparto en todos sus extremos los hechos, fundamentos y pretensiones planteados en el recurso de amparo interpuesto, los cuales hago propios para todos los efectos legales correspondientes.
SEXTO: Que resulta particularmente grave la inacción de la Municipalidad del Cantón de Mora, la cual ha pretendido justificar su omisión en la supuesta existencia de una investigación preliminar de carácter disciplinario (IPAD-006-2025), iniciada desde el mes de octubre de 2025, sin que a la fecha exista resolución de fondo, adopción de medidas cautelares ni actuación efectiva dirigida a cesar la afectación denunciada.
SÉTIMO: Que la supuesta investigación preliminar, lejos de constituir un mecanismo válido de actuación administrativa, se ha convertido en un instrumento de dilación indefinida, carente de plazo cierto y sin relación directa con la obligación de la Administración de ejercer sus potestades de control, fiscalización y tutela efectiva de los derechos fundamentales comprometidos.
OCTAVO: Que la existencia de una investigación preliminar no suspende ni sustituye el deber constitucional de la Administración de:
Resolver de forma pronta, expresa y motivada las gestiones planteadas • Adoptar medidas inmediatas ante la existencia de daño actual o inminente Prevenir la continuidad de afectaciones a derechos fundamentales NOVENO: Que, en el presente caso, la omisión municipal adquiere relevancia constitucional no solo por la ausencia de una decisión de fondo, sino porque permite la continuidad de una actividad presuntamente ilegal con efectos en el disfrute de garantías constitucionales, sobre la salud, el ambiente y la calidad de vida de los vecinos colindantes.
DÉCIMO: Que la dilación injustificada en la adopción de medidas, en presencia de una afectación actual y continuada, constituye por sí misma una violación autónoma a los derechos fundamentales protegidos por los artículos 21, 27, 45 y 50 de la Constitución Política.
DÉCIMO PRIMERO: Que en este contexto, la actuación de la Administración resulta contraria a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, prevención ambiental y tutela administrativa efectiva, al privilegiar una indagación interna indefinida sobre la protección inmediata de derechos fundamentales”.
“De previo, es mi deber manifestar que el Decreto Ejecutivo N° 40724-S del 23 de setiembre del 2017, publicado en La Gaceta N°215 del 14 de noviembre del 2017, alcance 273 denominado “Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud”, vigente a partir del 14 de mayo del 2021, establece como Misión del Ministerio de Salud, que es la institución que dirige y conduce a los actores sociales para el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, con enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, bajo los principios de equidad, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad, cuyo fundamento en sus actuaciones lo constituyen primordialmente la Constitución Política, la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”, Ley N° 5412 del 8 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud” y el Decreto Ejecutivo N° 40724-S, anteriormente citado, entre otros.
Además, la Ley General de Salud, en sus numerales 1, 2, 3, 4 y 7 dispone, entre otras cosas, que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, que es función esencial del Estado velar por la salud de la población, que corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley, teniendo potestades para dictar reglamentos autónomos en estas materias. Resulta de importancia indicar que, toda persona natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de la citada ley y demás leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud, que son de orden público y en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal, sin perjuicio de las atribuciones que la ley confiere a las instituciones autónomas del sector salud, así como de las órdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia, que las autoridades de salud dicten en el ejercicio de sus competencias orgánicas y tiene derecho a ser informada debidamente por el funcionario competente sobre las normas obligatorias vigentes en materia de salud, salvo lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales.
Una vez expuesto lo anterior, me refiero al recurso de amparo interpuesto por Miguel Ángel Herrera González en favor de Nombre01, quien alega que: “…su representado Nombre01, cédula de identidad CED02, es vecino colindante de un inmueble propiedad de la empresa Terra Equipos S.A., que se encuentra en zona residencial, pero en el que se realizan actividades de tipo industrial a vista y paciencia de la Municipalidad de Mora. Enuncia que la autoridad accionada otorgó una licencia comercial a favor de la empresa Terra Equipos S.A. en la finca del partido de San José nro. 401148-000, plano SJ-0068073-1972, amparado al uso de suelo nro. CU- 22-373 del 6 de mayo 2022, bajo el supuesto de que la actividad a desarrollar era "ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN VENTA Y EXHIBICIÓN DE ESTRUCTURAS METALIZADAS". Acota que el inmueble mencionado se ubica en una zona residencial, en el que, conforme al plan regulador del cantón de Mora vigente, se prohíben expresamente las actividades industriales como: bodegas, talleres y cualquier uso análogo que generen molestias al vecindario.
Relata que con posterioridad al otorgamiento de la licencia comercial y de forma progresiva, la empresa Terra Equipos S.Nombre03. modificó sustancialmente la actividad autorizada y se dedicó a realizar otras de carácter industrial. Explica que dicha sociedad realiza el almacenamiento masivo de productos, carga y descarga de estructuras metálicas, lavado de equipos e inodoros portátiles, lavado y almacenamiento de camiones que transportan solidos sépticos o excrementos, operación de maquinaria pesada y tránsito constante de camiones pesados, generando ruido excesivo y constante, vibraciones y malos olores, en horarios incompatibles con uso residencial, pues esas actividades se extienden hasta horas de la noche. Alega que lo descrito impide el descanso, la tranquilidad y la vida digna de su representado, quien es una persona adulta mayor, así como de su núcleo familiar, quienes han experimentado una degradación de su calidad de vida.
Enuncia que desde hace varios meses, el tutelado ha acudido ante las autoridades administrativas, tanto a la Municipalidad de Mora como al Ministerio de Salud, a efectos de solicitar su intervención urgente, para lo cual aportó prueba técnica, pericial y sanitaria contundente que acredita la afectación real. No obstante, reclama que el ayuntamiento accionado ha incurrido en una omisión prolongada e injustificada, tolerando que la afectación continúe en el tiempo sin adoptar acción alguna en resguardo de los derechos fundamentales de su defendido y de los habitantes del cantón en esa zona residencial. En este sentido, detalla que el 4 de diciembre de 2025 su apoderado especial, Miguel A. Herrera González, dirigió al alcalde de Mora un documento denominado "INFORME TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LAS ANOMALÍAS EN EL OTORGAMIENTO DE PATENTE COMERCIAL A TERRA EQUIPOS", por medio de cual expuso que la actividad de la empresa mencionada se da hasta altas horas de la noche, generando un ruido que excede los límites permitidos en zona residencial.
Asimismo, en ese informe se hizo alusión a irregularidades administrativas detectadas y causadas por el tránsito pesado, riesgos eléctricos, visibilidad hacia propiedades colindantes y la violación a la privacidad, por lo que se solicitó un estudio técnico municipal sobre ruido ambiental y la protección de los derechos de los vecinos afectados, conforme a los principios de dignidad humana, habitabilidad y medio ambiente sano. Menciona que mediante oficio AMM-0900-2025 se le indicó que el informe señalado se agregó al proceso de investigación preliminar aperturado el 31 de octubre de 2025 con el número de consecutivo IPAD-006-2025. Cuestiona que la Administración ha mantenido la situación en una fase preliminar indefinida, sin resolver expresamente la solicitud principal, ni adoptar medidas para tutelar sus derechos fundamentales…”. Expuesto lo anterior, atiendo lo solicitado por el honorable Tribunal Constitucional, con sustento en el informe CARTA-MS-DRRSCS-ARSM-182-2026, emitido por la Dra. Luz Cuadra Morales, Directora del Área Rectora de Salud Mora, como contestación de esta acción, el cual refiere en lo que interesa lo que sigue: CARTA-MS-DRRSCS-ARSM-182-2026: “…
I. SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE Que son personas adultas mayores que residen en el cantón de Mora en zona residencial y de comercio. Que contiguo a su propiedad se instaló bodega de grandes dimensiones denominada “Terra Equipos” que sirve de uso industrial para almacenamiento masivo de productos, carga y descarga de estructuras metálicas, lavado y almacenamiento de vehículos que transportan lodos sépticos y excrementos, generando ruido, vibraciones y olores molestos, denuncia que han planteado ante el Área Rectora de Salud y la Municipalidad. II. DE LA ACTUACIÓN DEL ÁREA RECTORA DE SALUD Y EL CASO EN CONCRETO Que en fecha 11 de marzo 2024, recibió el Área Rectora de Salud Mora denuncia promovida por el amparado, Sr. Nombre01, argumentando problemas de ruido, altas estructuras a la par de la tapia de su propiedad y actividades de taller que no comprenden los permisos otorgados a la empresa denunciada Terra Equipos.
(folio 0048 al 0049) En atención a lo denunciado el 18 de marzo 2024, procedimos con visita de inspección ocular en la vivienda del denunciante siendo atendidos por la Sra. Nombre07, quien manifestó que el principal problema radicaba en el ruido generado por el establecimiento y el riesgo de caída de estructuras metálicas que se almacenan contiguo a su tapia que sobrepasan la altura de esta. Cabe aquí mencionar, que durante la inspección ocular no se escucharon ruidos provenientes de taller o golpes de metales. Se observó estibaje por sobre la tapia de estructuras metálicas que podrían caer en el predio del denunciante. En esta ocasión el establecimiento denunciado se encontraba con portones cerrados y nadie atendió el llamado de la autoridad sanitaria, procediendo a reprogramar inspección en el establecimiento para el 08 de abril 2024. (folio 0050 y 0051) El 08 de abril de 2024, en el establecimiento denunciado “Terra Eventos”, fuimos atendidos por el Sr. Nombre08, gerente de capital humano, en el sitio se verificó que en el lugar se almacenaban estructuras metálicas para venta y exhibición de estructuras lo que era concordante con el permiso sanitario de funcionamiento otorgado, ese mismo día no se comprobó que el lugar se estuvieran realizando labores de reparación de estructuras, ni se comprobó actividad de taller, tampoco había ruido, sin embargo si se confirmó el estibamiento de estructuras por sobre la tapia que colinda con el denunciante.
Se aplicó “formulario de inspección de actividades comerciales e industriales” acreditándose inconformidades sanitarias, recomendando mediante informe técnico MS-DRRSCS-ARSM-156-2024, dirigir los actos administrativos correspondientes. (folios 0065 y 0070). Resultado de los hallazgos de la inspección de fecha 08 de abril 2024, mediante orden sanitaria CS-ARS-MP-069-2024, notificada al denunciado en fecha 22 de abril 2024 junto con informe técnico MS-DRRSCS-ARSM-156-2024, se ordenó en el plazo de 20 días hábiles colocar detectores de humo, ubicar rotulación de emergencia, mantener dispensadores con jabón líquido y toallas desechables, contar con botiquín de primeros auxilios, y no estibar estructuras por sobre la tapia para evitar riesgo de caídas. (folios del 0071 al 0075 y 0077) Todo lo hasta aquí expuesto fue puesto en conocimiento del amparado mediante correo de las 15:40 horas del 09 de abril del 2024.
(folio 0076) Continuando con la atención de la denuncia en fecha 21 de mayo del 2024, la empresa Terra Equipos presentó ante el Área Rectora de Salud Mora escrito “Contestación a la Orden Sanitaria CS-ARS-MP-069-2024”, comunicando cumplimiento de las ordenanzas. Por tanto, en seguimiento a escrito presentado y orden sanitaria CS-ARS-MP-069-2024 , el día 28 de mayo 202 se realiza visita establecimiento por parte del Área Rectora de Salud. En dicha visita se comprueba el cumplimiento total de los puntos a. b. c. y d. , y parcialmente el punto e) que correspondía al estibaje de las estructuras, dado que en el sector oeste las estructuras fueron separadas de la tapia y la primera hilera no sobrepasaba la tapia; sin embargo, en el sector este quedaba pendiente un mejor empleo de las estructuras que fueron acomodadas en racks, que continuaban sobrepasando la tapia. Aquí se debe indicar, que durante la inspección no se percibieron ruidos por parte de la empresa, pero si gran almacenamiento de estructuras.
Resultado de la visita de verificación de cumplimiento, se emitió informe técnico MS-DRRSCS ARSM-IT-237-2024 (folios 0091 al 0096) Siendo que no se tenía cumplimiento total de la orden sanitaria CS-ARS-MP-069-2024, específicamente en su punto e) que consistía en no estibar estructuras por sobre la tapia para evitar riesgo de caídas, se notifica nueva orden sanitaria CS-ARS-MP-114-2024 el día 04 junio 2024, mediante la cual se instruyó a la empresa, por la cantidad de estructuras metálicas almacenadas, ampliar el permiso de funcionamiento para que se incluyera no solo la venta y exhibición, sino también el almacenamiento de estructuras, y en un plazo de 15 días hábiles presentar propuesta de almacenamiento y estibaje de estructuras con plazos a cumplir, validada por un profesional en la materia donde se determinaran las alturas máximas de estibas y el retiro con las colindancias (folios 0097 al 0099 y 0101) Vía correo electrónico a las 10:07 horas del 30 de mayo 2024, se informó al denunciante lo actuado (folio 0100), quien el 04 de junio del 2024, manifestó continuación de ruidos y avance lento en el reacomodo de estructuras (folio 0104-0105).
Este argumento fue atendido mediante correo del 11 de junio (folio 0104) cuando se aclaró que durante la inspección de verificación se comprobó que del lado donde se ubica la propiedad del Sr. Loria, las estibas estaban separadas a más de un metro y que las más cercanas a la vivienda no superaban la altura de la tapia, y siendo que la separación de las estructuras no está normada se solicitó la propuesta de reacomodo. En cuanto al ruido se le indicó que la única forma de determinar infracción a los límites de ruido regulados es por medio de prueba de sonometría que debe ser programada en el horario y día que el mismo proponga. No conforme con lo dicho, el 20 de junio también vía correo electrónico manifestó que las estibas siguen cerca de las tapias que los materiales en racks son un peligro, argumenta nueva preocupación por la estructura del techo que es de hierro pesado, y acusa se mantiene el ruido e ingreso de material, por lo que, el 25 de junio 2024, nuevamente se le solicitó indicar fecha y hora para programar la medición sónica.
(folios del 0102 al 0103) Es oportuno aquí señalar que mediante correo electrónico de fecha 25 de junio (folio 0102) al denunciante se le comunicó que la empresa Terra Eventos había presentado el 24 de junio de 2024 propuesta técnica para cumplir con la orden sanitaria CS-ARS-MP-114-2024, la cual incluye cronograma de actividades para trabajar el estibaje de las estructuras, que consiste en movimientos y reacomodo de estructuras, a implementar de junio a setiembre 2024. La propuesta técnica elaborada por un profesional en salud ocupacional fue debidamente revisada y refrendada por esta Dirección de Área Rectora de Salud (folios 0106 al 0130) Además, dentro de dicha propuesta, se adjuntaba la ampliación de uso de suelo municipal para el almacenamiento de estructuras (folios 0112 al 0115 y 130) Ahora bien, en vista de la nueva dificultad denunciada respecto al presunto riesgo que representan los techos del establecimiento, el día 16 de julio se visitó el lugar constatándose que los techos estaban en buen estado de conservación, no tenían partes rotas, desprendidas o que se movieran con el viento, ni mantenía vigas ni columnas dobladas, empero a lo dicho, para contar con un mejor criterio técnico profesional, mediante informe técnico MS-DRRSCS-ARSM-IT-295-2024, se recomendó a la Dirección de Área Rectora de Salud Mora, requerir apoyo técnico de la Unidad de Rectoría de la Dirección Regional Central Sur, para que un ingeniero civil valorara la estructura.
(folios 0133 al 0138) Lo actuado fue informado al denunciante vía correo electrónico del día 22 de julio 2024 (folio 0139) En fecha 24 de julio 2024, debido a la cantidad de estructuras almacenadas y conforme a lo establecido en el Decreto N° 43432-S, “Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud”, la empresa Terra Eventos presentó documentación para la ampliación de permiso sanitario de funcionamiento y en cumplimiento de requisitos preceptuados se otorgó el certificado CS-ARS-MP-PSF-214-2024 (folio 0165). Esto tomando en consideración que la Municipalidad ya había emitido la ampliación de un uso de suelo conforme para almacenamiento de estructuras. Por correo electrónico de fecha 05 de agosto 2024, el denunciante consultó detalles de la visita del ingeniero civil, dándose respuesta el 07 de agosto que aún no teníamos fecha definida, aprovechamos la ocasión para indicarle que el 08 de agosto 2024, el inspector estaría realizando visitas en el distrito Colón, para que, si a bien lo tenía, se realizará la medición sónica, sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna.
(folio 0166) El día 19 de agosto 2024, el Sr. Loria promueve nueva denuncia en esta ocasión por problemas con el lavado de letrinas en el establecimiento Terra Eventos e indica si se ha podido realizar la medición, a lo que se responde que el día de mañana 20 agosto se realizará por parte del ingeniero. Además, se le indica que debido a que no obtuvimos respuesta del correo enviado para realizar la medición, la misma no fue programada (folio 0167). El día 20 de agosto se procede a realizar visita para comprobar los problemas de lavado de letrinas y situación estructural de techos. Con respecto al problema de lavado de letrinas, se genera el informe técnico MS-DRRSCS-ARSM-IT-364-2024 los hechos denunciados. (folios 0170 al 0171) Lo actuado y confirmado fue puesto en conocimiento del denunciante vía correo del 21 de agosto 2024 (folio 0172) Con respecto a la valoración de los techos, los ingenieros Allan Bolaños Benavides y Oscar Arroyo Barahona, mediante informe MS-DRRSCS-URS-IT-0435-2024 de fecha 22 de agosto 2024, no detectaron peligro inminente en la estabilidad de la estructura, circunstancia comunicada al amparado vía correo electrónico del 28 de agosto 2024.
(folios 0174 al 0178) En cuanto al seguimiento y verificación de propuesta técnica presentada por la empresa denunciada para cumplir con el acomodo de las estructuras, el 19 de setiembre 2024, durante visita de inspección y según informe técnico MS-DRRSCS-ARSM-434-2024, se acreditó que la mayoría de los puntos indicados en la propuesta técnica fueron cumplidos, quedando únicamente pendiente la colocación de la rotulación y los registros de las revisiones semanales (folios 0181 al 0185) Lo actuado nuevamente fue informado al denunciante el día 20 de setiembre 2024, vía correo electrónico. (folio 0186). Ese mismo día se acordó programar medición sónica para el día 23 de setiembre de 2024 a las 2.00 pm, (folios 0187 al 0188) día en que a falta de ruidos por parte de la empresa denunciada fue imposible cumplir con la aplicación de prueba de sonometría. Se realizó nuevo intento de medición sónica el día 07 de octubre de 2024, sin embargo, tampoco hubo ruidos (folio 0189 al 0190) El día 03 de diciembre, se le indicó al denunciante que el 05 y 09 de diciembre 2024 se podría realizar medición por la mañana y tarde, respectivamente (folio 0191).
El día 05 de diciembre no se pudo realizar a falta de ruido (folio 0194 y 0195.). Cabe mencionar que el día 09 de diciembre no se pudo realizar la medición ya que el Sr Loría mal interpretó el correo enviado como él mismo lo indicó y tuvo que asistir a una cita médica. (folio 0193) El día 19 de diciembre a las 10.00 am, promueve el Sr. Loria correo electrónico argumentando ruidos en el establecimiento (folio 0196), y pese a que no se había programado prueba de sonometría, personal del Área Rectora de Salud desatiende labores de oficina para proceder con respectiva medición, cuyo resultado según informe técnico MS-DRRCS-ARSM-IT-001-2025 de 48.4 dB (A) para ruido ambiente más fuente generadora activa, no superó los 65 dB (A) preceptuados para zona residencial como deviene del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido N° 39428-S (folios 0199 al 0206). El resultado de la sonometría se envió al señor Loria mediante correo electrónico enviado el 7 de enero de 2025.
(folio 0211) El 8 de enero de 2025 se regresó a la empresa Terra Eventos y se comprobó que se cumplió con los puntos faltantes de la orden sanitaria N0 CS-ARS-MP-114-2024. (folios 0214 al 0218). Al señor Loría se le informo del cumplimiento mediante el correo electrónico con fecha 9 de enero de 2025 (folio 0219). El 17 de febrero de 2025 se recibe correo electrónico donde el señor Loría indicó que el 13 de febrero de 2025 se escucharon muchos ruidos desde la empresa Terra Eventos a lo que se le indicó en correo del 18 de febrero que nos confirmara si los ruidos molestos seguían siendo de 7 am a 10 am y de 2 pm a 5 pm todos los días para coordinar medición sónica ya que debíamos solicitar el equipo a otra área rectora de salud porque el nuestro estaba en calibración, a lo que no obtuvimos respuesta (folio 0230). El 10 de marzo de 2025 recibimos documento de la Licda Valeria Bolaños González, abogada en aquel momento del señor Nombre01, manifestando problemas por contaminación sónica debido a actividad industrial realizada en la empresa Terra Eventos (folios 0231-0234), razón por la cual el 19 de marzo de 2025 nos apersonamos en la vivienda de los afectados con el propósito de realizar medición sónica, sin embargo, la medición no se pudo realizar porque no había ruido.
(folio 0251) Nuevamente, los días 26 de marzo de 2025 y 15 de mayo de 2025 mediante correo electrónico se trató de coordinar medición sónica con el afectado como lo establece el procedimiento de medición de ruido, sin embargo, no brindo respuesta (folio 0252-0253). El señor Loría se manifestó por correo electrónico hasta el 5 de junio de 2025 indicando que seguían los ruidos y preguntando si nosotros habíamos notificado algún documento a Terra Eventos expresando molestias y consultando sobre cuales actividades podía realizar la empresa en el lugar (folio 0254). Se le responde vía correo el 9 de junio de 2025 que no procedía la notificación a la empresa ya que la medición realizada en diciembre 2024 no sobrepaso los decibeles permitidos y no se habían comprobado los problemas de ruido denunciados. Además, se le indicó que podíamos ir a realizar la medición sónica el 16 de junio de 2025 a lo que tampoco tuvimos respuesta.
(folio 0255). El 1 de julio de 2025 el señor Loría envió correo electrónico indicando que en Terra Evento había parqueado un camión con lodo sépticos lo que consideraba perjudicial para su salud, a lo que se le informo el 2 de julio de 2025 que al día siguiente íbamos a realizar la visita tanto para hacer la medición sónica como para verificar lo del camión de lodos sépticos (folio 0256). El 3 de julio de 2025 se regresó al lugar, desde fuera de las instalaciones no se percibieron ruidos, por lo que no se pudo proceder con la medición sónica, al entrar a la empresa se verificó que lo único que estaba operando en el lugar era un montacargas haciendo acomodo de estructuras, se hizo un recorrido por todo el patio de almacenamiento y no estaban realizando ningún tipo de trabajo mecánico, tampoco había en el lugar camiones con lodos sépticos, no había ningún tipo de olor molesto, ni vertido de aguas residuales o lodos en el suelo.
(folios 0258 -0261). Mediante correo electrónico enviado el 8 de julio de 2025, se informó al señor Loría sobre lo observado en la inspección el 3 de julio de 2025. (folio 0262). El 6 de agosto de 2025 recibimos nota donde el señor Nombre01 hacia una serie de cuestionamiento sobre la empresa Terra Eventos, incluido los problemas de contaminación sónica (folios 0263-0279), documento que se le contestó mediante el oficio N0 CARTA MS-DRRSCS-ARSM-0474-2025, indicándole que se habían hecho múltiples intentos de medición sónica, específicamente en el punto 2 inciso b), sin embargo, no fue posible realizarlas ya sea porque no había ruido o él no se había manifestado para coordinar. Además, se le aclararon varios puntos relacionados con invasión a la propiedad privada, pérdida de privacidad, peligro de incendio, olores molestos y estibaje de estructuras (0280- 0282). El 23 de octubre de 2025 recibimos documento titulado petición administrativa para ejecución de orden sanitaria incumplida (folio 0283-0299) mediante el cual Licdo Miguel Herrera González, representante del Sr Nombre01, señala varias irregularidades con respecto al funcionamiento de la empresa, incluido los problemas de ruido.
Cada uno de los puntos señalados en documento fueron evacuados mediante el documento CARTA MS-DRRCS-ARSM-645-2025, incluido el aspecto de contaminación sónica (apartado D) Dicho documento de respuesta fue enviado por correo el 30 de octubre 2025. (folio 0300 al 0304) El 6 de enero de 2026 mediante correo electrónico, el señor Loría vuelve a manifestar ruidos molestos provenientes de la empresa Terra Eventos, así como presencia de tanque de lodos sépticos (folio 0325), por lo que se programó inspección el 13 de enero de 2026. Ese día no se pudo realizar medición sónica porque no había ruidos, además, no se observó a personas realizando lavados de maquinaria o haciendo actividades que generaran ruido, tampoco había en el lugar camiones con lodos sépticos, ni se observaron aguas a nivel del suelo o se percibieron olores molestos. (folios 0330- 0334) Esto se le informo al denunciante mediante correo electrónico (folio 0336).
Debido a todo lo expuesto, queda demostrado que esta Autoridad Sanitaria no ha sido omisa en el cumplimiento de deberes y se ha abocado a la atención de cada una de las inconformidades señaladas durante el proceso de atención de la denuncia y dado respuesta a las peticiones realizadas por el administrado. …”. (el resaltado es del original) Resulta imperativo aclarar que el Ministerio de Salud no otorga permisos de operación o patentes comerciales para establecimientos comerciales, lo que el ministerio otorga son permisos sanitarios de funcionamiento u autorizaciones sanitarias, siendo de comprender que lo que define estos permisos y/o autorizaciones es precisamente las condiciones físico sanitarias del inmueble que permitan el funcionamiento del mismo, todo ello en concordancia con lo dispuesto en los artículos 222, 298, 323, 324 y 328 de la Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud" es obligación de toda persona física o jurídica que desarrolle una actividad comercial, industrial y de servicios contar con el permiso sanitario de funcionamiento, lo cual en el caso concreto del establecimiento comercial “Terra Eventos”, cuenta con permiso sanitario de funcionamiento.
Como puede apreciarse se ha brindado como corresponde atención a la situación denunciada, no se ha logrado identificar por parte de las autoridades de este Ministerio, que las actividades que se realizan en la actividad comercial produzcan contaminación al ambiente por ruido u otro, se han girado los actos administrativos que han correspondido y se ha atendido lo ordenado, todo lo cual se ha comunicado al denunciante, donde el Ministerio únicamente puede avocarse en continuar atendiendo cada situación que el aquí recurrente plantee, y realizar de ser necesario, las comprobaciones respectivas (mediciones de ruido) que permitan poder determinar que efectivamente se produce el ruido que se denuncia, lo cual no ha sido constatado a pesar de haber realizado las mediciones de ruido correspondientes”.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente señala que su representado es vecino colindante de un inmueble propiedad de la empresa Terra Equipos S.Nombre03., ubicado en una zona residencial del cantón de Mora, en el cual se desarrollan actividades de carácter industrial con conocimiento de la municipalidad recurrida. Indica que dicha autoridad otorgó licencia comercial bajo el supuesto de que la actividad correspondía al alquiler y venta de equipos de construcción y exhibición de estructuras metalizadas, pese a que el inmueble se encuentra en una zona donde el plan regulador prohíbe expresamente actividades industriales. Asimismo, refiere que, con posterioridad al otorgamiento de la licencia, la empresa modificó sustancialmente su giro, realizando actividades como almacenamiento masivo de materiales, carga y descarga de estructuras metálicas, lavado de equipos e inodoros portátiles, manejo de camiones que transportan desechos sépticos, operación de maquinaria pesada y tránsito constante de vehículos de carga, generando ruido excesivo, vibraciones y malos olores en horarios incompatibles con el uso residencial.
Además, aduce que estas actividades afectan de manera directa la tranquilidad, el descanso y la calidad de vida del tutelado, quien es una persona adulta mayor, así como de su núcleo familiar, debido a la intensidad y continuidad de las molestias. Señala que, pese a haber acudido ante la Municipalidad de Mora y el Ministerio de Salud, aportando prueba técnica y sanitaria, no se han adoptado medidas efectivas para corregir la situación. En ese sentido, indica que el 4 de diciembre de 2025 se presentó un informe técnico-jurídico ante el alcalde, en el que se denunciaron irregularidades en el otorgamiento de la patente, los impactos por ruido, tránsito pesado, riesgos y afectación a la privacidad, solicitándose la realización de estudios técnicos y la protección de los derechos de los vecinos. Señala que, si bien se indicó que dicho informe fue incorporado a un procedimiento administrativo, este se mantiene en una fase preliminar indefinida, sin resolución ni adopción de medidas concretas.
Finalmente, sostiene que la omisión prolongada de la autoridad recurrida ha permitido la continuidad de actividades incompatibles con el uso de suelo, vulnerando sus derechos fundamentales y los de los habitantes del sector, por lo que solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
II.Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por contaminación sónica, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte del ministerio recurrido. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
III.Sobre la coadyuvancia. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que ocurre cuando una persona actúa en un proceso uniéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales. En virtud de lo anterior, aquella persona que ostente un interés directo en el resultado del proceso está legitimada para actuar como coadyuvante, aun cuando, al no ser la parte recurrente o la recurrida, no resultará directamente afectada por lo que se resuelva en la sentencia. La coadyuvancia es, pues, la vía procesal para permitirle prestar su ayuda (coadyuvar) a la parte con interés coincidente para facilitar el triunfo de su pretensión, y no se trata de una parte independiente ni de un litisconsorte, sino tan solo de un adherente sin legitimación procesal para demandar en un mismo proceso. Sobre este particular, el artículo 34 de la Ley de esta Jurisdicción dispone lo siguiente:
“Artículo 34. El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.
Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de amparo.
Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado”. (El resaltado con subrayado no es del original).
De esta manera, la eficacia del pronunciamiento no podrá alcanzar a la parte coadyuvante de manera directa e inmediata, ni tampoco podrá afectarla la condición de cosa juzgada del fallo –aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter erga omnes que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional–. En este caso, la Sala procede a admitir la coadyuvancia presentada por Manfred Jorge Loría Camacho, en los términos del artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que manifiesta ostentar un interés directo en el resultado del proceso en su condición de vecino colindante del inmueble donde se desarrollan las actividades denunciadas, alegando una afectación en condiciones sustancialmente coincidentes con las expuestas por la parte recurrente.
IV.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Único: Que exista un acto administrativo final o pronunciamiento definitivo por parte del Ministerio de Salud que haya declarado la existencia de contaminación sónica en el establecimiento denunciado (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).
IV.Análisis por el fondo. En primer lugar, cabe destacar que este Tribunal ha resuelto que la contaminación sónica producida por ruido tiene impacto en los derechos fundamentales de las personas. Respecto a esta temática, en la sentencia n.°2025-009098 de las 09:50 horas del 25 de marzo de 2025, se indicó lo siguiente:
“IV.- Sobre el caso concreto. De la relación del artículo 24 con el 28 de nuestra Constitución Política, el principio de libertad que rige para las personas tiene como uno de sus límites el no perjudicar a terceros, y por eso la protección de su ámbito de intimidad y consecuentemente de la tranquilidad propia de ese ámbito. El ruido perturba la tranquilidad, máxime si se trata del lugar en donde se reside. Además, en atención a otras normas constitucionales como el artículo 50, que consagra el derecho al ambiente, y el artículo 21, del que se ha derivado el derecho a la salud, corresponde que el Estado garantice un ambiente exento de contaminación sónica. Por esas razones, con respecto a las actividades de karaokes, música en vivo y similares, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en enfatizar la necesidad de respetar los derechos de las personas vecinas”.
Obsérvese del precedente parcialmente citado, que la Sala Constitucional ha señalado que la contaminación sónica constituye una forma de agresión ambiental que incide directamente en la salud y en la tranquilidad de las personas, de modo que, cuando se supera el umbral permitido, el Estado queda obligado a desplegar una actuación efectiva y verificable para prevenir, corregir y, en su caso, hacer cesar la fuente de contaminación.
En el presente asunto, no se advierte que la autoridad sanitaria recurrida haya incurrido en una lesión sustantiva de los derechos fundamentales del tutelado en lo relativo a la contaminación sónica, pues la secuencia de actuaciones desplegadas evidencia que, desde la denuncia presentada el 11 de marzo de 2024, el Área Rectora de Salud activó mecanismos de verificación en sitio, realizando inspecciones iniciales, girando órdenes sanitarias y efectuando visitas de seguimiento para constatar las condiciones del establecimiento denunciado. En esa línea, se practicaron inspecciones en marzo, abril y mayo de 2024, en las que, si bien se identificaron otras situaciones sanitarias —como el almacenamiento de estructuras y condiciones de seguridad—, no se logró percibir ruido en los momentos de verificación, lo que obligó a reprogramar diligencias y mantener el seguimiento administrativo.
Ahora bien, en cuanto a las mediciones sonoras propiamente dichas, se desprende que la autoridad intentó realizarlas en múltiples oportunidades durante 2024 —incluyendo setiembre, octubre y diciembre— sin que estas pudieran concretarse, ya sea porque al momento de la inspección no se generaban ruidos o por circunstancias de coordinación con el propio denunciante, lo cual resulta determinante, en tanto la medición técnica depende de la efectiva presencia del fenómeno denunciado. Asimismo, cuando finalmente se logró efectuar una medición en diciembre de 2024, en presencia de actividad en el sitio, el resultado obtenido fue de 48.4 dB(A), valor que se ubica por debajo del límite permitido para zona residencial, lo cual impide afirmar la existencia de una infracción a la normativa aplicable.
Por otra parte, durante el año 2025 la autoridad sanitaria continuó atendiendo las manifestaciones del tutelado, procurando nuevas mediciones en febrero, marzo y meses posteriores, sin que estas pudieran concretarse en varias ocasiones por ausencia de ruido al momento de la visita o por falta de coordinación, e incluso realizando nuevas inspecciones en julio de ese año, en las que nuevamente no se percibieron niveles sonoros que permitieran efectuar una medición válida. De esta forma, lejos de evidenciarse una conducta pasiva, se constata una actuación reiterada, progresiva y técnicamente orientada a verificar la denuncia, en la que la ausencia de resultados concluyentes obedece a la imposibilidad fáctica de captar el fenómeno en los momentos de medición y no a una omisión administrativa.
De ahí que, al no haberse acreditado mediante medición técnica alguna la superación de los niveles de ruido permitidos, ni constar una inactividad de la autoridad sanitaria en la verificación de la denuncia, no es posible tener por configurada una vulneración a los derechos fundamentales del tutelado en el plano material de la contaminación sónica.
Ahora bien, lo que sí resulta lesivo de sus derechos fundamentales es que, pese a que desde el 11 de marzo de 2024 el tutelado ha denunciado, entre otras cosas, la problemática de ruido, lo cierto es que a la fecha de interposición del recurso no se evidencia la emisión de un acto final que resuelva de manera expresa, clara y definitiva dicha gestión. En efecto, aunque la autoridad sanitaria ha desplegado diversas actuaciones de verificación y seguimiento, estas se han mantenido en un plano estrictamente material y preparatorio, sin que se traduzcan en una decisión conclusiva que determine si existe o no una infracción y, en su caso, que disponga las medidas correspondientes. En esa medida, la ausencia de un pronunciamiento final impide tener por satisfecha la obligación de resolver de forma pronta y expresa las gestiones planteadas por los administrados, pues no basta con realizar diligencias de comprobación si estas no culminan en un acto que defina la situación jurídica sometida a conocimiento de la Administración. Por ende, la prolongación de la gestión en un estado indefinido, sin una resolución que ponga término al asunto, configura una vulneración al derecho a una pronta resolución administrativa consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política.
En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en lo que respecta a este extremo del recurso.
V.En cuanto a los reproches dirigidos contra la Municipalidad de Mora, debe indicarse, en primer término, que el extremo relativo a la alegada contaminación sónica ya fue abordado en el considerando anterior, en el cual se determinó que la verificación, medición y control de los niveles de ruido corresponde al Ministerio de Salud, en su condición de autoridad técnica competente en la materia. En esa medida, no resulta procedente trasladar a la Municipalidad la responsabilidad por una supuesta afectación derivada de niveles sonoros, cuando dicha entidad no ostenta competencia para su medición ni para la adopción de las medidas sanitarias correspondientes, de modo que no puede imputársele, en ese ámbito, una omisión con relevancia constitucional.
Por otra parte, en lo que respecta a los demás alegatos formulados por la parte recurrente –relativos al otorgamiento de la licencia comercial, la conformidad del uso de suelo, la eventual modificación de la actividad autorizada y la suficiencia de las labores de fiscalización municipal– se advierte que estos se enmarcan en una discusión propia del ámbito de la legalidad ordinaria. En efecto, tales cuestionamientos implican determinar si las actuaciones administrativas del gobierno local se ajustan o no a la normativa urbanística aplicable, al plan regulador vigente y a las condiciones específicas bajo las cuales fue otorgada la patente comercial, lo cual exige un análisis técnico y probatorio que excede el objeto del proceso de amparo.
En ese sentido, no le corresponde a esta jurisdicción constitucional fungir como una instancia revisora de la legalidad de los actos administrativos emitidos por la Municipalidad, ni sustituir a la Administración activa en la valoración de aspectos técnicos vinculados con el uso del suelo, el otorgamiento de licencias o el ejercicio de potestades de fiscalización, máxime cuando el ordenamiento jurídico prevé vías ordinarias idóneas para controvertir este tipo de actuaciones. De ahí que, al no evidenciarse una conducta arbitraria u omisiva con incidencia directa en derechos fundamentales, sino más bien una disconformidad con la actuación administrativa desplegada, los reclamos formulados en este extremo devienen improcedentes en la vía del amparo.
VI.Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.
A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
VII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia por el funcionamiento irregular de un establecimiento con contaminación ambiental y sónica, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, únicamente por la violación a un derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. En consecuencia, se ordena a Mary Denisse Munive Angermüller, en su condición de ministra de Salud, o a quien ocupe dicho cargo, que gestione lo necesario del ámbito de su competencia, para que, en un plazo máximo de DOS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva en forma definitiva la denuncia planteada por el amparado desde el 11 de marzo de 2024. Se apercibe a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Mora, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Document not found. Documento no encontrado.