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Res. 14371-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/04/2026
OutcomeResultado
The amparo is denied because the respondent authorities took concrete actions and did not incur in an unlawful omission violating the right to a healthy environment.Se declara sin lugar el recurso de amparo porque las autoridades recurridas sí desplegaron actuaciones concretas y no incurrieron en omisión ilegítima que vulnere el derecho a un ambiente sano.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews a writ of amparo filed by a resident of Barva, Heredia, against the Ministry of Health, the Ministry of Public Security, the Municipality of Barva, and the Environmental Administrative Tribunal (TAA). The petitioner claims that the neighboring property conducts daily waste burning and operates a clandestine fiber-cement sheet factory without effective action from authorities. The Chamber finds that, although the complaint was credible, the respondent institutions did take concrete measures: the Ministry of Health issued a sanitary order and shut down the activity; the Municipality conducted inspections and issued closures for lack of permits; the Public Police attended the report within its capabilities; and the TAA processed the case file since 2014, recently referring it to SETENA. The Chamber concludes there was no unlawful omission or manifest insufficiency violating the right to a healthy environment, and thus denies the amparo.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Barva de Heredia contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, la Municipalidad de Barva y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). El recurrente alega que en la finca colindante a su vivienda se realizan quemas diarias de residuos y opera una fábrica clandestina de láminas de fibrocemento, sin que las autoridades adopten medidas efectivas. La Sala constata que, aunque la denuncia era verosímil, las instituciones recurridas sí desplegaron actuaciones concretas: el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria y clausuró la actividad; la Municipalidad realizó inspecciones y clausuró por falta de patente; la Fuerza Pública atendió el reporte dentro de sus posibilidades; y el TAA tramitó el expediente desde 2014, remitiéndolo recientemente a SETENA. La Sala concluye que no hubo omisión ilegítima ni insuficiencia manifiesta de las autoridades que vulnere el derecho a un ambiente sano, por lo que declara sin lugar el recurso.
Key excerptExtracto clave
VI.- REGARDING THE ACTIONS OF THE HEALTH GOVERNING AREA OF SAN RAFAEL-BARVA. The Ministry of Health occupies a central position in environmental protection when the reported situation involves waste, emissions, smoke, potential sources of unsanitary conditions or activities that may affect public health. Its constitutional duty is not limited to the passive registration of complaints, but includes inspection, technical verification, adoption of preventive measures, issuance of sanitary orders, closure of unauthorized activities, and follow-up on compliance. Consequently, if the health authority had remained inactive, had unjustifiably ignored the complaint, or had failed to exercise its minimum powers in the face of facts that were indicatively harmful, a violation of the protected fundamental right could indeed be established. However, that is not the picture revealed by the proven facts. The Ministry of Health received the petitioner's complaint, opened a file, and integrated it with other related procedures. It then scheduled an inspection, adjusted its schedule to conduct a joint visit with municipal authorities, and within the scope of that diligence, was able to verify facts of legal relevance: the existence of a commercial activity manufacturing fiber-cement sheets operating without essential permits, and the occasional burning of garbage on the inspected property. This verification led to two immediate administrative responses clearly aimed at neutralizing the reported risk: the sanitary order to suspend burning and the closure of the factory for lacking a sanitary operating permit. Moreover, these measures were expressly notified and the petitioner was informed of the actions taken. No less important is that the health authority did not exhaust its actions in a single initial act, but kept the matter open, promoted police and municipal monitoring regarding the clandestine dump, the burnings, and acts of vandalism, conducted a follow-up visit, and incorporated a new technical report. This sequence demonstrates administrative continuity and not a merely formal or apparent response.VI.- SOBRE LA ACTUACIÓN DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAFAEL-BARVA. El Ministerio de Salud ocupa una posición central en la tutela del ambiente cuando la situación denunciada involucra residuos, emisiones, humos, posibles focos de insalubridad o actividades que puedan incidir en la salud pública. Su deber constitucional no se limita al registro pasivo de denuncias, sino que incluye la inspección, verificación técnica, adopción de medidas preventivas, emisión de órdenes sanitarias, clausura de actividades no autorizadas y seguimiento de su cumplimiento. En consecuencia, si la autoridad sanitaria hubiera permanecido inactiva, hubiera desatendido sin justificación la denuncia o hubiera omitido ejercer sus potestades mínimas frente a hechos indiciariamente lesivos, sí podría configurarse una vulneración del derecho fundamental tutelado. No obstante, ese no es el cuadro que revelan los hechos probados. El Ministerio de Salud recibió la denuncia del recurrente, abrió expediente y la integró con otras gestiones relacionadas. Luego programó inspección, reajustó su agenda para realizar una visita conjunta con autoridades municipales y en el marco de esa diligencia, logró constatar hechos de relevancia jurídica: la existencia de una actividad comercial de fabricación de láminas de fibrocemento operando sin permisos esenciales y la realización ocasional de quemas de basura en la propiedad inspeccionada. Esa constatación dio lugar a dos respuestas administrativas inmediatas y claramente orientadas a neutralizar el riesgo denunciado: la orden sanitaria de suspensión de quemas y la clausura de la fábrica por carecer de permiso sanitario de funcionamiento. Además, tales medidas fueron notificadas de forma expresa y se informó al recurrente de lo actuado. No menos importante resulta que la autoridad sanitaria no agotó su actuación en un solo acto inicial, sino que mantuvo el asunto abierto, promovió monitoreo policial y municipal respecto del botadero clandestino, de las quemas y de actos de vandalismo, realizó visita de seguimiento e incorporó nuevo informe técnico. Esa secuencia demuestra continuidad administrativa y no una respuesta meramente formal o aparente.
Pull quotesCitas destacadas
"El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un derecho fundamental de indiscutible raigambre constitucional. Su tutela no responde únicamente a una lógica patrimonial o de administración de recursos naturales, sino a una concepción integral de la dignidad humana, la salud, la calidad de vida, la protección de las generaciones presentes y futuras y la preservación de las condiciones materiales indispensables para el libre desarrollo de la persona."
"The right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right of indisputable constitutional heritage. Its protection does not respond solely to a logic of patrimony or natural resource management, but to an integral conception of human dignity, health, quality of life, the protection of present and future generations and the preservation of the material conditions indispensable for the free development of the person."
Considerando IV
"El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un derecho fundamental de indiscutible raigambre constitucional. Su tutela no responde únicamente a una lógica patrimonial o de administración de recursos naturales, sino a una concepción integral de la dignidad humana, la salud, la calidad de vida, la protección de las generaciones presentes y futuras y la preservación de las condiciones materiales indispensables para el libre desarrollo de la persona."
Considerando IV
"el control constitucional no puede quedar reducido a una visión meramente reactiva o reparadora. La tutela del ambiente sano exige incorporar los principios preventivo y precautorio, de modo que la Administración no espere la consumación plena o irreversible del daño para actuar."
"Constitutional control cannot be reduced to a merely reactive or reparatory vision. The protection of a healthy environment requires incorporating the preventive and precautionary principles, so that the Administration does not wait for the full or irreversible consummation of the damage to act."
Considerando IV
"el control constitucional no puede quedar reducido a una visión meramente reactiva o reparadora. La tutela del ambiente sano exige incorporar los principios preventivo y precautorio, de modo que la Administración no espere la consumación plena o irreversible del daño para actuar."
Considerando IV
"El amparo no sustituye los procedimientos administrativos ordinarios ni se convierte, sin más, en una vía general de fiscalización técnica de toda actividad presuntamente contaminante. Su función es determinar si la respuesta estatal ha sido inexistente, arbitraria, irrazonablemente tardía, claramente insuficiente o abiertamente inidónea frente a un deber jurídico concreto de protección."
"The amparo does not replace ordinary administrative procedures nor does it become, without more, a general avenue for technical oversight of all allegedly polluting activities. Its function is to determine whether the state response has been nonexistent, arbitrary, unreasonably delayed, clearly insufficient, or openly inadequate in the face of a concrete legal duty of protection."
Considerando IV
"El amparo no sustituye los procedimientos administrativos ordinarios ni se convierte, sin más, en una vía general de fiscalización técnica de toda actividad presuntamente contaminante. Su función es determinar si la respuesta estatal ha sido inexistente, arbitraria, irrazonablemente tardía, claramente insuficiente o abiertamente inidónea frente a un deber jurídico concreto de protección."
Considerando IV
"la eventual persistencia del conflicto o la dificultad práctica para corroborar, en visitas posteriores, el incumplimiento de las medidas impuestas —especialmente cuando se trata de inmuebles de acceso restringido— no transforma automáticamente la actuación de la autoridad en inconstitucional."
"The eventual persistence of the conflict or the practical difficulty in corroborating, in subsequent visits, the non-compliance with the imposed measures —especially when it involves properties with restricted access— does not automatically turn the authority's actions into unconstitutional."
Considerando VI
"la eventual persistencia del conflicto o la dificultad práctica para corroborar, en visitas posteriores, el incumplimiento de las medidas impuestas —especialmente cuando se trata de inmuebles de acceso restringido— no transforma automáticamente la actuación de la autoridad en inconstitucional."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes of April twenty-fourth, two thousand twenty-six.
Amparo action processed under file number 26-006270-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF HEALTH, the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY, the MUNICIPALITY OF BARVA DE HEREDIA, and the ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL.
**Whereas:** 1.- By written submission added to the Costa Rican Judicial Offices Management System of this Chamber on February 22, 2026, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF HEALTH, the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY, the MUNICIPALITY OF BARVA DE HEREDIA, and the ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. He states that since he has resided in the area (November 28, 2025), on the property adjacent to his home, known as "Finca [Name 003]", illegal waste burning is carried out daily. He indicates that these generate clouds of toxic smoke that enter directly into his home, which, apart from the physical damage, has caused him great mental damage due to recurrent anxiety and nervous crises. He states that on said property, the operation of a possible clandestine factory of micro-cement sheets (Fibrolit type) is observed. He narrates that he has evidenced that those responsible use burning as a method of eliminating industrial waste from said activity, which allegedly lacks municipal permits and those from the Ministry of Health (Environmental Feasibility and Sanitary Operating Permit) to operate in a residential zone. He adds that he filed a formal complaint with the Ministry of Health under file number 08-DB-2026, on January 13, 2026; however, to date, the institution has not issued any precautionary measure or sanitary order to immediately stop the burning, allowing the damage to his health to continue daily. He indicates that on February 22, 2026, in the face of an active burn, he requested assistance from the Public Force (Incident Report to 911 #01349), with the officers arriving at the site, but stating they could not act or stop the burning because it was private property, leaving the situation with total impunity despite being a flagrant environmental crime. He states that the Municipality of Barva de Heredia has been informed of the situation and, despite its competencies in waste management (Ley 8839), has not exercised surveillance or sanctioning actions. He narrates that the municipality has ample knowledge of the environmental/sanitary problems taking place on said property, as he understands that a process was started with the TAA-Environmental Administrative Tribunal in 2010, but he was unable to access the file number. He adds that the TAA-Environmental Administrative Tribunal should be among the respondents, as it has resolved nothing on the matter. He indicates that on February 22, 2026, he sent an email to the addresses of the Municipal Mayor's Office ([email protected]) and the head of business licenses ([email protected]) of the municipality requesting information, but only received a response from the district trustee and a referral note from the council secretary. He states that as of 1:25 p.m. on February 24, 2026, he has received no other response.
2.- By order of the presidency at 4:33 p.m. on March 2, 2026, this amparo action was granted leave to proceed.
3.- JOSÉ ARNULFO ARIAS LORIA, in his capacity as head of the Police Delegation of Barva, Heredia of the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY, reports under oath, alleging the following: "... FIRST: On February 22, 2026, at 10:22 a.m., Public Force Officers Jeanfrak Jiménez Pérez, ID [Value 002], and Officer Dayan Oporta Grijalba, ID [Value 003], in mobile unit 2329, arrived at the [Name 003] property, being private property, and observed a burn in the distance; they did not enter where the burn was as there is no access to the incident. At the location, no one attended to them, and it was also observed that human lives or homes were not compromised, so they withdrew from the location. SECOND: That the situation reported by the petitioner was indeed addressed, despite the fact that burns or fires must be attended to by Firefighters and not by the Public Force. Proceeding as far as possible, given it is private property with limited access and the burn was observed in the distance." 4.- María Antonieta Acuña Hernández, in her capacity as director of the San Rafael-Barva Health Governing Area of the Ministry of Health, reports under oath, noting the following: "... 1. On January 13, 2026, a complaint filed by Mr. [Name 001] was received at the San Rafael-Barva Health Governing Area against an unknown property located in Santa Lucía de Barva. The complainant stated that he filed a complaint in SITADA and that on the property they burn apparently garbage, to which file number 08 DB 2026 was assigned; additionally, the receipt of official letter CA-394-2026-DENUNCIAWEB-3358 from the Environmental Comptrollership was recorded, which was registered under file number 20 DB 2026 and attached to the existing file. According to the availability of human resources, the inspection was scheduled for March 16, 2026, according to the scheduling appointment, which was notified to Mr. [Name 001]. 2. On March 5, 2026, the summons of the amparo action was received, the schedule was modified, and a visit to the denounced site was coordinated with engineering and business license officials of the Municipality of Barva (inspection report CARTA-MS-DRRSCN-DARSSRB-982-2026). At the site, as the sanitary authority noted, the exact location where the burns occur was not specified, so a visit was first made to the place known as Finca [Name 003]; however, even though the gate was observed open, entry was not made because it is private property and authorization from the owners was not available. However, from the public road, the presence of smoke on the property was not observed. 3. Subsequently, municipal officials coordinated entry to property N° 247459, owned by the corporation [Value 004], whose representative is Mr. [Name 002]. The indicated property is located adjacent to Finca [Name 003]; Mr. [Name 002] was present during the inspection. It was observed that a commercial activity was being developed on the property consisting of the manufacture of fiber cement sheets, for which they did not have the corresponding permits (they lack land use approval, construction permits, a sanitary operating permit, and a business license). 4. Regarding the burns, it was explained to Mr. Rugama that there are complaints regarding the occurrence of burns at the location, and he indicated that occasionally garbage burning takes place on the property in barrels; however, not of the magnitude of those carried out at Finca [Name 003]. He was informed that burning garbage of any type is illegal and that they also cannot develop the activity of manufacturing fiber cement sheets without having a sanitary operating permit; therefore, a sanitary order MS-DRRSCN-DARSSRB-994-2026 was issued to notify Mr. [Name 002] (legal representative of the activity): 1. The burning of solid waste (residuos sólidos) on the property must be suspended immediately, as this is an illegal practice, prohibited as established by Article 62 of Law N° 8839 for Comprehensive Waste Management. Additionally, with report MS-DRRSCN-DARSSRB-997-2026, the Fiber Cement Sheet Factory owned by Mr. [Name 002] was closed, as it does not have the sanitary operating permit, which was notified on March 6, 2026. The actions executed were notified to Mr. [Name 001] via email on March 6, 2026; the case is open and under follow-up. In the present case, all corresponding steps were taken by the San Rafael Barva Health Governing Area to address the petitioner's case in a timely and proper manner; and even though the inspection was scheduled and the petitioner was informed, in response to the summons from the honorable Constitutional Chamber, the case was addressed, considering the existing evidence in files and actions prior to the filing of the amparo action; currently, the Health Governing Area keeps the case open until fully addressing the denounced aspects and reporting on said resulting actions to both parties, both the petitioner and the legal representative of the property, given the sanitary order and the current closure." 5.- MÓNICA HERNÁNDEZ SEGURA and JORGE ANTONIO ACUÑA PRADO, in their order as council president and mayor, both of the MUNICIPALITY OF BARVA, report under oath, stating the following: "... Regarding the denounced issue: 'illegal burning daily': This Municipality has not only received several complaints in that regard but has addressed all of them within our competencies; we have no news that the burns are daily, however, that fact does not diminish their importance. As we will explain and demonstrate below, the inspection visits and notifications carried out by our Business License and Engineering departments have resulted in the immediate effect that since the filing of this action, no more burns have occurred. We believe that by eliminating the illegal activities, factory, or workshop, the problem of the burns will be solved, and toward that end, we have been working. Regarding the denounced issue: 'operation of a possible factory of microcement sheets (fibrolit type).' Through OFFICIAL LETTER MB-AMB-0163-2026, Arch. Kattia Ramírez makes it clear that indeed there are two buildings that function as a workshop, which were built without the proper municipal permits or construction licenses, so the process established in the Construction Law, Art. 89 and following and concordant, was immediately initiated. The established time was granted to come into compliance, starting today, March 5, 2026. It should be noted that to date, no steps have been taken to legalize the status of the buildings, which will force us to continue with the procedures and processes for compliance with the law to their ultimate consequences. MUNICIPAL OPERATING PERMITS (BUSINESS LICENSE). For its part, regarding what corresponds to it, Ms. Yorleny Díaz Zárate, head of the Business License Department, establishes through Official Letter Nº MB-PAT-0030-2025 that from the filing of the complaint to its processing, it was within the legal period to respond: 'Consequently, the request had not been answered at the time of filing the action, as it was in process and within the established legal period for its attention.' Regarding the actions taken by the Business License Department, the mentioned letter establishes: 'On March 5, 2026, at 10:15 a.m., an inspection was carried out on the property located in Santa Lucía de Barva, 150 meters west of the sports plaza, registered under property Folio Real N° 40027459-000, in the name of the company 3101693937. Said diligence was performed by municipal inspectors Uriel Castillo, Maxwell Arce, and Allan Segura, accompanied by Ms. Marianela Ruiz, an official of the Ministry of Health, San Rafael–Barva Governing Area. During the visit, Ocular Inspection Report N° 0004455 was drawn up, in which the facts observed at the location are recorded. Likewise, from said diligence, Inspection Report N° U-INSP-26-0041 was prepared, detailing the conditions observed at the site and the actions performed by the municipal officials.' By virtue of what was verified during the inspection, Notification Report N°1943 was drawn up, directed at Mr. Lisandro Aragón Mejías, for lacking a municipal license to exercise the observed activity. In the same sense, the person who would be illegally exercising a commercial activity was duly notified, as not having a municipal license also fails to comply with the requirement of a sanitary operating permit. Both the notification report and the CLOSURE ORDER were prepared for him (see folio 02 of the Patentes file). Thus, a closure and suspension order for his commercial activity without a license was delivered to him; physical seals were not imposed as the structure does not allow it. In the case of the burns, as determined by the municipal inspection that burns were also occurring on a neighboring property, the owner Leandro Aragón Mejías was also notified (Notification Report N°1943). These actions, within legal deadlines, demonstrate that the Municipality has acted in a timely manner, and we express our duty to continue to avoid future actions that cause detriment to the neighbors' health. The petitioner indicates that it was on February 22nd that he filed the claim with the Municipality via email, and he states that on February 24th he had not received a response, that is, just two days after filing the complaint. Within the framework of coordination and collaboration with the Ministry of Health, the Ministry of Health official also proceeded to notify a warning report advising that any type of burning or related activity must be refrained from. This detail serves to emphasize that since the complaint was filed with the TAA, Municipality, and Ministry of Health, we have worked together. For our part, we want to clarify to this Honorable Chamber that the problem we face goes beyond the burns denounced by the petitioner, which obviously do not cease to be important and require due attention. The problem for the community is much more serious; it concerns a property known as 'finca de los [Name 003],' a land on which activities have been taking place that not only conflict with legality but also pose a serious danger to the community; for example, earthworks (movimientos de tierra), illegal fill without any technical or scientific backing, illegal constructions, stone exploitation without permission from MINAE, possible damage to aquifers (mantos acuíferos) due to the deposit of solid waste (residuos sólidos) (garbage and debris) without any type of treatment. All these actions are an affront to the right to a healthy and balanced environment, the right to health, and even the right to safe roadways, as these actions cause the continuous presence of heavy-tonnage vehicles unsuitable for the dimensions of the cantonal route. The Municipality is aware of all these dangers to the community; in this sense, we have always been aware of the situation. Proof of this is the complaint we filed before the Environmental Administrative Tribunal (TAA) in OFFICIAL LETTER MB-AMB-0163-2026, which details in detail all the actions this Municipality has carried out, always clarifying that all actions we took are those for which this Municipality is empowered. We would have liked to execute other actions, but they exceeded those competencies. Said document demonstrates all the coordination we have undertaken with the competent authorities such as the Ministry of Health, SETENA, MINAE, the Directorate of Geology and Mines, the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area, and the TAA itself. We have conducted inspections, notifications, and work meetings; we have requested the imposition of precautionary measures to stop the actions that evidence damage and harm to the community. The complaint before the TAA was filed since 2014, and more than ten years later, no order or precautionary measure has been issued in favor of the right to a healthy and balanced environment and the consequent right to health. We consider that the TAA has considered neither the precautionary principle in environmental matters nor the danger to the community's health; more than ten years without any pronouncement to put an end to this conflictive situation. We hereby request this Honorable Chamber to order the TAA, the Ministry of Health, and MINAE to IMMEDIATELY take the necessary measures to end the situation and avoid further damage to the community of Santa Lucía. We likewise request the TAA and other institutions to take the necessary steps to inform the Environmental Criminal Prosecutor's Office, as all the illegal actions carried out by the owner and described herein could potentially fit criminal offense categories. Our Municipality, within its legal competencies, cannot do more than what we have already done. It is now up to other involved institutions with a broader scope of competencies to act so that the illegal and harmful activities to the community cease, and thus the damage being produced stops. According to the documentation provided, it is clear that the surveillance and legality compliance work carried out by the Municipality has been not only timely but constant, responsible, and framed within what concerns us. It has been a labor. Regarding the road danger as a consequence of heavy truck traffic. Regarding the problem of the large number of heavy trucks, especially dump trucks (vagonetas) that transit through the residential zone, the church, the school, endangering children, the Municipality has requested collaboration from the Road Safety Council to determine some limitation on the circulation of said vehicles on roads that are evidently not made to support the weight of these vehicles that constantly threaten pedestrians and other private vehicles. The affected route, where the circulation of dump trucks (vagonetas) causes great pedestrian insecurity, runs through the district from south to southeast, and on it are located the Domingo González school and kindergarten, the Santa Lucía parish, private education centers, rehabilitation centers, the sports plaza, National University facilities, the Bar Association headquarters, and an extensive residential zone. As we can see, it is a road frequented by many students, athletes, and ordinary citizens who see their lives exposed not only by the enormous number of dump trucks (vagonetas) that transit without control and at full speed during the day and night, but also by the environmental damage they produce at Finca [Name 003]. The circulation of these dump trucks (vagonetas) occurs precisely as a consequence of the illegal activities developed on the property; they transport soil, stone, garbage, and debris. To date, we have not received a response, nor even the presence of transit inspectors to monitor compliance with the traffic law. It is requested that this situation be brought to the attention of Traffic Engineering so that palliative measures can be taken while the road problem on Calle El Pedregal and the main street of Santa Lucía (Church-School) is definitively resolved. We provide the mentioned official letters as well as the administrative file to demonstrate that municipal action has always been timely and framed within the powers that the law grants us as a local government. Summarizing, regarding what is claimed by the Petitioner, we will say, concerning municipal licenses, business licenses, and construction permits, this Administration has already initiated processes to correct the irregularities, of which we will be informing this Chamber of the process's development, and we commit to continuing to carry out frequent inspections to prevent illegal activities from continuing. We likewise express our position in favor of inter-institutional collaboration to resolve the claimed matter.".
5.- ADRIANA BEJARANO ALFARO, in her capacity as presiding judge of the ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, reports under oath, stating the following: "... BACKGROUND: I. That on November 12, 2014, official letter No. UGMA-2014-299-01 was received, signed by Licda. Carolina Morales Sánchez, in her capacity as Environmental Manager of the Municipality of Barva, in which a formal environmental complaint is filed for the alleged extraction of material and dump site, against Carlos [Name 003] Rojas. (See folios 01 to 07 of the administrative file). II. That the complaint was assigned administrative file Nº 337-14-01-TAA. III. That through Resolution No.607-15-TAA, of eight hours twenty minutes of May twenty-fifth, two thousand fifteen, this office agreed, in pursuit of verifying the true facts, to request an on-site inspection from officials of SINAC, the Municipality of Barva de Heredia, and the Ministry of Health (See folios 08-15 of the administrative file). IV. That on August 26, 2015, official letter No. UGAM-2015-387-02 was received via fax, signed by Ms. [Name 005], in her capacity as Mayor of the Municipality of Barva, in which the corresponding registry studies of the owners of the land subject to the complaint are provided. See folios 16 to 40 of the administrative file. V. That through official letter No. ACCVC-OH-494, dated September 2, 2015, signed by Mr. Freddy Valerio, in his capacity as Head of the Heredia Subregional Office, indicating the results of the visit made to the location subject to the complaint. See folio 41 to 42 of the administrative file. VI. That on September 24, 2015, official letter No. 1198-AMB-2015 was received via fax, signed by Mr. Adrián Varela Montero, in his capacity as Acting Mayor of the Municipality of Barva, referring to official letter No. DCBIV-0222-2015, signed by Eng. Luis Fernando Rodríguez, in his capacity as Head of the Real Estate Cadastre of said Municipality, clarifying that the property in question is very extensive, which is why it was not possible to corroborate the existence of an open-air dump. See folios 43 to 50 of the administrative file. VII. That on March 8, 2016, official letter No. GAM-2016-091-01 was received, signed by Licda. Carolina Morales Sánchez of the Environmental Management Department of the Municipality of Barva, indicating that on March 4, 2016, an inspection was carried out at the location subject to the complaint, where dump trucks (vagonetas) entering the property with material were observed. It also indicates that said Municipality continues to receive many complaints about this problem. See folios 51 to 67 of the administrative file. VIII. That on October 4, 2016, official letters No. MIING-591-2016 and GAM-391-2016-01 were received, signed by Eng. Carolina Morales Sánchez and Arch. Kattya Ramírez Freer, both officials of the Municipality of Barva, in which they present an extension of the complaint against the heirs of Mr. [Name 004]. See folios 68 to 82 of the administrative file. IX. That on folios 83 to 86 of the file, there is a note signed by Licda. Jeannette Cordero Gamboa, in her capacity as trustee of the District of Santa Lucia de Barva de Heredia, requesting this Office's pronouncement at the earliest possible date regarding the complaint filed under file No. 337-14-01-TAA. X. That through resolution No. 095-17-TAA of eight hours twenty minutes of January twenty-seventh, two thousand seventeen, this Office agreed: First, to request for a second time from Ms. [Name 005], or whoever holds her position, in her capacity as Mayor of the Municipality of Barva, to identify the owner of the property subject to the complaint. Likewise, it was agreed to request Dr. Ana Lorena Sánchez Hernández, in her capacity as Central North Regional Director of San Rafael-Barva de Heredia, to conduct an inspection at the site subject to the complaint and to indicate whether any sanitary order has been issued to prevent the reception of waste. See folios 87 to 95 of the administrative file. XI. That on February 24, 2017, official letter No. MB-AMB-00265-2017 was received via fax, signed by Msc. Claudio Segura, in his capacity as Mayor of the Municipality of Barva, forwarding the aforementioned Resolution to the Environmental Manager for her pronouncement. See folio 96 of the administrative file. XII. That on March 3, 2017, official letter No. MB-AMB-00-2017 was received via fax, informing this Office that the aforementioned resolution had already been forwarded. In addition, official letter No. GAM-117-2017 is attached, signed by Licda. Carolina Morales Sánchez, in her capacity as Environmental Manager of the Municipality of Barva, reporting on what has been done regarding the complaint and the actions that have been taken. See folios 97 to 99 of the administrative file. XIII. That on March 3, 2017, official letter No. CN-ARS-SRB-403-2017 was received via fax, signed by Dr. Ana Lorena Sánchez, in her capacity as Director of the San Rafael Barva Health Governing Area Directorate, attaching the complete background report of said complaint. See folios 100 to 111 of the administrative file. XIV. That on March 1, 2017, an inspection report for the site subject to the complaint, conducted by officials of the Municipality of Barva, was received. See folios 112 to 115 of the administrative file. XV. That on July 5, 2017, a written submission issued by the Environmental Management Department of the Municipality of Barva was received again, communicating that the denounced acts continue to be carried out. See folios 116 to 118 of the administrative file. XVI. That on October 12, 2017, official letter No. MB-ING-530.2017 was received, requesting that this Tribunal implement precautionary measures against the property of the heirs of Mr. [Name 004], as the denounced acts continue to occur. See folio 119 of the administrative file. XVII. That through Resolution No. 180-18-TAA, of thirteen hours thirty minutes of February twenty-eighth, two thousand eighteen, this Office agreed to conduct a joint inspection to verify the true facts of the alleged denounced acts. See folios 122 to 135 of the administrative file. XVIII. That on April 13, 2018, official letter No. ACC-OH-311-2018 was received, signed by officials [Name 006] and [Name 007], in their capacities as officials of the Heredia Subregional Office, providing a series of recommendations to mitigate possible environmental damage. See folio 136 to 137 of the administrative file. XIX. That on April 17, 2018, official letter No. CN-ARS-SRB-972-2017 was received via fax, signed by Mr. Sergio Núñez Arce, in his capacity as Environmental Manager of the San Rafael-Barva Health Governing Area. See folios 138 to 143 of the administrative file. XX. That through official letter No. MB-ING-166-2018, issued by the Environmental Management Department of the Municipality of Barva, a report of reported damages and georeferenced location of the site of the alleged acts is provided. See folios 143 to 163 of the administrative file. XXI. That on folios 164 to 170 of the administrative file, there is technical report No.TAA-DT-024-18, signed by officials of this Office, recommending the request to the Cadastre Department of the Municipality of Barva to identify the registered owners, as well as the infractions they commit against the environment. XXII. That on May 15, 2018, official letter No. DA-UHTPCOSJ-1181-2018 was received, signed by Eng. Marilyn Mora Vega, in her capacity as coordinator of UT-Tárcoles-Pacífico Central, Water Directorate, along with report No. DA-UHTPCOSJ-1156-2018, signed by Eng. Leonel Sanabria Méndez, presenting the study of the water bodies located at the site subject to the complaint. See folios 141 to 176 of the administrative file. XXIII. That through official letter No. 327-18-TAA, signed by official Gabriela Nájera of the Technical Unit of the Environmental Administrative Tribunal, official letter No. CN-ARS-SRB-1348-2018 issued by the Ministry of Health is forwarded, requesting the georeferencing results of the site subject to the complaint, which are required for follow-up and issuing notifications. See folios 177 to 179 of the administrative file. XXIV. That through resolution No. 602-18-TAA, of thirteen hours thirty minutes of June twenty-ninth, two thousand eighteen, this office agreed to request the Msc.
Ileana Boschini López, in her capacity as Director of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), shall conduct an inspection at the site that is the subject of the complaint, and also issue the corresponding reports for said proceeding. See folios 180 through 190 of the administrative file.
XXV.That on July 30, 2018, official letter No. CN-ARS-SRB-32068-2028 was received, signed by Dr. Ana Lorena Sánchez Hernández, in her capacity as Director of the ARS of San Rafael de Barva de Heredia, with which she attaches official letter No. CN-ARS-SR-B-2044-2018, signed by Téc. Sergio Núñez Arce, in which he renders a series of recommendations regarding the case. See folios 191 through 195 of the administrative file.
XXVI.That at folios 196 through 206 of the administrative file, official letter No. DGM-OD-285-2018 is recorded, signed by Msc. Ileana Boschini López, in her capacity as Director of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), with which she issues the Assessment of the alleged environmental damage.
XXVII.That at folios 218 through 226 of the administrative file, official letter No. MB-ING-147-2019 is recorded, dated April 10, 2019, signed by Eng. Carolina Morales Sánchez, in her capacity as Head of the Department of Environmental Management (Departamento de Gestión Ambiental) of the Municipality of Barva, with which she requests clarification on what technical and/or legal grounds SETENA based its decision to grant environmental viability (viabilidad ambiental), given that a complaint was filed in 2014.
XXVIII.That on April 10, 2019, official letter No. MB-ING-147-2019 was received, signed by Arch. Kattya Ramírez Freer, in her capacity as head of the Department of Engineering (Departamento de Ingeniería) of the Municipality of Barva, and of the Department of Environmental Management (Departamento de Gestión Ambiental) of said municipality, in which they report that, through Resolution No. 248-2019-SETENA dated 09 hours 05 minutes on January 30, 2019, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) granted environmental viability (viabilidad ambiental) to carry out works (Leveling, fill-type with clean soil), in the name of Mrs. Dadiana María Chaves Lobos, holder of identity card No. 4-0168-0011. See folios 227 through 238 of the administrative file.
XXIX.That through resolution No. 2030-20-TAA, at 11:30 hours, on July 6, 2020, issued by this Tribunal, in which it is stated, Therefore: It is ordered, for procedural economy and as there is a connection between the proceedings followed under files No. 136-17-01-TAA and No. 337-14-01-TAA, to consolidate the first file into the second, and to proceed solely in file No. 337-14-01-TAA with the processing of the ordinary administrative procedure. See folios 420 through 428 of the administrative file.
XXX.That through official letter No. MB-ING-338-2017, dated June 21, 2017, signed by Arch. Kattya Ramírez Freer, as head of the Department of Engineering (Departamento de Ingeniería) of the Municipality of Barva, and Eng. Carolina Morales Sánchez, in her capacity as head of the Department of Environmental Management (Departamento de Gestión Ambiental), with which they request that an assessment be conducted on the property where earthworks (movimiento de tierra) and rock extraction took place. See folios 433 through 447 of the administrative file.
XXXI.That at folios 469 and 460, official letter No. MB-ING-456-2017 is recorded, dated August 28, 2017, with which a response is given to resolution No. 1113-17-TAA, issued by this Tribunal.
XXXII.That in response to resolution No. 113-17-TAA, official letter No. OH-995 is received, dated September 5, 2017, signed by Freddy Valerio S., in his capacity as Head of the Subregional Office of Heredia. See folios 461 through 462 of the administrative file.
XXXIII.That through Resolution No. 1820-2020-SETENA, dated October 28, 2020, signed by Msc. Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), in which it is indicated that, in ordinary session No. 078-2020 of SETENA, held on October 28, 2020, in article No. 04, it agreed to maintain the stoppage of the works, ordered through resolution No. 3317-2019-SETENA, with the exception of the mitigation measures already approved, in order to prevent affectations and negative impacts. See folios 466 through 477 of the administrative file.
XXXIV.That recorded at folios 478 through 487 of the file is a writ issued by the neighbors of the community of Santa Lucia de Barva de Heredia, with which they report alleged events that are occurring in their urbanization, among them the burning of scrubland (charrales) and secondary forest (bosque secundario).
XXXV.That through official letter No. MS-DRRSCN-DARSSRB-2661-2021, which references official letter No. MS-DRRSCN-DARSSRB-8455-2020, in response to resolution No. 602-18-TAA. See folios 488 through 496 of the administrative file.
XXXVI.That through a writ received on April 29, 2021, signed by Mr. Luis Alberto Muñoz Arce, holder of identity card No. 400990551, in which he requests to be considered as an "Active Coadjuvant" (Coadyuvante Activo) party in the aforementioned file. See folio 497 of the administrative file.
XXXVII.That through official letter No. MB-ING-369-2021, dated June 22, 2021, signed by Eng. Carolina Morales Sánchez and Arch. Kattya Ramírez Freer, in their capacity as officials of the Municipality of Barva, in which they request the prompt intervention of this Tribunal to provide a solution to the events that form the basis of this complaint. See folio 500 of the administrative file.
XXXVIII.That through official letter No. MB-ING-579-2021, dated October 13, 2021, signed by Eng. Carolina Morales Sánchez and Arch. Kattya Ramírez Freer, in their capacity as officials of the Municipality of Barva, in which they reiterate the request for intervention by this Tribunal in order to provide a solution to the reported events. See folios 503 through 506 of the administrative file.
XXXIX.That at folios 510 through 533 of the file, official letter No. MB-ING-024-2022 is recorded, dated January 21, 2022, signed by Arch. Kattya Ramírez Freer, in her capacity as Head of the Department of Engineering (Departamento de Ingeniería) of the Municipality of Barva, with which she sends an update on the actions taken in the sector known as “Finca [Nombre 003]”.
XL. That through official letter No. MB-AMB-0794-2022, dated June 30, 2022, signed by Lic. Jorge Acuña Prado, in his capacity as Mayor of the Municipality of Barva, with which he refers to complaint SITADA-33897, and forwards report No. MB-ING-198-2022, signed by Licda. Carolina Morales Sánchez, as Environmental Manager (Gestora Ambiental) and Arch. Kattya Ramírez Freer, as engineer, both officials of said municipality. See folios 534 through 547 of the administrative file.
XLI. That at folios 548 through 578 of the file, official letters No. MB-ING-196-2023 dated May 23, 2023, and MB-ING-103-2024 dated April 22, 2024, are recorded, signed by Licda. Carolina Morales Sánchez, as Environmental Manager (Gestora Ambiental) and Arch. Kattya Ramírez Freer, as engineer, both officials of the Municipality of Barva, with which they send an update on the actions taken in the sector known as “Finca [Nombre 003]”.
XLII. That at folios 581 to 587, resolution No. 0836-2024-SETENA of eleven hours fifty minutes on May eighth, two thousand twenty-four, is recorded, by which the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), regarding the Project: Fill (Land leveling with clean soil), file D1-22740-2018-SETENA, resolved, in what is relevant, the following: “FIRST: To maintain the stoppage ordered in No. 3317-2019 SETENA, of November 4, 2019, and reiterated in Resolution No. 1820-2020 of October 28, 2020, and Resolution No. 1110-2022 SETENA of June 30, 2022…” XLIII. That at folios 589 to 597, resolution No. 0271-2025-SETENA of ten hours twenty-eight minutes on February twenty-sixth, two thousand twenty-five, is recorded, by which the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), regarding the Project: Fill (Land leveling with clean soil), file D1-22740-2018-SETENA, resolved, in what is relevant, the following: “FIRST: It is to maintain the stoppage of the project ordered in Resolution No. 3317-2019 SETENA, of November 4, 2019, and reiterated in Resolution No. 1820-2020 of October 28, 2020, and Resolution No. 1110-2022 SETENA of June 30, 2022…” REGARDING WHAT WAS ALLEGED BY THE APPELLANT IN THE AMPARO APPEAL:
In accordance with the facts alleged by the appellant and described in the resolution of sixteen hours thirty-three minutes on the second day of March of two thousand twenty-six, what corresponds solely to this Tribunal is when the following is indicated: “… Narrates that the municipality has broad knowledge of the environmental/sanitary problems taking place on said property, since he understands that a process with the TAA-Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Administrativo Ambiental) began in 2010, but he was unable to access the file number. He adds that the TAA-Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Administrativo Ambiental) should be among the respondents, since it has not resolved anything on the matter…” Although it is true, from the above description, the participation of this Tribunal is not clearly evident, since with the data provided it is not possible to determine which file number is being referred to, this office conducted a study of the generally described facts and was able to determine that the file related to the reported events is file No. 337-14-01-TAA. In that sense, regarding the actions of this Tribunal with respect to file No. 337-14-01-TAA, these are described one by one in the facts set forth as Background of this response report. In said background, it is recorded that from the receipt of the complaint, and as part of the preliminary investigation, all necessary reports were requested from the competent entities to determine the real truth of the facts, and the necessary field inspections were also conducted. However, in accordance with articles 111 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and article 10 bis of the Regulations of Procedures of the Environmental Administrative Tribunal No. 34136 of February 5, 2008, in the specific case of file No. 337-14-01-TAA, it was determined that this Tribunal is not a reviewing body of Administrative Acts issued by other authorities of the Public Administration, nor does it possess powers that are exclusive to, for example, SETENA, as it would be incurring a conflict of competence when the powers for each Institution are already clearly defined in accordance with the provisions of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). The task of this office is to hear, through administrative channels, conduct that infringes the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment; its legal nature is developed in the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), and the basic principles of an Administrative Tribunal apply to it, that is, to ascertain the real truth of the facts through the application of the ordinary administrative procedure established in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública).
In light of the above, after due analysis of the facts, this Tribunal in resolution No. 200-2026-TAA at thirteen hours on the third day of March of the year two thousand twenty-six, resolved the following: “SOLE. In accordance with what is set forth in considerando four of this resolution; This Tribunal declares itself incompetent to address the facts of the complaint and consequently resolves to refer the complaint to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), for the respective Processing; The complaint filed on November 12, 2014, through official letter No. UGMA-2014-299-01, signed by Licda. Carolina Morales Sánchez, in her capacity as Environmental Manager (Gestora Ambiental) of the Municipality of Barva de Heredia, by which she formally files an environmental complaint for the alleged extraction of material and dump site, against the [Nombre 003] heirs, in the sector known as finca Los [Nombre 003], is not admitted for hearing…” Said resolution was duly notified to the parties on March 10, 2026, as recorded at folios 601 to 621 of the administrative file.”.
6.- By certification of March 12, 2026, the acting secretary and the technician in charge of the file, both of the Chamber, certified that: “… it did not appear that from March 6, 2026, to March 10, 2026, the respondents, CHIEF OF INSPECTORS and the CHIEF OF LICENSES, both of the Municipality of Barva; had filed any writ or document in order to render the report requested in the resolution issued at 16:33 hours on March 2, 2026 ...”.
7.- By resolution at 09:24 hours on March 18, 2026, the parties to this process were expanded.
8.- Through a writ added to the Costa Rican Judicial Case Management System of this Chamber on March 20, 2026, the appellant states the following: “… 1. Ineffectiveness regarding the Audiovisual Evidence: The Ministry of Health, via official letter sent to me today, states that the videos submitted as evidence of the illegal activity 'only a judge of the republic could consider them as evidence,' dismissing their value as an administrative indication to motivate effective interventions. This stance places an impossible burden of proof on the citizen, while the institution abstains from exercising its health police authority. 2. Ineffective Inspections: The respondent authority confesses that they 'have conducted site visits without being able to evidence the non-compliance.' It is evident that inspections are carried out during predictable administrative hours, allowing the offender to conceal the activity (burning and manufacturing) during the visits, while the damage to my health occurs flagrantly during nighttime and weekend hours, as recorded in police reports. 3. Critical Institutional Discoordination: Regarding Incident 9-1-1 #0863 of Saturday, March 14 (where the Public Force confirmed the burning and operation of machinery), the Ministry of Health affirms that they 'do not have a report from them [Public Force].' 4. Contradiction with the Emergency System: I attach a certification from 9-1-1 that disproves the alleged inaction, where it is textually recorded on March 17: 'IT IS REFERRED TO DARS FOR KNOWLEDGE AND FOR THE CORRESPONDING ACTIONS TO BE TAKEN.' It is unacceptable that the Ministry of Health seeks to ignore an official State report alleging a lack of internal communication, leaving the appellant in a total state of defenselessness.” 9.- MARÍA ANTONIETA ACUÑA HERNÁNDEZ reports under oath, in her capacity as director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of San Rafael-Barva of the MINISTRY OF HEALTH, who states the following: “… It is recorded in the case file that an inspection was carried out at the reported site according to inspection report CARTA-MS-DARRSCN-DARSSSRB-982-2026 on March 5, 2026, and technical report CARTA-MS-DARRSCN-DARSSSRB-983-2026 was issued on March 6, 2026. Said report indicated the following findings: • On March 5, 2026, a site visit was conducted, accompanied by officials from the Municipality of Barva from both the Engineering (Ingeniería) and licenses (patentes) departments. • Because the complaint did not specify which property the burning was taking place on, initially the property known as [Nombre 003] was visited; however, despite observing the gate open, entry was not made as it is private property and authorization from the owners was not available. From the public road, no smoke was observed coming from the property. • Subsequently, the municipal officials coordinated entry to property No. 247459, owned by the corporation [Valor 004], whose representative is Mr. [Nombre 002]. • The property is located adjacent to the [Nombre 003] property. During the inspection, Mr. [Nombre 002] was present. It is observed that a commercial activity is being developed on the property consisting of the manufacture of fiber cement sheets, for which they do not have the corresponding permits (they lack land use (uso de suelo), construction permits, sanitary operating permits, and a license). • Regarding the burning, it was explained to Mr. Rugama that there are complaints about burning occurring at the site, to which he indicated that occasionally garbage is burned in barrels on the property, however, not of the magnitude of those carried out on the [Nombre 003] property. It was explained to him that it is illegal to burn garbage of any type and that he also cannot carry out the activity of manufacturing fiber cement sheets without a sanitary operating permit, therefore he would be notified of the corresponding administrative acts. Consequently, Health Order MS-DRRSCN-DARSSRB-994-2026 was issued against Mr. [Nombre 002], which was notified on March 6, 2026, indicating the following: 1. The burning of solid waste on the property must be suspended immediately, as this is an illegal practice prohibited under article 62 of Law No. 8839 for Comprehensive Waste Management (Ley para la Gestión Integral de Residuos). Additionally, closure order MS-DRRSCN-DARSSRB-997-2026 was carried out for the Fiber Cement Sheet Factory owned by Mr. [Nombre 002], as it does not have a sanitary operating permit, which was notified on March 6, 2026. Mr. [Nombre 001] was notified of the executed actions via email on March 6, 2026; the case is open and under follow-up. Furthermore, official letters CARTA-MS-DRRSCN-DARSSRB-512-2026 and CARTA-MS-DRRSCNDARSSRB-510-2026, both dated March 6, 2026, were issued, addressed to the Public Force and the Mayor's Office of the Municipality of Barva (Municipal Police); so that they carry out the corresponding monitoring actions on Finca [Nombre 003] and surroundings regarding the clandestine dump, illegal burning, and acts of vandalism; this for the health and safety of the population. In response to the above, no reports have been received indicating non-compliance with the issued administrative acts. Current situation: A follow-up visit was conducted on March 19, 2026, according to inspection report No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSSRB-1299-2026, and technical report CARTA-MS-DRRSCN-DARSSRB-1303-2026 was issued dated March 20, 2026, which states the following: - A tour was made around property No. 247459 in order to observe signs of burning within the property; however, no smoke was detected nor were odors perceived. - We reached the entrance gate of property No. 247459, as we did not have the owner's authorization. From this point, we tried to observe if burning was being carried out on the property or if the illegal activity of manufacturing fiber cement sheets was operating; however, there was limited visibility of the location where they manufacture the sheets, making it impossible to verify if the administrative acts were ignored. - It is important to clarify that in the toured sector, no noise is heard, no people are seen working, no smoke smell is perceived, nor is the presence of smoke observed. - Information was requested at the Public Force station located in Santa Lucía regarding a report made on March 14, 2026, in relation to burning on the RUGAMA property; however, the police officer, Mr. Martín González, indicated that they have no reports for that day in the logbook, nor an ocular report confirming the site visit by the police. He was also asked if there were reports of this situation today, and he indicated that up to that moment there were no reports of burning in the district. And it was concluded that, as it could not be verified at the time of the inspection that garbage burning was being carried out on the RUGAMA property (Property No. 247459) or surroundings, it is not possible to establish non-compliance with the administrative acts notified by this Ministry. Regarding the non-compliance with the closure of the fiber cement sheet manufacturing activity, as entry to the property was not possible, the violation of closure order No. MS-DRRSCN-DARSSRB-997-2026 could also not be evidenced. The case remains open and under follow-up. Now, regarding Finca [Nombre 003] located in Santa Lucía de Barva, it is recorded in the case file that since 2014 a complaint was submitted to the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) for the activities carried out on said property, which are under file No. 337-14-01-TAA, but said tribunal recently issued resolution No. 200-2026 TAA at thirteen hours on March third, two thousand twenty-six, resolving: “In accordance with what is set forth in considerando four of this resolution; This Tribunal declares itself incompetent to address the facts of the complaint and consequently resolves to refer the complaint to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), for the respective Processing; The complaint filed on November 12, 2014, through official letter No. UGMA-2014-299-01, signed by Licda. Carolina Morales Sánchez, in her capacity as Environmental Manager (Gestora Ambiental) of the Municipality of Barva de Heredia, by which she formally files an environmental complaint for the alleged extraction of material and dump site, against the [Nombre 003] heirs, in the sector known as finca Los [Nombre 003], is not admitted for hearing”; documents from both the municipality and the Ministry of Health were incorporated into said file, and in response to what was indicated by the tribunal, a Revocation Appeal (Recurso de Revocatoria) was filed against said resolution through official letter No. AJMB-002202-2026, which was submitted on Friday, March 13, 2026; additionally, an environmental complaint was filed with the Heredia Prosecutor's Office against the heirs of [Nombre 004], through official letter No. MB-ING-052-2026 concurrently between the Ministry of Health and the Municipality of Barva; therefore, the case corresponding to Finca [Nombre 003] is also open and under follow-up. Likewise, constant communication has been maintained with the appellant via email and by responding to his inquiries. III. ON THE MERITS: In the present case, all corresponding actions were carried out by the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of San Rafael Barva to address the appellant's case in a timely manner; and despite the claimant having been informed about the scheduling of the inspection in response to the aforementioned case, the case was nonetheless addressed upon the filing of this amparo, and follow-up actions and respective inter-institutional coordination have been carried out, taking into consideration the existing evidence in both files mentioned in the amparo; the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) currently keeps both cases open until the reported aspects are fully addressed and the resulting actions are reported to the parties. It is concluded that the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of San Rafael Barva never violated any fundamental right of the appellant, since prior to the filing of this amparo, actions were carried out and the appellant was kept informed of them.” 10.- MÓNICA HERNÁNDEZ SEGURA and JORGE ANTONIO ACUÑA PRADO report under oath, in their order, president of the Council and mayor, both of the MUNICIPALITY OF BARVA, who state the following: “… We have always acted in defense of the rights of citizens, the right to health, and the right to a healthy and balanced environment. In this vein, we wish to state that although only a few days have passed since the initial response to this Amparo and the presentation of the factual expansion, we have not neglected the situation and have always remained vigilant; we provide reports from the Licenses (Patentes) and Engineering (Ingeniería) departments that corroborate our actions. II. FACTS. We likewise wish to reiterate what we had already described and argued in the initial defense brief: 1. Illegal Burning: The Municipality has received complaints about burning in the Santa Lucía area. All have been addressed within our powers through inspections and notifications, in coordination with the Ministry of Health. Since the filing of the appeal, burning has not occurred again, or at least we have not had further reports, which demonstrates the effectiveness of the measures adopted. For the Municipal Administration, and given the scarce personnel resources available, it is impossible for us to maintain 24/7 surveillance; however, as we stated, within our means we maintain constant vigilance. 2. Construction without permits: Through official letter MB-AMB-0163-2026, the existence of buildings without municipal permits was verified. The procedure was initiated in accordance with Article 89 of the Construction Law (Ley de Construcciones) (Law No. 833), notifying those responsible and granting a period to regularize. If the illegality persists, proceedings will continue to their ultimate legal consequences. 3. Licenses and operating permits: The Licenses Department (Departamento de Patentes) carried out an inspection on March 5, 2026, preparing an ocular report and notifying the responsible party for lacking a municipal license and health permit. A closure and suspension order for the commercial activity was issued, in accordance with Article 79 of the Municipal Code (Código Municipal) (Law No. 7794) and Article 259 of the General Health Law (Ley General de Salud) (Law No. 5395). 4. Environmental problems on the finca [Nombre 003]: The Municipality has reported multiple illegal activities (landfills, stone exploitation, waste disposal, construction without permits) to the Environmental Administrative Tribunal since 2014. Despite our efforts, the TAA has not issued precautionary measures in more than ten years. We have coordinated with MINAE, SETENA, the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), and other institutions, requesting urgent measures to protect health and the environment, in accordance with Article 50 of the Political Constitution and Article 2 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) (Law No. 7554). 5. Road danger: Collaboration has been requested from the Road Safety Council to restrict the circulation of heavy trucks on residential and school roads, in accordance with Article 5 of the Law of Transit on Public Land Roads and Road Safety (Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial) (Law No. 9078), given the risk to the population. III. DEFENSE ARGUMENTS The Municipality has acted timely and diligently within its legal powers, carrying out inspections, notifications, closures, and inter-institutional coordination. There is no municipal omission: the actions are recorded in reports, official letters, and administrative files. The persistence of the burning and illegal activities is due to the lack of compliance by those responsible and the absence of precautionary measures from the TAA, which exceeds our powers. We have repeatedly requested the intervention of the competent authorities (Ministry of Health, MINAE, SETENA, Public Force, Environmental Criminal Prosecutor's Office), in compliance with the environmental precautionary principle recognized in Article 11 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). IV. NEW ACTIONS. SUMMARY OF MUNICIPAL ACTIONS. (An updated file from the date of the first brief is provided) The Municipality of Barva, through its Licenses Department (Departamento de Patentes), has carried out various actions following up on the Amparo Appeal (Recurso de Amparo) filed by [Nombre 001] against the Municipality of Barva, the Ministry of Health, the Ministry of Public Security, and the Environmental Administrative Tribunal, related to polluting and lucrative activities without a license on Finca Rugama. Actions taken: Inspections: Two inspections were conducted on the property located in Santa Lucía de Barva. In the first inspection (March 5, 2026), the existence of lucrative activities without a municipal license, including the manufacture of Durock-type sheets, was verified. In the second inspection (March 24, 2026), no productive activities were observed at the time of the visit. Notifications: Notification reports and formal warnings were issued to the legal representative of the corporation owning the property, informing him of the obligation to have a municipal license for lucrative activities and the legal consequences in case of non-compliance. Administrative measures: Closure seals were placed on the property and in the identified work areas, although it was not possible to seal the open structures. Inter-institutional coordination: Support from the Public Force and the Municipal Police was requested to carry out periodic inspections and verify compliance with the provisions. Collaboration with the Ministry of Health was also arranged to obtain reports and resolutions related to the property. We can summarize and establish that the Municipality of Barva has acted in accordance with current regulations, conducting inspections, notifying those responsible, and coordinating with other institutions to guarantee compliance with legal provisions and to protect public health and the environment. SUMMARY OF OFFICIAL LETTER MB-PAT-0042-2026: ACTIONS AND RESULTS The official letter details the actions of the Licenses Department (Departamento de Patentes) of the Municipality of Barva in relation to File No. 26-006270-0007-CO, derived from the Amparo Appeal (Recurso de Amparo) filed by [Nombre 001] against various institutions, including the Municipality of Barva. The case focuses on alleged irregularities on the property "Finca [Nombre 003]", related to illegal burning and lucrative activities without a municipal license.
PROCEEDINGS: First inspection (March 5, 2026): Inspection of the property located in Santa Lucía de Barva. Municipal inspectors and an official from the Ministry of Health participated. The existence of lucrative activities (manufacturing of Durock-type sheets) without a municipal license was confirmed. Mr. Lisandro Aragón Mejías was notified of the irregularity, and Notification Record No. 1943 was issued. Subsequent actions: Request for collaboration from the Public Force and Municipal Police to conduct periodic inspections of the property. Coordination with the Ministry of Health to obtain reports and resolutions related to the property. Second inspection (March 24, 2026): No lucrative activity was confirmed at the time of the inspection. A formal warning was issued to the legal representative of the company that owns the property, advising of the obligation to possess a municipal license and the possible penalties for non-compliance. Results: In the first inspection, indications of lucrative activity without a municipal license were confirmed, as already mentioned in the initial response to the Amparo. In the second inspection, no activity was evident at that specific time, but the previous findings are not invalidated. Notifications, warnings, and inter-institutional coordination efforts were carried out. The Business License Department acted in accordance with the law, guaranteeing due process and maintaining permanent monitoring for possible repeat offenses. In conclusion, the Business License Department fulfilled its oversight and control functions, leaving the regulation of environmental and safety aspects in the hands of other authorities.".
11.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,
Considering:
I.- PRIOR CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of ruling number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the reasonably established deadlines for resolving the requests filed by citizens, in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Precisely, in the case at hand, an exception to this rule is presented, since it involves a complaint regarding alleged illegal burning of waste on the farm adjacent to the petitioner's home, which allegedly has not been resolved within a reasonable period and puts the integrity of the protected parties at risk. Given the nature of the subject matter addressed in the petition, this Chamber will assess possible delays in the resolution of the filed complaint. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this Amparo.
II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner seeks an order directing the respondent institutions to adopt immediate and effective measures to stop the alleged illegal burning of waste on the farm adjacent to their home, to investigate the apparent clandestine industrial activity taking place there, and to exercise the corresponding powers of control, surveillance, sanction, and environmental and health protection, in order to protect their health, their integrity, and their right to a healthy environment.
III.- PROVEN FACTS. The following facts are considered duly proven for the decision in this matter:
Regarding the Police Delegation of Barva, Heredia, of the Ministry of Public Security:
Regarding the Health Governing Area of San Rafael-Barva of the Ministry of Health:
Regarding the Municipality of Barva:
Regarding the Administrative Environmental Tribunal:
IV.- REGARDING THE APPLICABLE CONSTITUTIONAL-LEGAL FRAMEWORK. The right to a healthy and ecologically balanced environment constitutes a fundamental right of indisputable constitutional standing. Its protection does not respond solely to a proprietary logic or one of natural resource administration, but to a comprehensive conception of human dignity, health, quality of life, the protection of present and future generations, and the preservation of the material conditions indispensable for the free development of the individual.
From a constitutional perspective, this right possesses a dual dimension. On the one hand, a subjective dimension, insofar as it recognizes every person's faculty to demand that public authorities refrain from tolerating illegitimate environmental impacts and, furthermore, deploy reasonable and effective positive actions to prevent, correct, and sanction environmental damage or threats. On the other, an objective or institutional dimension, insofar as it elevates the environment as a legally protected interest of constitutional relevance that binds all public authorities and guides the interpretation of the legal system.
Similarly, in environmental matters, constitutional review cannot be reduced to a merely reactive or reparative vision. The protection of a healthy environment requires incorporating the preventive and precautionary principles, so that the Administration does not wait for the full or irreversible consummation of damage before acting. The principle of inter-administrative coordination is also especially relevant, given that environmental protection usually involves concurrent or complementary competencies of different institutions: health, municipal, police, environmental, criminal, and regulatory.
However, the constitutional relevance of the right to the environment does not eliminate or suppress the minimum requirements inherent to the Amparo process. In this forum, it is not enough for the petitioner to demonstrate the existence of a disturbing or even objectively irregular factual situation; in addition, it must be proven that the injury or threat to the fundamental right derives from a current, concrete action or omission attributable to the respondent authority. Amparo does not replace ordinary administrative procedures nor does it become, without more, a general means for the technical oversight of all allegedly polluting activity. Its function is to determine whether the state response has been non-existent, arbitrary, unreasonably delayed, clearly insufficient, or patently unsuitable in the face of a concrete legal duty of protection.
Consequently, the central point of the analysis does not consist of denying or minimizing the environmental concern raised by the petitioner, but rather of assessing whether the conduct of the respondent authorities has implied a constitutionally intolerable lack of protection of the invoked right.
V.- REGARDING THE COMPATIBILITY BETWEEN WHAT WAS DENOUNCED BY THE PETITIONER AND WHAT WAS REPORTED BY THE RESPONDENT AUTHORITIES. Before separately examining the conduct of each respondent authority, it should be noted that between what was denounced by the petitioner and what was reported by the respondent institutions, there is no absolute contradiction, but rather a relevant partial convergence.
Indeed, the proven facts allow us to affirm that the complaint filed by the petitioner was neither unfounded nor capricious. The existence of burns, at least as a reported phenomenon partially observed by the authorities, is supported by several proven points: the observation of a fire at a distance by the Public Force; the statement of the person in charge of farm No. 247459, to the effect that garbage burns were occasionally carried out in drums; and the decision of the Ministry of Health to issue a specific sanitary order for the immediate suspension of solid waste burns. Likewise, the existence of a commercial activity without permits or administrative authorizations on the adjacent farm was proven, a point that confirms that the petitioner's concern was indeed connected to a factual reality that warranted administrative intervention.
However, it does not necessarily follow from this confirmation that the respondent authorities have violated the fundamental right of the petitioner. Quite the contrary, the partial coincidence between what was denounced and what was confirmed explains precisely why several institutions activated procedures, inspections, sanitary orders, closures, monitoring, and inter-institutional coordination. That is to say, the plausibility of the complaint does not, by itself, demonstrate an unconstitutional omission; rather, it shows that the public apparatus did react to what was brought to its attention.
In other words, the compatibility between the complaint and the information provided by the authorities leads to an intermediate but decisive conclusion: the denounced problem was real, or at least sufficiently plausible to require state action; however, it is also proven that said state action effectively occurred. Therefore, the constitutional examination must shift from the mere existence of the environmental problem towards the legal-constitutional sufficiency of the institutional response.
VI.- REGARDING THE CONDUCT OF THE HEALTH GOVERNING AREA OF SAN RAFAEL-BARVA. The Ministry of Health occupies a central position in the protection of the environment when the denounced situation involves waste, emissions, smoke, possible sources of unsanitary conditions, or activities that may affect public health. Its constitutional duty is not limited to the passive recording of complaints but includes inspection, technical verification, adoption of preventive measures, issuance of sanitary orders, closure of unauthorized activities, and monitoring of their compliance.
Consequently, if the health authority had remained inactive, had unjustifiably disregarded the complaint, or had omitted to exercise its minimal powers in the face of indicia of harmful acts, a violation of the protected fundamental right could indeed be configured. However, that is not the picture revealed by the proven facts.
The Ministry of Health received the petitioner's complaint, opened a file, and integrated it with other related petitions. It then scheduled an inspection, adjusted its agenda to conduct a joint visit with municipal authorities, and within the framework of that proceeding, managed to confirm facts of legal relevance: the existence of a commercial activity manufacturing fiber cement sheets operating without essential permits, and the occasional burning of garbage on the inspected property. That confirmation led to two immediate administrative responses clearly aimed at neutralizing the denounced risk: the sanitary order for the suspension of burns, and the closure of the factory for lacking a sanitary operating permit. Furthermore, such measures were expressly notified, and the petitioner was informed of the actions taken.
No less important is that the health authority did not exhaust its action in a single initial act, but kept the matter open, promoted police and municipal monitoring regarding the clandestine dump, the burns, and acts of vandalism, carried out a follow-up visit, and incorporated a new technical report. This sequence demonstrates administrative continuity and not a merely formal or token response.
From the perspective of the Amparo, the actions taken by the Ministry of Health exceed the minimum standard of constitutionally required diligence. There was receipt of the complaint, inspection, confirmation, use of sanitary police powers, imposition of concrete measures, notification, follow-up, and coordination. Under these conditions, it cannot be reasonably argued that the health authority abandoned the petitioner, was indifferent to the environmental risk, or passively consented to a harmful situation.
It is true that the right to a healthy environment demands effective measures, and it is also true that the full effectiveness of an administrative action is not exhausted with the issuance of an order or the formal closure of an activity. However, the eventual persistence of the conflict or the practical difficulty in corroborating, in subsequent visits, the non-compliance with the imposed measures—especially when it involves properties with restricted access—does not automatically transform the authority's action into an unconstitutional one. The decisive factor is that the institution exercised the reasonably available competencies to address the complaint, and that is precisely what occurred in this specific case.
Therefore, no illegitimate omission or manifest insufficiency attributable to the Ministry of Health is observed that would justify granting the appeal.
VII.- REGARDING THE CONDUCT OF THE MUNICIPALITY OF BARVA. Municipalities, in their condition as local governments, are not foreign to environmental protection. Although they do not concentrate all sectoral competencies, they do have clear duties regarding land-use planning (ordenamiento territorial), control of land uses, licenses, business licenses, oversight of economic activities within the canton, protection of local interests, and coordination with other authorities when situations with environmental, health, or urban impact are observed.
In a case such as the one analyzed, the Municipality not only could but should have intervened to the extent that the complaint involved a possible productive activity without permits, heavy vehicle traffic, irregular buildings, and an impact on coexistence and health in a residential area or one nearby.
The proven facts show that the Municipality of Barva did not remain inert. It is recorded that it had received complaints related to illegal burns in the area, that it had been carrying out actions and coordination regarding the problem of the [Name 003] farm since 2014, and that, in relation to the complaint of February 2026, it carried out a joint inspection with the Ministry of Health on March 5, 2026. As a result of this proceeding, it issued the corresponding record and report, confirmed a commercial activity without a municipal license, and ordered the closure and suspension of the activity developed without administrative authorization. Subsequently, it continued the follow-up through a new inspection, formal warnings, and requests for collaboration to the Public Force, Municipal Police, Road Safety Council, and Traffic Engineering Department. It also reported coordination with SETENA, MINAE, the Directorate of Geology and Mines, the Administrative Environmental Tribunal, and the Environmental Criminal Prosecutor's Office.
From the constitutional standpoint, the municipal action was materially suitable and coherent with the scope of its competencies. The Municipality exercised its own powers: it inspected, documented findings, verified the absence of licenses, ordered closure, issued warnings, and activated institutional coordination. It did not limit itself to shifting responsibility to other agencies or invoking absolute incompetence.
On the contrary, it assumed active intervention in those aspects of municipal police powers that did fall within its purview.
Nor can it be reproached, in an amparo proceeding, for not having single-handedly resolved all the underlying environmental conflict. The complexity of the case demonstrates the concurrence of multiple subject matters: sanitary, environmental, police, potentially criminal, and regulatory. What is constitutionally required of the municipality is not that it substitute itself for all those authorities, but that it exercise the powers that are its own without delay or arbitrariness and that it facilitate coordination when the problem exceeds its exclusive scope. That, precisely, is what the proven facts show.
In that regard, an arbitrary, negligent, or harmful omission of the fundamental right to a healthy environment attributable to the local government is not observed.
VIII.- REGARDING THE ACTION OF THE PUBLIC FORCE. The Public Force has a duty to provide assistance, preventive presence, and attention to citizen reports, as well as collaboration with other institutions in the execution of control measures. However, its scope of action must be assessed within the constitutional and legal limits governing entry onto private property, material competence regarding fires, and the need to have sufficient enabling grounds for a more invasive intervention.
It is demonstrated that the Barva Police Delegation did attend to the petitioner's report, traveled to the location, observed a burn from a distance, and evaluated the circumstances of the case. It also reported that it did not enter the exact site because it was private property with limited access, with no persons present to permit entry and without detecting an immediate risk to human lives or homes. It equally indicated that the primary response to burns or fires corresponds to the Fire Department.
It cannot be affirmed, based on these facts, that the Public Force incurred in neglect or abandonment of duty. It appeared at the location and verified the situation to the extent that objective circumstances permitted. The fact that it did not enter private property without authorization, in the absence of an imminent risk to persons or homes, does not in itself constitute an illegitimate omission; rather, it responds to the need to act within the constitutional framework protecting the inviolability of the domicile and private property, save for exceptional, legally authorized circumstances.
The standard for amparo cannot be constructed as if every environmental complaint automatically authorized the administrative police to overcome any limit on access to private property without additional support. That would exceed the logic of a constitutional state of law. What was required was to attend to the report and address the situation within the scope of its powers, and that is what occurred.
Therefore, no violation of the invoked fundamental right attributable to the Public Force is observed either.
IX.- REGARDING THE ACTION OF THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. The situation of the Environmental Administrative Tribunal merits a differentiated analysis, because the proven facts reveal the existence of a background dating to 2014, multiple reports, inspections, and actions related to the property known as [Name 003]. This reveals a long-standing conflict and, of course, raises legitimate questions about the timeliness and effectiveness of the institutional handling of the case.
However, the specific judgment appropriate to an amparo proceeding does not consist of determining whether the historical administrative processing has been optimal or entirely satisfactory from a public policy or administrative efficiency standpoint, but rather of establishing whether, in the specific case and at the time of ruling, there exists a current and direct constitutional harm attributable to arbitrary or manifestly omissive conduct by the Tribunal.
It is proven that the Tribunal received the environmental complaint in 2014, opened a file, requested in situ inspections, required the Municipality and the Health Governing Area to identify owners and verify the existence of a sanitary order, received site visit results, incorporated technical reports from various institutions, consolidated files, and continued to receive actions and reports between 2021 and 2024. Likewise, it is on record that SETENA maintained the project suspension in 2025 and that the Tribunal, through Resolution No. 200-2026-TAA of March 3, 2026, declared itself without competence and referred the complaint to SETENA.
It is true that the long duration of the conflict demonstrates a structural problem that is far from desirable from the perspective of effective environmental protection. However, based on the available proven facts, it is not demonstrated that the Tribunal remained absolutely inactive or that its decision to refer the matter to SETENA constitutes, in and of itself, a manifestly arbitrary action harmful to the fundamental right invoked.
The existence of multiple prior actions precludes the idea of a total abandonment of the matter. At most, the timeliness, scope, or correctness of the jurisdictional decision adopted in 2026 could be debated. But that mere disagreement regarding the body that should continue hearing the case is not sufficient, in this summary proceeding, to consider a direct constitutional harm as proven, especially when other authorities with concurrent powers —the Ministry of Health and the Municipality— had indeed adopted concrete and current measures in response to the denounced facts.
In other words, even if the Tribunal's actions might give rise to debate from the perspective of administrative law or the optimal distribution of competencies, it does not appear demonstrated that said action left the petitioner in a state of absolute constitutional lack of protection or that it neutralized the effective protection deployed by other public authorities.
Therefore, it is also inappropriate to grant the appeal in relation to this authority.
X.- From all the evidence outlined, a central conclusion follows: the situation denounced by the appealing party was real or, at the very least, sufficiently plausible to justify public intervention, but that intervention, far from having been omitted, effectively took place on the part of the respondent authorities. The Public Force attended to the report and verified the situation within its legal and material possibilities; the Ministry of Health received the complaint, inspected, coordinated with other authorities, verified irregularities, issued a sanitary order, closed an industrial activity without a permit, ordered follow-up, and promoted monitoring and related complaints; the Municipality inspected, initiated proceedings, ordered the closure and suspension of unlicensed activities, conducted new visits, issued warnings, and coordinated actions with a plurality of institutions; and the Environmental Administrative Tribunal maintained prolonged administrative proceedings, with inspections, requirements, and reports, until concluding, in the most recent phase, with a decision to refer the matter competentially to SETENA. From a legal-constitutional perspective, that set of actions does not reflect the existence of an indifferent, passive, or remiss administrative apparatus, but rather a state response deployed at different intensities and from different jurisdictional spheres.
It is true that the mere adoption of administrative measures does not always preclude the granting of amparo, as it could be that such measures were purely superficial or manifestly insufficient; however, that is not the scenario verified here. The documented actions possess sufficient material and legal substance to demonstrate that the authorities did indeed exercise specific powers of control, oversight, closure, prevention, follow-up, and coordination. Hence, it is not possible to affirm that the appealing party was left deprived of constitutional protection due to a state omission. The environmental concern underlying the case remains relevant and demands continuity in administrative vigilance; but it is one thing to recognize that the material conflict has not completely dissipated or that its handling demands permanent follow-up, and quite another to conclude that the authorities have so failed in their duties that the amparo must be granted.
This Chamber considers that what is proven in the record leads to the first of these hypotheses, not the second. Consequently, as no illegitimate, arbitrary, or manifestly insufficient omission by the respondent authorities in the exercise of their powers is demonstrated, nor any current harm to the fundamental right of the appealing party to a healthy and ecologically balanced environment directly attributable to the conduct of said authorities, the appropriate action is to dismiss the appeal.
XI.- Finally, without prejudice to the permanent duty that subsists for all the respondent authorities, they must continue, within their powers, with the follow-up, oversight, and adoption of necessary measures in the face of any new evidence of illegal burns, clandestine dumps, unauthorized activities, or risks to public health and the environment.
XII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING SWIFT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that, when a party alleges a violation of the right to swift and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
XIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if intervention by the Public Administration has already occurred, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the appealing party accuses the respondent institutions of not having adopted immediate and effective measures to stop the alleged illegal burning of waste on the property adjacent to their home, investigate the apparent clandestine industrial activity being carried out there, and exercise the powers of control, surveillance, sanction, and environmental and sanitary protection that correspond to them, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
XIV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any documents were provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is dismissed. The respondent authorities shall take note of what is indicated in Considerando XI of this judgment. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify. - Fernando Castillo V.
President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- FILE N° 26-006270-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church).
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-07-2026 14:26:36.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2026014371 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 26-006270- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, la MUNICIPALIDAD DE BARVA DE HEREDIA y el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
Resultando:
1.- Por escrito agregado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala el 22 de febrero de 2026, el recurrente interpone recurso de amparo en contra el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, la MUNICIPALIDAD DE BARVA DE HEREDIA y el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. Manifiesta que desde que reside en la zona (28 de noviembre de 2025) en la finca colindante a su vivienda, conocida como “Finca [Nombre 003]”, se realizan quemas ilegales de residuos de forma diaria. Indica que estas generan nubes de humo tóxico que ingresan directamente a su hogar lo cual aparte del daño físico, le han acarreado gran daño mental debido a recurrentes crisis de ansiedad y nerviosas. Manifiesta que en dicho inmueble se observa el funcionamiento de una posible fábrica clandestina de láminas de micro-cemento (tipo Fibrolit). Narra que ha evidenciado que los responsables utilizan la quema como método de eliminación de los residuos industriales de dicha actividad, la cual, presuntamente carece de los permisos municipales y del Ministerio de Salud (Viabilidad Ambiental y Permiso Sanitario de Funcionamiento) para operar en una zona residencial. Agrega que presentó denuncia formal ante el Ministerio de Salud bajo el número de expediente 08-DB-2026, el 13 de enero del 2026, sin embargo, a la fecha, la institución no ha dictado ninguna medida cautelar ni orden sanitaria que detenga de inmediato la quema, permitiendo que el daño a su salud continúe diariamente. Indica que el 22 de febrero de 2026, ante una quema activa, solicitó auxilio a la Fuerza Pública (Reporte de incidente al 911 #01349), siendo que los oficiales se presentaron al sitio, pero, manifestaron no poder actuar ni detener la quema por tratarse de propiedad privada, dejando la situación en total impunidad a pesar de ser un delito ambiental flagrante. Manifiesta que La Municipalidad de Barva de Heredia, ha sido informada de la situación y, a pesar de sus competencias en gestión de residuos (Ley 8839), no ha ejercido acciones de vigilancia ni sanción. Narra que la municipalidad tiene amplio conocimiento de los problemas ambientales/sanitarios que se llevan a cabo en dicha finca, pues, tiene entendido que empezó un proceso con el TAA-Tribunal Administrativo Ambiental desde el 2010, pero, no pudo tener acceso al número de expediente. Agrega que el TAA- Tribunal Administrativo Ambiental debería ser parte de los recurridos, pues, no ha resuelto nada sobre el particular. Indica que el 22 de febrero de 2026 envió un correo electrónico a las direcciones de la Alcaldía Municipal ([email protected]), al jefe de patentes ([email protected]) de la municipalidad pidiendo información, pero, solamente recibió una respuesta del síndico del distrito en cuestión y una nota remisoria de la secretaria del consejo. Manifiesta que al ser las 13:25 horas de 24 de febrero de 2026, no ha recibido otra respuesta.
2.- Por resolución de presidencia de las 16:33 horas del 02 de marzo de 2026, se le dio curso al presente amparo.
3.- Informa bajo juramento JOSÉ ARNULFO ARIAS LORIA, en su condición de jefe de Delegación Policial de Barva, Heredia del MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, quien aduce lo siguiente: “… PRIMERO: El día 22 de febrero del 2026, al ser las 10:22 ingresan los Oficiales de Fuerza Pública Jeanfrak Jiménez Pérez cédula [Valor 002] y la oficial Dayan Oporta Grijalba cédula [Valor 003], en la móvil 2329, se presentan a la finca [Nombre 003] siendo una propiedad privada, y observan una quema a lo lejos no se ingresa hasta donde está la quema ya que no hay acceso hasta el incidente, en el lugar nadie los atiende y además se observa que no hay comprometido vidas humanas ni viviendas, por lo que se retiran del lugar. SEGUNDO: Que efectivamente se atendió la situación reportada por el recurrente, pese a que las quemas o incendios deben ser atendidos por Bomberos y no por la Fuerza Pública. Procediéndose hasta donde era posible, por tratarse de una propiedad privada, con acceso limitado y que la quema se observa a lo lejos.” 4.- Informa bajo juramento María Antonieta Acuña Hernández, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva del Ministerio de Salud, quien acota lo siguiente: “… 1. El día 13 de enero del 2026, se recibió en el Área Rectora de Salud San Rafael-Barva denuncia interpuesta por el señor [Nombre 001] contra finca desconocida ubicada en Santa Lucía de Barva. Indicó el denunciante que interpuso de denuncia en SITADA y que en la propiedad realizan quemas de aparentemente basura, a la cual se le asignó el número de expediente 08 DB 2026; adicionalmente, se registró el ingreso del oficio CA-394-2026-DENUNCIAWEB-3358 parte de la Contraloría Ambiental, que se registró con expediente 20 DB 2026, la cual se adjuntó al expediente existente. De acuerdo con la disponibilidad de recurso humano, se agendó la inspección para el día 16 de marzo de 2026 de acuerdo con cita de programación, lo cual le fue notificado al señor [Nombre 001]. 2. El día 5 de marzo del 2026 ingresó emplazamiento del recurso de amparo, se procedió a modificar la agenda, se coordinó con funcionarios de ingeniería y patentes de la Municipalidad de Barva, visita al sitio denunciado (acta de inspección CARTA-MS-DRRSCN-DARSSRB-982-2026. En el sitio, según señaló la autoridad sanitaria no se especifica el sitio exacto en que se realizan las quemas, por lo que en primera instancia se realizó visita al lugar conocido como finca [Nombre 003], no obstante, a pesar de que se observó el portón abierto no se ingresó por ser propiedad privada y no contar con autorización de los dueños. Sin embargo, desde la vía pública no se observó la presencia de humo en la propiedad. 3. Posteriormente los funcionarios de la municipalidad coordinaron el ingreso a la finca N° 247459 propiedad de la sociedad anónima [Valor 004], cuyo representante es el Sr. [Nombre 002]. La finca señalada se ubica contiguo a la finca [Nombre 003], durante la inspección estuvo presente el Sr. [Nombre 002]. Se observó que en la finca se desarrollaba una actividad comercial que consiste en la fabricación de láminas de fibrocemento, para lo cual no contaban con los permisos correspondientes (carecen de uso de suelo, permisos constructivos, permiso sanitario de funcionamiento y patente). 4. En cuanto a las quemas, se le explicó al Sr. Rugama que existen denuncias por la realización de quemas en el lugar, e indicó que ocasionalmente en la finca se llevan a cabo quemas de basura en estañones, sin embargo, no de la magnitud de las que realizan en finca [Nombre 003]. Se le explicó que es ilegal quemar basura de cualquier tipo y que tampoco puede desarrollar la actividad de fabricación de láminas de fibrocemento, sin contar con permiso sanitario de funcionamiento, por lo que, se procedió con orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-994-2026 a comunicar al señor [Nombre 002] (representante legal de la actividad): 1. Se debe suspender de forma inmediata la realización de quemas de residuos sólidos en la propiedad, ya que esta es una práctica ilegal, prohibida según lo establece el artículo 62 de la Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos. Adicionalmente con acta MS-DRRSCN-DARSSRB-997-2026 se procedió a la clausura de la Fábrica de láminas de Fibrocemento propiedad del señor [Nombre 002], ya que no cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento, la cual fue notificada el 6 de marzo del 2026. De las acciones ejecutadas se le notifican al señor [Nombre 001] mediante correo electrónico el 6 de marzo del 2026; el caso se encuentra abierto y en seguimiento. En el presente caso se realizaron todas las gestiones correspondientes al Área Rectora de Salud de San Rafael Barva para atender el caso del recurrente en tiempo y forma; y a pesar de que se tenía programada la inspección y se le informó al recurrente. Sin embargo, en atención al emplazamiento de la honorable Sala Constitucional, se atendió el caso, tomando en consideración las evidencias existentes en expedientes y acciones previas a la interposición del recurso de amparo; actualmente el Área Rectora de Salud mantiene el caso abierto hasta atender por completo los aspectos denunciados e informar de dichas acciones resultantes a ambas partes, tanto a la recurrente como a la representante legal del inmueble ante la orden sanitaria y la clausura vigente.”.
5.- Informan bajo juramento MÓNICA HERNÁNDEZ SEGURA y JORGE ANTONIO ACUÑA PRADO, por su orden presidenta del Concejo y alcalde, ambos de la MUNICIPALIDAD DE BARVA, quienes manifiestan lo siguiente: “… Sobre el tema denunciado: “quemas ilegales de forma diaria”: Esta Municipalidad no solo ha recibido varios denuncias en ese sentido sino que todas las ha atendido dentro de nuestras competencias, no tenemos noticias que las quemas sean de forma diario, sin embargo ese hecho no les resta importancia, como adelante explicaremos y demostraremos las visitas de inspección y las notificaciones realizadas por ellos departamentos de Patentes e Ingeniería han dado como resultado inmediato que desde la presentación del presente recurso no se han vuelto a producir quemas, condiremos que eliminado las actividades ilegales, fábrica o taller, se resolverá el problema de las quemas y con dicho fin hemos venido trabajando, Sobre el tema denunciado: “funcionamiento de una posible fábrica de láminas de microcemento (tipo fibrolit). Mediante OFICIO MB-AMB-0163-2026 la Arq. Kattia Ramírez deja claro que si existen dos edificaciones que funcionan como taller mismas que fueron construida sin los debidos permisos o licencias municipales de construcción por lo que de inmediato inició el proceso establecido en la Ley de Construcciones art. 89 siguientes y concordantes, se le otorgó el tiempo establecido para ponerse a derecho dio inicio el día de hoy 05 de marzo del 2026. Cabe destacar que a la fecha no ha presentado gestiones para legalizar la situación de las construcciones lo que no va a obligar a continuar con los trámites y procedimientos para el cumplimiento de la ley hasta las últimas consecuencias. PERMISOS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO (PATENTE) Por su parte en cuanto a lo que le corresponde la Lida Yorleny Díaz Zárate encargada del Departamento de Patentes mediante Oficio Nº MB-PAT-0030-2025 establece que desde presentación de la denuncia hasta su tramitación se encontraba dentro del plazo legal para dar respuesta: “En consecuencia, la solicitud no había sido contestada al momento de la presentación del recurso, por encontrarse en trámite y dentro del plazo legal establecido para su atención.” En cuanto a lo actuado por el departamento de Patentes en el mencionado oficio se establece: “En fecha 05 de marzo de 2026, a las 10:15 horas, se realizó una inspección en la propiedad ubicada en Santa Lucía de Barva, 150 metros al oeste de la plaza de deportes, registrada con la finca Folio Real N° 40027459-000, a nombre de la sociedad 3101693937. Dicha diligencia fue efectuada por los inspectores municipales Uriel Castillo, Maxwell Arce y Allan Segura, en compañía de la funcionaria del Ministerio de Salud, Área Rectora San Rafael–Barva, señora Marianela Ruiz. Durante la visita se levantó la Acta de Inspección Ocular N° 0004455, en la cual se consignan los hechos observados en el lugar. Asimismo, de dicha diligencia se elaboró el Informe de Inspección N° U-INSP-26-0041, en el cual se detallan las condiciones observadas en el sitio y las actuaciones realizadas por los funcionarios municipales.” En virtud de lo constatado durante la inspección, se procedió a levantar el Acta de Notificación N°1943, dirigida al señor Lisandro Aragón Mejías, por carecer de licencia municipal para el ejercicio de la actividad observada. En el mismo sentido la persona que estaría ejerciendo ilegalmente una actividad comercial fue debidamente notificado ya que al no tener licencia municipal tampoco cumple con el requisito de permiso sanitario de funcionamiento, se le confeccionaros tanto el acta de notificación como la ORDEN DE CLAUSURA (ver folio 02 del expediente de Patentes). De tal forma que le fue entregó orden de cierre y suspensión de su actividad comercial sin licencia, no se impusieron sellos físicos ya que la estructura no lo permite. En el caso de las quemas conforme se determinó por la inspección municipal que en una finca vecina se producían quemas también se procedió a notificar al propietario Leandro Aragón Mejías (Acta de notificación N°1943. Estas actuaciones dentro de los plazos de ley manifiestan que la Municipalidad ha actuado de forma oportuna y manifestamos nuestro deber de continuar para evitar acciones futuras que produzcan detrimentos a la salud de los vecinos. Indica el recurrente que fue el día 22 de febrero fecha en que presentó el reclamo a la Municipalidad vía correo electrónico, manifiesta que el día 24 de febrero no había recibido respuesta, es decir, apenas dos días después de presentar la denuncia. Dentro del marco de coordinación y colaboración con el Ministerio de Salud la funcionaria del Ministerio de Salud también procedió a notificar un acta de apercibimiento en la que se advierte que se debe de abstener de cualquier tipo de quema o actividad relacionada. Sirva este detalle para remarcar que desde que se interpuso la denuncia en el TAA Municipalidad y Ministerio de Salud hemos trabajado en conjunto. Por nuestra parte queremos aclarar a esta Honorable Sala que el problema que enfrentamos va más allá de las quemas denunciadas por el recurrente, que obviamente no dejan de ser importantes y que requieren la atención debida, el problema para la comunidad es mucho más serio, se trata de una finca conocida como “finca de los [Nombre 003]”, terreno en el que se han venido produciendo actividades que no solo riñen con la legalidad sino que ponen en serio peligro a la comunidad, por ejemplo, movimiento de tierra, rellenos ilegales sin ningún respaldo técnico ni científico, construcciones ilegales, explotación de piedra sin permiso del MINAE, posibles daños a los mantos acuíferos por el depósito de residuos sólidos (basura y escombro) sin ningún tipo de tratamiento, todas estas acciones son una afrenta al derecho a un ambiente sano y equilibrado, al derecho a la salud, incluso al derecho a tener una vialidad segura ya que esas acciones provocan la presencia continua de vehículos de gran tonelaje no aptos para las dimensiones de la ruta cantonal, la Municipalidad es consciente de todos estos peligros para la comunidad, en este sentido siempre hemos estado al tanto de la situación , prueba de ello es la denuncia que interpusimos ante el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) en OFICIO MB-AMB-0163-2026 se detalla pormenorizadamente todas las acciones que esta Municipalidad ha llevado a cabo, aclarando siempre que todas acción que hicimos son para las que esta Municipalidad está facultado, quisiéramos haber ejecutado otras acciones pero excedían dichas competencias. El dicho documento se demuestran todas las coordinaciones que hemos encaminado las autoridades competentes como Ministerio de Salud, Setena, Minae, Dirección de Geología y Minas, Área de conservación cordillera volcánica central y el propio Tribunal Ambiental. Hemos realizado inspección, notificaciones, reuniones de trabajo, hemos solicitado la interposición de medidas cautelares para detener las acciones que evidencian un daño y perjuicio a la comunidad. La denuncia ante el TAA se presentó desde el año 2014 y más de diez años después no se ha emitido ninguna orden o medida cautelar en favor del derecho a un ambiente sano y equilibrado y el consecuente derecho a la salud, consideramos que el Tribunal Ambiental no ha considerado ni el principio precautorio en materia ambiental ni el peligro para la salud de la comunidad, más de diez años sin ningún pronunciamiento que de fin a esta conflictiva situación. Desde ya solicitamos a esta honorable Sala ordenar al TAA, al Ministerio de Salud y al MINAE tomar INMEDIATAMENTE las medidas necesarias para terminar con la situación y evitar mayores daños a la comunidad de Santa Lucía. Igualmente solicitamos al TAA y demás instituciones realizar las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la Fiscalía Penal Ambiental ya que todas las acciones ilegales realizadas por ellos propietario y aquí descritas eventualmente podrían encajar en tipos penales delictivos. Nuestra Municipalidad dentro de sus competencias legales no puede hacer más de lo que ya hemos hecho, corresponde ahora a otras instituciones involucradas y con mayor ámbito de competencias accionar para que las actividades ilegales y perjudiciales para la comunidad cesen y ce entonces el daño que se está produciendo, conforme a la documentación aportada es claro que las labores de vigilancia y cumplimiento de la legalidad que ha llevado a cabo la Municipalidad han sido no solo oportunas sino constantes, responsables y enmarcadas dentro de lo que nos compete. Ha sido una labor. Sobre el peligro vial como consecuencia del tránsito de camiones pesados. En cuanto a la problemática de la gran cantidad de camiones pesados, especialmente vagonetas que transitan atravesando la zona residencial, iglesia, la escuela poniendo en peligro a los niños, la Municipalidad a solicitado colaboración al Concejo de Seguridad vial para determinar alguna limitación a la circulación de dichos vehículos por vías que evidentemente no está hechas para soportar el peso de estos vehículos que constantemente amenazan los peatones y a otros vehículos particulares. La ruta afectada y que la circulación de vagonetas provoca gran inseguridad peatonal recorre el distrito de sur a sureste y en ella se encuentran la escuela y kínder Domingo González, la parroquia de Santa Lucía, centros de educación privada, centros de rehabilitación, la plaza de deportes, instalaciones de la Universidad Nacional, la sede del colegio de Abogados y una extensa zona residencial, como podemos ver se trata de una vía que es frecuentada por muchos estudiantes, deportistas y ciudadanos comunes que ven sus vidas expuestas no solo por la enorme cantidad de vagonetas que transitan sin control y a toda velocidad durante el día y la noche sino por el daño ambiental que producen en la finca [Nombre 003]. La circulación de estas vagonetas se da precisamente como consecuencia de las actividades ilegales desarrolladas en la finca, trasportan tierra, piedra, basura y escombro, a la fecha no hemos recibido respuesta ni siquiera la presencia de inspectores de tránsito que vigilen el cumplimiento de la ley de tránsito. Se solicita se ponga en conocimiento de Ingeniería de Tránsito esta situación para que se tomen medidas paliativas mientras se resuelve definitivamente el problema vial en Calle El Pedregal y calle principal de Santa Lucía (Iglesia-Escuela) Aportamos los oficios mencionados así como el expediente administrativo para demostrar que la actuación municipal siempre ha sido oportuna y enmarcada dentro de las potestades que la ley nos brinda como gobierno local. Resumiendo, lo reclamado por el Recurrente diremos, en lo referido a las licencia municipales, patentes y permisos de construcción esta Administración ya inició los procesos para corregir las irregularidades de lo cual estaremos informando a esta Sala del desarrollo del proceso y nos comprometemos a continuar realizando inspecciones frecuentes para evitar que las actividades ilegales se sigan dando, de igual forma manifestamos nuestra posición de favorecer la colaboración interinstitucional para resolver el asunto reclamado.”.
5.- Informa bajo juramento ADRIANA BEJARANO ALFARO, en su condición de jueza presidente del TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, quien manifiesta lo siguiente: “… ANTECEDENTES: I. Que en fecha 12 de noviembre del año 2014, se recibe oficio No. UGMA-2014- 299-01, suscrito por la Licda. Carolina Morales Sánchez, en su condición de Gestora Ambiental de la Municipalidad de Barva, en el cual presenta formal denuncia de carácter ambiental, por la supuesta extracción de material y vertedero, en contra de Carlos [Nombre 003] Rojas. (Ver folios 01 al 07 del expediente administrativo). II. Que a la denuncia se asignó el expediente administrativo Nº 337-14-01-TAA. III. Que mediante Resolución No.607-15-TAA, de las ocho horas con veinte minutos del veinticinco de mayo del dos mil quince, este despacho acordó, en pro de la verificación de la verdad real de los hechos, solicitar una inspección in situ, a los funcionarios del SINAC, Municipalidad de Barba de Heredia y Ministerio de Salud (Ver folios 08-15 del expediente administrativo). IV. Que en fecha 26 de agosto del año 2015, ingresa vía fax, el oficio No. UGAM-2015-387-02, suscrito por la señora [Nombre 005], en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de Barva, en el que aporta los respectivos estudios registrales de los propietarios del terreno objeto de la denuncia. Ver folios 16 al 40 del expediente administrativo. V. Que mediante oficio No. ACCVC-OH-494, de fecha de 02 de setiembre del 2015, suscrito por el señor Freddy Valerio, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Heredia, en el cual indica los resultados de la visita realizada en el lugar objeto de la denuncia. Ver folio 41 al 42 del expediente administrativo. VI. Que en fecha 24 de setiembre del año 2015 ingresa vía fax, oficio No. 1198-AMB-2015, suscrito por señor Adrián Varela Montero, en su condición de alcalde a.i. de la Municipalidad de Barva, en el que hace referencia al oficio No. DCBIV-0222- 2015, signado por el Ing. Luis Fernando Rodríguez, en su condición de Jefe de Catastro de Bienes Inmuebles de dicha Municipalidad, en el que aclara que la propiedad en mención es muy extensa, razón por la cual no fue posible corroborar la existencia de un botadero a cielo abierto. Ver folios 43 al 50 del expediente administrativo. VII. Que en fecha 08 de marzo del 2016, ingresa oficio No. GAM-2016-091-01, suscrito por la Licda. Carolina Morales Sánchez del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Barva, en el cual se indica que el día 04 de marzo del 2016, se realizó una inspección al lugar de objeto de la denuncia, en el que se observó vagonetas ingresando a la propiedad con material, indica, además, que dicha Municipalidad sigue recibiendo muchas denuncias por este problema. Ver folios 51 al 67 del expediente administrativo. VIII. Que en fecha 04 de octubre del año 2016, ingresan los oficios No. MIING-591- 2016 y GAM-391-2016-01, suscrito, por la Ing. Carolina Morales Sánchez, y la Arq. Kattya Ramírez Freer, ambas funcionarias de la Municipalidad de Barva, en los que presentan ampliación de la denuncia en contra de los herederos del señor [Nombre 004]. Ver folios 68 al 82 del expediente administrativo. IX. Que a folios 83 al 86 del expediente, se encuentra nota suscrita por la Licda. Jeannette Cordero Gamboa, en su condición de sindica del Distrito de Santa Lucia de Barva de Heredia, en la cual solicita a este Despacho su pronunciamiento a la brevedad posible, con respecto a la denuncia incoada mediante el expediente No. 337-14-01-TAA. X. Que mediante resolución No. 095-17-TAA de las ocho horas con veinte minutos del día veintisiete de enero del año dos mil diecisiete. Este Despacho acordó Primero solicitar por segunda ocasión a la señora [Nombre 005], a quien ocupe su puesto, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Barva, identificar al dueño del inmueble, objeto de la denuncia, así mismo se acordó solicitar a la Dra. Ana Lorena Sánchez Hernández, en su condición de Directora Regional Central Norte de San Rafael-Barva de Heredia, que realice una inspección al sitio objeto de la denuncia, e indicar si se ha girado alguna orden sanitaria, a fin de evitar la recepción de residuos. Ver folios 87 al 95 del expediente administrativo. XI. Que en fecha 24 de febrero del año 2017 ingresa, vía fax, el oficio No. MB-AMB-00265-2017, suscrito por el Msc. Claudio Segura, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Barva, con el que traslada a la Gestora Ambiental la Resolución supra indicada a efectos de que se pronuncie al respecto. Ver folio 96 del expediente administrativo. XII. Que en fecha 03 de marzo del año 2017 ingresa vía fax, oficio No. MB-AMB-00- 2017, con el cual se le informa a este Despacho que ya se le dio traslado a la resolución supra indicada. Además, con ello se adjunta el oficio No. GAM-117- 2017, suscrito por la Licda. Carolina Morales Sánchez, en su condición de Gestora Ambiental de la Municipalidad de Barva, en el cual se procede a informar sobre lo realizado con respecto a lo denunciado y las acciones que se han llevado a cabo. Ver folios 97 al 99 del expediente administrativo. XIII. Que en fecha 03 de marzo del año 2017 ingresa, vía fax, oficio No. CN-ARS-SRB-403-2017, suscrito por la Dra. Ana Lorena Sánchez, en su condición de Directora de la Dirección del Área Rectora de Salud San Rafael Barva, en el cual se adjunta el informe completo de los antecedentes de dicha denuncia. Ver folios 100 al 111 del expediente administrativo. XIV. Que en fecha 01 de marzo del 2017 ingresa informe de inspección en el sitio objeto de la denuncia, realizada por los funcionarios de la Municipalidad de Barva. Ver folios 112 al 115 del expediente administrativo. XV. Que en fecha 05 de julio del 2017, se recibe nuevamente un escrito emitido por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Barva, con el que comunican que los hechos denunciados se continúan desarrollando. Ver folios 116 al 118 del expediente administrativo. XVI. Que en fecha 12 de octubre del 2017, ingresa oficio No. MB-ING-530.2017, en el cual solicitan a este Tribunal la implementación de medidas cautelares en contra de la finca de los herederos del señor [Nombre 004], ya que los hechos denunciados se continúan dando. Ver folio 119 del expediente administrativo. XVII. Que mediante Resolución No. 180-18-TAA, de las trece horas treinta minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, este Despacho acordó realizar una inspección en conjunto a efecto de verificar la verdad real de los presuntos hechos denunciados. Ver folios 122 al 135 del expediente administrativo. XVIII. Que en fecha 13 de abril del año 2018, ingresa oficio No. ACC-OH-311-2018, suscrito por los funcionarios por los funcionarios [Nombre 006], y [Nombre 007], en su condición de funcionario, en sus condiciones de funcionarios de la Oficina Subregional de Heredia, con el que brindan una serie de recomendaciones, para mitigar los posibles daños ambientales. Ver folio Ver folio 136 al 137 del expediente administrativo. XIX. Que en fecha 17 de abril del año 2018, ingresa vía fax, oficio No. CN-ARS-SRB-972-2017, suscrito por el señor Sergio Núñez Arce, en su condición de Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud San Rafael-Barva. Ver folios 138 al 143 del expediente administrativo. XX. Que mediante oficio No. MB-ING-166-2018, emitido por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Barva, en el que se aporta informe de daños reportados y ubicación georreferenciada del lugar de los presuntos hechos. Ver folios 143 al 163 del expediente administrativo. XXI. Que a folios 164 al 170 del expediente administrativo, consta el informe técnico No.TAA-DT-024-18, suscrito por funcionarios de este Despacho, en el cual se recomienda solicitar al Departamento de Catastro de la Municipalidad de Barva, que realice la identificación de los propietarios registrales, así como las infracciones que los mismos realizan al ambiente. XXII. Que en fecha 15 de mayo del año 2018, ingresa oficio No. DA-UHTPCOSJ-1181- 2018, suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, en su condición de coordinadora de UT-Tárcoles-Pacífico Central Dirección de Aguas, junto con el informe No. DA-UHTPCOSJ-1156-2018, suscrito por el Ing. Leonel Sanabria Méndez, en el que presenta el estudio de los cuerpos de agua ubicados en el sitio objeto de la denuncia. Ver folios 141 al 176 del expediente administrativo. XXIII. Que mediante oficio No. 327-18-TAA, suscrito por la funcionaria Gabriela Nájera, de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental Administrativo, realiza traslado del oficio No. CN-ARS-SRB-1348-2018, emitido por el Ministerio de salud, en el cual solicitan los resultados de georreferencia del sitio objeto de la denuncia, los cuales son requeridos para dar seguimiento y emitir notificaciones. Ver folios 177 al 179 del expediente administrativo. XXIV. Que mediante resolución No. 602-18-TAA, de las trece horas con treinta minutos del día veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, este despacho acordó solicitar a la Msc. Ileana Boschini López, en su condición de Directora de la Dirección de Geología y Minas, realizar una inspección en el sitio objeto de la denuncia, así como también, emitir los informes correspondientes a dicha diligencia. Ver folio 180 al 190 del expediente administrativo. XXV. Que en fecha 30 de julio del año 2018, ingresa oficio No. CN-ARS-SRB-32068- 2028, suscrito por la Dra. Ana Lorena Sánchez Hernández, en su condición de Directora del ARS de San Rafael de Barva de Heredia, con el que adjunta oficio No.CN-ARS-SR-B-2044-2018, suscrito por el Téc. Sergio Núñez Arce, en el que rinde una serie de recomendaciones con respecto al caso. Ver folio 191 al 195 del expediente administrativo. XXVI. Que a folios 196 al 206 del expediente administrativo, consta el oficio No. DGM-OD-285-2018, suscrito por la Msc. Ileana Boschini López, en su condición de Directora de la Dirección de Geología y Minas, con el que emite la Valoración del supuesto daño ambiental. XXVII. Que a folios 218 al 226 del expediente administrativo, consta el oficio No. MB-ING-147-2019, con fecha de 10 de abril del 2019, suscrito por la Ing. Carolina Morales Sánchez, en su condición de Jefe del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Barva, con el que solicita aclaración bajo que fundamentos técnicos y/o jurídicos se basó la SETENA, para otorgar viabilidad ambiental, existiendo una denuncia presentada en el 2014. XXVIII. Que en fecha 10 de abril del año 2019, ingresa oficio No.MB-ING-147-2019, suscrito por la Arq. Kattya Ramírez Freer, en su condición de jefe del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Barva, y del Departamento de Gestión Ambiental de dicho municipio, en el que informa que mediante Resolución No.248-2019-SETENA de fecha 09 horas con 05 minutos del 30 de enero del 2019, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, le otorga viabilidad ambiental para realizar obras (Nivelación, tipo relleno con tierra limpia), a nombre de la señora Dadiana María Chaves Lobos, portadora de la cédula de identidad No.4- 0168-0011. Ver folios 227 al 238 del expediente administrativo. XXIX. Que mediante resolución No. 2030-20-TAA, de las 11:30 horas, del día 06 de julio del año 2020, emitida por este Tribunal, en el que se indica, Por tanto: Se acuerda, por economía procesal y existir conexión entre los procesos seguidos bajo los expedientes No. 136-17-01-TAA Y No. 337-14-01-TAA, se procede a acumular el primer expediente, dentro del segundo, y proseguir únicamente en el expediente No. 337-14-01-TAA, el trámite del procedimiento ordinario administrativo. Ver folios 420 al 428 del expediente administrativo. XXX. Que mediante oficio No. MB-ING-338-2017, con fecha de 21 de junio del 2017, suscrito por la Arq. Kattya Ramírez Freer, en calidad de jefe del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Barva, y la Ing. Carolina Morales Sánchez, en su condición de jefe del Departamento de Gestión Ambiental, con el que solicitan que se realice una valoración en el inmueble donde se realizó el movimiento de tierra y la extracción de roca. Ver folios 433 al 447 del expediente administrativo. XXXI. Que a folios 469 y 460, consta el oficio No. MB-ING-456-2017, de fecha de 28 de agosto del 2017, con el que se da respuesta a la resolución No. 1113-17-TAA, emitida por este Tribunal. XXXII. Que en atención a la resolución No. 113-17-TAA, se recibe el oficio No. OH-995, con fecha de 05 de setiembre del 2017, signado por Freddy Valerio S, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Heredia. Ver folios 461 al 462 del expediente administrativo. XXXIII. Que mediante Resolución No. 1820-2020-SETENA, de fecha 28 de octubre del 2020, signado por la Msc. Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-SETENA, en el que se indica que, en sesión ordinaria No.078-2020 de la SETENA, realizada el 28 de octubre del 2020, en el artículo No. 04, acordó mantener la paralización de las obras, dictada mediante resolución No. 3317-2019-SETENA, con excepción de las medidas de mitigación ya aprobadas, a fin de evitar afectaciones e impactos negativos. Ver folios 466 al 477 del expediente administrativo. XXXIV. Que consta a folios 478 al 487 del expediente, escrito emitido por los vecinos de la comunidad de Santa Lucia de Barva de Heredia, con el que denuncian presuntos acontecimientos que se están presentando en su urbanización, entre ellos quema de charrales y bosque secundario. XXXV. Que mediante oficio No. MS-DRRSCN-DARSSRB-2661-2021, que hace referencia al oficio No. MS-DRRSCN-DARSSRB-8455-2020, en respuesta a la resolución No. 602-18-TAA. Ver folios 488 al 496 del expediente administrativo. XXXVI. Que mediante escrito recibido en fecha de 29 de abril del 2021, suscrito por el señor Luis Alberto Muñoz Arce, portador de la cédula de identidad No. 400990551, en el cual solicita que se tenga como parte “Coadyuvante Activo” en el expediente de marras. Ver folio 497 del expediente administrativo. XXXVII. Que mediante oficio No. MB-ING-369-2021, con fecha de 22 de junio del 2021, signado por la Ing. Carolina morales Sánchez y la Arq. Kattya Ramírez Freer, en su condición de funcionarias de la Municipalidad de Barva, en el que solicitan la pronta intervención de este Tribunal, para dar solución a los hechos que fundamentan la presente denuncia. Ver folio 500 del expediente administrativo. XXXVIII. Que mediante oficio No. MB-ING-579-2021, con fecha de 13 de octubre del 2021, signado por la Ing. Carolina morales Sánchez y la Arq. Kattya Ramírez Freer, en su condición de funcionarias de la Municipalidad de Barva, en el que reiteran la solicitud de intervención de este Tribunal, a fin de dar solución a los hechos denunciados. Ver folios 503 al 506 del expediente administrativo. XXXIX. Que a folios 510 al 533 del expediente, consta oficio No. MB-ING-024-2022, de fecha 21 de enero del 2022, signado por la Arq. Kattya Ramírez Freer, en su condición de Jefe del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Barva, con el que remite una actualización de lo actuado en el sector conocido como “Finca [Nombre 003]”. XL. Que mediante oficio No. MB-AMB-0794-2022, de fecha 30 de junio de 2022, signado por el Lic. Jorge Acuña Prado, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Barva, con el que se refiere a la denuncia SITADA -33897, y hace traslado del informe No. MB-ING-198-2022, suscrito por la Licda. Carolina Morales Sánchez, en calidad de Gestora Ambiental y la Arq. Kattya Ramírez Freer, en calidad de ingeniera, ambas funcionarias de dicho municipio. Ver folios 534 al 547 del expediente administrativo. XLI. Que a folios 548 al 578 del expediente, consta oficio No. MB-ING-196-2023 de fecha 23 de mayo del 2023 y, MB-ING-103-2024 de fecha 22 de abril del 2024, suscrito por la Licda. Carolina Morales Sánchez, en calidad de Gestora Ambiental y la Arq. Kattya Ramírez Freer, en calidad de ingeniera, ambas funcionarias de la Municipalidad de Barva, con el que remite una actualización de lo actuado en el sector conocido como “Finca [Nombre 003]”. XLII. Que a folios 581 a 587 consta la resolución N⁰ 0836-2024-SETENA de las once horas cincuenta minutos del ocho de mayo del dos mil veinticuatro, mediante la cual la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-SETENA, respecto al Proyecto: Relleno (Nivelación de terreno con tierra limpia), expediente D1-22740-2018-SETENA, resolvió en lo que interesa lo siguiente: “PRIMERO: Mantener paralización ordenada la N° 3317-2019 SETENA, de 04 de noviembre de 2019 y reiterada en la Resolución N' 1820-2020 del 28 de octubre de 2020 y Resolución N° 1 110-2022 SETENA del 30 de junio del 2022…” XLIII. Que a folios 589 a 597 consta la resolución N⁰ 0271-2025-SETENA de las diez horas veintiocho minutos del veintiséis de febrero del dos mil veinticinco, mediante la cual la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-SETENA, respecto al Proyecto: Relleno (Nivelación de terreno con tierra limpia), expediente D1-22740-2018-SETENA, resolvió en lo que interesa lo siguiente: “PRIMERO: Es mantener la paralización del proyecto ordenada en la Resolución N" 3317- 2019 SETENA, de 04 de noviembre de 2019 y reiterada en la Resolución N° 1820-2020 del 28 de octubre de 2020 y Resolución N° 1110-2022 SETENA del 30 de junio del 2022…” SOBRE LO ALEGADO POR EL RECURRENTE EN EL RECURSO DE AMPARO: Conforme a los hechos alegados por el recurrente y descritos en la resolución de las dieciséis horas treinta y tres minutos del día dos de marzo de dos mil veintiséis, lo que corresponde únicamente a este Tribunal es cuando se indica lo siguiente: “… Narra que la municipalidad tiene amplio conocimiento de los problemas ambientales/sanitarios que se llevan a cabo en dicha finca, pues, tiene entendido que empezó un proceso con el TAA-Tribunal Administrativo Ambiental desde el 2010, pero, no pudo tener acceso al número de expediente. Agrega que el TAA- Tribunal Administrativo Ambiental debería ser parte de los recurridos, pues, no ha resuelto nada sobre el particular…” Si bien es cierto, de lo descrito anteriormente, no se desprende claramente la participación de este Tribunal, pues con los datos brindados no es posible determinar a cuál número de expediente se refiere, esta dependencia realizó un estudio con los hechos descritos en general, lográndose determinar que el expediente relacionado a hechos denunciados, es el expediente Nº 337-14-01-TAA. En ese sentido, sobre las actuaciones de este Tribunal respecto al expediente Nº 337-14- 01-TAA, las mismas se encuentran descritas una a una en los hechos señalados como Antecedentes del presente informe de respuesta. En dichos antecedentes, consta que desde el recibido de la denuncia, y como parte de la investigación preliminar, se solicitaron todos los informes necesarios para determinar la verdad real de los hechos a las entidades competentes, así como se realizaron las inspecciones de campo necesarias. No obstante, conforme a los artículos 111 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 10 bis del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo N° 34136 del 05 de febrero del 2008, en el caso concreto del expediente Nº 337-14-01-TAA, se determinó que este Tribunal no es un órgano revisor de Actos Administrativos que emitan otras autoridades de la Administración Pública, ni tampoco posee competencias que le son propias como por ejemplo a la SETENA, pues estaría incurriendo en un conflicto de competencia cuando ya de por sí se encuentran claramente definidas las competencias para cada Institución de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente. La labor de esta dependencia es conocer en vía administrativa las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; la naturaleza jurídica del mismo viene desarrollada en la Ley Orgánica del Ambiente, y se le aplican los principios básicos de un Tribunal Administrativo, es decir averiguar la verdad real de los hechos mediante la aplicación del procedimiento ordinario administrativo establecido en la Ley General de la Administración Pública. En razón de lo anterior, luego del debido análisis de los hechos, este Tribunal en resolución Nº 200-2026-TAA de las trece horas del día tres de marzo del año dos mil veintiséis, resolvió lo siguiente: “UNICO. De acuerdo a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución; Este Tribunal se declara incompetente para referirse a los hechos de la denuncia y consecuentemente resuelve remitir la denuncia a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para el respectivo Trámite; No se entra a conocer la denuncia presentada en fecha de 12 de noviembre del año 2014, mediante oficio No. UGMA-2014- 299-01, suscrito por la Licda. Carolina Morales Sánchez, en su condición de Gestora Ambiental de la Municipalidad de Barva de Heredia, mediante el cual presenta formal denuncia de carácter ambiental, por la supuesta extracción de material y vertedero, en contra de los herederos [Nombre 003], sector conocido como finca Los [Nombre 003]…” Dicha resolución fue debidamente notificada a las partes, el día 10 de marzo del 2026, tal y como consta a folios 601 al 621 del expediente administrativo.”.
6.- Por constancia del 12 de marzo de 2026, la secretaría a.i. y el técnico encargado del expediente, ambos de la Sala hicieron constar que: “… no apareció que del 06 de marzo de 2026 al 10 de marzo de 2026, los recurridos, JEFE DE INSPECTORES y el JEFE DE PATENTES, ambos de la Municipalidad de Barva; hayan presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 16:33 horas del 02 de marzo de 2026 ...”.
7.- Mediante resolución de las 09:24 horas del 18 de marzo de 2026, se procedió a ampliar las partes de este proceso.
8.- Por escrito agregado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales de esta Sala el 20 de marzo de 2026, el recurrente señala lo siguiente: “… 1. Inoperancia ante la Prueba Audiovisual: El Ministerio de Salud, mediante oficio enviado a mi persona el día de hoy, manifiesta que los videos remitidos como evidencia de la actividad ilegal “únicamente un juez de la república podría considerar como pruebas”, desestimando su valor como indicio administrativo para motivar intervenciones eficaces. Esta postura traslada al ciudadano una carga probatoria imposible, mientras la institución se abstiene de ejercer su potestad de policía sanitaria. 2. Inspecciones Ineficaces: La autoridad recurrida confiesa que “han realizado visitas al sitio sin lograr evidenciar el incumplimiento”. Es evidente que las inspecciones se realizan en horarios administrativos previstos, permitiendo al infractor ocultar la actividad (quemas y fabricación) durante las visitas, mientras que el daño a mi salud ocurre de forma flagrante en horarios nocturnos y de fin de semana, tal como consta en los reportes policiales. 3. Descoordinación Institucional Crítica: Respecto al Incidente 9-1-1 #0863 del sábado 14 de marzo (donde la Fuerza Pública constató la quema y operación de maquinaria), el Ministerio de Salud afirma que “no cuentan con acta de parte de ellos [Fuerza Pública]”. 4. Contradicción con el Sistema de Emergencias: Adjunto certificación del 9-1-1 que desmiente la inacción alegada, donde consta textualmente el 17 de Marzo: "SE REMITE A LA DARS PARA CONOCIMIENTO Y SE TOMEN LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN". Es inaceptable que el Ministerio de Salud pretenda ignorar un reporte oficial del Estado alegando falta de comunicación interna, dejando al recurrente en total estado de indefensión.” 9.- Informa bajo juramento MARÍA ANTONIETA ACUÑA HERNÁNDEZ, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva del MINISTERIO DE SALUD, quien señala lo siguiente: “… Consta en el archivo del expediente que se procedió a realizar inspección al sitio denunciando según acta de inspección CARTA-MS-DARRSCN-DARSSSRB-982-2026 el 5 de marzo del 2026 y se emitió informe técnico CARTA-MS-DARRSCN-DARSSSRB-983-2026 con fecha 6 de marzo del 2026. Se indicó en dicho informe los siguientes hallazgos: • El día 05 de marzo del 2026 se realiza visita al sitio, en compañía de funcionarios de la Municipalidad de Barva tanto del departamento de Ingeniería como de patentes. • Debido a que en la denuncia no se especifica cual es la finca donde se llevan a cabo las quemas, en primera instancia se visita la finca conocida como [Nombre 003], no obstante, a pesar de que se observa el portón abierto no se ingresa por ser propiedad privada y no tener autorización de los dueños. Desde vía pública no se observa presencia de humo saliendo la propiedad. • Posteriormente los funcionarios de la municipalidad coordinan el ingreso a la finca N° 247459 propiedad de la sociedad anónima [Valor 004], cuyo representante es el Sr. [Nombre 002]. • La finca se ubica contiguo a la finca [Nombre 003], durante la inspección estuvo presente el Sr. [Nombre 002]. Se observa que en la finca se desarrolla una actividad comercial que consiste en la fabricación de láminas de fibrocemento, para lo cual no cuentan con los permisos correspondientes (carecen de uso de suelo, permisos constructivos, permiso sanitario de funcionamiento y patente). • En cuanto a las quemas se le explica al Sr. Rugama que existen denuncias por la realización de quemas en el lugar, a lo cual indica que ocasionalmente en la finca se llevan a cabo quemas de basura en estañones, sin embargo, no de la magnitud de las que realizan en finca [Nombre 003]. Se le explica que es ilegal quemar basura de cualquier tipo y que tampoco puede desarrollar la actividad de fabricación de láminas de fibrocemento sin contar con permiso sanitario de funcionamiento, por lo que se le notificaran los actos administrativos que corresponden. Por lo que se procedió a emitir la Orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSSRB-994-2026 contra el señor [Nombre 002] la cual fue notificada el 6 de marzo del 2026 e indicando lo siguiente: 1. Se debe suspender de forma inmediata la realización de quemas de residuos sólidos en la propiedad, ya que esta es una práctica ilegal, prohibida según lo establece el artículo 62 de la Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos. Adicionalmente, se realizó la clausura MS-DRRSCN-DARSSRB-997-2026 a la Fábrica de láminas de Fibrocemento propiedad del señor [Nombre 002], ya que no cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento, la cual fue notificada el 6 de marzo del 2026. De las acciones ejecutadas se le notifican al señor [Nombre 001] mediante correo electrónico el 6 de marzo del 2026; el caso se encuentra abierto y en seguimiento. Además, se emitieron los oficios CARTA-MS-DRRSCN-DARSSRB-512-2026 y CARTA-MS-DRRSCNDARSSRB-510-2026 ambos del 06 de marzo de 2026, dirigidos a la a Fuerza Pública y a la Alcaldía de la Municipalidad de Barva (Policía Municipal); para que realicen las acciones correspondientes al monitoreo en la Finca [Nombre 003] y alrededores respecto al botadero clandestino, quemas ilegales y actos de vandalismo; esto en pro de la salud y la seguridad de la población. En atención a lo referido, no se han recibido informes que señalen el incumplimiento a los actos administrativos emitidos. Situación actual: Se realizó visita de seguimiento el día 19 de marzo del 2026, según acta de inspección N° CARTA-MS-DRRSCN-DARSSRB-1299-2026 y se emite el informe técnico CARTA-MS-DRRSCN-DARSSRB-1303-2026 con fecha del 20 de marzo del 2026 en donde se indica lo siguiente: - Se hace un recorrido por los alrededores de la finca N° 247459, con el fin de observar indicios de la realización de quemas dentro de la propiedad; sin embargo, no se detecta presencia de humo ni se perciben olores. - Se ingresó hasta el portón de entrada a la finca N° 247459, debido a que no se tenía autorización del dueño. Desde este punto se trata de observar si se están llevando a cabo quemas en la finca o si está funcionando la actividad ilegal de fabricación de láminas de fibrocemento, sin embargo, se tiene poca visualización del lugar donde fabrican las láminas, por lo que no es posible comprobar si se hizo omisión de los actos administrativos. - Si es importante aclarar que en el sector recorrido no se escucha ruido, ni se observan personas trabajando, tampoco se percibe olor a humos ni se observa presencia de este. - Se solicitó en la delegación de la fuerza pública ubicada en Santa Lucía, información sobre un reporte realizado el día 14 de marzo 2026, en relación con quemas en la finca RUGAMA, sin embargo, el agente de policía el Sr. Martín González, indicó que de ese día no tienen reportes en el libro de actas y tampoco un acta ocular que haga constar la visita al sitio por parte de la policía. Así mismo, se le preguntó si existen reportes por esta situación el día de hoy e indica que hasta ese momento no tenía reportes de quemas en el distrito. Y se concluyó, que al no comprobar al momento de la inspección que se estén realizando quemas de basura en la finca RUGAMA (Finca N° 247459) o alrededores, no es posible establecer el incumplimiento a los actos administrativos notificados por este Ministerio. En cuanto al incumplimiento de la clausura de la actividad de fabricación de láminas de fibrocemento, como no se pudo ingresar a la finca, tampoco se logra evidenciar la violación del acta de clausura N° MS-DRRSCN-DARSSRB-997-2026. El caso continúa abierto y en seguimiento. Ahora bien, lo que respecta a la Finca [Nombre 003] ubicada en Santa Lucía de Barva, consta en el expediente del caso que desde el 2014 se remitió ante el Tribunal Ambiental Administrativo denuncian por las actividades que se llevan a cabo en dicha propiedad y se encuentran en el expediente N°337-14-01-TAA, pero dicho tribunal emitió recientemente la resolución N° 200-2026 TAA de las trece horas del tres de marzo del dos mil veintiséis en donde resuelven: “De acuerdo a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución; Este Tribunal se declara incompetente para referirse a los hechos de la denuncia y consecuentemente resuelve remitir la denuncia a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para el respectivo Trámite; No se entra a conocer la denuncia presentada en fecha de 12 de noviembre del año 2014, mediante oficio No. UGMA-2014-299-01, suscrito por la Licda. Carolina Morales Sánchez, en su condición de Gestora Ambiental de la Municipalidad de Barva de Heredia, mediante el cual presenta formal denuncia de carácter ambiental, por la supuesta extracción de material y vertedero, en contra de los herederos [Nombre 003], sector conocido como finca Los [Nombre 003]”; en dicho expediente se incorporaron documentos tanto del municipio como del Ministerio de Salud, y ante lo señalado por el tribunal se procedió a interponer Recurso de Revocatoria a dicha resolución mediante el oficio N° AJMB-002202-2026, el cual se remitió el viernes 13 de marzo del 2026; adicionalmente, se interpuso denuncia ambiental ante la Fiscalía de Heredia contra los herederos de [Nombre 004], mediante oficio el N° MB-ING-052-2026 de manera concomitante entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Barva; por lo tanto, el caso correspondiente a la Finca [Nombre 003] también se encuentra abierto y en seguimiento. Asimismo, se ha mantenido una comunicación constante con el recurrente mediante correo electrónico y respondiendo sus consultas. III. SOBRE EL FONDO: En el presente caso se realizaron todas las gestiones correspondientes al Área Rectora de Salud de San Rafael Barva para atender el caso del recurrente en tiempo y forma; y a pesar de se le había informado al denunciante sobre la programación de la inspección en atención al caso de marras, sin embargo se atendió el caso en el momento del ingreso del presente amparo y se han llevado a cabo las acciones de seguimiento y las coordinaciones interinstitucionales respectivas, tomando en consideración las evidencias existentes en ambos expedientes mencionados en el amparo; actualmente el Área Rectora de Salud mantiene ambos casos abiertos hasta atender por completo los aspectos denunciados e informar de dichas acciones resultantes a las partes. Se concluye que el Área Rectora de Salud de San Rafael Barva, nunca violentó ningún derecho fundamental del recurrente, ya que previo a la interposición de presente amparo se han realizado acciones y se ha mantenido enterado la recurrente sobre las mismas.”.
10.- Informa bajo juramento MÓNICA HERNÁNDEZ SEGURA y JORGE ANTONIO ACUÑA PRADO, por su orden presidenta del Concejo y alcalde, ambos de la MUNICIPALIDAD DE BARVA, quienes manifiestan lo siguiente: “… Siempre hemos actuado en defensa de los derechos de los ciudadanos, del derecho a la salud y del derechos a un ambiente sano y equilibrado. En este orden de cosas queremos manifestar que a pesar de que desde la primer respuesta a este Amparo y la presentación de la ampliación de hecho, han transcurrido muy pocos días, no hemos dejado de lado la situación y siempre nos hemos mantenido vigilantes, aportamos informes de los departamentos de Patentes y de Ingeniería que corroboran nuestras acciones. II. HECHOS. Queremos de igual forma recalcar lo que ya habíamos descrito y argumentado en el escrito de defensa inicial: 1. Quemas ilegales: La Municipalidad ha recibido denuncias sobre quemas en la zona de Santa Lucía. Todas han sido atendidas dentro de nuestras competencias mediante inspecciones y notificaciones, en coordinación con el Ministerio de Salud. Desde la interposición del recurso no se han vuelto a producir quemas o al menos no hemos vuelto a tener noticias, lo que evidencia la eficacia de las medidas adoptadas. Para la Administración Municipal y dadas las escazas condiciones de personal a disposición nos es imposible mantener una vigilancia 24/7, sin embargo como manifestamos, dentro de nuestras posibilidades mantenemos una vigilancia constante. 2. Construcciones sin permisos: Mediante oficio MB-AMB-0163-2026 se constató la existencia de edificaciones sin permisos municipales. Se inició el procedimiento conforme al Artículo 89 de la Ley de Construcciones (Ley N.º 833), notificando a los responsables y otorgando plazo para regularizar. Al persistir la ilegalidad, se continuará con los trámites hasta las últimas consecuencias legales. 3. Patentes y permisos de funcionamiento: El Departamento de Patentes realizó inspección el 05 de marzo de 2026, levantando acta ocular y notificando al responsable por carecer de licencia municipal y permiso sanitario. Se emitió orden de clausura y suspensión de la actividad comercial, conforme al Artículo 79 del Código Municipal (Ley N.º 7794) y al Artículo 259 de la Ley General de Salud (Ley N.º 5395). 4. Problemática ambiental en la finca [Nombre 003]: La Municipalidad ha denunciado desde 2014 ante el Tribunal Ambiental Administrativo múltiples actividades ilegales (rellenos, explotación de piedra, depósito de residuos, construcciones sin permisos). Pese a nuestras gestiones, el TAA no ha dictado medidas cautelares en más de diez años. Hemos coordinado con MINAE, SETENA, Dirección de Geología y Minas y otras instituciones, solicitando medidas urgentes para proteger la salud y el ambiente, conforme al Artículo 50 de la Constitución Política y al Artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554). 5. Peligro vial: Se ha solicitado colaboración al Consejo de Seguridad Vial para limitar la circulación de camiones pesados en vías residenciales y escolares, conforme al Artículo 5 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Ley N.º 9078), dado el riesgo para la población. III. ARGUMENTOS DE DEFENSA La Municipalidad ha actuado oportuna y diligentemente dentro de sus competencias legales, realizando inspecciones, notificaciones, clausuras y coordinaciones interinstitucionales. No existe omisión municipal: las actuaciones constan en actas, oficios y expedientes administrativos. La persistencia de las quemas y actividades ilegales obedece a la falta de cumplimiento de los responsables y a la ausencia de medidas cautelares del TAA, lo cual excede nuestras competencias. Hemos solicitado reiteradamente la intervención de las autoridades competentes (Ministerio de Salud, MINAE, SETENA, Fuerza Pública, Fiscalía Penal Ambiental), en cumplimiento del principio precautorio ambiental reconocido en el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Ambiente. IV. NUEVAS ACTUACIONES. RESUMEN DE ACTUACIONES MUNICIPALES. (Se aporta expediente actualizado desde la fecha de primer escrito) La Municipalidad de Barva, a través de su Departamento de Patentes, ha realizado diversas acciones en seguimiento al Recurso de Amparo interpuesto por [Nombre 001] contra la Municipalidad de Barva, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Tribunal Ambiental Administrativo, relacionado con actividades contaminantes y lucrativas sin licencia en la Finca Rugama. Actuaciones realizadas: Inspecciones: Se llevaron a cabo dos inspecciones en el inmueble ubicado en Santa Lucía de Barva. En la primera inspección (05 de marzo de 2026), se constató la existencia de actividades lucrativas sin licencia municipal, incluyendo la fabricación de láminas tipo Durock. En la segunda inspección (24 de marzo de 2026), no se observaron actividades productivas en el momento de la visita. Notificaciones: Se emitieron actas de notificación y apercibimientos formales al representante legal de la sociedad propietaria del inmueble, informándole sobre la obligatoriedad de contar con licencia municipal para actividades lucrativas y las consecuencias legales en caso de incumplimiento. Medidas administrativas: Se colocaron sellos de clausura en el inmueble y en las áreas de trabajo identificadas, aunque no fue posible sellar las estructuras abiertas. Coordinación interinstitucional: Se solicitó apoyo de la Fuerza Pública y la Policía Municipal para realizar inspecciones periódicas y verificar el cumplimiento de las disposiciones. También se gestionó colaboración con el Ministerio de Salud para obtener informes y resoluciones relacionadas con la propiedad. Podemos ir resumiendo y estableciendo que la Municipalidad de Barva ha actuado conforme a la normativa vigente, realizando inspecciones, notificando a los responsables, y coordinando con otras instituciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y proteger la salud pública y el ambiente. RESUMEN DEL OFICIO MB-PAT-0042-2026: ACTUACIONES Y RESULTADOS El oficio detalla las actuaciones del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Barva en relación con el Expediente N°26-006270-0007-CO, derivado del Recurso de Amparo interpuesto por [Nombre 001] contra varias instituciones, incluyendo la Municipalidad de Barva. El caso se centra en presuntas irregularidades en la propiedad "Finca [Nombre 003]", relacionadas con quemas ilegales y actividades lucrativas sin licencia municipal. ACTUACIONES: Primera inspección (05 de marzo de 2026): Inspección en la propiedad ubicada en Santa Lucía de Barva. Participación de inspectores municipales y una funcionaria del Ministerio de Salud. Se constató la existencia de actividades lucrativas (fabricación de láminas tipo Durock) sin licencia municipal. Se notificó al señor Lisandro Aragón Mejías sobre la irregularidad y se emitió el Acta de Notificación N°1943. Gestiones posteriores: Solicitud de colaboración a la Fuerza Pública y Policía Municipal para realizar inspecciones periódicas en el inmueble. Coordinación con el Ministerio de Salud para obtener informes y resoluciones relacionadas con la propiedad. Segunda inspección (24 de marzo de 2026): No se constató actividad lucrativa en el momento de la inspección. Se emitió un apercibimiento formal al representante legal de la sociedad propietaria del inmueble, advirtiendo sobre la obligatoriedad de contar con licencia municipal y las posibles sanciones por incumplimiento. Resultados: En la primera inspección se confirmaron indicios de actividad lucrativa sin licencia municipal, ya mencionada en escrito inicial de respuesta al Amparo. En la segunda inspección no se evidenció actividad en el momento específico, pero no se desvirtúan los hallazgos previos. Se realizaron notificaciones, apercibimientos y gestiones de coordinación interinstitucional. El Departamento de Patentes actuó conforme a derecho, garantizando el debido proceso y manteniendo el monitoreo permanente ante posibles reincidencias. En conclusión, el Departamento de Patentes cumplió con sus funciones de fiscalización y control, dejando en manos de otras autoridades la regulación de aspectos ambientales y de seguridad.”.
11.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por presuntas quemas ilegales de residuos en la finca colindante a su vivienda, que presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable y pone en riesgo la integridad de los tutelados. Atendiendo a la naturaleza de la temática que trata la gestión, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de la denuncia planteada. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente pretende que se ordene a las instituciones recurridas adoptar medidas inmediatas y efectivas para detener las presuntas quemas ilegales de residuos en la finca colindante a su vivienda, investigar la aparente actividad industrial clandestina que allí se desarrolla y ejercer las potestades de control, vigilancia, sanción y tutela ambiental y sanitaria que les corresponden, a fin de proteger su salud, su integridad y su derecho a un ambiente sano.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
En cuanto a la Delegación Policial de Barva, Heredia, del Ministerio de Seguridad Pública:
En cuanto al Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva del Ministerio de Salud:
En cuanto a la Municipalidad de Barva:
En cuanto al Tribunal Ambiental Administrativo:
IV.- SOBRE EL MARCO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL APLICABLE. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un derecho fundamental de indiscutible raigambre constitucional. Su tutela no responde únicamente a una lógica patrimonial o de administración de recursos naturales, sino a una concepción integral de la dignidad humana, la salud, la calidad de vida, la protección de las generaciones presentes y futuras y la preservación de las condiciones materiales indispensables para el libre desarrollo de la persona.
Desde la perspectiva constitucional, este derecho posee una doble dimensión. Por una parte, una dimensión subjetiva, en cuanto reconoce a toda persona la facultad de exigir que los poderes públicos se abstengan de tolerar afectaciones ambientales ilegítimas y además, desplieguen acciones positivas razonables y efectivas para prevenir, corregir y sancionar daños o amenazas ambientales. Por otra, una dimensión objetiva o institucional, en cuanto erige al ambiente como un bien jurídico de relevancia constitucional que vincula a todas las autoridades públicas y orienta la interpretación del ordenamiento.
De igual modo, en materia ambiental el control constitucional no puede quedar reducido a una visión meramente reactiva o reparadora. La tutela del ambiente sano exige incorporar los principios preventivo y precautorio, de modo que la Administración no espere la consumación plena o irreversible del daño para actuar. También resulta especialmente relevante el principio de coordinación interadministrativa, habida cuenta de que la protección ambiental suele involucrar competencias concurrentes o complementarias de distintas instituciones: sanitarias, municipales, policiales, ambientales, penales y regulatorias.
Sin embargo, la relevancia constitucional del derecho al ambiente no elimina ni suprime las exigencias mínimas propias del proceso de amparo. En esta sede, no basta con que la persona recurrente demuestre la existencia de una situación de hecho inquietante o incluso objetivamente irregular; además, debe acreditarse que la lesión o amenaza al derecho fundamental deriva de una acción u omisión actual, concreta y atribuible a la autoridad recurrida. El amparo no sustituye los procedimientos administrativos ordinarios ni se convierte, sin más, en una vía general de fiscalización técnica de toda actividad presuntamente contaminante. Su función es determinar si la respuesta estatal ha sido inexistente, arbitraria, irrazonablemente tardía, claramente insuficiente o abiertamente inidónea frente a un deber jurídico concreto de protección.
En consecuencia, el punto central del análisis no consiste en negar o minimizar la preocupación ambiental planteada por el recurrente, sino en valorar si el comportamiento de las autoridades accionadas ha implicado una desprotección constitucionalmente intolerable del derecho invocado.
V.- SOBRE LA COMPATIBILIDAD ENTRE LO DENUNCIADO POR LA PARTE RECURRENTE Y LO INFORMADO POR LAS AUTORIDADES ACCIONADAS. Antes de examinar por separado la conducta de cada autoridad recurrida, conviene precisar que entre lo denunciado por la parte recurrente y lo informado por las instituciones accionadas no existe una contradicción absoluta, sino una convergencia parcial relevante.
En efecto, los hechos probados permiten afirmar que la denuncia formulada por la parte recurrente no era infundada ni caprichosa. La existencia de quemas, al menos como fenómeno reportado y parcialmente advertido por las autoridades, encuentra sustento en varios extremos acreditados: la observación a distancia de una quema por parte de la Fuerza Pública; la manifestación del encargado de la finca No. 247459, en cuanto a que ocasionalmente se realizaban quemas de basura en estañones y la decisión del Ministerio de Salud de emitir una orden sanitaria específica de suspensión inmediata de quemas de residuos sólidos. Asimismo, se acreditó la existencia de una actividad comercial sin permisos ni habilitaciones administrativas en la finca colindante, extremo que confirma que la preocupación del recurrente sí se conectaba con una realidad fáctica que ameritaba intervención administrativa.
Ahora bien, de esa constatación no se sigue necesariamente que las autoridades recurridas hayan lesionado el derecho fundamental de la parte accionante. Muy por el contrario, la coincidencia parcial entre lo denunciado y lo constatado explica precisamente por qué varias instituciones activaron procedimientos, inspecciones, órdenes sanitarias, clausuras, monitoreos y coordinaciones interinstitucionales. Es decir, la verosimilitud de la denuncia no demuestra, por sí sola, una omisión inconstitucional, más bien muestra que el aparato público sí reaccionó frente a lo puesto en su conocimiento.
Dicho de otro modo, la compatibilidad entre la denuncia y la información rendida por las autoridades lleva a una conclusión intermedia pero decisiva: el problema denunciado era real o al menos, suficientemente verosímil para requerir actuación estatal; sin embargo, también está probado que dicha actuación estatal efectivamente se produjo. Por ello, el examen constitucional debe desplazarse desde la mera existencia del problema ambiental hacia la suficiencia jurídico-constitucional de la respuesta institucional.
VI.- SOBRE LA ACTUACIÓN DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAFAEL-BARVA. El Ministerio de Salud ocupa una posición central en la tutela del ambiente cuando la situación denunciada involucra residuos, emisiones, humos, posibles focos de insalubridad o actividades que puedan incidir en la salud pública. Su deber constitucional no se limita al registro pasivo de denuncias, sino que incluye la inspección, verificación técnica, adopción de medidas preventivas, emisión de órdenes sanitarias, clausura de actividades no autorizadas y seguimiento de su cumplimiento.
En consecuencia, si la autoridad sanitaria hubiera permanecido inactiva, hubiera desatendido sin justificación la denuncia o hubiera omitido ejercer sus potestades mínimas frente a hechos indiciariamente lesivos, sí podría configurarse una vulneración del derecho fundamental tutelado. No obstante, ese no es el cuadro que revelan los hechos probados.
El Ministerio de Salud recibió la denuncia del recurrente, abrió expediente y la integró con otras gestiones relacionadas. Luego programó inspección, reajustó su agenda para realizar una visita conjunta con autoridades municipales y en el marco de esa diligencia, logró constatar hechos de relevancia jurídica: la existencia de una actividad comercial de fabricación de láminas de fibrocemento operando sin permisos esenciales y la realización ocasional de quemas de basura en la propiedad inspeccionada. Esa constatación dio lugar a dos respuestas administrativas inmediatas y claramente orientadas a neutralizar el riesgo denunciado: la orden sanitaria de suspensión de quemas y la clausura de la fábrica por carecer de permiso sanitario de funcionamiento. Además, tales medidas fueron notificadas de forma expresa y se informó al recurrente de lo actuado.
No menos importante resulta que la autoridad sanitaria no agotó su actuación en un solo acto inicial, sino que mantuvo el asunto abierto, promovió monitoreo policial y municipal respecto del botadero clandestino, de las quemas y de actos de vandalismo, realizó visita de seguimiento e incorporó nuevo informe técnico. Esa secuencia demuestra continuidad administrativa y no una respuesta meramente formal o aparente.
Desde la óptica del amparo, lo actuado por el Ministerio de Salud supera el estándar mínimo de diligencia constitucionalmente exigible. Hubo recepción de la denuncia, inspección, constatación, uso de potestades de policía sanitaria, imposición de medidas concretas, notificación, seguimiento y coordinación. En esas condiciones, no puede sostenerse razonablemente que la autoridad sanitaria haya abandonado al recurrente, haya sido indiferente frente al riesgo ambiental o haya consentido pasivamente una situación lesiva.
Es cierto que el derecho al ambiente sano exige medidas efectivas, y también lo es que la eficacia plena de una actuación administrativa no se agota con el dictado de una orden o con la clausura formal de una actividad. Sin embargo, la eventual persistencia del conflicto o la dificultad práctica para corroborar, en visitas posteriores, el incumplimiento de las medidas impuestas —especialmente cuando se trata de inmuebles de acceso restringido— no transforma automáticamente la actuación de la autoridad en inconstitucional. Lo decisivo es que la institución haya ejercido las competencias razonablemente disponibles para afrontar la denuncia, y eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso concreto.
Por consiguiente, no se aprecia una omisión ilegítima ni una insuficiencia manifiesta imputable al Ministerio de Salud que justifique acoger el recurso.
VII.- SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE BARVA. Las municipalidades, en su condición de gobiernos locales, no son ajenas a la tutela del ambiente. Si bien no concentran todas las competencias sectoriales, sí tienen deberes claros en materia de ordenamiento territorial, control de usos del suelo, licencias, patentes, fiscalización de actividades económicas dentro del cantón, protección de intereses locales y coordinación con otras autoridades cuando se adviertan situaciones con impacto ambiental, sanitario o urbano.
En un supuesto como el analizado, la Municipalidad no sólo podía, sino que debía intervenir en la medida en que la denuncia involucraba posible actividad productiva sin permisos, tránsito de vehículos pesados, edificaciones irregulares y afectación de la convivencia y salubridad en una zona residencial o cercana a ella.
Los hechos probados muestran que la Municipalidad de Barva no permaneció inerte. Consta que había recibido denuncias relacionadas con quemas ilegales en la zona, que venía desarrollando actuaciones y coordinaciones sobre la problemática de la finca [Nombre 003] desde 2014 y que, en relación con la denuncia de febrero de 2026, realizó inspección conjunta con el Ministerio de Salud el 05 de marzo de 2026. A partir de dicha diligencia levantó el acta e informe correspondientes, constató una actividad comercial sin licencia municipal y dispuso orden de clausura y suspensión de la actividad desarrollada sin habilitación administrativa. Posteriormente, continuó el seguimiento mediante nueva inspección, apercibimientos formales y solicitudes de colaboración a Fuerza Pública, Policía Municipal, Consejo de Seguridad Vial e Ingeniería de Tránsito. También informó coordinación con SETENA, MINAE, Dirección de Geología y Minas, Tribunal Ambiental Administrativo y Fiscalía Penal Ambiental.
Desde el plano constitucional, la actuación municipal fue materialmente idónea y coherente con el ámbito de sus competencias. La Municipalidad ejerció potestades propias: inspeccionó, documentó hallazgos, verificó ausencia de licencias, dispuso clausura, emitió apercibimientos y activó coordinación institucional. No se limitó a trasladar la responsabilidad a otras dependencias ni a invocar incompetencia absoluta. Por el contrario, asumió una intervención activa en los aspectos de policía municipal que sí le correspondían.
Tampoco puede reprochársele, en sede de amparo, no haber resuelto por sí sola toda la conflictividad ambiental subyacente. La complejidad del caso evidencia la concurrencia de múltiples materias: sanitaria, ambiental, policial, eventualmente penal y regulatoria. Lo constitucionalmente exigible a la municipalidad no es que sustituya a todas esas autoridades, sino que ejerza sin dilación ni arbitrariedad las potestades que le son propias y articule coordinación cuando el problema exceda su ámbito exclusivo. Eso, precisamente, es lo que muestran los hechos acreditados.
En esa medida, no se advierte una omisión arbitraria, negligente o lesiva del derecho fundamental al ambiente sano imputable al gobierno local.
VIII.- SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. La Fuerza Pública tiene un deber de auxilio, presencia preventiva y atención de reportes ciudadanos, así como de colaboración con otras instituciones en la ejecución de medidas de control. No obstante, su ámbito de acción debe apreciarse dentro de los límites constitucionales y legales que rigen el ingreso a propiedad privada, la competencia material sobre incendios y la necesidad de contar con supuestos habilitantes suficientes para una intervención más invasiva.
Está demostrado que la Delegación Policial de Barva sí atendió el reporte del recurrente, se desplazó al lugar, observó una quema a la distancia y valoró las circunstancias del caso. También informó que no ingresó al sitio exacto por tratarse de propiedad privada de acceso limitado, sin presencia de personas que permitieran el ingreso y sin detectar riesgo inmediato para vidas humanas o viviendas. Igualmente indicó que la atención primaria de quemas o incendios corresponde al Cuerpo de Bomberos.
No puede afirmarse, con base en esos hechos, que la Fuerza Pública haya incurrido en desatención o abandono del deber. Se apersonó al lugar y verificó hasta donde las circunstancias objetivas se lo permitieron. El hecho de que no ingresara sin autorización a una propiedad privada, en ausencia de un riesgo inminente para personas o viviendas, no constituye por sí mismo una omisión ilegítima, antes bien, responde a la necesidad de actuar dentro del marco constitucional de protección de la inviolabilidad del domicilio y de la propiedad privada, salvo supuestos excepcionales legalmente habilitados.
El parámetro del amparo no puede construirse como si toda denuncia ambiental autorizara automáticamente a la policía administrativa a franquear cualquier límite de acceso a propiedad privada sin soporte adicional. Ello desbordaría la lógica de un Estado constitucional de derecho. Lo exigible era atender el reporte y dar curso a la situación dentro de sus competencias, y eso fue lo que ocurrió.
Por tanto, tampoco se advierte violación del derecho fundamental invocado atribuible a la Fuerza Pública.
IX.- SOBRE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. La situación del Tribunal Ambiental Administrativo merece un análisis diferenciado, porque de los hechos probados se desprende la existencia de antecedentes desde 2014, múltiples informes, inspecciones y gestiones relacionadas con la denominada finca [Nombre 003]. Ello revela una conflictividad de larga data y desde luego, plantea interrogantes legítimas sobre la celeridad y eficacia del tratamiento institucional del caso.
No obstante, el juicio propio del amparo no consiste en determinar si la tramitación administrativa histórica ha sido óptima o enteramente satisfactoria desde el punto de vista de política pública o de eficiencia administrativa, sino en establecer si, en el caso concreto y al momento de resolver, existe una lesión constitucional actual y directa imputable a una conducta arbitraria o manifiestamente omisiva del Tribunal.
Se encuentra probado que el Tribunal recibió la denuncia ambiental desde 2014, abrió expediente, solicitó inspecciones in situ, requirió a la Municipalidad y al Área Rectora de Salud identificar propietarios y verificar la existencia de orden sanitaria, recibió resultados de visitas, incorporó informes técnicos de diversas instituciones, acumuló expedientes y continuó recibiendo gestiones e informes entre 2021 y 2024. Asimismo, consta que SETENA mantuvo la paralización del proyecto en 2025 y que el Tribunal, mediante resolución No. 200-2026-TAA del 03 de marzo de 2026, se declaró incompetente y remitió la denuncia a SETENA.
Es verdad que la larga duración del conflicto evidencia una problemática estructural que dista de ser deseable desde la perspectiva de tutela ambiental efectiva. Sin embargo, con los hechos probados disponibles, no se acredita que el Tribunal haya permanecido absolutamente inactivo o que su decisión de remitir el asunto a SETENA constituya, por sí sola, una actuación manifiestamente arbitraria lesiva del derecho fundamental invocado.
La existencia de múltiples actuaciones previas excluye la idea de abandono total del asunto. A lo sumo, podría discutirse la oportunidad, alcance o corrección de la decisión competencial adoptada en 2026. Pero esa sola discrepancia respecto del órgano que deba continuar conociendo el caso no basta, en esta sede sumaria, para tener por acreditada una lesión constitucional directa, especialmente cuando otras autoridades con competencias concurrentes —Ministerio de Salud y Municipalidad— sí habían adoptado medidas concretas y actuales frente a los hechos denunciados.
En otras palabras, aun si la actuación del Tribunal pudiera suscitar debate desde la óptica del derecho administrativo o de la mejor distribución competencial, no aparece demostrado que dicha actuación haya dejado al recurrente en un estado de desprotección constitucional absoluta o que haya neutralizado la tutela efectiva desplegada por otras autoridades públicas.
Por ello, tampoco procede estimar el recurso en relación con esta autoridad.
X.- De toda la prueba reseñada se sigue, entonces, una conclusión central: la situación denunciada por la parte recurrente era real o, cuando menos, suficientemente verosímil como para justificar una intervención pública, pero esa intervención, lejos de haber sido omitida, efectivamente tuvo lugar por parte de las autoridades recurridas. La Fuerza Pública atendió el reporte y verificó la situación dentro de sus posibilidades jurídicas y materiales, el Ministerio de Salud recibió la denuncia, inspeccionó, coordinó con otras autoridades, constató irregularidades, emitió una orden sanitaria, clausuró una actividad industrial sin permiso, dispuso seguimiento y promovió monitoreo y denuncias conexas, la Municipalidad inspeccionó, inició procedimientos, ordenó la clausura y suspensión de actividades sin licencia, realizó nuevas visitas, emitió apercibimientos y coordinó acciones con una pluralidad de instituciones, y el Tribunal Ambiental Administrativo mantuvo una tramitación administrativa prolongada, con inspecciones, requerimientos e informes, hasta concluir, en la fase más reciente, con una decisión de remisión competencial a SETENA. Desde la perspectiva jurídico-constitucional, ese conjunto de actuaciones no refleja la existencia de un aparato administrativo indiferente, pasivo o remiso, sino de una respuesta estatal desplegada en distintas intensidades y desde diferentes ámbitos competenciales.
Es cierto que la sola adopción de medidas administrativas no siempre excluye la procedencia del amparo, pues podría ocurrir que tales medidas fueran puramente aparentes, manifiestamente insuficientes; sin embargo, ese no es el supuesto que aquí se verifica. Las actuaciones documentadas poseen entidad material y jurídica suficiente para demostrar que las autoridades sí ejercieron potestades concretas de control, fiscalización, clausura, prevención, seguimiento y coordinación. De ahí que no resulte posible afirmar que la parte recurrente haya quedado desprovista de tutela constitucional por causa de una omisión estatal. La preocupación ambiental que subyace al caso sigue siendo relevante y exige continuidad en la vigilancia administrativa; pero una cosa es reconocer que el conflicto material no se ha disipado por completo o que su abordaje demanda seguimiento permanente y otra muy distinta, es concluir que las autoridades han incumplido de tal modo sus deberes que deba declararse con lugar el amparo.
Esta Sala estima que lo acreditado en autos conduce a la primera de esas hipótesis, no a la segunda. En consecuencia, al no demostrarse una omisión ilegítima, arbitraria o manifiestamente insuficiente de las autoridades recurridas en el ejercicio de sus competencias, ni una lesión actual del derecho fundamental de la parte recurrente a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado directamente atribuible a la conducta de aquellas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
XI.- Finamente, sin perjuicio del deber permanente que subsiste para todas las autoridades accionadas, deberán continuar dentro de sus competencias con el seguimiento, la fiscalización y la adopción de las medidas que resulten necesarias ante cualquier nueva evidencia de quemas ilegales, botaderos clandestinos, actividades no autorizadas o riesgos para la salud pública y el ambiente.
XII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
XIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que las instituciones recurridas no han adoptado medidas inmediatas y efectivas para detener las presuntas quemas ilegales de residuos en la finca colindante a su vivienda, investigar la aparente actividad industrial clandestina que allí se desarrolla y ejercer las potestades de control, vigilancia, sanción y tutela ambiental y sanitaria que les corresponden, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
XIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado en el considerando XI de esta sentencia. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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