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Res. 14371-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/04/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo action, finding no evidence of an illegitimate omission by the respondent authorities in protecting the fundamental right to a healthy environment, ordering continued monitoring and oversight of the case.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo por no haberse acreditado una omisión ilegítima de las autoridades recurridas en la tutela del derecho fundamental a un ambiente sano, ordenándose continuar con el seguimiento y fiscalización del caso.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied an amparo action filed by a resident of Santa Lucía de Barva who reported illegal burnings of waste and a clandestine fiber-cement factory on an adjacent property. The claimant argued that the respondent authorities (Ministry of Health, Public Force, Municipality of Barva, and Administrative Environmental Tribunal) had failed to act despite his complaints. The Chamber found that there was indeed state intervention: the Ministry of Health conducted inspections, issued sanitary orders, and shut down the illegal factory; the Municipality inspected, closed unlicensed activities, and coordinated with other institutions; the Public Force responded to the report; and the TAA, albeit with delay, processed the case file and referred it to SETENA. It concluded there was no unconstitutional omission, as the actions taken were real and appropriate to each entity's powers, exceeding the minimum standard of diligence required in amparo proceedings. However, it ordered continued monitoring and oversight of the case.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Santa Lucía de Barva que denunció quemas ilegales de residuos y una fábrica clandestina de fibrocemento en una finca colindante. El recurrente alegó que las autoridades recurridas (Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Municipalidad de Barva y Tribunal Ambiental Administrativo) habían omitido actuar pese a sus denuncias. La Sala constató que sí existió intervención estatal: el Ministerio de Salud realizó inspecciones, emitió órdenes sanitarias y clausuró la fábrica ilegal; la Municipalidad inspeccionó, clausuró actividades sin patente y coordinó con otras instituciones; la Fuerza Pública atendió el reporte; y el TAA, aunque con demora, tramitó el expediente y lo remitió a SETENA. Se concluye que no hubo omisión inconstitucional, pues las actuaciones desplegadas fueron reales y adecuadas a las competencias de cada entidad, superando el estándar mínimo de diligencia exigible en sede de amparo. Sin embargo, se ordena continuar el seguimiento y fiscalización del caso.
Key excerptExtracto clave
X.- From all the evidence reviewed, a central conclusion follows: the situation reported by the claimant was real, or at least sufficiently plausible to justify public intervention, but that intervention, far from being omitted, did in fact take place on the part of the respondent authorities. The Public Force responded to the report and verified the situation within its legal and material possibilities; the Ministry of Health received the complaint, inspected, coordinated with other authorities, found irregularities, issued a sanitary order, shut down an unlicensed industrial activity, ordered follow-up, and promoted monitoring and related complaints; the Municipality inspected, initiated proceedings, ordered the closure and suspension of unlicensed activities, conducted new visits, issued warnings, and coordinated actions with a number of institutions; and the Administrative Environmental Tribunal maintained a protracted administrative processing, with inspections, requests, and reports, until concluding, in the most recent phase, with a decision to refer the matter to SETENA on competence grounds. It is true that the mere adoption of administrative measures does not always preclude the granting of amparo, since it could happen that such measures were purely cosmetic or manifestly insufficient; however, that is not the scenario verified here. The documented actions possess sufficient material and legal substance to demonstrate that the authorities did exercise concrete powers of control, oversight, closure, prevention, follow-up, and coordination. Hence, it is not possible to affirm that the claimant was left without constitutional protection due to a state omission. XI.- Finally, without prejudice to the ongoing duty that persists for all respondent authorities, they must continue, within their powers, to follow up, oversee, and adopt whatever measures prove necessary in the face of any new evidence of illegal burnings, clandestine dumps, unauthorized activities, or risks to public health and the environment.X.- De toda la prueba reseñada se sigue, entonces, una conclusión central: la situación denunciada por la parte recurrente era real o, cuando menos, suficientemente verosímil como para justificar una intervención pública, pero esa intervención, lejos de haber sido omitida, efectivamente tuvo lugar por parte de las autoridades recurridas. La Fuerza Pública atendió el reporte y verificó la situación dentro de sus posibilidades jurídicas y materiales, el Ministerio de Salud recibió la denuncia, inspeccionó, coordinó con otras autoridades, constató irregularidades, emitió una orden sanitaria, clausuró una actividad industrial sin permiso, dispuso seguimiento y promovió monitoreo y denuncias conexas, la Municipalidad inspeccionó, inició procedimientos, ordenó la clausura y suspensión de actividades sin licencia, realizó nuevas visitas, emitió apercibimientos y coordinó acciones con una pluralidad de instituciones, y el Tribunal Ambiental Administrativo mantuvo una tramitación administrativa prolongada, con inspecciones, requerimientos e informes, hasta concluir, en la fase más reciente, con una decisión de remisión competencial a SETENA. Es cierto que la sola adopción de medidas administrativas no siempre excluye la procedencia del amparo, pues podría ocurrir que tales medidas fueran puramente aparentes, manifiestamente insuficientes; sin embargo, ese no es el supuesto que aquí se verifica. Las actuaciones documentadas poseen entidad material y jurídica suficiente para demostrar que las autoridades sí ejercieron potestades concretas de control, fiscalización, clausura, prevención, seguimiento y coordinación. De ahí que no resulte posible afirmar que la parte recurrente haya quedado desprovista de tutela constitucional por causa de una omisión estatal. XI.- Finamente, sin perjuicio del deber permanente que subsiste para todas las autoridades accionadas, deberán continuar dentro de sus competencias con el seguimiento, la fiscalización y la adopción de las medidas que resulten necesarias ante cualquier nueva evidencia de quemas ilegales, botaderos clandestinos, actividades no autorizadas o riesgos para la salud pública y el ambiente.
Pull quotesCitas destacadas
"El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un derecho fundamental de indiscutible raigambre constitucional. Su tutela no responde únicamente a una lógica patrimonial o de administración de recursos naturales, sino a una concepción integral de la dignidad humana, la salud, la calidad de vida, la protección de las generaciones presentes y futuras y la preservación de las condiciones materiales indispensables para el libre desarrollo de la persona."
"The right to a healthy and ecologically balanced environment constitutes a fundamental right of indisputable constitutional roots. Its protection does not respond solely to a logic of property or natural resource management, but to a comprehensive conception of human dignity, health, quality of life, protection of present and future generations, and preservation of the material conditions essential for the free development of the person."
Considerando IV
"El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un derecho fundamental de indiscutible raigambre constitucional. Su tutela no responde únicamente a una lógica patrimonial o de administración de recursos naturales, sino a una concepción integral de la dignidad humana, la salud, la calidad de vida, la protección de las generaciones presentes y futuras y la preservación de las condiciones materiales indispensables para el libre desarrollo de la persona."
Considerando IV
"En materia ambiental el control constitucional no puede quedar reducido a una visión meramente reactiva o reparadora. La tutela del ambiente sano exige incorporar los principios preventivo y precautorio, de modo que la Administración no espere la consumación plena o irreversible del daño para actuar."
"In environmental matters, constitutional review cannot be reduced to a merely reactive or reparatory vision. Protection of a healthy environment requires incorporating the preventive and precautionary principles, so that the Administration does not wait for the full or irreversible consummation of harm to act."
Considerando IV
"En materia ambiental el control constitucional no puede quedar reducido a una visión meramente reactiva o reparadora. La tutela del ambiente sano exige incorporar los principios preventivo y precautorio, de modo que la Administración no espere la consumación plena o irreversible del daño para actuar."
Considerando IV
"El parámetro del amparo no puede construirse como si toda denuncia ambiental autorizara automáticamente a la policía administrativa a franquear cualquier límite de acceso a propiedad privada sin soporte adicional. Ello desbordaría la lógica de un Estado constitucional de derecho."
"The amparo standard cannot be constructed as if every environmental complaint automatically authorizes administrative police to cross any boundary of access to private property without additional support. That would overflow the logic of a constitutional state governed by the rule of law."
Considerando VIII
"El parámetro del amparo no puede construirse como si toda denuncia ambiental autorizara automáticamente a la policía administrativa a franquear cualquier límite de acceso a propiedad privada sin soporte adicional. Ello desbordaría la lógica de un Estado constitucional de derecho."
Considerando VIII
"Lo decisivo es que la institución haya ejercido las competencias razonablemente disponibles para afrontar la denuncia, y eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso concreto."
"What is decisive is that the institution exercised the reasonably available powers to address the complaint, and that is precisely what happened in the specific case."
Considerando VI
"Lo decisivo es que la institución haya ejercido las competencias razonablemente disponibles para afrontar la denuncia, y eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso concreto."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
Review of the Document CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fourth of April, two thousand twenty-six.
Amparo action processed under case file No. 26-006270-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MINISTRY OF HEALTH, the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY, the MUNICIPALITY OF BARVA DE HEREDIA, and the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL.
Whereas:
Drafted by Judge Hess Herrera; and,
Whereas:
Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 at 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the reasonable deadlines set to resolve requests filed by citizens, in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. Precisely, in the instant case, an exception applies, given that it involves a complaint regarding alleged illegal waste burning on a property adjacent to the complainant's home, which presumably has not been resolved within a reasonable period and jeopardizes the integrity of the protected rights. Considering the nature of the subject matter addressed by the petition, this Chamber will assess possible delays in the resolution of the filed complaint. This point being clarified, we now proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
The appellant seeks an order for the respondent institutions to adopt immediate and effective measures to stop the alleged illegal waste burning on a property adjacent to their home, investigate the apparent clandestine industrial activity taking place there, and exercise the corresponding powers of environmental and sanitary control, surveillance, sanction, and protection, in order to safeguard their health, integrity, and right to a healthy environment.
Of relevance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated:
Regarding the Barva Police Delegation, Heredia, of the Ministry of Public Security:
Regarding the San Rafael-Barva Governing Health Area of the Ministry of Health:
Regarding the Municipality of Barva:
Regarding the Administrative Environmental Tribunal:
The right to a healthy and ecologically balanced environment constitutes a fundamental right of indisputable constitutional standing. Its protection does not respond solely to a logic of property or natural resource administration, but to a comprehensive conception of human dignity, health, quality of life, the protection of present and future generations, and the preservation of the material conditions essential for the free development of the person.
From the constitutional perspective, this right possesses a dual dimension. On one hand, a subjective dimension, insofar as it recognizes every person's ability to demand that public authorities refrain from tolerating illegitimate environmental impacts and, furthermore, deploy reasonable and effective positive actions to prevent, correct, and sanction environmental damage or threats. On the other, an objective or institutional dimension, insofar as it elevates the environment to a legally protected interest of constitutional relevance that binds all public authorities and guides the interpretation of the legal system.
Likewise, in environmental matters, constitutional control cannot be reduced to a merely reactive or reparative view. Protecting a healthy environment requires incorporating the preventive and precautionary principles, such that the Administration does not wait for the full or irreversible consummation of the damage to act. The principle of inter-administrative coordination is also especially relevant, given that environmental protection often involves concurrent or complementary competencies of different institutions: health, municipal, police, environmental, criminal, and regulatory.
However, the constitutional relevance of the right to the environment does not eliminate or suppress the minimum requirements inherent to the amparo process. In this venue, it is not sufficient for the petitioner to demonstrate the existence of a factually disturbing or even objectively irregular situation; in addition, it must be proven that the violation of or threat to the fundamental right derives from a current, concrete action or omission attributable to the respondent authority. The amparo does not substitute ordinary administrative procedures, nor does it become, by itself, a general avenue for the technical oversight of all allegedly polluting activity. Its function is to determine whether the state response has been nonexistent, arbitrary, unreasonably delayed, clearly insufficient, or openly unsuitable in light of a specific legal duty of protection.
Consequently, the central point of the analysis does not consist of denying or minimizing the environmental concern raised by the petitioner, but rather of assessing whether the conduct of the respondent authorities implied a constitutionally intolerable failure to protect the invoked right.
Before examining the conduct of each respondent authority separately, it is worth clarifying that there is no absolute contradiction between what was reported by the petitioner and what was informed by the respondent institutions, but rather a relevant partial convergence.
Indeed, the proven facts allow us to affirm that the complaint filed by the petitioner was neither unfounded nor capricious. The existence of burnings, at least as a phenomenon reported and partially observed by the authorities, finds support in several proven elements: the observation from a distance of a burning by the Public Force; the statement by the person in charge of property No. 247459, to the effect that trash burnings in drums (estañones) were occasionally conducted, and the Ministry of Health's decision to issue a specific sanitary order for the immediate suspension of solid waste burnings. Likewise, the existence of a commercial activity without permits or administrative authorizations on the adjoining property was proven, an element that confirms that the petitioner's concern was indeed connected to a factual reality meriting administrative intervention.
Now, it does not necessarily follow from this verification that the respondent authorities violated the petitioner's fundamental right. Quite the contrary, the partial coincidence between what was reported and what was verified precisely explains why several institutions activated procedures, inspections, sanitary orders, closures, monitoring, and inter-institutional coordination. That is, the plausibility of the complaint does not, by itself, prove an unconstitutional omission; rather, it shows that the public apparatus did react to what was brought to its attention.
Said differently, the compatibility between the complaint and the information provided by the authorities leads to an intermediate but decisive conclusion: the reported problem was real, or at least sufficiently plausible to require state action; however, it is also proven that said state action did, in fact, occur. Therefore, the constitutional examination must shift from the mere existence of the environmental problem toward the legal-constitutional sufficiency of the institutional response.
The Ministry of Health occupies a central position in protecting the environment when the reported situation involves waste, emissions, smoke, possible sources of unsanitary conditions, or activities that may impact public health. Its constitutional duty is not limited to the passive recording of complaints, but includes inspection, technical verification, adoption of preventive measures, issuance of sanitary orders, closure of unauthorized activities, and monitoring their compliance.
Consequently, if the health authority had remained inactive, had unjustifiably disregarded the complaint, or had omitted to exercise its minimum powers in the face of prima facie harmful acts, a violation of the protected fundamental right could indeed be established. However, this is not the picture revealed by the proven facts.
The Ministry of Health received the petitioner's complaint, opened a case file, and integrated it with other related actions. It then scheduled an inspection, adjusted its schedule to conduct a joint visit with municipal authorities, and within the framework of that diligence, managed to verify legally relevant facts: the existence of a commercial activity manufacturing fiber cement sheets operating without essential permits and the occasional occurrence of trash burnings on the inspected property. This verification resulted in two immediate administrative responses clearly aimed at neutralizing the reported risk: the sanitary order to suspend burnings and the closure of the factory for lacking a sanitary operating permit. Furthermore, these measures were expressly notified, and the petitioner was informed of the actions taken.
No less important is that the health authority did not exhaust its action in a single initial act but kept the matter open, promoted police and municipal monitoring regarding the clandestine dump, the burnings, and acts of vandalism, conducted a follow-up visit, and incorporated a new technical report. This sequence demonstrates administrative continuity and not a merely formal or apparent response.
From the perspective of amparo, what was done by the Ministry of Health exceeds the minimum standard of constitutionally required diligence. There was receipt of the complaint, inspection, verification, use of health police powers, imposition of concrete measures, notification, follow-up, and coordination. Under these conditions, it cannot be reasonably maintained that the health authority abandoned the petitioner, was indifferent to the environmental risk, or passively consented to a harmful situation.
It is true that the right to a healthy environment demands effective measures, and it is also true that the full effectiveness of an administrative action is not exhausted with the issuance of an order or the formal closure of an activity. However, the eventual persistence of the conflict or the practical difficulty in corroborating, during subsequent visits, non-compliance with the imposed measures—especially when properties with restricted access are involved—does not automatically transform the authority's action into an unconstitutional one. The decisive factor is that the institution exercised the competencies reasonably available to address the complaint, and that is precisely what occurred in this specific case.
Therefore, no illegitimate omission or manifest insufficiency attributable to the Ministry of Health is observed that would justify granting the remedy.
Municipalities, in their capacity as local governments, are not alien to the protection of the environment. Although they do not concentrate all sectoral competencies, they do have clear duties regarding land-use planning (ordenamiento territorial), control of land uses (usos del suelo), licenses, business permits (patentes), oversight of economic activities within the canton, protection of local interests, and coordination with other authorities when situations with environmental, health, or urban impact are detected.
In a scenario such as the one under analysis, the Municipality not only could but had to intervene to the extent that the complaint involved possible productive activity without permits, heavy vehicle traffic, irregular constructions, and impacts on coexistence and public health in a residential area or one close to it.
The proven facts show that the Municipality of Barva did not remain idle. It is on record that it had received complaints related to illegal burnings in the area, that it had been developing actions and coordination regarding the problems of the property [Name 003] since 2014, and that, in relation to the February 2026 complaint, it conducted a joint inspection with the Ministry of Health on March 5, 2026. Based on that diligence, it issued the corresponding report and minutes, verified a commercial activity without a municipal license, and ordered the closure and suspension of the activity conducted without administrative authorization. Subsequently, it continued monitoring through a new inspection, formal warnings (apercibimientos formales), and requests for collaboration from the Public Force, Municipal Police, Road Safety Council, and Traffic Engineering. It also reported coordination with SETENA, MINAE, the Geology and Mines Directorate, the Environmental Administrative Tribunal, and the Environmental Prosecutorial Office.
From a constitutional standpoint, the municipal action was materially suitable and coherent with the scope of its competencies. The Municipality exercised its own powers: it inspected, documented findings, verified the absence of licenses, ordered closure, issued warnings, and activated institutional coordination. It did not limit itself to transferring responsibility to other agencies or invoking absolute incompetence. On the contrary, it assumed an active intervention in the aspects of municipal police power that indeed fell within its purview.
Nor can it be reproached, in an amparo proceeding, for not having resolved all the underlying environmental conflict by itself. The complexity of the case demonstrates the concurrence of multiple subject matters: health, environmental, police, potentially criminal, and regulatory. What is constitutionally required of the municipality is not that it substitutes for all those authorities, but that it exercises without delay or arbitrariness the powers that belong to it and orchestrates coordination when the problem exceeds its exclusive scope. That, precisely, is what the proven facts show.
To that extent, no arbitrary, negligent, or harmful omission of the fundamental right to a healthy environment attributable to the local government is observed.
The Public Force has a duty of assistance, preventive presence, and attention to citizen reports, as well as collaboration with other institutions in the execution of control measures. However, its scope of action must be assessed within the constitutional and legal limits governing entry onto private property, material competence over fires, and the need for sufficient enabling conditions for a more invasive intervention.
It has been demonstrated that the Barva Police Delegation did attend the petitioner's report, traveled to the location, observed a burning from a distance, and assessed the circumstances of the case. It also reported that it did not enter the exact site because it was private property with limited access, without any persons present who could permit entry, and without detecting an immediate risk to human lives or homes. It likewise indicated that the primary response to burnings or fires corresponds to the Fire Department.
It cannot be asserted, based on these facts, that the Public Force incurred in neglect or abandonment of duty. It appeared at the location and verified to the extent that the objective circumstances allowed. The fact that it did not enter a private property without authorization, in the absence of an imminent risk to persons or homes, does not by itself constitute an illegitimate omission; rather, it responds to the need to act within the constitutional framework protecting the inviolability of the home (inviolabilidad del domicilio) and private property, except in exceptional legally authorized cases.
The standard of amparo cannot be constructed as if any environmental complaint automatically authorized the administrative police to overcome any access barrier to private property without additional support. That would exceed the logic of a constitutional state governed by the rule of law. What was required was to attend to the report and address the situation within its competencies, and that is what happened.
Therefore, no violation of the invoked fundamental right attributable to the Public Force is observed either.
The situation of the Environmental Administrative Tribunal merits a differentiated analysis, because from the proven facts, the existence of background information since 2014, multiple reports, inspections, and actions related to the so-called property [Name 003] is evident. This reveals a long-standing conflict situation and, of course, raises legitimate questions about the speed and effectiveness of the institutional handling of the case.
However, the assessment proper to amparo does not consist of determining whether the historical administrative processing has been optimal or entirely satisfactory from a public policy or administrative efficiency standpoint, but rather of establishing whether, in the specific case and at the time of ruling, there exists a current and direct constitutional injury attributable to arbitrary or manifestly omissive conduct by the Tribunal.
It has been proven that the Tribunal received the environmental complaint starting in 2014, opened a case file, requested in situ inspections, required the Municipality and the Health Governing Area to identify owners and verify the existence of a sanitary order, received visit results, incorporated technical reports from various institutions, joined case files, and continued to receive actions and reports between 2021 and 2024. Likewise, it is on record that SETENA maintained the project's suspension in 2025 and that the Tribunal, through resolution No. 200-2026-TAA of March 3, 2026, declared itself incompetent and referred the complaint to SETENA.
It is true that the long duration of the conflict demonstrates a structural problem far from desirable from the perspective of effective environmental protection. However, based on the available proven facts, it is not established that the Tribunal remained absolutely inactive or that its decision to refer the matter to SETENA constitutes, by itself, a manifestly arbitrary action injurious to the fundamental right invoked.
The existence of multiple prior actions rules out the idea of total abandonment of the matter. At most, the timeliness, scope, or correctness of the jurisdictional decision adopted in 2026 could be discussed. But that sole discrepancy regarding which body should continue hearing the case is not sufficient, in this summary proceeding, to consider a direct constitutional injury proven, especially when other authorities with concurrent competencies—the Ministry of Health and the Municipality—had indeed adopted concrete and current measures in response to the reported acts.
In other words, even if the Tribunal's action might give rise to debate from the perspective of administrative law or the best distribution of competencies, it has not been demonstrated that said action left the petitioner in a state of absolute constitutional vulnerability or that it neutralized the effective protection deployed by other public authorities.
Therefore, granting the remedy in relation to this authority is also not appropriate.
X.From all the evidence reviewed, a central conclusion follows: the situation reported by the petitioner was real, or at least sufficiently plausible to justify public intervention, but that intervention, far from having been omitted, did in fact take place by the respondent authorities. The Public Force attended the report and verified the situation within its legal and material possibilities; the Ministry of Health received the complaint, inspected, coordinated with other authorities, verified irregularities, issued a sanitary order, closed an industrial activity without a permit, arranged follow-up, and promoted monitoring and related complaints; the Municipality inspected, initiated procedures, ordered the closure and suspension of unlicensed activities, conducted new visits, issued warnings, and coordinated actions with a plurality of institutions; and the Environmental Administrative Tribunal maintained a prolonged administrative process, with inspections, requirements, and reports, until concluding, in the most recent phase, with a decision to refer the matter to SETENA on competency grounds. From the legal-constitutional perspective, this set of actions does not reflect the existence of an indifferent, passive, or reluctant administrative apparatus, but rather a state response deployed at different intensities and from different areas of competence.
It is true that the mere adoption of administrative measures does not always preclude the granting of amparo, as it could happen that such measures were purely apparent or manifestly insufficient; however, that is not the scenario verified here. The documented actions possess sufficient material and legal substance to demonstrate that the authorities did exercise concrete powers of control, oversight, closure, prevention, follow-up, and coordination. Hence, it is not possible to affirm that the petitioner was left devoid of constitutional protection due to a state omission. The environmental concern underlying the case remains relevant and demands continuity in administrative vigilance; but it is one thing to recognize that the material conflict has not completely dissipated or that its handling requires ongoing monitoring, and quite another to conclude that the authorities have breached their duties in such a way that the amparo must be granted.
This Chamber considers that what has been proven in the record leads to the first of those hypotheses, not the second. Consequently, since no illegitimate, arbitrary, or manifestly insufficient omission by the respondent authorities in the exercise of their competencies has been demonstrated, nor a current violation of the petitioner's fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment directly attributable to their conduct, the appropriate course is to deny the remedy.
XI.Finally, without prejudice to the permanent duty that subsists for all the respondent authorities, they must continue, within their competencies, with the follow-up, oversight, and adoption of any measures that become necessary in the face of any new evidence of illegal burnings, clandestine dumps, unauthorized activities, or risks to public health and the environment.
I have supported this Tribunal's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Administrative-Contentious Tribunals and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, corresponds exclusively to defining its own competence.
Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional protection process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.
In environmental matters, it is also the undersigned's criterion that if intervention by the Public Administration has already occurred, I consider that its knowledge and resolution correspond to the administrative-contentious jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the petitioner accuses the respondent institutions of not having adopted immediate and effective measures to stop the alleged illegal burnings of waste on the property adjacent to their home, investigate the apparent clandestine industrial activity taking place there, and exercise the corresponding powers of control, vigilance, sanction, and environmental and health protection, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Electronic Case File Regulations of the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Supreme Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The remedy is denied. Let the respondent authorities take note of what is indicated in considering clause XI of this judgment. Magistrate Salazar Alvarado makes note. Notify. - Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
CASE FILE No. 26-006270-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro Church).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintiseis .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 26-006270- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, la MUNICIPALIDAD DE BARVA DE HEREDIA y el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,
Considerando:
Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por presuntas quemas ilegales de residuos en la finca colindante a su vivienda, que presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable y pone en riesgo la integridad de los tutelados. Atendiendo a la naturaleza de la temática que trata la gestión, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución de la denuncia planteada. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
La parte recurrente pretende que se ordene a las instituciones recurridas adoptar medidas inmediatas y efectivas para detener las presuntas quemas ilegales de residuos en la finca colindante a su vivienda, investigar la aparente actividad industrial clandestina que allí se desarrolla y ejercer las potestades de control, vigilancia, sanción y tutela ambiental y sanitaria que les corresponden, a fin de proteger su salud, su integridad y su derecho a un ambiente sano.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
En cuanto a la Delegación Policial de Barva, Heredia, del Ministerio de Seguridad Pública:
En cuanto al Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva del Ministerio de Salud:
En cuanto a la Municipalidad de Barva:
En cuanto al Tribunal Ambiental Administrativo:
El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un derecho fundamental de indiscutible raigambre constitucional. Su tutela no responde únicamente a una lógica patrimonial o de administración de recursos naturales, sino a una concepción integral de la dignidad humana, la salud, la calidad de vida, la protección de las generaciones presentes y futuras y la preservación de las condiciones materiales indispensables para el libre desarrollo de la persona.
Desde la perspectiva constitucional, este derecho posee una doble dimensión. Por una parte, una dimensión subjetiva, en cuanto reconoce a toda persona la facultad de exigir que los poderes públicos se abstengan de tolerar afectaciones ambientales ilegítimas y además, desplieguen acciones positivas razonables y efectivas para prevenir, corregir y sancionar daños o amenazas ambientales. Por otra, una dimensión objetiva o institucional, en cuanto erige al ambiente como un bien jurídico de relevancia constitucional que vincula a todas las autoridades públicas y orienta la interpretación del ordenamiento.
De igual modo, en materia ambiental el control constitucional no puede quedar reducido a una visión meramente reactiva o reparadora. La tutela del ambiente sano exige incorporar los principios preventivo y precautorio, de modo que la Administración no espere la consumación plena o irreversible del daño para actuar. También resulta especialmente relevante el principio de coordinación interadministrativa, habida cuenta de que la protección ambiental suele involucrar competencias concurrentes o complementarias de distintas instituciones: sanitarias, municipales, policiales, ambientales, penales y regulatorias.
Sin embargo, la relevancia constitucional del derecho al ambiente no elimina ni suprime las exigencias mínimas propias del proceso de amparo. En esta sede, no basta con que la persona recurrente demuestre la existencia de una situación de hecho inquietante o incluso objetivamente irregular; además, debe acreditarse que la lesión o amenaza al derecho fundamental deriva de una acción u omisión actual, concreta y atribuible a la autoridad recurrida. El amparo no sustituye los procedimientos administrativos ordinarios ni se convierte, sin más, en una vía general de fiscalización técnica de toda actividad presuntamente contaminante. Su función es determinar si la respuesta estatal ha sido inexistente, arbitraria, irrazonablemente tardía, claramente insuficiente o abiertamente inidónea frente a un deber jurídico concreto de protección.
En consecuencia, el punto central del análisis no consiste en negar o minimizar la preocupación ambiental planteada por el recurrente, sino en valorar si el comportamiento de las autoridades accionadas ha implicado una desprotección constitucionalmente intolerable del derecho invocado.
Antes de examinar por separado la conducta de cada autoridad recurrida, conviene precisar que entre lo denunciado por la parte recurrente y lo informado por las instituciones accionadas no existe una contradicción absoluta, sino una convergencia parcial relevante.
En efecto, los hechos probados permiten afirmar que la denuncia formulada por la parte recurrente no era infundada ni caprichosa. La existencia de quemas, al menos como fenómeno reportado y parcialmente advertido por las autoridades, encuentra sustento en varios extremos acreditados: la observación a distancia de una quema por parte de la Fuerza Pública; la manifestación del encargado de la finca No. 247459, en cuanto a que ocasionalmente se realizaban quemas de basura en estañones y la decisión del Ministerio de Salud de emitir una orden sanitaria específica de suspensión inmediata de quemas de residuos sólidos. Asimismo, se acreditó la existencia de una actividad comercial sin permisos ni habilitaciones administrativas en la finca colindante, extremo que confirma que la preocupación del recurrente sí se conectaba con una realidad fáctica que ameritaba intervención administrativa.
Ahora bien, de esa constatación no se sigue necesariamente que las autoridades recurridas hayan lesionado el derecho fundamental de la parte accionante. Muy por el contrario, la coincidencia parcial entre lo denunciado y lo constatado explica precisamente por qué varias instituciones activaron procedimientos, inspecciones, órdenes sanitarias, clausuras, monitoreos y coordinaciones interinstitucionales. Es decir, la verosimilitud de la denuncia no demuestra, por sí sola, una omisión inconstitucional, más bien muestra que el aparato público sí reaccionó frente a lo puesto en su conocimiento.
Dicho de otro modo, la compatibilidad entre la denuncia y la información rendida por las autoridades lleva a una conclusión intermedia pero decisiva: el problema denunciado era real o al menos, suficientemente verosímil para requerir actuación estatal; sin embargo, también está probado que dicha actuación estatal efectivamente se produjo. Por ello, el examen constitucional debe desplazarse desde la mera existencia del problema ambiental hacia la suficiencia jurídico-constitucional de la respuesta institucional.
El Ministerio de Salud ocupa una posición central en la tutela del ambiente cuando la situación denunciada involucra residuos, emisiones, humos, posibles focos de insalubridad o actividades que puedan incidir en la salud pública. Su deber constitucional no se limita al registro pasivo de denuncias, sino que incluye la inspección, verificación técnica, adopción de medidas preventivas, emisión de órdenes sanitarias, clausura de actividades no autorizadas y seguimiento de su cumplimiento.
En consecuencia, si la autoridad sanitaria hubiera permanecido inactiva, hubiera desatendido sin justificación la denuncia o hubiera omitido ejercer sus potestades mínimas frente a hechos indiciariamente lesivos, sí podría configurarse una vulneración del derecho fundamental tutelado. No obstante, ese no es el cuadro que revelan los hechos probados.
El Ministerio de Salud recibió la denuncia del recurrente, abrió expediente y la integró con otras gestiones relacionadas. Luego programó inspección, reajustó su agenda para realizar una visita conjunta con autoridades municipales y en el marco de esa diligencia, logró constatar hechos de relevancia jurídica: la existencia de una actividad comercial de fabricación de láminas de fibrocemento operando sin permisos esenciales y la realización ocasional de quemas de basura en la propiedad inspeccionada. Esa constatación dio lugar a dos respuestas administrativas inmediatas y claramente orientadas a neutralizar el riesgo denunciado: la orden sanitaria de suspensión de quemas y la clausura de la fábrica por carecer de permiso sanitario de funcionamiento. Además, tales medidas fueron notificadas de forma expresa y se informó al recurrente de lo actuado.
No menos importante resulta que la autoridad sanitaria no agotó su actuación en un solo acto inicial, sino que mantuvo el asunto abierto, promovió monitoreo policial y municipal respecto del botadero clandestino, de las quemas y de actos de vandalismo, realizó visita de seguimiento e incorporó nuevo informe técnico. Esa secuencia demuestra continuidad administrativa y no una respuesta meramente formal o aparente.
Desde la óptica del amparo, lo actuado por el Ministerio de Salud supera el estándar mínimo de diligencia constitucionalmente exigible. Hubo recepción de la denuncia, inspección, constatación, uso de potestades de policía sanitaria, imposición de medidas concretas, notificación, seguimiento y coordinación. En esas condiciones, no puede sostenerse razonablemente que la autoridad sanitaria haya abandonado al recurrente, haya sido indiferente frente al riesgo ambiental o haya consentido pasivamente una situación lesiva.
Es cierto que el derecho al ambiente sano exige medidas efectivas, y también lo es que la eficacia plena de una actuación administrativa no se agota con el dictado de una orden o con la clausura formal de una actividad. Sin embargo, la eventual persistencia del conflicto o la dificultad práctica para corroborar, en visitas posteriores, el incumplimiento de las medidas impuestas —especialmente cuando se trata de inmuebles de acceso restringido— no transforma automáticamente la actuación de la autoridad en inconstitucional. Lo decisivo es que la institución haya ejercido las competencias razonablemente disponibles para afrontar la denuncia, y eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso concreto.
Por consiguiente, no se aprecia una omisión ilegítima ni una insuficiencia manifiesta imputable al Ministerio de Salud que justifique acoger el recurso.
Las municipalidades, en su condición de gobiernos locales, no son ajenas a la tutela del ambiente. Si bien no concentran todas las competencias sectoriales, sí tienen deberes claros en materia de ordenamiento territorial, control de usos del suelo, licencias, patentes, fiscalización de actividades económicas dentro del cantón, protección de intereses locales y coordinación con otras autoridades cuando se adviertan situaciones con impacto ambiental, sanitario o urbano.
En un supuesto como el analizado, la Municipalidad no sólo podía, sino que debía intervenir en la medida en que la denuncia involucraba posible actividad productiva sin permisos, tránsito de vehículos pesados, edificaciones irregulares y afectación de la convivencia y salubridad en una zona residencial o cercana a ella.
Los hechos probados muestran que la Municipalidad de Barva no permaneció inerte. Consta que había recibido denuncias relacionadas con quemas ilegales en la zona, que venía desarrollando actuaciones y coordinaciones sobre la problemática de la finca [Nombre 003] desde 2014 y que, en relación con la denuncia de febrero de 2026, realizó inspección conjunta con el Ministerio de Salud el 05 de marzo de 2026. A partir de dicha diligencia levantó el acta e informe correspondientes, constató una actividad comercial sin licencia municipal y dispuso orden de clausura y suspensión de la actividad desarrollada sin habilitación administrativa. Posteriormente, continuó el seguimiento mediante nueva inspección, apercibimientos formales y solicitudes de colaboración a Fuerza Pública, Policía Municipal, Consejo de Seguridad Vial e Ingeniería de Tránsito. También informó coordinación con SETENA, MINAE, Dirección de Geología y Minas, Tribunal Ambiental Administrativo y Fiscalía Penal Ambiental.
Desde el plano constitucional, la actuación municipal fue materialmente idónea y coherente con el ámbito de sus competencias. La Municipalidad ejerció potestades propias: inspeccionó, documentó hallazgos, verificó ausencia de licencias, dispuso clausura, emitió apercibimientos y activó coordinación institucional. No se limitó a trasladar la responsabilidad a otras dependencias ni a invocar incompetencia absoluta. Por el contrario, asumió una intervención activa en los aspectos de policía municipal que sí le correspondían.
Tampoco puede reprochársele, en sede de amparo, no haber resuelto por sí sola toda la conflictividad ambiental subyacente. La complejidad del caso evidencia la concurrencia de múltiples materias: sanitaria, ambiental, policial, eventualmente penal y regulatoria. Lo constitucionalmente exigible a la municipalidad no es que sustituya a todas esas autoridades, sino que ejerza sin dilación ni arbitrariedad las potestades que le son propias y articule coordinación cuando el problema exceda su ámbito exclusivo. Eso, precisamente, es lo que muestran los hechos acreditados.
En esa medida, no se advierte una omisión arbitraria, negligente o lesiva del derecho fundamental al ambiente sano imputable al gobierno local.
La Fuerza Pública tiene un deber de auxilio, presencia preventiva y atención de reportes ciudadanos, así como de colaboración con otras instituciones en la ejecución de medidas de control. No obstante, su ámbito de acción debe apreciarse dentro de los límites constitucionales y legales que rigen el ingreso a propiedad privada, la competencia material sobre incendios y la necesidad de contar con supuestos habilitantes suficientes para una intervención más invasiva.
Está demostrado que la Delegación Policial de Barva sí atendió el reporte del recurrente, se desplazó al lugar, observó una quema a la distancia y valoró las circunstancias del caso. También informó que no ingresó al sitio exacto por tratarse de propiedad privada de acceso limitado, sin presencia de personas que permitieran el ingreso y sin detectar riesgo inmediato para vidas humanas o viviendas. Igualmente indicó que la atención primaria de quemas o incendios corresponde al Cuerpo de Bomberos.
No puede afirmarse, con base en esos hechos, que la Fuerza Pública haya incurrido en desatención o abandono del deber. Se apersonó al lugar y verificó hasta donde las circunstancias objetivas se lo permitieron. El hecho de que no ingresara sin autorización a una propiedad privada, en ausencia de un riesgo inminente para personas o viviendas, no constituye por sí mismo una omisión ilegítima, antes bien, responde a la necesidad de actuar dentro del marco constitucional de protección de la inviolabilidad del domicilio y de la propiedad privada, salvo supuestos excepcionales legalmente habilitados.
El parámetro del amparo no puede construirse como si toda denuncia ambiental autorizara automáticamente a la policía administrativa a franquear cualquier límite de acceso a propiedad privada sin soporte adicional. Ello desbordaría la lógica de un Estado constitucional de derecho. Lo exigible era atender el reporte y dar curso a la situación dentro de sus competencias, y eso fue lo que ocurrió.
Por tanto, tampoco se advierte violación del derecho fundamental invocado atribuible a la Fuerza Pública.
La situación del Tribunal Ambiental Administrativo merece un análisis diferenciado, porque de los hechos probados se desprende la existencia de antecedentes desde 2014, múltiples informes, inspecciones y gestiones relacionadas con la denominada finca [Nombre 003]. Ello revela una conflictividad de larga data y desde luego, plantea interrogantes legítimas sobre la celeridad y eficacia del tratamiento institucional del caso.
No obstante, el juicio propio del amparo no consiste en determinar si la tramitación administrativa histórica ha sido óptima o enteramente satisfactoria desde el punto de vista de política pública o de eficiencia administrativa, sino en establecer si, en el caso concreto y al momento de resolver, existe una lesión constitucional actual y directa imputable a una conducta arbitraria o manifiestamente omisiva del Tribunal.
Se encuentra probado que el Tribunal recibió la denuncia ambiental desde 2014, abrió expediente, solicitó inspecciones in situ, requirió a la Municipalidad y al Área Rectora de Salud identificar propietarios y verificar la existencia de orden sanitaria, recibió resultados de visitas, incorporó informes técnicos de diversas instituciones, acumuló expedientes y continuó recibiendo gestiones e informes entre 2021 y 2024. Asimismo, consta que SETENA mantuvo la paralización del proyecto en 2025 y que el Tribunal, mediante resolución No. 200-2026-TAA del 03 de marzo de 2026, se declaró incompetente y remitió la denuncia a SETENA.
Es verdad que la larga duración del conflicto evidencia una problemática estructural que dista de ser deseable desde la perspectiva de tutela ambiental efectiva. Sin embargo, con los hechos probados disponibles, no se acredita que el Tribunal haya permanecido absolutamente inactivo o que su decisión de remitir el asunto a SETENA constituya, por sí sola, una actuación manifiestamente arbitraria lesiva del derecho fundamental invocado.
La existencia de múltiples actuaciones previas excluye la idea de abandono total del asunto. A lo sumo, podría discutirse la oportunidad, alcance o corrección de la decisión competencial adoptada en 2026. Pero esa sola discrepancia respecto del órgano que deba continuar conociendo el caso no basta, en esta sede sumaria, para tener por acreditada una lesión constitucional directa, especialmente cuando otras autoridades con competencias concurrentes —Ministerio de Salud y Municipalidad— sí habían adoptado medidas concretas y actuales frente a los hechos denunciados.
En otras palabras, aun si la actuación del Tribunal pudiera suscitar debate desde la óptica del derecho administrativo o de la mejor distribución competencial, no aparece demostrado que dicha actuación haya dejado al recurrente en un estado de desprotección constitucional absoluta o que haya neutralizado la tutela efectiva desplegada por otras autoridades públicas.
Por ello, tampoco procede estimar el recurso en relación con esta autoridad.
X.De toda la prueba reseñada se sigue, entonces, una conclusión central: la situación denunciada por la parte recurrente era real o, cuando menos, suficientemente verosímil como para justificar una intervención pública, pero esa intervención, lejos de haber sido omitida, efectivamente tuvo lugar por parte de las autoridades recurridas. La Fuerza Pública atendió el reporte y verificó la situación dentro de sus posibilidades jurídicas y materiales, el Ministerio de Salud recibió la denuncia, inspeccionó, coordinó con otras autoridades, constató irregularidades, emitió una orden sanitaria, clausuró una actividad industrial sin permiso, dispuso seguimiento y promovió monitoreo y denuncias conexas, la Municipalidad inspeccionó, inició procedimientos, ordenó la clausura y suspensión de actividades sin licencia, realizó nuevas visitas, emitió apercibimientos y coordinó acciones con una pluralidad de instituciones, y el Tribunal Ambiental Administrativo mantuvo una tramitación administrativa prolongada, con inspecciones, requerimientos e informes, hasta concluir, en la fase más reciente, con una decisión de remisión competencial a SETENA.
Desde la perspectiva jurídico-constitucional, ese conjunto de actuaciones no refleja la existencia de un aparato administrativo indiferente, pasivo o remiso, sino de una respuesta estatal desplegada en distintas intensidades y desde diferentes ámbitos competenciales.
Es cierto que la sola adopción de medidas administrativas no siempre excluye la procedencia del amparo, pues podría ocurrir que tales medidas fueran puramente aparentes, manifiestamente insuficientes; sin embargo, ese no es el supuesto que aquí se verifica. Las actuaciones documentadas poseen entidad material y jurídica suficiente para demostrar que las autoridades sí ejercieron potestades concretas de control, fiscalización, clausura, prevención, seguimiento y coordinación. De ahí que no resulte posible afirmar que la parte recurrente haya quedado desprovista de tutela constitucional por causa de una omisión estatal. La preocupación ambiental que subyace al caso sigue siendo relevante y exige continuidad en la vigilancia administrativa; pero una cosa es reconocer que el conflicto material no se ha disipado por completo o que su abordaje demanda seguimiento permanente y otra muy distinta, es concluir que las autoridades han incumplido de tal modo sus deberes que deba declararse con lugar el amparo.
Esta Sala estima que lo acreditado en autos conduce a la primera de esas hipótesis, no a la segunda. En consecuencia, al no demostrarse una omisión ilegítima, arbitraria o manifiestamente insuficiente de las autoridades recurridas en el ejercicio de sus competencias, ni una lesión actual del derecho fundamental de la parte recurrente a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado directamente atribuible a la conducta de aquellas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
XI.Finamente, sin perjuicio del deber permanente que subsiste para todas las autoridades accionadas, deberán continuar dentro de sus competencias con el seguimiento, la fiscalización y la adopción de las medidas que resulten necesarias ante cualquier nueva evidencia de quemas ilegales, botaderos clandestinos, actividades no autorizadas o riesgos para la salud pública y el ambiente.
He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia.
Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que las instituciones recurridas no han adoptado medidas inmediatas y efectivas para detener las presuntas quemas ilegales de residuos en la finca colindante a su vivienda, investigar la aparente actividad industrial clandestina que allí se desarrolla y ejercer las potestades de control, vigilancia, sanción y tutela ambiental y sanitaria que les corresponden, en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado en el considerando XI de esta sentencia. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. - Fernando Castillo V.
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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