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Res. 12974-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/04/2026

Amparo for 11-month wait in Neurosurgery appointmentAmparo por espera de 11 meses en cita de Neurocirugía

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo was granted for violation of the right to health due to an 11-month wait for a neurosurgery evaluation. The evaluation was ordered within three months, and the CCSS was condemned to pay costs and damages.Se acogió el amparo por violación del derecho a la salud debido a un plazo de espera de 11 meses para una valoración de neurocirugía. Se ordenó realizar la valoración en un máximo de tres meses y se condenó a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Court granted an amparo for violation of the right to health of a 59-year-old patient with cervical, spine, hip, and knee deterioration. The Monseñor Sanabria Hospital scheduled her neurosurgery evaluation for February 2027, nearly eleven months after the filing. Due to the authorities' failure to report, the court accepted the facts as true and held the wait was excessive and unreasonable, violating the constitutional right to health. It ordered the evaluation within three months and condemned the CCSS to pay costs and damages. The ruling includes a note by Judge Rueda Leal highlighting the exponential increase in health amparos and recalling that judgment 2019-005560 found systematic violation by waiting lists and ordered an integrated management system.La Sala Constitucional acogió un recurso de amparo por violación al derecho a la salud de una paciente de 59 años con desgastes cervicales, de columna, caderas y rodilla, a quien el Hospital Monseñor Sanabria le programó cita de valoración en Neurocirugía para febrero de 2027, casi once meses después de interpuesto el recurso. Tras la falta de informe de las autoridades recurridas, la Sala tuvo por ciertos los hechos y consideró que el plazo de espera era excesivo e irrazonable, vulnerando el derecho fundamental a la salud (art. 21 de la Constitución). Ordenó realizar la valoración en un máximo de tres meses y condenó a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios. La sentencia incluye una nota del Magistrado Rueda Leal que evidencia el aumento exponencial de amparos de salud y recuerda que en la sentencia 2019-005560 se declaró la vulneración sistemática por listas de espera y se ordenó a la CCSS un sistema de gestión integrado.

Key excerptExtracto clave

Considering: ... VI.- On the specific case. In this matter, this Constitutional Court, based on the evidence presented and the report rendered under oath by the respondent authorities, finds the petitioner's claim to be correct. This is because it has been proven that, as of the day this amparo was filed (15 March 2026), the protected person had to wait approximately eleven months to be evaluated in the Neurosurgery Service of Monseñor Sanabria Hospital, given that the appointment was scheduled for 16 February 2027. This waiting period, in this Court's view, is clearly excessive and unreasonable for providing the insured with the necessary medical care and treatment. ... Therefore: The amparo is granted. It is ordered that the Medical Director and the Head of the Neurosurgery Service of Monseñor Sanabria Hospital issue the appropriate orders and take all actions within their competence to ensure that, within a maximum period of THREE MONTHS from notification of this judgment, the protected person receives the required evaluation in the hospital's Neurosurgery Service.Considerando: ... VI.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, estima que lleva razón el recurrente en su alegato. Lo anterior, por cuanto se tiene por demostrado que, para el día de formulado el presente amparo (15 de marzo de 2026), la amparada debía de esperar aproximadamente once meses, para ser valorada en el Servicio Neurocirugía del Hospital Monseñor Sanabria, habida cuenta que la cita le fue programada para el 16 de febrero de 2027. Dicho plazo de espera al que ha sido sometida la tutelada, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere. ... Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a quienes ocupen los cargos de Director Médico y al Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital Monseñor Sanabria, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a la amparada se le realice valoración que requiere en el Servicio de Neurocirugía del hospital recurrido.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Dicho plazo de espera al que ha sido sometida la tutelada, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere."

    "This waiting period to which the protected person has been subjected, in this Court's view, is clearly excessive and unreasonable for providing the insured with the necessary medical care and treatment."

    Considerando VI

  • "Dicho plazo de espera al que ha sido sometida la tutelada, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere."

    Considerando VI

  • "Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios indicados en el considerando anterior que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida."

    "Subjecting a patient to the uncertainty of a definite date for medical care, an examination, or a procedure, or to a disproportionate period, is contrary not only to the principles set out above that must govern the provision of health services, but also imposes aggravating circumstances that certainly affect their quality of life."

    Considerando VI

  • "Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios indicados en el considerando anterior que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida."

    Considerando VI

  • "Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a quienes ocupen los cargos de Director Médico y al Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital Monseñor Sanabria, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a la amparada se le realice valoración que requiere en el Servicio de Neurocirugía del hospital recurrido."

    "The amparo is granted. It is ordered that the Medical Director and the Head of the Neurosurgery Service of Monseñor Sanabria Hospital issue the appropriate orders and take all actions within their competence to ensure that, within a maximum period of THREE MONTHS from notification of this judgment, the protected person receives the required evaluation in the hospital's Neurosurgery Service."

    Por tanto

  • "Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a quienes ocupen los cargos de Director Médico y al Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital Monseñor Sanabria, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a la amparada se le realice valoración que requiere en el Servicio de Neurocirugía del hospital recurrido."

    Por tanto

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Sections

Procedural marks

EV Document Template: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of April of two thousand twenty-six.

Amparo action filed by Nombre01, identity card no. CED01, on behalf of Nombre02, identity card no. CED02, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, CCSS).

Whereas:

  1. 1By document received in the Secretariat of the Chamber and incorporated into the digital file at 15:39 hours on March 15, 2026, the petitioner files this amparo action on behalf of Nombre02, against the Costa Rican Social Security Fund. He states that the protected party suffers from a progressive deterioration of her health characterized by wear and tear in the cervical area, spinal column, hips, and left knee. This condition causes her constant vertigo and extremely painful walking. Because of this, he indicates that an appointment was scheduled for her in the Neurosurgery Service of the Monseñor Sanabria Hospital for February 16, 2027. He considers that the waiting period to which the patient is intended to be subjected to receive medical care violates her fundamental rights. He requests that the action be granted.
  2. 2By resolution at 10:44 hours on March 23, 2026, the amparo is admitted and a report is requested from the Medical Director and the Head of the Neurosurgery Service, both of the Monseñor Sanabria Hospital, regarding the facts alleged by the petitioner.
  3. 3By means of a certification signed on April 7, 2026, by the judicial technician 3 processing this file, as well as by the acting secretary of the Chamber, it was made known that it does not appear that from March 23 to April 6, 2026, the Medical Director and the Head of the Neurosurgery Service, both of the Monseñor Sanabria Hospital, have submitted any document or document whatsoever, in order to render the report requested in this matter.
  4. 4In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.Preliminary matter. In view of the fact that the Medical Director and the Head of the Neurosurgery Service, both of the Monseñor Sanabria Hospital, omitted to render the report within the period set by this Court in the resolution at 10:44 hours on March 23, 2026, in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts alleged by the petitioner party with respect to said authorities shall be taken as true, the action shall be resolved without further procedure, and the constitutionality of the matter shall be analyzed based on the other elements provided to the record.

II.Object of the action. The petitioner alleges that the protected party suffers from wear and tear in the cervical area, spinal column, hips, and left knee. He points out that the authorities of the Monseñor Sanabria Hospital assigned her an assessment appointment in the Neurosurgery Service for February 16, 2027, a period he considers disproportionate, unreasonable, and therefore, a violation of the right to health of the person under tutelage.

III. Proven facts. Of relevance to resolve this amparo action, the following are taken as accredited

  • 1)The protected party is 59 years old (see query on the page of the Supreme Electoral Tribunal).
  • 2)The person under tutelage suffers from wear and tear in the cervical area, spinal column, hips, and left knee (uncontroverted fact).
  • 3)On an unspecified date, the authorities of the Monseñor Sanabria Hospital assigned the protected party an assessment appointment in the Neurosurgery Service for February 16, 2027 (see evidence provided to the digital file).
  • 4)As of the date this action was filed, that is, March 15, 2026, the assessment required by the person under tutelage has not been performed (uncontroverted fact).
  • 5)On March 23, 2025, the authorities of the Monseñor Sanabria Hospital were notified of the resolution admitting this amparo (see notification records).

IV.On the fundamental right to health. The right to life recognized in numeral 21 of the Political Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. In the same way, the right to health finds its basis in that ordinal of the Political Charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Costa Rican Social Security Fund can negatively impact the preservation of the health and life of its users. Public entities, organs, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.

V.Regarding the principles of efficiency, efficacy, continuity, regularity, and adaptation in public health services. The public organs and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such an obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund are duty-bound to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment that are required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of the Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of "waiting lists" for surgical interventions and the application of certain specialized exams or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and swift manner.

The heads of the Costa Rican Social Security Fund and the Directors of the Hospitals and Clinics belonging to them are duty-bound and, consequently, are personally responsible –in the terms of Article 199 and following of the General Law of Public Administration– for adopting and implementing all administrative and organizational provisions and measures to definitively put an end to the delayed provision –which, on occasions, becomes omitted due to its consequences– of health services, a situation that constitutes, by all lights, an unequivocal lack of service that may give rise to the patrimonial administrative responsibility of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 and following of the General Law of Public Administration).

VI.On the specific case. In the present matter, this Constitutional Court, in accordance with the evidence brought to the record, as well as the report rendered under oath by the respondent authorities, considers that the petitioner is correct in his claim.

The foregoing, because it is proven that, as of the day this amparo was filed (March 15, 2026), the protected party had to wait approximately eleven months to be assessed in the Neurosurgery Service of the Monseñor Sanabria Hospital, given that the appointment was scheduled for February 16, 2027. Said waiting period to which the person under tutelage has been subjected, in the judgment of this Chamber, clearly becomes excessive and unreasonable for an insured person to be provided the medical attention and treatment required.

In that same order of considerations, it is necessary to point out that the Administration must carry out, promptly and in a timely manner, the necessary actions to safeguard not only the health and life of its users, but also a better quality of life. Subjecting a patient to the uncertainty of a specific date for medical care, the performance of an exam or a procedure, or to a disproportionate period, is contrary not only to the principles indicated in the previous considering that should govern the provision of health services, but also imposes aggravating circumstances that certainly affect their quality of life. All of this generates a state of constant pendency regarding when such actions can be performed, as well as questions about their timeliness for addressing the pathology the patient presents.

Under such a state of things, this Chamber considers that, in this case, the right to health of the protected party, enshrined in Article 21 of the Political Constitution, has been breached.

VII.Corollary. By virtue of the foregoing, this amparo must be granted, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.

VIII.Note from Magistrate Rueda Leal. The issue of amparo actions related to the right to health and, above all, that of the waiting lists in the Costa Rican Social Security Fund are grievances that have become recurrent in the constitutional jurisdiction. These types of processes have had an exponential increase, as the statistics of this Court show.

Number of health files admitted to the Constitutional Chamber:

Year

Amount in health
20121745
20131891
20142710
20153725
20164865
20175682
20186932
20197623
20205912
20217796
20228310
202312845
202415300
202517252

From the table above, it is inferred that, with the exception of a single year (2020), from 2012 to date there has been a constant increase in matters entered for violation of the right to health. Likewise, the sharp increase in these matters during 2025 is highlighted, when this area reached 43.21% of the Court's circulating caseload.

Of those matters, a good number corresponds to waiting lists. In relation to the foregoing, this Court, in judgment no. 2019-005560 at 09:30 hours on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation by the Costa Rican Social Security Fund of the right to health of insured persons, specifically, by virtue of the phenomenon of waiting lists. As a consequence of the foregoing, the Chamber ordered the development, within a period of six months counted from the notification of such pronouncement, of an integrated management system for the purposes of resolving the waiting lists and incorporating solutions to the structural causes of this problem, recognized by the Costa Rican Social Security Fund itself in its report rendered in file no. 18-14499-0007-CO, among which are indicated: absence of adequate infrastructure, population increase, epidemiological considerations, absence of an adequate system to cover the shortage of specialist doctors, equipment needs and increasing demand from the first level of care, patient absenteeism from appointments in various medical centers of the respondent institution, among others.

In the aforementioned integrated management system project, reasonable waiting periods by pathology or related diagnosis groups must be defined according to symptoms, level of urgency, and patient conditions, as well as objective criteria to specify the inclusion and placement of a patient on the waiting lists. In addition to the foregoing, the integrated management system project must take into account the particularities of populations in a state of vulnerability (older adults, indigenous people, people living in poverty, mothers, children and adolescents, persons deprived of liberty, among others) and be oriented according to the constitutional principles of public service: efficiency, efficacy, reasonableness, availability, accessibility, and universality. Consequently, the vote in question aims for the Costa Rican Social Security Fund –within the framework of its constitutional and legal competencies– to take the measures required to alleviate the systematic and repeated violation of the right to health of the entity's patients.

In addition to this, with the aim of monitoring compliance with the referred judgment, the Constitutional Chamber convened an oral and public hearing for November 14, 2019. Likewise, it ordered the Ombudsperson's Office (Defensoría de los Habitantes) to contribute to the monitoring of the execution of said resolution. Thus, this intervention promotes the obligation of the Costa Rican Social Security Fund to execute actions to resolve the problem in question, so that the solution to it comes from the entity itself, not only from the Chamber's resolutions.

IX.Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is granted. The persons occupying the positions of Medical Director and the Head of the Neurosurgery Service, both of the Monseñor Sanabria Hospital, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the required assessment is performed on the protected party in the Neurosurgery Service of the respondent hospital. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the crime is not more severely punished. The Costa Rican Social Security Fund is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Rueda Leal adds a note. Notify.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.

Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

FILE No. 26-009223-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).

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EV Generación de Machote: D:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\MODELOS\S4SENAMH001.dpj SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de abril de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad no. CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad no. CED02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala e incorporado al expediente digital a las 15:39 horas del 15 de marzo de 2026, el recurrente interpone el presente recurso de amparo a favor de Nombre02, contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que la amparada sufre de un un deterioro progresivo de su salud caracterizado por desgastes en la zona cervical, columna vertebral, caderas y rodilla izquierda. Esta condición le genera vértigo constante y un caminar extremadamente doloroso. Por esto, indica que se le programó cita en el Servicio Neurocirugía del Hospital Monseñor Sanabria para el 16 de febrero de 2027. Estima que el plazo de espera al que se pretende someter a la paciente para que reciba atención médica, vulnera sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.
  2. 2Por resolución de las 10:44 horas del 23 de marzo de 2026, se da curso al amparo y se solicita informe al Director Médico y al Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital Monseñor Sanabria, sobre los hechos alegados por el recurrente.
  3. 3Mediante constancia suscrita el 7 de abril de 2026, por el técnico judicial 3 tramitador de este expediente, así como por la secretaria a.i. de la Sala, se hizo saber que no aparece que del 23 de marzo al 6 de abril de 2026, el Director Médico y el Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital Monseñor Sanabria, hayan presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe solicitado en este asunto.
  4. 4En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.Cuestión preliminar. En vista de que el Director Médico y el Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital Monseñor Sanabria, omitieron rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de las 10:44 horas del 23 de marzo de 2026, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tendrán por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente en cuanto a dichas autoridades, se entrará a resolver el recurso sin más trámite, y se procederá a analizar la constitucionalidad del asunto con base en los demás elementos aportados a los autos.

II.Objeto del recurso. Alega el recurrente que la amparada padece de desgastes en la zona cervical, columna vertebral, caderas y rodilla izquierda. Señala que las autoridades del Hospital Monseñor Sanabria le asignaron cita de valoración en el Servicio Neurocirugía para el 16 de febrero de 2027, plazo que estima desproporcionado, irrazonable y por ende, violatorio al derecho a la salud de la tutelada.

III. Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes

  • 1)La amparada tiene 59 años (ver consulta en la página del Tribunal Supremo de Elecciones).
  • 2)La tutelada padece de desgastes en la zona cervical, columna vertebral, caderas y rodilla izquierda (hecho incontrovertido).
  • 3)En fecha no precisa, las autoridades del Hospital Monseñor Sanabria le asignaron a la amparada cita de valoración en el Servicio Neurocirugía para el 16 de febrero de 2027 (ver prueba aportada al expediente digital).
  • 4)A la fecha de interpuesto el presente recurso, sea el 15 de marzo de 2026, a la tutelada no se le ha realizado la valoración que requiere (hecho incontrovertido).
  • 5)El 23 de marzo de 2025, las autoridades del Hospital Monseñor Sanabria fueron notificadas de la resolución de curso de este amparo (ver actas de notificación).

IV.Sobre el derecho fundamental a la salud. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución Política es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

V.En cuanto a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas.

Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).

VI.Sobre el caso concreto. En el presente asunto, este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, estima que lleva razón el recurrente en su alegato.

Lo anterior, por cuanto se tiene por demostrado que, para el día de formulado el presente amparo (15 de marzo de 2026), la amparada debía de esperar aproximadamente once meses, para ser valorada en el Servicio Neurocirugía del Hospital Monseñor Sanabria, habida cuenta que la cita le fue programada para el 16 de febrero de 2027. Dicho plazo de espera al que ha sido sometida la tutelada, en criterio de esta Sala, claramente deviene en excesivo e irrazonable para que a un asegurado se le brinde la atención y tratamiento médico que requiere.

En ese mismo orden de consideraciones, resulta menester apuntar que la Administración debe realizar, de manera pronta y oportuna, las acciones necesarias para resguardar, no solo la salud y vida de sus usuarios, sino además una mejor calidad de vida. Someter a un paciente a la indefinición de una fecha certera para la atención médica, la realización de un examen o un procedimiento o bien, a un plazo desproporcionado, resulta contrario no solamente a los principios indicados en el considerando anterior que deben regir la prestación de los servicios de salud, sino también impone circunstancias agravantes que ciertamente inciden en su calidad de vida. Todo esto genera un estado de pendencia constante sobre el momento en que tales actuaciones pueden ser realizadas, así como cuestionamientos sobre su oportunidad para el abordaje de la patología que presente el paciente.

Bajo tal estado de cosas, esta Sala estima que, en la especie, se ha quebrantado el derecho a la salud de la amparada consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política.

VII.Corolario. En mérito de lo expuesto, se impone acoger el presente amparo, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.

VIII.Nota del Magistrado Rueda Leal. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se han tornado recurrentes en la jurisdicción constitucional. Este tipo de procesos ha tenido un aumento exponencial, lo que las estadísticas de este Tribunal ponen de manifiesto.

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

Año Cantidad en salud 2012 1745 2013 1891 2014 2710 2015 3725 2016 4865 2017 5682 2018 6932 2019 7623 2020 5912 2021 7796 2022 8310 2023 12845 2024 15300 2025 17252 Del cuadro anterior se infiere que, con excepción de un solo año (2020), desde el año 2012 a la fecha ha habido un aumento constante en los asuntos entrados por violación al derecho a la salud. Asimismo, se destaca el exacerbado incremento de estos asuntos durante el 2025, cuando esta materia alcanzó el 43.21% del circulante del Tribunal.

De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal, en la sentencia nro. 2019-005560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del fenómeno de las listas de espera. Consecuencia de lo anterior, la Sala ordenó la elaboración, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de tal pronunciamiento, de un sistema de gestión integrado a los efectos de solventar las listas de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales de tal problemática, reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente nro. 18-14499-0007-CO, entre las cuales se indican: ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida, entre otras.

En el citado proyecto de sistema de gestión integrado deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a lo anterior, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse según los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Por consiguiente, con el voto en mención se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social ‑en el marco de sus competencias constitucionales y legales‑ tome las medidas requeridas para paliar la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de los pacientes del ente.

Aunado a ello, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la referida sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que coadyuvara con el seguimiento a la ejecución de tal resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de ejecutar acciones para resolver la problemática en cuestión, de manera que la solución a esta provenga de la propia entidad, no solo de las resoluciones de la Sala.

IX.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a quienes ocupen los cargos de Director Médico y al Jefe del Servicio de Neurocirugía, ambos del Hospital Monseñor Sanabria, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a la amparada se le realice valoración que requiere en el Servicio de Neurocirugía del hospital recurrido. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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